Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Este reglamento se aplicará, salvo que exista alguna regulación especial, a las personas sentenciadas, indiciadas, contraventoras o sujetas a un procedimiento de extradición, entre quienes se promoverá su participación en los procesos de atención profesional de sus vulnerabilidades personales y aquellos otros que se consideren necesarios para el desarrollo de destrezas y habilidades para una vida responsable en comunidad.

En materia penal juvenil prevalece la ley especial y este reglamento se aplicará de manera supletoria.

CAPÍTULO II PRINCIPIOS

Artículo 3.- Principios rectores. En el proceso de ejecución de la pena rigen los mismos principios del proceso penal, excepto los que por su naturaleza no apliquen en esta etapa. Las normas se interpretarán favoreciendo a la persona y a su libertad.

Artículo 4.- Principio de legalidad. La actividad de la administración penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política, las normas de Derecho Internacional de los derechos humanos, la ley, los reglamentos y las resoluciones judiciales vinculantes.

A ninguna persona se hará sufrir limitación alguna de sus libertades o derechos mientras no proceda directamente de la naturaleza de la pena o de la medida impuesta por autoridad jurisdiccional competente.

De acuerdo con la ley, la administración del sistema penitenciario nacional y la ejecución de las medidas privadas de libertad individual, es exclusiva del Ministerio de Justicia y Paz a través de la Dirección General de Adaptación Social y sus distintas dependencias.

Artículo 5.- Principio de respeto a la dignidad humana. A toda persona privada de libertad se le garantizará su integridad física, psíquica, moral y el respeto a su dignidad humana, conforme a los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la normativa nacional.

Artículo 6.- Principio de normalidad. Las condiciones de vida de la persona privada de libertad deberán tener como referencia la vida en libertad. Para ello, la administración penitenciaria procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad de la persona privada de libertad o el respeto a su dignidad como ser humano.

Artículo 7.- Principio de igualdad, equidad y de no discriminación. Todas las personas privadas de libertad tendrán los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas del nivel de atención o de ejecución de la pena en la que se encuentren ubicadas. Además, para la aplicación de este reglamento, se deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.

Las normas contenidas en este reglamento serán aplicadas de forma objetiva, imparcial y sin discriminación alguna en razón de etnia, género, discapacidad, orientación sexual, idioma, creencias religiosas, nacionalidad, edad, condición social o cualquier otra circunstancia.

La administración penitenciaria velará por atender adecuadamente a los sectores más vulnerables de la población penal, asegurando el desarrollo de una política de género, el respeto al principio de interés superior de las personas menores de edad y la atención especial de la población adulta joven y adulta mayor, así como de cualquier otra situación de vulnerabilidad.

Artículo 8.- Principio de irretroactividad de las normas. La modificación de las normas en esta materia no podrá ser aplicada retroactivamente, salvo en lo que resulte más favorable para la persona privada de libertad.

Artículo 9.- Principio de inserción y atención de calidad. La administración penitenciaria buscará la inserción social de las personas privadas de libertad. Para ello, tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecerles a las personas educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte y cualquier otra que tenga el mismo fin.

Artículo 10.- Principio de potestad exclusiva de la administración penitenciaria. Sin perjuicio de la tutela jurisdiccional correspondiente, ni de la supervisión externa que realizan instituciones como la Defensoría de los Habitantes de la República o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es potestad exclusiva de la administración penitenciaria ordenar la ubicación y traslado de las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario nacional.

Artículo 11.- Principio de respeto a la diversidad cultural. Al aplicar a personas pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados los procedimientos establecidos en este reglamento, deberá tomarse en consideración sus costumbres y normas de referencia. En el caso de personas que no comprendan el idioma español, deberán tomarse las medidas necesarias para que logren entender el alcance de sus planes de atención, valoraciones, instrucciones, órdenes y procedimientos administrativos sancionatorios.

Artículo 12.- Principio de reconocimiento de méritos. La administración penitenciaria registrará en el expediente de las personas privadas de libertad su buen desempeño y el progreso que obtengan. El reconocimiento de méritos será tomando en cuenta para las valoraciones y la aplicación de beneficios penitenciarios.

Artículo 13.- Principio de idoneidad del personal penitenciario. La administración penitenciaria, bajo criterios rigurosos de idoneidad, escogerá al personal del sistema penitenciario nacional.

El personal profesional, técnico y de la Policía Penitenciaria que tenga contacto con personas privadas de libertad, particularmente aquellas que pertenezcan a los sectores más vulnerables, debe ser especializado. Para esto, la Escuela de Capacitación Penitenciaria será la encargada de brindar los cursos correspondientes.

Artículo 14.- Principio de Resolución Alternativa de Conflictos. Para solucionar las diferencias entre las personas privadas de libertad, se privilegiará el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y otras técnicas similares de Resolución Alternativa de Conflictos.

Artículo 15.- Principio de regionalización. Dentro de las posibilidades institucionales, la administración penitenciaria procurará regionalizar los distintos niveles de atención, priorizando sobre todo aquellos que requieran acciones afirmativas.

Como regla general, las mujeres serán enviadas a establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o lugar de origen, con características estructurales acordes a sus necesidades y las de sus dependientes, garantizando el contacto con el mundo exterior y su familia, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas, orientación sexual, edad, origen o raza, idioma, delito, perfil criminógeno, situación jurídica, discapacidad física o psicosocial, disponibilidad de programas conforme a sus necesidades y servicios apropiados.

Artículo 16.- Prohibición de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Queda prohibida toda acción, omisión o medida constitutiva de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a la persona privada de libertad.

En cumplimiento de este artículo, se prohíbe la aplicación automática de sanciones disciplinarias, penas corporales, encierro en celdas oscuras o sin acceso a servicios básicos, el aislamiento de la persona como sanción, sanciones colectivas, restricción total de contacto con la familia, privación de relaciones sexuales, reducción de alimentos, supresión de acceso a los procesos de atención profesional y cualquier otro procedimiento lesivo de derechos fundamentales.

Tampoco se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres embarazadas, las que estén por dar a luz, durante el parto o cesárea, ni en el período inmediatamente posterior a este.

TÍTULO II

DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 17.- Naturaleza jurídica y competencia de la Dirección General de Adaptación Social. La Dirección General de Adaptación Social depende del Ministerio de Justicia y Paz y tiene las competencias otorgadas por ley y desarrolladas en este reglamento.

Artículo 18.- Instancias de la Dirección General de Adaptación Social. Para el cumplimiento de sus fines, la Dirección General de Adaptación Social contará, en lo que interesa, con las siguientes instancias:

a) Dirección General;

b) Subdirección General;

c) Departamento Técnico, con las secciones profesionales correspondientes;

d) Instituto Nacional de Criminología;

e) Consejo de Política Penitenciaria;

f) Consejo Directivo; y

g) Niveles de atención, centros, Unidades de Atención Integral y oficinas técnicas del sistema penitenciario nacional.

Artículo 19.- Fines de la Dirección General de Adaptación Social. La Dirección General de Adaptación Social tiene a cargo los siguientes fines:

a) Administrar el sistema penitenciario nacional;

b) Ejecutar las medidas privativas de libertad dictadas por las autoridades jurisdiccionales competentes;

c) Brindar una atención profesional a las personas privadas de libertad a su cargo;

d) Formular, coordinar, desarrollar y administrar todos los planes, programas y proyectos para la prevención del delito, la investigación delas conductas criminológicas, la determinación de las causas y factores de la delincuencia en el país y la recomendación de las medidas para el control de dichas causas;

e) Desarrollar planes, programas y proyectos conducentes a perfeccionarlos medios, procedimientos y técnicas que se emplean para la atención de las personas privadas de libertad, con el propósito de disminuir la reincidencia delictiva;

f) Asesorar a las autoridades jurisdiccionales de conformidad con la ley;

g) Emitir un criterio criminológico en los trámites de gracias y beneficios;

h) Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes deconstrucciones penitenciarias;

i) Proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a la presente estructura legal; y

j) Resolver y ejecutar los demás que le correspondan por ley.

CAPÍTULO II

DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR GENERAL

Artículo 20.- Director General. El Director General es la máxima instancia de la Dirección General de Adaptación Social y será la ejecutiva de la política ministerial en el campo penitenciario. Además de las funciones encomendadas a la Dirección General de Adaptación Social, también le corresponde:

a) Integrar, presidir y coordinar el Consejo Directivo;

b) Integrar el Consejo de Política Penitenciaria; y

c) Cualquier otra establecida por ley y en este reglamento.

Artículo 21.- Subdirector General. El Subdirector General sustituirá al Director General y ejercerá todas aquellas funciones que este y el presente reglamento le deleguen.

Deberá tener los mismos requisitos exigidos para el Director General. Estos requisitos son: poseer título universitario y tener al menos cinco años de experiencia administrativa en sistemas penitenciarios. Al menos uno de ellos deberá ser un profesional en Derecho, con formación en Derechos Humanos y estar debidamente incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

CAPÍTULO III

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Artículo 22.- Departamento Técnico. Es la instancia de dirección y coordinación de la acción técnico institucional. Está conformado por la jefatura y sub-jefatura del Departamento Técnico, así como por las secciones profesionales desarrolladas en este reglamento, necesarias para la atención de las personas privadas de libertad.

Artículo 23.- Jefatura del Departamento Técnico. De la jefatura del Departamento Técnico dependerán todas las secciones profesionales en el campo criminológico, así como en lo técnico los directores de los centros, unidades y oficinas del sistema penitenciario nacional.

Sus funciones son:

a) Ejercer la dirección del accionar técnico institucional;

b) Coordinar los espacios necesarios para la integración de las secciones profesionales y los niveles de atención;

c) Integrar el Consejo Directivo y presidirlo en ausencia del Director General;

d) Integrar el Consejo de Política Penitenciaria;

e) Asumir las tareas que le encargue el Director General; y

f) Cualquier otra asignada en este reglamento.

Artículo 24.- Sub-jefatura del Departamento Técnico. La sub-jefatura del Departamento Técnico es responsable de:

a) Coadyuvar en la supervisión de las secciones profesionales;

b) Sustituir, en su ausencia, a la jefatura del Departamento Técnico;

c) Asumir las tareas que le encargue la jefatura del Departamento Técnico; y

d) Cualquier otra asignada en este reglamento.

Artículo 25.- Secciones profesionales. Son las secciones establecidas para brindar los servicios en los diferentes procesos orientados al cumplimiento de los fines legalmente asignados a la Dirección General de Adaptación Social y al Instituto Nacional de Criminología, en relación con la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad.

Las integran las personas profesionales y técnicas en Derecho, Educación, Orientación, Psicología, Salud y Trabajo Social, y cualquier otra que en el futuro sea necesario crear, previa recomendación del Instituto Nacional de Criminología y del Director General.

Artículo 26.- Jefatura Nacional de Sección. Las secciones profesionales tendrán jefaturas a nivel nacional dependientes de la jefatura del Departamento Técnico, y deberán estar conformadas por profesionales universitarios especializados en sus respectivas áreas de trabajo.

Dentro de sus funciones se encuentran:

a) Integrar el Instituto Nacional de Criminología;

b) Emitir lineamientos técnicos para la adecuada prestación de los servicios de las secciones profesionales bajo su cargo y supervisar su cumplimiento;

c) Comunicar e instruir al personal bajo su disciplina sobre las directrices emanadas por las instancias superiores cuando resulten de su competencia;

d)Supervisar y dar seguimiento al trabajo asignado a sus disciplinas, velando porque reúna las características de calidad y oportunidad requeridas;

e) Participar en los espacios de trabajo, capacitación y formación;

f) Coordinar acciones internas e interinstitucionales que resulten necesarias para facilitar el trabajo de las secciones profesionales;

g)Programar reuniones con los integrantes de sus respectivas secciones; y

h)Rendir informes periódicos a las autoridades penitenciarias, a los órganos de la administración de justicia y a otras instancias que así lo soliciten.

CAPÍTULO IV

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA

Artículo 27.- Instituto Nacional de Criminología. Es el órgano técnico-asesor de la Dirección General de Adaptación Social. Su integración es profesional, con orientación criminológica y está conformado por:

a) Jefatura del Departamento Técnico, que ocupará la Dirección del Instituto Nacional de Criminología, encargándose de presidirlo y velar por la ejecución de los acuerdos de este órgano y de la política técnica del mismo;

b) Sub-jefatura del Departamento Técnico, que además ocupará la Subdirección del Instituto Nacional de Criminología;

c) Director de la Policía Penitenciaria;

d) Jefaturas nacionales de las secciones profesionales; y

e) Jefatura del Departamento de Investigación y Estadística.

En ausencia temporal del Director, lo sustituirá el Subdirector y, en ausencia de ambos, el Instituto Nacional de Criminología designará a uno de sus miembros. Los demás integrantes también podrán ser sustituidos temporalmente por otras personas, siempre que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo respectivo.

El Instituto Nacional de Criminología sesionará en forma ordinaria dos veces por semana y en forma extraordinaria cuando así lo convoque el Director o lo soliciten al menos tres de sus miembros.

Artículo 28.- Funciones del Instituto Nacional de Criminología. El Instituto Nacional de Criminología tendrá las siguientes funciones:

a) Realizar la investigación criminológica;

b) Estudiar y valorar a las personas privadas de libertad;

c) Asesorar a las autoridades jurisdiccionales en la forma que lo dispongan las leyes, al Director General en lo pertinente y a las instituciones que oficialmente lo soliciten;

d)Resolver, rendir los informes y aplicar los procedimientos derivados y establecidos en la ley;

e)Establecer los lineamientos, procedimientos e instrumentos, tanto para el desarrollo del plan de atención como para las valoraciones e informes, y el movimiento de la población penal entre los ámbitos, centros, unidades y niveles de atención, de conformidad con este reglamento;

f)Conocer y resolver en última instancia las reubicaciones de las personas privadas de libertad cuando impliquen cambios entre los distintos niveles de atención;

g)Definir políticas generales a las secciones profesionales;

h)Conocer y aprobar los proyectos técnicos presentados por los niveles y secciones profesionales;

i)Supervisar el proceso de ejecución de la política institucional vigente; y

j)Cualquier otra que le sea atribuida por la ley o por reglamento.

CAPÍTULO V

CONSEJO DE POLÍTICA PENITENCIARIA

Artículo 29.- Competencia del Consejo de Política Penitenciaria. El Consejo de Política Penitenciaria es el ente encargado de la implementación, análisis y actualización de la política pública penitenciaria de Costa Rica. Conocerá los informes de evaluación de la política penitenciaria realizados por la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional y formulará modificaciones parciales y/o totales a la política pública.

Artículo 30.- Integración del Consejo de Política Penitenciaria. Este órgano está integrado por:

a) Ministro de Justicia y Paz, quien lo preside;

b) Director General;

c) Director de la Policía Penitenciaria; y

d) Jefatura del Departamento Técnico.

El Consejo de Política Penitenciaria sesionará ordinariamente de manera trimestral y extraordinariamente cuando así lo convoque el ministro.

CAPÍTULO VI

CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 31.- Consejo Directivo. El Consejo Directivo es un órgano colegiado asesor de la Dirección General de Adaptación Social, cuya competencia es:

a) Recomendar políticas generales a nivel institucional;

b) Proponer la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento de la institución;

c) Analizar y evaluar el proceso de ejecución de la política institucional vigente; y

d) Establecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes secciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Artículo 32.- Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo está integrado por:

a) Director General, quien lo preside;

b) Director de la Policía Penitenciaria;

c) Director del Instituto Nacional de Criminología; y

d) Coordinaciones de los niveles de atención.

El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando así lo convoque el Director General.

CAPÍTULO VII

NIVELES

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 33.- Niveles de atención. Los niveles de atención del sistema penitenciario nacional agrupan diversos centros penitenciarios, oficinas especializadas y Unidades de Atención Integral, de acuerdo con criterios diferenciados para el desarrollo de la custodia y atención de la población asignada.

En razón de las particularidades de las poblaciones que se atienden en el sistema penitenciario nacional, la Dirección General de Adaptación Social contará con los siguientes niveles de atención:

a) Nivel de Atención Institucional;

b) Nivel de Atención a la Población Penal Juvenil;

c) Nivel de Atención a la Mujer;

d) Nivel de Atención a la Población Adulta Mayor;

e) Nivel de Unidades de Atención Integral;

f) Nivel de Atención Seminstitucional; y

g) Nivel de Atención en Comunidad.

Artículo 34.- Coordinación de nivel. Cada nivel contará con una coordinación, la cual tendrá las siguientes funciones:

a)Distribuir el flujo de población penal de conformidad con las necesidades de contención física, según las características de la población y la capacidad de cada centro o unidad, a efecto de mantener un equilibrio en los diversos establecimientos del nivel;

b)Velar por la ejecución de los lineamientos profesionales y administrativos dictados por las instancias correspondientes;

c)Participar en los espacios de trabajo, capacitación y formación que le asigne la Dirección General de Adaptación Social;

d)Plantear a las instancias correspondientes las necesidades materiales y de recursos humanos en los centros o unidades a su cargo;

e)Rendir informes periódicos a las autoridades penitenciarias, a los tribunales de justicia y a otras instancias que así lo soliciten;

f)Coordinar acciones internas e interinstitucionales que resulten necesarias para el alcance de los objetivos de cada nivel;

g)Integrar el Consejo Directivo;

h)Presentar al Director General un plan anual operativo de trabajo del nivel; y

i)Cualquier otra que se establezca en este reglamento o determine el Director General.

Además, de todas las anteriores, la coordinación del Nivel de Unidades de Atención Integral deberá revisar los casos de los candidatos que le remitan los Consejos Interdisciplinarios de los centros, y deberá remitirlos a la dirección de la Unidad de Atención Integral que estime reúne las mejores condiciones para su intervención.

Artículo 35.- Objetivos generales de nivel. Todos los niveles de atención tendrán los siguientes objetivos generales:

a) Establecer líneas de acción atinentes al nivel de atención;

b) Proponer a las instancias de dirección cambios, ajustes y soluciones que surjan de la dinámica de las dependencias que conforman el nivel;

c)Brindar asesoría referente a competencias del nivel de atención respectivo, cuando así lo requieran las instancias del Ministerio de Justicia y Paz o los organismos internacionales;

d)Participar en los espacios de análisis y toma de decisión, convocados por el Departamento Técnico o el Director General;

e)Supervisar la adecuada implementación de las acciones y estrategias dirigidas a la atención de la población adscrita al nivel;

f)Supervisar la adecuada utilización de los recursos asignados al nivel;

g)Supervisar la correcta aplicación de las políticas, normas, procedimientos y estándares de trabajo definidos por las autoridades correspondientes;

h)Coordinar con el Instituto Nacional de Criminología, la Dirección de la Policía Penitenciaria y las distintas instancias de la Dirección General de Adaptación Social para el adecuado funcionamiento de los establecimientos que conforman el nivel;

i)Coordinar con otros niveles de atención;

j)Coordinar con otros ministerios, instituciones autónomas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para el desarrollo de planes, programas o proyectos relativos a diversos sectores: salud, trabajo, capacitación, educación, recreación, medio ambiente;

k)Participar en la definición de los requerimientos en infraestructura de los establecimientos que conforman el nivel;

l)Generar acciones y estrategias para la implementación de la política penitenciaria definida por las instancias competentes que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas de las personas privadas de libertad mediante la atención profesional, con el fin de facilitar su inclusión al medio social, familiar, laboral y académico, con la participación de redes de apoyo;

m)Registrar los datos referidos a la población penal que ingresa y egresa del nivel, con el propósito de tener una base de información actualizada y útil para las proyecciones institucionales; y

n)Cualquier otro que se establezca en este reglamento.

SECCIÓN II

NIVEL DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 36.- Nivel de Atención Institucional. El Nivel de Atención Institucional atiende y custodia a la población adulta a la orden de autoridad jurisdiccional con medida cautelar de prisión preventiva, personas sujetas a procesos de extradición y población sentenciada. Su principal característica es la contención física y la atención profesional de las personas ahí ubicadas.

Este nivel institucional es responsable de la recepción directa de las personas sujetas al cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad dictadas por las autoridades jurisdiccionales.

SECCIÓN III

NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL

Artículo 37.- Nivel de Atención a la Población Penal Juvenil. El Nivel de Atención a la Población Penal Juvenil atiende, custodia y controla el plan de ejecución penal de las personas sometidas a la justicia penal juvenil. También, le corresponde asegurar el cumplimiento de la detención provisional y las sanciones penales juveniles, garantizando la integridad física, moral y emocional de su población, promoviendo su desarrollo personal y sentido de la responsabilidad para facilitar su inserción en el ámbito comunitario, mediante la participación interinstitucional y de órganos de apoyo.

SECCIÓN IV

NIVEL DE ATENCIÓN A LA MUJER

Artículo 38.- Nivel de Atención a la Mujer. El Nivel de Atención a la Mujer es el encargado de coordinar los procesos de atención de orden técnico, profesional y administrativo de la población penal femenina. Los procesos de atención particularizada para las mujeres sujetas a sanción penal serán creados y propuestos por el nivel, para la aprobación del Instituto Nacional de Criminología, y deberán ser puestos en vigencia mediante circulares y otras disposiciones normativas.

También, le corresponde, en todo el sistema penitenciario nacional, prevenir la discriminación estructural, promover los derechos y atender las necesidades específicas de la población penal femenina, para su inserción social de conformidad con las Reglas de Bangkok y demás instrumentos internacionales.

Artículo 39.- Objetivos particulares del Nivel de Atención a la Mujer. Los objetivos particulares de este nivel son:

a) Impulsar y coordinar el establecimiento de programas y servicios que aseguren la aplicación de la visión de género dentro de las acciones institucionales para la población penitenciaria femenina, que facilite la equiparación de derechos entre privados y privadas de libertad;

b)Asesorar para que la planificación de la Dirección General de Adaptación Social, anual y estratégica, incorpore la visión de género en planes, programas y proyectos;

c)Coordinar con la sociedad civil y voluntariado, para la discusión y formulación de propuestas, con el fin de mejorar la situación y condición de las mujeres privadas de libertad;

d)Impulsar procesos de sensibilización y capacitación dirigidas al personal que atiende a esta población penal sobre la aplicación teórica y metodológica de la visión de género; y

e)Promover la implementación del enfoque de género en el registro, estadísticas e indicadores que integran los sistemas de información en la Dirección General de Adaptación Social.

SECCIÓN V

NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Artículo 40.- Nivel de Atención a la Población Adulta Mayor. El Nivel de Atención a la Población Adulta Mayor atiende, custodia y controla el plan de ejecución penal de las personas mayores de sesenta y cinco años de edad. En coordinación con las instituciones públicas rectoras en la materia, debe desarrollar procesos y procedimientos que atiendan a las particularidades de esta población.

SECCIÓN VI

NIVEL DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL

Artículo 41.- Nivel de Unidades de Atención Integral. El Nivel de Unidades de Atención Integral atiende, custodia y controla el plan de ejecución penal de las personas privadas de libertad, a las cuales se les llamará residentes, que cumplan con el perfil previamente definido por el Instituto Nacional de Criminología y que voluntariamente decidan participar de manera activa en este nivel. Su objetivo primordial será contribuir a la disminución del delito violento en el país.

Para garantizar plenamente los derechos humanos, en las Unidades de Atención Integral no se podrá sobrepasar la capacidad receptiva de residentes.

Artículo 42.- Finalidad. El principal fin de este nivel es disminuir el riesgo de reincidencia delictiva, ejecutando un modelo penitenciario que permita la inserción social, mediante una intervención profesional, integral, inclusiva y andragógica a la que la persona residente se somete de manera voluntaria.

También tendrá los siguientes fines:

a)Seleccionar, a partir de criterios establecidos por el Instituto Nacional de Criminología, personas privadas de libertad para que se ubiquen en el Nivel de Unidades de Atención Integral;

b)Implementar en las personas residentes un modelo de formación integral garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social;

c)Generar una oferta educativa, formativa, productiva y laboral que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas de las personas residentes de las Unidades de Atención Integral para su vida en libertad;

d) Implementar una buena práctica penitenciaria para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de las personas residentes de las Unidades de Atención Integral;

e) Favorecer un trato digno a las personas residentes, bajo el principio de normalidad; y

f) Cualquier otro que favorezca la inclusión y la eliminación de formas estructurales de desigualdad social.

Artículo 43.- Estructura funcional. Funcionalmente, cada Unidad de Atención Integral estará estructurada de la siguiente manera:

a) Área de Administración;

b) Área de Atención Profesional;

c) Área de Educación;

d) Área de Formación para el Trabajo; y

e) Área de la Policía Penitenciaria.

Artículo 44.- Área de Administración. Es la responsable de los servicios y logística necesaria para el funcionamiento de la unidad.

Artículo 45.- Área de Atención Profesional. Es la responsable de desarrollar la oferta de servicios profesionales necesarios para el cumplimiento del Plan de Intervención Profesional definido para cada uno de los residentes en cada unidad.

Artículo 46.- Área de Educación. Es la responsable de coordinar o ejecutar los procesos educativos establecidos en cada unidad, de manera que se logre el máximo provecho de la infraestructura disponible y la implementación de las actividades necesarias para el cumplimiento del Plan de Intervención Profesional.

Artículo 47.-. Área de Formación para el Trabajo. Es la responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar los procesos formativos y productivos que se ejecutan en la unidad, así como de coordinar lo correspondiente para la

correcta ejecución de los procesos productivos acordados con empresas privadas.

Artículo 48.- Área de la Policía Penitenciaria. Es la responsable de la vigilancia, custodia y seguridad de los residentes, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles de la unidad, a partir de un modelo policial de seguridad dinámica e integral. Tiene una jefatura policial que tendrá una relación de coordinación directa y estrecha con la dirección de la unidad.

SECCIÓN VII

NIVEL DE ATENCIÓN SEMINSTITUCIONAL

Artículo 49.- Nivel de Atención Seminstitucional. El Nivel de Atención Seminstitucional atiende y controla el plan de ejecución penal de las personas privadas de libertad sentenciadas, con una modalidad de ejecución de la pena en condiciones de menor contención física y con el soporte de redes externas de apoyo. Para la población penal sin recurso externo idóneo o suficiente, se desarrollarán proyectos alternativos que faciliten su paulatina desinstitucionalización.

Este nivel se caracteriza por el establecimiento de una red de interacción con instituciones públicas, privadas, organizaciones comunales y grupos de autoayuda, con la finalidad de movilizar recursos de apoyo para favorecer los procesos de atención y seguimiento de la población beneficiada.

Artículo 50.- Objetivo principal. El principal objetivo de este nivel es desarrollar acciones de atención profesional, seguimiento y control personal, comunitario y laboral, sobre la población beneficiada, con la participación activa de las redes de apoyo. Se caracteriza por la interacción directa de la persona privada de libertad con el medio familiar, laboral y comunitario, favoreciendo su permanencia en el medio social, y para ello coordinará con otros niveles de atención para la reubicación de esta población.

SECCIÓN VIII

NIVEL DE ATENCIÓN EN COMUNIDAD

Artículo 51.- Nivel de Atención en Comunidad. El Nivel de Atención en Comunidad, además de las funciones que le otorga el Código Procesal Penal para las penas y medidas alternativas, es responsable de controlar, monitorear y dar seguimiento a las condiciones de cumplimiento de las personas sujetas a medidas de seguridad de consulta externa, libertad condicional, incidente de enfermedad, suspensión condicional de la pena con condiciones específicas, sanciones no privativas de libertad y otros beneficios. Previa valoración, el Instituto Nacional de Criminología está facultado para ubicar población en este nivel.

Este nivel se caracteriza por la atención de la población en su entorno social externo. Su personal debe facilitar la atención de la población en coordinación con entes comunitarios y desplegará acciones tendentes a la sensibilización, movilización y organización de la comunidad.

En el caso de personas extranjeras privadas de libertad, la oficina correspondiente del nivel deberá informar el cambio de modalidad a la Dirección General de Migración y Extranjería, consulados y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los tres días siguientes. También, gestionará ante la Dirección General de Migración y Extranjería el documento de identidad que le permita el acceso a servicios públicos y privados de conformidad con los derechos que le son inherentes a la persona extranjera privada de libertad.

CAPÍTULO VIII

CENTROS Y UNIDADES

Artículo 52.- Organización interna de los centros y Unidades de Atención Integral. Los centros y las Unidades de Atención Integral deberán contar con una dirección, una administración, representantes de cada disciplina profesional que integran el centro o unidad, y apoyo secretarial. Para los centros o unidades que presentan mayor complejidad, se contará con una subdirección, previa coordinación con la Dirección General de Adaptación Social. Además, contarán con una jefatura policial de conformidad con la normativa que regula la Policía Penitenciaria.

Los centros podrán organizarse por ámbitos de convivencia, dependiendo de la capacidad convivencial y el grado de contención que se brinde en el espacio físico que se trate. Los ámbitos estarán constituidos por módulos y estos a su vez por dormitorios. Cuando sea necesario, el ámbito estará bajo la responsabilidad de una dirección. Las unidades serán organizadas por residencias, manteniendo la capacidad original para la cual fueron diseñadas.

Preferiblemente, en los establecimientos penitenciarios para mujeres, el personal de dirección, profesional, técnico y de la Policía Penitenciaria será femenino.

Artículo 53.- Dirección de centro o unidad. La dirección es la responsable del proyecto institucional en el establecimiento de su competencia. Para tal efecto, deberá:

a)Procurar la necesaria integración de los sectores técnicos, profesionales, administrativos y de la Policía Penitenciaria;

b)Dirigir, controlar y coordinar la ejecución del proceso institucional en el centro o unidad, de conformidad con las políticas establecidas;

c)Analizar, comunicar e instruir al personal a su cargo sobre las directrices emanadas por las instancias superiores;

d)Definir y ejecutar las medidas cautelares necesarias para la buena marcha del centro o unidad, con apego a los procedimientos y directrices establecidas por los órganos superiores competentes y normativa vigente;

e)Integrar y presidir los órganos colegiados que funcionan en el centro o unidad;

f)Comunicar los acuerdos del Consejo Interdisciplinario en el caso de los centros y del Consejo de Intervención Profesional para las unidades, para su respectiva ejecución;

g)Dar seguimiento al trabajo asignado a sus subalternos, velando porque se reúna las características de calidad y oportunidad requeridas. Para esto, programará reuniones con los representantes de las distintas disciplinas y departamentos que operan en el centro o unidad;

h)Comunicar a la Unidad de Inserción Social de la Dirección General de Adaptación Social, cuando a la persona le reste un año de permanencia en el centro o unidad, sea por cumplimiento de la pena o porque la persona es candidata para recibir un beneficio penitenciario o judicial;

i)Velar por el adecuado uso de los recursos asignados al centro o unidad, enfocándolos al efectivo cumplimiento de los objetivos organizacionales y del interés público;

j)Proponer a la coordinación del nivel de atención, cuando sea necesario, el acuerdo de traslado entre establecimiento del mismo nivel de atención, según los criterios definidos por el Instituto Nacional de Criminología. En caso de desacuerdo, el traslado deberá ser dirimido por el Instituto Nacional de Criminología; y

k)Cualquier otra que se establezca en este reglamento.

Artículo 54.- Subdirección de centro o unidad. La subdirección coadyuvará con las labores a la dirección del centro o unidad.

Artículo 55.- Dirección de ámbito. La dirección de ámbito es la responsable del desarrollo y ejecución de las políticas técnico-administrativas emanadas por los órganos competentes en el espacio físico en donde le corresponde ejercer su función. Presidirá los órganos colegiados del ámbito y deberá mantener una estrecha vinculación con la dirección del centro, verificando el efectivo cumplimiento de las directrices que esta emita y de las disposiciones contenidas en este reglamento.

CAPÍTULO IX

ÓRGANOS COLEGIADOS

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 56.- Órganos colegiados de la Dirección General de Adaptación Social. Existen dos órganos colegiados cuyas competencias abarcan el accionar de los distintos niveles de atención de la Dirección General de Adaptación Social:

a)Instituto Nacional de Criminología; y

b)Consejo Directivo.

Artículo 57.- Órganos colegiados en los Centros de Atención Institucional o Seminstitucional. En cada Centro de Atención Institucional o Seminstitucional, existirán al menos tres cuerpos colegiados, diferenciados por sus integrantes, competencias y la periodicidad de sus sesiones. Estos órganos se denominan:

a)Consejo Interdisciplinario;

b)Consejo de Análisis; y

c)Consejo de Seguridad.

Artículo 58.- Órganos colegiados en las Unidades de Atención Integral. En cada Unidad de Atención Integral, además de operar el Consejo de Análisis y el Consejo de Seguridad, existirán los siguientes cuerpos colegiados:

a)Consejo de Intervención Profesional (CIP);

b)Equipo de Intervención (EDI); y

c)Sección de Inducción.

Artículo 59.- Convocatoria. Se reunirán con la frecuencia que se establece para cada órgano colegiado. Para las sesiones ordinarias no hará falta convocatoria especial. Para las sesiones extraordinarias siempre será necesaria la convocatoria por quien preside, con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de urgencia.

Artículo 60.- Quórum y forma de votación. Para que estos órganos colegiados funcionen válidamente, se requiere la participación de por lo menos dos terceras partes de sus integrantes, que podrán ser sustituidos por otras personas, siempre que cumplan con los requisitos para el puesto y estén debidamente juramentadas.

Los acuerdos se tomarán por votación de mayoría simple de los presentes. En caso de empate quien preside tendrá doble voto.

Artículo 61.- Actas. De cada sesión se levantará un acta que contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Los acuerdos tomados en una sesión, carecerán de firmeza a menos que los miembros presentes la acuerden por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del órgano. En los acuerdos deberán consignarse, de manera debidamente fundamentada, los votos salvados y los disidentes.

Cuando al darse lectura del acta anterior uno de sus miembros no haya asistido a la sesión respectiva, podrá abstenerse de emitir su voto en el acto de aprobación. Las actas serán firmadas por todos los miembros del órgano colegiado presentes en esa sesión, y deberán ser conservadas en las secretarías de los centros, ámbitos o unidades. Cada órgano colegiado elegirá un secretario entre los funcionarios que lo integran.

Artículo 62.- Remisión de las actas. A solicitud de la Dirección General de Adaptación Social, del Instituto Nacional de Criminología o de la Dirección de la Policía Penitenciaria, deberá remitirse copia digital del acta por medio electrónico y en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la solicitud.

SECCIÓN II

CONSEJO INTERDISCIPLINARIO

Artículo 63.- El Consejo Interdisciplinario. En cada centro o ámbito según corresponda, habrá un Consejo Interdisciplinario, integrado por un representante de cada sección profesional, el superior de la Policía Penitenciaria del centro o ámbito y el director del centro o ámbito según corresponda o, en su ausencia, por quien le sustituya, que presidirá.

Ordinariamente sesionará una vez a la semana y, extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten.

Artículo 64.- Funciones. Son funciones del Consejo Interdisciplinario las siguientes:

a)Definir el Plan de Acciones Inmediatas para las personas privadas de libertad indiciadas, así como el Plan de Atención Profesional para las personas sentenciadas;

b)Elaborar los estudios profesionales y emitir los acuerdos o dictámenes para la aplicación de los beneficios establecidos en el Código Penal, que resulten de su competencia, conforme a los criterios que emita el Instituto Nacional de Criminología como órgano rector;

c)Realizar la revisión y adecuación del plan de atención de las personas puestas a la orden del Instituto Nacional de Criminología, según los criterios y los plazos establecidos;

d)Acordar la ubicación física de las personas privadas de libertad entre los distintos ámbitos o módulos de los centros, según el perfil definido para cada uno;

e)Proponer a la coordinación del nivel de atención, cuando sea necesario, el acuerdo de traslado entre establecimientos del mismo nivel de atención, según los criterios definidos por el Instituto Nacional de Criminología. En caso de desacuerdo, el traslado deberá ser dirimido por el Instituto Nacional de Criminología;

f)Elevar al Instituto Nacional de Criminología las recomendaciones para el cambio de nivel de atención. En caso de que la recomendación sea hacia el Nivel de Unidades de Atención Integral, se procederá conforme a lo que establece este reglamento;

g)Conocer lo que le compete en materia de recursos contra sus decisiones;

h)Resolver sobre la permanencia o egreso de la persona menor de edad en los módulos Materno Infantil; y

i)Cualquier otra que se establezca en este reglamento.

Artículo 65.- Contenido de los acuerdos del Consejo Interdisciplinario. En cada acuerdo se establecerá claramente la identificación de la persona privada de libertad, con su nombre completo y calidades, situación jurídica, los fundamentos de hecho y de derecho, la decisión tomada, fecha de la primera y última valoración, y demás aspectos que sean necesarios.

Los acuerdos correspondientes a valoraciones que recomienden un cambio en el nivel de atención, serán remitidos vía electrónica al Instituto Nacional de

Criminología, acompañados de la documentación respectiva y en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de la firmeza.

Artículo 66.- Notificación de los acuerdos del Consejo Interdisciplinario. Por cada acuerdo se imprimirán dos tantos. Uno de ellos constará con la razón de notificación de la persona privada de libertad y se incluirá en su expediente administrativo, y el otro se entregará a la persona privada de libertad. También, se deberá realizar el registro en el expediente electrónico.

La notificación del acuerdo a la persona privada de libertad se realizará mediante una copia literal de este, dejándose razón del acto de notificación, con identificación clara y firma de la persona notificada y del funcionario que notifica, así como de la hora y fecha del acto. En caso que la persona privada de libertad no quiera firmar o aceptar la notificación, se dejará constancia de ello con la presencia de dos testigos debidamente identificados quienes darán fe del acto y firmarán conforme. De igual forma se procederá con los acuerdos remitidos por el Instituto Nacional de Criminología.

El presidente del Consejo Interdisciplinario supervisará que las notificaciones sean entregadas a la persona privada de libertad dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la firmeza del acta. La notificación deberá ser realizada, preferiblemente, por un funcionario administrativo.

En caso de que la persona privada de libertad no se encuentre en el centro o ámbito, se remitirá el documento vía electrónica donde se encuentre ubicada para su debida notificación dentro del plazo establecido.

Artículo 67.- Ejecución de los acuerdos y recomendaciones del Consejo Interdisciplinario y del Instituto Nacional de Criminología. Los acuerdos serán ejecutados una vez que adquieran firmeza y estén debidamente notificados.

Una vez recibido el acuerdo del Instituto Nacional de Criminología que autoriza el cambio de nivel de atención, la dirección del centro remitente procederá a coordinar con la dirección del centro u oficina receptor para ejecutar el traslado.

SECCIÓN III

CONSEJO DE ANÁLISIS

Artículo 68.- Consejo de Análisis. En cada centro habrá un Consejo de Análisis, integrado por un representante de cada sección profesional existente en el centro, el superior de la Policía Penitenciaria del centro, el administrador del centro, los directores de los ámbitos en caso de que existan en el centro, el subdirector y el director del centro, quien presidirá. Además, el presidente podrá invitar a aquellas personas que considere pertinente para que participen en las sesiones con voz pero sin voto.

Ordinariamente sesionará cada quince días y, extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten.

Artículo 69.- Funciones. Son funciones del Consejo de Análisis las siguientes:

a) Analizar la evolución del proceso de intervención en el centro;

b) Integrar y ajustar las acciones de las secciones profesionales que funcionan en el centro;

c) Analizar, para su ejecución en el centro, los lineamientos que emitan el Instituto Nacional de Criminología y el Departamento Técnico;

d) Conocer, analizar, modificar si fuere del caso, y evaluar y aprobar el plan operativo del centro y los proyectos que surjan de las diferentes secciones profesionales;

e) Mantener un proceso constante de reflexión y acción de la dinámica del centro;

f) Comunicar e informar las políticas institucionales;

g) Conocer y aprobar o rechazar las propuestas de trabajo del Comité de Personas Privadas de Libertad o Junta de Representantes, según corresponda;

h) Incluir en el plan operativo del centro los planes de acción relacionados con las Comisiones de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como de Salud Ocupacional, y velar por su ejecución, revisión y evaluación; y

i) Cualquier otra que se establezca en este reglamento.

SECCIÓN IV

CONSEJO DE SEGURIDAD

Artículo 70.- Consejo de Seguridad. En cada centro habrá un Consejo de Seguridad, integrado por el superior de la Policía Penitenciaria del centro, las supervisiones de la Policía Penitenciaria que laboraron durante la semana, el director del centro y los directores de los ámbitos de convivencia en caso que existan, así como el administrador y el director del centro, o en su ausencia por quien le sustituya, que presidirá. El presidente podrá invitar a aquellas personas que considere pertinente para que participen en las sesiones con voz pero sin voto.

Ordinariamente sesionará una vez a la semana y, extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten.

Artículo 71.- Funciones. Son funciones del Consejo de Seguridad las siguientes:

a) Analizar los asuntos relevantes en materia de seguridad, que acontecieron durante la semana y fueron puestos en conocimiento de manera verbal o escrita por las supervisiones de la Policía Penitenciaria que laboraron durante ese periodo de tiempo, a efecto de brindarles continuidad y observancia. En ellos, se detallarán aspectos relacionados con la seguridad perimetral y de infraestructura, situaciones presentadas en el relevo y entrega de puestos, además de acontecimientos tales como: evasiones, muertes, agresiones, decomisos de sustancias psicoactivas, armas;

b) Valorar la continuidad de acciones realizadas por la escuadra de la Policía Penitenciaria durante su semana de servicio, detallando y priorizando las acciones inmediatas a seguir por el personal de relevo;

c)Analizar situaciones de convivencia de la población penal del centro;

d) Realizar informe de entrega de equipo móvil, arsenal y equipo de seguridad disponible;

e) Definir planes de seguridad a implementar en el centro, a partir de la consecuente labor de inteligencia y trabajo proactivo;

f) Recomendar al Consejo de Análisis, las medidas de seguridad a implementar en actividades propias del área profesional, con el fin de garantizar la seguridad;

g) Conocer los acuerdos tomados por el Consejo Interdisciplinario, el Consejo de Análisis o la dirección del centro, que requieran la coordinación con la Policía Penitenciaria para su ejecución;

h) Realizar y transmitir las recomendaciones que considere necesarias para el mejoramiento de la seguridad ante otras instancias, tanto institucionales como externas;

i) Recomendar al Consejo Interdisciplinario o a la dirección del centro, el cambio de la ubicación física de las personas privadas de libertad en los distintos ámbitos o módulos del centro según el perfil definido; y

j) Proponer a la coordinación del nivel de atención, por motivos de seguridad, el acuerdo de traslado entre establecimientos del mismo nivel, según los criterios definidos por el Instituto Nacional de Criminología. En caso de desacuerdo, el traslado deberá ser dirimido por el Instituto Nacional de Criminología.

Cuando sus acuerdos sean en razón de lo señalado en los incisos i) y j), o cuando traten de personas privadas de libertad específicas, deberán notificarse siguiendo el mismo procedimiento establecido para la notificación de las recomendaciones y acuerdos del Consejo Interdisciplinario.

SECCIÓN V

ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL

SUB-SECCIÓN I CONSEJO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

Artículo 72.- Consejo de Intervención Profesional. En cada unidad, habrá un Consejo de Intervención Profesional, integrado por un representante de cada sección profesional, el superior de la Policía Penitenciaria de la unidad y el director de la unidad.

Ordinariamente sesionará una vez a la semana y, extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten.

Artículo 73.- Funciones. Son funciones del Consejo de Intervención Profesional las siguientes:

a) Revisar las candidaturas para ingreso al Nivel de Unidades de Atención  Integral y, en aquellos casos admitidos, elaborar el Plan de Intervención Profesional Provisional;

b) Definir el Plan de Intervención Profesional Definitivo de las personas residentes que elabora el Equipo de Intervención;

c) Realizar la revisión y adecuación del plan de atención de las personas residentes;

d) Realizar las evaluaciones de la persona residente;

e) Conocer y definir sobre las recomendaciones que le realice el Equipo de Intervención;

f) Acordar la ubicación física de las personas residentes entre las distintas residencias;

g) Elevar al Instituto Nacional de Criminología las recomendaciones para el cambio de nivel de atención;

h) Recomendar al Instituto Nacional de Criminología la autorización de permisos controlados de salida de las personas residentes;

i) Aprobar el estatuto interno de la Junta de Representantes de residentes, nombrar la Junta de Representantes y aprobar el plan anual de las comisiones de residentes;

j) Conocer lo que le compete en materia de recursos contra sus decisiones; y

k) Cualquier otra que se establezca en este reglamento.

SUB-SECCIÓN II

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 74.- Equipos de Intervención. En cada unidad, la dirección designará un Equipo de Intervención para cada residencia, que será responsable de brindar la atención profesional requerida por las personas residentes.

Artículo 75.- Funciones. Son funciones de los Equipos de Intervención las siguientes:

a) Elaborar el Plan de Intervención Profesional Definitivo y proponerlo al Consejo de Intervención Profesional;

b) Incluir el Plan de Intervención Profesional en el expediente de cada residente;

c) Realizar las acciones necesarias para que se brinden las intervenciones, individuales y grupales, a las personas residentes;

d) Elaborar informes para cada una de las personas residentes en los que se establezca el nivel de cumplimiento del Plan de Intervención Profesional y sus posibles adecuaciones;

e) Hacer recomendaciones al Consejo de Intervención Profesional, como por ejemplo:

i. Cambio de ubicación de las personas residentes en la unidad.

ii. Ajuste del Plan de Intervención Profesional.

iii. La realización de evaluaciones;

f) Diseñar, junto a las áreas respectivas, los ejes de la intervención colectiva;

g) Recibir las comunicaciones y minutas de las reuniones de la Junta de Representantes de residencias; y

h) Cualquier otra que se establezca en este reglamento.

SUB-SECCIÓN III

SECCIÓN DE INDUCCIÓN

Artículo 76.- Sección de Inducción. En cada unidad habrá una Sección de Inducción que se conformará cuando ingrese un residente nuevo. La integra la dirección de la unidad, el superior de la Policía Penitenciaria de la unidad y un representante del Equipo de Intervención donde se haya ubicado al nuevo residente.

Artículo 77.- Funciones. Le corresponderá a la Sección de Inducción informar a la nueva persona residente los aspectos vinculados al funcionamiento de la unidad, entre los que destacan:

a)Se le reiterarán las reglas del Nivel de Unidades de Atención Integral;

b)Se le comunicará y explicará el Plan de Intervención Profesional Provisional asignado;

c)Se realizará un recorrido por la unidad; y

d)Cualquier otra que se establezca en este reglamento.

TÍTULO III

ESPACIOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

ATENCIÓN ESPECÍFICA

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 78.- Objetivo principal de la Atención Específica. Este espacio tiene como objetivo principal brindar una atención específica a las personas privadas de libertad que se encuentren en alguna de las situaciones contenidas en el perfil de ingreso definido en este reglamento.

Artículo 79.- Derechos y deberes en el espacio de Atención Específica. Las personas ubicadas en este espacio gozarán de los mismos derechos y deberes de las demás personas privadas de libertad, incluidas la realización de actividades culturales, ocupacionales, educativas, recreativas y deportivas, adecuándose a las condiciones y características de la Atención Específica.

Artículo 80.- Ubicación geográfica del Centro Nacional de Atención Específica. El sistema penitenciario nacional contará con un Centro Nacional de Atención Específica, el cual pertenecerá al Nivel de Atención Institucional y estará ubicado en San Rafael de Ojo de Agua, Alajuela.

No obstante, los principios y reglas de este tipo de atención también podrán ser aplicados en cualquier otro espacio penitenciario que así sea definido por resolución motivada del Director General de Adaptación Social.

Artículo 81.- Arquitectura del espacio de Atención Específica. Su diseño arquitectónico permite la ubicación de personas privadas de libertad en espacios, preferiblemente, colectivos. En todo caso, se respetará la separación por condición jurídica.

Artículo 82.- Personal especializado para la Atención Específica. El personal profesional, técnico y de la Policía Penitenciaria que se asigne a este espacio de Atención Específica debe ser especializado. Para esto, la Escuela de Capacitación Penitenciaria será la encargada de brindar los cursos correspondientes de acuerdo a la naturaleza de este espacio.

La ubicación del personal profesional, técnico y de la Policía Penitenciaria en este espacio no excederá los dos años, salvo que sea a solicitud del mismo personal.

Artículo 83.- Consejo de Ubicación en el espacio de Atención Específica. El Consejo de Ubicación es el competente para ordenar, mediante acuerdo fundado, el ingreso de personas privadas de libertad al espacio de Atención Específica. Está integrado por:

a) Director General de Adaptación Social, quien lo presidirá;

b) Director de la Policía Penitenciaria;

c) El coordinador del Nivel de Atención Institucional o el coordinador del Nivel de Atención a la Mujer, según se trate de hombres o de mujeres; y

d)El director del Centro Nacional de Atención Específica o por el director del centro con un espacio de Atención Específica autorizado por la Dirección General de Adaptación Social, según sea el caso.

Este órgano acordará el ingreso por votación de mayoría simple; en caso de empate, quien presida tendrá doble voto.

Artículo 84.- Consejo de Atención Específica. El seguimiento y valoración de la persona ubicada en este espacio se realizará mediante el Consejo de Atención Específica, integrado por la dirección del centro, las disciplinas profesionales asignadas a la atención y el superior de la Policía Penitenciaria del centro.

Artículo 85.- Lineamientos generales de seguridad del espacio de Atención Específica. Las normas de seguridad tienen como finalidad la prevención de todos los riesgos internos o externos que disminuyan la capacidad de cumplimiento de los fines del espacio de Atención Específica.

La seguridad en este espacio se desarrollará mediante una estricta observancia de principios generales, entre los cuales destacan los siguientes:

a) Las normas y protocolos de seguridad se aplicarán a toda persona que ingrese al centro o que, de una u otra forma, se relacione con ese espacio y, por ende, son de acatamiento obligatorio para funcionarios y visitantes. En el caso de funcionarios penitenciarios, la inobservancia delas normas y protocolos de seguridad constituirá falta grave para efectos disciplinarios;

b) El ingreso de personas al espacio de Atención Específica será restringido. Solo ingresarán aquellas personas autorizadas por la dirección del centro;

c) Sin excepción, toda persona que ingrese al espacio de Atención Específica debe ser revisada, utilizando los recursos disponibles;

d) Sin excepción, toda persona que ingrese al espacio de Atención Específica, debe dejar en custodia sus dispositivos electrónicos y cualquier otro artículo de uso no permitido en el centro;

e) Deberán respetarse las zonas de seguridad denominadas restringidas, semi-restringidas y públicas. Igualmente, se procederá con los pasillos, para lo cual se definirá una identificación con diferentes niveles de movilización y horarios para permanecer en ellos, sea que se trate de funcionarios o visitantes;

f) Todo el personal del centro y especialmente la población penal recluida debe conocer claramente el funcionamiento y la organización de este espacio;

g) Para el desarrollo de operativos especiales, estos deben ser autorizados por el Director General de Adaptación Social y el Director de la Policía Penitenciaria, en coordinación con el Despacho Ministerial;

h) Las instalaciones y dispositivos de seguridad y custodia no podrán fotografiarse o filmarse, ni darse a conocer a personas que no tengan la autorización escrita y conjunta del Director General de Adaptación Social y del Director de la Policía Penitenciaria;

i) El uso de la fuerza solo puede ser autorizado por la dirección del centro o, en su ausencia, por el superior de la Policía Penitenciaria presente. Esa decisión se adoptará para enfrentar acciones inmediatas. En todo caso, el uso de la fuerza debe ser racional, proporcional y estar dentro del marco legal vigente;

j) Los funcionarios de la Policía Penitenciaria que realicen recorridos o que cubran puestos estratégicos deben contar con equipos portátiles de radiocomunicación;

k) Únicamente ingresarán y podrán permanecer en los pasillos próximos a las celdas y al interior de estas el personal de la Policía Penitenciaria y la dirección del centro. Se exceptúan de esa disposición cualquier superior jerárquico y funcionarios diplomáticos debidamente autorizados, previa coordinación con la dirección del centro y el superior de la Policía Penitenciaria en servicio. Las personas integrantes de grupos de voluntariado podrán hacerlo solo si son autorizadas por el Consejo de Atención Específica;

l) En forma periódica y sorpresiva deben realizarse revisiones y supervisiones minuciosas en cada celda y su patio, cuarto de visita íntima y cualquier otro espacio donde asistan las personas privadas de libertad;

m) Los hidrantes se utilizarán para el control de incendios, así como para el control de disturbios ocasionados por un grupos o grupos de personas. Además, la Policía Penitenciaria contará con el recurso policial necesario para cualquier perturbación del orden institucional; y

n) Para las supervisiones u otras actividades básicas de la Policía Penitenciaria en las celdas, así como para el egreso de la persona privada de libertad de la misma, se acatarán las disposiciones escritas que emita el Director de la Policía Penitenciaria.

Artículo 86.- Criterios de ingreso al espacio de Atención Específica. Para ubicarse en el espacio de Atención Específica, la persona privada de libertad sentenciada, indiciada o sujeta a un procedimiento de extradición, deberá encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

a)Haber manifestado conducta violenta que imposibilite su convivencia en espacios de menor contención; o

b)Cuando existan razones fundadas y motivadas de seguridad personal, institucional o por pertenecer a una estructura de criminalidad compleja.

Artículo 87.- Ubicación. La causa de ingreso será el criterio que determinará la ubicación en este espacio, así como el tipo de atención que se deberá implementar.

SECCIÓN II

FASES DE LA ATENCIÓN ESPECÍFICA

Artículo 88.- Procedimiento de ingreso. Los casos que se detecten de personas privadas de libertad que puedan ingresar al espacio de Atención Específica, serán comunicados -junto con el fundamento de la solicitud- al Director General, o a quien lo sustituya, el cual será el encargado de convocar al Consejo de Ubicación para que analice y resuelva dichos casos.

El Consejo de Ubicación será el competente para ordenar, mediante acuerdo fundado, el ingreso de personas privadas de libertad a este espacio.

A su ingreso, la persona privada de libertad recibirá información verbal y escrita sobre las normas que deberá cumplir en este espacio y, además, cada disciplina realizará lo siguiente:

a) Derecho: verificará el cumplimiento de los criterios normativos y el procedimiento específico para el ingreso;

b) Educación: determinará el grado académico de la persona para darle continuidad;

c) Orientación: identificará en la persona sus intereses, aptitudes, destrezas, habilidades y debilidades para la atención de sus necesidades básicas;

d) Psicología: realizará un psico-diagnóstico clínico o forense;

e) Salud: efectuará una valoración del estado general de salud, para determinar las necesidades de seguimiento; y

f) Trabajo Social: desarrollará un diagnóstico social, con énfasis en la persona y su recurso socio afectivo, considerando las implicaciones y el impacto del ingreso a un espacio de esta naturaleza.

Artículo 89.- Actividades ocupacionales. La educación y el trabajo son los principales instrumentos de atención profesional en este espacio. Se desarrollará en forma individual o grupal, de manera sistemática, programada y en condiciones adecuadas de seguridad.

Artículo 90.- Actividades deportivas, recreativas, culturales y formativas. Las personas privadas de libertad podrán permanecer en los espacios idóneos para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y formativas, de las siete de la mañana a las cinco de la tarde.

Además, según las condiciones de seguridad prevalecientes y los recursos disponibles, podrán participar en actividades deportivas, en grupos pequeños, en el gimnasio del centro penitenciario. La frecuencia de la actividad deportiva dependerá de la capacidad de la persona privada de libertad para interactuar con sus homólogos y los funcionarios, conforme a una actitud de respeto y compromiso con los parámetros convivenciales del centro.

Artículo 91.- Aspectos de la atención específica. La atención específica se brindará de manera disciplinaria e interdisciplinaria, tomando en cuenta las condiciones socio-ambientales como infraestructurales. Además, se desarrollarán las siguientes acciones:

a) Se realizará un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad que desarrollen actividades ocupacionales;

b) A nivel convivencial, se desarrollarán procesos de resolución alternativa de conflictos;

c) Debe existir coordinación y participación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en asistencia a la población privada de libertad;

d) Se brindará atención y seguimiento en salud, procurando la intervención de la especialidad en psiquiatría cuando sea necesario;

e) Cuando así se requiera, se brindará atención en primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y procesos psicoterapéuticos. Se ejecutarán programas de intervención y control de la ira y la violencia, así como de atención de comportamientos auto-lesivos, de acuerdo a los recursos institucionales;

f) Deben fortalecerse las modalidades educativas asistenciales, además de implementarse tutorías presenciales en grupos, de los programas de educación formal y no formal adecuadas a esta población, de acuerdo a las posibilidades de su escolaridad y capacidad de la persona privada de libertad para interactuar con sus homólogos y funcionarios;

g) Se debe proporcionar atención y seguimiento social a la persona privada de libertad, dando prioridad a la población que presenta situaciones de crisis o mayor desajuste institucional. Así como involucrar a la familia y otras redes de apoyo en los procesos de atención que coadyuven con otros procesos paralelos de carácter disciplinario e interdisciplinario; y

h) A nivel interdisciplinario, se brindará atención en aquellas temáticas que se requiera de acuerdo a las características de la población privada de libertad. En caso del abordaje al consumo problemático, perjudicial o dependencia a sustancias psicoactivas, será con un enfoque de reducción de daños, a partir de las directrices dadas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Artículo 92.- Egreso. El egreso de este espacio puede darse por alguna de las siguientes situaciones:

a)Luego de una estancia máxima de dos años, salvo que exista justificación razonable para continuar en este espacio. El trámite del egreso debe realizarse antes del vencimiento del plazo a efecto de que se traslade inmediatamente a la persona privada de libertad una vez que se cumpla el mismo;

b)Antes del cumplimiento del plazo de dos años, cuando las condiciones o circunstancias que dieron lugar a la ubicación en este espacio hayan variado de manera positiva o por una respuesta favorable al plan de atención asignado. En estos casos, el Consejo de Atención Específica será el encargado de realizar la recomendación mediante acuerdo fundado y la decisión final estará a cargo del Consejo de Ubicación; o

c)En casos excepcionales, por orden del Director General, siempre que haya consultado previamente a otro de los miembros del Consejo de Ubicación y que lo comunique a dicho órgano en un plazo máximo de veinticuatro horas antes de que se ejecute el egreso ordenado. El Consejo de Ubicación podrá ratificar o revocar la orden antes de que se ejecute.

Artículo 93.- Acciones del egreso. En el espacio de Atención Específica se procurará favorecer la reubicación física en el menor tiempo posible y se llevarán además las siguientes acciones:

a) Deberá realizarse la devolución del plan de atención profesional a la persona privada de libertad. A nivel social, se efectuará una sesión conjunta con el valorado y su principal recurso de apoyo;

b) Cuando corresponda, se hará una referencia médica dirigida al centro receptor;

c) Deberá realizarse la coordinación con entes gubernamentales y no gubernamentales que representen una alternativa de apoyo a la población que esta próxima a egresar y a su grupo familiar. En caso de que la persona este a doce meses o menos de cumplir su pena con descuento, se referirá a la Unidad de Inserción Social; y

d) Se establecerán los canales de coordinación y comunicación con el responsable educativo de cada ente receptor, a fin de garantizar la continuidad de sus estudios.

CAPÍTULO II

MATERNO INFANTIL

SECCIÓN I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 94.- Definición. Los módulos Materno Infantil son espacios físicos destinados exclusivamente a mujeres privadas de libertad, ya sea que ingresen embarazadas o adquieran la condición de embarazo durante su prisionalización.

Como regla general, se dará esta ubicación a partir de los ocho meses de gestación. En casos excepcionales, podrá aplicarse antes de ese tiempo por razones de seguridad del nonato o de la madre.

También, podrán ser ubicadas en este espacio las mujeres que, ejerciendo la guarda y crianza de sus hijos e hijas menores de tres años de edad, deban ingresar a prisión bajo cualquier condición jurídica.

Artículo 95.- Finalidad. Los módulos Materno Infantil están destinados a fomentar el vínculo materno parental, logrando la atención integral del niño y de la niña en las áreas psicosocial, de salud, nutrición y prevención potencial del abandono, maltrato o abuso.

Artículo 96.- Órgano responsable de la evaluación. El Consejo Interdisciplinario de cada centro es el órgano competente para conocer los informes de las disciplinas respectivas. Los estudios podrán realizarse de oficio o a petición de la dirección del centro o cualquier otra sección profesional del establecimiento. No obstante, el Consejo Interdisciplinario será quien deba resolver sobre la ubicación de la mujer privada de libertad en ese módulo.

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y REGISTRO

Artículo 97.- Registro y ubicación. En los procedimientos de ingreso y registro al módulo, el centro incluirá la información concerniente al estado de salud de la madre y su hijo, tiempo de gestación (en caso de embarazo), necesidad de continuar alimentando naturalmente a su hijo o cualquier otra condición que amerite su ingreso al módulo Materno Infantil.

En caso de no existir espacio en el módulo, se favorecerán visitas especiales entre la madre y su hijo, en cumplimiento de los procedimientos de seguridad institucional.

Artículo 98.- Valoraciones médicas. Al ingreso y durante la permanencia de una mujer privada de libertad en el centro, que se encuentre en estado de gestación o que tenga hijos menores de tres años, será valorada por la sección de Salud, independientemente de su condición jurídica.

En caso de presentar una condición de salud favorable que le permita ubicación en un módulo colectivo, se garantizará por parte del personal de la Policía Penitenciaria y el equipo profesional, la permanencia de la mujer privada de libertad en un espacio libre de fumado para favorecer el adecuado desarrollo del nonato y la persona menor de edad.

Artículo 99.- Valoración de la situación socio familiar. Ante una solicitud de ingreso al módulo Materno Infantil e independientemente de la condición jurídica de la madre privada de libertad, la sección de Trabajo Social realizará la valoración de la situación socio familiar, para descartar situaciones de riesgo social para el niño o niña, ante lo cual, la mujer privada de libertad tendrá la responsabilidad de aportar la información veraz y amplia que permita emitir un criterio en favor del interés superior de la persona menor de edad. En caso de establecerse la conveniencia del ingreso del niño o niña al cuido de su madre, dicha disciplina emitirá la recomendación al Consejo Interdisciplinario del centro, quien resolverá al respecto.

Artículo 100.- Ubicación temporal. Siempre que exista espacio físico disponible, la dirección del centro en coordinación con la jefatura de la Policía Penitenciaria, sin necesidad de una valoración profesional previa, podrán ubicar temporalmente en el módulo Materno Infantil a una mujer privada de libertad y su hijo o hija. Será responsabilidad de la dirección de centro referir a la mayor brevedad el caso a las diferentes secciones profesionales de Trabajo Social, Orientación y Salud para la valoración respectiva, de forma que en caso de identificarse riesgo de la persona menor de edad, se procederá conforme los protocolos institucionales, que resguarden el interés superior del niño o niña.

Artículo 101.- Inducción inicial. Toda mujer ubicada en un módulo Materno Infantil recibirá una inducción inicial respecto a las responsabilidades que le asiste en protección de la integridad de las personas menores de edad y a la convivencia en ese espacio. Esta inducción la realizarán las diferentes disciplinas a través de un documento escrito (Acta de Compromiso) el cual será firmado por la mujer privada de libertad para su acatamiento, consignándose registro de esta atención en el expediente administrativo penitenciario.

Artículo 102.- Permisos de ingreso especial a persona menor de edad. En caso de no contar con espacios disponibles para la ubicación inmediata de la madre con su hijo o hija en un módulo Materno Infantil, y ante la necesidad de preservar el vínculo afectivo o de garantizar el derecho a la lactancia del niño o niña, previa valoración de la sección de Salud y mediante autorización de la dirección, se permitirá el ingreso de la persona menor de edad en un horario establecido con una persona responsable señalada por la madre, para brindar acompañamiento en el ingreso y egreso del niño o niña del centro.

El periodo de permisos de ingreso para estos efectos se mantendrá de forma temporal hasta que el niño o niña se ubique con su madre en el módulo Materno Infantil o existan condiciones para favorecer el vínculo materno filial y la lactancia en otros espacios establecidos por el contexto penitenciario. Las mujeres privadas de libertad que se encuentren brindando lactancia, podrán gestionar el permiso de ingreso de artículos para la extracción de la leche materna.

SECCIÓN III

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Artículo 103.- Atención en situaciones de riesgo. La administración penitenciaria en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia, establecerán los protocolos respectivos para atender situaciones de riesgo para la persona menor de edad bajo el cuido de la madre, velando siempre por el interés superior del niño y la niña. Todas las acciones de protección a las personas menores de edad en el módulo Materno Infantil se informarán al Patronato Nacional de la Infancia, para su intervención y seguimiento.

Artículo 104.- Salidas. En caso de salidas temporales de la persona menor de edad por más de veinticuatro horas continuas, la madre se ubicará en el ámbito correspondiente, hasta el regreso del niño o niña. Para el egreso del niño o niña, la madre autorizará por escrito a la persona responsable para este fin. Es responsabilidad del personal de la Policía Penitenciaria mantener actualizado el registro de ingreso y egreso de las personas menores al módulo Materno Infantil.

Artículo 105.- Registro de las condiciones de las personas menores al reingresar. De forma previa al reingreso de la persona menor de edad al módulo Materno Infantil, el personal profesional, con colaboración del personal de la Policía Penitenciaria, en presencia de la madre del niño o niña, deberá observar y registrar las condiciones generales en que regresa la persona menor de edad.

En caso de identificarse en horas hábiles algún tipo de violencia en el niño o niña, la situación será abordada por el equipo profesional correspondiente según los protocolos institucionales. Los fines de semana o en horas posteriores al horario administrativo, se procederá, por parte de la madre o, ante su renuencia por parte del personal de la Policía Penitenciaria, a establecer la denuncia ante la Fiscalía de turno. En caso de ser necesario, la persona menor de edad debe ser remitida al centro hospitalario más cercano para su atención.

Artículo 106.- Informe sobre situaciones de violencia. En caso de que la Policía Penitenciaria observe que la persona menor de edad recibió algún tipo de violencia durante el tiempo en que esta permaneció fuera del módulo Materno Infantil, se procederá a realizar un informe en el que se detalle la situación identificada. Si se evidencian muestras de violencia física, se procederá de inmediato a informarlo a la sección de Salud para establecer la valoración inmediata de la persona menor de edad o el requerimiento de una valoración por un especialista. Durante este proceso, la madre se mantendrá al cuido de su hijo o hija, con custodia directa, siguiendo las indicaciones del personal de la Policía Penitenciaria y de la sección de Salud. De estas actuaciones se remitirá información a la sección de Trabajo Social para el seguimiento y establecimiento de medidas para resguardar la integridad de la persona menor de edad. Cuando la situación se presente en horario no hábil, se procederá a remitir a la persona menor de edad con su madre al centro hospitalario para lo correspondiente.

Artículo 107.- Informe anual. La jefatura administrativa del centro deberá remitir al Consejo Interdisciplinario un informe de diagnóstico anual, en el cual se detallen los recursos económicos destinados a las instalaciones físicas del módulo Materno Infantil.

Artículo 108.- Actividades sociales y culturales. A efecto de impulsar la interacción social y cultural de las madres e hijos o hijas que se encuentren en un módulo Materno Infantil, la dirección del centro, según sus potestades y competencias, coordinará actividades junto a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas.

SECCIÓN IV

OBLIGACIONES DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD

Artículo 109.- Normativa aplicable. La mujer privada de libertad ubicada en un módulo Materno Infantil estará sujeta a lo dispuesto en este reglamento y la normativa en materia de protección de derechos de la niñez.

Artículo 110.- En caso de aplicación de una medida de reubicación. Cuando sea necesario trasladar a la mujer privada de libertad a otro espacio convivencial, esta deberá autorizar vía escrita a una persona responsable del egreso de la persona menor de edad, y esto será comunicado a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, según su competencia territorial. En caso de no contar con un recurso de acogimiento para el niño o niña se coordinará con el Patronato Nacional de la Infancia para la ubicación de forma temporal del niño o niña en los albergues de dicha institución.

Artículo 111.- Prohibición de tabaco, alcohol, sustancias ilícitas o no autorizadas médicamente. En los módulos Materno Infantil, el almacenamiento, uso, consumo o tráfico de tabaco, alcohol, sustancias ilícitas o no autorizada médicamente, está expresamente prohibido. De comprobarse alguna de estas situaciones en la madre, se procederá a la reubicación de módulo y consecuentemente el egreso de la persona menor de edad para su protección.

Artículo 112.- Atención de salud al niño. Cuando se determine la ubicación de la persona menor de edad en un módulo Materno Infantil, la sección de Salud deberá brindarle atención. La madre deberá aportar la documentación pertinente de ambos, así como acudir a las citas de control médico necesario para su hijo o hija e informar si cuenta con expediente de salud en otra clínica u hospital público o privado. Sí la madre, injustificadamente, no asiste a las citas programadas de atención, seguimiento o vacunación, la sección de Salud remitirá la situación a la sección de Trabajo Social para valorar y descartar conductas negligentes de la madre que representen un riesgo a la integridad de la persona menor de edad. En caso de determinarse conductas negligentes de la madre se informará al Patronato Nacional de la Infancia. En la medida de las posibilidades, el personal del centro promoverá actividades de prevención y promoción de la salud a través de programas de capacitación y formación con las madres, que coadyuven a la salud integral de los hijos e hijas.

Artículo 113.- Control prenatal. Las privadas de libertad en estado de embarazo deberán asistir de forma regular a las citas de control prenatal y reportar aquellas situaciones que puedan representar riesgo a su salud o del nonato. En caso de presentar enfermedad adictiva deberá mostrar anuencia a participar en los procesos de atención del centro, dirigidos a trabajar esta problemática, así como a citas de control médico y cumplimiento de medidas de protección que dicte el Patronato Nacional de la Infancia.

Artículo 114.- Maternidad responsable. La madre privada de libertad debe asumir de manera responsable su rol materno, respetando los derechos de su hijo e hija en cuanto el ejercicio de autoridad con mecanismos alternos al castigo físico, establecimiento de límites acordes a la edad del niño o niña, mantener el aseo e higiene personal y de las pertenencias y de los espacios individuales y colectivos, el suministro de medicamentos según prescripción médica, entre otras acciones tendientes a potenciar el desarrollo de la persona menor de edad y de favorecer la sana convivencia con las demás madres y niños o niñas. Las mujeres deberán velar por la seguridad de sus hijos e hijas para evitar accidentes y también deberán reportar situaciones de salud oportunamente.

Artículo 115.- Sobre la alimentación de la persona menor de edad. Es obligación de las madres privadas de libertad, implementar las prácticas recomendadas por el personal médico sobre las formas higiénicas y saludables para amamantar a los hijos e hijas, así como cumplir con las recomendaciones alimentarias que les suministren de acuerdo a la edad de la persona menor de edad. La madre que por diferentes causas no alimente a su hijo o hija con leche materna, deberá informarlo a la sección de Salud para recibir orientación sobre el suministro de fórmula de leche materna y alimentación en general y por ninguna razón acudirá a productos comestibles que pongan en riesgo la salud del niño o niña.

Se autoriza a las madres privadas de libertad la preparación de alimentos para el consumo de sus hijos e hijas, haciendo uso responsable y devolución de los artículos suministrados por la institución, así como velar por la seguridad de las personas menores de edad en ese espacio. Los alimentos perecederos deberán mantenerse en buen estado de conservación y suministrarse a los hijos e hijas según su etapa de desarrollo. El centro, a través de la administración y en coordinación con la Unidad de Servicios de Alimentación del Departamento Administrativo de la Dirección General de Adaptación Social, establecerá el menú de alimentación institucional, acorde a las etapas del desarrollo de los niños y niñas del módulo Materno Infantil.

Artículo 116.- Espacios conjuntos. El centro fomentará la presencia de las madres en espacios conjuntos con su hijo e hija, participando de actividades dirigidas al aprendizaje, el juego, la interacción cultural y recreativa.

Artículo 117.- Permanencia de la madre con su hijo o hija. La madre privada de libertad podrá permanecer las veinticuatro horas con su hijo o hija hasta que cumpla su primer año de edad. Posterior al primer año de vida, la madre de la persona menor de edad enviará, de lunes a viernes según el horario establecido, al niño o niña a una organización no gubernamental con la que se tenga un convenio y que esté debidamente acreditada por el Patronato Nacional de la Infancia para garantizar el derecho a la estimulación temprana.

La dirección del establecimiento penitenciario informará al Patronato Nacional de la Infancia sobre el nacimiento o permanencia de una persona menor de edad en el módulo Materno Infantil.

Artículo 118.- Atención especializada. Cuando el niño o niña, por su condición de salud o discapacidad requiera atención especializada, el centro deberá facilitar el traslado de la persona menor de edad y la madre a las escuelas de enseñanza especial, Unidad de Desarrollo del Hospital Nacional de Niños o bien otro servicio a nivel integral, que le brinde seguimiento a sus necesidades especiales. La madre deberá velar por la asistencia de su hijo o hija a estos servicios y de acatar las recomendaciones que se le brinden en cuanto a medicación, estimulación, cuidados básicos o específicos que garanticen la calidad de vida de la persona menor de edad.

Artículo 119.- Opción para cuido temporal del niño. Cuando la mujer privada de libertad deba salir del centro a una diligencia judicial, médica, o visita familiar, debe ofrecer un recurso externo donde ubicar temporalmente al niño o niña y en casos especiales en los que no se cuente con la opción del egreso temporal del niño o niña, podrá ofrecer como recurso de cuido a otra mujer privada de libertad ubicada también en el módulo Materno Infantil, situación que será autorizada por escrito por la madre y la persona que asumirá el cuido temporal, comunicándolo a la dirección del centro y al personal de la Policía Penitenciaria.

Artículo 120.- Egreso del módulo Materno Infantil. La persona menor de edad egresará del módulo Materno Infantil al cumplir los tres años de edad. La privada de libertad, previo cumplimiento de esta edad, deberá ofrecer los recursos familiares en el exterior del centro, para el egreso del niño o niña, de lo cual se informará al Patronato Nacional de la Infancia para valorar las condiciones del recurso de acogimiento a la persona menor de edad. En ausencia de redes familiares, se coordinará con esa institución o una organización no gubernamental acreditada y con la que se tenga un convenio, a efectos de establecer una alternativa de protección estatal o privada.

SECCIÓN V

ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO

Artículo 121.- Sobre la infraestructura y las condiciones de salud. Los módulos Materno Infantil deben brindar una infraestructura adecuada y condiciones de salubridad para albergar a la madre y al menor por medio de una capacidad establecida para la permanencia adecuada, sin hacinamiento, de acuerdo a las normas sanitarias vigentes.

Artículo 122.- Espacio de estimulación y recreación. Los módulos Materno Infantil deben contar con espacios para la estimulación temprana, así como para juegos y entretenimiento de las personas menores de edad, para lo cual, se favorecerá la participación de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales que financien proyectos específicos tendientes a mejorar las condiciones de esta población.

CAPÍTULO III

PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA

Artículo 123.- Definición del Programa de Justicia Restaurativa. El Programa de Justicia Restaurativa está basado en la valorización humana, el amor, la confianza y la disciplina que ofrece a las personas privadas de libertad las condiciones para restaurarse.

Artículo 124.- Objetivo del Programa de Justicia Restaurativa. El objetivo del Programa de Justicia Restaurativa consiste en lograr una efectiva inserción socio-laboral de la población penal que manifieste su deseo de ingresar voluntariamente y cumplir con los reglamentos y directrices propios del programa.

Artículo 125.- Selección de las personas candidatas a participar en el Programa de Justicia Restaurativa. Las direcciones de los centros del Nivel de Atención Institucional realizarán, junto a los equipos interdisciplinarios, la selección de las personas privadas de libertad que eventualmente puedan ser ubicadas en el Programa de Justicia Restaurativa, con el fin de que los Consejos Interdisciplinarios valoren si reúnen las condiciones para poder recomendar al Instituto Nacional de Criminología su ubicación en dicho programa.

Artículo 126.- Criterios de selección. Podrán seleccionarse para ser ubicados en el Programa de Justicia Restaurativa las personas privadas de libertad que reúnan las siguientes condiciones:

a)    Les resten por descontar diez años o menos;

b) Haber firmado un documento comprometiéndose a permanecer y respetar los reglamentos y directrices del programa por un plazo de al menos quince meses;

c) Que les corresponda al menos una valoración ordinaria durante el plazo de los quince meses;

d) En caso de que la persona privada de libertad deba descontar otras sentencias de prisión, debe acreditarse que lo que le resta por cumplir de la sentencia actual, más las sentencias pendientes no suma más de ocho años y tres meses, sin tomar en cuenta los descuentos;

e) Si la persona se encuentra en condición de imputada en una causa penal activa, debe asegurarse que solo se trata de una causa, indicarse el delito y acreditarse que en su contra no se ha dictado prisión preventiva, así como que los hechos no fueron cometidos mientras gozaba de algún beneficio;

f) Que no figuren como imputadas en alguna causa penal activa o que tengan pendiente por descontar otra sentencia de prisión, por homicidios ligados al crimen organizado o por los delitos contra los derechos humanos del Código Penal, ya sean consumados o en grado de tentativa; y

g) Que la persona privada de libertad haya firmado junto con la organización privada sin fines de lucro encargada, mediante convenio, de implementar el programa, la carta de compromiso mediante la cual ratifica su deseo de participar voluntariamente y cumplir con las directrices, reglamentos y con las condiciones del Programa de Justicia Restaurativa; documento en el cual también se hará constar su participación en el proceso de inducción, por parte de dicha organización, en el centro de procedencia de la persona privada de libertad.

Artículo 127.- Comunicación del ingreso al Programa de Justicia Restaurativa. El ingreso de las personas privadas de libertad al Programa de Justicia Restaurativa debe comunicarse a la Unidad de Cómputo de Penas.

Artículo 128.- Atención de la población privada de libertad en el Programa de Justicia Restaurativa. El desarrollo del Programa de Justicia Restaurativa podrá encargársele a una organización privada sin fines de lucro con la que se deberá suscribir un convenio. Esta organización deberá rendir informes al Consejo Interdisciplinario del centro donde se ubique.

Se podrá aplicar la normativa y los procedimientos propios del Programa de Justicia Restaurativa siempre que no se contrapongan a la normativa establecida para la administración penitenciaria.

Artículo 129.- Valoraciones para el cambio de nivel. Durante el tiempo en que la persona privada de libertad permanezca en el Programa de Justicia Restaurativa, las valoraciones estarán a cargo del Consejo Interdisciplinario del centro donde se ubique, sin que puedan incluir recomendaciones para el cambio de nivel sin haber cumplido con el plan de atención y el plazo mínimo por el cual la persona se ha comprometido a estar bajo dicho programa.

Conforme a lo anterior, luego de que la persona privada de libertad haya concluido el plazo durante el cual se había comprometido a permanecer bajo el programa, se contará con un mes para realizar la valoración para determinar si puede ser objeto de cambio de nivel.

Si producto de la valoración se considera que no existen elementos que justifiquen el cambio de nivel, la dirección del centro deberá proceder a reubicar a la persona privada de libertad del Programa de Justicia Restaurativa y trasladarla a otro ámbito del centro o de cualquier Centro de Atención Institucional; en este último caso, previa autorización de la coordinación del Nivel de Atención Institucional.

Artículo 130.- Egreso del Programa de Justicia Restaurativa. Las personas privadas de libertad ubicadas en el Programa de Justicia Restaurativa podrán egresar por cualquiera de las siguientes causas:

a) Cambio de nivel de atención autorizado por el Instituto Nacional de Criminología;

b) Otorgamiento del indulto o la libertad condicional;

c) Renuncia expresa de la persona privada de libertad;

d) Incumplimiento del compromiso voluntariamente suscrito, previo pronunciamiento del Consejo Interdisciplinario del centro; o

e) Quebrantamiento del régimen disciplinario, cumpliéndose con el debido proceso conforme las disposiciones establecidas en la normativa institucional.

Artículo 131.- Seguimiento posterior al cambio de nivel. En caso de que la persona privada de libertad sea trasladada del Programa de Justicia Restaurativa a un Centro de Atención Seminstitucional, deberá cumplir con un plan de seguimiento por parte de dicho programa por un plazo mínimo de seis meses.

TÍTULO IV

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 132.- Deberes de la administración. Los diferentes órganos administrativos y las personas que laboran para la Dirección General de Adaptación Social, están en la obligación de velar por el efectivo cumplimiento y aplicación de esta normativa, enmarcándola dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica, el ordenamiento jurídico nacional y los lineamientos institucionales vigentes.

Corresponde a la administración penitenciaria velar por la seguridad, la integridad física y moral, la tranquilidad, la salud física y mental de las personas privadas de libertad.

En los diferentes centros, ámbitos, unidades y oficinas del sistema penitenciario nacional se deberá propiciar una convivencia que facilite, en la medida de lo posible, la interacción social, el desarrollo de las potencialidades de las personas privadas de libertad, así como su integración al entorno social.

Las personas que laboran para el sistema penitenciario nacional, deben mantener un adecuado trato y relaciones de estricto respeto con las personas privadas de libertad.

Artículo 133.- Principio general. Toda persona privada de libertad goza de los mismos derechos y garantías individuales, sociales, culturales, económicas y políticas, de los que son titulares los habitantes de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la modalidad de ejecución de la pena o custodia en que se encuentre.

Sus condiciones de vida deberán tener como referencia la vida en libertad bajo un principio de normalidad, procurando reducir al máximo los efectos negativos y de deterioro de los distintos grados de privación de libertad.

CAPÍTULO II

DERECHOS

Artículo 134.- Derecho a la salud. Toda persona privada de libertad, en coordinación con las instituciones del Estado encargadas y de conformidad con las disposiciones normativas vigentes, tiene derecho a recibir atención y tratamiento médico gratuito, general y especializado.

Asimismo, tendrá derecho a que se les traslade al centro de salud de adscripción en donde deba recibir la atención. No obstante, cuando su modalidad de custodia lo permita, lo harán por sus propios medios. En el caso de las personas que se encuentren en los Centros de Atención Institucional y en las Unidades de Atención Integral, cuando asuman el costo de su atención, tendrán derecho a, previo dictamen favorable del médico del centro o unidad, ser asistidas por médicos particulares o instituciones privadas.

La persona en condición de paciente en la fase terminal de su enfermedad, tiene derecho a ser desinstitucionalizada de tal forma que tenga una muerte digna cerca de sus familiares o amigos.

Las personas privadas de libertad ubicadas en los Centros de Atención Institucional, las Unidades de Atención Integral y quienes pernocten al menos cuatro días en los Centros de Atención Seminstitucional, tienen derecho a una alimentación nutricionalmente suficiente y adecuada a sus necesidades particulares.

En todos los Centros de Atención Institucional y en las Unidades de Atención Integral deberán existir servicios de salud para la atención de la población penal que, además, realizarán inspecciones regulares e informes para la dirección del centro o unidad sobre: la cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; la higiene y el aseo de las instalaciones y de las personas privadas de libertad; las condiciones de saneamiento, climatización, iluminación y ventilación.

Artículo 135.- Derecho a la salud complementario para las mujeres. Desde el ingreso, a las privadas de libertad se les brindará servicios de atención de salud orientados a la mujer. A fin de determinar sus necesidades de atención médica, se les aplicará un examen exhaustivo para su reconocimiento médico, el cual se realizará de manera tal que se proteja la intimidad y la dignidad de la mujer y se mantenga la confidencialidad. En dicho reconocimiento solo deberá estar presente el personal médico, a menos de que el profesional en salud a cargo considere que existen circunstancias extraordinarias o que pida la presencia de una persona del personal penitenciario por razones de seguridad, o si la privada de libertad solicita expresamente esa presencia; dicho personal deberá ser femenino.

El reconocimiento médico de las mujeres privadas de libertad comprenderá áreas como las siguientes:

a)La presencia de enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea y, en función de los factores de riesgo, se podrá ofrecer también que se sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación previa y posterior;

b)Las necesidades de atención de salud mental, incluidos el trastorno postraumático del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones auto-infligidas;

c)El historial de salud reproductiva, incluidos un posible embarazo en curso y los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos;

d)La presencia de problemas de toxicomanía;

e)Abuso sexual y otras formas de violencia que hayan sufrido antes del ingreso. En caso de determinarse que ha sido víctima de violencia de cualquier naturaleza antes o durante su ejecución de la pena, se le informará de su derecho de denunciar. Si decide denunciar, se le trasladará ante la autoridad judicial competente para que lo investigue y le brinde la asistencia legal que se requiera. Independientemente de que la mujer privada de libertad interponga o no su denuncia judicial, la administración penitenciaria le garantizará el abordaje psicológico y técnico que se requiera, y se definirán medidas concretas para evitar todo tipo de represalias o revictimización, a fin de garantizar su integridad física y emocional; y

f)Todo lo que regule la atención primaria emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Además, las privadas de libertad en estado de embarazo o periodo de lactancia se ubicarán en espacios que garanticen condiciones sanitarias, y quedarán eximidas de las obligaciones que sean incompatibles con su condición por el tiempo y conforme a la recomendación médica. Se procurará que el parto se produzca en un servicio de maternidad fuera del establecimiento penitenciario y, si por las circunstancias especiales nace dentro del mismo, se omitirá la mención de ello en la partida de nacimiento.

En el caso de que las privadas de libertad ingresen al centro con sus hijos menores de edad para su estancia, estos tendrán garantizado el control pediátrico, vacunación y cualquier otro servicio de salud que requieran para garantizar su desarrollo físico y mental, así como la atención y prevención de cualquier padecimiento asociado con su permanencia en establecimientos penitenciarios.

Artículo 136.- Derecho a la educación, formación y ocupación. La persona privada de libertad tendrá derecho de acceso a la educación, a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación, sin más limitaciones que las derivadas de su situación personal e institucional.

Es obligación de la autoridad penitenciaria asegurar el acceso a la educación y formación de las personas analfabetas e incentivarles para su incorporación a programas educativos, así como atender las necesidades especiales y de diversidad cultural tanto de nacionales como de extranjeros.

La Dirección General de Adaptación Social procurará la ocupación plena de la población penal y reducir el efecto nocivo del ocio penitenciario.

La población ubicada en los proyectos ocupacionales remunerados, estará cubierta por normas de seguridad y salud ocupacional, así como por cobertura de riesgos, accidentes o enfermedades profesionales similares a los que protegen a la población laboralmente activa, con cobertura de indemnización y atención médica.

Artículo 137.- Derecho a actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas. La Dirección General de Adaptación Social desarrollará, en todos los niveles de atención, proyectos de acceso a actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas, procurando el desarrollo de la persona privada de libertad a través del estímulo de sus habilidades y destrezas.

Artículo 138.- Derecho a la adecuada convivencia y protección de la integridad personal. La persona privada de libertad tiene derecho a convivir en un ambiente adecuado para la vida en común, sin más limitaciones que las estrictamente necesarias. El sistema penitenciario nacional garantizará la protección a la vida e integridad física de la población penal y sus visitantes.

El uso de la fuerza se limitará a situaciones excepcionales de legítima defensa o a dar respuesta a incidentes críticos, y será la mínima necesaria, útil y proporcional a las circunstancias del caso, procurando el respeto a la integridad física de las personas.

Artículo 139.- Derecho a la confidencialidad y tratamiento adecuado de los datos personales. En todo momento, se respetará el derecho de las personas privadas de libertad a la confidencialidad de su historial médico y se acatará todo lo establecido en la normativa relacionada con el tratamiento de los datos personales.

Artículo 140.- Derecho a la identidad de género, expresión de género y orientación sexual. La identidad de género, expresión de género y orientación sexual son derechos humanos que se reconocen a todas las personas privadas de libertad. No se podrán interponer sanciones o discriminar de cualquier manera por el solo ejercicio de estos derechos.

Artículo 141.- Derecho a la integración familiar y comunal. Toda persona privada de libertad tiene derecho a la interrelación con su familia, recursos sustitutos o de apoyo comunitario, sin más limitaciones que las estrictamente necesarias.

En el caso del ingreso de mujeres privadas de libertad, deberá consignarse el número de hijos que ingresan y la información personal sobre ellos. En los registros deberá constar como mínimo, sin que ello menoscabe los derechos de la madre, el nombre de cada niño, su edad y, en caso de que no acompañen a su madre, el lugar en que se encuentran y su régimen de tutela o custodia. Se dará carácter confidencial a toda información relativa a la identidad de los niños y al utilizarla se cumplirá invariablemente el requisito de tener presente el interés superior del menor de edad.

Artículo 142.- Derecho a la visita general y visita especial. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a visita general y especial en instalaciones adecuadas, distintas al espacio en que habitan, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.

El ingreso a visita de una persona menor de edad, requerirá de un acompañante adulto responsable, sin perjuicio de autorizaciones especiales. Estas visitas se realizarán en un entorno propicio, garantizando el comportamiento discreto del personal penitenciario y eliminando cualquier elemento de contención a la mujer privada de libertad que permita el libre contacto de esta con la persona menor de edad.

Las autoridades penitenciarias encargadas de recibir a las personas que visiten algún centro penitenciario, deberán conducirse con respeto a los derechos fundamentales, la dignidad humana y la intimidad corporal de las personas visitantes.

Artículo 143.- Derecho a la visita íntima. La población penal de los Centros de Atención Institucional y de las Unidades de Atención Integral, tendrá derecho a un espacio para visita íntima, sin discriminación por su orientación sexual. Este derecho también aplicará a las parejas ubicadas en el mismo o en diferentes establecimientos penitenciarios, de acuerdo a los lineamientos que se dispongan al efecto.

Artículo 144.- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Se garantizará la libertad de pensamiento, conciencia y religión de la persona privada de libertad, con la única limitante que impone el respeto por los derechos de las demás personas.

Artículo 145.- Derecho a la organización. Toda persona privada de libertad podrá organizarse para fines lícitos que contribuyan a desarrollar sus potencialidades y aptitudes culturales, educativas, deportivas y artísticas, y a asumir roles y responsabilidades sociales, siempre que su ubicación y situación jurídica lo permitan.

La dirección de cada Centro de Atención Institucional o de los ámbitos que cuenten con su propio Consejo Interdisciplinario, organizará a las personas privadas de libertad para la constitución de un Comité de Personas Privadas de Libertad que les represente ante las diferentes instancias, conforme a las disposiciones vigentes.

La dirección de cada Unidad de Atención Integral organizará a los residentes para la constitución de una Junta de Representantes donde deberá estar presente un delegado de cada una de las residencias de la unidad. Una vez constituida la Junta, deberá elaborar un estatuto interno el cual tendrá eficacia una vez que haya sido aprobado por el Consejo de Intervención Profesional.

En las Unidades de Atención Integral, también operarán dos tipos de comisiones: permanentes y especiales. Las permanentes serán las siguientes: 1)Acogida, 2) Ambiente y Ornato, 3) Arte, Cultura y Deporte y 4) Derechos Humanos y Resolución Alternativa de Conflictos. Las especiales se crearán de acuerdo al criterio y las necesidades de las personas residentes en coordinación con la administración penitenciaria.

Artículo 146.- Derecho al sufragio. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a emitir su voto libremente. El Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección de la Policía Penitenciaria, de manera coordinada, dispondrán de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de este derecho.

Artículo 147.- Derecho de defensa. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a una comunicación efectiva y confidencial con su defensa pública o privada.

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ejercer su defensa cuando se le atribuya la comisión de una falta disciplinaria. Podrá también contar con los servicios de un defensor privado de su confianza, pagado por su cuenta.

Artículo 148.- Derecho al traslado en condiciones adecuadas. Los traslados de las personas privadas de libertad se realizarán de forma que se garantice el respeto a su dignidad, integridad física e imagen, sin exponerle a la curiosidad del público.

Para el traslado de personas menores de edad, población femenina, población adulta mayor, personas con limitaciones físicas, enfermedades graves, o alguna otra condición especial, se atenderán las circunstancias específicas. La población femenina será trasladada por personal femenino.

Artículo 149.- Derecho a recibir atención profesional. La persona privada de libertad tiene derecho a recibir la atención profesional, en forma individual o grupal, disciplinaria e interdisciplinaria, según sus condiciones de vulnerabilidad e intereses y conforme lo disponga su plan de atención, con respeto a su libre autodeterminación y derechos fundamentales.

Artículo 150.- Derecho a incorporarse a procesos de atención. La persona privada de libertad tendrá derecho a ser incorporada a procesos de atención por violencia sexual o intrafamiliar, habilidades para la vida, o por el uso de sustancias psicoactivas. Estos podrán desarrollarse en coordinación con otras entidades especializadas, siempre que estén avalados por el Instituto Nacional de Criminología.

Artículo 151.- Derecho de petición. De acuerdo con la ley, toda persona privada de libertad tiene derecho a dirigir peticiones o quejas a las autoridades públicas competentes, internas o externas al sistema penitenciario nacional, y recibir respuesta oportuna de conformidad con la ley.

La administración penitenciaria facilitará los medios para que se haga efectivo este derecho y emitirá constancia de su presentación a la persona privada de libertad.

Se prohíbe todo tipo de persecución o represalias a la población penal por el adecuado reclamo o ejercicio de sus derechos.

Artículo 152.- Derecho al acceso a las leyes, reglamentos y otras disposiciones. Toda persona privada de libertad tendrá acceso a las leyes, reglamentos y disposiciones generales emitidas por las autoridades competentes, que regulen la ejecución de las medidas privativas de libertad.

Artículo 153.- Derecho a la comunicación. Toda persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse al exterior mediante correspondencia, teléfonos públicos u otros medios instalados en el centro o unidad.

Tratándose de personas extranjeras, deberá considerarse la diferencia horaria de su respectivo país, conforme lo establezca la dirección del centro o unidad.

A las personas privadas de libertad debe respetárseles el derecho a la inviolabilidad de su correspondencia.

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a informar a su familia, a su representante legal o a la representación diplomática de su país en caso de ser extranjeras, sobre su ingreso y egreso.

Tratándose de traslados, tendrán derecho a que se les informe de los mismos en forma previa a su ejecución.

Artículo 154.- Derecho de acceso a la información. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a poseer un radio de baterías y acceso a periódicos, libros, revistas y otros medios de comunicación colectiva, definidos por la autoridad penitenciaria. Por razones de estudio o trabajo, podrá autorizarse el uso de dispositivos electrónicos, en los espacios que se dispongan para tales fines, conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 155.- Derecho a ser informado. Al ingresar a algún nivel de atención del sistema penitenciario nacional, la persona privada de libertad tendrá derecho a recibir información escrita y verbal sobre la dinámica del centro, oficina o unidad, sus derechos y obligaciones, normas disciplinarias y el procedimiento para presentar reclamos o quejas ante las autoridades internas, los tribunales de justicia u otras instituciones.

Además de lo anterior, en el caso de las mujeres privadas de libertad recién llegadas, deberá prestarse especial atención para que estas tengan acceso a los medios que les permitan reunirse con sus familiares, recibir asesoramiento jurídico y ser informadas en un idioma que comprendan sobre el reglamento, el régimen penitenciario y las instancias a las que puede recurrir en caso de necesitar ayuda; en el caso de extranjeras, también deberán tener acceso a sus representantes consulares.

La persona privada de libertad tiene derecho a mantener una comunicación directa con las diferentes instancias que participan en su valoración profesional y a ser informada sobre los acuerdos de los órganos colegiados y autoridades de la administración penitenciaria.

Artículo 156.- Derecho de recibir y poseer objetos y bienes. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a poseer objetos, dinero y otro medio de pago autorizado para sus gastos y pertenencias para su uso personal, siempre y cuando se cumplan con las condiciones y requisitos fijados por la administración penitenciaria y la normativa vigente.

CAPÍTULO III

DEBERES

Artículo 157.- Deber de respeto a los derechos fundamentales de terceros. Las personas privadas de libertad deben respetar la vida, la salud, la integridad física y moral, la seguridad y las pertenencias de las demás personas.

Artículo 158.- Deber de convivencia adecuada. Las personas privadas de libertad deben mantener relaciones de respeto, disciplina y buen trato, facilitadoras de una adecuada convivencia. Deben respetar los horarios, el descanso, las actividades programadas por el sistema penitenciario nacional y los momentos de recreación de la población penal.

Artículo 159.- Deber de conservación de las instalaciones. Toda persona privada de libertad debe velar por el orden, aseo e integridad de las instalaciones y bienes de la institución en donde se encuentre ubicada o sea atendida.

Artículo 160.- Deber de aseo e higiene. Las personas privadas de libertad deberán velar por el aseo y cuidar su higiene personal, de forma que no se provoque riesgo a su salud o a la colectividad.

En las Unidades de Atención Integral está totalmente prohibido ingresar alimentos a las residencias. Los alimentos podrán ingresar para su consumo únicamente en las áreas determinadas por la dirección de la unidad.

Artículo 161.- Deber de depositar valores. Las personas privadas de libertad tendrán la obligación de depositar bajo la custodia de la administración del centro o unidad, sus objetos de valor y dinero efectivo, de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes.

La cantidad de dinero del que podrán disponer las personas privadas de libertad dentro de los establecimientos penitenciarios, será definida por la Dirección General de Adaptación Social que, para tales efectos, emitirá las directrices que estime oportunas, garantizando siempre la transparencia y publicidad, de modo tal que tanto funcionarios penitenciarios como personas privadas de libertad estén informados. Las directrices deberán determinar, al menos, el monto máximo permitido, el tipo de dinero, los medios de pago, el momento en el que empieza a regir la medida y la advertencia de las consecuencias derivadas de la infracción a esta norma, conforme a lo establecido en este reglamento.

Artículo 162.- Deber de informar irregularidades. Las personas privadas de libertad tienen el deber de comunicar a las autoridades penitenciarias las irregularidades que puedan perjudicar a personas o a la Administración en general. Esta información deberá ser tratada con carácter confidencial.

Artículo 163.- Deber de no utilizar o tener sustancias u objetos prohibidos. Las personas privadas de libertad ubicadas en los Centros de Atención Institucional y en las Unidades de Atención Integral, tienen prohibido tener o utilizar:

a) Armas de cualquier clase;

b) Drogas, alcohol o cualquier otra sustancia no autorizada;

c) Medicamentos prohibidos o no autorizados por el personal médico del centro o unidad;

d) Dinero fuera de las formas y los límites establecidos por la autoridad penitenciaria, u objetos valiosos como joyas o análogos;

e)Libros o materiales que puedan causar riesgo a la seguridad institucional;

f)Los dispositivos de comunicación, móviles o digitales tales como: teléfonos móviles, tabletas, sus accesorios, tarjetas SIM, tarjetas de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, reproductores digitales (MP3, MP4, ipods), dispositivos de navegación GPS o localizadores satelitales, cámaras fotográficas o de video, agendas electrónicas y similares, así como cualquier aparato o accesorio para uso tecnológico. De estos pueden hacerse excepciones si son autorizados para fines académicos o en los casos que el nivel de atención lo permita; y

g)Los demás bienes y objetos que llegaren a prohibirse vía circular conjunta de la Dirección General de Adaptación Social y de la Dirección de la Policía Penitenciaria.

Las mismas restricciones se aplicarán en los Centros de Atención Seminstitucional, mientras permanezcan en sus instalaciones, o incluso fuera de ellas, cuando así lo hayan dispuesto la Comisión Disciplinaria, el Consejo Interdisciplinario o el Instituto Nacional de Criminología.

TÍTULO V

PROCESO DE ATENCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO I

ATENCIÓN PROFESIONAL

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 164.- Finalidad. Los procesos de atención profesional tendrán como finalidad el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, así como procurar que la persona privada de libertad comprenda los aspectos sociales y personales que incidieron en la comisión de la conducta delictiva, fomentando el respeto de sí mismos y el desarrollo de la responsabilidad, con el objetivo de facilitarle una vida futura sin delinquir. La atención profesional partirá del concepto de la persona como un ser integral y para el cual se requerirá de un abordaje disciplinario e interdisciplinario, dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Esta atención se complementará con proyectos de terapia ocupacional, desarrollo artístico y deportivo.

El Estado tiene la responsabilidad exclusiva de coordinar y proveer a la población de todos los procesos de atención profesional. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares de la persona sentenciada lo permitan, se podrán cubrir algunos de los procesos de atención profesional que los centros penitenciarios, por situaciones extraordinarias o incompatibles con el respeto de los derechos humanos, no puedan brindar en tiempo. En todo caso, los procesos ofrecidos bajo esta modalidad de excepción deberán ser definidos, fiscalizados y aprobados por las autoridades penitenciarias de oficio oa gestión de parte.

Artículo 165.- Principios. La atención profesional se basa en los siguientes principios:

a)Carácter científico de los estudios que conforman el plan de atención;

b)Relación directa con la persona privada de libertad;

c)Carácter individual con base en las variables definidas por los estudios profesionales, tales como condiciones personales, socio-ambientales, pena lógicas, situación jurídica y capacidad de convivencia;

d)Carácter interdisciplinario utilizando los diferentes métodos de abordaje profesional, individual o de atención grupal y con respeto a sus derechos fundamentales; y

e)Carácter continuo, constante, dinámico y modificable dependiendo del desenvolvimiento y respuesta de la persona privada de libertad.

Artículo 166.- Definición del tipo de plan de atención. La definición del tipo de plan de atención de cada persona privada de libertad es responsabilidad del Consejo Interdisciplinario para los centros y del Consejo de Intervención Profesional para las unidades, considerando sus características personales, la vulnerabilidad personal y social, el tipo de delito, aspectos victimológicos, pena impuesta, capacidad de convivencia y necesidad de contención.

La atención profesional de personas privadas de libertad se ajustará a sus necesidades específicas, por género, etnia, edad o con limitaciones cognitivas y físicas. Cuando se considere oportuno, la persona privada de libertad que así lo consienta podrá ser incorporada a procesos de justicia restaurativa.

Artículo 167.- Registro de la información. Toda la información deberá registrarse en el sistema informático. El incumplimiento de este lineamiento constituirá falta grave.

Cuando otro funcionario haya incumplido previamente con su obligación de registro, y esto imposibilite cumplir con otras acciones de registro, deberá coordinarse para que la persona responsable de la omisión proceda a registrar la información en un plazo no mayor a dos días hábiles y, en caso de que no se subsane el incumplimiento, deberá hacerse el reporte correspondiente con la finalidad de establecer la responsabilidad disciplinaria en aquellos casos en los que el incumplimiento no se deba a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

SECCIÓN II

CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Artículo 168.- Clasificación y ubicación. La clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad en un nivel de atención, centro, ámbito o unidad, le corresponde a los equipos interdisciplinarios de ingreso, y se define analizando los siguientes aspectos:

a)La personalidad y capacidad de convivencia: tipo de vínculos y relaciones con la comunidad y su familia, historial individual, así como a su capacidad de compartir con otras personas privadas de libertad;

b)La necesidad de contención física según la capacidad de auto control, su situación jurídica y las necesidades de seguridad; y

c)La atención profesional específica que requiere la persona para la ejecución de la pena.

Se procurará que la ubicación facilite el contacto con su familia, grupo de apoyo y comunidad.

Artículo 169.- Ubicación por género. La ubicación de las personas privadas de libertad se realizará en espacios que contemplen su diversidad y particularidad. Podrán compartir espacios comunes durante la realización de actividades diversas, tales como educación, recreación, trabajo, capacitación.

Para determinar su ubicación se han de tomar en cuenta su diversidad sexual, sus características socio personales y el respeto a otros derechos que le asistan.

Artículo 170.- Ubicación por edad. Las personas privadas de libertad menores de edad estarán separadas de las mayores.

Las personas que han cometido el delito recién cumplida la mayoría de edad serán ubicadas en espacios separados de las personas privadas de libertad mayores de veintiún años, salvo que presenten un patrón de comportamiento que imposibilite su convivencia en ese espacio.

La población penal mayor de sesenta y cinco años se ubicará en centros, ámbitos o unidades para la atención de personas adultas mayores, salvo cuando por razones técnicas o motivos de acercamiento familiar se opte por una ubicación diferente, de manera excepcional. Estos espacios desarrollarán procesos de atención profesional específicos, a cargo del Nivel de Atención a la Población Adulta Mayor.

Artículo 171.- Ubicación por condición jurídica. Las personas privadas de libertad indiciadas, deberán estar separadas de quienes ya tengan sentencia firme. La población primaria en delitos -indiciada o sentenciada- deberá estar en espacios distintos a los de la población con antecedentes penales.

Artículo 172.- Ubicación en un Centro de Atención Seminstitucional y en el Nivel de Atención en Comunidad. El Instituto Nacional de Criminología podrá ubicar a las personas privadas de libertad en un Centro de Atención Seminstitucional y en el Nivel de Atención en Comunidad en los siguientes casos:

a) Con motivo de un acuerdo tomado por los Consejos Interdisciplinarios delos Centros de Atención Institucional o por los Consejos de Intervención Profesional de las Unidades de Atención Integral;

b) Basados en los informes emitidos por la dirección o las disciplinas del centro o unidad;

c) Con una recomendación brindada por la Unidad o los equipos de valoración preliminar;

d) Luego de analizar los informes para efectos de la libertad condicional, valoraciones extraordinarias, indulto o sustitución de la prisión durante la ejecución de la pena por arresto domiciliario con monitoreo electrónico; o

e) Atendiendo recomendaciones de las autoridades jurisdiccionales competentes, que en sentencia así lo indiquen.

Artículo 173.- Características de la población que se ubica en Centros de Atención Seminstitucional. Debe encontrarse sentenciada a la orden del Instituto Nacional de Criminología, no requerir de contención física, contar con habilidades personales y sociales para vivir en el contexto social, contar con apoyo familiar o comunitario o con recursos personales que le permitan un estilo de vida independiente. La atención está direccionada al cumplimiento del plan de atención de la población, mediante el abordaje y acompañamiento disciplinario e interdisciplinario, así como a promover su participación en la comunidad, fomentar el desarrollo personal, social y la ubicación de la persona privada de libertad en su medio familiar y laboral.

Artículo 174.- Reubicación por quebrantamiento de la modalidad de atención, incumplimiento del plan de atención o nueva causa judicial. A la persona privada de libertad ubicada en un Centro de Atención Seminstitucional se le podrá trasladar inmediatamente a un Centro de Atención Institucional, como medida cautelar adoptada por la dirección del centro de adscripción, cuando incumpla con alguna de las condiciones bajo las cuales se acordó su ubicación, cuando quebrante la modalidad de custodia o incumpla el plan de atención de manera injustificada. La reubicación de nivel se ordenará solo en aquellos casos en los que, luego de un examen de las circunstancias, resulte proporcional y razonable.

De igual manera, se procederá cuando se tenga conocimiento de la apertura de una nueva causa judicial contra la persona beneficiada, o cuando se detecte la existencia de una causa, que en su momento no hubiese sido reportada en la información que sirvió de insumo para que el Instituto Nacional de Criminología concediera el beneficio.

Le corresponderá al Consejo Interdisciplinario del Centro de Atención Institucional, elaborar el informe en el cual recomendará dentro del plazo de dos meses ante el Instituto Nacional de Criminología, la revocatoria definitiva del beneficio o la continuidad de la persona privada de libertad en ese nivel de atención, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de los hechos. En caso de que la revocatoria de los beneficios no resulte razonable ni proporcional, el Instituto Nacional de Criminología podrá fijar nuevas medidas de oficio o por recomendación del centro.

El Instituto Nacional de Criminología deberá pronunciarse en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del informe supra citado.

Artículo 175.- Incumplimiento justificado. Si por razones justificadas una persona privada de libertad incumple las condiciones que se le fijaron para su ubicación en el Centro de Atención Seminstitucional, deberá comunicar dichas razones al centro tan pronto le sea posible. Las razones justificadas pueden ser de naturaleza laboral, familiar o de salud.

Cuando la persona privada de libertad se presente voluntariamente al Centro de Atención Seminstitucional, dentro de los tres días naturales transcurridos luego de que cesaron las circunstancias de justificación, en el centro se procederá a valorar la situación de incumplimiento y se tomarán las medidas pertinentes.

SECCIÓN III

VALORACIÓN

Artículo 176.- Valoración profesional. La valoración es el proceso permanente y sistemático de observación, atención y análisis del abordaje brindado por los profesionales del centro o unidad, de conformidad con el plan de atención asignado.

Artículo 177.- Valoración preliminar para la selección de nivel. Tratándose de personas primarias, con sentencias de prisión que no superen los ocho años y que aún no ingresan a prisión, a solicitud de parte, la Unidad de Valoración Preliminar o los Consejos Interdisciplinarios de los centros a los que se les encargue estos casos, podrán recomendar al Instituto Nacional de Criminología la ubicación en los Centros de Atención Seminstitucional o en el Nivel de Atención en Comunidad.

Si se trata de una mujer primaria que se encuentre en estado de vulnerabilidad, por pobreza, por tener bajo su responsabilidad el cuido y la manutención de familiares dependientes, por discapacidad o por ser víctima de violencia de género, cuando ese estado haya influido en la comisión del hecho punible la valoración inicial se podrá realizar si la sentencia no es superior a doce años de prisión. El Nivel de Atención a la Mujer deberá coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres el abordaje de la beneficiada.

El personal que conforme esta Unidad deberá pertenecer a las disciplinas que integran el Instituto Nacional de Criminología. Dicho Instituto establecerá los lineamientos bajo los cuales trabajarán la Unidad y los Consejos Interdisciplinarios que se encarguen de conocer los casos. Cuando sus acuerdos consistan en recomendar que las personas ingresen a los Centros de Atención Seminstitucional o al Nivel de Atención en Comunidad, deberán elevarse al Instituto Nacional de Criminología dentro del plazo de quince días hábiles y contendrán los criterios necesarios para que este órgano tome la decisión de la ubicación penitenciaria.

Artículo 178.- Valoración inicial para las personas indiciadas, contraventoras o sujetas a procedimientos de extradición. La valoración inicial le corresponderá al Consejo Interdisciplinario, se realizará desde que la persona ingresa a un centro del sistema penitenciario nacional, y permitirá determinar la legalidad del ingreso y establecer el Plan de Acciones Inmediatas.

Artículo 179.- Valoración inicial para las personas sentenciadas. La valoración inicial le corresponderá al Consejo Interdisciplinario, se realizará en el plazo máximo de un mes a partir de la pena líquida, y consistirá en el análisis y estudio para determinar la ubicación, clasificación y definición del Plan de Atención Profesional de las personas sentenciadas.

Cuando a la persona le reste por descontar ocho años o menos de prisión, estas valoraciones podrán incluir recomendaciones para la ubicación de las personas privadas de libertad en el Nivel de Atención en Comunidad o en Centros de Atención Seminstitucional, siempre que se cumpla con las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional de Criminología para tales efectos.

Tratándose de personas en prisión preventiva, a las que les recae sentencia firme y por la que les reste descontar ocho años o menos de prisión, el Consejo Interdisciplinario del centro donde se encontraban, deberá proceder a valorarlas para determinar si pueden recomendar su ubicación en algún Centro de Atención Seminstitucional. De lo contrario, deberán ser trasladadas a un centro o ámbito para sentenciados, previa coordinación, con la dirección del centro cuando el traslado se realice dentro del mismo establecimiento, o con la coordinación del Nivel de Atención Institucional en caso de que deba trasladársele a otro centro del mismo nivel de atención.

Si se trata de una mujer primaria que se encuentre en estado de vulnerabilidad, por pobreza, por tener bajo su responsabilidad el cuido y la manutención de familiares dependientes, por discapacidad o por ser víctima de violencia de género, cuando ese estado haya influido en la comisión del hecho punible la valoración inicial se podrá realizar si la sentencia no es superior a doce años de prisión. El Nivel de Atención a la Mujer deberá coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres el abordaje de la beneficiada.

Artículo 180.- Valoración ordinaria en Centros de Atención Institucional. El equipo interviniente presentará periódicamente al Consejo Interdisciplinario un informe sobre la atención brindada a la persona privada de libertad y su respuesta al plan de atención, a efecto de realizar las modificaciones que sean necesarias.

Estas valoraciones se regirán por los siguientes plazos contados a partir de la pena líquida:

a) Para sentencias condenatorias hasta de 3 años de prisión, cada 6 meses;

b) Para sentencias condenatorias de más de 3 años y hasta 12 años de prisión, cada año; y

c) Para sentencias condenatorias de más de 12 años de prisión, cada 2 años. Al restar 5 años para el cumplimiento de la pena, la valoración se realizará cada año.

La valoración profesional podrá incluir recomendaciones ante el Instituto Nacional de Criminología para la ubicación en un nivel de atención, de conformidad con los lineamientos que establezca este instituto.

Artículo 181.- Valoración ordinaria en Centros de Atención Seminstitucional. La valoración del plan de atención de las personas ubicadas en los Centros de Atención Seminstitucional se realizará al menos cada año a partir de su ingreso al centro y se registrará en el sistema informático en un plazo máximo de tres días hábiles.

El Consejo Interdisciplinario podrá modificar o establecer nuevas condiciones en el plan de atención asignado a cada persona, así como modificar las modalidades de pernoctación o presentación, salvo en aquellos casos en que el Instituto Nacional de Criminología disponga lo contrario.

Artículo 182.- Valoraciones extraordinarias. El Instituto Nacional de Criminología podrá solicitar a los centros, unidades u oficinas del sistema penitenciario nacional, informes o valoraciones profesionales fuera de los plazos ordinarios establecidos cuando ello sea necesario para analizar cambios en el nivel de atención u otros efectos, ya sea por necesidades institucionales debidamente fundamentadas, o situaciones sobrevenidas en la ejecución de la pena, lo anterior en virtud de los principios pro homine y de humanidad en el cumplimiento de la pena.

El Instituto Nacional de Criminología, establecerá mediante circular los procedimientos para las valoraciones extraordinarias.

Artículo 183.- Valoraciones en materia penal juvenil. Para la población sometida a la Ley de Justicia Penal Juvenil, la valoración se regirá por los plazos establecidos por esa ley y por la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

SECCIÓN IV

SALIDAS TEMPORALES

SUB-SECCIÓN I

SALIDAS A ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, FORMATIVAS, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS

Artículo 184.- Autorización. Los Consejos Interdisciplinarios de los centros y los Consejos de Intervención Profesional de las Unidades de Atención Integral, podrán autorizar salidas a actividades culturales, educativas, formativas, deportivas, artísticas y recreativas a las personas privadas de libertad sentenciadas ubicadas en sus establecimientos, para lo cual, en caso de considerarlo necesario, podrá designar a profesionales para que brinden acompañamiento durante la actividad.

En todos los casos deberá valorarse el objetivo que se pretende con la salida, el desenvolvimiento de la persona en el centro o unidad, además de verificar que no presenta riesgo de fuga y que se garantice la integridad física de las personas participantes en la actividad. También, se debe analizar el espacio físico en que se desarrollará la actividad, a efectos de que el mismo reúna condiciones para la debida custodia de la Policía Penitenciaria.

La custodia y el traslado deberán ser coordinados por la dirección del centro o unidad ante el Departamento de Servicios Generales y la Dirección de la Policía Penitenciaria.

Las medidas de seguridad se deben ajustar al menos a lo establecido en este reglamento.

Artículo 185.- Solicitud de autorización. Para la participación en actividades culturales, educativas, formativas, deportivas, artísticas y recreativas de los grupos que se encuentran organizados en los diferentes centros o unidades, las instancias internas o externas deberán solicitarlo ante la dirección del respectivo centro o unidad, contemplando el objetivo que se pretende e indicando si obedece a una programación de actividades previamente establecidas.

Artículo 186.- Selección de las personas. Cuando la solicitud no esté dirigida a gestionar la participación de personas específicas, la selección de quienes participen en la actividad será realizada por los profesionales de las secciones de Orientación y Educación, contando con el criterio de la Policía Penitenciaria.

Artículo 187.- Transporte. La dirección del centro o unidad, en coordinación con la Policía Penitenciaria, valorará la posibilidad de utilizar el transporte que ofrezcan quienes organicen el evento.

Artículo 188.- Informe. En caso de haberse asignado profesionales responsables del acompañamiento durante la salida, deberán rendir un informe a la dirección del centro o unidad, sobre el desenvolvimiento de la persona o grupo, a efectos de su análisis respectivo en la valoración de su plan de atención.

Artículo 189.- Penal juvenil. La población penal juvenil se rige por la ley especial, por lo que, para su autorización, previamente debe ser consultada la autoridad jurisdiccional penal juvenil.

SUB-SECCIÓN II

SALIDAS DE EXCEPCIÓN

Artículo 190.- Motivos para autorizar las salidas de excepción. Se entenderá por salida de excepción, todo aquel egreso que realice una persona privada de libertad con autorización de la dirección cuando se genere por alguna de las siguientes causas:

a)Cuando en el centro o unidad no resulte posible brindarle atención específica a sus problemas de salud, podrá autorizársele a la persona privada de libertad una salida de excepción para asistir a exámenes de laboratorio o gabinete a efectos de establecer un diagnóstico clínico, acitas o procedimientos médicos, odontológicos o de otra especialidad, para lo cual la sección de Salud del centro o unidad deberá previamente haber valorado y coordinado la cita con el consultorio o centro de salud;

b)Cuando se requiera hacer pruebas de laboratorio para realizar marcadores genéticos para establecer la paternidad de una persona menor de edad;

c)Cuando la madre, padre, hermanos, hijos, compañero sentimental o el recurso sustituto de la persona privada de libertad, fallezca o presente una condición muy delicada de salud debidamente certificada por profesionales en medicina o verificada por otras fuentes de información. Se tendrá como recurso sustituto a las personas que asumieron la crianza de la persona valorada en ausencia de los miembros de su grupo familiar o quienes hayan dado acompañamiento a la persona privada de libertad durante su periodo de reclusión y que previamente fueron identificadas por esta como su grupo de apoyo al exterior del establecimiento penitenciario;

d)Por problemas severos de discapacidad, determinada mediante presentación de certificación médica, por parte de la madre, padre, hermanos, hijos, compañero sentimental o del recurso sustituto de la persona privada de libertad, que le imposibilite su desplazamiento al centro o unidad;

e)Para el fortalecimiento del vínculo con otras personas del grupo familiar que también se encuentren privadas de libertad, concretamente con la madre, padre, hermanos, hijos, compañero sentimental o el recurso sustituto de las personas privadas de libertad. Cuando se trate de la pareja sentimental, procederá siempre y cuando no tengan visita íntima. Cuando se identifique el interés y la necesidad de este contacto, se procurará ubicarles en un mismo ámbito o centro, siempre y cuando sus condiciones de género, edad, situación jurídica, capacidad de convivencia, necesidad de contención y requerimientos de atención lo permitan;

f) Cuando la persona privada de libertad requiera visitar a sus hijos menores de edad que se encuentren en un módulo Materno Infantil de algún establecimiento penitenciario, en albergues o centros ya sean públicos o privados; o

g) Para realizar trámites que necesariamente requieran la presencia física de la persona privada de libertad.

Artículo 191.- Procedimiento para las de salidas de excepción. Las solicitudes de salidas de excepción serán tramitadas observando los siguientes lineamientos:

a)La persona privada de libertad debe presentar su solicitud por escrito, ante la dirección del centro, ámbito o unidad, o ante la sección de Salud tratándose de motivos de su competencia;

b) Las personas profesionales de la sección de Salud serán las únicas que estarán autorizadas a valorar y emitir su recomendación a la dirección, sobre las solicitudes de salidas de excepción relacionadas con las condiciones de salud de las personas privadas de libertad;

c) La dirección será la encargada de analizar la solicitud en los siguientes casos:

i. Para las salidas por motivos de fallecimiento de sus familiares o recurso sustituto, en estos casos a la solicitud debe adjuntarse la copia del acta de defunción e indicarse el día, hora y lugar de las honras fúnebres. En estos casos, la dirección deberá establecerla coordinación previa con la Policía Penitenciaria antes del pronunciamiento definitivo.

ii. Para las salidas inter-centros o inter-ámbitos entre la persona privada de libertad y su padre, madre, hijos, hermanos, o recursos sustitutos que también se encuentren en privación de libertad, cuando las personas privadas de libertad manifiesten su anuencia. Este tipo de salidas se podrán tramitar cada tres meses. Corresponderá al centro o ámbito de menor contención física, tramitar la salida de excepción. En estos casos debe existir estrecha coordinación entre la Policía Penitenciaria y las direcciones de los centros involucrados, que determinan el día y hora para hacerla efectiva.

iii. Para realizar trámites que necesariamente requieran la presencia física de la persona privada de libertad, cuando no resulte razonable que se efectúe mediante el otorgamiento de un poder a otra persona que se encargue de representarle;

d) La sección de Trabajo Social, será la responsable de emitir su recomendación a la dirección, según se establece a continuación:

i. Cuando la solicitud se fundamente en las condiciones de salud dela madre, padre, hermanos, hijos, compañero sentimental o el recurso sustituto de la persona privada de libertad, deberá adjuntar un certificado médico actualizado emitido en el último mes, con excepción de aquellos casos en estado de salud terminal, que tendrá vigencia de seis meses, partiendo de la última fecha de solicitud de la salida de excepción. Asimismo, aplica la presentación del dictamen en aquellos casos en condición de discapacidad que limite el desplazamiento del visitante al centro o unidad.

ii. Atenderá las solicitudes de la población privada de libertad para asistir a los módulos Materno Infantil, albergues u otros lugares donde permanezcan personas menores de edad con la cual media vinculación afectiva. En estos casos debe verificarse que no existen factores de riesgo directo a la integridad física de los mismos;

e) Cuando el personal de Trabajo Social o de Salud valoren la solicitud, deberán utilizar aquellos recursos y fuentes de información que resulten oportunos para fundamentar su recomendación, que junto con los documentos que la respalden, deberán elevar ante la dirección a efectos de autorizar o denegar la salida de excepción; en este último caso debe notificarse a la persona privada de libertad;

f)En caso de autorizar la salida de excepción, la dirección procederá a enviar la documentación al superior de la Policía Penitenciaria del centro o unidad, para que la salida se ejecute en un plazo razonable de acuerdo a las posibilidades institucionales;

g)Para asistir a honras fúnebres o en situaciones de emergencia, la dirección del centro, unidad o -en su ausencia- el superior de la Policía Penitenciaria, podrá autorizar las salidas excepcionales de personas privadas de libertad a un centro hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando en el centro o unidad no se cuente con profesionales en las ciencias de la salud;