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 Normativa >> Ley 9422 >> Fecha 16/02/2017 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 9422
Autorización para el desarrollo de infraestructura de transporte mediante fideicomiso
Texto Completo acta: 117597

N° 9422



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA



DECRETA:



AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA



DE TRANSPORTE MEDIANTE FIDEICOMISO



ARTÍCULO 1.- Autorización para constituir fideicomisos de obra de infraestructura de transporte. Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o ambos conjuntamente, para que constituya fideicomisos de interés público con cualquiera de los bancos comerciales del Estado, a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura de transporte.



Para obtener financiamiento, los fideicomisos podrán acceder a fuentes de recursos financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios.



Los contratos de fideicomiso serán refrendados por la Contraloría General de la República, de conformidad con la normativa vigente.




Ficha articulo



ARTÍCULO 2.Concordancia con los planes nacionales de transporte y de desarrollo. La constitución de cada fideicomiso, según la presente ley, deberá contar con la autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica .



Dichos fideicomisos deberán responder a la planificación institucional y priorización de proyectos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Transportes y el Plan Nacional de Desarrollo.




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ARTÍCULO 3.- Autorización al sector público para que invierta recursos en fideicomisos de obra de infraestructura de transporte. Se autoriza a las instituciones de la Administración central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias, de la Administración Pública descentralizada y las empresas públicas del Estado, así como a las empresas públicas no estatales, a las municipalidades, a los bancos del sistema bancario nacional y a las operadoras de pensiones de capital público respecto a los fondos que administran, para que inviertan recursos en los fideicomisos referidos en esta ley, en tanto no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que justifican su creación. Podrán utilizar los mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando, en cada caso, la normativa aplicable.



Para el caso de las operadoras de pensiones de capital público, las inversiones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley N.º 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, y sus reformas.




Ficha articulo



ARTÍCULO 4.- Patrimonio de los fideicomisos. El patrimonio de los fideicomisos se constituye con el aporte de todo tipo de recursos, bienes y derechos, realizado por el fideicomitente.




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ARTÍCULO 5.- Autorización para ceder derechos de cobro del peaje. Se autoriza y faculta a las instituciones públicas, mencionadas en el artículo 1 de esta ley, para que cedan, a los fideicomisos que se constituyan, los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje o de servicios ferroviarios y los ingresos provenientes de estos, así como los provenientes de arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso derivado de la operación. Le corresponderá al fideicomiso destinar los recursos necesarios para el mantenimiento de la obra de infraestructura pública objeto del contrato.



La cesión se tendrá por finalizada, una vez finalizado el plazo del fideicomiso o cuando se tengan por canceladas todas las deudas que se hayan adquirido.




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ARTÍCULO 6.- Procedimiento para la fijación de precios de tasas de peaje y tarifas por servicios ferroviarios. La fijación de los precios de peajes o tarifas se hará con base en una estructura tarifaría y parámetros de ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio, que deberán ser consultados ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Dicha institución tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, se interpretará que la Aresep no tiene objeciones. Dicha estructura tarifaría y sus parámetros de ajuste deberán garantizar el criterio deservicio al costo, según lo que establezca la Aresep. Una vez cumplido este procedimiento, la estructura tarifaria y los parámetros de ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio deberán ser incorporados al contrato del fideicomiso correspondiente.



Durante el plazo del fideicomiso, el fideicomitente podrá solicitar a la Aresep la modificación de la estructura tarifaría, los parámetros de ajuste o los parámetros de evaluación de la calidad del servicio, para lo cual deberá cumplir con el procedimiento establecido en el párrafo anterior.



Durante el plazo de vigencia de cada contrato de fideicomiso, los precios de las tasas de peaje y tarifas por servicios ferroviarios serán fijados por el fideicomitente a solicitud del fiduciario; para ello, se deberá contar con la estructura tarifaria y los parámetros de ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo.



Para los efectos de esta ley, cuando corresponda se aplicará lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley N. º 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, relativo a la exención de pago de peajes.



Salvo lo dispuesto en este artículo, los contratos de fideicomiso, creados de conformidad con esta ley, se excluyen de la aplicación de la Ley N. º 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas.




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ARTÍCULO 7.- Origen de los fondos del fideicomiso. El origen de los fondos para el financiamiento del fideicomiso podrán ser los siguientes:



a) Préstamos que otorguen las entidades del sistema financiero nacional o entidades financieras internacionales.



b) Inversiones de las instituciones públicas que se indican en la presente ley, así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo haga del presupuesto nacional.



c) Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando, en cada caso, la normativa financiera aplicable.




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ARTÍCULO 8.- Partes de los fideicomisos. En los contratos de fideicomiso fungirán como partes:



a) Serán fideicomitentes: el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (lncofer), según corresponda.



b) Fungirá como fiduciario: un banco comercial del Estado.



c) Serán fideicomisarios: el Estado costarricense por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (lncofer), según corresponda.




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ARTÍCULO 9.- Plazo de los fideicomisos. El plazo del fideicomiso será definido en cada contrato y al concluir este retornará, a la administración exclusiva del Estado, el patrimonio y todos los bienes y derechos que se le hayan cedido.



Al finalizar el plazo de los fideicomisos se deberán haber cancelado todas las deudas que se hayan adquirido y devuelto las inversiones con sus respectivos intereses a los acreedores, todo ello antes de realizar el traspaso.



Una vez finalizado el plazo de los fideicomisos o canceladas las deudas, el Estado, por medio del fideicomitente, recibirá la obra de infraestructura de transporte en condiciones óptimas según lo estipulado en el contrato de fideicomiso, en el cual deberán definirse, entre otros aspectos, los requisitos técnicos para su recepción definitiva.




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ARTÍCULO 10.- Estructura de los fideicomisos. El fideicomiso deberá contar con una estructura organizativa, con recursos humanos y tecnológicos adecuados para gestionarlo, ejecutarlo y controlarlo eficientemente. Dicha estructura será definida en el contrato de fideicomiso.



Deberá contar, además, con una estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia integrada por profesionales con idoneidad técnica y que no tengan sentencia en firme anotada en el Registro Judicial por delitos dolosos, ni hayan sido inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. Dichos profesionales serán designados por el período y el mecanismo que se defina en el respectivo contrato del fideicomiso.



El órgano de fiscalización, supervis1on y vigilancia deberá convocar a la ciudadanía, como mínimo una vez cada seis meses, para que este, en conjunto con la representación del fiduciario y del fideicomitente, rindan cuentas sobre los avances de la obra y atiendan las consultas que se presenten.




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ARTÍCULO 11 Actividad presupuestaria y contractual de los .fideicomisos. Cada fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo remitirá a la Contraloría General de la República.



El contrato de fideicomiso y la actividad contractual desplegada por el fiduciario estarán sujetos a los principios generales que rigen la contratación administrativa.



El fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva por medio de la estructura organizativa y en resguardo del principio de doble instancia, garantizará la revisión de lo actuado mediante la interposición de recursos de revisión ante la estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia definida en el contrato de fideicomiso.



La actividad contractual orientada a la captación de recursos financieros estará sujeta a la legislación vigente en materia de oferta de valores y a la normativa que dicta la Superintendencia de Valores (Sugeval) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).




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ARTÍCULO 12.- Relocalización de servicios públicos. Cuando sea requerida la relocalización de servicios públicos, será responsabilidad de las entidades prestatarias de los servicios públicos competentes realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus competencias y zonas de acción.



Para cumplir esta disposición, el fiduciario coordinará con las entidades prestatarias, desde el inicio del prediseño de la obra. Una vez concluidos los diseños definitivos, el fiduciario los comunicará a la entidad prestataria, solicitando la realización de las obras en el plazo que acuerden.



El costo de los diseños y las obras de relocalización será asumido por cada fideicomiso, en el tanto se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior.



Cuando las obras no sean ejecutadas en tiempo, el fiduciario, con recursos del fideicomiso, podrá realizarlas a cargo de la entidad prestataria, la cual deberá reintegrarle al fideicomiso el prediseño, el diseño, así como las obras propiamente dichas, más los daños y perjuicios atribuibles al atraso, o los montos establecidos en eventuales cláusulas penales. Lo anterior, salvo caso fortuito o fuerza mayor.



Se autoriza a todas las instituciones responsables de la reubicación de servicios públicos para que realicen todas las gestiones necesarias para la modificación en los programas de trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas presupuestarias de cada institución; asimismo, para que las obras de relocalización definidas para este proyecto se realicen mediante contratación directa concursada, según las reglas del procedimiento de contratación directa de escasa cuantía.




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ARTÍCULO 13.- Expropiaciones. Cuando sea requerido, tanto los procedimientos de adquisiciones directas de bienes como de derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos deberán realizarse por el fideicomitente en la forma más expedita posible, de conformidad con la Ley N.º 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas, y se considerarán de interés público.



Los costos de las expropiaciones y demás gastos relacionados con la gestoría del proceso de expropiación que se generen podrán ser cubiertos por el fiduciario con recursos del fideicomiso correspondiente.




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ARTÍCULO 14.- Procedimiento de autorizaciones ambientales. Las actividades, las obras o el proyecto como un todo, que desarrolle cada fideicomiso, incluyendo las obras de relocalización de servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los objetivos para los cuales se aprobó la presente ley. Para este efecto, se deberá realizar una evaluación ambiental de conformidad con la Ley N. º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995, y demás normativa al respecto.



La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) establecerá por medio de resolución administrativa, en un plazo máximo de quince días hábiles, los términos de referencia ambiental, los cuales tendrán carácter de estudios específicos; asimismo, indicará el instrumento de evaluación correspondiente.



La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte del fideicomitente o de las entidades prestatarias de servicios públicos, al amparo de la normativa tutelar ambiental.



Se exceptúa, a los fideicomisos creados al amparo de esta ley, del pago de las tarifas de servicios brindados por la Setena. Asimismo, se exceptúan, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley N. º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995, tanto las actividades como las obras o los proyectos que se ejecuten por estos fideicomisos.



Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Setena contará con un plazo hasta de treinta días hábiles para emitir la resolución administrativa, donde se otorga o rechaza la viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser notificada a la Dirección General de Geología y Minas, y a las partes legitimadas en el expediente administrativo.



Los trámites realizados ante Setena, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en virtud de la aplicación de esta ley, tendrán prioridad sobre cualquier otra gestión pendiente a partir del momento de su recepción formal.




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ARTÍCULO 15.- Declaratoria de interés público. Se declara de interés y utilidad pública la presente ley, así como el objeto definido en cada fideicomiso establecido con base en esta.




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ARTÍCULO 16.- Exoneración. Las operaciones llevadas a cabo por los fideicomisos creados al amparo de esta ley estarán exentas del pago de derechos de registro y de todo tributo de carácter nacional, salvo del impuesto sobre la renta.



Las adquisiciones de obras, bienes y servicios estarán exentas del pago de todo tipo de tributos y derechos, siempre y cuando las contrataciones se realicen con estricto apego a esta ley y se utilicen e incorporen al respectivo fideicomiso.



Rige a partir de su publicación.



Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.




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Fecha de generación: 23/2/2024 09:51:45
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