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 Normativa >> Reglamento 54 >> Fecha 18/09/2014 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 54
Reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes
Texto Completo acta: 10BC9A

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS



(Nota de Sinalevi: Mediante sesión ordinaria N° 33-2018 y publicado en La Gaceta N° 161 del 4 de setiembre del 2018,  la Municipalidad de Barva, acordó lo siguiente: "aplicar en lo conducente el reglamento que publicó la autoridad reguladora de los servicios públicos prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes, AR-PSAYA-2015, denominado Reglamento Técnico: "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-PSAYA-2015)" y (reformado por la junta directiva de la ARESEP, según resolución N° RJD-053-2016, publicada en Alcance 55, La Gaceta N° 69 del 12 de abril de 2016) )



 



RESOLUCIÓN RJD-101-2014



 



San José, a las quince horas del veintidós de setiembre de dos mil catorce



 



REGLAMENTO TÉCNICO DENOMINADO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE



ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO E HIDRANTES, AR-PSAYA-2013.



___________________________________________________________________



 



EXPEDIENTE OT-157-2014



 



RESULTANDO



 



I- Mediante Oficio N°DFOE-AE-IF-08-2012, la Contraloría General de la República, en la disposición N° 4.5 indicó: "AL SR. DENNIS MELÉNDEZ HOWELL, REGULADOR GENERAL, PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEÑORES PABLO SAUMA FIATT, GRETTEL LÓPEZ CASTRO, EDGAR GUTIÉRREZ LÓPEZ Y SYLVIA SABORÍO ALVARADO, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS: 4.5 Emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, que se relacionan con: calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y prestación óptima. Lo anterior en apego al artículo 25 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), nro. 7593. Remitir a la Contraloría General la resolución que contiene dicha normativa y que compruebe la publicación, el 30 de noviembre de 2013. Ver párrafo 2.74 de este informe".



II- El 14 de enero de 2013, la Junta Directiva mediante acuerdo N° 06-01-2013 de la sesión N°1-2013 dispuso:"Instruir a la Intendencia de Aguas (sic) que someta una propuesta para emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, de conformidad con las disposición 4.5 del informe de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-08-2012, indicado en el numeral 1 anterior, en un plazo máximo al 28 de febrero de 2013".



III- El 11 de febrero de 2013, la Intendencia de Agua (IA) remite a la Junta Directiva el oficio N°0046-IA-2013 como cumplimiento del acuerdo antes indicado, el cual incluyó la propuesta de reglamento técnico.



IV- El 21 de marzo de 2013, la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR) remite a la Junta Directiva el oficio 197-DGJR-2013 mediante el cual emite criterio sobre la propuesta de reglamento técnico de la Intendencia de Agua y propone varios cambios y modificaciones.



V- El 14 de mayo de 2013, la Intendencia de Agua remite una nueva versión de reglamento a la Secretaría de la Junta Directiva con el oficio N° 0234-IA-2013 atendiendo las sugerencias de la DGAJR.



VI- El 12 de junio de 2013, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 424-DGJR-2013 mediante el cual emite criterio sobre la propuesta de reglamento técnico de la Intendencia de Agua, y propone modificaciones.



VII- El 14 de agosto de 2013, la Intendencia de Agua remite a la Secretaría de la Junta Directiva el oficio N° 452-IA-2013 en atención a las sugerencias de la DGAJR, y remite una nueva versión de reglamento.



VIII- El 10 de setiembre de 2013, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 691-DGJR-2013 y recomienda remitir el dictamen a la Junta Directiva con el fin de se valoren las observaciones en él contenidas.



IX- El 26 de setiembre de 2013, la Junta Directiva, en la sesión N° 70-2013 acordó:



"ACUERDO 07-70-2013



1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013" remitido mediante 543-IA-2013, que forma parte integral de la presente.



(.)



2. Solicitar al Departamento de Gestión Documental la apertura del expediente para el trámite respectivo.



3. Solicitar a la Dirección General de atención al Usuario y la Intendencia de Agua, que lleven a cabo las acciones necesarias para que esta propuesta se someta audiencia pública y se remita a esta Junta Directiva el informe final que corresponda".



X- El 5 de noviembre de 2013 se realizó la audiencia acordada por la Junta Directiva.



XI- El 15 de noviembre de 2013, la Junta Directiva solicita a la Contraloría General de la República prórroga al 31 de enero de 2014, para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IA-IF-08-2012.



XII- El 13 de diciembre de 2013, la Intendencia de Agua remite a la Secretaría de la Junta  Directiva el oficio N° 756-IA-2013, donde mediante el oficio 755-IA-2013 se evacuan las posiciones presentadas en la audiencia y una versión modificada del reglamento "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013".



XIII- El 20 de enero de 2014, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 028-DGJR-2014 con el criterio legal sobre la propuesta de reglamento enviada por la Intendencia de Agua según oficio N° 756-IA-2013.



Concluye que existen cambios de fondo considerados como sustanciales, lo que tiene como consecuencia que la propuesta debe ser sometida a audiencia nuevamente con la finalidad de garantizar el derecho de participación ciudadana.



Adicionalmente se recomienda solicitar a la Contraloría General de la República una prórroga del plazo otorgado mediante DFOE.SD-1921.



XIV- El 24 de enero de 2014, la Junta Directiva, en la sesión N° 05-2014 acordó:



"ACUERDO 04-05-2014



1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013" remitido mediante 756-IA-2013 del 13 de diciembre de 2013, cuyo texto se copia seguidamente:



(.)



2. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) que proceda a publicar la convocatoria a audiencia pública con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.



3. Instruir a la Intendencia de agua para que una vez realizado el proceso de audiencia pública, proceda a analizar y dar respuesta a todas las posiciones presentadas y remita a la Junta Directiva la propuesta final de reglamento".



XV- El 24 de enero de 2014, la Junta Directiva solicita a la Contraloría General de la República, prórroga al 30 de abril de 2014, para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IAIF-08-2012.



XVI- El 6 de febrero de 2014, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SD-076, concede ampliación de plazo de cumplimiento de la disposición 4.5, al 30 de abril de 2014.



XVII-El 11 de marzo de 2014 se realizó la audiencia (segunda) acordada por la Junta Directiva.



XVIII- El 15 de mayo de 2014, la Intendencia de Agua remite a la Secretaría de la Junta Directiva el oficio N° 0235-IA-2014, donde se evacúan las posiciones presentadas en la segunda audiencia y una versión modificada del reglamento "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013".



XIX- El 19 de mayo de 2014, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SD-1022, concede ampliación de plazo de cumplimiento de la disposición 4.5 al 31 de julio de 2014.



XX- El 05 de junio de 2014, la DGAJR remite a la Junta Directiva el oficio 410-DGJR-2014, con el criterio legal sobre la propuesta de reglamento enviada por la Intendencia de Agua según oficio N° 235-IA-2014.



XXI- Se hacen cuatro recomendaciones excluyentes, la primera indica que en caso de mantenerse los cambios propuestos por IA, se someta a audiencia pública dicha propuesta.



XXII-El 17 de junio de 2014, la Intendencia de Agua indica que mantiene su criterio sobre los aspectos anotados por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria y recomienda someter la nueva versión del reglamento "Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013" a una nueva audiencia.



XXIII- El 03 de julio de 2014, la Junta Directiva, en la sesión extraordinaria N° 35- 2014, acordó:



"ACUERDO 09-35-2014



1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: "Prestación de los Servicios de Acueducto. Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013", cuyo texto se copia a continuación:



(.)



2. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario que proceda a publicar a audiencia pública con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.



3. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario que proceda a publicar a audiencia pública con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.



4. Instruir a la Intendencia de Agua para que una vez realizado el proceso de audiencia pública, proceda a analizar y dar respuesta a todas las posiciones presentadas y remita a la Junta Directiva la propuesta final de reglamento.



5. Informar a la Contraloría General de la República que el 26 de marzo de 2014, se llevó a cabo la audiencia pública de la propuesta de reglamento "Prestación de los Servicios de acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-20123".



En atención a las posiciones presentadas en dicha audiencia, se incluyeron en la propuesta de reglamento cambios de fondo sustanciales. Por lo que de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución Política y el 36 de la Ley 7593, en concordancia con el voto de la Sala Constitucional N° 7213-2012 del 30 de mayo de 2012, se debe someter nuevamente la propuesta de reglamento al proceso de audiencia pública.



En razón de ello, se solicita una prórroga del plazo otorgado mediante el oficio DFOESD-1022 del 19 de mayo de 2014, para el cumplimiento de la disposición 4.5 del informe DFOE-AE-IF-08-2012, hasta el 30 de setiembre de 2014, para lo cual se aporta el oficio 410-DGAJR-2014".



XXIV- El 3 de julio de 2014, la Junta Directiva solicita la Contraloría General de la República, prórroga al 30 de setiembre de 2014 para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IA-IF-08-2012.



XXV-El 09 de julio de 2014, la Contraloría General de la República concede mediante oficio DFOE-SD-1380, ampliación de plazo al 30 de setiembre de 2014 para el cumplimiento de la disposición 4.5 del DFOE-IA-IF-08-2012.



XXVI- El 11 de agosto de 2014 se realizó la audiencia (tercera) acordada por la Junta Directiva.



XXVII- Que la Autoridad Reguladora publicó la convocatoria a audiencia pública en los siguientes periódicos: La Nación y La Extra del 18 de julio 2014 (folio 43) y el Diario Oficial La Gaceta Nº135 del 15 de julio del 2014. (Folio 37).



XXVIII- Que la audiencia pública se realizó el día 11 de agosto del 2014 a las 17:15 horas, por medio del sistema de videoconferencia en los siguientes lugares: Autoridad Reguladora, Tribunales de Justicia de los centros de: Cartago, Heredia, Liberia, Limón, Ciudad Quesada, Pérez Zeledón, Puntarenas y Guápiles y en forma presencial en el Salón Parroquial de Bribrí, Talamanca, Limón.



XXIX- Que en resumen los argumentos que presentaron los opositores fueron los siguientes:



1- Consejero del Usuario, señor Jorge Sanarrucia Aragón.



1.1 Sobre las siglas y definiciones en relación con el concepto de quejas y denuncias:



a. "En relación con el concepto de denuncia se considera que la denuncia debe indicar sumado a lo indicado que lo que se requiere es que se sancione a la empresa prestadora de servicios según lo que indica el artículo 38 de la ley 7593".



b. "Respecto al concepto de queja se considera importante ampliar que (sic) cuál es el objetivo de la misma en el sentido que busca el resarcimiento de daños y corrección del problema".



 



1.2 "Artículo 9.- Dictamen de disponibilidad de servicios.



Respecto al artículo 9 consideramos que se debe indicar ¿Qué tipos de obras el interesado debe de financiar y construir? ¿Se puede dar una categorización de las obras?"



1.3"Artículo 12.- Balance entre los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario.



En relación con el artículo 12 se debe indicar que sucede si no logra el balance en la cobertura, se va a sancionar, cada cuánto se va a medir, quién lo va a medir? se va a establecer alguna meta?"



1.4"Artículo 14.- Consulta a los pueblos indígenas.



Para el artículo 14 se requiere que se amplíen y describan los procedimientos mediante el cual (sic) se harán las consultas a los pueblos indígenas, por ejemplo se hará: mediante consulta popular, audiencia pública, encuesta, cabildos, elecciones u otros".



1.5"Artículo 17.- Sistemas de información.



Otro elemento a considerar en el artículo 17 es un FODA anual (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la empresa prestadora del servicio".



1.6"Artículo 21.- Reparación de vías públicas.



Además se debe de indicar ¿Qué procedimiento debe el usuario realizar en caso de que el prestador no cumple en el plazo de 2 años otorgado para la corrección de los problemas de operación?"



1.7"Artículo 23.- Verificación de los sistemas de medición o conteo.



En relación con el artículo 23, se considera importante señalar si ARESEP tendrá algún tipo de inspección para verificar los sistemas de medición.



1.8"Artículo 27.- Prestación de los servicios de forma continua.



De acuerdo con el artículo 27 es necesario que se indique a qué tipo de incumplimiento del abonado se refiere".



1.9"Artículo 75.- Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios



En relación con el artículo 75, se incorporó nuestra observación de que el prestador del servicio emita un informe en un plazo de diez días hábiles, en forma escrita y justificando las razones de rechazo, pero se omitió incorporar que se debe notificar al solicitante".



1.10 "Artículo 84.- Denuncias sobre la prestación de los servicios.



Se considera que el artículo 84 debe señalarse al menos fecha y hora de los hechos y nombre del prestador del servicio para que la denuncia tenga mayor afectividad y tenga mérito".



2- Empresa de Servicios Públicos de Heredia



2.1 "Artículo 95.- Disminución del cargo por los servicios en caso de discontinuidad.



El costo económico del envío de los cisternas es alto, por lo que el disminuir la facturación en un 50% y eliminar el pago del cargo fijo, implica un riesgo y vulnerabilidad de las finanzas del operador, al tener que disponer de mayores recursos a los planificados para el pago de los cisternas así como el pago de horas extras del personal operativo y técnico; y que no ha sido reconocido por el ARESEP en las tarifas.



Como ya se ha mencionado, si el operador se encuentra realizando inversiones importantes para mejorar a futuro el servicio abastecido en la zona en continuidad, calidad y cantidad, es contradictorio que los abonados para los cuales se están enfocando recursos cubiertos por la totalidad de los abonados del acueducto, vayan a pagar menos en la factura cuando su aporte más bien deberían fortalecer estas inversiones para afrontar los siguientes veranos que serán más críticos.



En todo caso, si se insiste en aplicar esta disminución en la facturación, se solicita se incluya un transitorio de al menos un año mientras se ajustan los pliegos tarifarios para afrontar el impacto en las finanzas que va a provocar esta medida. Y que al final de este periodo se aplique esta disminución empezando con un 30% para que no exista un gran impacto en las finanzas de la Empresa".



2.2 "Artículo 97.- Eliminación del cargo por los servicios por incumplimiento de la calidad del agua.



Al igual que en artículo 95, se solicita que se tome en cuenta la justificación enviada anteriormente, en donde si se comprueba que el ente operador realiza inversiones regulares en la infraestructura en el sector afectado y aplica repartición de cisternas u otros mecanismos para solventar el problema presentado, no debería aplicarse la disminución de 50% de la facturación, ya que se requiere que los ingresos se mantengan regulares para continuar con estas inversiones para estabilizar el servicio, y el tener estas rebajas implican riesgo y vulnerabilidad de las finanzas del operador.



En todo caso, si se insiste en aplicar esta disminución en la facturación, se solicita se incluya un transitorio de al menos un año mientras se ajustan los pliegos tarifarios para afrontar el impacto en las finanzas que va a provocar esta medida. Y que al final de este periodo se aplique esta disminución empezando con un 30% para que no exista un gran impacto en las finanzas de la Empresa".



3- ASADA Santa Isabel - San Rafael de Río Cuarto de Grecia.



3.1 El Artículo 11. Plazo para emitir dictamen de disponibilidad.



Comenta que: no deja claro en caso de un desarrollador que requiere hacer un proyecto de varias viviendas cómo proceder por parte del ente operador. Y no se puede en 05 días tenerle una respuesta técnica de capacidad o no de la disponibilidad de agua o dictamen.



3.2 Artículo 17. Sistemas de información.



Indica que: la labor es brindar los servicios, no llevar censos de poblaciones en precario, esa es tarea de Ministerio de Salud y la Municipalidad. No pueden legalmente brindarles el servicio.



3.3 Artículo 29. Requisitos para la instalación de fuente pública domiciliaria.



Se premia al abonado que no cancela a tiempo el servicio. Difícil la localización de los abonados. Atenta contra una buena administración y gestión de un operador.



3.4 Artículo 33. Interrupción temporal del servicio de agua potable.



En el caso de ASADAS se considera exagerado que informen en un medio de comunicación masiva pues debe informarse a una comunidad no a un país. No se debe comparar a las ASADAS con el AyA o Municipalidad, en algunos artículos se debe dejar claro como a actuar (sic) una ASADAS.



3.5 Artículo 85. Servicio permanente de atención al usuario.



Es exagerado e imposible para las ASADAS tener un sistema de recepción de quejas 24 horas, no existen recursos y es innecesario en las comunidades.



4- Leiber Aníbal Mora Campos



 



Manifiesta su oposición al reglamento pues considera que este no es claro en cuanto a los períodos que en él se aplican. Señala como ejemplo, que el artículo 11 hace referencia a 5 días, sin especificar si son hábiles o naturales. Además indica que el artículo 21 establece días hábiles para el prestador, contradiciendo esto la Ley General de la Administración Pública, que ordena plazos naturales para la Administración.



 



Asimismo indica, que el artículo 33 hace referencia a horas, sin especificar si son hábiles o naturales, mientras que el artículo 79 se refiere a horas naturales; por lo que considera que es necesario estandarizar el reglamento en este aspecto.



 



5- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.



 



El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presenta formal oposición a la propuesta de reglamento y la enfoca en dos aspectos:



 



5.1 Potestad del AyA de dictar sus propios reglamentos.



Exhorta el AyA la facultad que ostenta por ley, para dictar sus propios reglamentos en materia de organización y servicios.



 



5.2 Aspectos medulares por destacar



 



5.2.1. Siglas y definiciones. Concepto de alto consumo.



No se presenta un fundamento estadístico que lo sustente. Incluiría variaciones de consumo inferiores al consumo promedio, como ejemplo un consumo de 5m3 que pase a 10 m3.



 



No se demuestra qué valor agrega la disposición. Sustituir un hidrómetro nuevo recién instalado o en plena vida útil significa pérdida, se corta la vida útil, no puede ser instalado en otro lugar al tener lectura acumulada, sería desechado generando pérdidas.



 



Aumento considerable en cargas de trabajo y gastos operativos.



Incentivo para presentar reclamos.



 



5.2.2. Art 9. Dictamen de disponibilidad.



 



Propone adoptar dos figuras: Certificación de disponibilidad de servicios de agua potable y/o (sic) alcantarillado y Constancia de capacidad hídrica.



 



Da una explicación detallada sobre esas dos figuras, pero no indica el problema en relación con la propuesta.



 



5.2.3. Art 29. Requisitos para instalación de fuente pública



 



En este artículo se omite incluir el costo (tarifa) por cobrar por el abastecimiento brindado. Por lo tanto se trasladaría a los usuarios, que cancelan sus servicios. No especifica la temporalidad de la instalación, por lo que podría resultar en un medio perenne de abastecimiento, sin costo para el usuario.



Puede generar un incremento del agua no contabilizada y un incentivo al uso de fuentes públicas, por resultar gratuitas.



 



5.2.4. Art 46. Servicios en terrenos declarados precarios y campamentos de damnificados.



Los requisitos establecidos en este Reglamento, no permitirían prestar el servicio normado en este artículo.



 



5.2.5 Art. 82. Cobro del servicio con interposición de queja por alto consumo.



Se propone eliminar este artículo.



Los plazos de respuestas para trámites se contemplan en la Ley 8220 y sus reglamentos. Para determinar si las causas de la elevación son imputables al prestador, existe un procedimiento ya establecido con parámetros de anomalías generadas desde el proceso de facturación.



 



Un alto consumo (que se ha indicado, puede obedecer a variaciones en hábitos de consumo, estacionalidades u otros) no es sinónimo de hidrómetro dañado. Las estadísticas de AyA muestran que en su mayoría los altos consumos obedecen a fugas en las instalaciones internas. Sustituir un hidrómetro nuevo, recién instalado o en plena vida útil significa una pérdida considerable para el AyA, se corta la vida útil del hidrómetro que no puede ser instalado en otro lugar al tener lectura acumulada y el AyA ya no realiza contratos para reparación de hidrómetros, por lo tanto sería desechado



generando pérdidas.



 



Aplicar este artículo, también demandaría un aumento considerable en las cargas de trabajo y gastos operativos, que al final redunda en efectos tarifarios. Aplicar este artículo puede establecer condiciones que afecten el principio de "prestación óptima".



 



5.2.6 Art. 106 Facturación para unidades de consumo con diferente uso.



Este artículo es técnicamente imposible de ejecutar, pues no se cuenta con una herramienta o criterio que permita establecer técnica o científicamente, el porcentaje de uso cuando se presentan diferentes usos del agua.



 



5.2.7. Art. 109. Ajuste de facturas por alto consumo.



El aplicar ajustes por altos consumos derivados de fugas no visibles, riñe con el principio de la responsabilidad del cliente en mantener en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas e instalaciones internas: Riñe con artículos del reglamento que la ARESEP propone:



El artículo 7:



 



"el límite físico de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado está



dado por el límite entre la propiedad privada y la propiedad pública".



 



5.2.8. Art. 119. Deberes de los abonados



 



a. Mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones interiores.



 



Por otra parte, para determinar la ubicación y existencia de fugas no visibles sería necesario realizar revisiones domiciliares, figura que este reglamento no contempla. A y A comparte que se transforme la revisión domiciliar a revisión al hidrómetro y fomentar la responsabilidad de los clientes por el buen estado de las instalaciones de su propiedad. internaciones (Sic) o la Constitución Política.



 



Finalmente indica el AyA que "se adjunta una matriz que contiene todo el articulado con sus respectivas observaciones, sobre todo en cuanto a la reformulación de algunos conceptos, plazos y competencias del Ministerio de Salud en el tema de alcantarillado sanitario".



 



La petitoria finales:



 



1- "Reconsiderar el contenido y alcance del reglamento propuesto, con el ánimo de que ante una posible aprobación, no se genere un conflicto en su aplicación y lo que es aún más delicado se produzca una incerteza jurídica. Para el administrado ya que tendría sobre materias casi idénticas, tratamiento y procedimientos diferentes.



 



2- Adoptar las recomendaciones en cuanto a plazos de cumplimiento y competencias del Ministerio de Salud en la sección correspondiente a alcantarillados sanitario.



 



3- Ampliar los plazos estimados en los transitorios sobre todo para el caso de que las ASADAS requieran implementar las medidas y tecnologías necesarias para el acatamiento de esta norma".



 



XXX- Que mediante oficio 0643-IA-2014, del 08 de setiembre de 2014, la Intendencia de Agua emitió el informe denominado "Informe sobre Propuesta de Reglamento técnico:



Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013", el cual corre agregado a los autos en el expediente OT-157-2014. (Folios 126-240)



 



XXXI- Que en los plazos y procedimientos se han cumplido las prescripciones de Ley.



 



CONSIDERANDO



 



I- Que del oficio 0643-IA-2014 del 08 de setiembre de 2014 que sirve de base a esta resolución se extrae lo siguiente:



 



"(.)



 



TRÁMITE DE AUDIENCIA Y POSICIONES



 



La audiencia se celebró el 11 de agosto de 2014, en la cual se presentaron posiciones de: Consejero del Usuario de la ARESEP, señor Jorge Sanarrucia Aragón; Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ASADA Santa Isabel - San Rafael de Río Cuarto de Grecia, Aníbal Mora Campos e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.



 



Los argumentos expuestos por los interesados y la respuesta a los mismos son:



 



1- Consejero del Usuario, señor Jorge Sanarrucia Aragón.



1.1 Sobre las siglas y definiciones en relación con el concepto de quejas y denuncias:



 



Al respecto se indica:



 



Lo anotado es una definición no el propósito del acto, el cual no es necesariamente sancionar al prestador sino establecer la verdad real de los hechos, la cual puede favorecer al prestador o al abonado.



 



Semejante al concepto de denuncia, lo anotado es una definición, la cual no necesariamente debe establecer el objetivo del acto. Resulta obvio que al presentar una queja se busca corregir la anomalía.



 



Comentario final:



 



En ambos casos se consideran innecesarias las aclaraciones solicitadas.



 



1.2 "Artículo 9.- Dictamen de disponibilidad de servicios".



 



Al respecto se indica:



 



Es muy difícil en abstracto conocer cuáles serán las obras que deben ser financiadas y construidas, eso depende de cada caso y, como lo indica el texto del artículo será el prestador quien defina ese aspecto.



 



Comentario final:



 



Se considera que no es pertinente la sugerencia pues no existe conocimiento específico de obras para enlistarlas, debiendo dejarse al prestador esa decisión.



 



1.3 "Artículo 12.- Balance entre los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario".



 



Al respecto se indica:



 



El artículo 127 de este reglamento es claro al indicar que la inobservancia de este reglamento se sanciona con lo establecido en la Ley 7593. La implementación del reglamento por parte de la Intendencia de Agua no debe estar necesariamente indicada en el reglamento, es un aspecto de planificación interna.



 



Comentario final:



 



Las aclaraciones solicitas devienen en innecesario, el tema tratado por el artículo 12 es competencia de la Intendencia de Agua y el seguimiento es parte de su labor normal y como todo acto debe documentarse debe emitirse el respectivo informe y seguir como lo establece la legislación vigente, el debido proceso.



 



1.4 "Artículo 14.- Consulta a los pueblos indígenas".



 



Al respecto se indica:



 



Como bien lo enumera el interesado, existen muchas formas de consulta técnicamente válidas, por lo que no compete a este Organismo Regulador el limitar tales prácticas. El principio inmerso en los artículos 14 y 15, mejor expresado en el 15, es respetar la idiosincrasia y cultura de esos pueblos. Es función de los prestadores definir y escoger el mecanismo más oportuno y no es el organismo regulador quien lo debe imponer.



 



Comentario final:



 



Las aclaraciones solicitadas se consideran innecesarias debiendo dejar a decisión del prestador escoger el mecanismo de consulta, evitando la coadministración.



 



1.5 "Artículo 17.- Sistemas de información".



 



Al respecto se indica:



 



Los 15 puntos recomendados que se incluyan en el sistema de información, se consideraron como los mínimos requeridos para obtener información válida que permita al abonado y al usuario conocer al operador y al regulador cumplir su labor.



 



Comentario final:



 



La sugerencia no es de recibo, ya que el FODA es una típica herramienta administrativa que podría confundir la labor regulatoria con labores propiamente administrativas de los operadores.



 



1.6 "Artículo 21.- Reparación de vías públicas".



 



Al respecto se indica:



 



La base legal de este reglamento es la Ley 7593, que en el artículo 6 establece como obligación de la ARESEP investigar y resolver las quejas que se presenten y en el 27 cómo se tramitan. Aunque no se diga expresamente, el procedimiento debe ser el de queja, el cual está ampliamente normado por la Autoridad Reguladora, mediante el documento "Procedimientos y Requisitos para Quejas", publicado en La Gaceta N° 161 del 23 de agosto de 2011.



 



Comentario final:



 



Se considera que aunque no se diga expresamente el concepto está inmerso, siendo innecesario llegar al detalle solicitado, pues lo relacionado con quejas: trámite, presentación y competencias está interiorizado por los abonados, siendo ampliamente conocido y normada por la ARESEP.



 



1.7 "Artículo 23.- Verificación de los sistemas de medición o conteo".



 



Al respecto se indica:



 



El aspecto recomendado es una labor de rutina de Intendencia, no siendo necesaria su especificación en el reglamento.



 



Comentario final:



 



La aclaración solicita deviene en innecesario, el tema tratado por el artículo 23 es competencia de la Intendencia de Agua y el seguimiento es parte de su labor normal.



 



1.8 "Artículo 27.- Prestación de los servicios de forma continua".



 



Al respecto se indica:



 



No es necesario ni procedente especificar cada una de circunstancias de incumplimiento so pena que al ser específico se deje por fuera algún caso. Lo que debe entenderse es que las excepciones son cualquier causa no atribuible al prestador.



 



Comentario final:



Se considera innecesario especificar las posibles causas de incumplimiento, por tanto se mantiene en ese aspecto la versión del reglamento que se conoció en audiencia pública.



 



1.9 "Artículo 75.- Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios"



 



Al respecto se indica:



 



La obligación de dar respuesta a todo trámite está establecida en la Ley General de la Administración Pública.



 



Comentario final:



 



Se considera innecesario insistir en un aspecto que está ampliamente normado en la legislación vigente.



 



1.10 "Artículo 84.- Denuncias sobre la prestación de los servicios".



 



Al respecto se indica:



 



Como bien indica el artículo, la denuncia no está sujeta a formalidades, esto en función de darle el trámite más expedito y facilitar al posible denunciante ejecutar esa labor. Si se exigen requisitos, se pierde la coyuntura de darle oportunidad al posible denunciante de actuar.



 



Comentario final:



 



En aras de facilitar los procesos y mantener su informalidad, no se considera oportuno incorporar lo sugerido.



 



Conclusión final sobre los argumentos expuestos por el señor Sanarrucia:



 



Cada uno de los aspectos sugeridos por el señor Consejero del Usuario, han sido analizados a la luz de la legalidad, la técnica o la conveniencia para las partes y se considera que no aplican, por tanto se recomienda no incorporarlos a la versión final del reglamento en análisis.



 



2- Empresa de Servicios Públicos de Heredia



 



2.1"Artículo 95.- Disminución del cargo por los servicios en caso de discontinuidad".



 



Al respecto se indica:



 



a. La aplicación del no pago del cargo fijo o el 50% de la facturación no son simultáneos, el objetivo es el no pago del cargo fijo y solo si no existe ese concepto, aplica la disminución.



b. La implementación de lo normado no será antojadiza, aplica cuando la discontinuidad se genere por causas atribuibles al prestador y que no sean: caso fortuito, fuerza mayor, suspensiones programadas por mantenimiento o por realización de mejoras.



c. Adicionalmente la norma establece que es aplicable solo cuando supera periodos de suspensión establecidos, los cuales son significativamente largos.



d. El artículo 129 establece que el reglamento rige 6 meses después de su publicación.



 



Comentario final:



 



La filosofía del servicio es que sea continuo durante las 24 horas de todos los días y el agua se brinde en las condiciones de cantidad, calidad y presión establecidas, lo contrario es discontinuidad. Cuando el servicio este suspendido es obligación del prestador brindar un servicio que al menos entregue un volumen de subsistencia a través de medios alternos de abastecimiento.



No se aceptan los argumentos de la Empresa, primero porque las condiciones que considera deben establecerse ya están incluidas y segundo porque, no obstante implicar costos, cuando el servicio esté suspendido es su obligación brindarlo por medios alternos y finalmente la vigencia inicia seis meses posteriores a la publicación, espacio en el cual se debe definir la estrategia de implementación, la cual debería incluir el efecto económico.



 



2.2 "Artículo 97.- Eliminación del cargo por los servicios por incumplimiento de la calidad del agua".



 



Al respecto se indica:



 



a. Semejante al artículo 95, la suspensión de pago o el 50 % de facturación no son simultáneos.



 



b. La implementación de lo normado no será antojadiza, aplica cuando la discontinuidad se genere por causas atribuibles al prestador y que no sean: caso fortuito, fuerza mayor, suspensiones programadas por mantenimiento o por realización de mejoras. nótese que tampoco aplica la suspensión de pago, cuando el problema se genere por suspensiones del servicio programadas, siendo una de las causa la realización de mejoras o nuevas inversiones.



 



c. El artículo 129 establece que el reglamento rige 6 meses después de su publicación, espacio en el cual se debe definir la estrategia de implementación, la cual debería incluir el efecto económico.



 



Comentario final:



 



Es obligación del prestador brindar agua en condiciones de calidad según las normas establecidas, pues esta acción permite cumplir con el artículo 46 de la Constitución Política, que establece que: "los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.", así mismo el artículo 50 establece que: ".Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y el 33 indica que "toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria la dignidad humana".



 



No se acepta el argumento de la Empresa, primero porque las condiciones que considera deben



establecerse ya están incluidas y segundo porque, no obstante implicar costos, es responsabilidad



del operador cumplir con la calidad del agua establecida en el Reglamento de Calidad. Finalmente



la vigencia inicia seis meses posteriores a la publicación, espacio en el cual se debe definir la



estrategia de implementación, la cual debería incluir el efecto económico.



 



Conclusión final sobre los argumentos expuestos por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia:



 



Cada uno de los aspectos sugeridos por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, han sido analizados a la luz de la legalidad, la técnica o la conveniencia para las partes y se considera no aplican, por tanto se recomienda mantener la propuesta de reglamento en los términos que se sometió a audiencia pública.



 



3 ASADA Santa Isabel - San Rafael de Río Cuarto de Grecia.



 



3.1 Artículo 11. Plazo para emitir dictamen de disponibilidad.



 



Al respecto se indica:



 



El plazo de cinco días indicados es para la emisión del documento de respuesta o dictamen. Los estudios técnicos sobre capacidad hídrica e hidráulica del sistema y otros requeridos, los debe hacer como parte de su labor planificadora, oportunamente el prestador, así el trámite de la disponibilidad se convierte en un sencillo trámite administrativo donde se revisa la capacidad del sistema para aceptar nuevos abonados.



 



Comentario final:



 



Se considera clara la redacción del artículo, deben los prestadores mejorar su gestión de servicio y planificar sus labores como lo indican los artículos 54 y 55, elaborar un Programa de Mejoras y Expansión Continua del Servicio (PMYES) que les permita conocer el sistema que administran y sus capacidades. No se acepta la sugerencia.



 



3.2 Artículo 17. Sistemas de información.



 



Al respecto se indica:



 



Si en el área brindada no existen precarios es obvio que no se requiere realizar un censo. El prestador debe conocer las condiciones de su área de competencia para planificar su gestión, entre ellos la existencia de precarios.



 



La Constitución Política en su artículo 46 establece que "los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.", así mismo en el artículo 50 se establece que ".Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y el 33 indica que "toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria la dignidad humana", por lo que no existen costarricenses de primer o segundo nivel, todos tenemos derecho al servicio de agua potable; no obstante lo anterior la Sala Constitucional también ha indicado que el servicio no es gratuito, que se debe pagar por él.



 



Aunque no esté incorporado en la Constitución Política, Costa Rica ha firmado convenios internacionales donde se reconoce el derecho de las personas al agua potable e incluso hoy se habla además del derecho al saneamiento. El servicio de acueducto no se puede negar porque atenta contra la dignidad humana y todos los derechos antes indicados.



 



Comentario final:



 



Se aclara al interesado los conceptos expuestos y se indica que los mismos no son de recibo.



 



3.3 Artículo 29. Requisitos para la instalación de fuente pública domiciliaria.



 



Al respecto se indica:



 



La Sala Constitucional ha establecido la obligatoriedad de instalar una fuente pública cuando se suspenda el servicio por no pago. El artículo está acorde con los criterios establecidos por la Sala en los votos: 2732-2009.5342-2010, 6126-1994,1853-2003, 0801-2000 y 6446-2007.



 



Comentario final:



 



Como se indicó antes, el agua potable es vital para la vida humana, por tanto no obstante que el servicio se suspenda, debe darse un caudal de subsistencia, por lo que no se acepta el comentario del interesado.



 



3.4 Artículo 33. Interrupción temporal del servicio de agua potable.



 



Al respecto se indica:



 



El principio establecido es genérico y cada comunidad lo puede adaptar a sus necesidades y condiciones, según los medios disponibles y la capacidad de respuesta. Lo importante es mantener informados a los usuarios y que el servicio se reinstale lo más pronto posible y si la suspensión fuera mayor de ocho horas se dé al abonado y usuario una explicación razonable de ello y se le brinde un abastecimiento alternativo.



Como se indicó antes, todos los costarricenses somos iguales y tenemos los mismos derechos, reconociendo las limitaciones de algunas ASADAS y a efecto de darles tiempo para organizarse, para este grupo de prestadores la fecha de aplicación para ellos inicia posteriormente, 12 meses después de su fecha de vigencia. (Artículo 129).



 



Comentario final:



 



Es aceptable el comentario, pro se considera que sin modificar la redacción el prestador lo puede aplicar y adaptar a sus condiciones de operación.



 



3.5 Artículo 85. Servicio permanente de atención al usuario.



 



Al respecto se indica:



 



Se entiende la condición especial de las ASADAS por lo que el transitorio IV da un plazo mayor para su cumplimiento. Cada ASADA debe hacer un plan de gestión para dar cumplimiento a lo indicado, partir del hecho de que todos los ciudadanos son iguales, que el servicio debe tener una continuidad de 24 horas y que el conocimiento de un hecho anómalo a tiempo, podría generar economías no solo para el servicio, sino también para el usuario.



 



Lo indicado en el artículo es amplio, pudiendo utilizar a bajo costo sistemas tecnológicos que hoy se ofrecen. Se entiende la preocupación pero no se acepta la excusa.



 



Conclusión final sobre los argumentos expuestos por a la "ASADA Santa Isabel- San Rafael.



 



Cada uno de los aspectos sugeridos por el presidente de la "ASADA Santa Isabel- San Rafael de Río Cuarto de Grecia", han sido analizados a la luz de la legalidad, la técnica y los intereses de los prestadores y los usuarios y se considera que no aplican, por tanto se recomienda no incorporarlos a la versión final del reglamento en análisis.



 



4 Leiber Aníbal Mora Campos



 



Manifiesta su oposición al reglamento pues considera que este no es claro en cuanto a los períodos que en él se aplican.



 



Al respecto se indica:



 



El artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, estipula que los plazos por días para la Administración, incluyen los inhábiles; mientras que los que son para los particulares son siempre de días hábiles. Por lo que, en caso de no existir especificación en la presente norma, se entiende que los plazos establecidos por la Administración, es decir, por la Autoridad Reguladora, a los prestadores, corresponden a días hábiles.



 



Se aclara al señor Leiber Anibal Mora Campos, que para el caso concreto del Reglamento de Prestación de Servicios que nos ocupa, la Administración que lo está dictando, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y va dirigido a los prestadores y usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes; por lo que los plazos determinados por ella se ajustan a derecho. A modo de ejemplo se cita la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República que en su artículo 20, establece un plazo de cinco días hábiles, -y no naturales- para que las dependencias administrativas remitan los informes que se le solicitan.



 



Conclusión final sobre los argumentos expuestos el señor Leiber Mora:



 



Se aclara al señor Mora Campos que, en caso de no existir especificación en la presente norma, se entiende que los plazos establecidos por la Administración, es decir, por la Autoridad Reguladora, a los prestadores, corresponden a días hábiles.



 



5 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.



 



5.1 Potestad del AyA de dictar sus propios reglamentos.



Exhorta el AyA la facultad que ostenta por ley, para dictar sus propios reglamentos en materia de organización y servicios.



 



Al respecto se le indica:



 



Esta afirmación es compartida por la Autoridad Reguladora, quien incluso en reiteradas ocasiones ha expuesto a los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, que el A y A como órgano encargado de administrar y operar los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, está autorizado por ley para prestar estos servicios de acuerdo con sus propios reglamentos. El artículo 12 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 es claro al señalar que "(.) Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del Derecho (.)", de ahí que no se encuentra objeción a este señalamiento del Instituto.



 



No obstante, tal y como se le ha hecho saber al AyA en diferentes escritos (v.g. en los oficios 0207-IA-2014 del 5 de mayo de 2014 y 0198-IA-2014 del 29 de abril de 2014, visibles en el expediente OT-328-2013); la función de regulación de los servicios públicos ha sido confiada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, consecuentemente la regulación comprende tanto la fijación tarifaria como el formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima los servicios públicos sujetos a su autoridad. En efecto, la regulación se traduce en control de tarifas y de servicios, lo cual se justifica por el interés público presente en los servicios públicos.



 



Esta función de regulación ha sido depositada en la Autoridad Reguladora por Ley N° 7593 de 9 de agosto de 1996, que le permite a través de su artículo 25, imponer a los prestadores, mediante reglamentos técnicos, las reglas y condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima que deben seguirse para el suministro de los servicios, conforme con los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso. Es un deber que ha sido asignado a la Junta Directiva del órgano regulador, de acuerdo con el artículo 53, inciso n) de la ley de cita, al encomendarle dictar los reglamentos técnicos que se requieran para la correcta aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos.



 



Con amparo en la normativa de cita, es que la emisión de reglamentos técnicos como el  presente por parte del ente regulador, no solamente es legalmente posible, sino que además crea reglas sanas y uniformes tendientes a evitar disparidades e incluso discriminación en la forma de prestar un mismo servicio público, entre diferentes operadores. Ello conlleva a una mejor transparencia en el manejo de los recursos públicos fijados vía tarifas, y fortalece al prestador al fomentar su eficiencia, estableciendo estándares específicos, permitidos por el artículo 25.



 



Se asegura además, protección al usuario, al garantizar que el servicio no disminuya de calidad y sea prestado de forma óptima, confiable, continua, oportuna y en la cantidad suficiente, tal y como lo promulga el artículo 5 de la Ley N°7593.



 



Además, ha de saberse que frente al conjunto de obligaciones y deberes a los cuales se encuentran sujetos los prestadores de los servicios públicos, están las facultades de fiscalización que le han sido otorgadas por el artículo 6, inciso a) de la Ley N°7593 a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y que le permite regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. No resulta por ende desproporcionado lo que el ente regulador se encuentra normando en el proyecto de reglamento que nos ocupa, pues para poder fiscalizar y verificar el adecuado manejo de los factores que afectan el costo del servicio, en beneficio del interés público, resulta razonable la emisión de este Reglamento de prestación de servicios.



 



Como sustento de lo anterior, se hace remisión a la resolución de la Sala Constitucional 2014- 01583 del 5 de febrero de 2014, la cual al analizar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Aduanas, manifestó sobre la potestad de control y fiscalización de la Administración, que:



 



"(.) Le corresponde al Estado, a través de los mecanismos que considere adecuados y precisamente en razón de su potestad de control, velar por el adecuado cumplimiento de los deberes y obligaciones de los auxiliares aduaneros (.). Nuestro sistema normativo ha establecido de manera coherente la posibilidad para los agentes aduaneros de ser auxiliares de la función pública aduanera, pero tal atribución no es de manera alguna irrestricta sino que, precisamente por la naturaleza de la función que se les ha encomendado a estos agentes, se hace indispensable no solo el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones que se ha impuesto, sino también, la existencia de mecanismos de fiscalización y control que permitan a la Administración velar por el correcto y efectivo ejercicio de la función pública aduanera (.). Es correcto que los auxiliares de la función pública aduanera no solo puedan, sino que deban ser sujetos pasivos de amplia regulación y de dirección a través de reglamentos, manuales operativos, circulares e instrucciones específicas, pues (.) sus labores como



función pública deben encontrarse ordenadas o autorizadas normativamente dentro del ordenamiento jurídico para poder realizarse (.)".



 



En igual sentido a la resolución citada, se considera que los prestadores de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados deben estar sujetos a regulación por medio de los reglamentos técnicos que permite dictar la Ley N°7593 a la Autoridad Reguladora, con el fin de velar por la satisfacción del interés público y la prestación óptima de los servicios públicos.



 



Por otro lado, se indica que en el caso específico de los servicios públicos relacionados con el recurso hídrico, que se reglamentan en este cuerpo normativo, está en juego un derecho humano fundamental, que es el acceso al agua potable, derivado del derecho a la vida y a la salud; por lo cual, velar por su tutela efectiva, estableciendo reglas técnicas claras que permitan una correcta regulación y fiscalización a los prestadores de estos servicios, asegura la prestación óptima del servicio, en beneficio del desarrollo sostenible del país.



 



Aunado a lo anterior, en cuanto a la potestad reglamentaria, la Sala Constitucional ha reconocido que en nuestro ordenamiento jurídico, la ejecución de algunas leyes sectoriales y especiales es por disposición de ley, competencia de ciertos entes descentralizados por su especialidad técnica, la experiencia y los conocimientos con los que cuentan para su emisión.



 



Establece la resolución 1963-2012, del 15 de febrero de 2012:



 



"(.) Esta potestad reglamentaria ejecutiva, desde el prisma del Derecho de la Constitución, puede ser discutible, por cuanto el artículo 140, inciso 3, de la Constitución Política, le atribuye la competencia al Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes. No obstante, si se parte de una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional, resulta claro que esa competencia no se le confiere de manera exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo, por lo que no puede estimarse que se produce una delegación inconstitucional de funciones (artículo 9 de la norma fundamental). De otra parte, esa potestad reglamentaria ejecutiva suele reconocérsele (.) a los entes públicos descentralizados que cuentan con autonomía que se ocupan de ciertos servicios públicos de carácter especializado o territorialmente acotado, siendo que el texto fundamental no prohíbe, expresamente, la atribución de esa potestad reglamentaria ejecutiva. Bajo esta inteligencia de leyes que habilitan a un supremo poder distinto al Ejecutivo o a un ente público menor, para reglamentar una Ley, no son



inconstitucionales (.)".



 



Queda así determinado, que la Autoridad Reguladora cuenta con competencia plena para emitir cuerpos normativos como el que aquí nos ocupa, por referirse a los servicios públicos que por la Ley 7593, está compelido a regular.



 



Se aclara al AyA, que la propuesta de reglamento en estudio, de modo alguno no supera ni trasciende lo que el ente regulador está llamado a normar. La Sala Constitucional en su resolución N°2006-017599 del 6 de diciembre de 2006, reconoció la potestad normativa e interventora de la Administración Pública dirigida a aquellos sujetos con los que tiene un vínculo jurídico, a fin de lograr la consecución de sus fines públicos. Se trata, de relaciones de sujeción especial que la doctrina define como la relación jurídica entre dos sujetos, uno de los cuales siempre será el Estado, en la que una de las notas principales que la caracterizará será la superioridad de uno sobre el otro. De esta forma, el sujeto que se ubique dentro de la relación de sujeción especial quedará sometido a la voluntad de la Administración. Claro está, que la restricción a su ámbito de libertad sólo es para aquellos supuestos en que la actuación del sujeto deba ajustarse al fin del Estado.



 



En otras palabras, la Administración no podrá limitar aquellos derechos del sujeto situado en una relación de sujeción especial, si la conducta que se pretende de él no es para que se ajuste a los fines de la Administración propiamente. (Ver Ventura Rodríguez Manuel E. "La categoría jurídica de las relaciones de sujeción especial en el derecho público costarricense", Universidad de Costa Rica, 2004).



 



En el caso que nos concierne, los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado e hidrantes, por su naturaleza, son parte de una relación de sujeción especial. El interés público que aquí prevalece, hace que exista un control más intenso por parte del ente regulador, a fin de velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad, confiabilidad y prestación óptima de los servicios públicos.



 



En la prestación de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora debe velar por la protección de los intereses públicos, sin afectar los derechos subjetivos de los prestadores o sus derechos fundamentales.



 



Así las cosas, al prevalecer en la prestación de estos servicios el interés público, resalta el régimen jurídico especial, donde la Autoridad Reguladora con sus potestades de control y fiscalización que le otorga la Ley N°7593 (artículos 4, 5, 6 inciso a), y 25), se encuentra en una posición superior en relación con los prestadores de estos servicios, lo que le permite ejercer la potestad reglamentaria, a fin de exigir le eficiencia debida en la gestión pública.



 



Consecuentemente, el reglamento técnico que aquí nos concierne satisface de manera formal los objetivos que está llamado a cumplir el ente regulador, para asegurar la confianza a los usuarios de que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado e hidrantes que se les brindan, satisfacen los requisitos de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad y oportunidad.



 



Diferentes reglamentos en este mismo sentido, han sido emitidos por la Autoridad Reguladora para otros servicios públicos, pues una inacción en este sentido supondría más bien una obstaculización por parte de este ente regulador al desarrollo y avance en los niveles de crecimiento económico y social del país.



 



Por último, se indica que siendo que la responsabilidad de reglamentar técnicamente la prestación de los servicios públicos recae en la Autoridad Reguladora, en caso de existir antinomia con los reglamentos que aplican los prestadores, prevalecerá en lo concerniente a la materia técnica que especifica las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, el reglamento emitido por el ente regulador.



 



Con respecto a la antinomia, ha señalado la Procuraduría:



 



"(.) existirá antinomia cuando la norma antigua y la nueva resulten incompatibles por existir una identidad en el ámbito de regulación material, espacial, temporal o personal. De no existir esa identidad, no se producirá la incompatibilidad entre los efectos jurídicos de la nueva ley y de la anterior. Debe recordarse que en la derogación por incompatibilidad, no hay propiamente un acto de derogación, ante todo, se está ante un problema de interpretación de normas derivado de que se ha creado una nueva norma que origina efectos jurídicos diferentes (.)". (Dictamen C-293-2000, del 24 de noviembre del 2000).



 



En el entendido de lo anterior, no sobrevendría la incerteza jurídica para el administrado a la que alude el AyA.



 



Queda así esclarecida sobre este punto, la oposición del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Asimismo, se determina que la Autoridad Reguladora cuenta con competencia plena para emitir cuerpos normativos como el que aquí nos ocupa por referirse a los servicios públicos que por la Ley 7593, está compelido a regular. Se desestima por tanto la posición del AyA.



 



5.2 Aspectos medulares por destacar



 



5.2.1. Siglas y definiciones. Concepto de alto consumo.



 



Al respecto se indica:



 



Incluir a todos los abonados no es un asunto de estadísticas, valor agregado o economía, es un asunto de derechos, igualdad y dignidad humana.



 



Es obligación del prestador atender a todos los abonados, sin importar el nivel de consumo o tipo de uso. La Constitución Política establece que todos los costarricenses somos iguales ante la ley y no puede practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. (Art. 33).



 



La definición no habla de sustitución de hidrómetros; no obstante, es importante indicar que es conocido que al sustituir un hidrómetro, si este no ha cumplido su vida útil es reutilizable su carcasa, y el kit de captura de datos es cambiable por tanto no es cierto que deba ser desechado, sí hay pérdidas pero no totales.



 



Posiblemente se genere un aumento en las cargas de trabajo, pero el prestador debe optimizar sus procesos para atender todos los casos. Todos los abonados tienen derecho a recibir explicaciones satisfactorias sobre sus consumos y facturaciones.



 



Comentario final:



 



No se consideran de recibo los comentarios anotados.



 



5.2.2. Art 9. Dictamen de disponibilidad.



 



Propone adoptar dos figuras: Certificación de disponibilidad de servicios de agua potable y/o (sic) alcantarillado y Constancia de capacidad hídrica.



 



Al respecto se indica:



 



El dictamen de disponibilidad de los servicios es un documento que refleja un acto administrativo que, respaldado por un estudio técnico sobre aspectos como capacidad hídrica e hidráulica de un sistema, establece en forma sustentada y documentada la respuesta a un interesado sobre una solicitud para abastecer o recolectar aguas residuales a un desarrollo dado. Los estudios deben realizarse de previo por el prestador como parte de su gestión planificadora y de conocimiento de las condiciones de operación de su sistema. El artículo 55 de esta propuesta de reglamento establece la obligación del prestador de elaborar un PMYES justamente para conocer sus sistemas y definir lo más pronto posible las consultas de los interesados.



 



Se entiende que con la decisión el prestador asume compromisos, aspectos no tratados en el texto, pero es una mayor razón para conocer el sistema.



 



No indica el texto del artículo ningún aspecto que comprometa al AyA o lo obligue con entidades del estado o interesados, ni que no cumpla su normativa interna para el trámite. Lo que sí establece es la protección de los abonados actuales y la certeza de los futuros en protección de sus inversiones y calidad del servicio, así como al prestador al establecerle la obligación de indicar las obras requeridas para interconectar el sistema y su respectivo financiamiento.



 



Comentario final:



 



No se consideran de recibo los comentarios anotados. En relación con el nombre puede el prestador modificarlo, siempre y cuando cumpla los objetivos pretendidos.



 



5.2.3. Art 29. Requisitos para instalación de fuente pública



 



Al respecto se indica:



 



La Sala Constitucional ha votado al respecto, estableciendo la obligación de instalar fuente pública, en el artículo se copian los criterios establecidos al respecto.



 



El artículo 96 establece la obligación de pagar el costo fijo cuando el servicio se suspende por causas no atribuibles al prestador.



 



Para evitar abusos, el prestador debe establecer condiciones de abastecimiento que otorguen un caudal para satisfacer necesidades muy básicas y evite abusos.



 



Comentario final:



 



La instalación de la fuente pública es para satisfacer la necesidad humana de agua potable y el derecho a la salud establecido en la Constitución Política en el artículo 46. No se acepta la propuesta del AyA.



 



5.2.4. Art 46. Servicios en terrenos declarados precarios y campamentos de damnificados.



 



Al respecto se indica:



 



Los requisitos administrativos son establecidos por el prestador, pudiendo adecuarlos a las condiciones excepcionales de los ocupantes de terrenos en precario y campamentos de damnificados.



 



Comentario final:



 



El prestador, a través de su competencia para establecer requisitos administrativos, puede establecer las condiciones técnicas para este servicio. No se acepta la propuesta del AyA.



 



5.2.5 Art. 82. Cobro del servicio con interposición de queja por alto consumo.



 



Al respecto se indica:



 



No se establecen plazos para respuesta, sino para notificarle a un abonado un alto consumo, tampoco el artículo establece causa para elevar a un proceso. Para mejor precisar se debe indicar que el artículo parte del hecho que la queja ya fue interpuesta. Lleva razón el AyA al indicar que un alto consumo no es sinónimo de hidrómetro dañado, lo que se pretende es que efectivamente se compruebe que el alto consumo no se causa en la parte pública del servicio y por ende no es responsabilidad del prestador. Además el prestador es responsable hasta donde termina la parte pública del servicio, si son fugas internas son responsabilidad del abonado. Debe recordarse que un objetivo del reglamento es la aplicación homóloga para todos los prestadores; es decir un tratamiento igual ante una misma situación para todos los abonados del servicio sin importar el prestador. Un aspecto de controversia entre abonado y prestador y de definición de la ARESEP, es cómo se cobra el monto en disputa y como se cobra en los meses siguientes.



 



Lo normado es consistente con lo establecido en el artículo 100. No queda duda de que tal actividad tiene un costo, por eso en el artículo 100 se establece la posibilidad cobrar el costo de la revisión. La reutilización de partes del hidrómetro, como la carcasa es posible, también es posible cambiar el kit interno que permita la captura de datos, por tanto el aprovechamiento de partes del hidrómetro es



factible.



 



Comentario final:



 



Los comentarios aportados por AyA han sido analizados ampliamente como lo demuestran los párrafos, concluyéndose que no son de recibo.



 



5.2.6 Art. 106 Facturación para unidades de consumo con diferente uso.



 



Al respecto se indica:



 



No se debe automáticamente aplicar la tarifa más alta, sino justificar al abonado su aplicación. Existen criterios técnicos sobre consumo de personas, usos del agua, equipos que utilizan agua, cantidad de usuarios en cada uso que pueden lograr un cálculo razonable.



 



Comentario final:



 



Existen criterios técnicos para calcular un consumo con resultados razonables, por lo que no son de recibo los argumentos.



 



5.2.7. Art. 109. Ajuste de facturas por alto consumo.



 



Al respecto se indica:



 



El concepto no es novedoso, está en el artículo 95 del actual Reglamento de prestación a los Clientes del AyA, con otras palabras pero con los mismos conceptos.



 



No riñe con la responsabilidad del abonado de mantener las instalaciones internas en buen estado ni con lo establecido en el artículo 7 de esta propuesta.



 



En el servicio de acueducto el abonado no tiene ningún detalle que le permita inspeccionar el sistema, pues la red está enterrada y el hidrómetro sellado, el único aspecto no físico que le permite conocer desviaciones de consumo es la factura.



 



La posibilidad de reajustar su factura le da tiempo para investigar y resolver el problema interno.



Comentario final:



 



Los argumentos expresados no son de recibo pues el concepto ya existe y al abonado le permite sufragar un problema inmediato en corto tiempo mientras resuelve el problema de fondo de su red interna.



 



5.2.8. Art. 119. Deberes de los abonados



 



Al respecto se indica:



 



Es un comentario favorable del AyA y a efecto de proteger la propiedad privada y en relación a que la responsabilidad del prestador es hasta la parte pública del servicio, se ha establecido que la revisión domiciliar no es parte del servicio público, ya sea para acueducto o alcantarillado sanitario. Por esa misma razón se eliminará la tarifa autoriza para esos efectos.



 



Conclusión final sobre los argumentos expuestos por el AyA:



 



Cada uno de los argumentos indicados por el AyA han sido analizados y explicados en los párrafos anteriores, como se nota en el aparte siguiente algunos han sido acogidos generando adiciones o eliminaciones parciales en varios artículos.



 



La versión sometida a audiencia establece en sus transitorios, plazos de aplicación de este reglamento, específicamente dirigidos a las ASADAS se les otorga un plazo de 18 meses para su vigencia y en algunos aspectos específicos el plazo es aún mayor.



 



Los argumentos expuestos en la matriz, se les da respuesta a continuación:



 



PROPUESTA ORIGINAL



OBSERVACIONES AYA



JUSTIFICACIÓN /



 



AMPLIACIÓN



RESPUESTA DE ARESEP



 



CAPÍTULO I



 



 



 



 



OBJETIVO, ÁMBITO DE



APLICACIÓN Y ALCANCE



 



 



 



 



SECCIÓN ÚNICA



 



 



 



 



Artículo 1.- Objetivo



 



 



 



 



Reglamentar la prestación de los



servicios de acueducto,



alcantarillado sanitario e



hidrantes y las relaciones entre



los prestadores regulados por la



ARESEP y los abonados de



estos servicios, para lo cual



específicamente se establecen:



 



 



 



 



a. Las condiciones de



prestación;



 



 



 



 



b. La gestión de servicios;



 



El ARESEP tiene potestad de



emitir reglamentación donde se



establezcan las condiciones de



calidad, cantidad, confiabilidad,



oportunidad y prestación óptima.



Esto se comprende como



condiciones de índole general y



no el cómo o la forma de



prestación, que corresponde a



materia técnica del AyA como



operador y rector en la materia



que su Ley Constitutiva estable



en el artículos 1y 5 inciso j) en



concordancia con La Ley



General de Administración



Publica, en su artículo 103,



donde establece la potestad de



las instituciones autónomas para



emitir sus propios reglamentos.



 



 



Este aspecto fue contestado en el apartado "5.1. Potestad del



AyA de Dictar sus propios reglamentos". Se determina que la



Autoridad Reguladora cuenta con competencia plena para



emitir cuerpos normativos como el que aquí nos ocupa por



referirse a los servicios públicos que por Ley 7593, está



compelido a regular. Se desestima por tanto la posición.



 



e. Los procedimientos generales



para los trámites relacionados



con la prestación de los



servicios.



 



Los procedimientos sobre



trámites son competencia del



operador.



 



 



El apartado se refiere a la potestad de la Autoridad Reguladora



para establecer las condiciones de prestación óptima con que



debe prestarse el servicio a través de procedimientos generales;



relacionado con lo expuesto en el apartado apartado "5.1.



Potestad del AyA de Dictar sus propios reglamentos". Por tal



razón no es de recibo esta afirmación del AyA.



 



Artículo 2.- Ámbito de



aplicación



 



 



 



 



Este reglamento es aplicable a



los servicios públicos de



acueducto, alcantarillado



sanitario e hidrantes en cuanto a:



operación, mantenimiento,



desarrollo y administración de



estos servicios, en sus diferentes



etapas:



 



El AyA es el ente público que el



ordenamiento jurídico designa



como encargado para



administrar, operar y normar lo



relacionado con los acueductos y



alcantarillados en todo el país,



de tal forma como ente público



está en capacidad de prever,



programar y planificar todo lo



relativo al servicio que presta.



 



 



Lo establecido en este reglamento no roza con las



competencias del AyA, pues ARESEP no opera, ni administra



sistemas de acueducto o alcantarillado, la normativa técnica es



competencia del rector del servicio y ARESEP lo que está



haciendo es establecer condiciones de servicio como lo indica



el artículo 25 y 52, inciso n) de su ley. Por tal razón no es esta



afirmación.



 



CAPÍTULO II



 



 



 



 



SIGLAS Y DEFINICIONES



 



 



 



 



Artículo 5.- Definiciones



 



 



 



 



Para los efectos de este



Reglamento se entenderá por:



 



 



 



 



Alto consumo: Es aquel que



supere en un 100% el consumo



promedio normal de los últimos



doce meses



Alto consumo: Aquel que es



mayor a los 50m3 por mes y que



supere en un 100% o más, su



consumo promedio mensual de



los últimos 12 meses. Este se aplica en los casos de servicios



clasificados en categoría de uso:



domiciliar, ordinaria y



preferencial. Para los servicios



en categoría de uso reproductiva



y gobierno, se considera alto



consumo cuando excede los



150m3 por mes.



 



 



Es necesario que se revise



la definición que presenta



ARESEP, considerando



las estadísticas y



conductas de consumo de los clientes. De



mantenerse la propuesta



de ARESEP, clientes con



consumos inferiores al



promedio, por ejemplo de



5 metros al mes, podrían



considerarse altos



consumidores si llegan a



10 metros. Esta variación



puede suscitarse con



situaciones cotidianas,



llevando a presentar



reclamos no procedentes.



 



 



Según la Constitución Política todos los costarricenses somos a



iguales ante ley, lo que implica que todos tenemos iguales



derechos y obligaciones. La aclaración ante la duda ante un



consumo y la posibilidad de un reclamo no puede negársele a



un abonado en función del establecimiento de barreras artificiales como consumos mínimos. La opción de la duda y el



derecho de respuesta siguiendo los procedimientos establecidos



deben ser genéricos para todos los abonados. Por tal razón no es



esta afirmación.



 



 



Calidad del agua: Conjunto de



atributos físicos, químicos



biológicos y organolépticos que



se le asignan al agua en función



de su uso y que son requeridas



para la protección de la salud



humana, tanto en el consumo



humano como en usos



recreativos y productivos.



 



Debe ser dirigido sólo al uso de



consumo humano, no de los



demás.



 



 



El Reglamento para la Calidad del Agua decreto N° 32327-S



está establecido en función de la salud humana, asimismo el



servicio busca satisfacer una necesidad en función de la salud



humana, pero el agua abastecida por un sistema de acueducto



no solo es para la ingesta de las personas; también el agua del



servicio público se utiliza para usos recreativos y productivos



que al final de la cadena van a afectar la salud humana.



Adicionalmente si la definición es más amplia no afecta el



contenido del reglamento. Por tal razón no es esta afirmación.



 



Caudal: Cociente entre el



volumen de un líquido o fluido



que pasa por una sección de un



conducto y el tiempo



transcurrido. Puede expresarse



en metros cúbicos por segundo o



en litros por segundo.



 



También m3/día, o m3/mes o



m3/hora



 



 



Es obvio y comprensible que el caudal puede expresarse en



otras unidades, múltiplos y submúltiplos del litro/seg, lo cual no



afecta la definición. Por tal razón no es esta afirmación.



 



Cobertura: Disponibilidad de los



servicios dentro de la



jurisdicción territorial del



prestador.



 



Definición errónea. La cobertura



es una definición de área con o



sin capacidad hídrica, no de



cualidad de servicio. La



cobertura está relacionada con



el territorio



 



 



La definición está referida a una cualidad del servicio y



relaciona servicio con jurisdicción; es decir territorialidad. Por



tal razón no es esta afirmación.



 



 



Es necesario definir mejor



jurisdicción territorial , zona de



atención y zona de cobertura de



los operadores



 



 



El reglamento ya contiene la definición de jurisdicción. Las



otras definiciones sugeridas son importantes pero no oportunas



en este momento, su no existencia no afecta la implementación



del reglamento. Por tal razón no es esta afirmación.



 



Continuidad del servicio:



Atributo de la calidad de



servicio que implica que el



mismo se mantiene en forma



continua sin interrupción las 24



horas del día los 365 días del



año, salvo caso fortuito, fuerza



mayor o por períodos



programados de mantenimiento



del sistema.



 



El concepto definido



corresponde a un atributo del



servicio, sin embargo aquí



también se mezcla con formas



de normar o regular.



 



 



Como indica el AyA la definición corresponde a un atributo de



calidad, el cual establece sus condiciones de operación, sin que



afecte la normativa Por tal razón no es esta afirmación.



 



Derrame o desborde del



alcantarillado sanitario: vertido



de efluentes del sistema de



alcantarillado sanitario que se



manifiesta en la vía pública.



 



Concepto erróneo, el efluente es



lo que sale de sistemas de



tratamiento



 



 



Un efluente en términos genéricos son aguas servidas que



pueden llevar desechos sólidos, líquidos y gaseosos y que son



emitidas por viviendas o cualquier tipo de industria, no solo de



sistemas de tratamiento. Por tal razón no es de recibo el



argumento del AyA.



 



 



 



 



 



Dictamen de disponibilidad de



servicios: Estudio técnico



mediante el cual un prestador de



servicio define la capacidad de



sus sistemas (acueducto,



alcantarillado sanitario e



hidrantes) para abastecer a



nuevos abonados.



 



Es un documento que se emite



con base en el estudio de



disponibilidad, no es un estudio



en sí, y no necesariamente sólo



para nuevos abonados, puede



ser para abonados o propiedades



actuales.



 



 



Efectivamente un dictamen es un documento, el cual se emite



con base en un estudio técnico, cuyo objetivo es conocer la



capacidad de un sistema para definir el abastecimiento de



nuevos abonados, pero obviamente debe incluirse los abonados



actuales. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.



 



Error de lectura: Diferencia entre



el valor medido o calculado y el



real.



 



Error de lectura: Diferencia entre



el valor medido y el real.



 



Cuando se habla de valor



calculado, se refiere a una



estimación por tanto no



puede existir error de



lectura.



 



Cabe la posibilidad de que haya errores en un valor calculado,



la existencia de dicho concepto no afecta la aplicación del



reglamento. Por tal razón no es de recibo el argumento del



AyA.



 



Extensiones de los sistemas:



Infraestructura requerida para la



interconexión de redes de los



servicios de acueducto,



alcantarillado sanitario e



hidrantes de proyectos de



consumo masivo con la red



pública de un prestador de



servicio. Esta infraestructura es



adicional a la propia de cada



proyecto, la cual debe ser



financiada por el interesado.



 



El concepto definido



corresponde a un atributo del



servicio, se mezcla con formas



de normar o regular.



 



 



Es un comentario de tipo personal sobre la estructura de la



definición. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.



 



Fuga interna: Escape de agua o



derrame de aguas residuales en



las instalaciones internas del



abonado.



 



Son dos términos en una



definición no congruentes :



fuga de agua diferente derrame



 



 



Efectivamente es una definición, que por unicidad del texto,



incluye dos conceptos, por lo que no hay afectación en el



objetivo de la definición. Por tal razón no es de recibo el



argumento del AyA.



 



Gestión Ambiental: Estrategia



que debe utilizar el prestador



para lograr la sostenibilidad del



servicio, así como la protección,



conservación, recuperación y



preservación del recurso hídrico



y su entorno.



 



Corresponde a otras instancias



institucionales no es de



competencia exclusiva de



operadores de agua y



saneamiento.



 



 



Señala el AyA que la gestión ambiental no es competencia



exclusiva de operadores de agua y saneamiento.



 



El agua es un recurso natural indispensable a la vida humana,



por lo que su conservación y protección siempre han estado



ligadas al resguardo de la salud humana y a la tutela del



ambiente, como principio rector de las políticas públicas, tal y



como lo establecen los artículos constitucionales 46 y 50.



 



Con la promulgación de la Ley de la Autoridad Reguladora de



los Servicios Públicos N°7593, en 1996, se facultó a los



prestadores de los servicios públicos a cobrar por costos



ambientales, siempre y cuando estos estuvieren incluidos en la



tarifa que fija la Autoridad Reguladora.



El artículo 14, inciso e) de la Ley N°7593, establece como una



obligación de los prestadores de los servicios públicos:



"(.) Artículo 14.- (.) e) proteger, conservar, recuperar y



utilizar racionalmente los recursos naturales relacionados con



la explotación del servicio público (.)".



Por su parte, el numeral 31, considera los criterios de



sostenibilidad ambiental, protección de los recursos hídricos,



costos y servicios ambientales como elementos centrales en la



fijación de tarifas:



"(.) Artículo 31.- Fijación de tarifas y precios (.) Los



criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental,



conservación de energía y eficiencia económica definidos en el



Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales



para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos



(.).// De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios



públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y



criterios, cuando resulten aplicables: (.) c) La protección de



los recursos hídricos, costos y servicios ambientales (.)".



 



Por lo anterior, no pueden los prestadores aludir que



corresponde a otras instancias institucionales la gestión



ambiental, pues esta incluso ha de ser tomada en cuenta como



elemento central en la fijación de la tarifa de los servicios que



prestan. Por tales razones no son de recibo los argumentos del



AyA.



 



Instalaciones temporales:



Instalaciones construidas para



realizar circos, ferias, turnos,



conciertos, actividades



religiosas, entre otros; que no



requieren un servicio



permanente.



 



Instalaciones temporales:



Instalaciones construidas para



realizar circos, ferias, turnos,



conciertos, actividades



religiosas, tapias, construcción



de desarrollos, condominios y



similares entre otros; que no



requieren un servicio



permanente.



 



Se requiere que se defina



la condición en las



construcciones de



condominios,



urbanizaciones y



desarrollos en general que



para el AyA también son



consideradas como



instalaciones temporales.



 



Confunde el Instituto el concepto, son situaciones distintas. La



temporalidad de una urbanización está referida a tiempo de



construcción situación que desaparecerá posteriormente y el



uso se convertirá en permanente, la otra temporalidad a la que



se refiere el artículo, son par actividades que la posibilidad de



futura permanencia no existe o es muy escaza; pero que



requieren los servicios que brinda el prestador para operar.



 



Jurisdicción: Es el área



geográfica autorizada por ley,



concesión, permiso o contrato de



delegación, administración o



alianza para la operación de un



prestador.



 



Por ley para el AyA la



jurisdicción es todo el país , esto



no define , no queda claro para



los otros operadores



 



 



Por ley N°2726 se declaró al AyA como el ente encargado de



administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y



alcantarillados en todo el país. Sin embargo, esa misma ley le



otorga la facultad para delegar su administración a las Asadas.



Asimismo, nuestra legislación creó a la Empresa de Servicios



Públicos de Heredia (Esph,S.A.) para prestar servicios de agua



potable, alcantarillado sanitario, evacuación de aguas pluviales,



lo mismo que generación y distribución de energía eléctrica y



alumbrado público en el cantón central de Heredia.



Por esta razón es que se ha establecido en este proyecto de



reglamento una definición de "jurisdicción", en la que



claramente se indica que es el área geográfica autorizada por



ley, contrato de delegación etc.para la operación de un



prestador. Por lo cual no se comparte la apreciación del AyA,



respecto a que la definición no es clara para los demás



prestadores.



 



Niple: Sección de tubería de



tamaño variable con rosca



macho en al menos uno de sus



extremos, y que sirve para unir



cañerías.



 



No necesariamente debe tener



rosca macho



 



 



Es un comentario que no afecta la aplicación del reglamento.



Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.



 



Obras para nuevos desarrollos:



Obras necesarias para la



ampliación, mejoras y



modificaciones de los servicios,



de tal manera que la



incorporación del nuevo



desarrollo no afecte la gestión



del servicio programada por el



prestador.



 



El concepto definido se mezcla



con formas de normar o



regular.



 



 



Un comentario personal sobre la estructura de la definición que



no aporta criterio. Por tal razón no es de recibo el argumento



del AyA.



 



Prevista: Tubería y accesorios,



conectados a la red de



abastecimiento de agua o a la red



de recolección de aguas servidas,



que no ha sido conectada a las



instalaciones de los abonados.



Para el servicio de acueducto



incluye el sistema de medición,



una válvula de retención y una



válvula de paso. Para el servicio



de alcantarillado sanitario



incluye el niple de salida de la



caja de registro.



 



No se debe incluir el sistema de



medición es de competencia



técnica del operador



 



 



Es un comentario. La definición no afecta los intereses de los



prestadores, pues la prevista, la cual incluye el sistema de



medición, es propiedad del operador y la definición no dice lo



contrario. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.



 



Proyecto de consumo masivo:



Son los desarrollos urbanísticos,



comerciales, industriales,



turísticos o de otra índole, que



demanden una porción



significativa de la capacidad



instalada de un sistema de



servicio público.



 



No se define "significativa " es



una definición subjetiva



 



 



La expresión significativa se refiere en términos cualitativos a



un impacto que afecte las proyecciones a largo plazo de las



capacidades de los sistema(s). Por tal razón no es de recibo el



argumento del AyA.



 



Servicio de revisión del sistema



de medición: Consiste en



realizar la prueba volumétrica,



ya sea en laboratorio o en sitio,



para determinar la exactitud del



consumo registrado por un



hidrómetro.



 



Servicio de revisión del sistema



de medición: Consiste en la



revisión de todos los



componentes del sistema:



hidrómetro mediante prueba



volumétrica, ya sea en



laboratorio o en sitio, para



determinar la exactitud del



consumo registrado por un



hidrómetro, los elemento de



protección (caja), accesorios,



válvulas y dispositivos de



transmisión de datos.



 



El Sistema de Medición



está definido en la Norma



Técnica de Hidrómetros



AR-HSA-2008, artículo



No. 9



 



El artículo 9 de la Norma de Hidrómetros define qué es el



sistema de medición. La intención del artículo es verificar la



exactitud del hidrómetro. La sugerencia del AyA es verificar las



condiciones de operación de todo el sistema de medición. Por



tanto son dos condiciones diferentes. Lo indicado por el AyA



en un futuro podría incluirse. Por tal razón no es de recibo el



argumento del AyA.



 



Servidumbre de paso y



acueducto/alcantarillado:



Derecho a transitar por



propiedad ajena para tener salida



desde esa propiedad a vía



pública, y para conectar



infraestructura de acueducto y



alcantarillado sanitario, a fin de



proveer agua potable o descargar



aguas residuales del predio que



carezca de salida a vía pública.



 



No toma en cuenta el



mantenimiento como parte de la



gestión del operador



 



 



Para mayor especificad sería deseable que expresamente se



hubiera incluido el mantenimiento la gestión; pero es conocido



del operador que requiere realizar esa labor, por tanto cuando



requiera imponer una servidumbre, sin que necesariamente el



artículo lo indique, va incluir esa condición.



 



Suspensiones programadas:



Suspensión del servicio con el



fin de dar mantenimiento a la



infraestructura del servicio,



programada y comunicada a los



usuarios con al menos 48 horas



de antelación.



 



Es una definición, sin embargo



el concepto se mezcla con la



normativa o regulación.



 



 



Es un comentario sobre el estilo de la definición sin que haya



afectación. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.



 



Técnicamente factible de ser



brindado: Se considera que un



servicio es técnicamente factible



de ser brindado cuando cumple



las siguientes condiciones:



 



El término es de regulación no



debe estar como definición



 



 



Se considera de importancia fundamental para las partes



involucradas en el servicio el conocimiento de este término,



pues su consulta es de primera línea, por lo que a pesar de que



se incluye en el cuerpo del texto del reglamento, no se



considera que produzca ningún efecto violatorio a ninguno de



los derechos de las partes, por lo que es prudente mantener



también como definición. Por tal razón no es de recibo esta



afirmación del AyA



 



a. Las redes de distribución y de



recolección pasan frente a



linderos del inmueble o tenga



acceso directo por vía pública o



servidumbre de paso del



inmueble para el cual se solicita



un servicio,



 



es una definición de algo, sin



embargo también se define la



normativa o regulación, no debe



ser aquí



 



 



 



b. Los sistemas cuenten con



capacidad hídrica, hidráulica, de



potabilización y de tratamiento,



suficientes para aceptar nuevos



abonados,



 



es una definición de algo, sin



embargo también se define la



normativa o regulación , no



debe ser aquí



 



 



 



c. El sistema cumple con los



atributos de calidad establecidos,



 



es una definición de algo, sin



embargo también se define la



normativa o regulación , no debe



ser aquí



 



 



 



d. Es legal y ambientalmente



posible y



 



es una definición de algo, sin



embargo también se define la



normativa o regulación, no debe



ser aquí



 



 



 



e. Los solicitantes cumplen con



los requisitos administrativos



establecidos.



 



es una definición de algo, sin



embargo también se define la



normativa o regulación, no debe



ser aquí



 



 



 



Unidad de consumo: Cada una



de las unidades de vivienda,



comercio, industria u otras,



incluidos condominios, que



cuenta con instalaciones propias



de agua potable y alcantarillado



sanitario, y que reciben los



servicios brindados por el



prestador del servicio. Todas las



unidades de consumo con que



cuente un condominio, podrán



tener servicios independizados



hasta la calle pública.



 



es una definición de algo, sin



embargo también se define la



normativa o regulación, no debe



ser aquí



 



 



Se considera de importancia fundamental para las partes



involucradas en el servicio el conocimiento de este término,



pues su consulta es de primera línea, por lo que a pesar de que



se incluye en el cuerpo del texto del reglamento, no se



considera que produzca ningún efecto violatorio a ninguno de



los derechos de las partes, por lo que es prudente mantener



también como definición. Por tal razón no es de recibo esta



afirmación del AyA.



 



Venta de agua potable en



bloque: Abastecimiento de agua



en grandes cantidades de un



prestador de servicio a otro, o a



empresa privada para su



posterior comercialización a



terceros. Excepto que sea un



prestador de servicio autorizado,



no se permite el abastecimiento



en forma individual.



 



Por ley no deben haber



operadores privados es una



definición de algo, sin embargo



también se define la normativa o



regulación, no debe ser aquí



 



 



Se mantiene como definición, pues el artículo 50 de este



reglamento desarrolla el concepto. La Ley 7593 en el artículo 3,



inciso c) define prestador de servicio como "Sujeto público o



privado que presta servicios públicos por concesión, permiso o



ley", por tanto si pueden haber prestadores privados.



El artículo 50 define claramente a quienes se puede vender agua



en bloque. Por tal razón no es de recibo el argumento del AyA.



 



La tarifa para este servicio será



la fijada por ARESEP.



 



 



 



 



CAPÍTULO III



 



 



 



 



DISPOSICIONES



GENERALES



 



 



 



 



Artículo 7.- Límite físico de los



servicios públicos de acueducto



y alcantarillado.



 



 



 



Es solo un efecto de redacción se revisará la redacción y se



agregarán las excepciones anotadas en la próxima revisión del



reglamento, de momento no se considera efecto negativo para



los objetivos de este reglamento. Por tal razón no es de recibo



esta afirmación del AyA



El límite físico entre estos



servicios y las instalaciones



internas, está dado por el límite



entre la propiedad privada y la



propiedad pública.



 



La caja sifón está en vía pública



y pertenece al usuario. Deja por



fuera el concepto de



servidumbre



 



 



 



 



 



 



Artículo 11.- Plazo para emitir



dictamen de disponibilidad.



 



 



 



 



El prestador tendrá un plazo de



cinco días para emitir el



dictamen de disponibilidad,



posterior al recibido a



satisfacción de los requisitos



establecidos.



 



Este es un trámite regulado por



MEIC - mejoras regulatorias.



Los estudios técnico requieren



más tiempo y recurso humano,



no se define si son días hábiles o



naturales



 



 



Señala el AyA que no se establece en el artículo si el plazo



establecido trata de días hábiles o inhábiles.



 



El artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública



N°6227 estipula que los plazos por días para la Administración,



incluyen los inhábiles; mientras que los que son para los



particulares son siempre de días hábiles. Por lo que, en caso de



no existir especificación en la presente norma, se entenderá que



los plazos establecidos por la Administración, es decir, por la



Autoridad Reguladora, a los prestadores, corresponden a días



hábiles.



 



Indica el AyA que este trámite es regulado por el MEIC. Se le



señala que esta función de regulación ha sido depositada en la



Autoridad Reguladora por Ley N ° 7593, dentro de las



facultades de fiscalización que le han sido otorgadas por el



artículo 6, inciso a) de la Ley N°7593 que le permiten regular y



fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores,



para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan



el costo del servicio y dentro de la potestad establecida en el



artículo 25 de establecer las condiciones de imponer a los



prestadores, mediante reglamentos técnicos, las reglas y



condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad,



oportunidad y prestación óptima que deben seguirse para el



suministro de los servicios, conforme a los estándares



específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada



caso. Por las razones anteriores no es de recibo los argumentos



del AyA.



 



Artículo 12.- Balance entre los



servicios de acueducto y



alcantarillado sanitario.



 



 



 



 



En las áreas urbanas, es



obligación de los prestadores



lograr el balance en la cobertura



entre los servicios de acueducto



y de alcantarillado sanitario, de



tal manera que conforme se



amplíe el primero, se provea



paralelamente el segundo.



 



No hay factibilidad técnica para



aplicar realmente esto en la



actualidad.



 



 



La ONU mediante resolución 64/292 del año 2010, declaró el



acceso al agua y a los servicios básicos de saneamiento como



un derecho humano fundamental.



Se restringe a áreas urbanas porque en áreas rurales existen



soluciones en sitio que técnicamente operan bien.



El artículo está acorde con la competencia nacional del AyA y a



eso debe la Institución aspirar. El AyA tiene competencia



nacional en todos sus servicios, la excusa no es de recibo.



 



Artículo 14.- Consulta a las



comunidades indígenas.



 



 



 



 



Los prestadores están obligados



a consultar a las comunidades



indígenas sobre cualquier



proyecto relacionado con los



servicios de acueducto,



alcantarillado e hidrantes por



realizarse en las zonas indígenas.



Los resultados de la consulta



serán de obligatorio



cumplimiento.



 



Definido en otra legislación



 



 



Si bien el AyA manifiesta que este artículo se encuentra



definido en otra legislación, no existe imposibilidad legal para



que sea incorporado por la Autoridad Reguladora en este



reglamento, dada la importancia de la participación y



protección de las comunidades indígenas, recalcadas incluso



por la Sala Constitucional. Por tal razón no es de recibo los



argumentos del AyA.



 



Artículo 15.- Proyectos en



zonas de protección indígena.



 



 



 



 



Para realizar proyectos



relacionados con los servicios de



acueducto, alcantarillado e



hidrantes en zonas de protección



indígena, los prestadores en



cooperación con los



representantes de las



comunidades indígenas, con el



fin de evaluar y considerar en el



proyecto el impacto social,



cultural y ambiental, están



obligados a realizar todos los



estudios técnicos y jurídicos



requeridos. Los resultados de



estos estudios deberán ser



considerados como criterios



vinculantes en la toma de



decisión, ejecución y operación



de dichos proyectos.



 



 



Definido en otra legislación



 



 



Si bien el AyA manifiesta que este artículo se encuentra



definido en otra legislación, no existe imposibilidad legal para



que sea incorporado por la Autoridad Reguladora en este



reglamento, dada la importancia de la participación y



protección de las comunidades indígenas, recalcadas incluso



por la Sala Constitucional. Por tal razón no es de recibo los



argumentos del AyA.



 



 



 



 



 



SECCIÓN SEGUNDA. DE LA



INFORMACIÓN



 



 



 



 



Artículo 16.- Información para



la Autoridad Reguladora



 



 



 



Los prestadores deberán proveer



a la Autoridad Reguladora



información completa,



fidedigna, actualizada, precisa,



suficiente y clara sobre los



servicios a que se refiere este



Reglamento.



 



 



 



 



La información se utilizará para:



 



 



 



 



a. Establecer si los servicios se operan y mantienen de



acuerdo con las disposiciones de



este Reglamento y otras normas técnicas vigentes,



 



La prestación del servicio se



brinda de acuerdo a la



reglamentación del AyA, de



acuerdo a la potestad que



concede la ley constitutiva para



emitir sus reglamentos, esto en



concordancia a la Ley General



de Adm. Publica, que le faculta



como entidad autónoma a emitir



los reglamentos de prestación



del organización y prestación



del servicio



 



 



La Ley 7593 le da competencia a la ARESEP para emitir,



publicar y velar por las condiciones de calidad del servicio.



Asimismo el artículo 24, le da competencia para solicitar la



información requerida para el cumplimiento de sus funciones.



Además se relaciona con lo indicado en el punto 5.1 SOBRE



LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL AYA. Por tal



razón no es de recibo los argumentos del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 17.- Sistemas de información.



 



 



 



 



Con el fin de aportar la



información requerida por la



ARESEP, cada prestador deberá



mantener sistemas de



información que contengan



como mínimo:



 



Para el cumplimiento de este



artículo debería definirse un plan



de implementación, para cada



operador.



 



 



El transitorio VII, establece un plazo de cinco meses para que



los prestadores presenten un plan de implementación y el IV un



plazo de 24 meses a partir de la fecha de vigencia para el



cumplimiento de los sistemas de información. Por tal razón no



es de recibo los argumentos del AyA



 



 



 



 



 



f. Censo actualizado de las



poblaciones ocupantes de



terrenos en precario y de la



condición en que se encuentran



con respecto al uso de los



servicios,



 



Esta información debe ser



suministrada por el ente con



competencia en esta materia.



 



 



Es una necesidad para la planificación que cada prestador



conozca las condiciones de gestión y operación de su actividad



y una de ellas es los sectores en condiciones especiales como



precarios. Por tal razón no es de recibo los argumentos del



AyA.



 



 



 



 



 



SECCIÓN TERCERA.



INFRAESTRUCTURA,



INSTALACIONES Y



EQUIPOS DE MEDICIÓN



 



 



 



 



Artículo 19.- Diseño y



construcción de instalaciones.



 



 



 



 



Toda infraestructura debe ser



diseñada y construida de acuerdo



con los requerimientos vigentes



de diseño y construcción



establecidos por el CFIA, el



AyA y la legislación vigente



aplicable.



 



No debe ser toda infraestructura,



debe ser solo la de los sistemas



del operador y de agua y



saneamiento, esto no es



vinculante con prestación de



servicios



 



 



Es claro que este reglamento tiene objetivos y sujeto (servicios)



a los que va dirigido, en ese contexto se interpreta el artículo. El



contenido del artículo no riñe con la ley 2726, incluso se apoya



en el artículo 21 de esa Ley. Por tal razón no es de recibo los



argumentos del AyA.



 



 



ver artículo 21 de ley de AyA



 



 



 



Artículo 21.- Reparación de vías públicas.



 



 



 



 



Los prestadores,



independientemente del estado



en que se hallen las vías públicas



en las que se requiera realizar



obras de mejoramiento,



reposición o construcción,



relacionadas con la



infraestructura de los servicios



de acueducto, alcantarillado



sanitario e hidrantes, deberán



devolver la superficie rodante de



la vía pública y las aceras al



menos a su estado anterior, en



un plazo máximo de quince días



hábiles.



 



Se debe revisar la razonabilidad



de tiempos y capacidad instalada



y requerimientos técnicos



 



 



Lo indicado es un comentario o reflexión interna para el cual no



dan sustento técnico. Si se afectan las vías públicas por la



ejecución de cualquier tipo de obra, la misma debe ser reparada



como parte de esa labor. Por tal razón no es de recibo los



argumentos del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 24.- Seguridad.



 



 



 



 



Los prestadores asegurarán en



sus funciones la protección de



sus trabajadores, equipo,



instalaciones, infraestructura y



público en general.



 



son aspectos de salud



ocupacional y no de prestación



de servicios



 



 



Efectivamente son aspectos de salud ocupacional que los



prestadores deben considerar en su gestión. Por tal razón no es



de recibo los argumentos del AyA.



 



CAPÍTULO IV



 



 



 



 



CONDICIONES DE



PRESTACIÓN DE LOS



SERVICIOS



 



 



 



 



Artículo 26.- Obligatoriedad de



la prestación de los servicios.



 



 



 



 



Siempre que sea técnicamente



factible, los prestadores dentro



de su jurisdicción deben brindar



en condiciones de prestación



óptima, los servicios de



acueducto, alcantarillado



sanitario e hidrantes.



 



Por Ley constitutiva AyA,



presta los servicios en todo el



país, conforme al principio de



territorialidad.



 



 



Efectivamente el AyA debe prestar los servicios en todo el



territorio nacional. La excepción es porque podrían presentarse



casos especiales y nadie está obligado a lo imposible. Por tal



razón no es de recibo los argumentos del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 27.- Prestación de los



servicios de forma continua.



 



 



 



 



Los prestadores deberán



garantizar la continuidad del



servicio. Se exceptúan aquellas



situaciones de suspensión de



servicio por incumplimiento del



abonado.



 



Existe imposibilidad técnica real



de brindar el servicio de agua



con continuidad 24/7 en algunos



sistemas,



 



 



La necesidad de usar el recurso no tiene horario, el servicio por



definición debe ser de 24 horas todos los días. Hay excepciones



como las establecidas en el artículo 95 y en esos casos debe



brindarse un caudal de subsistencia con sistemas alternos. Por



tal razón no es de recibo los argumentos del AyA.



 



Artículo 29.- Requisitos para la



Instalación de fuente pública



domiciliaria.



 



El procedimiento de instalación



es competencia del operador



 



 



 



La fuente pública domiciliaria



no tiene costo de instalación



para el abonado y debe cumplir



con los siguientes requisitos:



 



En la forma que se establece este



artículo se omite el costo del



abastecimiento brindado Por lo



tanto se traslada a los usuarios,



que cancelan sus servicios.



Puede generar un incremento del



agua no contabilizada y un



incentivo al uso de fuente



pública, que resultaría gratuita.



No especifica la temporalidad de



la instalación.



 



ARESEP tienen



establecida una tarifa por



este tipo de



abastecimiento. Se



elimina?



 



La necesidad del abastecimiento, aun cuando se suspenda por



no pago, es real y al no ser una situación nueva no va a



provocar un mayor impacto en aspectos como agua no



contabilizada o uso desmedido. La Sala Constitucional



mediante los votos: 2732-2003, 5342-2010, 6126-1994, 1853-



2003, 0801-2000 y 6446-2007 ha normado al respecto. Las



condiciones han sido establecidas por la Sala y para evitar



interpretaciones se han trasladado a este reglamento. El artículo



96 establece la obligación de pagar el cargo fijo cuando el



servicio se suspenda por causas no atribuibles al prestador.



Un punto adicional de decisión de la Junta Directiva de la



ARESEP será eliminar la tarifa existente para fuente pública.



Por las anteriores razones no es de recibo los argumentos del



AyA.



 



SECCIÓN SEGUNDA. DEL



SERVICIO DE ACUEDUCTO



 



 



 



 



Artículo 32.- Presiones de



servicio.



 



 



 



 



Los prestadores deben mantener



una presión mínima dinámica de



servicio en el punto de entrega



de 98,1 kPa (10 m.c.a., 14,2psi).



A la vez, debe restringir la



presión estática máxima hasta



490,5 kPa (50 m.c.a, 71 psi), en



el punto más bajo de la red y en



áreas de servicio muy quebradas



hasta 686,4 kPa (70 m.c.a., 99,6



psi).



 



La presión dinámica es definida



en forma inapropiada , pues esta



involucra otras variables o



parámetros como caudal, y otros,



 



 



ARESEP establece las condiciones de presión, el prestador



establece las otras condiciones de operación, como el caudal,



según las condiciones de gestión de sus sistemas. Por tal razón



no es de recibo los argumentos del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 33.- Interrupción



temporal del servicio de agua



potable.



En caso de interrupción de...



lo siguiente:



 



 



 



 



a.



 



 



 



b.



 



 



 



C



 



 



 



d.



 



 



 



e.



 



 



 



F



 



 



 



La comunicación deberá



realizarse:



 



 



 



 



a.



 



 



 



b.



 



 



 



c.



 



 



 



En todos los casos, si la



suspensión del servicio se



prolonga por más de ocho horas,



el prestador está obligado a



brindar un servicio alternativo de



suministro de agua potable a los



abonados, que cubra las



necesidades de hospitales,



clínicas y centros de salud; y



necesidades básicas de los



abonados domiciliares y



comunicar mediante medios de



comunicación colectiva, la



ubicación y condiciones del



servicio alternativo de agua



potable.



 



No se define qué es un servicio



alternativo. Existe imposibilidad



técnica real de brindar el servicio



de agua con estas condiciones,



no todos los sistemas cuentan



sistemas de servicio alternativo



suficiente.



 



 



Es una sugerencia de simple interpretación, el entendimiento



del inciso es claro, si no hay servicio durante determinado



número de horas debe brindarse el servicio por otros medios, el



cual obviamente es un "Servicio alternativo" o como lo utiliza



la Sala Constitucional: "medidas alternativas" cuando



considera que de manera inmediata se ejecuten las medidas



para garantizar el acceso al agua potable. Con la jurisprudencia



de la Sala no es justificable lo indicado por el AyA en cuanto a



que no todos los sistemas cuentan con sistemas alternativos



suficientes. (V.G. Voto 9127-2013).



 



Para un mismo usuario, se



podrán realizar como máximo



cinco suspensiones programadas



en un año, siendo que de ellas,



no podrán producirse más de dos



en un mes.



 



 



 



 



 



 



 



 



SECCIÓN TERCERA. DEL



SERVICIO DE



ALCANTARILLADO



SANITARIO



 



 



 



 



 



 



 



 



Artículo 34.- Tratamiento de



aguas residuales.



 



 



 



 



Los prestadores del servicio de



alcantarillado sanitario, deberán



verificar que todas las aguas



residuales evacuadas por sus



sistemas reciban tratamiento y



cumplan con lo establecido en el



Reglamento de Vertidos.



 



Los prestadores del servicio de



alcantarillado sanitario, deberán



verificar que todas las aguas



residuales recolectadas por sus



sistemas reciban tratamiento y



cumplan con lo establecido en el



Reglamento de Vertidos.



 



 



El término utilizado en válido en la materia a que refiere el



reglamento, se toma nota de la sugerencia para una evaluación



futura. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 35.- Catastro de



descargas de aguas residuales



especiales.



 



 



 



 



Los prestadores del servicio de



alcantarillado sanitario, deberán



mantener un catastro actualizado



de las descargas de aguas



residuales de tipo especial a su



sistema, según la normativa



vigente.



 



Los prestadores del servicio de



alcantarillado sanitario, deberán



mantener un catastro actualizado



de las descargas de aguas



residuales de tipo especial a su



sistema, según la normativa



vigente, para lo cual el



Ministerio de Salud deberá



remitir a cada operador el



informe estadístico de los



reportes operacionales según, la



frecuencia establecida en el



Reglamento de Reuso y Vertido.



 



 



El reglamento establece el principio, Si para realizar la labor, el



operador requiere coordinar con otra entidad como el



Ministerio de Salud en este caso, debe hacerlo por sus medio.



El Ministerio de Salud no es un prestador de servicio, ni un



regulado por ARESEP. Por tal razón no es de recibo esta



afirmación del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 36.- Control de



contaminación.



 



 



 



 



Los prestadores deben efectuar



las acciones de control



necesarias, para prevenir los



riesgos de contaminación que



provengan de la provisión de



servicios que brinda, salvo



aquellos que no sean de su



exclusiva competencia.



 



Los prestadores deben efectuar



las acciones de control



necesarias, para prevenir los



riesgos de contaminación que



provengan de la provisión de



servicios que brinda, salvo



aquellos que no sean de su



exclusiva competencia.



 



 



Copia del artículo y no hicieron comentarios. Por tal razón no



es de recibo esta afirmación del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 37.- Prohibición de



recepción de aguas pluviales



 



 



 



Los sistemas de alcantarillado



sanitario solo recibirán aguas



residuales, siendo



terminantemente prohibida la



descarga de aguas pluviales.



 



Los sistemas de alcantarillado



sanitario solo recibirán aguas



residuales, siendo



terminantemente prohibida la



descarga de aguas pluviales.



 



 



 



Los prestadores deberán



gestionar y coordinar de manera



periódica con los operadores de



sistemas pluviales, medidas



correctivas para el control y



vigilancia de sus sistemas de



alcantarillado sanitario, con la



finalidad de que las aguas



pluviales estén separadas de



dicho sistema.



 



Los prestadores deberán



gestionar y coordinar de manera



periódica con los operadores de



sistemas pluviales, medidas



correctivas para el control y



vigilancia de sus sistemas de



alcantarillado sanitario, con la



finalidad de que las aguas



pluviales estén separadas de



dicho sistema. El prestador del



servicio tendrá la potestad de



eliminar este tipo de conexiones



al sistema sanitario, previa



notificación al operador del



sistema pluvial.



 



 



De la competencia que tienen los prestadores de operar sistemas



de alcantarillado sanitario y de la prohibición de depositar agua



pluvial en el alcantarillado sanitario establecida en este



reglamento se deriva la posibilidad de eliminarlo, obviamente



siguiendo el debido proceso, siendo innecesario indicarlo.



Además es un aspecto que podría ser de competencia judicial,



materia no regulada por ARESEP. Por tal razón no es de recibo



esta afirmación del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 39.- Derrames del



alcantarillado sanitario.



 



 



 



 



Los prestadores deben evitar la



ocurrencia de derrames del



sistema de alcantarillado



sanitario. Para estos efectos



debe:



 



 



 



 



a. Dimensionar y adecuar las



redes y otros elementos del



alcantarillado de acuerdo con las



exigencias crecientes sobre el



servicio;



 



a. Dimensionar y adecuar las



redes y otros elementos del



alcantarillado de acuerdo con las



exigencias crecientes sobre el



servicio; de acuerdo a la



capacidad financiera y planes de



inversiones de cada operador.



 



 



La planificación del prestador sobre sus actividades debe incluir



planes de inversión y financiamiento, para ello debe elaborar el



Programa de Mejoras y Expansión del Servicio (PMYES). Por



tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.



 



b



 



 



 



c. Eliminar ingresos ilícitos



de aguas pluviales.



 



c. Eliminar ingresos ilícitos de



aguas pluviales, en concordancia



con lo indicado en el artículo 37



de este mismo reglamento.



 



 



El reglamento tiene unidad, lo que implica aplicación uniforme



del mismo, por tanto es deseable incluir la referencia pero no es



estrictamente necesaria. Por tal razón no es de recibo esta



afirmación del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 40.- Acciones para la



prevención de derrames del



alcantarillado sanitario.



 



 



 



 



En relación con el control de los



derrames, el prestador debe:



 



 



 



 



a. Mensualmente cuantificar,



clasificar y proyectar los



caudales de:



 



a. Trimestralmente cuantificar,



clasificar y proyectar los



caudales de:



 



 



La propuesta de cambio no se justifica, tan solo se enuncia. Se



considera un dato muy importante para la operación de los



sistemas por tanto se mantiene mensualmente. Por tal razón no



es de recibo esta afirmación del AyA.



 



i. Aguas residuales de tipo



ordinario y



 



 



 



 



.



ii. Aguas de tipo especial.



 



Se debe eliminar el ítem ii,



relacionado con aguas de tipo



especial, debido a que los



sistemas sanitarios reciben



únicamente aguas residuales de



tipo ordinario, de acuerdo con el



Reglamento de Reuso y Vertido.



 



 



Reglamento de Reuso y Vertido no prohíbe expresamente el



vertido de aguas especiales al alcantarillado sanitario. Más bien



en el artículo 5 relacionado con la presentación de reportes



operacionales, indica: "En caso de que un ente generador



vierta por separado aguas residuales ordinarias y aguas



residuales especiales a un alcantarillado sanitario, podrá



solicitar la exención de la obligación de presentar reportes



operacionales para la descarga de las aguas residuales



ordinarias." (Lo resaltado no es del original).



Este artículo permite interpretar que si es factible verter aguas



de ambos tipos al alcantarillado sanitario. Por tal razón no es de



recibo esta afirmación del AyA.



 



b. Investigar y registrar



cualquier ingreso ilícito de agua



al sistema y su afectación al



sistema,



 



b. Investigar y registrar



cualquier ingreso ilícito de agua



al sistema y su afectación al



sistema de alcantarillado.



 



 



El título del artículo se refiere al sistema de alcantarillados



sanitario, siendo innecesaria agregar la aclaración sugerida. Por



tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.



 



c



OK



 



 



 



d. Identificar y clasificar



mensualmente, los derrames



detectados en la red de



alcantarillado, según su origen, por:



 



d. Identificar y clasificar



mensualmente, los derrames



detectados en la red de



alcantarillado, según su origen, por:



 



 



 



Copia textual del párrafo sin comentarios. Por tal razón no es de



recibo esta afirmación del AyA.



 



i.



OK



 



 



 



 



 



 



 



ii. Falta de capacidad



hidráulica del sistema, por



defectos de diseño,



obsolescencia de la red o



descarga de aguas pluviales,



 



ii. Falta de capacidad hidráulica



del sistema, por defectos de



diseño, construcción u



obsolescencia de la red o



descarga de aguas pluviales,



 



 



Se acepta la sugerencia de agregar la palabra construcción pues



aclara el artículo.



 



iii. Falla energética y



 



OK



 



 



iv. Otros.



 



 



 



 



E



OK



 



 



 



 



 



 



 



SECCIÓN QUINTA. DE LOS



SERVICIOS ESPECIALES



 



 



 



 



Artículo 44.- Prestación de



servicios especiales.



 



 



 



 



Los operadores podrán prestar



servicios especiales en los



sistemas operados, siempre y



cuando no afecten la calidad,



continuidad y prestación óptima



del servicio brindado a sus



abonados.



 



La ley constitutiva del AyA es la



que faculta a prestar estos



servicios.



 



 



Por el principio de no discriminación se garantiza igualdad de



trato a todos los prestadores de los servicios públicos de



acueducto y alcantarillado, facultándolos a prestar servicios



especiales en los sistemas que operan.



 



La prestación de estos servicios



debe ajustarse a lo establecido en



este reglamento.



 



 



 



 



Artículo 45.- Tipos de servicios



especiales de acueducto o



alcantarillado.



 



Es materia del operador



 



 



El AyA argumenta que es su competencia establecer las



condiciones en que se prestan los servicios a los administrados



y que estos artículos son materia del operador, fundamentado



en la Ley General de la Administración Pública.



 



Sobre el particular, se remite al apartado "5.1. SOBRE



POTESTAD DEL AYA DE DICTAR REGLAMENTOS". y se



reitera que la función de regulación ha sido depositada en la



Autoridad Reguladora por Ley N ° 7593 de 9 de agosto de



1996, que le permite a través de su artículo 25, imponer a los



prestadores, mediante reglamentos técnicos, las reglas y



condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad,



oportunidad y prestación óptima que deben seguirse para el



suministro de los servicios, conforme a los estándares



específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada



caso. Es un deber que ha sido asignado a la Junta Directiva del



órgano regulador, de acuerdo con el artículo 53, inciso n) de la



ley de cita, al encomendarle dictar los reglamentos técnicos que



se requieran para la correcta aplicación del marco regulatorio de



los servicios públicos.



 



Con amparo en la normativa de cita, es que la emisión de



reglamentos técnicos como el presente por parte del ente



regulador, no solamente es legalmente posible, sino que además



crea reglas sanas y uniformes tendientes a evitar disparidades e



incluso discriminación en la forma de prestar un mismo servicio



público, diferentes operadores. Ello conlleva a una mejor



transparencia en el manejo de los recursos públicos fijados vía



tarifas, y fortalece al prestador al fomentar su eficiencia,



estableciendo estándares específicos, permitidos por el artículo



25. Se asegura además, protección al usuario, al garantizar que



el servicio no disminuya de calidad y sea prestado de forma



óptima, confiable, continua, oportuna y en la cantidad



suficiente, tal y como lo promulga el artículo 5 de la Ley



N°7593. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del AyA.



 



Se consideran servicios



especiales de acueducto y



alcantarillado:



 



 



 



 



a. La venta de agua potable en bloque,



 



 



 



 



b. Los otorgados a



poseedores y ocupantes de



terrenos en precario y



campamentos de damnificados y



 



Es competencia de AyA



establecer las condiciones en que



se presta los servicios a los



administrados. Asimismo los



poseedores y ocupantes en



precario, cuando se formalizan



obedece al cumplimiento de



requisitos establecidos por AyA.



 



 



Ibídem a lo indicado en el artículo 45 anterior. Por tal razón no



es de recibo esta afirmación del AyA.



 



c



 



 



 



Artículo 46.- Servicios en



terrenos declarados precarios y



campamentos de damnificados.



 



 



 



 



Los prestadores están en la



obligación de suministrar los



servicios de acueducto,



alcantarillado e hidrantes



siempre que sea técnicamente



factible a terrenos en precario



declarados como tales, y a



campamentos de damnificados.



 



Los requisitos establecidos en



este Reglamento, no permiten



prestar el servicio normado en



este articulo



 



Ver definición de



"Técnicamente factible de



ser brindado", inciso e) "



Los solicitantes cumplen



con los requisitos



administrativos



establecidos"



 



Los requisitos administrativos son establecidos por el prestador,



pudiendo adecuarlos a las condiciones excepcionales de los



ocupantes de terrenos en precario y campamentos de



damnificados. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del



AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 48.- Venta de agua



potable en bloque.



 



 



 



 



Los prestadores, siempre y



cuando no afecten la calidad,



continuidad y prestación óptima



de los servicios brindados a sus



abonados, podrán vender agua



potable en bloque a:



 



Es competencia de AyA



establecer los servicios a los



administrados.



 



 



La establecido no elimina la competencia del AyA, solo enlista



un tipo de servicios, evitar las afectación a los abonados e



identificar servicios que en un futuro podrían tener tarifas



diferenciadas. Además este reglamento no solo es de aplicación



para el AyA. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del



AyA.



 



a.



 



 



 



b.



 



 



 



c.



 



 



 



En todos los casos, la tarifa por



cobrar será la aprobada por la



Autoridad Reguladora.



 



 



 



 



SECCIÓN SEXTA. DE LOS



SERVICIOS CONEXOS



Es materia del operador



 



 



Lo establecido en el reglamento no elimina la competencia del



prestador, solo enlista tipos de servicio. Por tal razón no es de



recibo esta afirmación del AyA.



 



 



 



 



 



Artículo 50.- Tipos de servicios



conexos.



 



 



 



 



Se consideran servicios conexos,



entre otros:



 



 



 



 



a.



 



 



 



b.



 



 



 



c.



 



 



 



d.



 



 



 



e.



 



 



 



f.



 



 



 



g. Tratamiento de aguas y



lodos residuales provenientes de



sistemas individuales.



 



OK RyT, se mantiene el inciso



g) sin variación.



 



 



Es un comentario interno del AyA. Por tal razón no es de recibo



esta afirmación del AyA.



 



Artículo 51.- Servicio de



conexión.



 



Es materia del operador



 



 



Ibídem a lo indicado en el artículo 45 anterior. Por tal razón no



es de recibo esta afirmación del AyA.



 



Este servicio permite la



interconexión del sistema



interno de un interesado a la red



pública, puede ser:



 



 



 



 



a. Servicio de conexión con



prevista.



 



 



 



 



b. Servicio de conexión sin



prevista.



 



 



 



 



 



 



 



 



Artículo 52.- Servicio de



reconexión.



 



Es materia del operador



 



 



Ibídem a lo indicado en el artículo 45 anterior. Por tal razón no



es de recibo esta afirmación del AyA.



 



Es el servicio que permite .



 



 



 



 



No podrá cobrarse suma



..como:



 



 



 



 



a.



 



 



 



 



b. Conexión fraudulenta



ilícita realizada por un tercero



sin conocimiento del abonado



 



Se propone eliminar este inciso.



 



¿Cómo se comprueba que



no lo realizó el abonado?



Los abonados pueden



indicar que desconocen



quien realizó la conexión



fraudulenta para evadir el



pago.



 



Se mantiene el inciso, pues las deudas por servicio constituyen



hipoteca legal sobre el bien, por lo que finalmente el abonado



siempre será el responsable. Por tal razón no es de recibo esta



afirmación del AyA



 



Artículo 53.- Plazos para la



atención de los servicios



especiales.



 



Los plazos los define el



operador, dentro del marco de



legalidad y razonabilidad. Hay



plazos establecidos por Sala



Constitucional, decretos



Gubernamentales, leyes, y



condiciones técnicas.



 



 



No especifica el AyA, cuáles plazos considera contravienen los



establecidos por normas de jerarquía superior. Por tal razón no



es de recibo esta afirmación del AyA.



 



Para los servicios especiales



definidos en este reglamento se



establecen los siguientes plazos



para su ejecución:



 



 



 



 



a.



 



 



 



b.



 



 



 



c.



 



 



 



d. Revisión del sistema de



medición: ocho días hábiles;



 



Este caso es un ejemplo donde el



plazo está determinado por



condiciones técnicas del



operador. El levantamiento del



medidor, se realiza de acuerdo al



ciclo de lectura mensual.- De lo



contrario se genera anomalías en



la facturación. Posterior a esto



el Taller de hidrómetros realiza



la prueba. Solo cuando se



realizan pruebas en sitio se



podrá cumplir este plazo.



 



 



La operación de un hidrómetro es vital para su gestión del



servicio muy importante, pues los datos que genera son



requeridos para la facturación de los consumos. Para el



abonado es fundamental pues incide en su presupuesto y



capacidad de pago. Debe el prestador revisar sus procesos e



identificar acciones que permitan respuestas más rápidas para



los interesados. Por tal razón no es de recibo esta afirmación del



AyA.



 



e. Traslado de prevista: 10



días hábiles; y



 



 



 



 



f.



 



OK RyT se mantiene inciso f)



sin variación



 



 



 



Se inicia el cómputo de los



plazos a partir del recibido a



satisfacción de todos los



requisitos establecidos por el



prestador.



 



 



 



 



 



 



 



 



CAPÍTULO VI



PRESTACIÓN DE



SERVICIOS EN



CONDICIONES



INFERIORES A LA



PRESTACIÓN ÓPTIMA



 



 



 



 



SECCIÓN ÚNICA