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 Normativa >> Directriz 042 >> Fecha 04/03/2016 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 042
Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas
Texto Completo acta: 10B608

N° 042-MP 



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 



Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 



De conformidad con las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política y los artículos 25.1, 27.1, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227; y, 



Considerando



I.-Que el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece que "Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural". 



II.-Que el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece que "Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.". 



III.-Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que ".todos los órganos del Estado, incluido el Ejecutivo, y el Legislativo deben ser garantes del control de convencionalidad, a fin de respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente." (Resolución N° 2013-06274 de las 14:15 horas del 9 de mayo del 2013). 



IV.-Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que ".el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no tienen únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 7° constitucional, sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura, protección o tutela de un determinado derecho, deben prevalecer por sobre éstos; lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política." (Resolución N° 2007-01682 de las 10:34 horas del 9 de febrero del 2007). 



V.-Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la cual Costa Rica es signataria desde el 13 de setiembre de 2007, establece en sus artículos 15, 17, 19, 30, 32, 36 y 38, el deber de los Estados de celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas y a través de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 



VI.-Que el artículo 2.1 del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante "OIT"), de la cual Costa Rica es parte desde el 02 abril 1993, establece que "Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad, de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.". 



VII.-Que el artículo 6.1 parágrafos a y b del Convenio N° 169 de la OIT, establecen el deber de los Gobiernos de ".a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.". 



VIII.-Que en la consulta preceptiva de constitucionalidad del Convenio N° 169 de la OIT, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estimó que el artículo 6.1.a de dicho instrumento es coincidente con los principios y valores democráticos, que implican el ejercicio permanente del poder por el pueblo y la participación en la toma de las decisiones que les atañen. Así, el Tribunal Constitucional consideró que ".el Convenio refleja los más caros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades." (Resolución N° 1992-03003 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992). 



IX.-Que el artículo 6.2 del Convenio número 169 de la OIT establece que "Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas". 



X.-Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 21 el Derecho a la Propiedad; que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un sentido que comprende los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad comunal (Caso de la Comunidad Mayagna -Sumo- Awas Tingni, sentencia del 31 de agosto de 2001. Serie C. N° 79, párr. 148., entre otros). 



XI.-Que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas sobre como salvaguarda para sus derechos a la propiedad comunal y otros derechos fundamentales, según sus costumbres y tradiciones y, además, que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro de los territorios, los Estados tienen la obligación, no sólo de consultar, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, igualmente, según sus costumbres y tradiciones (Caso del Pueblo Saramaka, sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C. N.° 172, entre otros). 



XII.-Que la Ley Indígena, Ley N° 6172 del 29 de noviembre de 1977, establece en su artículo 2 que "Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase". 



XIII.-Que la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 23 de abril de 1998, establece en su artículo 83 que el deber del Estado de "Definir un proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas, para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos de estos derechos para su normación definitiva. La Comisión y las organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología y los elementos básicos del proceso participativo". 



XIV.-Que el proceso de Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas se enmarca en la declaratoria de interés público de las acciones de la Administración Solís Rivera en materia de Gobierno Abierto, mediante Decreto Nº 39372-MP-MC del 7 de diciembre de 2015. 



XV.-Que el Gobierno de la República reconoce que existe una deuda histórica relacionada con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica. El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones estatales que afecten de forma directa sus derechos, constituye un paso de gran relevancia para la realización de sus Derechos Humanos. El derecho a la consulta, más allá de un fin en su mismo, es un mecanismo para garantizar el derecho a la participación y salvaguadar todos aquellos derechos de los pueblos indígenas que puedan verse afectados por las decisiones administrativas o legislativas. El Gobierno de la República facilitará los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de este proceso. 



Por tanto, se emite la siguiente, 



DIRECTRIZ 



DIRIGIDA AL SECTOR PÚBLICO 



"CONSTRUCCIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTA 



A PUEBLOS INDÍGENAS" 



CAPÍTULO I 



Definiciones 



Artículo 1º-Consulta a pueblos indígenas. Es obligación del Estado de Costa Rica consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente. Para efectos de la presente Directriz se denominará "Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas" al procedimiento.




Ficha articulo



Artículo 2º-Finalidad de la consulta. La finalidad del proceso de consulta a pueblos indígenas es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento libre, previo e informado acerca de las medidas propuestas.




Ficha articulo



Artículo 3º-Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas. Es el proceso mediante el cual se construirá, de forma conjunta y exclusiva entre el Gobierno de la República y los pueblos de los veinticuatro territorios indígenas, el Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas.




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CAPÍTULO II 



Disposiciones generales 



Artículo 4º-Autoridad pública a cargo del proceso. La autoridad pública a cargo de la construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas es el Ministerio de la Presidencia, específicamente el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, al cual se llamará en adelante, a efectos de la presente Directriz, el "Viceministerio". Se ordena a los ministerios y se insta a las instituciones públicas descentralizadas, cuya participación sea considerada necesaria, a incorporarse, en el ámbito de sus competencias, en el proceso de construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas. Su colaboración puede incluir, entre otros, recursos técnicos, humanos, económicos y logísticos, así como cualquier otro que sea necesario para el proceso. 



Bajo la autoridad del Viceministerio, y conforme las pautas de esta Directriz, se crea la Comisión Interinstitucional para la Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, a la cual se llamará en adelante, a efectos de la presente Directriz la "Comisión", que estará conformada por dos miembros del Viceministerio y por tres funcionarios o funcionarias de instituciones públicas que serán seleccionados por el Viceministerio a partir de la experiencia que posean en materia de consulta a pueblos indígenas. De ser necesario, el Viceministerio convocará a otros funcionarios a incorporarse de manera temporal o permanente en dicha Comisión. 



La Comisión estará a cargo de liderar el proceso de diálogo con los pueblos indígenas y promover la construcción del mecanismo de consulta a pueblos indígenas. s




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Artículo 5º-Convocatoria a pueblos indígenas. La construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas se realizará mediante un proceso conjunto entre la Comisión y los pueblos de los veinticuatro territorios indígenas. Para dicho proceso, la Comisión realizará una convocatoria pública y de amplio alcance dentro de los territorios indígenas, valiéndose de diversas formas y medios de comunicación y tomando en cuenta la diversidad lingüística en cada pueblo y factores geográficos. La convocatoria será dirigida a personas indígenas y organizaciones de los pueblos indígenas, que podrán comprender, entre otras, las veinticuatro Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena, colectivos u organizaciones culturales, productivas, de mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes y gobiernos estudiantiles. La convocatoria será hecha con un plazo prudencial que garantice su amplia difusión.




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Artículo 6º-Garantía de cumplimiento del marco normativo vigente. En el proceso de la construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, se garantizará el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas, la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la Ley y, en general, el marco normativo vigente.




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Artículo 7º-Principios rectores. El proceso de construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas es un proceso de diálogo intercultural, que deberá ser realizado de buena fe entre las partes, fundado en los principios de confianza, respeto mutuo y transparencia, a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, mediante procedimientos culturalmente adecuados y accesibles, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones y que se garantice la plena expresión de opiniones de las personas indígenas. 



La Comisión determinará, de forma conjunta con los pueblos indígenas, las definiciones y el contenido de los principios rectores. Asimismo, se podrán incluir aquellos principios rectores que se consideren pertinentes y que no estén ya contemplados en la presente Directriz.




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Artículo 8º-Proceso informado. La Comisión garantizará a los pueblos indígenas el suministro de información detallada y completa, a través de canales de comunicación constante, permanente y estable, sobre sus Derechos Humanos y sobre las obligaciones del Estado. Como parte del proceso, se brindará una explicación exhaustiva de los alcances de la presente Directriz y del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas que se elaborará. 



Con la finalidad de que los criterios y decisiones de los pueblos indígenas sean instruidas, se suministrará información sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las obligaciones del Estado contenidos en los instrumentos internacionales y la normativa interna que regule el tema de la consulta a pueblos indígenas. 



Como parte del proceso informado, se contará con el sitio web: www.consultaindigena.go.cr que permitirá acceder a información actualizada y monitorear los avances del proceso.




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Artículo 9º-Observadores del proceso. La Comisión acordará, de forma conjunta con los pueblos indígenas, la invitación de observadores al proceso. Los mismos se podrán incorporar en todas las etapas y podrán emitir recomendaciones cuando lo estimen oportuno.




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Artículo 10.-Metodología. La Comisión acordará, de forma conjunta con los pueblos indígenas, la metodología que será utilizada en el proceso de construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas. Asimismo, se incluirán acciones afirmativas con miras a garantizar la participación efectiva de las mujeres, las personas jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores.




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Artículo 11.-Registro de participantes. Las personas indígenas y las organizaciones de los pueblos indígenas podrán registrarse ante la Comisión. En el caso de las organizaciones de los pueblos indígenas deberán indicar la siguiente información: 



a. Nombre de la organización indígena; 



b. Territorio indígena al que pertenece; 



c. Naturaleza o finalidad de la organización indígena; 



d. Personas a las que representa; 



En el caso de las personas que participen a título personal, deberán indicar el nombre y el territorio indígena al que pertenecen. 



La Comisión dispondrá de un primer espacio durante los primeros encuentros territoriales para el inicio del registro de participantes. Dicho registro se mantendrá abierto durante el proceso de construcción del mecanismo de consulta a pueblos indígenas, permitiendo la incorporación al proceso de construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas. 



La Comisión dispondrá además de diversos canales de comunicación como un sitio web, una línea telefónica, un correo electrónico y una dirección postal, para el registro de las personas indígenas y las organizaciones de los pueblos indígenas.




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CAPÍTULO III 



Encuentros territoriales 



Artículo 12.-Convocatoria a encuentros territoriales. La Comisión Interinstitucional hará una convocatoria a un primer encuentro territorial en cada uno de los veinticuatro territorios indígenas, a saber: Abrojo de Montezuma, Altos de San Antonio, Alto Laguna, Bajo Chirripó, Boruca, Bribrí de Talamanca, Cabagra, Cabecar de Talamanca, Cabecar de Chirripó, China Kichá, Conte Burica, Coto Brus, Guatuso, Kekoldi, Matambú, Nairi-Awari, Quitirrisí, Rey Curré, Salitre, Tayní, Telire, Térraba, Ujarrás y Zapatón. En los casos donde sea necesario más de un encuentro territorial, en razón de la demografía o geografía, la Comisión considerará dicha posibilidad.




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Artículo 13.-Objetivos de los primeros encuentros territoriales. Los objetivos de los encuentros territoriales son: 



a. Dar inicio al proceso de construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas; 



b. Presentar la presente Directriz, su objetivo y alcances;



c. Presentar a los actores del proceso, a saber, las institucionales públicas participantes y los pueblos indígenas; 



d. Acordar con los pueblos indígenas la metodología que será utilizada; 



e. Acordar con los pueblos indígenas la invitación de los observadores al proceso; 



f. Acordar con los pueblos indígenas los asesores técnicos que les brindarán acompañamiento durante el proceso; 



g. Identificar los intérpretes oficiales del proceso; 



h. Acordar con los pueblos indígenas la definición y el contenido de los principios rectores del proceso; 



i. Fijar el cronograma de realización de los siguientes encuentros territoriales. 



La Comisión procurará, al final de los encuentros territoriales, generar acuerdos en torno a los elementos planteados previamente.




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Artículo 14.-Etapas posteriores del proceso. La Comisión Interinstitucional acordará, de forma conjunta con los pueblos indígenas, las etapas y cronogramas que se consideren necesarios para la construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas.




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Artículo 15.-Recursos para la realización del proceso. El Gobierno de la República garantizará la disponibilidad de recursos humanos, económicos e institucionales para la realización del proceso de Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas; en caso de ser necesario, solicitará asistencia a las instituciones públicas del sector descentralizado




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Artículo 16.-Vigencia. Rige a partir de su publicación. 



Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciséis.




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Fecha de generación: 19/08/2017 01:23:58 a.m.
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