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 Normativa >> Decreto Ejecutivo 41032 >> Fecha 21/02/2018 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 41032
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030
Texto Completo acta: 12102F

N° 41032-PLAN-MINAE-RE



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,



LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA



ECONÓMICA, LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ENERGÍA



Y DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO



Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 46, 50, 66, 140 incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política; artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, "Ley General de la Administración Pública"; artículos 2, 3, 4, 5, y Capítulos XI, XII, XIII y XV de la Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995, "Ley Orgánica del Ambiente"; y artículos 1, 2.b), 3, 4, siguientes y concordantes de la Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974 "Ley de Planificación Nacional".



Considerando:



I.-Que en el Proceso de Marrakech, iniciado en el 2003, en seguimiento a los acuerdos del Plan de Implementación de Johannesburgo, se acordó fomentar y promover el desarrollo de un Marco Decenal de Programas (conocido como 10YFP) para cambiar los patrones de producción y consumo. Específicamente dentro del 10YFP se han definido como programas sustantivos los siguientes: edificaciones y construcción sostenibles, turismo sostenible, sistemas agroalimentarios sostenibles, compras públicas sostenibles, información al consumidor, estilos de vida sostenibles y educación. Además, en el marco del 10YFP, se insta a los países a desarrollar políticas y programas nacionales en consumo y producción sostenibles, así como en el establecimiento de mesas nacionales interinstitucionales e instersectoriales para el impulso de estas políticas y programas.



II.-Que en las XIX y XX Reuniones del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, celebradas en los arios 2014 y 2016 respectivamente, se han tomado acuerdos relevantes para impulsar la adopción de patrones de producción y consumo sostenible en la región; principalmente se ha reiterado el compromiso de la región para apoyar la implementación del Marco Decenal de Programas de CPS (10YFP) y mantener un papel activo en su promoción, asimismo se hace un llamado a los países de la región para que se integren objetivos de consumo y producción sostenibles en el diseño e implementación de políticas, así como el desarrollo de programa nacionales en esta materia.



III.-Que en setiembre de 2015 fueron aprobados por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destaca el objetivo 12, que hace referencia al tema del consumo y la producción sostenible, exhortando para que todos los países puedan alcanzar un crecimiento económico mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y servicios.



IV.-Que Costa Rica se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); debiendo tomar acciones para el cumplimiento de un conjunto de instrumentos legales de dicha organización. En materia ambiental estos instrumentos legales promueven que los países miembros adopten normas y estándares internacionales, mejores prácticas y directrices de política que los orienten hacia prácticas de producción y consumo más sostenible.



V.-Que en la sesión ordinaria N° 110 del Consejo de Gobierno, celebrada el 16 de agosto de 2016, se instruyó al Ministerio de Ambiente y Energía y al Ministerio de Planificación y Política Económica, trabajar una Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible.



VI.-Que el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE "Gobernanza e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica", estableció una estructura organizacional para planificar, implementar y dar seguimiento en Costa Rica a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, el artículo 2 que señala que: "Todas las instituciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, dependencias y autonomías, deberán prestar colaboración para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica, conforme al principio de la debida coordinación interinstitucional". Adicionalmente en su artículo 9 establece la siguiente competencia de la Secretaría Técnica de los ODS: "Promover que las metas de los OD' comprometidas por Costa Rica estén incorporadas en los diferentes instrumentos de planificación, como políticas, planes, programas, proyectos, así como en la presupuestación nacional, institucional, sectorial y regional."



VII.-Que el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-REMINAE, creó el Consejo de Alto Nivel de los ODS como órgano máximo para coordinar las acciones dirigidas al cumplimiento de la Agenda 2030 en Costa Rica, conformado por el Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministro de Ambiente y Energía; teniendo dentro de sus funciones, definir una política nacional de planificación, implementación y seguimiento de los ODS con enfoque prospectivo, integrando las dimensiones económica, social y ambiental de conformidad con las normas de Derechos Humanos y del Derecho Nacional e Internacional.



VIII.-Que en la elaboración de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles se contó con la participación activa de diversos sectores de la sociedad, los cuales desde una visión país definieron acciones y metas en los temas prioritarios que aborda la política. Por tanto,



Decretan:



"Oficialización de la Política Nacional



de Producción y Consumo Sostenible"



Artículo 1°-Oficialización. Oficialícese para efectos de aplicación obligatoria, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (en adelante la Política), la cual se ejecutará entre los años 2018-2030. El documento completo de la Política indicada estará disponible en la página electrónica de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en la siguiente dirección: http://www.digeca. go.cr/areas/produccion-y-consumo-sostenibles y la versión impresa se custodiará en el Archivo Central del MINAE, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 7202 "Ley del Sistema Nacional de Archivos".



(Nota de Sinalevi: La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (en adelante la Política), fue suministrada por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, y se transcribe a continuación:)



 



 





 



 



 



Contenido



Siglas y acrónimos ............................................................................................................. 1



1. Presentación ............................................................................................................... 4



2. Introducción ................................................................................................................ 5



3. Antecedentes .............................................................................................................. 7



3.1. La Producción y Consumo Sostenibles en el contexto internacional .................... 7



3.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles - El ODS No. 12 .................................. 9



3.3. Las Metas de Aichi para la Biodiversidad. ......................................................... 11



3.4. Proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ..................................................................................... 11



3.5. Metodología participativa ................................................................................... 13



4. Situación actual nacional - breve diagnóstico ........................................................... 14



4.1. Marco legal relacionado con Producción y Consumo Sostenibles ..................... 14



4.2. Marco Institucional ............................................................................................. 17



4.3. Resumen del estado actual: avances y desafíos ............................................... 19



4.3.1. Turismo Sostenible ..................................................................................... 22



4.3.2. Sistemas Agroalimentarios Sostenibles ...................................................... 26



4.3.3. Producción sostenible de bienes y servicios no alimentarios ...................... 33



4.3.4. Compras Públicas Sustentables ................................................................. 37



4.3.5. Construcción Sostenible ............................................................................. 40



4.3.6. Educación y Estilos de Vida Sostenibles .................................................... 44



5. Enfoques de la política.............................................................................................. 47



6. Orientación estratégica ............................................................................................. 49



7. Componentes de la Política ...................................................................................... 50



7.1. Objetivo General de la Política........................................................................... 50



7.2. Principios rectores ............................................................................................. 50



7.3. Ejes, objetivos y acciones estratégicas .............................................................. 51



7.3.1. Turismo sostenible...................................................................................... 53



7.3.2. Sistemas agroalimentarios sostenibles ....................................................... 55



7.3.3. Producción sostenible ................................................................................. 58



7.3.4. Compras públicas sustentables .................................................................. 60



7.3.5. Construcción sostenible .............................................................................. 62



7.3.6. Estilos de vida sostenibles .......................................................................... 64



7.3.7. Fortalecimiento Institucional ....................................................................... 66



7.4. Modelo de Gestión............................................................................................. 68



7.5. Modelo de evaluación y seguimiento ................................................................. 72



8. Referencias bibliográficas ......................................................................................... 73



9. Glosario .................................................................................................................... 84



10. Anexos .................................................................................................................. 88



Anexo I. Vinculación entre los ejes priorizados en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles respecto a las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ........................................................................................................................... 89



Anexo II. Resumen de los principales instrumentos legales OCDE y su vinculación con los temas priorizados en la presente Política de PCS .................................................. 95



Anexo III. Convenios, tratados y leyes relacionadas con producción y consumo sostenibles - Resumen ............................................................................................... 109



 



Siglas y acrónimos 10YFP



Siglas en inglés del Marco Decenal de Programas sobre Producción y Consumo Sostenibles.



AED



Asociación de Empresas para el Desarrollo.



AVP+L



Acuerdos Voluntarios de Producción más Limpia.



BANHVI



Banco Hipotecario de la Vivienda



CACIA



Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria.



CACORE



Cámara Costarricense de Restaurantes.



CANAECO



Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible.



CATIE



Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.



CCC



Cámara Costarricense de la Construcción.



CCNRS



Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social.



CCSS



Caja Costarricense del Seguro Social.



CEGESTI



Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial.



CEPAL



Comisión Económica para América Latina y el Caribe



CFIA



Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.



CICR



Cámara de Industrias de Costa Rica.



CNP



Consejo Nacional de la Producción



CST



Certificado de Sostenibilidad Turística.



DCC



Dirección de Cambio Climático del MINAE



DE



Dirección de Energía del MINAE.



DIGECA



Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE.



DR-CAFTA



Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.



ECA



Ente Costarricense de Acreditación.



EDGE



Excellence in Design for Greater Efficiencies.



EVS



Estilos de Vida Sostenibles.



GAM



Gran Área Metropolitana.



GIZ



Agencia de Cooperación Alemana.



HIVOS



Agencia de Cooperación Holandesa.



ICODER



Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación.



ICT



Instituto Costarricense de Turismo.



IFAM



Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.



 



IICA



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.



INA



Instituto Nacional de Aprendizaje.



INDER



Instituto Nacional de Desarrollo Rural.



INEC



Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



INTA



Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.



INTECO



Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica



INVU



Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.



ISO



International Organization for Standardization



ITCR



Instituto Tecnológico de Costa Rica.



JAPDEVA



Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica



LAICA



Liga Agrícola de la Caña.



LEED



Leadership in Energy & Environmental Design.



MAG



Ministerio de Agricultura y Ganadería.



MEIC



Ministerio de Economía, Industria y Comercio.



MEP



Ministerio de Educación Pública.



MICITT



Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.



MIDEPLAN



Ministerio de Planificación y Política Económica.



MH



Ministerio de Hacienda.



MINAE



Ministerio de Ambiente y Energía.



MIPYMES



Micro, pequeñas y medianas empresas.



MIVAH



Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.



MOPT



Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



MREC



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



MS



Ministerio de Salud.



MTSS



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



NAMA



Siglas en inglés de Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada.



OCDE



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.



ODS



Objetivos de Desarrollo Sostenible.



OIT



Organización Internacional del Trabajo.



OMT



Organización Mundial de Turismo.



ONG



Organización no gubernamental.



ONU



Organización de Naciones Unidas.



OVOP



Siglas en inglés del sello Un Pueblo Un Producto.



PBAE



Programa Bandera Azul Ecológica.



PCS



Producción y Consumo Sostenibles.



PIB



Producto Interno Bruto.



PNUMA



Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.



PROCOMER



Promotora de Comercio Exterior.



PROPYME



Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa.



PYME



Pequeña y mediana empresa.



REDIES



Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles.



Red PDA



Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.



RESET



Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico.



SEPSA



Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria.



SFE



Servicio Fitosanitario del Estado



SICOP



Sistema Integrado de Compras Públicas.



SINAC



Sistema Nacional de Áreas de Conservación.



SIREA



Sistema de Reconocimientos Ambientales.



TIC



Tecnologías de Información y Comunicación



UCR



Universidad de Costa Rica.



UE



Unión Europea.



UNA



Universidad Nacional.



UNESCO



Siglas en inglés de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.



UNGL



Unión Nacional de Gobiernos Locales.



 



1. Presentación



Desde hace más de 25 años la necesidad de promover patrones sostenibles de producción y consumo ha estado presente en la agenda nacional e internacional. En cada foro, conferencia y cumbre se ha reconocido de manera global que como sociedades tenemos el reto de modificar la forma en que producimos y consumimos.



Este desafío se renueva con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Además, a nivel nacional el país está asumiendo una serie de compromisos en el marco del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



Para enfrentar estos nuevos desafíos el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) hemos promulgado la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles.



Esta es producto de un proceso participativo con diversos actores claves vinculados al tema. Por medio de talleres, entrevistas y encuestas se les dio voz a diversos sectores para que, desde sus necesidades más sentidas, nos compartieran sus obstáculos, problemas y propuestas de solución. Con todos estos insumos nos dimos a la tarea de elaborar esta Política, que esperamos responda a las aspiraciones de todos los que participaron en ella.



En concordancia con los lineamientos de MIDEPLAN en materia de políticas públicas, la estructura de esta comprende, entre otros apartados, un diagnóstico general sobre la situación de la producción y el consumo sostenibles en Costa Rica, en donde se señalan brechas importantes pero también se resaltan logros. Además, se detallan los compromisos de los ODS y OCDE que se estarán cumpliendo con la implementación de esta Política.



A partir de la sección 5 se incluye la parte medular de la Política, en ella se exponen el objetivo general, los ejes, lineamientos y las acciones estratégicas. Los ejes de esta Política coinciden en gran medida con los temas propuestos en el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, por sus siglas en inglés, impulsado desde la Organización de Naciones Unidas); estos ejes son: Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, Turismo Sostenible, Estilos de Vida Sostenibles, Construcción Sostenible, Compras Públicas Sostenibles y Producción Sostenible.



Con este esfuerzo se espera articular e impulsar el mayor número de iniciativas que permitan al país transitar con paso seguro hacia una estructura socio-productiva que se caracterice por sus prácticas de sostenibilidad social, ambiental y económica. Con ello se estará aportando al cumplimiento de la agenda 2030 y los compromisos con la OCDE.



Finalmente, queremos reconocer los aportes de todas las instituciones, empresas, cámaras, organizaciones y municipalidades que participaron en este proceso, haciendo que esta Política sea fruto de un esfuerzo colectivo. Particular reconocimiento a la Fundación Friedrich Ebert, que nos acompañó en esta trascendental tarea.





 



2. Introducción



El país, desde los compromisos de la Cumbre de la Tierra en 1992, definió una hoja de ruta hacia la sostenibilidad. De hecho, haciendo eco de esas obligaciones internacionales, se reforma en 1994 la Constitución Política para poder insertar el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.



A lo largo de estos años, Costa Rica ha estado presente suscribiendo una serie de compromisos internacionales a nivel ambiental y social que abonan a esta aspiración constitucional. Los nuevos desafíos, como los ODS y la adhesión a la OCDE, siguen marcando el camino hacia el modelo de desarrollo sostenible, el cual es un anhelo de los habitantes del país.



En este marco, el tema de la Producción y Consumo Sostenibles (PCS) cobra especial relevancia; tal es así que se definió dentro de los ODS un objetivo específico sobre este tema, reconociéndose de esta manera la existencia de un claro consenso acerca de los impactos ambientales y sociales negativos que acarrean los esquemas insostenibles de producción y consumo, tal como se ha reiterado en las distintas declaraciones internacionales (siendo una de las últimas la de Río +20), en donde una vez más se reconoce este como un desafío medular.



A partir de patrones insostenibles de producción y consumo se deriva la degradación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la exclusión social y la profundización de las brechas sociales. La pobreza y la ausencia de trabajos decentes son el reflejo de un enfoque de producción que no incorpora la visión de sostenibilidad. Asimismo, en el campo ambiental se palpan los efectos de esto en la destrucción de los ecosistemas, así como la sobreexplotación y contaminación de los recursos (agua, suelo, aire).



En procura de la sostenibilidad son muchos los esfuerzos que se han impulsado y se siguen promoviendo por parte del sector público, privado, organizaciones y la ciudadanía. Solo por citar un ejemplo en el sector público se identificaron 38 políticas que guardan alguna vinculación con el tema. Asimismo, con base en el estudio realizado por CEGESTI (2015) se inventariaron aproximadamente 156 iniciativas en PCS provenientes de diversos sectores.



Tanto en el tema de las políticas como en el caso de los proyectos e iniciativas se identificó como común denominador: la desarticulación, dispersión de esfuerzos y traslape de recursos para un mismo fin.



Además, en el marco del diagnóstico que sustenta esta Política se identificó que, pese a esfuerzos existentes, existen aún oportunidades de mejora para fortalecer la implementación de criterios de sostenibilidad en los sectores productivos clave. Esto en gran medida debido a que se percibe que los incentivos o reconocimientos existentes aún no permiten diferenciar en el mercado estos esfuerzos. También se señaló un vacío en cuanto a la investigación e innovación con lo que se pone un obstáculo a los posibles avances en el tema.



Precisamente para solventar estas limitaciones, articular y fortalecer esfuerzos existentes, así como para proponer e innovar con nuevas acciones, se promulga la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles. Esta política es una orientación desde el Estado a partir de la cual se busca poner el tema en la agenda de desarrollo del país con una visión de largo alcance y con la participación de todos los actores involucrados, generando las sinergias que se requieren para alcanzar los objetivos que esta política se plantea.



Tal como se ha indicado, los temas que privilegia la Política están en consonancia con las tendencias mundiales, principalmente con el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP). Por ello, con la implementación de ésta política se espera que se logren incorporar criterios de sostenibilidad en los sectores de la construcción, el turismo, la producción (tanto la alimentaria como la no alimentaria) y en las compras públicas del Estado; esto apoyaría a impulsar la eco-competitividad de importantes sectores de la economía nacional.



Por otra parte, con la implementación de la Política se aspira a divulgar, promover y educar, a nivel de la ciudadanía, sobre los estilos de vida sostenibles. Una población informada y sensibilizada sobre los temas de sostenibilidad puede impulsar la conformación de una importante demanda hacia productos y servicios en esta línea, lo cual a su vez implica un estímulo a la producción y una dinamización de la economía en la que priven estos principios. Con esto se promovería mejoras en la calidad de vida de los pobladores, en particular a aquellos con condiciones especiales (vulnerabilidad por: pobreza, capacidades diferenciadas, etc.), así como una mayor protección del ambiente.



Al estimular la producción sostenible fortalecida por una demanda estable de bienes y servicios en esta línea, junto con un cambio hacia la sostenibilidad de los estilos de vida de la población, se espera concretar importantes transformaciones en los patrones de producción y consumo del país. Estos cambios se podrán visibilizar mediante los siguientes parámetros: un mayor número de organizaciones del sector productivo, tanto público como privado, aplicando prácticas de sostenibilidad en sus procesos y/o servicios, el incremento de prácticas de consumo y producción sostenibles en las cadenas de valor del sector agropecuario, un sector turístico aplicando en mayor escala los criterios nacionales e internacionales de sostenibilidad, el aumento en el número de proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad y de resiliencia al cambio climático, un incremento en el número de bienes y servicios que el Estado adquiere con criterios de sostenibilidad; y una población educada e informada que incorpora prácticas de sostenibilidad en sus estilos de vida y adquiere mayor cantidad de bienes y servicios con criterios de sostenibilidad.



Para lograr cambios en la estructura productiva y de consumo del país se requieren acciones contundentes de parte del Estado, entendiéndolo en su concepción más amplia. Sin embargo, se debe tener presente que el desarrollo sostenible parte de una responsabilidad compartida; es decir, resulta fundamental la participación activa y coordinada de todos los actores para apuntar hacia formas sostenibles de producir y consumir en la sociedad costarricense.



3. Antecedentes



3.1. La Producción y Consumo Sostenibles en el contexto internacional



De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente - PNUMA (2010), la Producción y el Consumo Sostenibles se define de la siguiente manera:



"El uso de servicios y productos conexos que den respuesta a las necesidades básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo al mínimo el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos así como las emisiones de desechos y de sustancias contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto con el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras".



Este enfoque en la producción y en el consumo se viene acogiendo desde hace ya varias décadas. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1992, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se destaca el tema de abordar la problemática de los esquemas de producción y consumo imperantes, convirtiéndose el tema en el Principio 8 de la Declaración de Río, el cual establece que "para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas" (ONU, 1992).



A partir de este momento histórico, el tema de la sostenibilidad se convirtió en el norte que los gobiernos, organizaciones sociales, empresas y sociedad civil debían seguir. Los diversos acuerdos multilaterales que surgieron después de esta cumbre dictaron importantes líneas de acción a nivel global.



Posteriormente, en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 se vuelve a citar el tema de la Producción y el Consumo como uno de los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible: "Reconocemos que la erradicación de la pobreza, el cambio de los modelos de producción y consumo, y la protección y administración de la base de recursos naturales para el desarrollo económico y social son objetivos transversales y requerimientos esenciales para el desarrollo sustentable" (ONU, 2002).



En concordancia con esta preocupación, en el Plan de Implementación de Johannesburgo (PIJ) se decidió "fomentar y promover el desarrollo de un marco de programas a 10 años que apoyara iniciativas regionales y nacionales a fin de acelerar el cambio hacia el consumo y la producción sostenibles". En este contexto, "todos los países deberían tomar medidas, principalmente los países desarrollados, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo, mediante la movilización, desde todas las fuentes, de asistencia financiera y técnica y la formación de capacidades para los países en desarrollo" (ONU, 2002).



En respuesta al Plan de Implementación de Johannesburgo surge en el 2003 el Proceso de Marrakech. Este proceso consiste en una campaña de acción global basada en la interacción de múltiples partes interesadas para promover el consumo y la producción sostenibles (CPS) y trabajar en la conformación de un "Marco Global de Acción sobre CPS",



conocido como el Marco Decenal de Programas sobre Producción y Consumo Sostenibles (10YFP, por sus siglas en inglés) (PNUMA, s.f.).



El 10YFP, como marco global de acción, busca acelerar el cambio hacia patrones de consumo y producción sostenibles tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo. Los programas contemplados dentro del 10YFP se muestran en la figura 1.



 



 





 



Figura 1. Programas considerados dentro del Marco Decenal de Programas sobre Producción y Consumo Sostenibles (10YFP). Fuente: PNUMA, (s.f.)



En el 2012, para enfatizar una vez más la importancia del tema de la producción y el consumo sostenibles, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) reafirmó que promover patrones de consumo y producción sostenibles es uno de los tres objetivos generales y requisitos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible. También reiteró que cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen son imprescindibles para lograr el desarrollo sostenible a nivel global (ONU, 2012).



Ante esto, los Jefes de Estado presentes en Río+20 fortalecieron su compromiso para apoyar e impulsar el Marco Decenal de Programas sobre patrones de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) (ONU, 2012).



En el contexto regional, el 10YFP ha logrado que en América Latina y el Caribe el tema de producción y consumo sostenibles sea visto como una prioridad, esto mediante la gestión e incidencia política que se realiza con los Foros de Ministros de Medio Ambiente de



América Latina y el Caribe1. Como resultado de estos esfuerzos se cuenta con la "Estrategia Regional de Consumo y Producción Sostenibles (CPS) para la implementación del Marco Decenal de CPS (10YFP) en América Latina y el Caribe (2015 - 2022)", adicionalmente en varios países de la región se están desarrollando planes, programas y políticas nacionales en producción y consumo sostenibles.



1Por ejemplo con la Decisión Número 7 sobre CPS adoptada en la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC, en Los Cabos, México, marzo de 2014.



3.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles - El ODS No. 12 2



2Este apartado se desarrolla tomando como base la siguiente fuente: ONU (Organización de Naciones Unidas). 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/



En setiembre del 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 17 objetivos que entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. En los próximos 15 años, con estos nuevos objetivos de aplicación universal, los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad, luchar contra el cambio climático y promover la protección ambiental.



Dentro de estos 17 objetivos, destaca el ODS No. 12 "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles", siendo éste un tema central que incluye a la mayoría de los restantes objetivos. Asimismo, en el tema ambiental se identifican otros ODS tales como: el 6 sobre la disponibilidad de agua y el saneamiento; el 7 que se refiere a la energía asequible y no contaminante; el 11 que trata de ciudades y comunidades sostenibles; el 13 acerca de las medidas para combatir el cambio climático; el 14 acerca de la protección de la vida submarina y el 15 sobre el cuido de los ecosistemas terrestres.



El ODS No. 12 sobre consumo y producción sostenibles implica, entre otros aspectos, fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos verdes, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. El consumo y la producción sostenibles consiste en hacer más y mejores cosas con menos recursos; crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso deben participar distintos agentes, entre ellos empresas, comerciantes, consumidores, políticos, investigadores, científicos, medios de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo. Para esto también es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada por medio del etiquetado ambiental y las normas de uso.



Específicamente el objetivo 12 exhorta a que los países puedan alcanzar un crecimiento económico mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. En ese sentido, las metas que este objetivo se plantea son las siguientes:



12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.



12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.



12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.



12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.



12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.



12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.



12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.



12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.



12.9 Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.



12.10 Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.



12.11 Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.



En este contexto, la presente Política está llamada a responder a todas estas aspiraciones, con lo que se espera construir, como dice el nombre del Informe de Naciones Unidas de la Agenda de Desarrollo post 2015 "El futuro que queremos para todos".



En el Anexo I se presenta un listado de las metas ODS y su relación con los temas priorizados en la presente política.



3.3. Las Metas de Aichi para la Biodiversidad.



Durante la Décima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) celebrada en Japón en el año 2010, la Convención instó a los países a actualizar sus Estrategias Nacionales de Biodiversidad (ENB) bajo la mirada de un nuevo enfoque propuesto en el llamado "Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi". Este Plan, está compuesto por 5 objetivos estratégicos y 20 metas mundiales. Dentro de estas metas se encuentran las siguientes vinculadas directamente con la temática de Producción y Consumo Sostenibles:



"Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites ecológicos seguros." (Subrayado no corresponde al original.



"Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica."



Al cotejar las Metas Aichi y los ODS se puede percibir que existe una correlación entre ambos (UICN, s.f.). Para efectos del interés de la presente política, esta correlación se plasma más específicamente con el ODS 12. En este sentido, la Política Nacional de PCS apoyará en el cumplimiento de estas metas Aichi, dándoles continuidad durante el horizonte temporal 2018 - 2030.



3.4. Proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)



Costa Rica se encuentra en proceso de adhesión a la OCDE. El 9 de abril de 2015 los países miembros de la OCDE acordaron, durante una reunión del Consejo de este organismo, abrir conversaciones de adhesión con Costa Rica.



En este contexto, Costa Rica participa en el trabajo sustantivo de muchos de los comités especializados de la OCDE, entre ellos el Comité de Política Ambiental (EPOC, por sus siglas en inglés), en el Comité de Químicos y en los correspondientes grupos de trabajo especializados derivados de estos comités.



Básicamente, en este proceso de adhesión Costa Rica debe demostrar su cumplimiento respecto a un conjunto de instrumentos legales establecidos por la OCDE para sus países miembros3. Muchos de los instrumentos legales en materia ambiental promueven la adopción de normas y estándares internacionales, mejores prácticas y directrices de política que orientan a los países hacia una de producción y consumo más sostenible. Existen instrumentos para las siguientes áreas temáticas: a) ambiente, b) crecimiento verde, c) químicos, d) residuos; entre otros. Solo en las áreas anteriores existen un total de 77 instrumentos OCDE (15 de ellos con carácter de decisión, 56 con carácter de recomendación y 6 con carácter de declaración)4.



3Para mayor información sobre el contenido de los instrumentos legales de OCDE referirse al sitio Web https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm



4Las Decisiones son jurídicamente vinculantes para todos los países miembros. Implican el mismo tipo de obligaciones legales que los tratados internacionales. Los miembros deben tomar las medidas necesarias para tal implementación. Las Recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, pero la práctica les otorga una gran fuerza moral como representación de la voluntad política de los países miembros y existe la expectativa de que los países miembros hagan todo lo posible para implementar plenamente una recomendación. Las Declaraciones corresponden a textos solemnes que establecen compromisos políticos relativamente precisos. No son actos formales de la Organización y no tienen la intención de ser jurídicamente vinculantes, pero el Consejo de la OCDE los señala y su aplicación generalmente es supervisada por el organismo responsable de la OCDE.



Estos instrumentos establecen responsabilidades al país en temas como: uso sostenible de recursos naturales, prevención y control integrado de la contaminación, mejores prácticas productivas, tecnologías limpias, gestión de residuos, educación e información al consumidor, aplicación del enfoque de ciclo de vida en bienes y sustancias, generación de normativa integral, uso de instrumentos económicos - ambientales, eficiencia energética y energías alternativas y renovables, gestión racional de sustancias químicas, desarrollo turístico en armonía con el ambiente, uso eficiente del agua, conocimiento del estado del ambiente, evaluación de impactos ambientales, mejoramiento del desempeño ambiental del Gobierno; entre muchos otros aspectos que el país debe avanzar como parte del proceso de adhesión.



A continuación, se enlistan a manera de ejemplo algunos instrumentos OCDE vinculados con Producción y Consumo Sostenibles (PCS)5:



5Para acceder al listado total de instrumentos OCDE consultar el sitio http://webnet.oecd.org/oecdacts/



- C(2016)174/FINAL Recomendaciones del Consejo sobre agua



- C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL Declaración de Crecimiento Verde.



- C(2008)40 Recomendaciones del Consejo Sobre productividad de recursos.



- C(2004)100 Recomendación del Consejo sobre la gestión ambientalmente racional de los residuos.



- C(2002)3 Recomendación del Consejo sobre la mejora del rendimiento medioambiental de la contratación pública



- C(96)39/FINAL Recomendación del Consejo sobre la mejora del comportamiento medioambiental de Gobierno.



- C(90)164/FINAL Recomendación del Consejo sobre prevención y control integrado de la contaminación.



- C(85)111 Declaración sobre el Medio Ambiente: Recursos para el Futuro.



- C(79)115 Recomendaciones del Consejo sobre el medio Ambiente y Turismo.



- C(79)121ANN Declaración sobre Políticas Ambientales Preventivas



- C(76)155/FINAL Recomendación del Consejo sobre una política global de gestión de residuos.



- C(76)162/FINAL Recomendación del Consejo relativa a la reducción de los impactos ambientales de la producción y uso de energía.



- C(74)215 Recomendación del Consejo relativa a la evaluación de los posibles efectos ambientales de los productos químicos.



- C(2010)61 Recomendación del Consejo sobre las tecnologías de información, la comunicación y el medio ambientes.



En el Anexo II se presenta un breve resumen de los principales instrumentos legales OCDE y su vinculación con los temas priorizados en la presente Política de PCS.



3.5. Metodología participativa



Los procesos de planificación social, de diseño y de ejecución de acciones que se construyen a partir de una amplia vinculación de actores, aseguran, por un lado, un mejor entendimiento y conceptualización del tema tratado y por otro, una sostenibilidad en el tiempo. Es por ello que la elaboración de la presente Política parte de un proceso de construcción conjunta y de consulta con actores y sectores vinculados al desarrollo nacional, en el tema de la producción y el consumo sostenibles.



Esta Política es producto de los insumos obtenidos en 8 talleres participativos, y otras técnicas de recolección de información como encuestas y entrevistas. Además se contó con otros insumos que han orientado la elaboración del presente documento.6



6Entre estos: a) "Mapeo nacional de políticas e iniciativas en Consumo y Producción Sostenibles" (CEGESTI, 2015); b) "Diagnóstico nacional de Consumo y Producción Sostenibles" (Domenech, 2017); c) "Mapeo de políticas, planes y estrategias nacionales relacionadas con Consumo y Producción Sostenibles" (DIGECA, 2016)



Este proceso inicia con un primer Taller Nacional de Consulta realizado el 19 de noviembre del 2015 que contó con la participación de representantes de diversos sectores, con quienes se comenzaron a esbozar algunas posibles acciones que deberían estar contempladas en una Política Nacional de PCS. Además, se les consultó por referencias de iniciativas que conocieran en el tema, así como sobre otros actores relevantes con quienes se debería tener contacto. Para este y el resto de talleres se aplicó la metodología METAPLÁN, este método de moderación grupal incentiva la construcción colectiva de resultados y permite recuperar en tarjetas los aportes de todos los participantes (Gonzalez, et. al, 2011).



En concordancia con los temas que propone el Marco Decenal de Programas sobre Producción y Consumo Sostenibles se organizaron los grupos de trabajo según los siguientes temas:



1. Producción Sostenible (no alimentaria)



2. Sistemas Agro-alimentarios Sostenibles



3. Turismo Sostenible



4. Estilos de Vida Sostenibles y Educación



5. Construcción Sostenible



6. Compras Públicas Sostenibles



Este primer Taller permitió una identificación de actores y contar con mayores insumos para las consultas posteriores.



Del 24 de abril hasta el 4 de mayo del 2016 se llevaron a cabo 6 talleres, uno por día en los temas antes señalados, donde participaron diversos sectores. Los talleres estuvieron conceptualizados como espacios de intercambio de información y construcción de diagnóstico y alternativas de solución en cada uno de los temas tratados.



Asimismo, como se ha indicado y con el ánimo de rescatar los puntos de vistas de otros actores, este esfuerzo de consulta se amplió con encuestas y entrevistas con personeros claves de instancias públicas y privadas con el objetivo de rescatar el mayor número de criterios y aportes en torno a los principales problemas para avanzar como país hacia estándares de sostenibilidad (en los temas que aborda la política) y la definición de posibles acciones estratégicas (Domenech, 2017).



Con base en estos esfuerzos se enriqueció un diagnóstico general sobre la situación de la producción y el consumo sostenibles, el cual fue un insumo fundamental para precisar más las acciones estratégicas que fueron surgiendo en el marco de los talleres.



Para volver a poner en conocimiento a los actores anteriormente consultados sobre los avances del documento de la Política se convocaron en el mes de setiembre dos nuevos talleres. Uno de ellos consistió en un taller general (donde participaron actores de todos los temas priorizados) y otro específico con el sector municipal; este último con el propósito de incorporar el enfoque y visión de los gobiernos locales en las acciones que se estaban proponiendo.



Estos últimos talleres tenían como objetivo el recopilar y validar información, así como generar diálogo e intercambio de conocimientos entre los actores clave con respecto a la propuesta de acciones estratégicas de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles.



De acuerdo con la metodología seguida, la presente Política recogió los aportes e insumos brindados a lo largo del proceso por parte de todos los actores que fueron convocados a los diversos espacios de construcción que se generaron.



4. Situación actual nacional - breve diagnóstico



4.1. Marco legal relacionado con Producción y Consumo Sostenibles



El concepto de Producción y Consumo Sostenibles (PCS) es sumamente amplio pudiéndose ubicar bajo este concepto mucha de la normativa ambiental y social vigente en nuestro país. Es por ello que se puede afirmar que la presente Política está sustentada en un extenso marco legal. En este sentido, se cita en el presente apartado la principal normativa relacionada con temas de protección ambiental (enfocando aquellas que promueven el uso eficiente de los recursos como la reducción de la contaminación ambiental); asimismo, se mencionan algunos de los instrumentos legales más significativos en el ámbito social (en el Anexo III se presenta un listado más extenso con un resumen de cada uno de ellos).



Primeramente, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles se enmarca en un mandato constitucional, específicamente en su artículo 50 que señala: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (.) El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes"



En el contexto internacional, Costa Rica ha ratificado gran cantidad de convenios y acuerdos que procurar que los países miembros realicen acciones en protección del ambiente, entre estos se puede mencionar:



- Protocolo de Montreal (Ley N° 7223): establece condiciones con respecto a la producción y consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono y sus alternativas.



- Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe (Ley N° 7227): llama a adoptar medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona del Gran Caribe.



- Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley N° 7416): promueve medidas que conduzcan a un futuro sostenible; cuenta con tres objetivos principales, uno de ellos es la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica.



- Convenio de Basilea (Ley N° 7438): protege el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.



- Protocolo de Kioto (Ley N° 8219): establece la obligación de aplicar medidas para mitigar el cambio climático y para facilitar una adaptación adecuada, considerando sectores como energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y la gestión de los desechos.



- Convenio de Estocolmo (Ley N° 8538): establece acciones para minimizar y, cuando sea posible, eliminar la producción y la emisión no intencionales de Compuestos Orgánicos Persistentes.



- Convenio de Rotterdam (Ley N° 8538): promueve la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos.



- Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Ley N° 8539): establece la obligación de implementar medidas normativas y jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.



- Acuerdo de París (Ley N° 9405): establece los compromisos de los países parte para reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de manera que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga por debajo de los 2ºC.



En el ámbito social nuestro país ha ratificado un conjunto de convenios que procuran el bienestar social y la protección de los trabajadores, entre ellos: Convenio sobre Igualdad de Remuneración (Ley N° 2561), Convenio sobre Discriminación (Ley N°2848), Convenio Sobre la Seguridad Social (Ley N° 4736), Convenio Sobre la Edad Mínima (Ley N° 5594), Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (Ley N° 6968), Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad (Ley N° 8861), entre otros.



En cuanto a leyes promulgadas a nivel nacional, la Ley Orgánica del Ambiente - LOA (Ley N° 7554) es un referente indispensable ya que establece la obligación por parte del Estado Costarricense de propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, así como de fomentar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo, por medio de la ejecución de políticas nacionales tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población. Al amparo principalmente de este mandato es que el MINAE promulga la presente Política.



Además de la LOA, existen otras leyes de carácter general que tienen alta relevancia para el cambio hacia patrones de producción y consumo más sostenibles, entre ellas se pueden mencionar:



- Ley General de Salud (Ley No. 5395): establece obligaciones relacionadas con el uso de sustancias tóxicas y peligrosas, contaminación del agua superficial y subterránea, cuencas fluviales, eliminación de aguas residuales (industriales y residenciales), contaminación ambiental del aire y generación de ruido, controles de emisiones atmosféricas, saneamiento básico y otros.



- Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley No. 7317): indica, entre otras cosas, que deberá garantizarse que el fomento y las actividades productivas relacionadas con el manejo y la reproducción de la vida silvestre sean realizados de forma sostenible.



- Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Ley No. 7779): Busca proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental adecuada.



- Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Ley 8262): Promueve el concepto de desarrollo empresarial sostenible, dirigido a armonizar la producción empresarial con los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes. El MEIC coordinará con el MINAE, el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientados a facilitar el acceso de las PYMES a los mecanismos de tutela ambiental, como como el uso de tecnologías limpias, el conocimiento y cumplimiento de las normas de protección y conservación del medio ambiente, la formación y capacitación para el uso de elementos correctivos, las auditorías ambientales, las evaluaciones ambientales, las ecoetiquetas, el envase, el embalaje, el reciclaje y la producción más limpia7.



7De acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 27 de la Ley 8262 (Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas).



Existe además otra legislación cuyo alcance está dirigido a la gestión de un aspecto más específico, y a partir de las cual se derivan normas que regulan el uso de los recursos y le gestión de emisiones contaminantes. Dentro de esta legislación cabe mencionar:



- Ley de Aguas (Ley N° 276): define los requerimientos para el uso y aprovechamiento a efectos de hacer un uso racional del recurso hídrico.



- La Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía (Ley N° 7447): establece los mecanismos para ese uso sostenible desde criterios de protección ambiental.



- Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N° 8839): orienta a la prevención de la contaminación, la aplicación de la producción más limpia, la reutilización y la valorización de residuos, para promover las tecnologías menos contaminantes en el tratamiento y la disposición final de estos. Además establece la responsabilidad de los generadores de residuos de no contaminar los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas.



En materia social es fundamental destacar la Ley de promoción de la igualdad social de la mujer (Ley N° 7142), la Ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad (Ley N°7600), el Código de la niñez y la adolescencia (Ley N°7739), la Ley Integral para la persona adulta mayor (Ley N° 7935), entre otras. En términos generales este conjunto de normas establecen la protección de los derechos de las personas, evitando la discriminación o desprotección de grupos o sectores de la población. Asimismo, vela por el respeto y requerimientos particulares para poblaciones en condiciones especiales o de mayor vulnerabilidad.



Sin entrar en detalle sobre los decretos derivados de las leyes anteriores, es importante señalar que, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE "Gobernanza e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica", MIDEPLAN es la instancia que tiene a cargo el seguimiento de los compromisos adquiridos por el país con los ODS.



4.2. Marco Institucional



En el presente apartado se identifican las instituciones que, en virtud de sus competencias, estarían contribuyendo en la implementación de la presente Política. Este marco institucional parte del reconocimiento de las rectorías y liderazgos existentes en los temas que aborda la política. En su puesta en marcha se espera que en este conjunto de dependencias se produzcan las articulaciones y sinergias que permitan el logro de los objetivos que la Política propone.



El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) juega un rol protagónico en virtud de su condición de rector en materia ambiental. Su misión está dirigida a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país (MINAE, 2017). Cuenta con la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, con funciones dirigidas a la promoción del mejoramiento del desempeño ambiental de los diferentes actores productivos, priorizando la prevención de la contaminación desde la fuente de generación (DIGECA, 2017).



En el tema de la Producción Sostenible destaca el papel del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), rector en la materia. Esta institución contempla entre sus objetivos estratégicos el fomentar un sector industrial competitivo que aporte a un desarrollo económico, sostenible y equitativo. Cuenta con la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), la cual es una oficina gubernamental de servicio que busca el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME costarricenses (MEIC, 2017).



El Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) en su condición de Rector del Sector Agropecuario y Rural lidera las acciones que se llevan a cabo en el sector. Con respecto al tema de los Sistemas Agroalimentarios le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería cuya misión señala entre otros aspectos la sostenibilidad, social, económica y ambiental en la actividad agropecuaria. Además cuenta en su estructura con un Departamento de Producción Sostenible dentro de la Dirección de Extensión Agropecuaria. Este departamento tiene la finalidad de impulsar la producción nacional por medio de tecnologías y metodología orientadas hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas de producción y el bienestar de la población (MAG, 2017).



Otra dependencia importante es el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el cual entre sus objetivos contempla el fomento al bienestar social de las poblaciones rurales, en particular las más vulnerables y también debe velar por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de servicios ambientales que mejoren y protejan los recursos naturales (INDER, 2017).



En materia de turismo, corresponde la rectoría al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en primer lugar, porque tiene a cargo la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2021, el cual contempla entre uno de sus objetivos el fortalecer el posicionamiento del país como un destino turístico sostenible (ICT, 2017). En segundo lugar, porque la institución cuenta con un Departamento de Sostenibilidad, el cual planifica, ejecuta y da seguimiento a los programas de Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), Programa Bandera Azul Ecológica, (categoría Playas) y el Programa de Código de Conducta.



Dada la diversidad de temas que integra el enfoque de los Estilos de Vida Sostenibles, se pueden ubicar varias instituciones que estarían ligadas con esta temática, no obstante destacan principalmente el Ministerio de Salud (MS)8, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).



8Principalmente en lo que respecta a la promoción de estilos de vida sanos y saludables. Se debe tener presente que este ministerio además tiene un rol fundamental en cuanto a gestión de la contaminación (residuos sólidos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, ruido, entre otras) dadas las competencias establecidas en la Ley General de Salud y sus reglamentos.



El promover los Estilos de Vida Sostenibles, requiere de un componente educativo, de ahí que se visualice al MEP con un papel protagónico dentro de esta Política impulsando el tema, el cual no es ajeno a la institución. Dentro de sus propósitos y objetivos se encuentra "Hacer conciencia en los individuos, acerca del compromiso que tienen con las futuras generaciones, procurando un desarrollo sostenible económico y social, en armonía con la naturaleza y el entorno en general" (MEP, 2017).



En el tema de Construcción Sostenible destacan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Todas ellas con funciones y competencias muy específicas al respecto.



En materia de Compras Públicas Sostenibles, tiene un papel protagónico el Ministerio de Hacienda (MH). Este Ministerio tiene a su cargo el implementar y dar seguimiento a la Política de Compras Públicas Sustentables y creación del Comité Directivo, tal como se indica en el Decreto Ejecutivo M°39310 MH-MINAE-MEIC-MTSS.



En áreas transversales a las temáticas anteriores, cabe mencionar la importancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual juega un rol primordial en lo que respecta a protección efectiva del trabajo humano y el bienestar social; asimismo el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en lo relacionado con potenciar el aprovechamiento del conocimiento y la innovación, para priorizar y dirigir las iniciativas del sector hacia la competitividad, el bienestar y la prosperidad; así como la Rectoría del sector de las telecomunicaciones en su tarea de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable al desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza; y la responsabilidad de brindar el apoyo técnico en materia de gestión integral de residuos en cuanto a la definición, clasificación y diseño de políticas de gestión de los residuos derivados de las actividades de telecomunicaciones9.



9Artículo 39 de la Ley No. 8660 (Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones).



Dentro del marco institucional que se ha mencionado cabe destacar el Foro Nacional de los ODS, creado en el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE, como un espacio público para la rendición de cuentas de las acciones realizadas para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica. Este es organizado y convocado por la Secretaría Técnica del Pacto Nacional por los ODS.



Recientemente fue creada la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) (Decreto Ejecutivo No. 40710) como un órgano adscrito de apoyo y asesoría técnica del Ministro Rector del Sector Ambiente y a las autoridades sectoriales en la conducción eficiente y eficaz del sector, bajo los principios de competitividad, sostenibilidad y equidad. Dentro de sus funciones se incluyen conducir de forma participativa procesos de formulación de políticas sectoriales así como brindar insumos de planificación, evaluación y seguimiento para una eficiente y efectiva implementación de las políticas públicas



En términos generales, la mayoría de las instituciones y espacios que se mencionan en el apartado vienen de una u otra manera trabajando temas de sostenibilidad, y han promulgado políticas públicas que tienen relación con el tema, de ahí que hayan sido contempladas en el marco institucional de esta Política (para mayor información ver CEGESTI, 2015 y DIGECA, 2016).



4.3. Resumen del estado actual: avances y desafíos



Costa Rica tiene logros históricos y una base firme en materia de conservación ambiental (principalmente en lo que respecta a áreas silvestres protegidas); así como en lo relacionado a la generación de electricidad mediante fuentes de energía renovables. Estos logros le han valido el reconocimiento internacional, posicionándose como un ejemplo alrededor del mundo (Programa Estado de la Nación, 2016).



Sin embargo, el país enfrenta en la actualidad grandes desafíos para lograr el ansiado desarrollo sostenible, en donde el tema de la producción y el consumo sostenibles es determinante.



La producción y el consumo sostenible esta intrínsecamente ligado con la ley de oferta y demanda. Este enfoque busca que los productos o bienes que se ofrezcan en el mercado lleven impreso los criterios de la sostenibilidad; es decir que hayan sido producidos con un mínimo uso de recursos naturales, sin emplear materiales tóxicos y sin generar residuos ni emisiones contaminantes. Asimismo, persigue impactar en el mercado laboral promoviendo una perspectiva inclusiva que permita reducir las desigualdades sociales. La otra ecuación del concepto es la demanda, es decir, la solicitud por parte de los consumidores por esos bienes y servicios que contemplan criterios amplios de sostenibilidad.



Por definición, el tema de la Producción y el Consumo Sostenible atañe a toda la estructura productiva de un país así como a la sociedad consumidora de bienes y servicios; lo que lo hace muy vasto. Es por ello que para delimitarlo en el contexto de este diagnóstico, se acogió la priorización hecha en el Marco Decenal de Programas sobre Producción y Consumo Sostenibles (10YFP), en donde se tomaron en cuenta como actividades productivas: la producción (industrial), los sistemas agroalimentarios, el turismo y la construcción. Además se contempla la compra pública del Estado (por su impacto en el mercado) y los estilos de vida sostenibles, este último como un tema prioritario para el abordaje global de la producción y el consumo sostenible.



Uno de los principales hallazgos de este diagnóstico es que, en las actividades antes mencionadas, existe la percepción de que los patrones de producción y consumo a nivel nacional tienden a ser insostenibles, salvo algunas excepciones que se citan en el texto. En la producción industrial y agroalimentaria, en la actividad turística y de construcción existen aún formas de producción donde no se realiza un manejo optimizado de los recursos naturales y en donde se generan impactos ambientales negativos tanto por residuos como por las emisiones atmosféricas (entre otras posibles causas de contaminación).



En la compra pública del Estado, si bien es cierto, se han dado importantes avances aún es necesario avanzar hasta llegar a considerar la compra estatal como un sinónimo de sostenibilidad. En materia de estilos de vida sostenible, se constató que es un abordaje bastante nuevo que no ha tenido suficiente penetración, sin embargo se identificaron un conjunto de iniciativas y acciones que eventualmente bien coordinadas podrán hacer de este tema, algo prioritario en la agenda ambiental nacional.



Sobre la prevalencia de los esquemas no sostenibles en las actividades productivas mencionadas se citan varias causas, entre ellas el énfasis que ponen tanto los actores productivos como los consumidores en el factor económico (precio), como principal criterio tanto para producir (maximización de utilidades) como para consumir, quedando de lado consideraciones ambientales y sociales. Al respecto, también se identificó como otra causa el hecho de que en el mercado no se estimule precisamente la incorporación de esos temas en los productos y servicios, por lo que no está considerado como un factor de competitividad.



Además se identificó una débil capacidad del Estado para propiciar patrones sostenibles de producción y consumo, lo que se suma a la desarticulación de políticas e iniciativas y falta de coordinación entre instituciones rectoras, lo que no permite ver resultados concretos en el tema. También la insuficiente innovación, transferencia tecnológica y asistencia técnica son otros factores que abonan al poco impulso de patrones de producción más sostenibles.



Estas y otras causas están provocando en los sectores de producción (industrial), agroalimentario, turismo y construcción, así como en la compra pública del Estado, que no se contemplen los temas de sostenibilidad como un factor que puede ofrecer ventajas competitivas, razón por la cual se tiene un deficiente desarrollo de mercados de bienes y servicios sostenibles.



Por otra parte, la ausencia de campañas educativas sobre los temas de consumo, y la tendencia a abordar el tema de los derechos del consumidor solo desde la perspectiva económica y de la calidad del producto o servicio (separado de su proceso de producción), no ha permitido que se cuente con una masa crítica de consumidores que entienda y se comprometa con la sostenibilidad, a fin de generar una demanda que dinamice la producción desde este tipo de orientaciones.



Es importante destacar que a pesar de las debilidades que se han venido señalando, existen en todos los temas que aborda la política, iniciativas y propuestas en materia de sostenibilidad, lo que permite concluir que desde hace varios años, tanto desde lo público como de lo privado, se vienen gestando un conjunto de esfuerzos aislados que deben integrarse y articularse para que estos tomen la fuerza y robustez que se requiere. Precisamente en esa línea es que apunta la presente política.



A manera de síntesis se muestra un árbol de problema-causas-efectos, relacionados con la Producción y Consumo Sostenibles, siendo importante señalar que en esta figura todos los efectos señalados tienen como consecuencia final la reducción del inventario de recursos naturales, la afectación de los servicios ecosistémicos y de la calidad del ambiente en general.



 



 





 



 



Figura 2. Resumen de árbol de problema - causas - efectos, relacionados con la Producción y Consumo Sostenibles. Fuente: elaboración a partir del informe Domenech (2017).



A continuación se presentan los principales avances y desafíos para cada uno de los sectores identificados como prioritarios en la presente política. Para el desarrollo de estos apartados, en lo que respecta a identificación de políticas, iniciativas, problemáticas, se tomaron de base los siguientes documentos: a) "Mapeo nacional de políticas e iniciativas en Consumo y Producción Sostenibles" (CEGESTI, 2015); b) "Diagnóstico nacional de Consumo y Producción Sostenibles" (Domenech, 2017); c) "Mapeo de políticas, planes y estrategias nacionales relacionadas con Consumo y Producción Sostenibles" (DIGECA, 2016); entre otros.



4.3.1. Turismo Sostenible



Según la Organización Mundial del Turismo - OMT (2014), se estima que, a nivel global, el turismo representa el 9% del PIB mundial, genera uno de cada 11 empleos creados y es capaz de producir cerca de 1,4 trillones de dólares en exportación de servicios, lo que representa cerca del 6% de las exportaciones mundiales y el 6% de las exportaciones de los países no desarrollados (OMT, 2014; citado por ICT, 2017). De acuerdo con las proyecciones de la OMT, para el 2020 la cantidad de turistas en el mundo rondará los 1,400 millones y para el 2030 esa cifra estará en torno a los 1,800 millones, lo que significa una tasa de crecimiento promedio en el período 2010 a 2030 de entre 3 al 4% anual; porcentaje que agregaría una cifra cercana a los 43 millones de nuevos turistas cada año a nivel mundial de aquí al 2030 (OMT, 2011; citado por ICT 2017).



En Costa Rica, en los últimos 32 años (hasta el 2015), la cantidad de llegadas internacionales de turistas por todos los puertos y aeropuertos del país creció más del 800%. La tasa promedio de crecimiento interanual (que mide la velocidad a la que ocurre este crecimiento) fue en promedio del 8% para todo el periodo, dato relevante si se considera que es más del doble de la tasa de crecimiento mundial reportada por la OMT para ese mismo periodo (ICT, 2017).



Según el ICT (2017), en términos generales el turista que visita Costa Rica tuvo una estadía promedio durante el 2015 de alrededor de 11 días y un gasto promedio de US$ 1400. El 86% viaja por razones personales (vacaciones, visita de familiares, educación, tratamiento médico y/u otros) y el 14% restante por razones profesionales (congresos, ferias, conferencias o negocios). Costa Rica continúa siendo un destino donde los turistas disfrutan de una gran variedad de posibles actividades relacionadas con naturaleza, ecoturismo, aventura, playa, deportes, fincas, cultura y bienestar, entre otras. El turismo nacional se estima en un millón y medio de personas que al año se desplazan de su entorno habitual y pernoctan al menos una noche fuera del hogar preferentemente en zonas de playa (73%) y montaña (20%).



La oferta turística del país ha venido creciendo en los últimos años y está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que se basan principalmente en la operación de productos de naturaleza, ecoturismo o aventura en consonancia con el modelo de turismo del país. Las principales categorías del espacio turístico nacional son: las áreas silvestres protegidas, la zona marítimo - terrestre y los territorios urbano-regionales (ICT, 2017)



El sector turismo, según cifras del 2016 de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y el Banco Central de Costa Rica, representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto del país (superando en generación de divisas a las exportaciones de café, banano, piña y productos farmacéuticos en su conjunto); además involucra al 27% de la fuerza laboral costarricense (se estima que más de 600 mil personas trabajan directa o indirectamente en el sector) (Ministerio de la Presidencia, 2016).



Avances



El país cuenta con un ente público rector del tema, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El ICT ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021 que se fundamenta en tres ejes: sostenibilidad, innovación e inclusión. En lo referente a la sostenibilidad el Plan se divide en 3 áreas:



- Garantizar un uso óptimo de los recursos ambientales, conservando los procesos ecológicos fundamentales y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica.



-Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, conservar su patrimonio cultural edificado y humano y los valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y tolerancia entre culturas, así como la justa convivencia entre empresas turísticas y comunidades de acogida.



- Garantizar un alto nivel de satisfacción entre los turistas a partir de una experiencia auténtica y aumentando su concienciación sobre los aspectos asociados a la sostenibilidad y promoviendo prácticas de turismo sostenible, incluida la seguridad.



Los principales reconocimientos en temas relacionados con la sostenibilidad del sector turismo en el país son:



- Certificado de Sostenibilidad Turística (CST). El CST es un programa que pretende la categorización y certificación de empresas turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo de sostenibilidad (el certificado cuenta con 5 niveles de sostenibilidad). Se evalúan cuatro ámbitos fundamentales: entorno físico-biológico, planta de servicio o gestión del servicio, cliente y entorno socioeconómico. El proceso de certificación es voluntario y gratuito y la certificación la otorga la Comisión Nacional de Acreditación (ICT, 2017). Para el año 2016, el CST tenía certificadas 351 empresas (entre empresas de hospedaje, agencias tour operadoras, empresas de renta de vehículos, parques temáticos sostenibles, empresas gastronómicas sostenibles y tour operadores marino-costeros) (ICT, 2017).



- Galardón Bandera Azul Ecológica. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) nace en 1995. El objetivo del Programa es establecer un incentivo para promover la organización de comités locales en las distintas zonas y categorías, con el propósito de buscar su conservación y desarrollo en concordancia con la protección de los recursos naturales, la búsqueda de mejores condiciones higiénico- sanitarias y la mejora de la salud pública costarricense (PBAE, 2017).



En la categoría de playas, en el 2016, 105 comités de playas recibieron la Bandera Azul (ICT, 2017). El galardón lo entrega una Comisión Interinstitucional que se encarga de preparar el programa de trabajo anual, de evaluar, auditar, dar seguimiento y seleccionar los comités locales ganadores (bajo el liderazgo del ICT).



El PBAE también cuenta con la categoría de "Espacios naturales protegidos" la cual promueve un mayor nivel de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos dedicados al turismo ecológico. Esta categoría es gestionada por la Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas y hasta la fecha se ha dado ese galardón a más de cincuenta espacios naturales protegidos, en donde prevalecen las iniciativas privadas.



Adicionalmente de manera individual cada organización turística puede optar por las categorías de "Cambio Climático" (los establecimientos turísticos, especialmente los hoteles, tienen la tendencia a aplicar por esta categoría) y de manera reciente se ha creado la categoría de construcción sostenible.



- Certificación Rainforest Alliance - certificación para servicios de turismo. Esta certificación aplica para hoteles, operadores de turismo receptivo y emisor, y otras empresas turísticas, con el fin de mejorar sus prácticas ambientales, sociales y  (Rainforest Alliance, 2017). Se basa en los Criterios Globales para Turismo Sostenible que promueve el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC, s.f.).



Adicionalmente, Costa Rica ha dedicado esfuerzos en temas de formación en sostenibilidad tales como los programas de capacitación desarrollados por la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica (CANAECO) e ICT; y el diplomado técnico en Turismo Sostenible del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y CANAECO; así como en promoción del turismo rural comunitario, las artesanías y la gastronomía tradicional.



El INA en su núcleo de turismo también ha realizado esfuerzos para incorporar las variables de sostenibilidad a sus cursos de formación. Destaca también la creación del Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe (UCR, 2017) y de la Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas desde el año 1995. Finalmente, el gobierno ha promovido el turismo nacional mediante la Campaña "Vamos a turistear" (ICT, s.f.), y CANAECO (2017) la compensación de emisiones mediante el Programa Viajeros con Conciencia Climática.



Respecto a indicadores en sostenibilidad en el sector turismo destaca la inclusión por parte del ICT del cálculo bianual del índice de progreso social en algunos de los más importantes destinos turísticos del país (incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico para su estimación a partir del 2017), el número de empresas certificadas con el CST y el número de playas galardonadas con Bandera Azul Ecológica.



Desafíos



Aunque existen empresas turísticas que cuentan con el Certificado de Sostenibilidad Turística, así como playas y espacios naturales protegidos galardonados con la Bandera Azul Ecológica, los actores del sector señalan que la sostenibilidad, como enfoque de gestión integral, aún no está incorporada eficientemente en la mayoría de organizaciones del sector turismo en Costa Rica.



De acuerdo con percepción de representantes del sector turístico privado, una de las principales causas de esta problemática es la falta de un liderazgo sólido de parte del Estado en temas de sostenibilidad, así como la necesidad de una mayor articulación entre las instituciones que de alguna u otra forma están involucradas en el sector turismo. Estas incluyen al Instituto Costarricense de Turismo, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Ambiente y Energía y de Salud, a las municipalidades y a las empresas turísticas y sus proveedores, entre otras. Por otro lado, se identificó la importancia de que se implementen y fiscalicen las regulaciones existentes, así como que se promuevan acuerdos público-privados que tengan la sostenibilidad como eje central de trabajo.



Otros desafíos identificados por los actores consultados fueron: a) Fortalecer el Plan Nacional de Turismo en cuanto a su eje de sostenibilidad (identifican ausencia de acciones estratégicas asociadas a los aspectos sostenibles), más allá del fortalecimiento de algunos temas muy concretos como por ejemplo el estándar de sostenibilidad (Estrategia 2.4)); b) contar con un sistema de indicadores que permitan medir el avance del sector de forma integrada hacia la sostenibilidad; c) mejorar los mecanismos de evaluación y seguimiento del CST y el PBAE, así como los incentivos asociados a su implementación10.



10La Estrategia 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017 - 2021 incluye acciones para el fortalecimiento de dichos reconocimientos.



Existe la percepción que el apoyo a la pequeña y mediana empresa turística es débil y requiere fortalecerse en lo referido al acceso a conocimiento, tecnologías y acompañamiento en la implementación de sistemas de gestión integrales. Los encadenamientos productivos sostenibles se pueden fortalecer en este sector.11



11La meta 4 del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017 - 2021 se enfoca en mejorar la competitividad y la capacidad de organización de las medianas y pequeñas empresas turísticas.



No se identificó la existencia de ventajas competitivas tangibles ni promoción diferenciada para los oferentes con mayor sostenibilidad, de manera que los posicione de forma ventajosa en el mercado frente a los consumidores nacionales e internacionales. Esto hace que las empresas turísticas no vean a la sostenibilidad como un negocio rentable, ya que no perciben que los cambios impulsados incidan positivamente en mayores utilidades.



El acceso a financiamiento para las inversiones sostenibles no cuenta con incentivos suficientemente atractivos para que facilite que las empresas turísticas inicien proyectos de inversión en temas de sostenibilidad con la agilidad y accesibilidad necesaria.



Finalmente, se identifica debilidad en la educación y la formación que necesita incorporar mayores conocimientos sobre la sostenibilidad para poder contar con mano de obra mejor capacitada que permita implementar enfoques integrales sostenibles en las empresas del sector.12



12Esta causa se identificó también durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017 - 2021, el cual cuenta con la Estrategia 1.4 enfocada en desarrollo de capacidades locales y la Estrategia 4.1 sobre el fortalecimiento de la capacitación técnica especializada, formación profesional y las instituciones educativas del sector.



4.3.2. Sistemas Agroalimentarios Sostenibles



La agricultura es un sector tradicional y muy importante de la actividad económica del país, pues al menos uno de cada siete costarricenses trabaja en el sector agrícola. Las exportaciones de productos agrícolas en el 2015 conformaban el 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y representaban el 44,7% del total de las exportaciones del país (OCDE, 2017).



Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2014, en el país se contabiliza una superficie total de 2.406.418,4 ha (93.017 fincas) destinadas a actividades agropecuarias. La mayor parte del terreno se dedica principalmente a la actividad pecuaria, es decir 1.271.766,9 ha (52,85%% del área total destinada a actividades agropecuarias), 976.083,3 ha para la actividad agrícola (40,56%), el restante 6,59% reportan otra actividad. Respecto al número total de fincas, 60.626 indican tener la actividad agrícola como actividad principal (65,18% del total de fincas), mientras que 30.248 fincas (32,52%) se dedican principalmente a actividades pecuarias (el restante 2,3% reportan otra actividad13) (INEC, 2015).



13Turismo rural, manejo y proyección de bosques naturales, otras.



De acuerdo con INEC (2015), del total de fincas que tienen como actividad principal la agrícola, la mayoría están dedicadas al cultivo de café, actividades hortícolas, cultivo del banano, palma aceitera y caña de azúcar. Los cantones con mayor número de fincas agrícolas fueron Pérez Zeledón con 6.288 fincas, San Ramón con 2.650 fincas y Coto Brus con 2.635 fincas. Específicamente para la caficultura como actividad principal se registraron 22.961 fincas. Según las estadísticas de SEPSA (2016) los principales cultivos en cuanto a extensión son: café (84.133 ha), palma aceitera (72.456 ha), caña de azúcar (58.000 ha), arroz (48.101 ha), piña (43.000 ha), y banano (42.717 ha).



Las fincas con actividad principal pecuaria están dedicadas al ganado vacuno, porcino, avicultura, y otras, como cabras, ovejas y búfalos. El ganado vacuno es la actividad principal más frecuente dentro de las fincas pecuarias, pues registró un total de 26.516 fincas, (INEC, 2015).



De acuerdo con el XXII Informe del Estado de la Nación (el cual toma de base el IV Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2014), el 75% de las fincas censadas mide al menos 14,5 hectáreas y su tamaño promedio es de 25,8ha. La inmensa mayoría (99,5%) tiene menos de 500 hectáreas. Ello refleja que el país tiene una estructura productiva en donde prevalecen las pequeñas y medianas propiedades, aunque eso varía según regiones y productos.



Avances



En lo relacionado con políticas e iniciativas para promover la sostenibilidad del sector, en el año 2016, el INDER oficializó la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense 2015 - 2030 (INDER y SEPSA, 2016), en donde se considera el eje de "Ecosistemas territoriales" con el objetivo de fomentar acciones que coadyuven con la producción amigable con el ambiente, la adaptación, la mitigación y la gestión de riesgo climático, orientadas al uso sostenible e integral de los recursos naturales.



Por otra parte, atendiendo un compromiso país en materia de seguridad alimentaria y nutrición, el sector de desarrollo agropecuario y rural emitió el Plan Estratégico para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 (Plan SAN 2025), donde se incluyen líneas de acción relacionados con reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, entre otros aspectos (SEPSA, 2017).



Adicionalmente el MAG ha promovido la expansión de la producción orgánica de alimentos y la promoción de las buenas prácticas agrícolas. En este contexto Costa Rica cuenta con el Decreto Ejecutivo No. 29782 "Reglamento de Agricultura Orgánica", de la Ley No. 8542 "Ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica" y con el Programa Nacional de Agricultura Orgánica (MAG, 2014). Este programa establece la certificación orgánica, la cual exige una serie de prácticas donde se elimina el uso de productos químicos, tanto en el control de plagas y enfermedades, como en la fertilización. Esta certificación se emite tanto para fincas con producción agrícola, como para las que lo combinan con la pecuaria (leche, cerdos, cabras y otros). Es importante señalar que Costa Rica logró la certificación en la Unión Europea (UE) como "país tercero". Esto implica que la UE reconoce el Programa de Agricultura Orgánica costarricense.



Para el 2015, se certificaron aproximadamente 7,819 ha dedicadas a la agricultura orgánica. De los aproximadamente casi 3.700 productores orgánicos del país, un 36% son mujeres jóvenes (El Financiero, 2016); en contraste con el perfil del agricultor tradicional, generalmente hombres maduros. Las principales zonas de siembra de productos orgánicos se encuentran en Talamanca, Zarcero, Turrialba, Zona Norte y Cartago, entre otros. Destacan frutas, raíces tropicales, hortalizas, productos de origen animal, legumbres y otros productos procesados, siendo los destinos de mayor exportación a: Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.



Para el año 2016, por medio del Programa Nacional de Agricultura Orgánica se certificaron 7.907,54 ha, en la figura 3 se muestran los principales cultivos en donde se otorgaron estas certificaciones.



 



 





 



 



 



Figura 3. Principales productos agrícolas certificados en el 2016 mediante el Programa Nacional de Agricultura Orgánica (hectáreas). Fuente: Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (2016).



Asimismo, según este Programa, la piña, el banano y la caña de azúcar concentran el 98% de las exportaciones de productos orgánicos. El resto de exportaciones se reparte entre productos como cacao, café, papaya, guayaba, jengibre, carambola, entre otros (figura 4).



 



 





 



 



 



Figura 4. Exportaciones orgánicas de Costa Rica (valores porcentuales). Fuente: Barquero (2017) basado en datos del Programa Nacional de Agricultura Orgánica del SFE del año 2016.



Entre otros mecanismos de reconocimientos y certificaciones destaca el Sello "Un pueblo, un producto" (OVOP, por sus siglas en inglés) promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la certificación "Dolphin Safe" aplicada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura14 y la certificación voluntaria en Buenas Prácticas Agrícolas para productos vegetales no procesados promovida por el MAG (SFE, 2016), entre otros.



14Acuerdo de Junta Directiva 430 del 16 de noviembre de 2000. "Manual de procedimientos para el control de trazabilidad y certificación del atún denominado "Dolphin Safe".



Algunas otras iniciativas relevantes que existen en el país en este ámbito son: el Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable promovido por la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE), el Programa Nacional de Huertas Escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP) (MEP, 2017), el Programa de comercialización responsable de pescado de MARVIVA, la Feria Verde de Aranjuez (Feria Verde, 2017), el Banco de Alimentos (Banco de Alimentos de Costa Rica, 2016), la propuesta de Programa Nacional para Prevención y Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, generada en el marco de la Iniciativa SAVE FOOD Costa Rica de la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (ITCR, 2017); el proyecto de instalación de huertas verticales y la Campaña de información "Yo Como Verde", con el auspicio de la agencia de cooperación HIVOS (HIVOS, 2015), entre otros.



También se ha realizado esfuerzos en procura de alcanzar la sostenibilidad de los principales cultivos del país, entre estas iniciativas destacan: la Comisión Socio Ambiental de la Piña (CANAPEP, 2016), la "Plataforma para la producción y comercio responsable de Piña en Costa Rica (Plataforma Nacional, 2018)", la Comisión Ambiental Bananera (CORBANA, 2017), los proyectos NAMA Café (MAG, et. al., s.f.) y NAMA Ganadería (MAG, 2016), el Programa de control biológico de plagas de la caña de azúcar, que lleva a cabo el Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).



Desafíos



Respecto a los desafíos asociados al sector agroalimentario, se ha identificado la necesidad de fortalecer los esfuerzos de articulación institucional entre las diferentes políticas y planes. En este contexto y para dimensionar la complejidad de dichos esfuerzos, de acuerdo con el Plan Estratégico SAN- 2025 existen más de 50 organizaciones relevantes relacionadas con este tema a nivel nacional.



En los años recientes diversos sectores de la sociedad han denunciado afectaciones al ambiente atribuidos a algunas actividades productivas relacionadas con el sector agropecuario, principalmente en cuanto a cambio de uso de suelo y a la alta aplicación de agroquímicos (asociados a cultivos muy específicos).



Según el XXII Informe del Estado de la Nación, la apuesta por prácticas de sostenibilidad no es la que tiene más peso en la mayoría de las fincas agropecuarias y los diversos cultivos; además se aprovechan poco las herramientas de gestión para reducir el impacto ambiental que deberían acompañar los cambios recientes. Entendiendo que el sector agropecuario ha reducido su territorio (21,6% entre 1984 y 2014 según datos de los censos agropecuarios respectivos) y ha cambiado su estructura, estas transformaciones no han favorecido la incorporación sistemática y mayoritaria de prácticas ambientalmente sostenibles.



En la figuras 5 y 6 se presenta un índice de prácticas de sostenibilidad incluido en el XXII Informe del Estado de la Nación con base en los resultados del Censo Agropecuario realizado en junio de 2014 (Programa Estado de la Nación, 2016).



 



 





 



Figura 5. Índice de prácticas de sostenibilidad en finca agropecuarias por cantón. Fuente: XXII Informe del Estado de la Nación.



 



 



 





 



 





 



 



Figura 6. Promedio del índice de prácticas de sostenibilidad en cultivos seleccionados. 2014. Fuente: XXII Informe del Estado de la Nación.



De acuerdo con lo indicado en este informe del Estado de la Nación, el tamaño de las fincas no parece ser relevante, pues hay fincas pequeñas y grandes ubicadas en todos los quintiles de la distribución del índice de prácticas de sostenibilidad. Las plantaciones de gran extensión y correspondientes a un monocultivo exhiben esquemas poco sostenibles e importantes implicaciones ambientales. La producción de café se destaca por tener el mayor desarrollo de prácticas amigables con el ambiente. El sector piñero se ubicó en la posición 12 entre 25 actividades evaluadas, con un puntaje promedio de 3,7. No obstante, se identificaron fincas que duplicaron la media (7,8) y otras que, por el contrario, fueron sumamente bajas en su calificación (0,3).



En el sector pecuario, la avicultura es la actividad con el menor valor promedio en el índice (3,4), mientras que la producción de especies menores (4,6) y ganado vacuno (4,0) figuran como las que llevaron a cabo más prácticas de sostenibilidad. Cabe mencionar que, según el Censo, menos del 40% de las actividades pecuarias dan tratamiento a sus residuos.



Entre las prácticas analizadas resaltan algunos datos: el 81,3% de fincas del país no rota los cultivos, el 88,9% no cuenta con barreras rompe-vientos y el 94,9% no incorpora el componente forestal (sistemas agroforestales). Específicamente en materia agrícola, se encontró que en el 86,1% de las actividades no se da tratamiento a las aguas, en tanto que solo el 4,3% utiliza fuentes alternativas de energía (solar, biomasa, biogás). Si bien este último es un porcentaje pequeño, en términos comparativos representa un esfuerzo importante.



Por último, el XXII Informe del Estado de la Nación indica que de acuerdo con el Censo Agropecuario realizado en 2014, en lo relativo a agroquímicos, el 39,5% de las fincas no emplea fertilizantes y el 69,9% no utiliza fungicidas; aunque se trata de proporciones elevadas, y por tanto positivas, ello no ha cambiado la tendencia nacional de alto consumo de agroquímicos: en los últimos seis años el uso de plaguicidas registró un consumo promedio anual de 9.359.812 kilogramos de ingrediente activo.



Lo anterior apunta a que los sistemas agroalimentarios, con algunas excepciones presentan patrones de consumo y producción basados en resultados de corto plazo, en donde el enfoque de ciclo de vida es escaso y, en su mayoría, no se realiza una internalización adecuada de sus impactos ambientales y socio-laborales.



Una de las potenciales causas de esta problemática es la falta de incentivos de peso destinados para la producción agropecuaria sostenible y para la implementación de buenas prácticas, lo que provoca que aún haya un alto uso de agroquímicos en el sector generando contaminación de tipo difuso. Relacionado con lo anterior, se identifica una debilidad en el acceso a investigación y a nuevas tecnologías que permitan innovar al sector y aumentar su productividad así como combatir y adaptarse a impactos ambientales graves como los efectos del cambio climático.



El exceso de tramitología y la deficiente infraestructura vial, aunque causas de muchos otros problemas a nivel nacional, se visualizan como desafíos importantes de carácter nacional para los sistemas agroalimentarios sostenibles.



Adicionalmente una característica del sector es la centralización en la GAM en cuanto a la transformación y distribución de productos. Adicionalmente los actores consultados consideran que el apoyo y formación en zonas rurales no es adecuada a la demanda del sector. Se resalta la necesidad de fortalecer los encadenamientos productivos sostenibles.



El mercado no está reconociendo de forma diferenciada y dando una preferencia en su compra (aparte de una minoría de consumidores) a los productos con mayor sostenibilidad y por tanto a los productores más sostenibles. Tampoco está priorizando la producción nacional frente a la importada (producción local o producción de proximidad o de kilómetro "0"15) y prácticamente el precio es el factor decisorio que determina la compra. Existe por tanto una debilidad en cuanto a la identificación y promoción de los productos con mayor sostenibilidad y nacionales en el mercado.



15Los productos o el consumo de proximidad son los productos que tienen en cuenta la distancia que hay entre el punto de origen del producto y el punto de consumo del mismo. Este concepto también tiene que ver con estacionalidad o temporalidad de los mismos, promoviendo el consumo de productos de temporada y fomentando a su vez que estos sean productos orgánicos procedentes de cultivos ecológicos.  



El Estado debe promover iniciativas de carácter preventivo y una mayor articulación entre las instituciones e iniciativas del sector público que promueven los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, incluyendo lo relacionado con el aseguramiento de la inocuidad de productos agrícolas al consumidor. Además es requerido una mejor fiscalización de la regulación vigente y un sistema de indicadores que permita monitorear el avance del sector hacia la sostenibilidad.



Finalmente, otra causa importante identificada es la falta de sensibilización, educación e información en los distintos actores de la cadena de producción respecto a la producción sostenible.



4.3.3. Producción sostenible de bienes y servicios no alimentarios



Costa Rica ha logrado avances importantes en la diversificación de la matriz productiva y se encuentra en un proceso de consolidación de una economía basada en servicios. En este proceso también se ha disminuido la dependencia de las exportaciones de bienes primarios, y a su vez se ha estimulado la venta de bienes y servicios intensivos en mano de obra calificada hacia el mercado internacional. Según datos del Banco Central de Costa Rica la industria de los servicios pasó de representar un 10% de la producción del país en 1966, a un 28% en 1991 y a un 40% en el 2012, convirtiéndose en la actividad más importante.



 





 



Figura 7. Comparación histórica del aporte porcentual de sectores económicos al PIB.



Fuente: Leitón (2016) basado en datos del Banco Central de Costa Rica.



Los servicios incluyen 70 actividades, entre las que se encuentran las telecomunicaciones, el apoyo empresarial, como los centros de llamadas ("call centers"), la educación, ofrecimientos de comida y de esparcimiento, entre otros.



Avances



Respecto a iniciativas que procuran fortalecer el enfoque de sostenibilidad, es importante resaltar que en junio del 2017 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) oficializó la Política de Responsabilidad Social 2017 - 2030. Actualmente este ministerio tiene en proceso de elaboración la Política Nacional de Desarrollo Productivo (Gobierno CR 2017), la cual trata de articular a una gran variedad de actores alrededor de una visión país sobre el nuevo modelo de desarrollo productivo, donde la sostenibilidad se considera un elemento transversal.



Por su lado, en el periodo 2007 - 2011 el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) consiguió incorporar a un importante número de empresas a trabajar en pro de la sostenibilidad en el marco de los Acuerdos Voluntarios de Producción Más Limpia (AVP+L) implementados con varios sectores, entre ellos matanza de animales, cría y engorde de cerdos, servicios y turismo. Esto se realizó con fondos del DR-CAFTA. En la actualidad se están realizando gestiones para acceder a los recursos destinados a producción limpia en el marco del Canon Ambiental por Vertidos (Decreto Ejecutivo No. 34431, artículo 9 inciso "b") y de esta forma tener fondos para retomar el programa de AVP+L.



Entre las iniciativas para incorporar el enfoque de sostenibilidad en el sector productivo, existen reconocimientos e incentivos que han procurado hacer visibles los esfuerzos realizados en pos de la sostenibilidad productiva. Los principales reconocimientos asociados a los temas de sostenibilidad son: la Bandera Azul Ecológica en su categoría Cambio Climático (PBAE, 2017), la certificación de Carbono Neutralidad basada en la Norma Técnica INTE 12.01.06 (DCC, 2017), y otros reconocimientos incluidos en el Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA) (SIREA, 2013) especialmente el de Producción más limpia y el de Eco-eficiencia. Adicionalmente existe un número de empresas certificadas a nivel nacional con las normas ISO 14.001 (ISO, 2015), OHSAS 18.001(BSI, 2017) y otras certificaciones internacionales. Adicionalmente existe el Sello Pyme Verde del MEIC en el que se reconocen a las pymes registradas ante el MEIC que cumplen con la norma PYME INTE 01-01-09:2013 (INTECO, 2017), o ISO 14.001.



El país está trabajando de forma innovadora, bajo el liderazgo del MEIC, en un proyecto sobre Parques Industriales Sostenibles con un enfoque de economía circular. Además, el esfuerzo liderado por el MINAE en el país con respecto a la lucha contra el cambio climático, está llevando a algunas empresas a mejorar sus procesos productivos y a minimizar sus impactos especialmente en lo que respecta al consumo de energía y a la reducción de emisiones.



Respecto a las oportunidades de financiamiento, el país cuenta con algunas oportunidades para proyectos, empresas y emprendimientos verdes; dentro de estas se pueden mencionar la línea de crédito verde del Banco Nacional (Banco Nacional, 2017) el programa de Crédito a su Medida de Fundecooperación (Fundecooperación, 2017), la línea de crédito ambiental del Banco Promerica (Banco Promérica, 2017), la línea verde del Banco Popular, el Eco-crédito Mipymes (Banco Popular, 2017) y el Sistema de Banca para el Desarrollo (Banca de Desarrollo, 2017) entre otros.



El Fondo de Innovación PROPYME (fondos no reembolsables) ha impulsado numerosos proyectos asociados a los temas de sostenibilidad en las PYMES, entre ellos la promoción de las certificaciones ambientales (MIPYMES CR, 2017). Se han consolidado algunas alianzas público-privadas que tienen como objetivo una mayor sostenibilidad del sector productivo como son la Alianza para la Carbono Neutralidad y la Alianza para el Reciclaje, ambas en el marco de la Organización sin fines de lucro de ALIARSE para el Desarrollo.



En temas de formación existen programas promovidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) que incluyen aspectos de sostenibilidad en sus contenidos.



Desafíos



Aunque el país cuenta con casos exitosos de emprendimientos verdes que se han convertido en exitosas empresas y con algunas empresas multinacionales que siguiendo lineamientos corporativos internos y que han apostado por la triple utilidad (económica, social, ambiental) y el desarrollo sostenible como una visión de futuro, la percepción es que muchas empresas del país no han integrado la sostenibilidad como un eje prioritario en su modelo de gestión de negocio.



Una de las principales causas identificadas de esta problemática es la desarticulación de iniciativas relacionadas con el fomento de la producción sostenible. Diferentes ministerios así como sociedad civil y el propio sector privado por medio de organizaciones como la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED) realizan esfuerzos para minimizar los impactos ambientales y socio-laborales de las empresas, pero lo hacen de una forma descoordinada y poco articulada minimizando por tanto sus impactos en el sector al desaprovechar las potenciales sinergias. El mismo escenario se visualiza en cuanto al apoyo que las empresas reciben del Estado para implementar inversiones y mejoras orientadas a la sostenibilidad, especialmente en las zonas rurales. El apoyo del gobierno se siente débil en cuanto a incentivos financieros y no financieros.



Para ilustrar esta dispersión se presenta a continuación una figura desarrollada por el MEIC donde se muestran las principales organizaciones y sectores involucrados en la promoción de los emprendimientos y empresas costarricenses.



 



 





 



 



Figura 8. Principales organizaciones y sectores involucrados en la promoción de los emprendimientos y empresas costarricenses. Fuente: MEIC, 2016



Las empresas que desean invertir en nuevas tecnologías enfrentan varios desafíos, entre ellos el costo de las tecnologías (normalmente importadas) y el bajo reconocimiento y diferenciación en el mercado de los productos y servicios con mayor sostenibilidad; lo que no invita a realizar las inversiones necesarias. La presencia de "greenwashing" o "maquillaje verde" distorsiona el mercado y genera competencia desleal entre aquellas empresas que invierten y minimizan los aspectos ambientales críticos de sus productos y servicios (con base en el ciclo de vida) y aquellas que se promocionan como verdes sin necesariamente serlo. La innovación y desarrollo es débil a nivel nacional y existe la necesidad de tener acceso a personal mejor capacitado en estas temáticas.



En términos generales, la educación, la generación de capacidades y la sensibilización de la población en temas de sostenibilidad son débiles. Una sociedad mejor concientizada buscará buenas prácticas y estilos de vida sostenibles que a su vez generarán un mayor consumo de productos y servicios de menores impactos, fortaleciendo así el sector productivo comprometido con esta temática.



Los acuerdos y alianzas entre los diferentes sectores se incluyen como mecanismos importantes para promover un desarrollo productivo innovador y sostenible así como el acceso a financiamiento, la formación técnica y el apoyo en los servicios de desarrollo empresarial.



Respecto a indicadores de sostenibilidad en el sector productivo, actualmente no existe un sistema de indicadores que permita conocer el avance con respecto a la sostenibilidad del sector de forma general; la información disponible se centra en el número de empresas certificadas, reconocidas, o que acceden a fondos verdes.



4.3.4. Compras Públicas Sustentables



Según estimaciones de la OCDE, el gasto público se estima que representa en promedio el 12% del producto interno bruto de los países de la OCDE y hasta un 30% de los países en vías de desarrollo (OECD, 2017). La transformación de este gasto hacia productos y servicios más sostenibles ayudará a los mercados a generar innovación y sostenibilidad acelerando de esta forma la transición de los países hacia economías más verdes.



Promovido por la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre del 2015, el tema de la compra pública sostenible se ha venido posicionando tanto en gobiernos nacionales como locales como una herramienta útil y eficaz para obtener resultados en las tres dimensiones del desarrollo sostenible y apoyar fuertemente la transición hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. Según el estudio "Global Review of Sustainable Public Procurement" del PNUMA (2017), aunque la implementación de la compra pública sostenible se está extendiendo a nivel internacional, aún persisten algunos desafíos como el compromiso político al más alto nivel, el monitoreo y medición de impactos, la integración de los encadenamientos productivos (especialmente de PyMEs), la articulación con las ecoetiquetas, reconocimientos ambientales y sociales, entre otros. Es importante mencionar la reciente aprobación y publicación de la nueva norma ISO 20400 de compras sostenibles para organizaciones (tanto públicas como privadas).



Es importante tener presente que, según el Ministerio de Hacienda, en Costa Rica las compras del Estado representan entre un 15% y un 20% del producto interno bruto y un 30% del presupuesto nacional (Ministerio de Hacienda, 2017).



Avances



La compra pública sostenible está amparada en el artículo 50 de la Constitución de la República; más específicamente en lo establecido en el artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el artículo 44 de Decreto Ejecutivo No. 37567 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.



La normativa vigente promueve la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado bajo procesos "ambientalmente amigables" que cumplan las especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública.



La instancia líder del tema de compras públicas sustentables en Costa Rica, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 39310, es el Ministerio de Hacienda (por medio de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa).



Costa Rica fue, en enero del 2015, la primera nación de América Latina que publicó una Política Nacional de Compras Públicas Sustentables (Decreto Ejecutivo No. 39310) cuyo objetivo es propiciar, mediante el poder de compra del Estado, la estimulación de la producción de bienes y servicios con un mejor desempeño económico, ambiental y social, teniendo en cuanta la promoción de la participación de las PyMEs.



En el marco de esta política se creó el Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables como un órgano interinstitucional permanente de coordinación e implementación de la Política. El Comité está conformado por el Ministerio de Hacienda (presidencia), Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Economía, Industria y Comercio.



Además de la publicación de la Política Nacional, el país ya había realizado algunos avances en este tema como son la promulgación de guías informativas, entre ellas: el "Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector público de Costa Rica" (CEGESTI, 2004); la "Guía de Compras Públicas Sustentables" (Ministerio de Hacienda, 2011) que establece criterios de sostenibilidad para diferentes categorías de productos/servicios prioritarias; y la "Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica" (Ministerio de Hacienda, 2014). Se ha avanzado en la implementación de criterios de sostenibilidad en los Convenios Marco (limpieza, llantas y algunos materiales de construcción, entre otros) y se han desarrollado dos informes sobre el estado de implementación de las compras públicas sostenibles a nivel nacional (Ibid, 2017).



Cabe resaltar que en el año 2014 Costa Rica fue galardonada con el premio a la "Mejor Solución en Contratación Pública Sustentable". Este galardón fue otorgado en el marco de la X Conferencia anual de Compras Públicas que realiza la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (Ministerio de Hacienda, 2017).



En el 2015 el Ministerio de Hacienda emitió la "Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las compras públicas", conjuntamente con la guía para su implementación. Adicionalmente, el Estado, por medio del MINAE, publicó la Directriz 011-2014 específica para la adquisición de equipos energéticamente eficientes (refrigeración, climatización e iluminación).



Adicionalmente, en el marco de los Programas de Gestión Ambiental Institucional - PGAI (Decreto Ejecutivo 36499) las instituciones deben implementar, a lo interno de sus dependencias, sistemas de gestión ambiental dirigidos al ahorro y uso ambientalmente eficiente de insumos y recursos (papel, materiales, agua, electricidad, combustibles, sustancias químicas, entre otros); así como la gestión integral de residuos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, ruido entre otros. En este contexto las instituciones deben implementar medidas para incentivar cambios de conducta en sus funcionarios, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus adquisiciones16. Como parte del seguimiento el MINAE ha desarrollado un índice de calificación tipo semáforo que califica  diversos criterios de desempeño, entre ellos las compras públicas sostenibles (DIGECA, 2016).



16En el marco del PGAI, la DIGECA ha ofrecido entre el 2013 al 2017, veinte actividades de capacitación que han beneficiado a 1.234 funcionarios de 251 instituciones.



Desafíos



A pesar de haber avanzado en la parte normativa e instrumentos orientadores, como parte del proceso de elaboración de la presente política los actores consultados consideraron que persisten una serie de dificultades que no permiten avanzar a un ritmo más acelerado en la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios promovidos por las entidades del sector público.



Entre las dificultades que se identificaron está el hecho de que no exista claramente una estrategia permanente y articulada de incidencia política para mantener el tema de la compra pública sostenible desde la más alta jerarquía. El respaldo al mayor nivel político ayudaría a combatir la resistencia al cambio en los procedimientos administrativos y resolvería el problema de la falta de recursos de algunas instituciones para implementar la compra pública sostenible.



Los avances que se han tenido en cuanto en la incorporación de criterios de sostenibilidad en las adquisiciones del Estado se han concentrado en mayor medida en aspectos ambientales, por lo que hace falta profundizar más en los aspectos socio-laborales que vayan más allá de lo definido por normativa.



Los actores consultados consideran que falta de capacitación a lo interno de las instituciones públicas acerca de la compra pública sostenible, incluyendo a los proveedores comerciales, aunado al limitado presupuesto para implementar una estrategia de comunicación sobre la compra pública sostenible, dificultan su implementación masiva en el sector público. Es importante tener en cuenta que actualmente no existe un sistema de indicadores generalizado que permita medir el avance de la compra pública sostenible tanto en su implementación como en los impactos/resultados obtenidos (ahorros, minimización de impactos ambientales, entre otros). En este contexto se identificó como un obstáculo significativo la existencia de diferentes plataformas electrónicas de compra en el sector público, las que aún persisten pese a que en la Ley N° 939517 se estableció al Sistema digital Unificado de Compras Públicas (SICOP) como la única plataforma.



17Esta ley reformó la Ley 7494 (Ley de Contratación Administrativa).



Esta falta de resultados medibles refuerza la percepción de que los productos y servicios sostenibles son más costosos, al no internalizar todas sus externalidades y no usar el enfoque de ciclo de vida para sus análisis costo-beneficio.



Finalmente se identifica la necesidad de que el Estado defina qué se considera en el país un producto y servicio sostenible de una forma clara y reconocible (con mecanismos de verificación objetivos, técnicamente sustentados y transparentes) por el consumidor; y por otro lado la necesidad de crear incentivos (no necesariamente fiscales) para implementar la compra pública sostenible tanto por el lado de la oferta como de la demanda.



4.3.5. Construcción Sostenible



El desempeño del sector construcción es de vital importancia para la evolución de la economía costarricense, pues es uno de los principales motores de la actividad productiva del país. Por un lado genera infraestructura física (puertos, carreteras, locales comerciales, entre otros) sobre la que se desarrollan otros sectores de la economía tales como la industria manufacturera y el comercio. Asimismo, es un importante generador de empleo tanto directo (durante la construcción de proyectos) como indirecto al incentivar el dinamismo de otros sectores productivos. El sector viene creciendo tanto en número de metros cuadrados construidos como en número de proyectos desde el 2009 (figura 9).



 





 



Figura 9. Registro histórico de intención de construcción (en millones de metros cuadrados). Fuente: CFIA, 2017



Según el CFIA (2017), de acuerdo al tipo de obra y en función de los metros cuadrados proyectados, para el 2016 destacaron los proyectos habitacionales (40% del total) seguidos de los comerciales (21%) y urbanísticos (16%). Otros tipos de proyectos no tan relevantes en superficie construida fueron los industriales (9%), los institucionales (4%) y otros (figura 10). Las nuevas obras representaron el 66% del total, las remodelaciones un 14%, las obras eléctricas un 11% y las ampliaciones un 6%.



 





 



 



La distribución de la construcción a nivel nacional no es equitativa entre las regiones. San José es la provincia con más construcción (29%), seguida de Alajuela (22%) y Heredia (14%). Puntarenas, Guanacaste, Limón y Cartago representan conjuntamente un poco menos del 40% de la construcción nacional (CFIA, 2017).



La construcción privada es un importante motor para el sector. Este tipo de construcción, según datos del Banco Central de Costa Rica, sufrió un repunte de actividad con una tasa interanual del 10,6% en el cuarto trimestre del año 2016. Se espera que el 2017 termine con un crecimiento un poco menor del sector que el de 2016 pero aun significativo (CFIA, 2017).



Avances



El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) es el órgano técnico rector del Gobierno de la República en materia de vivienda y asentamientos humanos. El país cuenta con una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) 2012-2040 (MIVAH, 2012) y una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030 (MIVAH, 2014), ambas con sus respectivos planes de acción. Adicionalmente la Gran Área Metropolitana (GAM) cuenta con su propio Plan Nacional de Desarrollo Urbano para la GAM 2013-2030 (MIVAH, 2014). El MIVAH está también elaborando una Política Nacional de Desarrollo Urbano (MIVAH, 2017).



Uno de los principales logros en la GAM en cuanto al ordenamiento territorial es la creación del cinturón o límite de contención de crecimiento de la región metropolitana de Costa Rica, que ha logrado proteger parcialmente las tierras agrícolas y las zonas de recarga acuífera en las montañas que rodean las principales ciudades de Costa Rica (Heredia, Cartago, Alajuela y San José). Con respecto a la producción de alimentos en las zonas urbanas, destaca el trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Extensión (CATIE) con grupos comunales en distintos cantones del país.       



El tema de la movilidad es crítico para el país. En este aspecto se han reactivado líneas de tren urbano que llevaban más de 20 años suspendidas, se han puesto en marcha seis rutas intersectoriales de buses en el Área Metropolitana de San José, que conectan distintos cantones periféricos a la ciudad capital, se han construido varios bulevares peatonales y se han construido algunas ciclovías en varios cantones del país.



La Cámara Costarricense de la Construcción con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica - GIZ (Deutche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) han publicado la Guía de Construcción Sostenible (Cámara Costarricense de la Construcción, 2016) y la Guía de Manejo Eficiente de Materiales de la Construcción (Abarca, 2016). Estos dos documentos aportan medidas puntuales, a modo de manual de buenas prácticas, para promover la construcción con criterios de sostenibilidad y mitigar el efecto adverso que la práctica constructiva tiene sobre el medio ambiente.



Adicionalmente, es importante mencionar el trabajo conjunto que está realizando el Estado (MINAE, con el sector privado (Cámara Costarricense de la Construcción y otros) para elaborar un instrumento que promueva la construcción sostenible dentro del sector público.



En el campo de la vivienda social destaca el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) (Ley 7052 de 1986) el cual contempla el otorgamiento de subsidios por estrato socio-económico, aunque se considera que debe fortalecer la integración de criterios de sostenibilidad en sus diseños constructivos.



Con respecto al uso de materiales destaca la promoción de buenas prácticas en la utilización de la madera del Instituto Costarricense de la Madera y las acciones del MAG para promover el cultivo del bambú. En la actualidad se carece de herramientas de mercado que colaboren en la identificación de materiales con mayor sostenibilidad, lo que dificulta a los usuarios de éstos una mejor escogencia.



Los actores relevantes que están trabajando en la sostenibilidad del sector son, entre otros, la Comisión de Construcción Sostenible del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA, 2017), la Comisión de Arquitectura Verde del Colegio de Arquitectos de Costa Rica (Colegio de Arquitectos de Costa Rica, s.f.), la Comisión de Sostenibilidad de la Cámara Costarricense de la Construcción (Cámara Costarricense de la Construcción, 2017), el Consejo de Construcción Verde de Costa Rica (GBC-CR, por sus siglas en inglés) (GBC-CR, 2017) y el Instituto de Arquitectura Tropical.



El cuanto a premios y reconocimientos, el país cuenta con un Premio de Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción, además en el 2017 el Programa Bandera Azul Ecológica creó la categoría en Construcción Sostenible.



Con respecto a las certificaciones, conviven en el país las normas RESET "Requisitos para las edificaciones sostenibles en el Trópico" de elaboración nacional y adaptada a las condiciones del trópico (es una norma técnica de INTECO, amparada en el Sistema Nacional para la Calidad y promovida por el Instituto de Arquitectura Tropical); EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies, 2017) y LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  empresas que participan del Premio a la Construcción Sostenible. Como complemento existen también indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) relativos al porcentaje de la población que tiene acceso a una vivienda adecuada además de si recibe o no los servicios públicos adecuadamente (acceso a agua potable, saneamiento, recolección de residuos, entre otros).



Desafíos



Existe la percepción de que mayoritariamente en el sector construcción no se incorpora variables de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor. Se identificó como una de las principales causas de esta situación a la inexistencia de políticas y normativas de carácter vinculante que obliguen a incorporar criterios de sostenibilidad. Por otro lado, el exceso de tramitología (algo reincidente en otros sectores) y la debilidad del Estado en las labores de monitoreo, seguimiento y control permiten un desempeño laxo de algunas empresas constructoras en temas de sostenibilidad.



Es decir, al realizar los análisis costo-beneficio no se incorpora la variable de sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de los proyectos (planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento y final de vida útil) y de esta forma no se internalizan las externalidades del sector ni se aprovechan los ahorros que se generarían con la aplicación de los criterios de construcción sostenibles en las etapas de construcción y de operación.



Se indica como una debilidad el bajo involucramiento del sector financiero con respecto a incentivar la construcción sostenible, haciendo especial énfasis en el acceso a financiamiento de las PyMEs del sector para que puedan formar parte de encadenamientos productivos.



El acceso a información y especialmente a nuevas tecnologías y materiales no es el adecuado y no permite avanzar de una forma más ágil hacia mejores prácticas ambientales y su correspondiente minimización del impacto ambiental. En el caso concreto de los residuos de la construcción, se identifica la inexistencia de un mercado para materiales reciclados y/o reutilizados, además de la muchas veces inadecuada gestión final de los residuos generados.



Según los insumos recibidos por los actores consultados, los aspectos socio-laborales son especialmente importantes en este sector ya que existe incumplimiento de varios de ellos en algunas empresas, (ej. salario mínimo, elementos de protección personal, medidas de salud ocupacional, entre otras).



Se identifica una falta de concientización de la población, específicamente en algunas empresas, sociedad civil, gobierno y demás actores de lo que verdaderamente significa la sostenibilidad. Adicionalmente la falta de incentivos y reconocimientos para las empresas y proyectos con menores impactos ambientales no ayudan a generar un mayor interés del sector; aunado a esto están los elevados costos asociados a algunas de las certificaciones que las hacen poco accesibles para muchas de las empresas del sector.



Finalmente se requiere de una visión de ciudad sostenible con criterios de planificación urbana y desarrollo sostenible que sea compartida por todos los actores relevantes del sector que guíe y alinee todos los esfuerzos nacionales.



4.3.6. Educación y Estilos de Vida Sostenibles



Tal como ha sido definido por el Marco Decenal de Programas Sobre Consumo y Producción Sostenible (10YFP), los Estilos de Vida Sostenibles (EVS) son formas de vida que incorporan en sus elecciones vitales (compra, transporte, alimentación, relación con el entorno, recreación, entre otras) decisiones y comportamientos que buscan minimizar impactos al ambiente y que procuran una contribución a relaciones sociales justas y equitativas. En síntesis, los estilos de vida sostenibles implican una visión de la vida y el mundo que incluye la aplicación de valores de responsabilidad tanto social como ambiental.



Avanzar en la adopción de estilos de vida más sostenibles reviste especial importancia dado que incide de forma transversal en los demás temas y sectores prioritarios indicados en la presente política. Unos estilos de vida más sostenibles implementados de forma masiva en el país promoverían por ejemplo una demanda de productos y servicios sostenibles a nivel nacional que a su vez generaría un efecto de transformación en el sector productivo (industrial, agroalimentario, construcción, turismo, entre otros).



La incorporación de estilos de vida sostenibles en el país es por tanto vital para lograr una transformación de los patrones de producción y consumo. La educación y sensibilización de la población juega un rol preponderante para poder lograr este tipo de transición en la sociedad costarricense.



Avances



En Costa Rica, aunque existen avances aislados en algún ámbito específico, aun se requiere de muchos esfuerzos coordinados para lograr una implementación masiva y de forma integrada hacia los estilos de vida sostenibles.



El concepto que más se ha desarrollado en el país son los estilos de vida saludables, que abordan más que todo el tema de la salud y desde una perspectiva solo de responsabilidad individual. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a nivel de comunicación ha promovido campañas al respecto (Gómez, 2014); también desde algunas municipalidades se ha estimulado el ejercicio y la actividad física con infraestructura (máquinas en parques y espacios verdes). En la misma línea están las iniciativas de consumo de productos orgánicos como las ferias verdes (ej.: Feria Verde de Aranjuez o Km 0)



En movilidad urbana destacan iniciativas como "Un día sin auto", y con mayor trayectoria (6 años) la labor de "Chepecletas" (Chepecletas, 2017) que une el turismo urbano con una elección por un medio de transporte limpio. También es importante resaltar la Campaña de información "Movete por tu ciudad" (Movete por tu ciudad, 2015) en pro de la mejora en la movilidad urbana y las acciones del Programa Costa Rica Limpia (Asociación Terra Nostra, 2016). Es relevante mencionar que en los últimos años se ha reactivado el uso del tren de pasajeros, se han iniciado seis rutas intersectoriales de bus en el Área Metropolitana de San José y se han construido varios bulevares y ciclovías.



El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por su parte está implementado la Campaña informativa "Limpia tu Huella" para involucrar a la población en la reducción de su huella de  ambiental y específicamente la de carbono, para que de esa manera se contribuya a la meta del país de convertirse en la primera nación carbono neutral del mundo. Esta campaña desarrolla acciones en tres temáticas: recurso hídrico, eficiencia energética (transporte limpio y ahorro energético) y gestión integral de residuos. Otras iniciativas lideradas por el MINAE relacionadas con el tema de movilidad y transporte es el Programa de Movilidad Urbana Sostenible de San José (DCC, s.f.) y el Programa de Adquisición de Vehículos Eficientes (PAVE) (Soto, 2016).



Adicionalmente, el MINAE conjuntamente con el Sistema Nacional para la Calidad, están trabajando en esfuerzos orientados a posicionar el etiquetado ambiental de productos a nivel nacional, tomando de base las normas ISO 14024 e ISO 14025 (DIGECA, 2017); se tiene una norma para productos de limpieza y se está trabajando en varias adicionales. También destaca en este ámbito de sensibilización de la población mediante reconocimientos como el Programa Bandera Azul Ecológica, específicamente en las categorías de Centros Educativos, Comunidad Clima Neutral, Salud Comunitaria y especialmente la de Hogares Sostenibles.



Por otro lado, existen varios reconocimientos en el mercado para productos de mayor sostenibilidad, como son los sellos de Rainforest Alliance (Rainforest Alliance, 2017) y de Comercio Justo (Coordinadora de Comercio Justo, 2017), los cuales buscan educar e introducir al consumidor a nuevos criterios de compra (estos vinculados con aspectos ambientales y sociales), es decir hacia un enfoque de consumo sostenible.



En otra línea, es importante mencionar el Proyecto Carta de la Tierra (Iniciativa de la Carta de la Tierra, 2017) el cual ha venido trabajando desde hace algunos años promoviendo el concepto integral de estilos de vida sostenibles, lo anterior mediante labores de educación y sensibilización en especial con centros educativos. Además, han publicado y divulgado materiales sobre el tema.



Con respecto a la educación destaca también el Ministerio de Educación Pública (MEP) con su Programa Integral de Educación para el Desarrollo Sostenible (MEP, 2017) y el trabajo de la Comisión Nacional de Educación Ambiental. En el sector académico es relevante mencionar la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES, 2017), la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO y la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.



El sector privado ha colaborado puntualmente con temas de consumo sostenible como por ejemplo con la Campaña de Consumo inteligente de Florida Ice & Farm Co (FIFCO, 2017), la iniciativa del desarrollo del consumidor del futuro de Pozuelo (Grupo Nutresa, 2017), así como la campaña de información sobre estilos de vida saludables de CACIA (Gutiérrez, 2013). Las ONG también han aportado en temas de sensibilización, destaca la Red Costarricense de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables del Centro para la Sostenibilidad Urbana (CSU, 2017) y el Programa de Formación Fish Farming de Amigos of Costa Rica (Amigos of Costa Rica, 2017). Finalmente es importante mencionar el éxito de la Campaña "Ambientados" de Canal 7 y Kimberly Clark (Teletica.Com, 2017) sobre reciclaje la cual ha promovido la separación de residuos en origen entre la sociedad costarricense con un notable éxito.



Desafíos



La realidad que se enfrenta en Costa Rica para promover los estilos de vida sostenibles es que muchos costarricenses no tienen estilos de vida orientados desde esos principios; además en el país la infraestructura (física, normativa, educativa, entre otros) es insuficiente para propiciar este tipo de estilos de vida sostenibles.



Las causas principales de esta problemática son varias. Una de las más importantes es la falta de liderazgo en el tema, destacan los esfuerzos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en los temas de hábitos saludables y del Ministerio de Salud con la Política Nacional de Salud y su ámbito de actuación "Prácticas saludables, recreación y deporte". Sin embargo en el proceso de elaboración de la presente política se identificó una importante debilidad en cuanto a la articulación interinstitucional en temas de estilos de vida sostenibles.



Para implementar estilos de vida sostenibles es clave poder informar y dar a conocer a la población las buenas prácticas, ejemplos concretos a seguir y las ventajas para la población de estas propuestas. En este aspecto se identifica como otra de las causas principales de la realidad del país, la falta de acceso a la información y conocimientos sobre formas más sostenibles de vida y las consecuencias de la no sostenibilidad. Adicionalmente, no hay suficiente divulgación sobre la oferta cultural a nivel nacional ni suficiente conciencia sobre los hábitos alimenticios saludables (generando problemas de salud en la población no solamente adulta sino también infantil) ni sobre la importancia de mantener y preservar los recursos naturales.



Hay debilidades en cuanto al transporte público, siendo este ineficiente, desarticulado y obsoleto, aunado a la poca existencia de infraestructura adecuada para incentivar la movilidad urbana integral (ciclovías, paseos peatonales, etc.), así como la falta de espacios verdes para la recreación y el fomento de las actividades al aire libre (aunque se están realizando esfuerzos en esa línea en algunos parques de la capital y otras ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM)).



Los estilos de vida sostenibles se deben basar además en buenas prácticas de uso y consumo de productos y servicios sostenibles. Es este sentido la oferta de productos y servicios con enfoque sostenible es limitada (percibiéndose ésta como de un costo mayor respecto a las opciones tradicionales) y se carece de opciones de información verificable y clara (lo cual genera desconfianza y no permite avanzar hacia estilos de vida más sostenibles). Es importante que todos los productos y servicios del país inicien una transición hacia la internalización de sus externalidades ambientales y sociales basados en un enfoque de ciclo de vida.



La necesidad de fortalecer la educación y sensibilización general sobre la sostenibilidad en los sistemas educativos formales y no formales es clave. Resulta relevante el motivar a la población a retomar prácticas sostenibles que tengan su raíz en nuestra propia cultura (dejando de lado estilos de vida altamente materialistas y consumistas). Así también la incorporación de esquemas de producción sostenible en todo el sistema de apoyo al emprendedurismo del país para fomentar la creación de nuevas empresas y empleos verdes.



En el ámbito empresarial se identifica la necesidad de mejorar los esquemas de monitoreo y control para evitar el "greenwashing" o "maquillaje verde" y la competencia desleal; así como de promover casos de éxito en los diferentes sectores para minimizar el desinterés que pueda existir en el sector para con estos temas.



5. Enfoques de la política



Los enfoques representan una visión o supuestos que deben permear las orientaciones que la política impulsa. En este sentido, la presente política privilegia los enfoques de Desarrollo Sostenible, como punto de partida fundamental, el enfoque de Derechos Humanos y el de Desarrollo Inclusivo.



Desarrollo Sostenible



Se parte de la definición original de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland) de 1987 la cual indica: "El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades". Este concepto considera que este tipo de desarrollo comprende tres dimensiones: la económica, ambiental y social.



La aspiración de una sociedad es alcanzar un crecimiento económico sustentado en el uso sostenible de los recursos, la protección del ambiente y la justicia social en un sentido amplio, en el que se garantice una distribución de la riqueza y que las poblaciones más vulnerables o con condiciones particulares sean parte del esquema de desarrollo y no sectores excluidos de este. Este es el paradigma de la sostenibilidad.



La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 amplió la conceptualización de Desarrollo Sostenible con un listado de 18 principios de la sostenibilidad, de los cuales para efectos de la presente política se destacan tres, el principio 3, el 8 y el 10.



El Principio 3 resume en esencia el enfoque del Desarrollo Sostenible, este señala: "El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras" (ONU, 1992).



El principio 8 plantea que "para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas" (ONU, 1992).



El principio 10 recoge una visión democrática y participativa del desarrollo, este indica: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deber proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes" (ONU, 1992).



Posteriormente, en Río+20 estos principios fueron ratificados de nuevo y se mantienen a la base de los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el 2015.



Derechos Humanos



El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual que orienta la promoción de procesos de desarrollo humano y se basa en las normas internacionales. La incorporación de esta perspectiva lo que busca es, como su nombre lo indica, la promoción y protección de los derechos humanos (Acebal, 2011).



Desde esta visión, y consistente con la visión que promueve esta Política, este enfoque pone especial énfasis en las desigualdades que generan los problemas de desarrollo y la prevención y erradicación de formas discriminatorias. Este enfoque es de tal trascendencia que desde el año 1997 el Secretario General de las Naciones Unidas instó a todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas a incorporarlo en sus actividades y programas (Fondo de Población de la ONU, s.f.). Hoy día en el caso de Costa Rica este es uno de los enfoques clave que se encuentran presentes en la mayoría de políticas públicas nacionales.



Este enfoque se considera un imperativo ético pues trata de garantizar que los seres humanos se ubiquen en el centro de las acciones de desarrollo. Esta perspectiva unida al enfoque de Desarrollo Sostenible profundiza esa visión y propone que se deben establecer una relación respetuosa y armoniosa con el entorno de donde provienen todos los recursos para la vida misma (agua, aire, suelo, biodiversidad).



El enfoque basado en los derechos tiene que ver no solo con los resultados sino también con el modo en que estos se lograrán. Reconoce a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo, en lugar de como simples receptores pasivos de servicios. En este sentido, dentro de las acciones estratégicas de la política hay un énfasis en la integración e incorporación de actores claves en las medidas que se proponen, tal es el caso del reforzamiento que se busca de los encadenamientos productivos en los temas de producción, sistemas agro-alimentarios y turismo sostenibles.



Dichas acciones contemplan la participación de las distintas poblaciones, en particular aquellas con requerimientos especiales, dentro de determinados eslabones de las cadenas de valor existentes en las actividades productivas antes citadas. De esta manera los grupos sociales que pueden ser beneficiarios de muchas de las medidas de la Política son a su vez protagonistas de las mismas, lo que implica un empoderamiento de importantes sectores sociales, uno de los fines del enfoque en Derechos Humanos.



Entre los derechos que se estarían atendiendo en el marco de las acciones de enfoque social contempladas en la Política están: la protección contra la discriminación, el derecho al trabajo y el acceso a necesidades básicas (salud, vivienda, educación) (ACNUR, 2017).



Desarrollo Inclusivo



Este enfoque refuerza la perspectiva de Derechos Humanos solo que pone especial énfasis en una visión de desarrollo que no excluya, todo lo contrario, que integre y sume a todos los actores sociales.



Este enfoque aplica una estrategia que pone en el centro el desarrollo social, la reducción de brechas de desigualdad y la contribución a la reducción de las vulnerabilidades estructurales. Para esto, es esencial aportar a la conformación de políticas públicas que contribuyan a: a) al fomento de la cohesión social (protección social, salud, discapacidad, etc.), b) al logro de la justicia social y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, c) a la eliminación de todas las formas de discriminación (étnica, género, edad, religión, educación, etc.), y d) a la inclusión de los sectores más vulnerables para el disfrute efectivo y duradero de sus derechos (pueblos indígenas, niños/as y mujeres de grupos o territorios más desfavorecidos, minorías sexuales, migrantes) (CEPAL, 2016).



Al ser esta una política que se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el tema de la inclusión está presente en todos los ejes que esta abarca. Precisamente el lema oficial que la ONU acuñó para la promoción de estos objetivos es "No dejar a nadie atrás". En este sentido, tal como se indicó en el apartado anterior, en la política se promueven los encadenamientos productivos, los que se visualizan como la manera de poder integrar al mayor número de actores, en especial MIPYMES y otras iniciativas de pequeña escala.



Especial énfasis se hará en materia de inclusión en el eje de construcción, en donde a lo largo de las cadenas de valor de este sector se ubican poblaciones en condiciones sociales de vulnerabilidad. Es así como la Política en su eje de fortalecimiento institucional propone un fuerte componente de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, a todos niveles, donde habrá una prioridad con el sector mencionado.



6. Orientación estratégica



La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles está concebida como una Política de Estado, con una visión de largo plazo y que se sustenta en la coordinación efectiva y la articulación del conjunto de actores que involucran la temática. Las instituciones públicas, el sector privado, la academia y la sociedad civil juegan un papel de primer orden, por lo que las expectativas y aspiraciones de cada uno de ellos están, de una u otra manera, reflejados en esta Política.



En el marco de la gestión pública, esta política constituye un elemento dinamizador e integrador de un conjunto de políticas y planes que se están llevando a cabo en los temas sustantivos de la producción y el consumo sostenibles. Esta brinda la orientación para que se incorporen en los instrumentos de gestión vigentes y futuros los criterios fundamentales que garanticen el carácter sostenible de las acciones de desarrollo contempladas en dichas herramientas.



Por otra parte, tal como se ha venido señalando este esfuerzo representa una respuesta como país a los compromisos que el Gobierno de la República ha asumido en el marco de importantes acuerdos internacionales. Entre ellos destaca el Marco Decenal de Programas sobre patrones de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, por sus siglas en ingles), los ODS y las recomendaciones de la OCDE.



Con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, como el nombre de la política lo indica, se tomó el tema de la Producción y el Consumo Sostenibles como eje articulador de otros ODS y sus respectivas metas; haciendo eco de esta manera de un enfoque sistémico en el que, al atender los temas cruciales de los modelos insostenibles de producción y consumo, se esté a la vez apoyando en la solución de problemas vinculados con seguridad alimentaria, educación, disponibilidad de agua, de empleos decentes, de protección a la biodiversidad; entre otros.



7. Componentes de la Política



7.1. Objetivo General de la Política



Adoptar gradualmente patrones de producción y consumo sostenibles que contribuyan al bienestar de la población en general y de las generaciones futuras, mediante la articulación de los instrumentos de planificación nacional en un marco de coordinación interinstitucional e intersectorial.



7.2. Principios rectores



La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible se basa en los siguientes principios rectores:



Sostenibilidad. La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles responde al principio de sostenibilidad en la medida en que se están promoviendo esquemas de producción y consumo guiados por la premisa básica de asegurar la satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Para ello se busca con la política promover el uso racional de los recursos, orientar el rumbo de las inversiones, e incidir a nivel de toda la población para la adopción de formas más sostenibles de consumo.



Prevención de la contaminación. Se pretende impulsar, desde la fuente de generación, acciones que promuevan la adopción de prácticas más sostenibles (tanto en la producción como en el consumo), y de esta forma prevenir y reducir los impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana.



Este principio, norte de numerosos convenios internacionales en materia ambiental, es uno de los puntos de partida de la política; buscándose el uso responsable de los recursos naturales y energéticos, así como la prevención en la generación de residuos y emisiones contaminantes; para ello se deben propiciar esquemas de producción integrales que contemplen los principales criterios de sostenibilidad ambiental. Para esto, el papel de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se consideran fundamentales, ya que por medio de TICs se puede acceder a aplicaciones que contribuyan a llevar un buen sistema de métrica en función de diagnósticos, monitoreo y otras medidas que faciliten acciones de prevención de la contaminación con enfoque de ciclo de vida.



Gestión participativa. La Política de Producción y Consumo Sostenibles parte de proponer y ejecutar acciones siempre en el marco de procesos de concertación entre los diversos sectores: públicos, empresariales y sociedad en general, a fin de darles viabilidad social e institucional a los proyectos e iniciativas que se generen (destacando aquellas exitosas). En este sentido, el modelo de gestión que se impulsa parte de convocar al mayor número de actores vinculados con la temática.



Responsabilidad compartida. La gestión eficiente de los recursos y la gestión de las emisiones (sólidas, líquidas y gaseosas) es una responsabilidad compartida de la sociedad; requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los actores, tanto productores como consumidores. Es por ello que en la implementación de los lineamientos de la política se visualiza una participación amplia, en donde estén presente todos los actores clave que tienen un gran potencial para aportar a nuevas formas de producir y también de consumir.



Acceso a la información. Este aspecto se sustentan en los principios de la Declaración de Río, específicamente el número 10 que hace referencia a la importancia, entre otros temas, del acceso a la información en temas ambientales. En este sentido debe existir un esfuerzo amplio y coordinado que asuma el compromiso de generar los mecanismos que hagan posible ese acceso a la información por parte de la población. Los temas educativos y de comunicación en consumo sostenible y las iniciativas para impulsar el etiquetado ambiental son algunas de las formas que desde esta política se promueve para cumplir con este principio.



7.3. Ejes, objetivos y acciones estratégicas



La presente Política está conformada por 7 ejes estratégicos, estos son: Producción Sostenible (no alimentaria)18, Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, Turismo Sostenible, Estilos de Vida Sostenibles, Construcción Sostenibles, Compras Públicas Sostenibles, y un último eje de Fortalecimiento Institucional.



18Este eje se incluye en la presente política con el fin de impulsar acciones de sostenibilidad dirigidas al sector industrial. Considerando que además se incluye un segundo eje sobre "Sistemas Agroalimentarios" (en atención a la meta ODS 12.3 y 10YFP), y que por definición estos sistemas deben abarcar la cadena completa de producción y suministro de alimentos, la industria alimentaria por lo tanto se considera dentro de este segundo eje.



Los ejes estratégicos priorizados están directamente alineados con los programas del 10YFP, lo que significa que el avance en cada una de ellos permitirá también reportar progreso a nivel nacional con respecto a ese mecanismo internacional que es parte importante de los compromisos adquiridos por el país a nivel regional e internacional. De la misma forma permitirá al país aprovechar los avances que el propio 10YFP y sus socios realicen en estos temas en cuanto al desarrollo de nuevas herramientas, metodologías o incluso oportunidades de financiamiento.



Adicionalmente, se han identificado dos ejes transversales por la estrecha relación con los demás ejes estratégicos, estos son la generación de empleos verdes y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs):



- Los empleos verdes son esenciales para lograr el desarrollo sostenible, mediante ellos se reducen los impactos ambientales adversos, se mejora la inclusión social y se ofrecen nuevas oportunidades económicas. De acuerdo con Warman (s.f.) (citado por OIT, 2015), los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente mediante la incorporación de uno o más de los siguientes aspectos: aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas; y contribuir a la adaptación al cambio climático. Es decir, los empleos verdes pueden ser creados por empresas verdes, ya sea mediante la creación de nuevas empresas que explotan nuevos mercados verdes, o por medio de la "ecologización" de las empresas existentes hacia procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente (OIT, 2015). En este sentido, al procurar mejorar el desempeño ambiental y social de los diferentes actores económicos, la presente política busca dinamizar la generación de empleos verdes.



- Por otra parte, las tecnologías de información y comunicación (TICs), representan un aporte sustantivo al desempeño ambiental por medio de diversas aplicaciones que faciliten la cuantificación en temas de cambio climático, mejora de la eficiencia energética y de la gestión sostenible de los recursos en general. Asimismo, estas pueden contribuir a modificar el comportamiento socio-cultural de las poblaciones en procura de una mayor conciencia social en materia de sostenibilidad, lo que se espera incida en la conformación de un consumidor crítico y responsable con sus decisiones de compra, transporte, construcción y otras.



A continuación se conceptualiza cada uno de los ejes estratégicos con su respectivo objetivo, lineamiento, resultado e indicador; recogiendo los aportes realizados por los diversos sectores que participaron en la construcción colectiva de este instrumento de planificación (Domenech, 2017). Se esbozan las acciones estratégicas que deberán desarrollarse para el cumplimiento de los objetivos de la presente política. De acuerdo con el modelo de gestión que se propone, posteriormente estas acciones estratégicas marcarán la ruta a seguir para las mesas de trabajo que tendrán a cargo, junto con otras instancias, la implementación de la Política. Dichas acciones deben considerar la inclusión de temas relevantes para nuestro país como son el cambio climático, las tecnologías de información, la gestión integral de residuos, del recurso hídrico y de la energía, principalmente.



Dado que la Política es una iniciativa con visión de mediano - largo plazo (2030), las acciones estratégicas representan un marco general de orientación, para que a partir de estas se implementen acciones operativas bajo un proceso dinámico que tiene como principal norte el contribuir para que el país transite hacia patrones sostenibles de producción y consumo.



7.3.1. Turismo sostenible



Costa Rica ha logrado posicionarse como un importante destino turístico, en especial por la riqueza de su biodiversidad. En consonancia con ese lugar preferencial que se ha alcanzado, se tiene como desafío avanzar y consolidar una visión de sostenibilidad en toda la industria turística. En ese sentido es que se orienta el presente eje, el cual tiene una fuerte sinergia con un conjunto de acciones que el país ya viene ejecutando.



Cuadro 1. Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Turismo Sostenible".



 





19Definidos por la Alianza Global para los Criterios de Turismo Sostenible (https://www.gstcouncil.org/los-criterios-globales/)  



 





 



20Definidos por la Alianza Global para los Criterios de Turismo Sostenible (https://www.gstcouncil.org/los-criterios-globales/)



21En el año 1 se creará una línea base y una metodológica para generar el indicador en base a la información disponible.



22Complementaria a la estrategia 2.4.1. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021.



23Complementaria a la estrategia 2.4.2. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021.



24Complementaria a la estrategia 3.1.1. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021. Implica la divulgación de casos y proyectos exitosos.  



 





25Complementaria a la estrategia 4.1.1. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021.



26Complementaria a la estrategia 1.1.1. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021.



27Complementaria a la estrategia 1.1.3. y 1.1.4. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021.



28Complementaria a la estrategia 1.2.1. del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021



29Global Sustaninable Tourism Council (2017). Página principal. Recuperado de https://www.gstcouncil.org/ [Consulta 15 de abril; 2017].  



 



7.3.2. Sistemas agroalimentarios sostenibles



La seguridad alimentaria y nutricional de un país es fundamental, por ello la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos productivos, y en los productos como tal, son un imperativo para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Ante este reto se definen en el cuadro 2 una serie de acciones conducentes a ese propósito.



Cuadro 2 Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Sistemas Agroalimentarios Sostenibles".



 



 





 





30En el año 1 se creará una línea base y una metodológica para generar el indicador en base a la información disponible.



31Incluye, entre otras, la creación de nuevos y/o el fortalecimiento de mecanismos existentes, entre ellos el Programa Nacional de Agricultura Orgánica, el Programa Bandera Azul Ecológica y la promoción del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental de Productos  



 





32El tema de pérdida y desperdicio de alimentos será trabajado con el apoyo a la Red Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (Red PDA), la cual viene desarrollando un importante trabajo en el tema.



33Incluye, entre otros, el fomento de un programa de Acuerdos Público - Privados para la promoción de buenas prácticas económicas, sociales y ambientales y el impulso de cadenas de valor sostenibles (especialmente con actores de fuera de la GAM) que prioricen, entre otros temas, la reducción de las pérdidas de alimentos y el aumento de la productividad.



34En coordinación con el Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable de Costa Rica  





 



35Entre otros actores que impulsan el Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable de Costa Rica



 



7.3.3. Producción sostenible



Contar con un mercado que provea de productos y servicios de bajo impacto ambiental y con réditos sociales es lo que se propone este eje, el cual define en el cuadro 3 una serie de acciones estratégicas para lograrlo.



Cuadro 3. Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Producción Sostenible".



 





36Definición propia. Para efectos de esta política, este eje no considerará la cadena de producción de alimentos (sector agrícola, pecuario y agroindustrial) ya que estarán incorporados en el eje de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles.



37En el año 1 se creará una línea base y una metodológica para generar el indicador con base en la información disponible.  



 





38Si bien se coloca esta acción estratégica dentro del eje de Producción Sostenible, las plataformas informáticas señaladas podrán abarcar actores de diversos sectores de la economía (primario, secundario o terciario). Adicionalmente es importante señalar que estas plataformas son requeridas por la OCDE para el proceso de adhesión del país a dicho organismo.  



 





 



39Convenio de Basilea, Convenio de Estocolmo y el Convenio de Rotterdam, entre otros.



40Estos pueden incluir condiciones favorables para la importación de productos y tecnologías sostenibles y esquemas para la formalización y fortalecimiento de PyMEs, entre otros.  



 



7.3.4. Compras públicas sustentables



El mecanismo por excelencia para incorporar el enfoque de sostenibilidad en el Estado es por medio de la Compra Pública Sostenible, el poder adquisitivo de éste tiene un importante impacto en el mercado. En la medida en que se demanden bienes y servicios con criterios de sostenibilidad, dicho mercado tenderá a transformarse gradualmente en esa dirección.



Precisamente, las acciones que se proponen en el presente eje buscan fortalecer los esfuerzos que en el tema ya se vienen realizando, pero además se promueven nuevas medidas.



Cuadro 4. Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Compras Púbicas Sustentables".



 







41Decreto Ejecutivo Nº 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, del 27 de enero de 2015, "Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables"



42Para ello se trabajará en el fortalecimiento, mejora y creación de instrumentos, tales como la Normativa Técnica y otros para alcanzar esta aspiración.



43En el año 1 se creará una línea base y una metodología para generar el indicador con base en la información disponible.



44Acción compartida con la Actividad 1.3 del Plan de Acción de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.  



 





45Acción compartida con la Actividad 3.3. del Plan de Acción de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.



46Acción compartida con la actividad 1.5. del Plan de Acción de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables (se incorporó a la actividad que tenía un enfoque solamente de creación de un compendio de normativa vigente).



47Acción compartida con la actividad 1.3. del Plan de Acción de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.  



 



7.3.5. Construcción sostenible



Para hacer un uso racional de los recursos (agua, energía, materia prima), gestionar adecuadamente los residuos y garantizar espacios físicos con criterios de accesibilidad, entre otros aspectos, es indispensable la construcción sostenible. Este eje apunta a fortalecer y promover acciones que consoliden este tema en el país.



Cuadro 5. Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Construcción Sostenible".



 





 



 





48En el año 1 se creará una línea base y una metodología para generar el indicador en base a la información disponible.



49Especial énfasis en la incorporación gradual de criterios de sostenibilidad en proyectos de construcción de viviendas de interés social, en la emisión de lineamientos en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que apoyen los procesos de construcción sostenible.



50Por ejemplo, la creación/fortalecimiento/difusión de esquemas financieros, el impulso de Alianzas Público - Privadas y/o la incorporación de criterios de sostenibilidad en las licitaciones públicas asociadas a proyectos constructivos.  



 





 



7.3.6. Estilos de vida sostenibles



Este eje se orienta hacia la creación de una demanda por parte de la población de bienes y servicios sostenibles, mediante acciones educativas y comunicacionales. Además procura generar una conciencia colectiva con respecto al consumo responsable, con lo que se espera que la población implemente en su cotidianidad una serie de buenas prácticas en su rol de consumidores en un sentido amplio (productos, transporte limpio, transmisión de valores, acceso a productos culturales que promueven conciencia ambiental y social etc.).



Cuadro 6. Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Estilos de Vida Sostenible".



 







51Fuente: Programa de Estilos de Vida Sostenibles y Educación (PNUMA, Noviembre 2014).



52En el año 1 se creará una línea base y una metodología para generar el indicador. Se sugiere realizar este trabajo en alianza con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



53Esta red tendrá la función de desarrollar, implementar, potenciar y visibilizar las iniciativas de EVS, para así mostrar a la población en general la oferta existente en diversos temas (producción alimentaria, transporte, recreación, etc.). A su vez, tendrá la función de fomentar el establecimiento de sinergias entre las diferentes iniciativas tanto de carácter público como privado y/o de la sociedad civil.



54Incorporará a los centros educativos y, entre otras acciones, promoverá la ampliación de la oferta de actividades culturales que tengan enfoques de sostenibilidad como una importante herramienta de sensibilización.  





 



55Esta acción contempla como un actor fundamental al sector municipal. Se busca hacer énfasis en aquellos proyectos enfocados al transporte público eficiente, el uso eficiente de los recursos, la energía y el agua, la reducción y manejo adecuado de residuos (incluyendo el desperdicio de alimentos) y a la recreación saludable así como a los dirigidos a combatir el cambio climático y sus efectos.



56Por infraestructura integral se entiende el conjunto de proyectos e iniciativas que desde distintos ámbitos (salud, obra gris, transporte, normativa, información y educación al consumidor, etc.) ofrecen a la ciudadanía opciones para adoptar los EVS.



 



7.3.7. Fortalecimiento Institucional



En la ejecución de la presente Política se hace necesario fortalecer capacidades institucionales a fin de garantizar la debida implementación de las acciones propuestas. Temas como la capacitación, los indicadores, la gestión política a alto nivel y la comunicación entre otros, son indispensables para contribuir a la labor que están llamadas a hacer las rectorías institucionales.



Cuadro 7. Objetivo, lineamiento, resultado esperado y acciones estratégicas definidos para el Eje de "Fortalecimiento Institucional".







7.4. Modelo de Gestión



Para la implementación de la presente política, y con ello alcanzar los objetivos país que esta se propone, es fundamental contar con un modelo de gestión57. El modelo de gestión que se plantea para la presente política se basa en tres aspectos fundamentales: a) la articulación de esfuerzos, b) el reconocimiento y fortalecimiento de los entes rectores en los temas que la política aborda58, y c) la responsabilidad compartida para lograr el desarrollo sostenible.



57Por modelo de gestión se entiende la forma en que se organizan los entes participantes para la efectiva ejecución de las acciones propuestas



58Entiéndase por "temas abordados" a los ejes estratégicos definidos en el apartado 7.3.  



En este sentido, los roles y funciones que cada instancia pública asuma estarán acordes a las competencias que les establece la normativa vigente, y serán consecuentes con los



instrumentos de planificación (políticas, estrategias, planes) que estos impulsen. Por lo tanto se parte de las rectorías indicadas a continuación:



- Turismo: Instituto Costarricense de Turismo.



- Sistemas Agroalimentarios: Ministerio de Agricultura y Ganadería.



- Producción (no alimentaria) de bienes y servicios: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.



- Compras públicas: Ministerio de Hacienda.



- Construcción: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.



- Educación y estilos de vida: Ministerio de Educación Pública / Ministerio de Salud59



59En lo que respecta a estilos de vida saludables.



El rol del Ministerio de Ambiente y Energía será un rol articulador, en donde se buscará que en cada tema abordado (eje estratégico), y bajo el principio de responsabilidad compartida con la respectiva institución rectora, se alcancen los objetivos de sostenibilidad mediante la implementación conjunta de iniciativas que respondan a las acciones estratégicas definidas en la presente política. En una línea similar, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo orientar y recomendar acerca de las acciones de índole social que esta política promueve.



Por lo tanto, en virtud de que esta política está dirigida hacia el cumplimiento del ODS No.12 "Garantizar patrones de producción y consumo sostenibles", y considerando además lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE, donde se indica que la Secretaría Técnica de los ODS (MIDEPLAN) tiene la competencia de "promover que las metas de los ODS comprometidas por Costa Rica estén incorporadas en los diferentes instrumentos de planificación, como políticas, planes, programas, proyectos, así como en la presupuestación nacional, institucional, sectorial y regional"; el MINAE y cada instancia rectora deberán coordinar planes de trabajo conjuntos con el fin de cumplir con el objetivo de incidir en los cambios de patrones de producción y consumo perseguidos con la presente política. Esto será fundamental para la articulación de esfuerzos y el uso eficiente de los recursos públicos en procura de un objetivo común.



En este sentido, para efectos de impulsar una adecuada coordinación institucional durante la implementación de la presente política, el modelo de gestión pretende establecer una estructura plana y sencilla, en donde se conforme un Grupo de Trabajo Técnico en Producción y Consumo Sostenibles (nivel 1), a partir del cual se puedan conformar o articular Mesas de Trabajo (nivel 2) para los temas abordados en los ejes estratégicos (figura 11).



 



 





 



Figura 11. Modelo de gestión - Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles.



Con este modelo se busca la articulación y la generación de sinergias entre sectores, instituciones, programas y políticas vinculadas de una u otra manera con los temas de la producción y consumo sostenibles que plantea esta política.



El denominado Grupo de Trabajo Técnico en Producción y Consumo Sostenibles tiene su asidero legal en el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE "Gobernanza e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica". El artículo 10 del citado decreto establece: "La Secretaría Técnica podrá crear grupos de trabajo técnicos para la implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica.". En la Agenda 2030 el tema de la Producción y el Consumo Sostenibles está presente (específicamente en el ODS No. 12). En este sentido, la Secretaría Técnica de los ODS (MIDEPLAN) será a nivel político el interlocutor de este Grupo de Trabajo Técnico.



En este sentid, dentro de la estructura organizacional propuesta por el país para la implementación de los ODS, este primer Grupo de Trabajo Técnico en Producción y Consumo Sostenibles estaría fortaleciendo dicha estructura, precisamente con un tema que mantiene una estrecha relación con el resto de los ODS; además estará respaldado en el marco de una Política Nacional en el tema.



La coordinación general de este Grupo Técnico de Trabajo en Producción y Consumo Sostenibles recaerá en el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental - DIGECA). Además, estará conformado por representantes de los entes rectores e instituciones clave en los temas que privilegia la presente Política; dichas instituciones son: MEIC, ICT, MAG, MH, MIVAH, MEP, y MS; además del MTSS.



El Grupo de Trabajo Técnico en PCS tendrá entre sus funciones las siguientes:



a) Evaluar y dar seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles.



b) Articular acciones relacionadas con PCS, dentro de los instrumentos de planificación (políticas, planes, estrategias, proyectos) que impulsen las instancias públicas.



c) Apoyar a MIDEPLAN en la elaboración de informes sobre los ODS, específicamente en aspectos relacionados con el ODS No. 12; así como rendir cuentas de los avances en la ejecución de la política ante la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente y al Consejo Presidencial Ambiental (o cualquier órgano de carácter superior que así lo solicite).



d) Brindar apoyo técnico a las dependencias estatales, sector privado y sociedad civil organizada para una adecuada incorporación de criterios de sostenibilidad en planes, proyectos, políticas, estrategias e iniciativas.



e) Conformar, en caso que corresponda, mesas de trabajo para atender los compromisos inter-sectoriales e inter-ministeriales que establece la Política.



f) Gestionar ante las mesas de trabajo, los proyectos y programas que han sido considerados en esta política, así como otras iniciativas que están en ejecución.



Con respecto a las Mesas de Trabajo, estas se definen como espacios de coordinación, ejecución e implementación de las acciones estratégicas propuesta por la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles. De acuerdo con las características de conformación de cada una de las mesas, estás podrán tener intervenciones tanto de carácter nacional como local, apoyándose en los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (creados en el Decreto Ejecutivo No. 36004).



El representante del ente rector institucional, según cada tema de la mesa de trabajo, coordinará la misma; asimismo se buscará que en cada mesa exista representatividad de los actores relevantes según sea el tema abordado en cada mesa (sector público, sector privado, municipal, la academia y la sociedad civil organizada, entre otros), de esta manera se alcanzará la inter-sectorialidad e inter-institucionalidad con que se busca ejecutar la presente política.



Es importante mencionar que existen actualmente algunas mesas de trabajo afines a los temas de la Política (muchas de ellas fueron identificadas en el proceso de construcción participativa de la presente Política), por lo que esos temas se coordinarán de manera directa en dichas mesas para no crear espacios paralelos y no duplicar esfuerzos (por ejemplo el Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables). La conformación de nuevas mesas de trabajo, solo se hará en aquellos casos en que no existan estas estructuras, (por ejemplo en el caso del tema de Estilos de Vida Sostenible).



Con estas mesas (existentes o nuevas), lo que se busca es coordinar una serie de actividades vinculadas con las acciones estratégicas de la Política, tanto con los actores del sector público como los representantes del sector privado, lo que se concreta con las siguientes funciones:



 Articular las acciones y propuestas de la Mesa de Trabajo con los lineamientos y acciones de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles.



 Ejecutar las actividades que corresponda en virtud del cumplimiento de las acciones estratégicas y metas de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles.



 Coordinar con el Grupo de trabajo Técnico de Producción y Consumo Sostenibles para la definición de acciones y el intercambio de información (reportes, informes).



Este modelo de gestión enfrenta como sus principales desafíos el conformar el primer Grupo de Trabajo Técnico en un tema específico de los ODS: Producción y Consumo Sostenibles, y además el articular con instancias ya existentes, que pueden potenciar significativamente la propuesta de trabajo que propone la Política.



7.5. Modelo de evaluación y seguimiento



En el marco del mismo modelo de gestión propuesto se considera la función de evaluar y dar seguimiento a la Política y los planes de acción de cada eje estratégico. Dicha tarea está considerada dentro de las funciones del Grupo Técnico en Producción y Consumo Sostenibles. Dado que la coordinación general de esta instancia recae en la DIGECA, ésta tendrá un papel protagónico en lo que corresponde a la evaluación y seguimiento de la Política.



En vista de la limitación de información disponible (indicadores de sostenibilidad), lo cual fue señalado en el apartado de "Resumen del estado actual: avances y desafíos"; el punto de partida para la evaluación y seguimiento será la generación de indicadores de línea base sobre los ejes prioritarios de esta política, a saber: producción sostenible, sistemas agro-alimentarios sostenibles, turismo sostenible, construcción sostenible, estilos de vida sostenibles y compras públicas sostenibles. Por transparencia y como una medida de fiscalización por parte de las instituciones que participan en la implementación de la política, los indicadores de línea base estarán en el sitio www.digeca.go.cr con reportes específicos que darán cuenta de los avances con respecto a dichos indicadores.



Se propone la promulgación de informes anuales que muestren los avances, fortalezas y debilidades del proceso de ejecución de la política. Estos se visualizan como mecanismos de rendición de cuentas con los cuales se le otorga transparencia a la gestión pública. Además, será una forma de promover la retroalimentación de todos los actores involucrados en la implementación de las acciones estratégicas propuestas en la Política.



En la evaluación, el modelo de gestión de la política tiene un papel preponderante. Dentro del quehacer de las Mesas de Trabajo por eje se estarán ejecutando y evaluando los avances en las acciones estratégicas propuestas, por ello deberán salir de estas instancias los insumos que permitan darle seguimiento en su conjunto por parte del Grupo Técnico, el cual, junto con la DIGECA, es el encargado de preparar los informes de seguimiento en función de los objetivos, resultados y metas de esta política.



En el modelo se considera una evaluación final (prevista para el 2030), con el fin de medir los impactos de los 12 años de implementación de la política, a partir de lo cual se espera detectar transformaciones y sinergias importantes en los sectores con que se trabajó.



En síntesis, el proceso incluye como instrumentos de evaluación: la generación de indicadores de línea base sobre los ejes de la política (para dar cuenta de los resultados e indicadores que se han propuesto), definición, establecimiento y gestión de indicadores de PCS en aquellos casos en los que no existan, informes anuales de seguimiento y un estudio final de los impactos de la ejecución de la política.



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9. Glosario



Ciclo de vida: Etapas consecutivas e inter-relacionadas de un sistema del producto, desde la adquisición de la materia prima o de su generación a partir de recursos naturales, hasta la disposición final (INTECO, 2007).



Compras Sostenibles: Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes y servicios, utilizando sus recursos de manera eficiente a lo largo de toda su vida útil, de modo que se generen beneficios no solo para la organización sino también para la sociedad y la economía, minimizando al mismo tiempo los daños al ambiente (PNUMA, 2010). De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 39310, las Compras Públicas Sustentables consideran el concepto anterior aplicado a las compras del Estado, constituyen la adquisición armónica con los principios constitucionales que rigen la contratación administrativa, de bienes, obras y servicios, considerando de manera integral e innovadora, criterios económicos, ambientales y sociales para la selección de dichos objetos.60



60Decreto Ejecutivo Nº 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS "Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables". Gaceta No. 239 del 09 de diciembre de 2015.



Construcción y edificaciones sostenibles: Concepto que hace referencia al desempeño de los edificios y demás infraestructuras desde el punto de vista de la sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo el diseño, materiales de producción, transporte, construcción, uso y mantenimiento, reforma, demolición y reciclado. Esta concepción busca optimizar el rendimiento y reducir los impactos negativos del uso de materiales, energía, agua y tierra, la calidad del aire interior y el confort, y la generación de desechos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera, incluyendo gases de efecto invernadero, partículas en suspensión y otros agentes contaminantes. Adicionalmente debe considerar las condiciones socio-laborales en la fase constructiva y operativa, así como lo relacionado con accesibilidad para poblaciones con requerimientos especiales. El concepto se aplica tanto a edificios nuevos o existentes, con independencia de su localización (PNUMA, 2010).



Consumo y producción sostenibles: El uso de servicios y productos conexos que den respuesta a las necesidades básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo al mínimo el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos así como las emisiones de desechos y de sustancias contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto con el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (PNUMA, 2010).



Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible incluye la sostenibilidad económica, ambiental y social, que son pilares independientes y que se refuerzan mutuamente, y que puede lograrse mediante el manejo racional del capital físico, natural y humano. La erradicación de la pobreza, la modificación de los patrones insostenibles de producción y consumo y la protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos generales y requisitos esenciales para el desarrollo sostenible (PNUMA, 2010).



Eco competitividad: Es una estrategia integral basada en un enfoque de ciclo de vida en la utilización de los recursos, que busca la creación de ventajas competitivas para una empresa, organización o país, que le permitan obtener un beneficio que provoque una mejora en términos productivos, sociales y ambientales. Dicha estrategia se basa entre otros aspectos en: la utilización de tecnologías, innovaciones, técnicas de producción más eficientes o el uso sostenible de los recursos. Todo ello con el fin de obtener una mejor posición en el mercado, una mejor imagen, una mayor cantidad y/o calidad de productos o servicios, tener costos de producción menores por unidad de producto, reducir los impactos negativos generados a la sociedad o al medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas61.



61Tomado del Decreto Ejecutivo Nº 37109-MINAE "Reglamento del sistema de reconocimientos ambientales (SIREA) y derogatoria del decreto ejecutivo N° 33525-MINAE, Reglamento para otorgar el certificado Bandera Ecológica, del 27 de noviembre de 2006". Gaceta No. 99 del 23 de mayo de 2012.



Ecoeficiencia: La ecoeficiencia es una filosofía de gestión que alienta a las empresas a buscar mejoras medioambientales que produzcan beneficios económicos paralelos. Se centra en las oportunidades comerciales y permite a las empresas ser más responsables con el medio ambiente y más rentables. Es una contribución empresarial clave para las sociedades sostenibles. La ecoeficiencia se logra mediante la entrega de bienes y servicios a precios competitivos que satisfacen las necesidades humanas y aportan calidad de vida, reduciendo progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad de los recursos a lo largo del ciclo de vida a un nivel al menos acorde con la capacidad de carga estimada del planeta (PNUMA, 2010).



Educación (para el consumo sostenible): Educación orientada a proporcionar conocimiento, valores y aptitudes para posibilitar que las personas y los grupos sociales se conviertan en actores del cambio hacia patrones de consumo más sostenibles. Su finalidad es garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, la mejora de la calidad de vida para todas las personas y evitando el uso ineficiente de los recursos y de la degradación del medio ambiente. Por consiguiente, consiste en ofrecer a los ciudadanos información y conocimiento adecuados sobre los impactos sociales y ambientales de sus decisiones diarias, así como brindar soluciones y alternativas factibles. Integra los derechos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos de los consumidores, y busca proteger y capacitar a los consumidores para permitirles participar en el debate público y en la economía de manera informada, ética y confiable (PNUMA, 2010).



Empleo decente: El trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación de los trabajadores en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todos (Radovanovic, s.f.; citado por OIT, 2015)



Empleo verde: los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente mediante la incorporación de uno o más de los siguientes aspectos: aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas; y contribuir a la adaptación al cambio climático (Warman, s.f.; citado por OIT, 2015). Los empleos verdes pueden ser creados por empresas verdes mediante la creación de nuevas empresas que explotan nuevos mercados verdes o por medio de la "ecologización" de las empresas existentes hacia procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente (OIT, 2015).



Enfoque/perspectiva de ciclo de vida: Enfoque o perspectiva que refleja la incorporación del ciclo de vida en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo (PNUMA, 2010).



Estilos de Vida Sostenibles: Modo de vida obtenido por la presencia de bienes, servicios e infraestructura eficiente; y por decisiones y acciones individuales que reducen al mínimo el uso de recursos naturales y la generación de emisiones, desechos y contaminación. Esto estilos de vida apoyan al mismo tiempo un desarrollo económico inclusivo y progreso para todos. Los gobiernos tienen un papel clave que desempeñar en la creación de los marcos regulatorios e infraestructuras apropiados (por ejemplo mediante instrumentos regulatorios, innovación tecnológicas, nuevos servicios públicos, etc.), para alentar y facilitar a los ciudadanos a modificar sus estilos de vida. La información y la educación son esenciales, así como la plena participación de la sociedad civil y del sector empresarial, los cuales pueden desarrollar soluciones innovadoras para estilos de vida sostenibles (PNUMA, 2010).



Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (AEC, 2017)



ndicadores de Consumo y Producción Sostenibles: El principal objetivo de los indicadores de PCS es medir los avances hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. Reconociendo que lo que no se cuantifica, a menudo es ignorado, los indicadores son una herramienta de gran importancia, tanto para mostrar el progreso -o su ausencia- hacia el logro de objetivos específicos de un programa particular, para diseñar estrategias de respuesta apropiadas. En el contexto del CPS, los indicadores también ponen de relieve si las pautas de consumo y producción de una sociedad se dirigen hacia un modelo de desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sostenible (PNUMA, 2010)



Información al consumidor: Se entiende por información al consumidor, aquella relativa a las características de los productos, servicios y las transacciones, con el fin de permitir que los consumidores y usuarios adopten decisiones informadas en el momento inicial de la adquisición y con posterioridad a ella, en relación con el uso de los bienes o servicios. Facilita que éstos comparen los bienes y servicios, incrementa la transparencia y la rendición de cuentas, y reduce los costos de búsqueda. Se puede utilizar con fines informativos, pero también con el objetivo de influir en el comportamiento de los consumidores (PNUMA, 2010).



Mejores prácticas productivas o de gestión: Métodos o técnicas considerados los medios más eficaces y prácticos para lograr un determinado objetivo (como la prevención o la minimización de la contaminación) utilizando los recursos de forma eficiente (PNUMA, 2010).



Producción más limpia: La aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente (ONUDI, 2000).



Producción sostenible: Modelo de producción bienes y servicios fundamentado en una estrategia preventiva e integral que minimiza el uso de recursos naturales, la generación de materiales tóxicos, residuos y las emisiones contaminantes, a lo largo de su ciclo de vida; incrementando la eficiencia y productividad sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades presentes ni de las generaciones futuras.



Sistemas agroalimetarios sostenibles: Sistemas alimentarios que proporciona la seguridad alimentaria y nutricional para todos, de tal manera que las bases económicas, sociales y ambientales para generar la seguridad alimentaria y nutricional de las futuras generaciones no se vean comprometidas. El sistema agroalimentario implica toda la cadena de valor, desde la producción agropecuaria, el transporte, el procesamiento industrial, la distribución de alimentos, comercialización y consumo por parte del usuario final.



Turismo Sostenible: El turismo sostenible: a) Utiliza de forma eficiente los recursos ambientales, que constituyen un elemento clave en el desarrollo del turismo, manteniendo los procesos ecológicos esenciales, y ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodiversidad; b) Respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades nativas, protege su organización, su herencia cultural y sus valores tradicionales, y contribuye a fomentar el entendimiento y la tolerancia entre culturas; c) Garantiza la viabilidad, a largo plazo de las operaciones económicas, proporcionando beneficios socioeconómicos a todos los interesados y distribuyéndolos de manera justa. Ello incluye oportunidades de empleos estables, ingresos, provisión de servicios sociales a las comunidades nativas, y la contribución a la mitigación de la pobreza (PNUMA, 2010).



10. Anexos Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 - 2030



Anexo I. Vinculación entre los ejes priorizados en la Política Nacional de Producción y



Consumo Sostenibles respecto a las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Anexo I. Vinculación entre los ejes priorizados en la Política Nacional de



Producción y Consumo Sostenibles respecto a las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)62



62En este cuadro no se pretende realizar un listado exhaustivo de la totalidad de metas ODS relacionadas con todos y cada uno de los ejes de la política; se procura primordialmente señalar a grandes rasgos las vinculaciones más relevantes con los ODS.





 



 



63PS: Producción Sostenible / SAS: Sistemas Agroalimentarios Sostenibles / TS: Turismo Sostenible / CS: Construcción Sostenible / CPS: Compras Públicas Sustentables / EVS: Educación y Estilos de Vida Sostenibles.  



 









 





Notas (*)



PS:



Producción Sostenible



SAS:



Sistemas Agroalimentarios Sostenibles



TS:



Turismo Sostenible



CS:



Construcción Sostenible



CPS:



Compras Públicas Sustentables



EVS:



Estilos de Vida Sostenibles



 



Anexo II. Resumen de los principales instrumentos legales OCDE y su vinculación con los temas priorizados en la presente Política de PCS



Anexo II. Instrumentos legales OCDE vinculados con PCS.64



64En este cuadro no se pretende realizar un listado exhaustivo de la totalidad de instrumentos OCDE relacionadas con todos y cada uno de los ejes de la política; únicamente se procura primordialmente señalar a grandes rasgos las vinculaciones más relevantes.



 





 



65Para acceder al listado total de instrumentos OCDE consultar el sitio http://webnet.oecd.org/oecdacts/



66PS: Producción Sostenible / SAS: Sistemas Agroalimentarios Sostenibles / TS: Turismo Sostenible / CS: Construcción Sostenible / CPS: Compras Públicas Sustentables / EVS: Educación y Estilos de Vida Sostenibles.



67Lo indicado corresponde a un resumen muy sucinto realizado a partir del texto del instrumento. Para consultar el contenido de cada instrumento referirse al sitio http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListBySubjectView.aspx  



 





 

























 



Notas: PS: Producción Sostenible / SAS: Sistemas Agroalimentarios Sostenibles / TS: Turismo Sostenible / CS: Construcción Sostenible / CPS: Compras Públicas Sustentables / EVS: Educación y Estilos de Vida Sostenibles.



 



Anexo III. Convenios, tratados y leyes relacionadas



con producción y consumo sostenibles - Resumen













 









 









 




Ficha articulo



Artículo 2°-Objetivo General. La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, tiene como objetivo adoptar gradualmente patrones de producción y consumo sostenible que contribuyan al bienestar de la población en general y de las generaciones futuras, mediante la articulación de los instrumentos de planificación nacional en un marco de coordinación interinstitucional e intersectorial.




Ficha articulo



Artículo 3°-Ámbito de aplicación. La presente política será de aplicación por parte de todas las instituciones de la Administración Pública que estén vinculadas con sus ejes y acciones estratégicas.




Ficha articulo



Artículo 4°-Creación del Grupo de Trabajo Técnico en Producción y Consumo Sostenible. Crease el Grupo de Trabajo Técnico en Producción y Consumo Sostenible como instancia para el seguimiento y ejecución de la presente política. Estará conformada por un representante titular y un suplente de cada una de las siguientes instituciones:



a) Ministerio de Ambiente y Energía (quien presidirá).



b) Ministerio de Economía, Industria y Comercio.



c) Ministerio de Agricultura y Ganadería.



d) Ministerio de Hacienda.



e) Instituto Costarricense de Turismo.



f) Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.



g) Ministerio de Educación Pública.



h) Ministerio de Salud.



i) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Este Grupo de Trabajo para su organización interna, procedimientos de trabajo, convocatoria y acuerdos se regirá por lo dispuesto en el Libro I, Título II, Capítulo III de la Ley General de la Administración Pública en lo referente a órganos colegiados.



Podrá convocar para casos específicos a otros actores para el asesoramiento en las materias que se requieran e inclusive constituir comisiones ad hoc.




Ficha articulo



Artículo 5°-Obligaciones de las autoridades competentes. Las instituciones públicas, dentro de su ámbito legal respectivo y con competencias específicas en la aplicación y desarrollo de los objetivos y metas de cada uno de los ejes, lineamientos y respectivas acciones que forman parte de la política, deberán incorporarla en los planes operativos institucionales y destinar los recursos presupuestarios y económicos necesarios, para atender la realización de sus acciones. Asimismo, deberán participar, en las estructuras de coordinación e implementación que propone la Política.




Ficha articulo



Artículo 6°-Disposiciones transitorias. El Ministerio de Ambiente y Energía tendrá un plazo máximo de dos meses a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial La Gaceta, para convocar al Grupo de Trabajo Técnico en Producción y Consumo Sostenible, a fin de iniciar la respectiva fase de implementación.




Ficha articulo



Artículo 7°-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho.




Ficha articulo





Fecha de generación: 22/03/2019 12:51:55 p.m.
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