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 Normativa >> Directriz 057 >> Fecha 18/10/2016 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 057
Atención de personas en tránsito y condición irregular, personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que se encuentren en territorio nacional
Texto Completo acta: 111BBC

N° 057



MP-MTSS-MIDEPLAN-S-MSP-RREE-MDHIS-MCM



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,



LAS MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA Y



CONDICIÓN DE LA MUJER Y



LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA,



DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,



DE SALUD, DE SEGURIDAD PÚBLICA, GOBERNACIÓN Y POLICÍA,



DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y



DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL



De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 140 incisos 6), 8), 12), 16) y 20) de la Constitución Política y las atribuciones que les confieren los artículos 25.1, 27.1, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 30 de mayo de 1978; y,



CONSIDERANDO



I.- Que al territorio nacional han ingresado flujos migratorios mixtos, con características complejas, que incluyen personas en tránsito y en condición irregular, provenientes de países del continente americano y de origen extra continental.



II.- Que estos flujos migratorios se enmarcan en la realidad global de movimientos humanos masivos, desplazamientos y migraciones de importantes proporciones que derivan de situaciones económicas, sociopolíticas y culturales diversas presentes en diferentes países alrededor del mundo, siendo Costa Rica un país de tránsito en esta ruta.



III.- Que esta situación ha demandado que el Estado de Costa Rica ejecute acciones inmediatas y extraordinarias, con el fin de resguardar la seguridad nacional y garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con el Derecho Internacional, así como evitar una crisis humanitaria de grandes dimensiones.



IV.- Que frente a la realidad descrita y estadísticas migratorias, el Gobierno de la República cuenta con evidencia de que estos flujos continuarán de manera constante e ininterrumpida, por lo que el Estado debe preparar y dirigir su actuar para atender esta situación de manera ordinaria y no limitarse a un escenario de atención extraordinaria.



V.- Que existe la necesidad de garantizar la atención y protección de este grupo poblacional, el cual por sus propias características requiere acciones diferenciadas y concretas, procurando el uso eficiente y efectivo de recursos públicos.



VI.- Que existe la posibilidad de que dentro de este grupo poblacional se encuentren personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas que requieran también de un abordaje diferenciado e integral.



VII.- Que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de dirigir, coordinar y vigilar el buen funcionamiento de la Administración Pública tanto central como descentralizada, siendo fundamental la implementación de los principios de coordinación interinstitucional, eficacia y eficiencia para atender situaciones como la descrita.



VIII.- Que en razón de ejecutar el mandato descrito en el Considerando anterior, el Poder Ejecutivo conformó los sectores, cada uno dirigido por un ministro rector, según lo establecido en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo n.° 38536-MP-PLAN del 20 de agosto de 2014.



IX.- Que para la atención del caso en específico, es necesario incluir a varios órganos y entes pertenecientes a los sectores de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Salud, Seguridad Ciudadana y Política Internacional, dirigidos por los ministros de Trabajo y Seguridad Social (en coordinación con el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social), Salud, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y Culto, respectivamente.



X.- Que el Poder Ejecutivo considera de máximo interés público determinar,  mediante la presente Directriz, las competencias de los diferentes órganos y entes que participan en la atención del fenómeno migratorio descrito anteriormente.



XI.- Que conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley General de Salud, Ley n.° 5395 del 30 de octubre de 1973, se deriva la obligación del Estado de garantizar la atención integral en salud de las personas que se encuentren en el territorio nacional, bajo el principio de coordinación interinstitucional, debiendo cada actor estatal atender la situación dentro del ámbito propio de sus competencias. Siendo así, a la Caja Costarricense de Seguro Social le corresponde, según lo establecido en los artículos 73 de la Constitución Política y 1º de su Ley Constitutiva, Ley n.° 17 del 22 de octubre de 1943, el régimen del seguro de salud, que incluya acciones en procura de satisfacer las necesidades de salud de la población, bajo el correspondiente pago por parte del Estado.



XII.- Que conforme en lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas,Ley n.° 9095 del 26 de octubre de 2012, el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantesse deberá destinar, única y exclusivamente, para el financiamiento de los gastos administrativos y operativos para la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas; atención integral, protección y reintegración social de las víctimas de trata de personas acreditadas, nacionales y extranjeras, así como el combate integral del delito de tráfico ilícito de migrantes.



Por tanto, emiten la siguiente,



DIRECTRIZ



"SOBRE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN TRÁNSITO Y EN CONDICIÓN



IRREGULAR, PERSONAS OBJETO DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y



VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, PERTENECIENTES A LOS FLUJOS



MIGRATORIOS MIXTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERRITORIO



NACIONAL"



Artículo 1°.- Objeto. Esta Directriz tiene como objetivo establecer lineamientos para la debida coordinación y colaboración interinstitucional que permita atender, de manera integral, a las personas en tránsito y en condición irregular, personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que se encuentran en el territorio nacional.




Ficha articulo



Artículo 2°.- Orden e instrucción.Se ordena a los órganos del sector central y se instruye el accionar de los entes del sector descentralizado, según corresponda, para que bajo el principio de coordinación interinstitucional y los principios del servicio público, establecidos en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública, atiendan a las personas en tránsito y en condición irregular, personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que se encuentran en el territorio nacional. Lo anterior, según lo establecido en el artículo 4° de esta Directriz.




Ficha articulo



Artículo 3°.- Obligación de las personas funcionarias. Es obligación de todas las personas funcionarias respetar de manera integral los derechos humanos de esta población, derivados del marco normativo nacional e internacional sobre la materia.




Ficha articulo



Artículo 4°.-Distribución de competencias. La atencióna las personas en tránsito y en condición irregular, personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que se encuentran en el territorio nacional,se realizará en tres niveles, cada uno conformado por las instituciones y competencias que se mencionan a continuación:



a) Resguardo y seguridad transfronteriza.



                    1. Ministerio de Seguridad Pública.



i. Resguardar, por medio de efectivos policiales, los diferentes puntos de la frontera nacional, para asegurar que el ingreso se realice por los puntos fronterizos destinados al efecto.



ii. Informar a las distintas autoridades sobre la llegada y salida de estos flujos migratorios.



iii. Coordinar con la Policía Profesional de Migración las medidas correspondientes al control de ingreso y egreso de esta población.



b) Atención de las personas migrantes.



1. Caja Costarricense de Seguro Social.



i. Brindar atención básica en salud por enfermedades, así como de urgencias y emergencias. La población será atendida en los servicios de la CCSS según el marco jurídico vigente para el acceso a los servicios de salud, incluida mujeres embarazadas y menores de edad. El costo de esta atención estará a cargo del Estado.



       2. Comisión Nacional de Emergencias.



i. Brindar asesoría técnica a las instituciones encargadas de habilitar y operar los centros de atención o albergues para esta población, junto a asesoría en la formulación de planes de inversión para el cumplimiento de las competencias en la materia.



ii. Mantener los centros de atención o albergues para atender esta población que tienen en funcionamiento hasta tanto no se determine que sean asumidos por otra institución.



3. Dirección General de Migración y Extranjería.



i. Fungir como coordinador operativo y técnico en la labor interinstitucional para la atención integral de la materia.



ii. Mantener un procedimiento especializado de regularización y documentación de la población migrante en tránsito masivo.



iii. Habilitar y operar los centros de atención temporal para migrantes, albergues u áreas con servicios para esta población, para lo cual podrá coordinar acuerdos o convenios de cooperación y/o de prestación de servicios con la Benemérita Cruz Roja Costarricense y la Comisión Nacional de Emergencias, como apoyos técnico en el marco de asistencia humanitaria para la ejecución de esta labor.



iv. Desarrollar acciones puntuales para que los procesos de regularización y control migratorio se den en el marco de la atención humanitaria y la protección a la población vulnerable.



v. Recibir de las instituciones involucradas los insumos correspondientes e información precisa respecto a cada uno de los procesos de atención o asistencia que se realiza a estos flujos migratorios para ejecutar el procesamiento de los datos y llevar un adecuado control y manejo de la información respecto al ingreso, permanencia y egreso de estas personas migrantes en tránsito por territorio nacional.



vi. Ejecutar los procesos y trámites de deportación como a derecho corresponde y en atención a los principios de la política migratoria.



vii. Asegurar la vigilancia constante, así como la intervención y activación del Protocolo de Actuación para Situaciones Migratorias Especiales en los casos que así lo ameritan, así como realizar las entrevistas correspondientes y derivar los casos a las instancias respectivas.



viii. Activar al Equipo de Respuesta Inmediata en los casos que, directamente o por interpósita institución, se informe de una posible situación de trata de personas.



ix. Actuar como punto de enlace y de seguimiento para que, por medio de la formulación de proyectos, las instituciones que tienen obligación de atender a esta población puedan acceder al Fondo Social Migratorio y el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para ejecutar las acciones de su ámbito de competencia.



x. Formular y ejecutar proyectos necesarios para el cumplimiento y la atención efectiva de estos flujos migratorios mixtos en el marco de sus funciones y competencias, con recursos de los fondos mencionados en el inciso anterior y el Fondo Especial de Migración.



xi. Coordinar con la Benemérita Cruz Roja el traslado a los centros de salud y la atención pre hospitalaria.



xii. Fungir como órgano asesor en el cumplimiento de las funciones otorgadas al Ministerio de Gobernación y Policía en esta Directriz.



4. Instituto Nacional de las Mujeres.



i. Desarrollar, ejecutar y supervisar la atención a las mujeres, con especial atención a las mujeres embarazadas, la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y el hostigamiento sexual, todo lo anterior en el ámbito de su competencia.



ii. Formular campañas que informen sobre los derechos de las mujeres entre la población.



iii. En casos de sospecha de un caso de trata de personas, realizar el informe correspondiente e informar al Equipo de Respuesta Inmediata según lo establecido en su Protocolo de Actuación.



iv. En caso de sospecha de tráfico ilícito de migrantes coordinar lo respectivo con las autoridades correspondientes.



5. Ministerio de Gobernación y Policía.



i. En su calidad de coordinador del Consejo Nacional de Migración, fungir como órgano asesor y supervisor de las acciones que las diversas instituciones realicen en su propio ámbito de competencia. Lo anterior, con motivo de que se adecuen, tanto al marco normativo vigente como a las políticas sobre materia migratoria.



ii. Procurar la coordinación necesaria entre las instituciones públicas competentes, a fin de que se mantenga un mensaje claro de parte del Gobierno de la República con las personas migrantes, mediante un equipo de intérpretes en los diferentes centros de atención o albergues.



iii. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la relación con los organismos internacionales en la materia.



6. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.



i. Coadyuvar y asesorar para la formulación de una política pública integral sobre la atención a esta población.



7. Ministerio de la Presidencia y sus dependencias.



i. Fungir como coordinador político de la labor interinstitucional para la atención integral de la materia.



ii. Efectuar acercamientos con las municipalidades de los cantones impactados con el fenómeno migratorio, para buscar la coordinación y cooperación necesaria para la utilización y resguardo de los sitios municipales o comunales donde se asienten los diferentes centros de atención o albergues.



iii. Solicitar al Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones el apoyo para la correcta inscripción de los nacimientos.



iv. Efectuar cualquier otro acercamiento necesario con Poderes de la República, instituciones descentralizadas o municipalidades para cumplir con la atención a esta población.



v. Efectuar la rendición de cuentas de los avances de la atención al tema, en colaboración con el Ministerio de Comunicación.



vi. Coadyuvar en las labores que realicen todas las instituciones mencionadas en esta Directriz, de acuerdo a sus competencias.



8. Ministerio de Salud.



i. Supervisar el estado y condiciones físico sanitarias de los centros de atención o albergues, con especial atención a los espacios donde se albergan a las mujeres embarazadas, con bebés y mujeres con discapacidad, adultas mayores y con alguna enfermedad.



ii. Brindar a las instituciones encargadas de estos albergues, recomendaciones sanitarias necesarias para el funcionamiento de los centros de atención o albergues habilitados.



iii. Realizar campañas de promoción de la salud para la población migrante que incluyan, sin desmérito de otros temas, la higiene personal en los centros de atención o albergues, salud sexual y reproductiva, entre otros.



9. Ministerio de Seguridad Pública.



i. Brindar la seguridad perimetral necesaria a los centros de atención o albergues de esta población.



10. Patronato Nacional de la Infancia.



i. Desarrollar, ejecutar y supervisar la atención a los niños, niñas y adolescentes de esta población, en el ámbito de su competencia.



ii. Mantener los centros de atención o albergues para atender esta población que tienen en funcionamiento hasta tanto no se determine que sean asumidos por otra institución.



iii. Efectuar la valoración de factores de riesgo y protectores de las personas menores de edad que forman parte de esta población, valoración que sustentará la intervención institucional correspondiente.



iv. Establecer y ejecutar planes de supervisión para garantizar los derechos de las personas menores de edad que junto con sus familiasdeban ser ubicadas en centros de atención o albergues.



v. Supervisar la dinámica relacional y afectiva en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes al lado de sus familias en estos centros de atención o albergues establecidos, para garantizar un ambiente armónico y libre de violencia, y apoyar con actividades lúdicas, vestido y alimentación para los niños, niñas y adolescentes que lo requieran.



vi. Dictar medidas de protección cuando se requiera, por situaciones violatorias de derechos, detectadas por parte de los adultos que acompañan a las personas menores de edad.



vii. Asumir la protección especial de las personas menores de edad migrantes no acompañadas.



viii. En casos de sospecha de un caso de trata de personas, realizar el informe correspondiente e informar al Equipo de Respuesta Inmediata según lo establecido en su Protocolo de Actuación.



ix. En caso de sospecha de tráfico ilícito de migrantes coordinar lo respectivo con las autoridades correspondientes.



c) Abordajemigratorio regional y extra regional.



1. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



i. Promover y fortalecer convenios u otros instrumentos bilaterales o multilaterales, para establecer procedimientos de abordaje integral a estos flujos de personas, con especial atención a la cooperación transfronteriza con los países vecinos, así como las estrategias regionales e internacionales que coadyuven en la atención de las causas de estos flujos migratorios desde los países de origen de las personas.



ii. Coadyuvar en la coordinación e interacción del Estado con los organismos internacionales de interés en la atención y abordaje de estos flujos migratorios.




Ficha articulo



Artículo 5°.- Financiamiento. Todas las acciones necesarias para la atención de a las personas en tránsito y en condición irregular, personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que se encuentran en el territorio nacional, se financiarán, en primer término, por medio del Fondo Especial de Migración, el Fondo Social Migratorio y el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, de acuerdo a la normativa específica de cada uno.



A partir de lo anterior, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas deberán coordinar con las Instituciones mencionadas en la presente Directriz, para realizar todas las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, según su competencia.



Si por razones jurídicas o ante la falta de recursos no es posible financiar las acciones necesarias para atender esta población por medio de los fondos mencionados, la Dirección General de Migración y Extranjería deberá emitir un acto fundado que acredite lo anterior, para que el gasto se asuma por medio de recursos ordinarios del Estado.



Además, según la distribución de competencias mencionada en el artículo anterior, se procurará la obtención de cooperación internacional para sufragar los gastos para la atención de este tema.




Ficha articulo



Artículo 6°.- Rige. Rige a partir de su publicación.



Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.




Ficha articulo





Fecha de generación: 03/06/2020 02:49:03 a.m.
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