Artículo 11.-Rige a
partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los seis del mes de marzo del
dos mil dieciocho.
I PARTE:
MARCO
NORMATIVO
Y DE
COMPROMISOS
INTERNACIONALES
. . .
A) Marco
global de compromisos internacionales de
derechos
humanos e igualdad entre mujeres y
hombres
Los compromisos
internacionales para los derechos humanos y la igualdad efectiva son dinámicos
y se adaptan a la evolución del derecho internacional. En la década 2007-2017 se
acordaron nuevos compromisos internacionales incluyendo las observaciones y las
recomendaciones que surgen de las evaluaciones periódicas de la
convencionalidad de derechos humanos que implica nuevos retos y desafíos para
su implementación estatal1.
1 Proyecto de
Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la CEDAW.
Estos acuerdos
definidos y suscritos por Costa Rica se refuerzan, articulan y complementan con
las obligaciones en las convenciones que protegen los derechos humanos de las
mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y, en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2
.
2 OEA (1994)
Preámbulo Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Convención Belem Do Pará).
También se
articulan con otros tratados, convenios y convenciones que integran el marco jurídico
internacional para proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos
de las mujeres y las niñas en su diversidad3.
3 CEPAL, ONU.
Informe de la Décimo Segunda Conferencia sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, p 5.
La presente
recopilación describe los nuevos compromisos internacionales y nacionales relacionados
con la igualdad efectiva y los derechos humanos de las mujeres, que surgieron
durante el período de ejecución de la primera Política Nacional de Igualdad y Equidad
de Género (PIEG 2007-2017) en Costa Rica.
Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
En el ámbito
internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas4 en el 71 período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre del 2015,
constituye una hoja de ruta para lograr el cumplimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la implementación de políticas
públicas. Contiene 17 objetivos y 169 metas conexas de carácter integrado e
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental. Se considera uno de los principales compromisos
para los Estados, el cual entró en vigor en enero del año 2016.
4 Naciones
Unidas, Asamblea General Septuagésimo período de sesiones. Resolución aprobada
por la Asamblea General el 25 de septiembre 2015. A/Res/70/1.
El compromiso con
la igualdad efectiva, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas es transversal a esta Agenda 2030. Esto significa que en
cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se definen metas
explícitas e implícitas para el logro de la Igualdad y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas (Objetivo 5)5
5 Bidegain Ponte
Nicole, 2017. La Agenda 2030 y la agenda regional de género.
Se afirma que no
es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible
si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos
humanos y sus oportunidades, el igual acceso a una educación de calidad, a los recursos
económicos y a la participación política, al empleo, el liderazgo y la adopción
de decisiones a todos los niveles. En este marco, una de las grandes
aspiraciones es lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a
paliar la disparidad entre mujeres y hombres y fortalecer el apoyo a las
instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en
el plano mundial, regional y nacional. La máxima aspiración es eliminar todas
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas,
incluso mediante la participación de los hombres y los niños6.
6 A/Res/70/1.
2015.
Con el fin de
llevar a la práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los planes estratégicos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres),
constituyen grandes aportes y alianzas para los Estados en el proceso de la
implementación de los compromisos hacia la igualdad efectiva y el desarrollo
sostenible.7
7 ONU (2017)
Plan Estratégico del PNUD para 2018-2021. DP/2017/38. Nueva York.
En el nivel
nacional, la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres 2018-2030, es una de las principales herramientas con las cuales cuenta
el país para hacer
frente al cumplimiento de estos compromisos
mundiales.
Estrategia de Montevideo para la
implementación de la Agenda Regional
Asimismo, la
Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género
en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 20308 es un compromiso
político regional reciente, que tiene por objeto guiar la plena implementación
de los acuerdos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe (la Agenda Regional de Género) y es considerada como la hoja de ruta
para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en esta parte del
mundo. Este instrumento político-técnico busca cerrar la brecha entre la
igualdad de jure y de facto mediante el fortalecimiento de las políticas
públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos
de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencias.
Uno de los grandes desafíos para alcanzar la igualdad efectiva hacia el 2030 implica
superar los siguientes nudos estructurales vigentes en Latinoamérica: la desigualdad
socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales
discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división
sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidad y, la
concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
8 ONU, CEPAL.
Décimo Tercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
p. 13..
En el ámbito
nacional cada gobierno decide la forma de incorporar esas aspiraciones y metas
mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias
nacionales, reconociendo el vínculo existente entre el desarrollo sostenible y
otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas
económica, social y ambiental. Se reconoce que cada país dispone de diferentes
enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo
sostenible, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, y
reafirma que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que
"Madre Tierra" es una expresión corriente en muchos países y regiones (Naciones
Unidas, 2015, párr.55 y 59).9
9 A/Res/70/1. 2015.
Otras
obligaciones pendientes son aquellas derivadas de informes y evaluaciones realizadas
por órganos de Tratados del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) y el Sistema Interamericano
(OEA). Sobre todo, se refuerzan los compromisos derivados del Examen Periódico
Universal (EPU, 2014) del Consejo de Derechos Humanos; Examen de la Declaración
y Plataforma de Acción (Beijing+20, 2015). Asimismo, el Consenso de Montevideo
sobre población y desarrollo como resultado de la Primera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013).
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo
En el marco
general del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 10
se reconocen los importantes vínculos existentes entre el Programa de Acción de
El Cairo (1995), los derechos humanos y la Agenda 2030. Para ello se establecen
medidas prioritarias con el fin de reforzar la implementación del Programa
sobre Población y Desarrollo, así como su seguimiento. En el citado consenso se
adoptaron medidas en:
10 Naciones
Unidas, CEPAL. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
. Integración plena de la población y su
dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos
humanos.
. En los derechos, necesidades,
responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
. Envejecimiento, protección social y desafíos
socioeconómicos.
. Acceso universal a los servicios de salud
sexual y salud reproductiva.
. Igualdad de género.
. La migración internacional y la protección
de los derechos humanos de todas las personas migrantes.
. Desigualdad territorial, movilidad espacial
y vulnerabilidad.
. Pueblos indígenas: interculturalidad y
derechos.
. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo
y la discriminación racial.
. Marcos para la puesta en marcha de la futura
agenda regional en población y desarrollo.
Para la
implementación de estas medidas se destaca dentro de los principios: la universalidad,
igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, equidad y dignidad
y los derechos humanos en la aplicación de los enfoques hacia todos los grupos en
condición de vulnerabilidad, así como los temas conexos relacionados con salud,
educación, comunidad, gobernabilidad y sostenibilidad.11 Uno de los
principios generales del Consenso de Montevideo es "reconocer que habilitar las
voces e intereses de todos y todas es esencial para el avance del desarrollo
sostenible y que la gobernabilidad responsable y las instituciones resilientes
son fundamentales para la inclusión social y económica y la sostenibilidad" 12.
11 Ibid.
12 Ibid.
12 Costa Rica
presentó el ll Informe Nacional del EPU en el 19 período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos del 28 de abril al 9 de mayo del 2014, Asamblea
General Naciones Unidas. A/HRC/WG.6/19/CRI/l
Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU y Observaciones y
Recomendaciones. Costa Rica, 7 de julio y 22 de septiembre, 2014.
Examen Periódico Universal (EPU)
En el Examen
Periódico Universal (EPU)12 que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU13 se establecieron acuerdos con el Grupo de Trabajo
mediante la aceptación de recomendaciones específicas en igualdad efectiva y
violencia contra las mujeres aceptadas por Costa Rica.
13 Resolución
aprobada por la Asamblea General del 15 de marzo 2006.
Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing
En el vigésimo
aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
(set. 2015), se renueva y ratifica el compromiso con la Igualdad y el empoderamiento
de las mujeres a la luz de los retos y oportunidades actuales y en el marco de
la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo 2030.
En ese marco,
Costa Rica coloca como apuesta central la inserción en el trabajo de calidad y
debidamente remunerado, con medidas que erradiquen la discriminación laboral
entre mujeres y hombres y posibiliten la autonomía económica y calidad de vida
a las mujeres, como condición necesaria para el ejercicio pleno de sus derechos
y libertades. Con esa visión, el gobierno asumió las siguientes
responsabilidades:
Compromisos gubernamentales
Profundizar los
instrumentos de generación de evidencia científica sobre los datos y brechas de
género en el uso del tiempo, que se traducen en la pérdida de competitividad económica
de las mujeres y en barreras para aprovechar el talento femenino.
Colocar en el
centro de la política pública la corresponsabilidad social del cuido, como motor
del cambio cultural, ampliando y diversificando sus alternativas.
Generar empleo
con acciones afirmativas para las mujeres mediante alianzas públicoprivadas.
Establecer un
programa preferencial de generación de empleo dirigido principalmente a jóvenes,
mujeres y personas con discapacidad.
Crear e
implementar un sello de calidad para verificar y certificar la igualdad de
género en las empresas e instituciones.
Garantizar la
implementación efectiva de procesos de inspección en los lugares de trabajo.
Además, existen
importantes retos, como la salud, el ejercicio del poder, la educación, la violencia
y el acceso efectivo a la justicia, todos estrechamente relacionados con la autonomía
y el empoderamiento efectivo de las mujeres. En este sentido, son de gran valía
los mecanismos de cooperación Sur-Sur, como la red para erradicar el femicidio como
expresión más grave de la violencia, liderada por ONU Mujeres14.
14 Solís Rivera
Luis Guillermo. Palabras. Encuentro Mundial de Líderes sobre Igualdad de Género
y Empoderamiento de las Mujeres.
Observaciones
y recomendaciones del Comité de la CEDAW
El Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU), examinó los informes
quinto y sexto (2011) 15 y sétimo (2017) 16 e Informes
Sombra de las Organizaciones de Mujeres y Feministas y el Informe de la
Defensoría de los y las Habitantes (2017) sobre el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de
las preocupaciones identificadas por parte del Comité, e hizo un conjunto de
observaciones y recomendaciones en los ámbitos jurídico, político, económico,
social y cultural al Estado de Costa Rica, que interrelacionadas con los compromisos
globales, se constituyen en obligaciones de mediano plazo17.
15 Observaciones
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 49
período de sesiones del 11 al 29 de julio 2011. CEDAW C/CRI/C0/5-6.
16 Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales
sobre el séptimo informe periódico de Costa Rica.
17 Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales
sobre el séptimo informe periódico de Costa Rica. Disponible en:
http://www.refworld.org.es/pdfid/59ce93f64.pdf
El Comité señala
que persisten en Costa Rica los estereotipos discriminatorios y actitudes
sexistas, y que son necesarias estrategias integrales estableciendo
alianzas y diálogos positivos para la adopción de medidas que contribuyan a
eliminar las prácticas socioculturales de carácter discriminatorio.
Para el Comité el
abordaje de la Violencia contra las Mujeres requiere el
fortalecimiento en la prevención en poblaciones geográficas a nivel local,
zonas rurales y fronterizas remotas. Hace énfasis en la atención del acoso
sexual en los centros de trabajo, en lugares públicos y en el transporte
público con la imposición de sanciones apropiadas contra los perpetradores.
Para las mujeres con discapacidad, es necesaria información en formatos accesibles
sobre los recursos disponibles en casos de violencia de género contra las mujeres,
así como la garantía de condiciones para su acceso a los albergues. Otra de sus
recomendaciones relacionadas con violencia de género es la adopción de medidas
para prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres lesbianas,
bisexuales, transgénero e intersexuales y los delitos de odio contra ellas,
estableciendo medidas de reparación y compensación a las víctimas.
En Trata de
Personas, se propone
acelerar el proceso de su definición en la legislación nacional en consonancia
con el Protocolo contra la Trata de Personas y las normas internacionales
pertinentes de derechos humanos, incluyendo la Convención.
Persiste el
desafío de legislar en materia de violencia y acoso político, así
como garantizar la participación política de mujeres y hombres y condiciones de
igualdad en los poderes ejecutivo, judicial y la adopción de medidas en los
gobiernos locales, en consejos de administración de empresas privadas con la
aplicabilidad de la paridad de género en los puestos ejecutivos. Se hace un
llamado en particular a la protección de las organizaciones no gubernamentales
de mujeres y defensoras de los derechos humanos, velando por su seguridad y la
garantía para la realización de su trabajo.
Uno de los
principales puntos referidos en Educación, es la
evaluación de los avances en la matrícula de niñas y adolescentes y el acceso
bilingüe y cultural apropiado de las niñas y mujeres indígenas. Desde el
principio de interseccionalidad o discriminaciones múltiples, el Estado debe
asegurar información sobre el acceso a todos los niveles del sistema educativo
ordinario de las mujeres y niñas con discapacidades y la adopción de un
protocolo por parte de las instituciones educativas.
La adopción de
medidas para las adolescentes embarazadas incluye la reincorporación de las
madres a los centros educativos públicos y privados. Otra medida relevante es
la prevención del acoso y otras formas de violencia de género contra las niñas
en el sistema educativo, garantizando procedimientos de denuncia para las
víctimas, así como acceso a reparación y compensación.
La elección por
parte de mujeres y niñas de estudios y carreras no tradicionales, como matemáticas,
ingeniería y nuevas tecnologías de la información, facilitando asesoramiento y
orientación profesional y adoptando medidas incentivadoras, es otro de los
grandes retos pendientes por parte del Estado para garantizar la igualdad
efectiva.
En materia de empleo,
persiste la falta de aplicación del principio de igual remuneración por
trabajo de igual valor; por lo tanto, se demanda que el fortalecimiento de las estrategias
para prevenir la segregación profesional y la reducción de las diferencias salariales
entre los géneros. El cumplimiento de los convenios y recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) requiere de medidas, planes nacionales y procedimientos
de denuncia que hagan efectivo el cumplimiento de los derechos laborales de las
mujeres.
En el ámbito de
la salud, recomienda el Comité de la CEDAW, el Estado de Costa Rica debe
acelerar la aprobación de directrices técnicas sobre el aborto terapéutico y la
puesta en marcha de campañas para evitar la estigmatización a las mujeres que
lo solicitan; así como de campañas que informen sobre acceso a métodos anticonceptivos
modernos, seguros y asequibles, incluyendo el derecho a la información para las
habitantes de zonas rurales y remotas. Se demanda la adopción de normativa para
proteger a las embarazadas durante el parto y sancionar la violencia
obstétrica. Igualmente se demanda el fortalecimiento de los programas
destinados al personal médico, la supervisión periódica del trato a los
pacientes en centros hospitalarios y de atención a la salud, en seguimiento a
las recomendaciones formuladas por la Defensoría de los Habitantes. Se procura además
la aplicación en el sistema de salud pública de las disposiciones del Decreto
Ejecutivo núm.
39210-MP-S del 10 de septiembre del 2015, mediante el que se autoriza la
técnica de la fecundación in vitro.
La acción
afirmativa orientada a la autonomía con énfasis en la diversidad de mujeres indígenas,
afro descendientes, migrantes, refugiadas y mujeres con discapacidad, así como
de las de la zona rural, es de especial preocupación para el Comité de la CEDAW
y en sus recomendaciones demanda la participación de las mujeres en las
instancias decisorias que determinan la gobernanza territorial, en particular
en los comités directivos de los Consejos territoriales de desarrollo rural.
Con respecto a
las mujeres transgénero, el Comité recomienda al Estado adoptar directrices
para que se proteja el procedimiento de determinación de la condición de refugio.
En el abordaje de
las formas múltiples de discriminación (interseccionalidad) de las indígenas,
afro descendientes, migrantes, solicitantes, refugiadas, mujeres con discapacidad,
mujeres de edad, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, el Comité
expresó su preocupación por la insuficiencia de legislación y datos, por lo que
recomienda adoptar medidas incluyendo acciones afirmativas para proteger a
todos los grupos mencionados frente a las formas interrelacionadas de
discriminación. Recomienda así mismo incluir datos estadísticos desglosados por
sexo y edad, en todos los ámbitos de la Convención, en las esferas pública y
privada.
Estos nuevos
compromisos de Estado motivan la aprobación de una Política de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres (PIEG) para el período. Esta política tiene sus respectivos
planes de acción para incluir acciones y metas a mediano y largo plazo en clara
sinergia con la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Agenda Regional de Género (Estrategia de Montevideo). Además en alineamiento
con las recomendaciones y observaciones derivadas de la Convencionalidad y
Declaraciones Internacionales y los Planes Estratégicos de los Organismos
Internacionales orientados a la igualdad efectiva, los derechos y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas.
B) MARCO NORMATIVO A FAVOR DE LA IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
En el período
2007-2017 que constituye los 10 años de la ejecución de la Política Nacional para
la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG), se da un avance normativo en Costa
Rica, que aprueba nuevos derechos hacia la igualdad y reconoce la protección
jurídica de las mujeres. En este período se producen leyes y otros instrumentos
como la creación de decretos ejecutivos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos definidos en el ámbito internacional, regional y las políticas
públicas en materia de igualdad, prevención, sanción y erradicación de la
violencia de género, empoderamiento económico y participación política de las
mujeres.
El proceso para
eliminar sesgos androcéntricos de la legislación nacional, y de manera particular
de la Constitución Política, ha sido lento y difícil, pues el fenómeno jurídico
es un producto social en el que las necesidades e intereses particulares de las
mujeres se hacen invisibles persistentemente.
En el presente
apartado destacamos la normativa más relevante que se dio en el período a
través de la aprobación de convenios internacionales y reformas
constitucionales, leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, con miras a
considerarlos ante nuevos retos y a los ejes para la redefinición de la PIEG
2018-2030.
Constitucionalidad y Derechos Humanos
Entre las medidas
legislativas más importantes adoptadas para garantizar el cumplimiento de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, destacan la aprobación y consecuente ratificación de importantes instrumentos
internacionales de protección como la Convención sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, el Convenio de la OIT sobre el trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores domésticos (Convenio 189), el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento
de comunicaciones, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, se aprobaron las enmiendas a la Constitución
de la Organización Internacional para las Migraciones y las enmiendas al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión.
La aprobación de
la reforma constitucional al artículo 1 que declara a Costa Rica, una República
democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural ( Ley No. 9305
del 24 de agosto del 2015), se fortalece con la aprobación de la Convención
Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de
intolerancia, que implica un logro desde las demandas de las mujeres
especialmente del movimiento de afro descendientes (Ley No. 9358 del 26 de
agosto del 2016.
Otro
reconocimiento es la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección
de los derechos humanos de las personas mayores con el objeto de ". promover,
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad." (Artículo 1). (Ley 9394 del 30
de setiembre de 2016).
Un gran logro
representa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH-
del 28 de noviembre del 2012 en el caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación
in vitro") que implica adoptar medidas apropiadas para dejar sin efecto con la
mayor celeridad posible la prohibición de practicar la FIV, regular con
prontitud los aspectos necesarios para la implementación de la técnica
referida, así como el sistema de inspección y control de calidad de las
instituciones o profesionales calificados que desarrollen el método y
adicionalmente, el deber de la Caja Costarricense de Seguro Social de incluir
la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas de tratamiento de infertilidad
en su atención de salud. Con fundamento en esta sentencia se aprueba el decreto
ejecutivo 39210 MP-S, del 11 de setiembre del 2015, que autoriza la realización
de la técnica de reproducción asistida de Fecundación in vitro.
Posteriormente la
resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de febrero del
2016 Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") vs. Costa Rica denominada
Supervisión de cumplimiento de sentencia, establece que ".se mantenga vigente
el decreto ejecutivo No.3910-MP-S de 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de
que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los
estándares indicados en la Sentencia.". Por lo tanto, el decreto ejecutivo de
cita se mantiene vigente y en ejecución.
En el caso del
reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI, diversas instituciones
públicas han creado normativa y reglamentación, y se han emitido decisiones con
el fin de garantizar el respeto a la identidad sexual (Decreto N° 08-2010 del
TSE, que garantiza el respeto al cambio de identidad sexual en el documento
oficial de identificación), el derecho a la salud (reforma a los artículos 10 y
12 del Reglamento del Seguro de Salud mediante Acuerdo de Junta Directiva de la
CCSS del 21 de mayo de 2014, que permite a parejas del mismo sexo que conviven
en unión libre asegurarse mediante beneficio familiar y realizar visitas
hospitalarias a sus parejas); la igualdad de derechos de todas las personas sin
discriminación por orientación sexual o identidad/expresión de género (Voto
16632-12 de la Sala Constitucional, que ordena al Ministerio de Justicia hacer
efectivo el derecho a las visitas íntimas en las cárceles para parejas del
mismo sexo); y Decreto Ejecutivo N° 37071-S, que declara el 17 de mayo como el
"Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia").
Asimismo, en 2015
se aprobó mediante Decreto Ejecutivo N° 38999, la "Política del Poder ejecutivo
para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente
diversa", que solicita a las instituciones reforzar la capacitación a funcionarios
y funcionarias y, revisar la normativa interna de manera tal que se adapte a los
requerimientos del decreto en materia de licencias en caso de enfermedad o fallecimiento,
establecer un régimen sancionatorio en caso de discriminación para el reconocimiento
de la identidad de género, y se crea una comisión que velará por el cumplimiento
de lo dispuesto en el decreto.
La resolución
OC-024-2017 del 24 de noviembre del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) se refirió de forma unánime ante la Opinión Consultiva solicitada
el 18 de mayo del 2016 por la República de Costa Rica a las obligaciones estatales
en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados
de un vínculo entre parejas del mismo sexo18.
18 Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-24-2017 del 24 de
noviembre 2017.
Ámbito económico y social
Se destaca la
aprobación de la Ley del Trabajo Doméstico Remunerado (Ley N°
8726 del 2 de julio 2009), que define y delimita el concepto de trabajadoras
domésticas, mejora sus condiciones laborales, en particular la jornada
ordinaria efectiva de ocho horas diurna y establece condiciones específicas
para las jóvenes trabajadoras domésticas de 15 a 19 años, entre otros. Esta ley
se ve fortalecida con la aprobación del Convenio 189 sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos adoptado por los Estados miembros de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que demanda la promoción y protección efectiva
de los derechos humanos de todas las personas trabajadoras domésticas contra toda
forma de abuso, acoso y violencia. (Ley 9169 del 22 de octubre del 2013).
Además, con la
publicación reciente del Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento
contributivo de las trabajadoras domésticas, rige una nueva modalidad de aseguramiento
que beneficia a las trabajadoras que laboran por horas (jornada parcial) y reduce
los costos del aseguramiento. (Reglamento emitido por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, publicado en la Gaceta del 21 de julio 2017,
Alcance No. 179).
En trabajo
doméstico no remunerado,
se crea la primera Encuesta sobre el Uso del Tiempo en el Gran Área
Metropolitana de Costa Rica (EUT-GAM) siendo declarada de interés público y
nacional (Decreto ejecutivo 36410 de 2011), fortaleciendo el proceso de investigación
y divulgación iniciado a principios de la década del 2000 con miras a incluir el
trabajo doméstico no remunerado en las cuentas satélite estatales.
Posteriormente esta importante iniciativa que visibiliza el uso del tiempo de
las mujeres y los hombres se ve reforzado con el reconocimiento de la Contabilización
del trabajo doméstico no remunerado que realizan particularmente las
mujeres, e incluye la demanda de investigaciones con perspectiva de género que
indiquen el uso del tiempo de mujeres y hombres. Esta ley tiene por objeto
medir la economía del cuidado conformada por el trabajo doméstico no remunerado
de acuerdo con lo que establece el Sistema de Cuentas Nacionales, de forma que
brinde una visión integral de las actividades emprendidas por las mujeres y
otras personas integrantes de los hogares al desarrollo económico y social del
país. (Ley 9325 del 16 de noviembre del 2015.
Con la
promulgación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil,
se da un logro en el cumplimiento de los objetivos de la PIEG. Se trata de un
sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal, y de
financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación
pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para
fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral.
Es uno de los
grandes retos en la actualidad para el diseño de acciones públicas por parte del
Estado a favor de la población objetivo prevista en esta ley y de la igualdad
para la autonomía económica de las mujeres (Ley 9220 del 24 de abril 2014).
En aras de
impulsar la autonomía económica de las mujeres, el INAMU constituye dos programas
de apoyo, Fomujeres (fondo productivo no reembolsable) y ?mprende
(articulación de oferta de servicios de apoyo a empresarias); este
último en convenio con la Comunidad Económica Europea. Ambos están dirigidos a
promover y fortalecer los emprendimientos y empresas de las mujeres.
El gran reto que
persiste es lograr su articulación y consolidación en un engranaje institucional
sólido.
Otro avance es el
Sistema de Banca para el Desarrollo, uno de los mecanismos fundamentales
para financiamiento e impulso de proyectos productivos, viables, acordes con el
modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de las
personas beneficiarias de esta ley. Con respecto al acceso de las mujeres a
estos beneficios son imprescindibles las acciones afirmativas que flexibilicen
la oferta (Ley 9274 del 27 de noviembre 2014).
A partir de la
promulgación de la reforma a la ley de estupefacientes (Ley 9161 del 23 de setiembre
del 2013), se reconocen las condiciones particulares de las mujeres
privadas de libertad (pobreza, jefaturas de hogar, adultas mayores y
con responsabilidades de cuido), para la fijación de una pena menor o
alternativa cuando se comete el delito de introducción de drogas a los centros
penitenciarios. Uno de los efectos inmediatos de esta ley fue el egreso de 159
privadas de libertad. Además, en seguimiento a su atención se suscribe el
Protocolo de coordinación interinstitucional (13 de noviembre 2014), que en la
actualidad se mantiene vigente y ha permitido articular programas,
procedimientos y planes interinstitucionales desde una visión social y de
género para el empoderamiento de las mujeres; identificar nuevas oportunidades
con el fin de evitar su reincidencia en las cárceles, involucrar a los
funcionarios y funcionarias públicas desde esa nueva mirada.
En el ámbito
laboral, el país avanza con la promulgación de la Ley de Reforma Procesal
Laboral, la que establece un capítulo sobre la prohibición de
discriminación en el trabajo por sexo, orientación sexual, discapacidad, edad,
etnia, estado civil y otras formas análogas de discriminación (Ley 9343 del 25
de enero del 2016)
Prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres y de género
Costa Rica ha
tenido avances importantes en la creación de normativa orientada a prevenir y
sancionar la violencia contras las mujeres en el período 2007-2017. En este período
se aprueban leyes especiales, que fortalecen los planes y programas de atención
de afectadas por la violencia intrafamiliar, y se reconocen en la ley otras
formas de violencia basada en el género, tales como la explotación sexual
comercial y la trata de personas. Además, se dan modificaciones a leyes
existentes en violencia intrafamiliar y hostigamiento sexual:
Con la reforma a
la Ley de Violencia Doméstica aprobada en el año 2011, se establecen nuevas
responsabilidades para la atención a mujeres víctimas de violencia. Se obliga a
distintas instancias del Estado a ampliar la oferta de servicios para la
protección y atención especializada de mujeres en situaciones de violencia
intrafamiliar, tales como el asesoramiento jurídico, acompañamiento y
representación legal (Ley No. 8925 del 2 de marzo del 2011).
Con la reforma a
la Ley de Hostigamiento Sexual se amplía el ámbito de protección a las mujeres
(tanto en el sector público como en el privado), en el trabajo, en las
instituciones educativas, en los establecimientos de salud y otros lugares en
los que se manifiesten actos de violencia tales como la violación, el abuso
sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, entre otros.
Su objetivo es prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica
discriminatoria por razón de género (Ley No. 8805 del 28 de abril del 2010).
En este mismo
período se aprueba la ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres
después de un largo debate social y legislativo, lo cual constituye un
logro histórico para la protección de las mujeres contra formas de violencia en
las relaciones de pareja en el matrimonio o en la unión de hecho y establece la
figura jurídica del delito de femicidio (Ley N° 8589 del 25 de abril 2007).
Posteriormente, el voto constitucional 15447 del 15 de octubre del 2008, anula
dos delitos tipificados en esta ley, por lo que se obliga a su modificación
para restituir el delito de maltrato y violencia psicológica (Ley 8929 del 25
de marzo del 2011).
Con el Sistema
Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la
Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688 del 4 de diciembre del 2008), se
fortalecen las condiciones para la coordinación interinstitucional e
intersectorial en el seguimiento a las políticas públicas y el seguimiento a la
aplicabilidad de la normativa que protege y reconoce la violencia contra las
mujeres. Recientemente se aprueba la Política Nacional para la atención y la
prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades en Costa Rica
2017-2032.
La aprobación de
la Ley contra la Trata de Personas es pionera en su amplia
descripción de disposiciones que favorecen la aplicación de principios
fundamentales y fuentes de interpretación de instrumentos internacionales y
nacionales de derechos humanos reconocidos de manera explícita, tales como la
igualdad y no discriminación, la no revictimización, la proporcionalidad y la
necesidad entre otros. En esta Ley se crea la Coalición Nacional contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con el fin de promover la
formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas
nacionales, regionales y locales, para la prevención del tráfico ilícito y la
trata de personas, así como la atención y protección de las víctimas, y la
persecución y sanción de los responsables. Se obliga expresamente al diseño de
una Política Nacional contra la Trata de Personas (Ley No. 9095 del 8 de
febrero del 2013).
En esta misma
línea de protección a los derechos de las mujeres en poblaciones específicas,
debido a las relaciones abusivas que implicaba el matrimonio permitido a las personas
menores de edad, inicialmente se aprueba la prohibición del matrimonio
con personas menores de 15 años (Ley No. 8571 del 8 de febrero del 2007).
Posteriormente se
aprueba la ley para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas
y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones
abusivas. Se tipifican como delito las relaciones sexuales con niñas
menores de 15 años y se prohíbe el matrimonio a una edad inferior a 18 años.
Esta ley ha permitido en su seguimiento, valiosos esfuerzos por parte de las
instituciones y las organizaciones de la sociedad civil como la Fundación
Paniamor en el desarrollo de acciones públicas orientadas a proteger a niñas y
adolescentes contra el establecimiento de relaciones impropias,
así como el proceso de la construcción de una ruta interestatal para efectos de
la prevención, la denuncia y la sanción de los delitos previstos en la ley (Ley
No. 9406, de 24 de octubre 2016).
Estas reformas
han tenido un impacto significativo en distintos ámbitos y, en particular, en
la institucionalidad pública, pues han favorecido el fortalecimiento del rol
rector del Instituto Nacional de las Mujeres en materia de coordinación del
Sistema Nacional, la vigilancia del cumplimiento de la política pública y los
compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia contra las
mujeres y violencia intrafamiliar. También
han posibilitado el acompañamiento técnico a distintas instancias del Sistema Nacional
en la confección de protocolos de atención, que redunda en la calidad de la atención
en diversos servicios, tales como el Protocolo del Centro Operativo de Atención
de llamadas sobre Violencia Intrafamiliar (COAVIF) en coordinación con el
9-1-1, el Protocolo Específico para la Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes en situaciones de Explotación Sexual Comercial, el Protocolo para
la Atención Integral de Situaciones Violatorias a la Integridad Física y
Emocional de las Personas Menores de Edad ,y el Protocolo Interinstitucional
para la Atención de Mujeres en Situaciones de Alto Riesgo de Muerte por
Violencia.
Ejercicio del poder y la adopción de
decisiones
Cabe señalar los
avances en normativa y políticas nacionales que dan sustento al reconocimiento
de la igualdad en la participación política de las mujeres. Una de las principales
leyes que registra el período es la Reforma Integral al Código Electoral, que establece
la paridad política de mujeres y hombres en las nóminas de elección popular, en
las estructuras partidarias y en los procesos de capacitación. La paridad es
derivada del principio de igualdad efectiva y no discriminación que garantiza
nuestra Constitución Política y los convenios internacionales de derechos
humanos ratificados por el país (Ley No. 8765 del 19 de agosto de 2009).
Posterior a la
reforma integral del Código Electoral y debido a que se cuestionó el mecanismo
de alternancia por sexo (mujer-hombre, hombre-mujer) creado para hacer efectiva
la paridad vertical y horizontal, la Sala Constitucional en su resolución
2012-1966 del 17 de febrero del 2012, sostiene que el principio de igualdad es
un principio rector de nuestra democracia constitucional y permea todo el
sistema político y jurídico, no sólo en su dimensión subjetiva, sino objetiva.
En consecuencia, señala este Tribunal Constitucional en la resolución de cita:
.ninguna política
ni norma puede abstraerse de cumplir con este principio básico, que, en el caso
concreto, ni siquiera significa dar un trato mayor a favor de las mujeres o de
los hombres, ya que el tratamiento para ambos es el mismo en porcentaje y
modalidad. Lo que pretende el mecanismo de la alternancia, como bien lo apunta
el Tribunal Supremo de Elecciones, es incorporar la diversidad de género a la
democracia, en igualdad de condiciones para ambos géneros. Este mecanismo busca.
garantizar las mismas oportunidades de resultar electas o electos en los lugares
de mayor posibilidad tanto a hombres para mujeres. Por el contrario, la ausencia
del mecanismo de la alternancia dejaría a los partidos políticos en la libertad
de proponer una nómina de candidatos según sus intereses, con la posibilidad de
que aun respetando la paridad (50% para cada género) las mujeres terminen en el
"piso" de la lista -como ha sucedido en el pasado-, lugar en que no tendrían
mayor opción electoral, ya que en nuestro sistema político, los partidos políticos
compiten no sólo por un número determinado de cargos, sino que el reparto de
escaños se da en forma descendente dependiendo del número de votos obtenidos.
Como se puede
apreciar, a pesar de que son históricos los contrargumentos que cuestionan el
avance de los derechos humanos de las mujeres, en el caso anotado arriba, el
Tribunal Constitucional ha sostenido una posición coherente de justicia e
igualdad con los compromisos y obligaciones de los Estados, establecidas en los
instrumentos jurídicos internacionales que el país ha ratificado y las
declaraciones que ha adoptado.
En materia
electoral se destacan, además, las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones
y los votos de la Sala Constitucional que han nutrido los alcances de la ley
con las interpretaciones que aseguren la igualdad efectiva en la participación
política de las mujeres y el logro de una democracia paritaria.
Fortalece este
mandato, lo dispuesto por Sala Constitucional en la Resolución N°16075- 15 que
interpreta y reconoce la obligación para los partidos políticos de aplicar la
regla de la paridad en los encabezamientos; es decir, la `paridad horizontal´
que busca lograr la igualdad a lo largo de todas las nóminas de candidaturas de
elección popular.
Por su parte, la
Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N° 3603-E82016 del 23 de mayo del
año en curso, declara la obligación que tienen los partidos políticos de
cumplir tanto con la paridad horizontal como con la vertical; de integrar cada
lista provincial en sus encabezamientos, con un 50% de cada sexo (colocados en
forma alterna y definir en sus estatutos los mecanismos para el cumplimiento de
este requisito.
La participación
y representación femenina en las organizaciones sociales se fortalece con la
ley denominada Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las directivas de
asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas. Con la promulgación de
esta ley, se incluye el término de representación paritaria para garantizar el
ejercicio pleno de igualdad efectiva, porque a pesar de que existe la garantía
constitucional del derecho humano a la igualdad, no se han logrado revertir
prácticas discriminatorias y sexistas que excluyen a las mujeres de la
participación y representación en las organizaciones civiles.
Posterior a su
aprobación se emitieron directrices para asegurar la inscripción paritaria de las
organizaciones por parte de las instituciones competentes. Además, en su
resolución 2014-5944 del 7 de mayo 2014, la Sala Constitucional interpreta que
esta ley no es inconstitucional; por lo tanto las asociaciones deben respetar
la paridad de género (Ley 8901 del 27 de diciembre del 2010).
Es necesario
revisar a lo interno de los partidos políticos tanto la cultura política que excluye
a las mujeres en la toma de decisiones como los mecanismos que limitan su participación.
A pesar de que existen avances, se sigue dando una especie de construcción piramidal,
donde la presencia femenina aumenta considerablemente en las bases y disminuye
en proporción inversa a los niveles de jerarquía y ejercicio del poder. Se requiere
seguir promoviendo acciones y establecer normativa que prohíba el acoso y la violencia
política contra las mujeres. Estas manifestaciones de discriminación
constituyen una violación a los derechos humanos y políticos de las mujeres y
desalientan el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas de
ellas.
Institucionalidad pública
Otro avance
normativo lo constituye la aprobación de la ley que obliga a las instituciones del
Estado a establecer comisiones sobre accesibilidad y discapacidad (CIAD). Se trata
de la creación del Consejo Nacional de Discapacidad denominado CONAPDIS, ente
rector para las políticas públicas en este campo, el cual funciona como un
órgano de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ley 9171 del 13 de
diciembre del 2013).
Estas iniciativas
de ley y medidas normativas han ido acompañadas de ingentes esfuerzos por
concientizar, sensibilizar e informar a la población general a través de
campañas educativas en medios de comunicación masiva tradicionales y no
tradicionales, que abarcan temas diversos en materia de derechos humanos de las
mujeres.
Iniciativas pendientes de aprobación
Si bien en el
período hubo diversos esfuerzos por colocar en la agenda legislativa iniciativas
de ley que respondieran a la exigibilidad ciudadana y a los compromisos internacionales
derivados de recomendaciones de las evaluaciones de las convenciones de
derechos humanos, se mantienen retos pendientes en materia de protección contra
la violencia política y el acoso político hacia las mujeres, contra el acoso
callejero y en espacios públicos, acoso laboral y contra la violencia
obstétrica. El reconocimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva,
así como la paridad en las organizaciones cooperativas y en los nombramientos
de cargos públicos en Ministerios, Viceministerios, Presidencias Ejecutivas de
instituciones autónomas (igualdad efectiva), son iniciativas pendientes que han
encontrado dificultad para su aprobación.
La oferta de
servicios de salud debe tomar en cuenta las demandas particulares de poblaciones
con brechas geográficas, étnicas, por edad y de género. En aras de atender la diversidad
de las mujeres en este y otros campos, un gran desafío del Estado costarricense
es lograr respuestas articuladas para las que sufren mayor desigualdad.
II PARTE: CONTEXTO NACIONAL Y SITUACIÓN DE
LAS MUJERES
. . .
Nudos estructurales y brechas de desigualdad
que persisten en Costa Rica19
19 El análisis
de los nudos estructurales de género ha sido realizado por CEPAL comparando la
situación de las mujeres en distintos países de América Latina. Véanse: CEPAL. Autonomía de las mujeres e igualdad en la
agenda de desarrollo sostenible. Décimo Tercera Conferencia Regional
sobre la mujer en América Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay. 25 a 28 de
octubre 2016; CEPAL. Estrategia de
Montevideo para la implementación de la agenda regional de género en el
marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. En este apartado se recurre a datos
costarricenses que fortalecen estos planteamientos.
Nudo 1. Patrones culturales patriarcales,
discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio
El reconocimiento
de los derechos humanos de las mujeres ha sido una lucha histórica cuya
principal dificultad se fundamenta en la vigencia del sistema patriarcal,
construido a partir de las desigualdades de poder entre mujeres y hombres, que
promueve la superioridad de lo masculino y su dominio sobre las niñas, las
mujeres y sobre otros hombres que se apartan del modelo masculino convencional20.
Combatir los estereotipos de género y la discriminación derivada de este
sistema social para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus
derechos fundamentales ha sido una lucha continua y lenta, pero cuyos frutos se
han ido materializando a lo largo de los años en el reconocimiento formal e
informal de la igualdad como una aspiración de todo Estado democrático.
20 INAMU (2011)
Primer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica. San José:
Área Especializada de Información, Unidad de Investigación.
No obstante, en
los últimos años se constata el resurgimiento de tácticas, discursos y patrones
socioculturales discriminatorios, sexistas y racistas que siguen reproduciendo
la desigualdad y la violencia. Se han levantado cuestionamientos, en el ámbito
nacional e internacional, sobre los objetivos de la igualdad y la perspectiva
de género, que intentan generar duda sobre sus impactos en la sociedad y en la
vida de los hombres.
La lectura de
este contexto no debe pasar desapercibida, pues constituye un obstáculo para el
avance de los derechos humanos de las mujeres, al limitar o retardar su
desarrollo mediante estrategias formales e informales, como por ejemplo, la
oposición en espacios de toma de decisiones en ámbitos públicos, o la difusión
de mensajes que confunden a la población sobre la pertinencia o no de continuar
defendiendo la lucha de las mujeres.
Para Bordieu21,
las distintas manifestaciones de la violencia y la discriminación tienen su principal
sustento en lo que él denominó "violencia simbólica", la cual se basa en la existencia
de personas "con poder" y "sin poder". Esta condición jerárquica se naturaliza y
perpetúa al reproducirse por medio de mecanismo sociales como son los
estereotipos sobre el "deber ser". A su vez, estos estereotipos se reproducen a
través de instituciones sociales como la educación, la iglesia y los medios de
comunicación masivos, entre otros, generalizando una visión de mundo que llega
a instaurarse y que sirve como mecanismo de control y dominación22.
Es así como las personas llegan a percibir los estereotipos y roles de género
tradicionales como lo natural y permisible; por lo que no es de extrañar que,
cuando esa "naturalidad" se desafía, surjan acciones para restaurar el orden establecido.
21 Bourdieu
(1999), citado por Fernández, J.M. (2005) La noción de violencia simbólica en
la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica. Cuadernos de Trabajo Social, 18, 7-13.
22 Fernández,
J.M. Íbid.
Los estudios que
miden la percepción de la población sobre la igualdad de género se han hecho
necesarios para poder medir el avance en materia de cambio cultural que tiene
la población, pues las percepciones guardan una estrecha relación con "...un
conjunto de significados culturales de una sociedad y con las instituciones
productoras de sentido"23.
23 INAMU (2011), op. cit. p.23.
Es importante
enfatizar que las percepciones no reflejan necesariamente una realidad, sino la
construcción que las personas hacen en su pensamiento y en su sentir de una realidad
objetiva a partir de sus conocimientos y experiencias de vida24.
24 Según señal
INAMU (2017) Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Percepción de
los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica (Documento inédito), los
estudios sobre percepción y opinión tienen alcances y limitaciones que es
importante tomar en cuenta: a) Son estudios que explican, o intentan explicar
la realidad vivida por las personas en sus entornos; b) Las percepciones tienen
como fuente privilegiada las experiencias de las personas y el cómo estas
procesan sus conocimientos y su experiencia cotidiana; c) Se trata de una
expresión de la subjetividad de las y los individuos; d) Las percepciones
pueden ser o no verdaderas o explicativas de la realidad social, pero
configuran un modo de explicación de la misma; e) Las percepciones configuran
una elaboración compleja a nivel simbólico.
En 2017, el
Instituto Nacional de las Mujeres25 realizó la tercera Encuesta
Nacional de Percepción de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica
(ENPEDEMU)26, cuyo objetivo es "estudiar las percepciones y
opiniones de la población acerca del estado de los derechos de las mujeres, con
miras a identificar los cambios culturales favorables a la igualdad y equidad de
género"27.
25 La ENPEDEMU
2017 se realizó de manera conjunta entre la Unidad de Investigación del Área
Especializada de Información del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la
Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). Se aplicó a una
muestra representativa a nivel nacional, conformada por 1.101 casos válidos,
repartidos en 55 unidades primarias de muestreo en todo el país
correspondientes a 62 distritos y 47 cantones de las siete provincias
costarricenses. La ENPEDEMU 2017 tiene un margen de error de +- 3 puntos
porcentuales. El cuestionario constó de diez módulos, con un total de 200
preguntas; se realizó con una muestra representativa rural y urbana, de
diferentes sectores socioeconómicos, diversidad étnica y etaria, correspondiente
a un 50% de hombres y un 50% de mujeres mayores de 18 años.
26 INAMU (2017)
Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos
Humanos de las Mujeres en Costa Rica.
27 INAMU (2011)
p. 11.
Como parte de la
Encuesta, se solicitó a las personas encuestadas que respondieran sobre su
percepción de avance en los últimos 5 años con respecto a diversos aspectos relacionados
con los derechos humanos de las mujeres en el país. El 64,8% de ellas indicó percibir
poco o algo de avance ante la afirmación "Los hombres son machistas", es decir,
que desde su perspectiva esto no ha cambiado significativamente en los últimos
5 años.
Otra área en la
que se percibe poco avance tiene que ver con la división sexual del trabajo y
la distribución del trabajo doméstico no remunerado. Entre las personas
entrevistadas que afirmaron tener en su hogar hijos e hijas menores de 12 años,
el 33,8% respondió que la mayor parte de los días de la semana se quedan en
casa con la madre, y el 27,6% se queda al cuidado de alguna mujer de la
familia. Sólo un 10,8% afirmó que se quedan en un centro educativo. A partir de
lo anterior, y prácticamente sin ninguna diferencia por sexo, un 65,6% menciona
que la principal razón por la que eligen la opción de cuido antes expuesta es:
"Están mejor cuidados(as)".
Con respecto a la
inserción femenina en el mercado laboral, un 60,4% de la población encuestada
indicó percibir poco o algo de avance frente a la afirmación: "Más mujeres en el
país cuentan con trabajo remunerado". Esto coincide con el hecho de que más de
la mitad de los hombres (50,8%) y de las mujeres (54,5%) entrevistadas,
reconocen que las mujeres tienen mayores dificultades que los hombres para
obtener un empleo. Dentro de las principales razones que se identificaron como
impedimentos para la inserción laboral de mujeres profesionales, se encuentran
la "Falta de oportunidades laborales" (28,5%), y el "Machismo y los perjuicios
hacia las mujeres" (23%).
Es importante
mencionar que el 98,5% de la población encuestada reconoce como un derecho
humano de las mujeres "El empleo en igualdad de condiciones respecto a los hombres",
pero perciben que en este ámbito ha habido poco o algo de avance (65%) en los
últimos años. Finalmente, con respecto al trabajo por cuenta propia, un 55,7%
de la muestra consultada manifiesta estar de acuerdo con que "Las mujeres
que trabajan en lo propio y que conviven con su pareja ganan dinero para sus
gastos personales" y que "Disponen
de más tiempo libre" (58,5%). Como se observa, los aspectos en los que la población
percibe avances a favor de los derechos humanos de las mujeres, son todavía mínimos,
pero se sostienen estereotipos y mitos vinculados al rol tradicional de mujeres
y hombres en el país.
Estos roles
tradicionales son reforzados constantemente por instituciones sociales, como los
medios de comunicación masiva. Según INAMU 28 , en la difusión de
noticias o programas de opinión en radio, televisión y periódicos, prevalecen
discursos sexistas que, si bien no son tan explícitos y agresivos como en el
pasado, de igual manera refuerzan estereotipos y mitos. Ejemplo de ello es el
uso de lenguaje discriminatorio (al no utilizar el lenguaje con perspectiva de
género), los temas con los que normalmente se relaciona a las mujeres en las
notas de prensa u opinión, la ausencia de discusión sobre la desigualdad de
género como un tema prioritario, o la reproducción de roles y estereotipos de
género tradicionales, entre otras.
28 INAMU (2017)
.En dónde estamos las mujeres?
Por ejemplo, sólo
el 1% de las noticias presentadas en los medios de comunicación29 centraron
el contenido de la noticia en temáticas relacionadas con la igualdad o desigualdad
de género o discriminaciones que se viven en el país, y sólo el 2% hizo al menos
referencia a esta temática en su contenido. Estas noticias estuvieron
relacionadas con conflictos sociales, salud, educación y cultura,
principalmente, siendo claro que en ámbitos como ciencia y tecnología, o
economía, por ejemplo, la discusión sobre desigualdad de género estuvo ausente.
29 Íbid.
Por otro lado,
las mujeres fueron citadas como fuente de información en sólo el 23% de las
noticias estudiadas, y principalmente en temáticas a las que tradicionalmente
se les asocia, como educación o salud, quedando relegadas en temas como
gobierno y política (sólo en 22% de las noticias), economía, trabajo y negocios
(24%), ciencia y tecnología (11%) y deportes (7%)30.
30 Íbid.
La investigación
también permitió identificar que la mayoría de las personas que fueron presentadas
por los medios de comunicación como víctimas de crímenes, desastres, accidentes
y pobreza fueron mujeres (99%).
Otro nicho de
reproducción y difusión masiva de la cultura patriarcal es la publicidad.
Durante el 2016,
el Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad31
recibió 94 denuncias relacionadas con un uso inadecuado de su imagen en la
publicidad. La mayoría de los anuncios denunciados correspondía a campañas
divulgadas en redes sociales (59,6%) y en televisión (18,1%), y que
representaban variedad de productos o servicios, como servicios bancarios,
financieros o de aseguramiento (51,1% de las denuncias), alimentos y bebidas
(12,8%), telefonía y comunicaciones (6,4%), y educación (5,3%).
31 UCR (2017)
Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad. Informe 2016. 33
Íbid., p.4.
.la mayoría de
quejas presentadas identifican como publicidad sexista los estereotipos de
género tradicionales con respecto a las mujeres, sus necesidades, deseos,
proyectos de vida, funciones, cualidades y capacidades, en lo social y en el ámbito
doméstico, ello, a pesar de que en muchas ocasiones las referencias machistas
se presentan de modo más sutil y encubierto dentro de estos anuncios. Esto es
importante, pues refleja que no solo las situaciones de ofensa clara y directa,
como las manifestaciones abiertas de violencia contra las mujeres o su
cosificación sexual, son las que generan rechazo por parte de la audiencia aquí
activa, lo que implica la necesidad de modificar también las representaciones
sexistas más solapadas y habitualmente aceptadas en nuestra sociedad que
permean la industria publicitaria.33
Un ejemplo claro
de la discriminación naturalizada y que continúa arraigada en la sociedad costarricense
son las diversas formas de violencia contra las mujeres. Según Barrantes y Chaves
(2015)32, el 61,7% de las encuestadas sufrió algún tipo de acoso
sexual callejero en los últimos 12 meses, mientras que esta cifra entre los
hombres era de 32,8%. En el caso de las mujeres, recibieron un promedio de 4,8
tipos diferentes de acoso y el 80% de ellas enfrentó hasta 7 tipos diferentes.
El perpetrador del acoso fue generalmente un hombre (95,3%), y ante este hecho,
las mujeres sintieron principalmente enojo (36,6%), incomodidad (15,7%) y miedo
(12,2%). El acoso sufrido por los hombres tiene otras características: la
persona perpetradora fue una mujer (74%) o un hombre (26%), y sufrieron en
promedio 2,5 tipos diferentes de acoso y en un 80% 3 tipos diferentes o menos.
El 7,8% de los hombres acosados expresó sentimientos positivos ante el acoso (70,8%
de los que recibieron "piropos halagadores" se sintieron bien por ello), 21,2% sintió
indiferencia, 17,1% enojo y el 20,1% incomodidad.
32 Barrantes
Paniagua Geannina y Mariana Chaves Espinoza (2015) Vivencias del acoso sexual
callejero en Costa Rica en el 2015.
En la encuesta
"Percepciones de la población costarricense sobre la violencia contra las mujeres"33,
llevada a cabo en 2012, el 37,3% de la población entrevistada identificó el machismo
y la sociedad patriarcal como una de principales causas. A pesar de la
existencia de conocimientos al respecto en la población en general, la
violencia de género en contra de las mujeres sigue siendo un problema nacional
de importante envergadura, por cuanto ellas siguen siendo las principales
víctimas de todas sus expresiones.
33 Guiselle
Rodríguez Villalobos et al.
Percepciones de la población costarricense sobre la violencia contra las
mujeres. 36 Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de
Seguimiento de Indicadores de Salud (USIS) 37 Datos proporcionados por Poder
Judicial. Sección de Estadística, Departamento de Planificación, 2017.
Según datos del
Ministerio de Salud36, en los servicios de salud nacionales, en 2016 se registraron
13.037 casos de violencia intrafamiliar en los cuales las mujeres fueron las principales
víctimas (9.342 casos). Al detallar los tipos de violencia identificados por el
sistema de salud para estas mujeres, se evidencia la pluralidad de formas en
que sufren la violencia: en 2.850 casos se detectó abuso psicológico, en 1.682
abuso físico, en 1.620 abuso sexual y en 1.205 formas mixtas de maltrato. Esta
violencia tiene su expresión más dramática en el femicidio, el cual cobró 26
vidas de mujeres en el 201637.
La violencia de
género acompaña a las mujeres durante toda su vida, como un mecanismo recordatorio
del rol de subordinación que el sistema patriarcal espera que asuman. En el Segundo
Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, el INAMU34
llamó la atención sobre las niñas y adolescentes menores de 19 años como una
población en alto riesgo frente a dinámicas sociales que las vulnerabilizan
ante la pobreza y la violencia.
34 INAMU (2015)
Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, op. cit.
Según la última
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva35 del 2016,
el 68%
de las mujeres ya han tenido relaciones
sexuales antes de los 19 años, y el 13,7% antes de cumplir los 15 años.
Preocupa particularmente que más de la mitad de aquellas cuya primera relación
sexual coital ocurrió antes de los 15 años, iniciaron su vida sexual con una
pareja cinco años mayor, y 1 de cada 5 con una pareja diez o más años mayor.
Esto las coloca en una posición de vulnerabilidad al existir una relación de
poder altamente desigual y desproporcionada, que cercena sus posibilidades
reales de decidir o incluso de consensuar una relación de esta naturaleza. A
pesar de que la Ley de Relaciones Impropias (Ley N° 9406)36 entró en
vigencia el 13 de enero de 2017 para penalizar este tipo de relaciones
abusivas, su naturalización en la sociedad sigue siendo un factor de vulnerabilidad
para estas niñas y adolescentes, que tiene consecuencias directas en su desarrollo
y bienestar.
35 Ministerio de Salud, et al (2016)
Hablemos de sexualidad.
36 Ley 9406, Ley de Relaciones Impropias. 03 de noviembre de 2016.
Un ejemplo de
ello son las cifras de embarazos en niñas y adolescentes. En el 2016, hubo 10.575
nacimientos en donde las madres tenían entre 15 y 19 años, así como 349 nacimientos
de madres entre 10 y 14 años. Vale resaltar que sólo se registraron 5 padres en
el rango de edad de 10 a 14 años, y 1330 entre los 15 y 19 años37,
lo que deja en evidencia que la inmensa mayoría de estos embarazos fueron
producto de relaciones con hombres mayores de edad. Durante el 2016 el mayor
número de nacimientos de madres entre 10 y 17 años ocurrió en la Región Central
(con 2.212 nacimientos), seguida de la Región Huetar Caribe (con 767) y Huetar
Norte (con 639)38.
37 INAMU (2017), datos extraídos de una base del INEC (Estadísticas
vitales).
38 Íbid. 43
Íbid.
Por otro lado,
entre las madres de 15 a 19 años, 5.032 se declararon solteras, 4.966 en unión
libre y 563 casadas43. Esto implica para ellas una suma de responsabilidades de
cuido y posiblemente de trabajo doméstico no remunerado que les resta
posibilidades para su desarrollo integral, especialmente la continuación de la
educación básica. Este dato no es menor, considerando que para el año 2016, el
MEP reporta un total de 923 estudiantes embarazadas entre la población
matriculada en la modalidad de educación tradicional en todo el país39,
muchas menos de las que se detectan mediante los registros de nacimiento. De
ellas, 67 cursaban el I y II ciclo, que componen la educación primaria básica.
Entre las que cursaban el III ciclo y la educación diversificada, 856 eran aún menores
de edad, lo cual representa más del 80% del total reportado por los colegios
del país.
39 Ministerio de
Educación Pública (2017) Boletín
02-17, Estudiantes embarazadas menores de edad en centros educativos
costarricenses, curso lectivo 2016.
Por ello, resulta
necesario continuar reforzando el empoderamiento de las mujeres sobre su cuerpo
y la toma de decisiones, pues incluso durante la edad adulta esta ausencia de autonomía
les afecta profundamente y tiene consecuencias que podrían estar asociadas a
ciclos de violencia y pobreza. Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y
Salud Reproductiva -ENSSSR- de 201540, 49,8% de las mujeres afirman
que su último embarazo no fue deseado, lo que representa un aumento de 2,8% de
la cifra detectada en la ENSSSR de 2010.
40 Ministerio de
Salud et al (2016). Hablemos de
sexualidad, op. cit.
Los datos
anteriores sobre embarazo adolescente y embarazo no deseado contrastan con la
percepción que tiene la población con respecto al derecho de las mujeres a
decidir si desean ser madres o no. Según la ENPEDEMU 2017, el 52,7% de la
población entrevistada considera que se ha avanzado mucho en este aspecto,
mostrándose en este punto una distorsión importante entre la percepción del
hecho y la realidad de las mujeres, tal y como se ha expuesto.
En síntesis, es
posible decir que en Costa Rica aún hay retos pendientes relacionados con un
cambio cultural y una percepción a favor de la igualdad efectiva, que permita a
su vez un mayor avance en la protección de las mujeres frente a las distintas
manifestaciones de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la
inserción en el mundo laboral en igualdad de condiciones con los hombres, la
división igualitaria de responsabilidades de cuido y trabajo doméstico no
remunerado, entre otras.
Nudo 2.
División sexual del trabajo e injusta distribución
del cuidado
Desde la
perspectiva histórica y a partir del análisis de las relaciones desiguales
entre mujeres y hombres, se ha establecido que la división sexual del trabajo
es una de las principales fuentes de discriminación y desigualdad contra las
mujeres. Bajo este concepto, las prácticas, los valores, el reconocimiento, el
imaginario simbólico y los mandatos sociales, están por sexos. El mundo de lo
masculino, se asocia al ámbito de lo público y al trabajo productivo; el mundo
de lo femenino, a lo privado, la familia y el hogar, y a los trabajos
reproductivos (procreación, cuido y crianza de los hijos e hijas, y tareas para
el mantenimiento del hogar), con el agravante de que este último conjunto de actividades
siguen siendo consideradas como innatas (naturales) y por lo tanto, de de exclusiva
responsabilidad femenina.
El trabajo
doméstico no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres, es invisible
social y económicamente, no tiene un valor monetario y ante los ojos de la macroeconomía
no se contabiliza de lo que se desprende, equivocadamente, que este no es un
trabajo y que no aporta riqueza al desarrollo económico y bienestar de las
familias. Sin embargo, según INAMU41, "el trabajo doméstico no
remunerado constituye un pilar fundamental para el desarrollo humano, tanto en
el plano individual como social". Dentro de esta gran categoría con frecuencia
se incluyen las labores de cuidado de personas dependientes (niños y niñas
menores de 12 años, personas adultas mayores, enfermas o con alguna
discapacidad) o el apoyo a otros miembros del hogar, aun cuando no estén en total
dependencia. Estas labores, también asumidas mayoritariamente por las mujeres, restan
horas efectivas al tiempo con que cuentan para realizar otro tipo de labores orientadas
a su desarrollo integral (trabajo, educación, recreación, participación comunal
y política, entre otras). El problema subyacente es la persistente y desigual
distribución de tareas y responsabilidades entre ambos sexos, derivada de la
percepción estereotipada de lo que representa en la sociedad el trabajo
doméstico de cuidados, como algo de poca significancia y valor para la economía,
asociado a lo femenino y a los afectos.
41 INAMU (2015)
Segundo Estado, op.cit. ,
p.105.
En la Encuesta
Nacional de Uso del Tiempo42, se plantea que por semana, el tiempo
social promedio que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado (TDNR)
es de 35:49 horas semanales, mientras que los hombres destinan 13:42 horas en
promedio, es decir, las mujeres aportan 22 horas más que los hombres al trabajo
doméstico no remunerado. Este comportamiento se observa también por zona urbana
y rural, pero en esta última las brechas son mayores. Mientras en la zona
urbana las mujeres utilizan cerca de 20 horas más de tiempo social al TDNR que
los hombres, en la rural son 26 horas.
42
INAMU,INEC,UNA (2018) Encuesta Nacional de Uso del tiempo.
La Carga Global de
Trabajo (sumatoria del tiempo efectivo utilizado en TDNR y Trabajo Remunerado
-TR) es mayor para las mujeres (69:53 horas) respecto a los hombres (62:56 horas),
con una diferencia aproximada de 7 horas.
Si se analiza por
grupos de edad, los resultados de la ENUT 2017 plantean que las mujeres más
jóvenes (12 a 19 años) dedican en promedio 16:42 horas semanales de tiempo
social al TDNR, y los hombres 08:31 horas, o sea, las mujeres duplican la
cantidad de horas que utilizan los hombres. En el grupo de 20 a 35 años, las
mujeres casi triplican a los hombres en el tiempo social (39 horas promedio de
las mujeres y 13:27 horas de los hombres), en tanto en el siguiente grupo (de
36 a 54 años) -que es el que más horas utiliza en el caso de las mujeres- la
relación es 2,6 veces. El último grupo de edad de 55 años y más; tiene un
promedio de tiempo social dedicado de 37:04 horas y 15:34 horas para mujeres y hombres
respectivamente, con una relación cercana a 2,4 veces más alto el tiempo de las
mujeres. Los datos muestran que independientemente del grupo de edad, las
mujeres dedican (en intensidad) más horas de trabajo al TDNR que los hombres.
"Estos resultados
confirman que si bien los hombres participan en la realización de tareas domésticas
no remuneradas, el tiempo que invierten las mujeres en la mayoría de los casos,
supera siempre al de ellos por lo menos en un 65% de las veces"43.
La consecuencia de esta realidad es una sobrecarga de trabajo para la mayoría
de las mujeres de todas las edades y a lo largo de toda su vida, lo que limita
su desarrollo personal y social, y disminuye su calidad de vida.
43 INAMU (2015)
Segundo Estado, op. cit. p. 107.
Se puede afirmar
entonces que la corresponsabilidad social de los cuidados es una tarea pendiente,
pues el recargo en las mujeres les afecta de manera negativa al limitar su tiempo,
ampliar su jornada laboral, impactar su salud física y psicológica, y limitar
sus posibilidades de estudio y empleo, entre otras cosas. Según diversos
instrumentos internacionales44, cuidar no debe ser visto como un
asunto individual ni exclusivo de las mujeres, sino como un asunto social,
directamente vinculado con las estructuras económicas, culturales y de poder.
Por tanto, el tema de los cuidados (tanto para quien los recibe como para quien
los otorga) se coloca como una necesidad estratégica urgente de atender si es
que se quiere garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
como ciudadanas plenas, tanto en su vida laboral como en su vida personal, familiar
y comunitaria.
44 Ver Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, Consenso de Brasilia, CEDAW y Plataforma de
Acción de Beijing, entre otros.
Ejemplo de ello
es que, según INAMU45, entre las mujeres atendidas por el Programa Avanzamos
mujeres en 2015, el 75% no estudiaba, siendo la principal razón de ello el tener
que cuidar a sus hijos e hijas (31,4%). Por otro lado, un 17,8% de ellas
debieron salir del mercado laboral para realizar algún tipo de labor de cuido
de personas en la casa51.
45 INAMU (2016) Pobreza en Costa Rica: la situación de las
mujeres. Una caracterización de las mujeres participantes en el Programa
Avanzamos Mujeres 2015. San José: Área de Desarrollo Regional, INAMU.
51 Ídem.
Estos datos
reflejan la necesidad de ampliar y fortalecer las alternativas de cuido existentes,
lo que constituye un respaldo necesario para que las mujeres se puedan insertar
y sostenerse en el mercado laboral52.
52 El Balance del
II Plan de Acción de la PIEG, realizado en el año 2015 señaló que, pese a los
esfuerzos realizados, existían diversas problemáticas en el funcionamiento de
la REDCUDI, entre los que se encontraban:
Escasa participación de empresas y organizaciones de trabajadoras/es,
así como escaso involucramiento de Municipalidades.
Inexistencia de estudios de demanda de centros de cuido para niñas y
niños, lo que generó que la inversión pública en infraestructura de la REDCUDI,
orientada hacia la construcción de Centros Infantiles Municipales (CECUDI), no
se direccionara hacia aquellos cantones en los que efectivamente se requería de
esa inversión.
La principal fuente de financiamiento de la REDCUDI es FODESAF, lo que
excluye a las mujeres que no se encuentran en condición de pobreza.
Lentitud en municipalidades en la creación de creación de centros de
cuido.
Uno de los principales
logros alcanzados por la REDCUDI en los últimos años fue precisamente la
ampliación de la cobertura en centros de cuido, permitiendo a las mujeres en
condición de pobreza contar con opciones de atención para sus hijas e hijos con
el fin de que ellas pudieran optar por un mayor desarrollo personal y
profesional. En 2016 esta Red registró 1.157 centros infantiles financiados
total o parcialmente por el Estado, que atendían a 52.190 niños y niñas en todo
el país. La distribución de los beneficiarios por cantón muestra una fuerte
concentración en diecinueve de ellos, mayoritariamente urbanos de la región
Central53.
53 Informe
Estado de La Nación 2017.
A pesar de estos
esfuerzos, vale la pena resaltar que la percepción de la población sigue siendo
desfavorable a utilizar este tipo de instancias para el cuido de niños y niñas.
La Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos Humanos de las Mujeres en
Costa Rica (ENPEDEMU)54 realizada en 2017, preguntó a las personas
con niños y niñas menores de 5 años cuál opción de cuido elegirían si tuvieran
la posibilidad, y sólo un 13,5% optó por la opción "Un centro público que forme
parte de la Red de Cuido". Por esta razón resulta también importante promover
en mayor grado los servicios de la Red de Cuido, así como beneficios que éstos
tienen para los niños y niñas, pues no solo permiten a las madres insertarse en
el mercado laboral o asistir a diversas modalidades de capacitación, sino que también
están diseñados para propiciar el desarrollo integral de su población meta.
54 INAMU (2017)
Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos
Humanos de las Mujeres en Costa Rica, op.
cit.
Otro aspecto a
considerar con respecto al uso del tiempo que hacen las mujeres, se refiere a
las oportunidades de recreación y esparcimiento. Según la Encuesta de Uso el
Tiempo del Gran Área Metropolitana 46 , ellas emplean en esas actividades
un total de 36 horas semanales, frente a 40 dedicadas por los hombres. Esto se
explica por el hecho de que en general emplean más tiempo en realizar "algún
tipo de trabajo, sea remunerado, doméstico, voluntario o de subsistencia, lo
cual limita sus oportunidades para ocuparse de este tipo de actividades"56.
Cuando desempeñan un trabajo remunerado, dedican también tiempo a labores
domésticas no remuneradas, lo que reduce considerablemente sus oportunidades de
dedicarse a actividades de esparcimiento, cultura y convivencia, las cuales son
parte del autocuidado requerido para tener una vida de calidad.
46 INAMU, INEC,
UNA (2012) Encuesta del Uso del Tiempo en el Gran Área Metropolitana. 56 Ibid. , p.58.
Nudo 3.
Desigualdad socioeconómica y persistencia de
la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente
A pesar de que
algunos indicadores económicos nacionales han presentado mejorías en los
últimos años, la brecha de género persiste, dejando en desventaja a las mujeres
y restringiendo su derecho a gozar de los beneficios del desarrollo económico
del país.
En el 2013, la
tasa neta de participación laboral en el país47 equivalía a 61,9% de
la población económicamente activa. Ese porcentaje bajó drásticamente en 2016,
cuando alcanzó 57,7%, pero mostró una rápida recuperación al subir a 59,4% en
2017. La tasa neta de participación femenina ha venido aumentando
paulatinamente en los últimos años. Para el año 2000, era de 35%48;
alcanzó un 43,5% en 2009 y para 2015 era de 47,6%49 . No obstante,
para el II trimestre de 2017 fue de un 45,5%, mostrando un descenso importante
con respecto a mediciones anteriores. En el caso de la tasa neta de participación
masculina, esta fue de 73,2% en el III trimestre de 2017, dando como resultado
una brecha de alrededor del 27,6%50.
47 Datos
calculados para el III trimestre de cada año con base en los resultados de la
Encuesta Continua de Empleo realizada por el INEC.
48 INAMU (2011)
Primer Estado, op. cit.
49 ENAHO (2016)
Sistema de Indicadores y Estadísticas de Género 2010-2016.
50 Íbid.
Consecuentemente,
el desempleo golpea de manera más intensa a las mujeres en el país. En 2013, la
tasa de desempleo general era de 9%; ascendió a 9,7% en 2016 y descendió levemente
en 2017 a 9,4%51. Según el Segundo Estado de los Derechos Humanos de
las Mujeres en Costa Rica52, el porcentaje de desempleo abierto en
2013 era de 7% para los hombres y de 10,8% para las mujeres. La brecha entre
ambos sexos en ese momento era de 3,8%. Según la Encuesta Continua de Empleo53,
para el III trimestre de 2017 la tasa de desempleo para los hombres era de
7,5%, mientras que para las mujeres era de 12,4%. Eso representa una brecha de
4,9% que las desfavorece. Los cambios entre 2013 y 2017 resultan importantes
estadísticamente, porque reflejan la intensificación de la desigualdad sexual a
lo largo de los años.
51 Según datos
de la ECE, para el III trimestre de cada año.
52 INAMU (2015)
Segundo Estado, op. cit.
53 INEC (2017).
Encuesta Continua de Empleo al segundo trimestre de 2017.
Es bien sabido
que frente a crisis económicas generalizadas, el impacto sobre las mujeres es
mayor. Como señala el Estado de la Nación54:
54 Informe Estado
de la Nación (2017) p. 80.
Las mujeres son
las más perjudicadas en épocas negativas y se recuperan más lentamente en las
fases de crecimiento. Por ejemplo, entre el segundo trimestre de 2015 y el
tercero de 2016 la fuerza de trabajo disminuyó en 75.102 personas, de las cuales
52.330 eran mujeres. Al mejorar la situación, entre el cuarto trimestre de 2016
y el segundo de 2017, el mismo indicador aumentó en 73.188 personas, de las cuales
25.954 eran mujeres. En otras palabras, en el período de contracción de la fuerza
laboral, el 70% de las personas que quedaron desempleadas fueron mujeres, pero
en los trimestres de reactivación ellas tan solo explican un 35% del
incremento.
Estas
desigualdades se expresan también en ingresos diferenciados que colocan a las mujeres
en una situación de vulnerabilidad frente a la pobreza. Según datos de la Encuesta
Nacional de Hogares del 2016, el salario bruto de las asalariadas corresponde a
un 88,3% de los hombres en la misma condición55, lo que evidencia la
necesidad de acciones estatales orientadas a eliminar la discriminación
femenina en el ámbito laboral.
55 INAMU (2017)
Datos procesados por el INAMU con base en la ENAHO 2016.
Esto ocurre a
pesar de que la escolaridad de las mujeres suele ser mayor que la de los hombres.
Según el MEP56, en 2016 la tasa neta de escolaridad en primaria fue
de 93,1%, y en tercer ciclo y educación diversificada de 73,3%. Al desagregar
la información por sexo, la tasa para las mujeres fue de 93,6% en primaria y de
92,7% para los hombres, mientras que en tercer ciclo y educación diversificada
fue de 71,1% para los hombres y 75,6% para las mujeres, lo que revela una
brecha favorable a las mujeres en ambos casos.
56 Datos
proporcionados por el Departamento de Análisis Estadístico del MEP, 2017.
En relación con
la deserción, el porcentaje de varones que desertan es superior que el de las
mujeres. En primaria, de la totalidad de niños que matricularon en 2016, el
7,5% abandonaron el sistema escolar, mientras que en el caso de las niñas esta
cifra fue de 6,3%. En secundaria, de la totalidad de hombres matriculados, el
1,3% abandonó el sistema, frente a un 1,1% de mujeres en la misma condición.
En cuanto a la
educación universitaria, en 2016 el 53,3% de las personas matriculadas en el
primer periodo lectivo de las universidades estatales fueron mujeres,
porcentaje que ha variado muy poco desde 201357. En ese mismo año el
59,1% de los diplomas otorgados en el sector universitario estatal fueron para
mujeres.58 En 2015, por cada 100 hombres que adquirieron una
licenciatura también lo hicieron 187 mujeres, y por cada 100 hombres que
obtuvieron una maestría, también lo lograron 142 mujeres59.
57 Datos
proporcionados en 2017 por CONARE, OPES, División de Sistemas, elaborado con
datos de las Oficinas de Registro de las Universidades Estatales.
58 Íbid.
59 INEC-INAMU
(2017) Sistema de Indicadores y Estadísticas de Género.
A pesar de este
mayor nivel educativo, las mujeres profesionales y no profesionales siguen insertas
en actividades tradicionalmente femeninas, las cuales son peor remuneradas y no
corresponden al sector más dinámico de la economía. Por ejemplo, en los
colegios técnicos, por cada 100 hombres que ingresan, hay 94,2 mujeres, las
cuales se ubican principalmente en las áreas de servicios (por cada 100 hombres,
existen 156 mujeres)60.
60 Íbid.
A nivel
universitario, en 2015 la mayor parte de las graduadas se ubicaron en áreas
como Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. En áreas como
Ciencias Básicas o Ingeniería, el porcentaje de mujeres fue muy inferior al de
los hombres. En el primer caso sólo alcanzó el 32,6%, mientras que en el
segundo el 56,1%. En el ámbito educativo, entonces, la división sexual del
trabajo sigue reproduciéndose y perpetuándose. No es casualidad que de las
personas graduadas en carreras catalogadas como "tradicionalmente masculinas"
solo un 30,9% sean mujeres61. Esta división sexual del trabajo
obedece, tal como lo plantea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones,
a la "persistencia de patrones de conducta socialmente aprendidos con respecto
a lo que se espera debe ser y hacer un hombre y una mujer", de modo que los
roles son "interiorizados por la propia población" y esto se refleja en la
tendencia clara de escogencia de carreras por sexo, entre otros aspectos de la
vida62.
61 Íbid.
62 Micitt. Plan
Nacional de Ciencia, 2015-2021, p. 36.
Todas estas
condiciones hacen que las mujeres que logran acceder al mercado laboral no lo
hagan en igualdad de oportunidades y de trato con los hombres. Una consecuencia
directa de ello tiene que ver con su pensión. Al recibir salarios menores, su
pensión también será menor; además requieren más años de trabajo para alcanzar
los mismos montos de pensión que los hombres, pues la brecha salarial se ve
agudizada por el hecho de que sus trayectorias laborales se interrumpen
generalmente por las responsabilidades del trabajo reproductivo, especialmente
del cuido.
El Estudio
Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte Administrado por la Caja Costarricense
de Seguro Social63, reconoce que hay una desigualdad entre hombres y
mujeres (no la califica ni de buena ni de mala). Según sus datos, cotizan
regularmente, el 64% del total de los afiliados varones, pero solo el 48% del
total de afiliadas. Esto quiere decir que el 52% de ellas no va a llegar a la
cantidad de contribuciones requeridas para jubilarse. En ese sentido, se habla
de menor densidad de las mujeres. Esto obedece a los espacios huecos a lo largo
de su trayectoria laboral, relacionados con sus tareas de cuido, lo que significa
que no alcanzarán el requisito mínimo de contribuciones establecidas por ley.
63 Rodrigo Arias
López et al. Estudio Actuarial
del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
Esta realidad es
aún más dura para las trabajadoras independientes. Según datos de la Encuesta
Continua de Empleo, al III Trimestre de 201664, entre la población
de mujeres trabajadoras independientes el 64% no tenía seguro por trabajo, y el
46,3% ganaba menos de un salario mínimo mensual, por lo que aun cotizando su
pensión podría ser muy baja.
64 Datos de INEC,
2017, derivados de la Encuesta Continua de Empleo, op. cit.
Estos datos
contrastan con los de los hombres en las mismas condiciones, pues a pesar de
que el 47,8% ganaba menos de un salario mínimo mensual, el 59,6% sí tenían seguro
por trabajo. Aunque el porcentaje de mujeres trabajadoras independientes sin
seguro por trabajo ha disminuido (en el III Trimestre de 2014 era de 70,2%)
sigue mostrando una importante desigualdad.
En virtud de lo
anterior, el Estado costarricense ha hecho recientemente (2018), un esfuerzo
por generar iniciativas que permitan atender también los derechos de las mujeres
que trabajan desde la informalidad, como por ejemplo, la firma de un Acuerdo Tripartito
para la aprobación de la Estrategia Nacional de Tránsito a la Economía Formal basada
en la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El acuerdo
fue firmado entre representantes del Gobierno de Costa Rica, la Unión Costarricense
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y las Centrales
y Confederaciones Sindicales de Costa Rica y tiene como propósito echar a andar
dicha estrategia para la Transición de la Economía Informal a la Economía
Formal en Costa Rica.
Por otro lado,
como expresión de este nudo estructural la última Encuesta Nacional de Hogares65
señala la incidencia de pobreza en el país: según el método de medición por ingresos
o línea de pobreza, dicha incidencia representa el 20% de los hogares. Este porcentaje
disminuyó 0,5% con respecto al año anterior, lo que equivale a 2.039 hogares y
representa una diferencia estadísticamente significativa. En el caso de la
pobreza extrema, esta alcanzó un 5,7% de los hogares, reduciéndose en 0,6
puntos porcentuales, lo que equivale a 8.341 hogares. Esta diferencia también
es significativa en el nivel estadístico. En el caso de la medición según el
Índice de Pobreza Multidimensional, también se mostró una disminución
importante, al alcanzar 18,8%, la cifra más baja de los últimos 7 años. Y, a
pesar de que los niveles de desigualdad continúan altos, entre 2016 y 2017 hubo
una disminución del coeficiente de Gini per cápita, el cual pasó de 0,521 en 2016
a 0,514 66 . Esto representa un cambio estadísticamente
significativo en este indicador.
65 ENAHO (2017).
66 Íbid.
En el país el
porcentaje de hogares con jefatura femenina en 2017 era 38,3%, un punto porcentual
por encima de lo reportado en 201667. Los hogares en condición de
pobreza representan un 44,3% y los hogares en pobreza extrema un 46,1%. Al
realizar el análisis de la pobreza tomando como base el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), los hogares con jefatura femenina representan el 39,3%
de los hogares considerados pobres.
67 Íbid.
Al desagregar los
datos por personas en lugar de hogares, los resultados de la ENAHO 2017 indican
que existen 164.252 mujeres en condiciones de pobreza extrema, así como 418.046
en condiciones de pobreza. Para los hombres estas cifras corresponden respectivamente
a 142.399 y 367. 847 68 . En términos porcentuales, las mujeres representan
el 53,6% de las personas en pobreza extrema y el 53,2% de las personas en pobreza
no extrema. Es claro que en el país existen más mujeres que hombres que tienen carencias
importantes y necesidades insatisfechas.
68 Datos
extraídos de la ENAHO 2017.
Cabe resaltar que
la cantidad de mujeres en condiciones de pobreza extrema se redujo en los
últimos años, pues en 2014 se reportaron 190.194, cifra que ascendió en 2015 a 200.794
y luego comenzó a descender nuevamente (entre 2015 y 2017 hay una diferencia de
36.542). Lo mismo sucede con las mujeres en condiciones de pobreza no extrema:
en 2014 se registraron 435.083, cifra que descendió a 410.884 en 2015, pero
volvió a ascender en 2017. A pesar de ello se registraron 17.037 menos69.
69 Datos
extraídos de la ENAHO 2017.
Es importante
señalar que en el caso de la pobreza extrema, las mujeres superan a los hombres
ampliamente en los grupos de edad de 20 a 59 años (59,3% de 20 a 29 años, 63,9%
de 30 a 39 años, 60% de 40 a 49 años, y 57,4% de 50 a 59 años), periodo de vida
asociado a una mayor productividad económica y a la etapa reproductiva de las
mujeres.
Un fenómeno
similar ocurre entre las personas con pobreza no extrema, entre quienes las
mujeres superan a los hombres en los grupos de edad de 20 a 69 años (58,7% de
20 a 29 años; 60,3% de 30 a 39 años; 55,1% de 40 a 49 años; 56,9% de 50 a 59
años; 55,4% de 60 a 69 años), mostrando una clara desventaja y desigualdad de
género.
Al medir la
pobreza utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional es posible determinar
cuáles de las privaciones contempladas afectan principalmente a las mujeres.
Según la ENAHO
2017, son de sexo femenino el 55,4% de las personas que sufren la privación
"Primera infancia sin cuido"; el 51,5% entre quienes tienen la privación "Fuera
de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares", y el 50,5% entre quienes
presentan "Rezago educativo"70.
70 Íbid.
Con respecto al indicador "Fuera de la
fuerza de trabajo por obligaciones familiares", la privación se define como
"aquellos hogares con al menos una persona fuera de la fuerza de trabajo debido
a obligaciones familiares y donde hayan más de dos personas dependientes por
cada persona en la fuerza de trabajo"71. Según el IPM, entre los
hogares en condiciones de pobreza con jefatura femenina el porcentaje con esta
privación aumentó un 1,4% entre 2016 y 2017 (de 19,3% a 20,7%). Para los
hogares con jefatura masculina en la misma condición el aumento fue sólo de
0,3%, aunque presentan en mayor porcentaje la privación (24,4% en 2016 y 24,7% en
2017)72. Es posible que esto se deba a que las jefas de hogar tienen
menores posibilidades de atender exclusivamente el cuidado de personas
dependientes, pues deben asumir la manutención de sus familias, por lo que se
incorporan en mayor porcentaje a la fuerza laboral a pesar de esas obligaciones.
En el caso de los hombres jefes de hogar, quienes asumen las obligaciones familiares
podrían ser sus parejas u otras personas en la familia, que se abstienen de incorporarse
al mercado laboral para asumir estas tareas. Por ello el porcentaje de privación
es mayor que en el caso de los hogares con jefatura femenina.
71 INEC (2015)
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Metodología, op. cit.
72 Datos
extraídos de la ENAHO 2017, op. cit.
Esto concuerda
con el hecho de que al realizar un análisis de los hogares que presentan esta
privación de acuerdo a su nivel de pobreza medido según el método "línea de pobreza",
es claro que en hogares con jefatura masculina a mayor pobreza, menor porcentaje
de privación. Por ejemplo, en el año 2017 entre los hogares no pobres jefeados por
hombres, el 78,6% tenían la privación, entre los que estaban en condición de
pobreza no extrema este porcentaje descendía a 66,8%, y en los hogares en
extrema pobreza, se reducía a 52,6%. Por el contrario, en hogares con jefatura
femenina cuanto más se intensifica la pobreza, mayor es el porcentaje de
privación. Esta tendencia se sostiene para los años 2016 y 2017. Para ese
último año, en los hogares no pobres jefeados por mujeres sólo el 21,4% tenían
la privación; la cifra aumentaba al 33,2% en los hogares pobres y a 47,4% en
hogares con pobreza extrema. En estos últimos la privación se incrementó en más
de 7% con respecto al año anterior (en 2016 era de 40,1%)73.
73 Íbid.
Queda claro,
entonces, que el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y el apoyo estatal
mediante el mejoramiento de las condiciones para su inserción educativa y
laboral sigue siendo una tarea pendiente de profundizar y necesaria para su
desarrollo integral.
La situación de
las mujeres en este ámbito se encuentra en el centro de uno de los principales
desafíos que enfrenta el país: la desigualdad económica creciente. Esfuerzos como
el Plan Puente al Desarrollo constituyen iniciativas valiosas para intentar
paliar esta desigualdad, pero sus impactos reales no pueden ser cuantificados
en la actualidad. Por el momento, está claro que el 61% de la reducción de la
pobreza según el método de medición por ingresos se explica por las
transferencias de los programas sociales, especialmente en las zonas rurales y
en hogares en pobreza extrema74 . Del total de hogares beneficiaros
de la Estrategia Puente al Desarrollo hasta el año 2017, el 79% poseen jefatura
femenina. Del total de personas atendidas el 57,2% son mujeres, de ellas un 35%
tiene menos de 12 años y de las jefas de hogar femeninas el 71,5% poseen entre 19
y 39 años75.
74 Informe Estado
de la Nación, 2017. El Plan Puente al Desarrollo ha sido parte de la estrategia
de la Administración 2015-2018 para atender la pobreza.
75 Del total de
hogares con mayor cantidad de pobreza según el SIPO, el 6% poseen jefatura
femenina. Además, se trata en su mayoría de mujeres con edades entre los 19 y
39 años, correspondiendo al 62% de la totalidad. Fuente: IMAS. (sf) Puente al
Desarrollo. Estrategia nacional para la reducción de la pobreza.
Sólo una política
sostenida que propicie el empoderamiento para la autonomía económica de las
mujeres tendrá un impacto significativo en la economía nacional y en el
desarrollo integral del país, logrando una mayor distribución de la riqueza y
los recursos, y rompiendo los ciclos de violencia y pobreza a los que están
expuestas las mujeres.
Nudo 4.
Concentración del poder y relaciones de
jerarquía en el ámbito público
Como señala CEPAL76,
a pesar de los procesos de democratización sostenidos en América Latina y el
Caribe, en los últimos años permanecen vigentes "estructuras institucionales, sociales
y culturales que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder y a
los procesos de adopción de decisiones, así como el acceso a la justicia y a la
exigibilidad de sus derechos". Esto refiere directamente a la participación
política, entendida ésta como una amplia gama de actuaciones interconectadas.
"Estas van desde la participación en las elecciones y la participación en la
discusión de diversos proyectos de ley, hasta la organización de las
comunidades por las demandas de mejores condiciones de vida o por el derecho a
vivir una vida libre de violencia. En fin, las mujeres actuando, organizándose y
ejerciendo ciudadanía activa"77.
76 Estrategia de
Montevideo, op. cit., 2017, p.
20.
77 INAMU (2015)
Segundo Estado, op. cit., p.
209.
En términos
generales, la lucha por contar con una presencia igualitaria de las mujeres en puestos
y espacios de toma de decisiones, procura una representación efectiva de sus intereses
y necesidades en todos los ámbitos de la vida pública y en todos los niveles de
organización. Por ello ha sido una apuesta estatal en la que han existido
avances significativos en los últimos años.
Como se ha
señalado al inicio de este documento, mediante la Ley N°8765 del 19 de agosto
de 2009, se reformó el Código Electoral, estableciendo la paridad política de mujeres
y hombres en las nóminas de elección popular, en las estructuras partidarias y
en los procesos de capacitación con fundamento en el principio de igualdad
efectiva y no discriminación garantizado en la Constitución Política
costarricense, y los convenios internacionales de derechos humanos ratificados
por el país. La Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones han
emitido diversas resoluciones en las que se interpreta la norma y se refieren a
su aplicación, en las que hace hincapié en el principio de igualdad como un
principio rector de nuestra democracia constitucional y que permea todo el
sistema político y jurídico en sus dimensiones subjetivas y objetivas; señala
la alternancia como un mecanismo que busca garantizar las mismas oportunidades
de resultar electas o electos en los lugares de mayor posibilidad tanto a
hombres como a mujeres78, y reconocen la obligación de los partidos
políticos de aplicar la regla de la paridad horizontal (paridad en los
encabezamientos) para lograr la igualdad a lo largo de todas las nóminas de
candidaturas de elección popular79, así como la de cumplir con la paridad
vertical (integrar cada lista provincial en sus encabezamientos, con un 50% de cada
sexo colocados de forma alterna)80.
78 Resolución
2012-1966 del 17 de febrero de 2012 de la Sala Constitucional.
79 Resolución
N°16075-15 del 23 de mayo de 2016 del Tribunal Supremo de Elecciones.
80 Resolución N°
3603-E8-2016 del 23 de mayo del 2017 del Tribunal Supremo de Elecciones.
Además de la
legislación orientada a garantizar la participación paritaria de las mujeres en
puestos de elección popular, se emitió jurisprudencia orientada a garantizar
también su participación en organizaciones sociales de diversa naturaleza81.
Estas iniciativas de ley y medidas normativas han ido acompañadas de ingentes
esfuerzos por concientizar, sensibilizar e informar a la población general,
mediante campañas educativas en medios de comunicación masiva tradicionales y
no tradicionales, que abarcan temas diversos en materia de derechos humanos de
las mujeres.
81 Ley de
Porcentaje Mínimo de mujeres que deben Integrar las Directivas de Asociaciones,
Sindicato y Asociaciones Solidaristas
(Ley N° 8901, del 27 de noviembre 2010); Resolución 2014-5944 del 7 de mayo
2014, de la Sala Constitucional.
No obstante,
sigue habiendo desigualdad en la representación femenina en espacios de toma de
decisiones. En las elecciones presidenciales del 2014, año en que se aplicó por
primera vez la paridad, únicamente resultaron electas 19 mujeres para ocupar
puestos de diputadas (un 33% de la Asamblea Legislativa), frente a 38 hombres
(67% de las diputaciones). Esto indica que disminuyó su representación con
respecto a las elecciones de 2006 y 2010, pues en ambas ocasiones el porcentaje
de diputadas equivalía a 39%. El resultado fue, en parte, producto de una
errónea aplicación del principio de paridad, que permitió a los partidos
políticos relegarlas a puestos no elegibles de sus nóminas. Es así como sólo 8
mujeres encabezaron en esta ocasión su respectiva papeleta, frente a 31 hombres82.
82 INAMU (2017),
cálculo con base en datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Cómputo de votos
y declaratorias de
elección 2006, 2010 y 2016. [Esta nota sigue sin estar clara]
Para el periodo
de gobierno 2014-2018, la desigualdad en esta materia se expresó también en
puestos de designación83, siendo que únicamente el 38% de los
ministerios tuvieron por cabeza una mujer94, y en los viceministerios esto
ocurrió en el 43,8% de los casos. El patrón se repitió para las Presidencias
Ejecutivas, en las que sólo el 42,9% fueron lideradas por una mujer, y en las
juntas directivas de instituciones públicas8495, en las que únicamente
34,6% de los nombramientos correspondió a mujeres85.
83 Se refiere a
las designaciones iniciales del periodo. No toma en cuenta los cambios de mando
en dichos puestos. 94
Se incluyen ministerios sin cartera.
84 instituciones
autónomas y adscritas al gobierno; datos al inicio de la administración.
85 Se excluyen
aquellas Presidencias Ejecutivas que tuvieron como recargo un ministerio.
Como señalaba el
Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica86,
"a pesar de esta mayor presencia de las mujeres en puestos de toma de
decisiones, los datos muestran que no logran llegar a los puestos de mayor
poder", es decir, que a mayor poder, menor participación de las mujeres, como
se evidencia a través del estudio de los resultados de las últimas elecciones
municipales.
86 INAMU (2015)
Segundo Estado, op. cit.,
p.266.
En 2016,
únicamente resultaron electas 12 mujeres para encabezar las alcaldías del país,
lo que equivale a un 15%. El restante 85% quedó en manos de hombres alcaldes.
Esto representa un avance insignificante con respecto a las elecciones de 2010,
en las que 88% de las personas electas
como cabeza de las municipalidades eran hombres, y sólo el 12% era mujeres. Sin
embargo, en los puestos de primeras vicealcaldías la tendencia se revierte,
pues los resultados de 2016 arrojaron un 84% de mujeres electas y un 16% de hombres
electos; en las vicealcaldías segundas el 25% fueron mujeres y 75% hombres. Con
respecto a las elecciones de 2010, las vicealcaldías primeras mostraron un
descenso en la asignación a mujeres, pues representaban 88% del total de los
puestos. En cambio, las vicealcaldías segundas crecieron, pues en 2010 eran
17%87.
87 INAMU, 2017,
con base en datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Cómputo de votos y
declaratorias de elección 2010 y 2016.
Así como sucede
con las vicealcaldías, en puestos de menor rango y responsabilidad en el ámbito
municipal la participación de las mujeres tiende a incrementarse, aunque
tampoco alcance una participación paritaria. Ejemplo de ello es que en 2016
resultaron electas 461 regidoras, frente a 549 regidores. Es importante señalar
que de las regidoras electas sólo el 44% estaban en propiedad y el 56% restante
eran suplentes, pero de los 549 regidores el 55% estaban en propiedad y el
restante 45% eran suplentes. Lo mismo ocurrió con las personas que ocuparon
sindicaturas: se eligieron 475 mujeres frente a 476 hombres, en proporción
prácticamente del 50%, pero entre las mujeres sólo el 37% estaban en propiedad,
frente a un 64% de los hombres en la misma condición88.
88 INAMU (2017),
con base en datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Cómputo de votos y
declaratorias de elección 2016. [Aquí lo mismo. Una vez aclarada la 92, si aquí
se refieren a la misma base de datos, poner , después de Tribunal Supremo de
Elecciones, op. cit.
Por ello, resulta
necesario revisar a lo interno de los partidos políticos tanto la cultura política
que excluye a las mujeres de la toma de decisiones como los mecanismos que limitan
su participación. A pesar de que existen avances, se sigue dando una especie de
construcción piramidal, donde la presencia femenina aumenta considerablemente
en las bases y disminuye en los niveles de jerarquía y ejercicio del poder. Se
deben seguir promoviendo acciones y establecer normativa que prohíba el acoso y
la violencia política contra las mujeres. Estas manifestaciones de
discriminación violan sus derechos humanos y políticos y desalientan a muchas
para el ejercicio y continuación de sus carreras políticas.
Esta ausencia de
representación femenina en espacios de toma de decisiones de los gobiernos
locales y en el nivel nacional se reproduce en otro tipo de organizaciones sociales.
Por ejemplo, en noviembre de 2017 del total de personas que participaban en las
juntas directivas de Asociaciones de Desarrollo Indígena, sólo el 44% eran
mujeres, y sólo en el 17,4% de los casos ellas las presidían89.
89 Íbid.
La PIEG 2007-2017
se propuso cerrar, en la medida de lo posible, esas brechas estructurales
fortaleciendo la participación política de las mujeres en todos los ámbitos y niveles,
con el fin de conseguir una democracia paritaria. Sin embargo, y a pesar de los
logros alcanzados, siguen existiendo dificultades en la materia y resulta
necesario ampliar las líneas de acción para garantizar el ejercicio de una
ciudadanía plena y activa de las mujeres en el país.
III PARTE: PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES PIEG 2018-2030
. . .
Fases durante la construcción de la política
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030
La Política
Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030, que se incluye
en este documento, plasma una voluntad política impulsada y liderada por el Instituto
Nacional de las Mujeres -INAMU- y, parte de compromisos internacionales aprobados
por Costa Rica, del estado de situación de las brechas de desigualdad de género
en el país, de demandas colectivas de mujeres diversas de todo el territorio nacional
y del posicionamiento de nuevos paradigmas y enfoques conceptuales y metodológicos
sobre derechos humanos e igualdad efectiva.
Parte también, de
un balance acerca de la implementación de la política anterior: Política Nacional
de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, de sus principales logros y retos durante
los últimos 10 años, cuyo rumbo estuvo marcado por una priorización estratégica
plasmada en seis objetivos estratégicos:
. Cuido como responsabilidad social
. Trabajo remunerado y generación de ingresos
. Salud y Educación a favor de la igualdad
. Protección de derechos y frente a todas las
formas de violencia
. Democracia paritaria y participación
política
. Fortalecimiento de la institucionalidad a
favor de la igualdad y equidad de género
Para formular la
PIEG 2018-2030, el INAMU, desde la Secretaría técnica encargada, diseñó una
estrategia de trabajo, presentada y retroalimentada por diversas instancias: Despacho
de la Ministra de la Condición de la Mujer, Comité Técnico INAMU y por la Comisión
Técnica Interinstitucional de la PIEG, conformada por enlaces técnicos de las instituciones
ejecutoras. La propuesta es avalada formalmente por la Comisión de Alto Nivel
Político, donde se integran representantes oficiales de los Poderes de la
República y del Tribunal Supremo de Elecciones.
FASE I. Balance de cumplimiento y Evaluación
del Modelo de Gestión de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017
a) Elaboración de informes de cierre de la
PIEG 2007-2017
Durante el año
2017 y principios del 2018 se han elaborado tres informes relacionados con la
PIEG 2007-2017, a saber: a) Un informe balance, que da cuenta de los
principales avances y rezagos del período 2007-2017 y que retoma los resultados
de cumplimiento de los planes de acción 2008-2012, 2012-2015 y 2015-2017; b) un
análisis sobre el avance en el cierre de brechas de desigualdad que afectan a
las mujeres en Costa Rica, de acuerdo a los seis objetivos estratégicos
planteados originalmente y con base en la actualización de los indicadores de
resultado de la; y c) una evaluación del Modelo de Gestión adoptado por la PIEG
a lo largo de los 10 años de ejecución de la política.
Por otra parte,
se elabora un diagnóstico actualizado sobre la situación de las brechas de género
en el país en diversos campos: empleo, salud, violencia contra las mujeres, participación
política, salud sexual y reproductiva, pobreza, sector rural, personas con discapacidad,
y cambio climático, cuyo resumen se presenta en la Parte II de este documento.
En este caso,
cabe resaltar el apoyo de la cooperación internacional durante la elaboración
de algunos de estos estudios: destaca la colaboración oportuna de EUROsociAL
para el estudio de brechas de mujeres rurales; de parte de la UNESCO: el análisis
de situación y propuestas desde las Mujeres con Discapacidad para su incorporación
en la PIEG y sus planes de acción. Asimismo, para la evaluación del Modelo de
Gestión de la PIEG 2007-2017, se contó con apoyo de la Cooperación de FIIAP
(España con fondos EUROsociAL- Unión Europea), mediada en Costa Rica por el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN, bajo el
modelo de cooperación Sur-Sur.
Con esta
información, se lleva a cabo el proceso de reflexión y discusión sobre lo
actuado desde la PIEG, sus principales logros y rezagos, fortalezas y
dificultades, y se pasa a definir las prioridades de actuación de los próximos
años. Quedó en el tintero una mayor profundización de estudios de brechas de
género vinculadas con cambio climático90, agua y transportes. Sobre
el tema de seguridad, es conveniente remitirse a la recién publicada
90 En el caso de
Cambio Climático, el país se encuentra en proceso de aprobación del Plan
Nacional de Cambio Climático en el cual se ha consultado al INAMU y a la UICN
sobre la incorporación de la perspectiva de género, pero cuyos resultados no
han sido conocidos al momento de finalizar este proceso de construcción de la
PIEG 2018-2030.
Política Nacional
para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres de todas las
edades 2017-2032, coordinada desde el INAMU en conjunto con el Sistema Nacional
de Violencia contra las Mujeres -SNVcM-, bajo la Ley 8688 vigente y vinculada
con el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, la cual retoma en su diagnóstico
la situación actual de las mujeres en materia de violencia. Conviene aclarar
que estas investigaciones y ponencias constituyen insumos muy valiosos que
serán también utilizados durante la confección de los planes de acción de esta
política PIEG 2018-2030 y que constituirán la expresión operativa de la
política.
b) Consultas de balance con participación de
mujeres y personal de instituciones en todas las regiones del país
Las voces
femeninas en este proceso de balance de la política ha sido crucial; se
realizaron un total de veinte sesiones de consultas con mujeres de las seis
regiones programáticas del país Brunca, Central, Chorotega, Huetar Caribe,
Huetar Norte y Pacífico Central), sobre el cumplimiento de la PIEG, sus
percepciones, y el impacto en sus condiciones de vida, durante los meses de
mayo a julio 201791 .
91 Ver cuadro
resumen con detalle en documento: Sistematización de talleres de diálogo y
negociación en el marco del proceso de actualización de la PIEG 2018-2030 de
Costa Rica. Inédito. Documento interno Secretaría Técnica -INAMU-EUROsociAL
2018.
También se
llevaron a cabo sesiones de trabajo con personal de instituciones públicas presentes
en las regiones como agentes responsables de implementar los planes de acción
de la política. Estas sesiones de consulta arrojaron resultados muy
signitivativos. A continuación algunos de ellos:
. Con las mujeres
❙ Conocen de las
acciones que se realizan en la Política y hacen una valoración del grado de
avance de algunos objetivos, principalmente de servicios de cuido a niñas y
niños, participación política-capacitaciones, servicios en salud
sexualrelacionado con servicios de salud, métodos anticonceptivos, apoyo a emprendimiento
de las mujeres y atención de la violencia intrafamiliar.
❙ Indican que las
ofertas de las instituciones no siempre reconocen sus demandas particulares,
por ejemplo en cuido, horarios, lugares de residencia, tipos de trabajo, y así
para otras acciones de la PIEG.
❙ Para ellas los
objetivos de la Política siguen vigentes, reconocen sus necesidades actuales en
materia de cuido, trabajo remunerado, salud sexual y reproductiva, cambio
cultural, atención de violencia, participación política, conocimiento de sus
derechos, acceso a servicios y apoyo para al emprendedurismo y la empresariedad.
❙ Señalan nuevas
demandas para la política al 2030, algunas reforzando y ampliando lo que se ha
venido implementando, como cuido para personas adultas mayores, personas con
enfermedades, y otras nuevas en ciencia y tecnología, acceso a servicios, como
FOMUJER1, entre otros.
. Con personal de las instituciones nivel
regional y local
❙ Se ejecutan
algunos compromisos de los planes de acción, como parte del quehacer
institucional, aunque no siempre identifican que responden a la Política de
Igualdad.
❙ Identifican la
importancia de esos compromisos en el trabajo regional y sobre la necesidad de
que haya más articulación regional y coordinación nivel centralregional.
❙ Se muestra
interés realizar aportes en el mejoramiento de la ejecución de las acciones en
la región.
❙ Se indica de
manera relevante trabajar en la Política 2018-2030 con acciones que promuevan
cambio cultural, para poder avanzar en todos los objetivos que se propongan.
De lo anterior se
deriva la necesidad de a) avanzar hacia una política con expresión regional, con respuestas acordes a las
necesidades y condiciones de las mujeres de las diferentes territorios y
localidades, y con mecanismos regionales-locales de coordinación para su
implementación y seguimiento; b) establecer nuevos enfoques conceptuales y metodológicos
en materia de igualdad entre mujeres y hombres y derechos humanos c) articular
las políticas públicas existentes en el país.
Por otro lado,
tal y como se indica en el apartado de compromisos internacionales, en la década
2007-2017 se firmaron nuevos acuerdos regionales e internacionales, que implican
nuevos retos y desafíos para el Estado costarricense, además de los ya ratificados.
Los enfoques
conceptuales y metodológicos para la nueva política fueron revisados y actualizados,
permitiendo mirar o apuntalar la diversidad y las características particulares que
asume la discriminación en los distintos grupos de mujeres y sobre nuevas
estrategias de gobernanza de las políticas públicas. Se incluyen, como
novedosos en la política PIEG 2018-2030 los enfoques de interseccionalidades o
discriminaciones múltiples e interculturalidad, y desde el modelo de gestión,
el enfoque de trazabilidad y regionalización de la PIEG, sustentados en la
necesidad de reconocimiento de la diversidad y la inclusión, pero también en el
reconocimiento de la necesidad de desconcentración administrativa regional y
local, así como de la articulación y alianzas público-público y
público-privadas. Nada de esto implica olvidar la urgencia de poner en práctica
una nueva propuesta de articulación interinstitucional a favor de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
Un aporte clave
en este proceso de revisión y actualización conceptual y de enfoques y acercamientos
metodológicos, lo constituyó el documento: Estrategia de Montevideo para la
implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible
hacia 2030, elaborado por la CEPAL y que hace aportes significativos en la identificación
de nudos estructurales para alcanzar la igualdad de género presentes en América
Latina y el Caribe y, las estrategias para superarlos. La División de género de
la CEPAL, mediante el trabajo de varias de sus colaboradoras acompañó
importantes debates internos del grupo decisor de la nueva PIEG 2018-2030 en
Costa Rica.92
92 Se contó con
tres visitas técnicas de la CEPAL durante el proceso de elaboración de la
política: Pamela Villalobos Koeniger y Nicole Bidegain Ponte, de la División de
Género de la CEPAL brindaron asistencia técnica en estas oportunidades (octubre-diciembre
2017).
c) Revisión de
Políticas vigentes en el país
Adicionalmente,
se revisaron algunas políticas públicas vigentes en el país, con el objetivo de
identificar si abordan algunos asuntos, nudos o brechas de desigualdad entre
sexos y cómo sus propuestas podrían articularse con la Política Nacional de
Igualdad Efectiva que ahora se presenta. Ellas son:
. Política Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de
la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-2017
. Política de Estado para el Desarrollo Rural
Territorial Costarricense (PEDRT) 2015-2030
. Política Migratoria Integral para Costa Rica
2013
. Política Nacional de Gestión del Riesgo
2016-2030
. Política Nacional para una sociedad libre de
racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025
. Política nacional para la atención y la
prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades -PLANOVI
2017-2032
. Política de la Persona Joven 2014-2019
. Políticas para el Sector Agropecuario y el
Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018
De su revisión y
análisis se puede destacar lo siguiente:
Existen políticas
públicas que tienen como objetivo principal eliminar las desigualdades de
género, tales como la recién aprobada Política para la atención y prevención de
la violencia contra las mujeres de todas las edades 2017-20132 PLANOVI, cuya
coordinación está a cargo del INAMU como instancia rectora en la materia. Al
existir esta política específica, la PIEG abordará acciones de prevención y
atención de otros tipos de violencia como el acoso político, acoso laboral y
violencia obstétrica, relacionadas con discriminación en la participación
política, en el empleo y atención de la salud de las mujeres y se referirá al
PLANOVI en los casos relacionados con violencia de género, masculinidades
positivas a favor de la igualdad y otras formas de prevención vinculadas con la
seguridad a favor de las mujeres.
La Política
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y
el disfrute de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las
Telecomunicaciones y la Innovación, centra su accionar en el avance hacia la
igualdad en los campos enunciados, y haciendo énfasis en las principales brechas
de género presentes en la educación, empleo y disfrute de los productos de la
ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y la innovación, y que limitan
la participación femenina en empleos de los sectores privados y públicos de
mayor dinamismo en el país. La PIEG también retoma la situación de desigualdad
de las mujeres en estos campos e incorpora algunos resultados relacionados en
el Eje de distribución de la riqueza, respaldando lo propuesto en dicha
política como ruta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
sostenible al 2030.
La Política
Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia,
recoge las necesidades de migrantes, indígenas y afrocostarricenses rescatando
las particularidades de las mujeres, con una clara intencionalidad de reconocer
y abordar las desigualdades por género. Esta Política contribuye al reconocimiento
de las múltiples discriminaciones que viven las mujeres en Costa Rica. La PIEG
también retoma las demandas de los colectivos de mujeres migrantes, indígenas y
afrocostarricense y posiciona algunas de sus demandas en el marco del principio
de inclusión.
Las otras
políticas: de juventud, sector agropecuario, migración internacional,
desarrollo rural y gestión del riesgo, incluyen el enfoque de género en su
marco conceptual, rescatan particularidades de las mujeres en la problemática o
con la población que abordan e introducen algunas líneas de trabajo específicas
para las mujeres, visualizando sus condiciones de género. Lo anterior se
considera un avance significativo en la transversalización del enfoque de
género en las políticas públicas y un reto en términos de las articulaciones
necesarias para su ejecución.
La PIEG parte de
nudos estructurales de desigualdad de género, en campos o con poblaciones meta
de otras políticas públicas, y ofrece un espacio para conjuntar esfuerzos para
hacer efectivos los compromisos por la igualdad, como un compromiso del Estado.
FASE II:
CONSTRUCCIÓN DE LOS EJES
DE LA POLÍTICA AL 2030
La Política tiene
como intención abordar y reducir los nudos estructurales que provocan la
persistencia de las desigualdades sexuales en distintos campos o espacios del
desarrollo en Costa Rica y que impiden el avance hacia la igualdad efectiva.
Como se mencionó
más arriba, para esta fase de formulación, se consideró estratégico utilizar
como marco de referencia los análisis e instrumentos generados por la CEPAL, suscritos
por los Estados parte, tales como la Estrategia de Montevideo para la implementación
de la Agenda de Género 2030 antes descrita, y en particular se han analizado
para Costa Rica los nudos identificados en el mismo documento de Estrategia: Desigualdad
socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente;
Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de la
cultura del privilegio; División sexual del trabajo e injusta organización
social del cuidado; Concentración del poder y relaciones de jerarquía en el
ámbito público.
Hacia el segundo
semestre del año (setiembre-noviembre 2017) se realizaron espacios de diálogo y
negociación con diversos actores públicos y privados, incluyendo organizaciones
de la sociedad civil y organizaciones y grupos de mujeres, con el fin de
reconocer como válidos dichos nudos estructurales. A partir de los datos
nacionales acumulados y desde su misma experiencia, también se consultó a
representantes de instituciones públicas y de empresas privadas interesadas en
la igualdad.
. Las voces de las mujeres, los nudos de la
desigualdad y los ejes de la PIEG 2018-2030
Uno de los
asuntos que se ha propuesto fortalecer la Política PIEG es el reconocimiento de
las particularidades de las mujeres, identificando otras discriminaciones
presentes de forma simultánea como son: las desigualdades por edad, lugar de
residencia, etnia, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género.
Es decir, que
además de reconocer la discriminación por género, deben generarse acciones que
reconozcan esas múltiples discriminaciones 93 hacia las mujeres, que
producen experiencias e impactos diferenciados en sus vidas, en relación con
las oportunidades y el acceso real al ejercicio de sus derechos y que, en
muchos casos los agravan y los alejan de alternativas y soluciones acordes a
sus necesidades.
93 A estas condiciones
cruzadas o múltiples se les ha llamado interseccionalidades de género.
De acuerdo con lo
anterior, se realizaron espacios de diálogos con grupos específicos de mujeres,
a fin de identificar sus demandas y necesidades, entre ellas: mujeres afrodescendientes,
jóvenes, rurales, lesbianas y bisexuales, migrantes, con discapacidad, trans,
feministas, mujeres de organizaciones sociales, adultas mayores, y empresarias.
La información
derivada de estos ejercicios permitió elaborar y validar, por un lado, los avances
de la PIEG, anterior, así como los nudos estructurales y brechas vigentes, expresadas
en forma de problemas y soluciones, según sean las poblaciones específicas. Estos
insumos se conjuntaron con los resultados derivados de las consultas evaluativas
previas, desarrolladas en todas las regiones del país, tanto a mujeres como
personal de instituciones94.
94 Véase
Pichardo, Vanessa. Sistematización de consultas y espacios de diálogo y
negociación para la formulación de la Política Nacional de Igualdad Efectiva
entre mujeres y hombres PIEG 2018-2030. Informe final (Anexo). 106 Ídem.
Los grupos de
mujeres, independientemente de sus particularidades, identificaron como vigentes
los seis objetivos de la PIEG 2007-2017 acordes a sus necesidades, tales como cuido,
empleo, generación de ingresos, derechos laborales y participación política. Y reconocieron
la vigencia de los nudos estructurales de género analizados.
También señalaron
necesidades específicas derivadas de otras situaciones de discriminación simultánea:
las mujeres afro por discriminación étnica, plantean la importancia del
reconocimiento y respeto a su cultura; las trans sobre el reconocimiento a su
identidad, como una necesidad imperiosa para acceder a otros derechos; las
mujeres con discapacidad, enfatizan la necesidad del acceso a la educación y al
trabajo, así como la modificación de currículos educativos haciéndolos más
inclusivos y el acceso a la tecnología; las lesbianas y bisexuales apuntan
particularmente al maltrato que sufren y la estigmatización en lo público
(servicios públicos) y en lo privado (grupos sociales u otros espacios). Las
jóvenes apuntaron a la necesidad de que se reduzca el adulto-centrismo y se
ponga atención hacia la ausencia o limitadas oportunidades laborales que enfrentan,
además de la necesidad de actividades de divulgación de sus derechos. Las
adultas mayores hicieron notar el irrespeto y maltrato que existe en la
sociedad hacia las personas de más edad, en especial el trato discriminatorio
por parte de funcionarias y funcionarios públicos.
El cambio
cultural se plantea como una prioridad en todas las consultas. Para cada uno de
los objetivos de la PIEG 2018-2030 se indica la necesidad de un cambio profundo
en los patrones de socialización, una cultura más respetuosa de los derechos
humanos de las mujeres, el respeto a las diversidades, y hacia la igualdad
sustantiva o de hecho, entre sexos.
En estas
consultas, donde se examinaron los nuevos ejes para la PIEG 2018-2030,
participaron aproximadamente 300 mujeres. 106
FASE III.
Definición y contenidos de la
Política PIEG 2018-2030
Para la elaboración de la propuesta de la Política se conformó una
comisión interna en el INAMU, coordinada por la Secretaría Técnica de la
Política y acompañada en algunas ocasiones
por representantes de la CEPAL, División de Género. Las prioridades de la política
se construyen a partir de los insumos de los diferentes espacios de diálogo y negociación,
de la evaluación de la PIEG 2007 - 2017, los espacios con grupos específicos y
el análisis del balance de ejecución de los planes de acción acumulados; así
como a partir del estado de situación de las brechas de desigualdad de género
en el país.
Se definen en el nivel político los
siguientes ejes de política:
❙ Eje 1. Cultura de los derechos para la igualdad
❙ Eje 2. Distribución del tiempo
❙ Eje 3. Distribución de la riqueza
❙ Eje 4. Distribución del poder
Una vez que se
contó con esta definición cuya conceptualización de los ejes se encuentra en la
Parte IV de este documento, el comité interno armonizó y definió una primera propuesta
de objetivos estratégicos y resultados esperados como columna vertebral de la
nueva Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
-PIEG- 2018-2030 y con esta propuesta se realizaron cuatro sesiones de consulta
nacionales para retroalimentarla. En estas sesiones participaron mujeres de la
sociedad civil, personal de instituciones, gobiernos locales, representantes
feministas y personas expertas en derechos humanos y políticas públicas. Los
diferentes grupos realizaron significativos aportes en el refinamiento de la
propuesta de los ejes. Se rescata, en este caso particular, el interés de
concretar acciones más cercanas a las realidades de la población, manifestado
desde los gobiernos municipales, en alianza con otras instancias locales.
Posteriormente,
la propuesta de documento de la Política se terminó de revisar, negociar y
ajustar en la Comisión Técnica Interinstitucional de la PIEG, en la cual
participaron representantes oficiales de las instituciones públicas
involucradas en su ejecución. Se realizaron tres sesiones de trabajo, en las
que se puso mayor énfasis en los ejes propuestos y los principales resultados.
. Reflexiones finales de esta fase III de
consulta sobre los ejes de política, objetivos y sus resultados esperados95
95 Tomado de
Vanessa Pichardo, op. cit.
Se reconoce por
parte de los distintos actores, la importancia que tiene que la política sea asumida
como una responsabilidad del Estado de Costa Rica. Este punto es un desafío existente
en la mayoría de los países de la región latinoamericana y El Caribe, puesto
que la tendencia ha sido que el mecanismo de la mujer se perciba como el
responsable estatal exclusivo de la igualdad de género, cuando los compromisos
han sido asumidos, de manera más amplia, por los Estados. Por lo tanto, las
instituciones de los tres Poderes ydel TSE deben asumir de manera compartida
este mandato, mediante políticas, normativas y estructuras institucionales
(unidades u oficinas de género, comisiones de trabajo), estrategias y planes
con mecanismos de rendición de cuentas, de coordinación interinstitucional y de
alianzas con otros actores no estatales.
En cuanto a la
gestión de la política se reconoce el liderazgo asumido por el INAMU en la implementación
de la política y la necesidad de continuar fortaleciendo su rol de rectoría junto
a la red de unidades de género y las Oficinas municipales de la mujer -OFIM-.
Las recomendaciones al último informe de la CEDAW incluyen este desafío como un
mecanismo que podría contribuir a la apropiación de la política por parte de
las instituciones públicas a diferentes niveles (nacional, regional y local) y
a ampliar la cobertura de servicios y programas sobre todo en el ámbito local.
El fortalecimiento de la red de unidades de género y de las OFIM implica
identificar qué instituciones y gobiernos municipales cuentan con dicha
estructura o al menos, si se ha conformado una comisión de trabajo sobre este
tema, identificar su presencia en el nivel local, explorar la posibilidad de
ampliar la red y la definición de una estrategia de desarrollo de capacidades
para la asistencia y acompañamiento del INAMU a estas instancias durante el
próximo período que abarca la política de igualdad efectiva.
En consideración
a que no todas las instituciones o gobiernos municipales podrán asumir la
apertura de una estructura institucional de esta índole dados los recursos
existentes, se puede acompañar la estrategia de desarrollo de capacidades con
la gestión del conocimiento y el establecimiento de alianzas con actores no
estatales para el desarrollo de acciones que permitan implementar la política
en el nivel local. El fortalecimiento de la red de unidades de género debe
estar contenida en el paso siguiente: la estrategia de regionalización de la política.
En este sentido,
la mayoría de los actores compartieron la necesidad de trascender a una estrategia
de regionalización de la política que permita descentralizar la toma de decisiones
y procesos ulteriores para tener un mayor y mejor impacto local. La regionalización
tiene varias dimensiones y retos: por un lado, la coherencia entre la política
nacional y las políticas locales, el marco legal nacional y local, el
fortalecimiento del INAMU y la red de unidades de género, OFIM, el marco
normativo y la estructura institucional existente (políticas, reglamentos,
etc., mecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles), la
articulación con redes sociales y otros actores no estatales, sistemas de
planificación del desarrollo y presupuestos sensibles al género, la participación
ciudadana, y con ella la rendición de cuentas, la fiscalización y auditoría social
y, el monitoreo y evaluación constantes.
Esto último se
vincula con la necesidad de fortalecer las capacidades de las mujeres de manera
organizada o no, para fiscalizar y realizar una auditoría social de la implementación,
monitoreo y evaluación de la política. La actualización de la política ha utilizado
una estrategia participativa desde las regiones y de las mujeres en su
diversidad. Ambos elementos deben de mantenerse y ser parte integrante de la
implementación de la política.
Los insumos
generados por los diferentes espacios de diálogo volvieron evidente la urgencia
de aplicar los enfoques de trabajo de la igualdad de género, los derechos de
las mujeres, la interseccionalidad e interculturalidad identificados por la
Estrategia Regional de Género prevista en Montevideo 2016. Las mujeres jóvenes,
rurales, indígenas, con discapacidad, mayores de edad, afro, trans, lesbianas y
bisexuales han hecho planteamientos en torno a diferentes situaciones de
discriminación que requieren medidas de acción afirmativa temporales para
superar las discriminaciones y las brechas.
Entre los
desafíos señalados se destacan: la generación de estadísticas desagregadas por edad,
identidad de género, raza, etnia, mujeres con discapacidad y su cruce con la
variable sexo; cuotas de participación en el mercado laboral, el ámbito
político; el acceso a la información sobre sus derechos; la formación a estos
grupos; la promoción de cambios socioculturales y el combate contra los
estereotipos discriminatorios. Las últimas recomendaciones de la CEDAW
recibidas por el Estado costarricense incluyen dicha preocupación e insta al
Estado a tomar medidas en este sentido.
Un desafío
persistente es el cambio de patrones socioculturales y estereotipos de género que
legitiman la violencia hacia las mujeres y las desigualdades de género. En este
sentido se proponen medidas dirigidas a la sociedad en su conjunto a través de
estrategias de información, educación y comunicación adaptadas a las
necesidades de los diferentes grupos con objetivos medibles a mediano y largo
plazo. Es necesario que medios de comunicación públicos y privados,
periodistas, docentes, políticos y otros formadores de opinión, incluyan
estrategias de desarrollo de capacidades sobre equidad de género y promoción de
los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, es importante capacitar y
sensibilizar al funcionariado público sobre la política, la igualdad de género,
la interseccionalidad y la mejora en la atención. El eje cultura de derechos
para la igualdad engloba las medidas antes mencionadas. Este eje es clave para
poder implantar los otros tres ejes y es el que permitirá que la política pueda
dar un salto cualitativo con mejores resultados al 2030. Los ejes relativos a
distribuir la riqueza, el tiempo y el poder evidencian las principales
preocupaciones y posibles medidas para contribuir a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en Costa Rica, según las consultas.
IV
PARTE:
POLÍTICA
DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES AL 2030: EL COMPROMISO DEL ESTADO COSTARRICENSE
.
. .
Principios
y enfoques orientadores que sirven de base a la política
Según el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, "los
derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los
individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las
libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana"96.
96 Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006).
Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación
para el desarrollo, p. 1. 109 Ídem.
Estos derechos
han sido garantizados por la comunidad internacional mediante tratados o
convenciones de carácter vinculante, los cuales imponen obligaciones de acción
y omisión, particularmente a los Estados y sus agentes. No pueden ser
suspendidos o retirados por los Estados. Se centran en la dignidad y la igualdad
de todos los seres humanos; son indivisibles e interdependientes (están
interconectados entre sí y no jerarquizados), integrales (deben cumplirse en
conjunto), complementarios, irrenunciables e intransferibles109.
Partiendo de los
derechos humanos como el eje central de la presente política, se detallan algunos
de los principios y enfoques desde los cuales esta se desarrollará:
-Principio de universalidad. Parte de la premisa de que "todas las
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos"97, por lo
que necesariamente nos remite a los principios de igualdad, justicia y no
discriminación que caracterizan al espíritu de los derechos humanos.
97 Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 1).
De acuerdo con
este principio, todas las personas -sin importar su etnia, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición- son
titulares de los derechos y libertades que han sido reconocidos para toda la
población; por lo tanto, pueden exigir su reconocimiento y/o cumplimiento,
independientemente del contexto social, cultural, político y económico que se
viva en el país.
-Enfoque de derechos humanos. Se desarrolla a partir del principio de
universalidad. Se aplica al desarrollo y las políticas públicas; se orienta a
la promoción y protección de los derechos humanos, lo cual implica colocar las
necesidades de las personas como eje prioritario de las acciones, programas o
políticas sociales por implementar.
Su objetivo
central es ".servir de herramienta para identificar y analizar las
desigualdades que forman parte de los problemas más importantes del desarrollo
para, de esa forma, corregir las prácticas de carácter discriminatorio y de las
injustas relaciones de poder que dificultan el progreso"98. La
puesta en práctica de principios como la universalidad, la igualdad y la no
discriminación, plantea a los Estados el reto de crear políticas públicas que
garanticen el ejercicio de los derechos humanos a todas las personas que
habiten su territorio, mediante el acceso -en igualdad de condiciones- a las
instituciones, servicios y programas dirigidos a fortalecer la autonomía, la
ciudadanía activa y la participación en la vida social, económica, política y
cultural del país.
98 FPNU et al. La
Integración de los Enfoques de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, p.
21.
-Enfoque de igualdad de género. Es indispensable para el cumplimiento de
los derechos humanos. Puesto que la desigualdad de género es una de las más
pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el
desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias
sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres. Para el
INAMU, el género es una categoría analítica que "permite comprender y analizar
los significados, las relaciones y las identidades construidas socialmente
producto de las diferencias biológicas entre los sexos. En otras palabras, el género
llama la atención acerca de las construcciones sociales de distinto orden -desde
prácticas hasta normas, valores y símbolos- asociadas a los sexos femenino y
masculino"99. Históricamente dichas construcciones han tenido como
efecto directo la discriminación en contra de las mujeres, generando
desigualdades con respecto a los hombres en todos los ámbitos.
99 INAMU. PIEG
2007-2017, p. 17.
La CEDAW, en su
artículo 1 define esta discriminación como "toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera".
El enfoque de
género "obliga a mirar cualquier situación social, o programa de intervención
desde una perspectiva que permita entender las necesidades específicas de mujeres
y hombres y además los efectos diferenciales de cada situación en ellas y ellos"
100101 . Implica también comprender que las políticas públicas
tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres debido a las diferencias de
necesidades, intereses y oportunidades que presentan, por lo que resulta
fundamental su aplicación en el diseño, desarrollo y evaluación de las
estrategias de intervención pública a fin de que sean efectivas para toda la
población.
100 Íbid.
101 Op. cit., p.
19.
Como señala la
Oficina del Alto Comisionado, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de
género en las políticas públicas son complementarios y se refuerzan mutuamente:
Ambos se apoyan
en un marco analítico que puede aplicarse a todas las actividades de desarrollo
[...]. Ambos exigen prestar atención a los efectos de las actividades en el
bienestar de grupos concretos, así como a la importancia de la potenciación de la
autonomía y la participación en la toma de decisiones. Ambos se aplican a todas
las fases de las actividades [...] y a todos los tipos de actuaciones [...].
Ambos exigen la aplicación sistemática de enfoques nuevos y diferentes a las
actividades en curso en lugar de desarrollar actividades nuevas que se suman a
las existentes114.
El enfoque de
igualdad de género asume que las construcciones sociales sobre el género no son
fijas ni inmutables. Precisamente por su carácter histórico y de determinación social,
pueden ser modificadas en aras de alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres,
a lo cual aspira.
Esta igualdad
debe ir más allá de la igualdad de jure: debe ser sustantiva o de facto, lo
cual requiere garantizar mediante leyes que "las mujeres tengan las mismas
oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y personales y
exista un contexto propiciatorio para lograrlo en los hechos" 102.
Esto "implica la obligación del Estado para remover todos los obstáculos para
que la igualdad se alcance en los hechos"103.
102 ONU Mujeres.
La igualdad de género., p. 4.
103 Ídem.
Al respecto,
según indica el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
no basta con "garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre" 104:
deben tomarse en cuenta las diferencias biológicas y las socialmente creadas.
"En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico [...]
para equilibrar esas diferencias" 105. La igualdad sustantiva
"también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación
insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder" 106
entre los sexos. Para el Comité, "la igualdad de resultados es la culminación lógica
de la igualdad sustantiva o de facto" 107 . Puede manifestarse en
igualdad de derechos, de ingresos, de toma de decisiones; en influencia
política y en una vida libre de violencia121.
104 Recomendación
general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la CEDAW, referente a
medidas especiales de carácter temporal, párr. 8, 9.
105 Ídem.
106 Ídem.
107 Ídem. 121
Ídem.
De esta manera,
se entiende que para alcanzar la igualdad sustantiva se requiere de un marco
normativo que produzca resultados reales, mediante un acceso equitativo a las oportunidades
de desarrollo personal y colectivo que hagan desaparecer paulatinamente las
desventajas históricas. En otras palabras, se trata de transformar todas las
acciones a favor de las mujeres en resultados y en estrategias eficaces a fin
de modificar las condiciones que les han impedido disfrutar plenamente de todos
sus derechos humanos. Para la CEPAL, alcanzar la igualdad sustantiva de género
requiere generar una agenda y una concepción de política pública centrada en la
titularidad de derechos y en la autonomía, que conciba a las mujeres como seres
con "capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas"108,
al mismo tiempo que establezca los compromisos y las responsabilidades que las
instituciones deben asumir para garantizar el ejercicio y exigibilidad de esos
derechos, como estrategia central para revertir desigualdades, erradicar la
discriminación y la violencia, así como redistribuir el tiempo, los recursos y
los roles sociales. De allí que la autonomía sea un principio
fundamental que les garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, y un
requisito indispensable para un cambio estructural progresivo que transforme el
denominado sistema sexo-género y la división sexual del trabajo109.
108 Décimo Tercera Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina
y el Caribe. Autonomía de las Mujeres en Igualdad en la Agenda del Desarrollo
Sostenible, p. 36.
109 Íbid, pp. 13, 14.
La autonomía
puede comprenderse desde tres dimensiones clave, integrales e interdependientes:
. La autonomía económica. Implica "la capacidad de generar ingresos
propios y controlar activos"110. Esta dimensión depende directamente
de la relación entre "el Estado, el mercado y las familias, en tanto actores
que facilitan o ponen barreras para que las mujeres sean titulares de derechos
económicos y proveedoras de sus propios recursos, de manera que puedan decidir
sobre ellos" 111 . El reto más importante en este sentido es alcanzar
la igualdad distributiva a nivel social, lo cual implica para ellas la
superación de la pobreza, la igualdad salarial, el fin de la discriminación en
el empleo y de los sesgos en la protección social, así como la superación de la
división sexual del trabajo112.
110 INAMU (2011) op. cit. p. 89.
111 INAMU (2015)
Segundo Estado, op. cit., p.
80.
112 Décimo
Tercera Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, op. cit. p, 88.
. La autonomía física. Trasciende los derechos relacionados con
la salud sexual y reproductiva, o una vida libre de violencia. Significa
"devolver a las mujeres aquello que les ha sido sustraído históricamente y que
constituye la base material de su existencia: el cuerpo"113. Implica
la reinterpretación de los significados sociales del cuerpo "en cuanto
territorio personal y privado, sobre el cual las mujeres deben tener libertad,
potestad y capacidad de tomar decisiones soberanas" 114. En torno a
esta dimensión se encuentran grandes desafíos como "la maternidad en la
adolescencia, el embarazo infantil, la maternidad forzada, la violencia sexual,
la baja inversión pública en anticonceptivos, una mayoritaria responsabilidad
económica de las mujeres sobre la reproducción, entre otros115.
113 Loc. cit.
114 Loc. cit.
115 Íbid, p. 10.
. La autonomía en el poder y en los procesos
de adopción de decisiones.
Es fundamental para alcanzar la igualdad, dado que persiste "no solo en las instancias
del poder político, sino también en otros ámbitos de decisión" como el
económico, [...] el académico y de gestión del conocimiento, y en los medios de
comunicación social"116.
116 Íbid, p. 88.
Desde el Estado,
impulsarla requiere tomar conciencia de que ni el Estado ni las políticas son
neutrales: reflejan y reproducen valores, normas y sesgos vigentes en la
sociedad que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de decisión y el
reconocimiento de la pluralidad de las identidades. Los desafíos en esta área
se abordan por medio de mecanismos de acción positiva y el avance hacia la
democracia paritaria "como criterio ordenador en la construcción de sociedades
más igualitarias" 117 . En este sentido, es importante "la función
de los mecanismos de financiamiento de la política para asegurar la
participación de las mujeres en el ámbito público" 118.
117 Íbid, p. 10.
118 Íbid, p. 131.
El desarrollo y
goce pleno de estas tres dimensiones de la autonomía no es, ni debe ser concebido,
como una tarea individual o una aspiración personal sino como una responsabilidad
colectiva que compete al Estado y la sociedad en general, a quienes corresponde
promoverla, crear conciencia colectiva sobre su importancia y generar un ambiente
sociocultural propicio para su desarrollo.
La autonomía como
base para la igualdad, demanda un nuevo pacto social y de género que cuente con
el compromiso de todos los actores sociales, para garantizar su ejercicio pleno
con una visión de futuro transformadora, lo cual "implica modificar las características
discriminatorias y patriarcales seculares de nuestras sociedades y las políticas
públicas"119. Pero para esto es necesario entender que las mujeres
son diversas y por ello sus necesidades deben ser atendidas tomando en cuenta
dicha diversidad.
119 Íbid, p. 165.
Desde la
perspectiva del feminismo, reconocer esa diversidad ha sido esencial para combatir
la idea de "la mujer" como una categoría universal y reivindicar a las mujeres como
un colectivo heterogéneo, "un mapa de similitudes y diferencias que se interseccionan"120.
La identidad femenina no solo está atravesada por su condición de género, sino
que se construye también a partir de otras experiencias identitarias, como etnia,
raza, creencias religiosas, edad, orientación sexual, condición socioeconómica,
condición de discapacidad y otras. Esta diversidad también implica que la
vivencia de la discriminación no es idéntica en todos los casos, sino que puede
presentarse con diversos rostros.
120 María Caterina
La Barbera. Género y diversidad entre
mujeres, p. 59.
-Enfoque
interseccional o de múltiples discriminaciones. Reconoce que hombres y mujeres tienen
múltiples características identitarias resultantes de la experiencia humana, la
historia y la forma en que operan las relaciones sociales y de poder en cada cultura.
Esto hace que simultáneamente se pueda pertenecer a más de una comunidad o grupo
social, estando dicha pertenencia asociada a una serie de privilegios o discriminaciones
que se interrelacionan, producidos como consecuencia directa de su combinación,
y que derivan en una serie de desigualdades en la vida cotidiana al producir un
efecto diferenciado en las experiencias de las personas para el ejercicio de
sus derechos humanos y para el acceso real a las oportunidades existentes en el
mundo actual121122.
121 AWID (08/2004)
Derechos de las mujeres y cambio
económico N° 9.
122 INAMU (2015)
Segundo Estado, op. cit., p.
25.
Este enfoque
vincula las diferentes formas en que se expresa la discriminación (sea esta por
motivos de clase, edad, etnia, nacionalidad, estatus migratorio, orientación
sexual e identidad y/o expresión de género, etc.), con el contexto jurídico,
socioeconómico y político que, de forma estructural, reproduce y acentúa estas
formas de exclusión social.
Es por ello que,
sumado al enfoque de género, la propuesta de análisis interseccional o de opresiones
múltiples, permite comprender .cómo las vulnerabilidades se incrementan cuando
están articuladas con otros aspectos de la experiencia social, las relaciones
humanas y la vida cotidiana; cómo la discriminación afecta de manera
diferenciada a las mujeres en función de categorías sociales como sexo, clase,
edad, etnia/ raza, orientación sexual e identidad y/o expresión de género entre
otras; y cómo las identidades múltiples, producto de las relaciones humanas y
la variopinta categorización social, producen experiencias e impactos
diferenciados para las mujeres, en particular en lo relacionado a las
oportunidades y acceso real al ejercicio de sus derechos humanos136.
La utilización de
este enfoque permite a los Estados establecer prioridades para crear programas
y políticas públicas que, siendo plurales e inclusivos, coadyuven con la erradicación
de los factores que promueven las profundas desigualdades en que viven determinados
grupos123.
123 Loc. cit.
-Enfoque de
desarrollo humano sostenible. Constituye un norte para el Estado costarricense. Desde él se concibe
el desarrollo como un proceso continuo e integral de "generación de capacidades
y oportunidades de y para la gente, de manera que puedan acrecentarse la
libertad y la equidad que disfrutan las presentes y las futuras generaciones" 124
. Esto implica situar a las personas en el centro de los procesos de desarrollo,
priorizando la satisfacción de sus necesidades frente a la acumulación de capital.
Este enfoque parte del principio de igualdad de oportunidades y establece un marco
temporal intergeneracional, reconociendo que los recursos no son ilimitados y buscando
un equilibro entre las necesidades de las generaciones presentes y las futuras.
124 PNUD 1994,
cit. por Estado de la Nación 2017, p, 24.
Supone que el desarrollo
incluye tres dimensiones interrelacionadas entre sí: la económica, la social y
la ambiental125. Su conceptualización del desarrollo se encuentra en
estrecha concordancia con el enfoque de derechos humanos y el de igualdad
sustantiva de género, y así lo recogen distintos acuerdos internacionales y
regionales a los que Costa Rica se ha suscrito: la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 2012; la XII Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe, 2013; la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2013; la XIII Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 2016. Por ello en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se señala la aspiración a un mundo en
el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas,
el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se
respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que
exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el
potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; [...] que
invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia
y la explotación; [...] en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena
igualdad [...] y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos,
sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo,
equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan
las necesidades de los más 126vulnerables140.
125 ONU.
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, p. 3.
126 Íbid, párrafo
8.
El enfoque de
desarrollo humano sostenible se relaciona con los conceptos de ciudadanía
y gobernanza.
Según señala la
Agenda 2030, la igualdad entre sexos y el empoderamiento de mujeres y niñas son
elementos decisivos para el progreso de todos los objetivos y metas, porque "no
se puede seguir negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus
derechos humanos y sus oportunidades"127. Es por ello importante
tener en cuenta que, cuando se habla de desarrollo humano sostenible se
habla también de igualdad de género y por lo tanto se aspira a que las mujeres
puedan hacer un ejercicio pleno de su ciudadanía.
127 Íbid, párrafo
20.
Según Obando
(2000; citado por INAMU, 2016), el concepto de ciudadanía se refiere al conjunto
de derechos y libertades que les pertenecen a las personas que integran la comunidad
nacional. No obstante, este concepto va más allá de lo formal o normativo. Entendido
en su sentido más amplio, se refiere, tal como lo vio Hanna Arendt, al "derecho
a tener derechos"128. Atañe directamente a la relación entre las
personas y el Estado, y a la posibilidad de las primeras de "asegurarse
protecciones y participar en la vida pública y la toma de decisiones de la
nación"129.
128 INAMU (2011),
Primer Estado de los Derechos Humanos en Costa Rica, op.cit., p. 6.
129 Íbid, p. 24.
Es necesario
tener clara esta concepción amplia de la ciudadanía, especialmente para las mujeres
y otros grupos tradicionalmente discriminados. Como señala el Primer Estado de los
Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, "se parte de que ser ciudadanas significa
ser sujetas de derechos, ejercerlos y exigir su cumplimiento, tanto los que han
sido establecidos universal y jurídicamente, como aquellos no reconocidos
socialmente. Estos últimos derechos específicos de las mujeres surgen de sus
necesidades particulares por su condición de género femenino."130.
130 Íbid., p. 7.
Por ello es
posible decir que la ciudadanía es una construcción sociohistórica, modificada y
ampliada gracias a las luchas por los derechos dadas por las poblaciones tradicionalmente
excluidas, como las mujeres, las personas indígenas, las afrodescendientes, y
las personas con discapacidad, entre otras (INAMU, 2016131). Es, además
una condición sine qua non del desarrollo y la democracia dado que estos
no pueden existir si no se incorporan las necesidades e intereses específicos
de todas las personas que habitan un determinado territorio, y si dichas
personas no pueden hacer un "ejercicio real de sus derechos"132.
131 INAMU.
Promoviendo liderazgos transformadores.
132 Íbid.
Pero el ejercicio
pleno de la ciudadanía de las mujeres no puede sustraerse de las oportunidades
y limitaciones del ordenamiento social, jurídico y político de un Estado, por lo
que resulta necesario apelar al concepto de gobernanza para entender
cómo este ejercicio puede ser más o menos efectivo. Definida por Alyson Brody,
la gobernanza "se refiere a la toma de decisiones por parte de una gama
de personas interesadas, incluyendo a quienes ocupan posiciones de poder y a
"ciudadanas y ciudadanos comunes" 133 , decisiones que "tienen un
enorme impacto sobre las maneras en que mujeres y hombres conducen sus vidas,
las normas que se espera que observen [...] las estructuras que determinan
dónde y cómo trabajan y viven. Asimismo, determinan cómo se asignan los recursos
públicos y si los servicios tienen en cuenta las necesidades e intereses de las
mujeres y los hombres"134.
133 Brody, Alyson
(2009). Género y gobernanza: informe
general, op. cit, pp. 5.
134 Íbid., pp. 5.
Line Bareiro e
Isabel Torres precisan que, si bien la gobernanza "se refiere a los procesos de
toma de decisiones, los mecanismos para ello y la conducción", la "buena
gobernanza incluye la calidad de esos procesos, juzgados con base a un conjunto
de principios" que contribuyen a ella: participación, rendición de cuentas
[...], transparencia, sensibilidad, igualdad, inclusión, derechos humanos,
eficacia y eficiencia, consenso, visión estratégica de largo plazo y legalidad"135.
Ellas precisan en la gobernanza cinco niveles de especial importancia: el
hogar, la comunidad, el gobierno nacional, los gobiernos locales y las instituciones
globales. Así, se entiende este enfoque desde la capacidad de tomar y llevar a
cabo decisiones en función de los intereses de la ciudadanía en todos los
niveles del sistema político, los cuales se afectan mutuamente y tienen un
impacto directo sobre la cotidianidad de toda la población.
135 Gobernabilidad Democrática, Género y
Derechos de las Mujeres en América Latina y el Caribe, p. 4.
Por ello, como
señala Alyson Brody, resulta imprescindible que se incorpore la perspectiva de
género, de manera que permita que las políticas públicas reflejen la voz de las
mujeres, respondan a sus diversas necesidades y deriven en un incremento en su
bienestar.
Si los impactos
diferenciados en mujeres y hombres y a lo interno de los grupos no se toman en
cuenta, se reproducen las desigualdades estructurales y se condena a los grupos
menos privilegiados a mantener ese estatus por siempre. El que la gobernanza
sea sensible al género "es también un medio significativo hacia una
transformación social más amplia debido al grado al cual las instituciones de
gobernanza moldean las percepciones respecto a los roles que las mujeres y los
hombres deberían jugar en la sociedad"136. Por otro lado, permite
generar "un mundo con mejores opciones, oportunidades, acceso a recursos y
resultados de vida para las mujeres, a través de políticas y acciones de gobernabilidad
que desafíen las desigualdades de género arraigadas en la sociedad y sean apoyadas
por fuertes mecanismos de rendición de cuentas"137.
136 Íbid, p. 6.
137 Íbid, p.75.
La gobernanza es frecuentemente descrita como una meta de
política pública, por la vinculación conceptual que existe entre esta y ciertas
prácticas propias de regímenes democráticos, como lo es la gestión basada
en resultados138.
138 OLACEFS. Fundamentos conceptuales sobre la
gobernanza. p. 10.
Esta gestión
"orienta la acción de los actores públicos del desarrollo hacia la generación de
'valor público' a través del uso de instrumentos que, en forma colectiva,
coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para
generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población"139.
El valor público se relaciona con dar respuestas a problemas relevantes
para la ciudadanía y las personas usuarias, promover la apertura de nuevas
oportunidades para las generaciones actuales y futuras, y facilitar los
procesos que fomentan la participación democrática (construcción de comunidad, ciudadanía,
democracia y capital social)140.
139 Roberto García
López y Mauricio García Moreno. La
gestión para resultados en el desarrollo. Avances y desafíos en América Latina
y el Caribe., p. 7.
140 Íbid.
Según MIDEPLAN,
para procurar generar valor público las políticas deben generar mejores resultados,
mejores servicios y mayor confianza en la población. Por ello, deben estar orientadas
a conseguir resultados identificar sus impactos y efectos de manera que se garanticen,
no sólo la ejecución de acciones concretas, sino la generación de valor público
en la sociedad. Por lo tanto, "el contexto del país y el cambio de paradigmas
en la sociedad se vinculan a Gobierno Efectivo y Gestión para Resultados. El
primero implica, entre otras cosas, "interacciones con ciudadanía, cohesión,
integración y compromiso"; la segunda "busca trascender el planteamiento
teórico del diseño, las experiencias y la atención de los desafíos hacia la
práctica o la ejecución que mejore la situación de las personas, mediante la
intervención sostenible". Además, las instituciones públicas deben garantizar "acceso
y calidad" en sus servicios, en el marco de los derechos humanos141.
En el caso de la presente política, se aspira a que las acciones enmarcadas en
ella tengan un impacto positivo directo en el mejoramiento de la calidad de
vida de las mujeres en su diversidad, en el adelanto de la igualdad de género y
el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de quienes constituyen la
mitad de la población en nuestro país.
141 Guía para la
elaboración de políticas públicas, pp.
29-30.
Prioridades de la Política nacional para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres al 2030
. Propósito
Al finalizar el
año 2030 más mujeres en Costa Rica hacen ejercicio efectivo de sus derechos en
igualdad con los hombres, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la inclusión
de las diversidades económicas, de edad, étnicas, culturales y geográficas.
. Población
meta:
El punto de
partida para la definición de la población meta son todas las mujeres habitantes
del país, sin obviar la responsabilidad desde el Estado y otros sectores
públicos y privados de darles respuesta en su diversidad ante las situaciones
de discriminación que se ejerce contra ellas por barreras que dificultan su
plena igualdad y su progreso como son: la edad, idioma, origen étnico,
orientación sexual, identidad de género, cultura, religión, discapacidad,
pertenencia a poblaciones originarias o por otros factores.
Como se ha
reconocido en varios foros internacionales, muchas mujeres se enfrentan con obstáculos
específicos relacionados con su situación familiar, particularmente en familias
monoparentales, y con su situación socioeconómica, incluyendo sus condiciones
de vida en zonas rurales, aisladas o empobrecidas.142
142 INAMU (1995)
Plataforma de Acción, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, párrafo 46.
Por su parte, la
Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia
adoptada por la Asamblea General de la OEA en junio del 2013, define el concepto
de discriminación y discriminación múltiple o Esta última es aquella que se produce
cuando: . ciertas personas y grupos son objeto de formas múltiples o agravadas
de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores como
sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de
migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa
estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico
incapacitante o cualquier otra condición social, así como otros reconocidos en
instrumentos internacionales (Preámbulo párrafo 6)143
143 INAMU. Segundo
Estado, op. cit., p. 24.
Para la
formulación de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
2018-2030, se realizaron consultas a las mujeres en su diversidad, quienes plantearon
necesidades e intereses de carácter común y específico desde las particulares formas
de discriminación y violencia que les afecta. Sus propuestas en estas consultas
son un punto de referencia para la priorización de los cuatros ejes de la
política, que incluye acciones afirmativas orientadas a garantizar
oportunidades y el disfrute de los derechos humanos de los grupos en
condiciones de mayor vulnerabilidad y discriminación.144
144 La Secretaría
Técnica de la PIEG recibió durante el período de consultas, dos importantes
documentos a ser considerados, a saber: Chacón, Ileana et al. Propuesta de las
Mujeres con discapacidad y la UNESCO para la nueva Política nacional para la
igualdad y equidad de género (PIEG) y su Plan de Acción 2019-2021; Agenda política para mujeres lesbianas,
bisexuales y no heterosexuales en Costa Rica.
En las consultas
las participantes coincidieron en la exigibilidad de avanzar hacia una sociedad
inclusiva, de respeto a las diversidades y a la no discriminación, eliminando estereotipos
y prejuicios. Se exige además el reconocimiento y cumplimiento de todos los derechos
humanos y el acceso a servicios institucionales género sensitivos incluyendo
los de salud sexual y salud reproductiva.
En los grupos se
plantearon además demandas específicas desde las condiciones particulares de
las consultadas. Algunas de ellas son:
. Las mujeres rurales sobre el acceso y
tenencia de la tierra, y el acceso al crédito para emprendimientos
. Las mujeres indígenas para el reconocimiento
a la pluriculturalidad y sus tradiciones
. Las mujeres afro sobre el respeto a su
etnia, la generación de datos que rescaten sus particularidades, el acceso a
recursos financieros para emprendimientos y la atención de dolencias específica
en materia de salud.
. Las mujeres refugiadas, migrantes y asiladas
plantean la necesidad del conocimiento sobre la situación y diferencia de
estatus de refugiadas, migrantes y asiladas, así como la generación de
estadísticas que reconozcan sus condiciones y necesidades, para como insumos
para la política pública.
. Las lesbianas y bisexuales el derecho a
servicios en salud sensibles y de calidad, especialmente servicios en salud
sexual y salud reproductiva que reconozcan sus particularidades, y el derecho a
las uniones de hecho.
. Las mujeres con discapacidad sobre servicios
de salud integral adecuados a la diversidad funcional y el acceso a la
educación y formación en el uso de nuevas tecnologías
. Las trans sobre el derecho a la identidad de
género y al cambio de nombre en documentos oficiales como la cédula de
identidad.
. Las jóvenes sobre la participación y
representatividad en diversos sectores que favorezca su inclusión, acceso al
mercado laboral, y educación en temas financieros que promuevan su
independencia económica.
Las propuestas
sobre la prevención y atención de situaciones de violencia se encuentran inscritas
en acciones públicas definidas en la Política Nacional para la Atención y la Prevención
de la violencia contra las mujeres de todas las edades PLANOVI 2017-2032.
Ejes de la Política Nacional para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres al 2030:
Se han
considerado como prioridades de la Política cuatro ejes sustantivos: 1. Cultura
de los derechos para la igualdad; 2. Distribución del tiempo; 3. Distribución
de la riqueza y 4. Distribución del poder. Estos ejes aglutinan respuestas y
aproximaciones a soluciones públicas orientadas a reducir o erosionar los nudos
estructurales que aún enfrenta el país en materia de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
Eje 1:
Cultura de los derechos para la igualdad
Pese a los
avances hacia la igualdad efectiva en el cumplimiento de los derechos humanos, como
el acceso y participación de las mujeres en diferentes espacios sociales, aún persisten
patrones socioculturales o pautas que conforman sistemas de discriminación múltiple
por razones de desigualdad de sexo y género, asociados a otros factores de discriminación
vinculados con lo socioeconómico, pertenencia étnica, edad, lugar de residencia,
identidad de género, discapacidad u otras condiciones. La discriminación por motivos
de sexo o género afecta a las mujeres de algunos grupos de forma diferente que a
los hombres.
La cultura, los
valores y las actitudes culturales al ser factores dinámicos tienen la capacidad
de convertirse en impulsores de una transformación social para impugnar las prácticas
negativas y contra las mujeres mediante un proceso de diálogo, consenso y acción
colectiva.
Lo anterior
indica que es necesario superar esta cultura del privilegio centrada en un modelo
androcéntrico que reproduce estereotipos de género, prejuicios, sesgos sexistas
y prácticas que limitan las oportunidades y capacidades de desarrollo de las
mujeres y, migrar hacia una cultura de los derechos e igualdad.
La cultura de los
derechos e igualdad debe garantizar acciones que promuevan prácticas individuales,
sociales, institucionales y empresariales para la igualdad efectiva y la no discriminación
mediante políticas de respeto y proyectos de convivencia en la diferencia, desde
los espacios educativos formales, informales y no formales, con el fin de que
todas las personas gocen de la misma condición y tengan las mismas
oportunidades y responsabilidades para hacer efectivo el disfrute pleno de sus
derechos humanos y su potencial, además de contribuir al desarrollo nacional,
político, económico, social, cultural y para beneficiarse de sus resultados,
reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas.
En este marco, la
promoción de liderazgos y alianzas desde los colectivos de las mujeres es una
condición necesaria para el desarrollo de procesos comunes orientados hacia el cambio
cultural a favor de la igualdad efectiva, la sororidad y la exigibilidad de los
derechos humanos.
Nuevas
visiones para una vivencia de la igualdad
Para el
fortalecimiento de esa cultura de igualdad entre mujeres y hombres, respetuosa de
los derechos humanos, se requiere generar acciones que movilicen las
estructuras sociales, económicas y políticas que legitiman y sostienen la
cultura de privilegio a favor de algunos sectores de la sociedad,
principalmente masculinos, de manera que se avance en alcanzar la igualdad
sustantiva en todas las esferas de la vida cotidiana, como son el ámbito
familiar, laboral, educativo, comunitario, recreativo e institucional.
A partir de lo
anterior se evidencia que la transformación que se requiere debe contar con la
participación sensible, informada y proactiva de actores claves involucrados en
los procesos sociales, como son los medios de comunicación, personas e instancias
formadoras de opinión, autoridades del sector público, personas con liderazgo
en el ámbito espiritual y religioso; personal del sector privado empresarial,
entre otros.
Asimismo
construir nuevas estrategias para el cambio social, requiere el desarrollo de procesos
de comunicación que busquen eliminar patrones socioculturales discriminatorios
y violentos, disipando estereotipos y actitudes sexistas en las instituciones
públicas, en el sector privado, en las familias y comunidades, para lo cual sigue
siendo imperativa la apertura de espacios informativos, el diseño de
herramientas Tics y, otras acciones formativas a favor de los derechos humanos
de las mujeres.
Alianzas
entre mujeres diversas
El
fortalecimiento colectivo de las mujeres en su diversidad es un elemento
sustantivo para la transformación cultural. De ahí que resulta estratégica la
generación de espacios de encuentro, así como de procesos para el desarrollo de
herramientas personales y colectivas que abonen al fortalecimiento de la sororidad,
la asociatividad y la organización. La clave de la alianza está en el respeto y
tolerancia de las diferencias que caracterizan a las personas y en el compartir
los mismos objetivos de igualdad y vivencia de los derechos humanos.
a)
OBJETIVOS 1 EJE 1:
. Promover cambios culturales en la
ciudadanía, favorables a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres para la
promoción, protección, respeto y garantía de sus derechos humanos, en las todas
las regiones y zonas del país.
b) Resultados esperados al 2030
1. Aumenta la población con percepción
favorable hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde el ejercicio
de los derechos humanos.
2. Aumenta la población de todas las regiones,
cubierta con acciones formativas públicas y privadas; formales y no formales,
orientadas hacia el reconocimiento de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
3. Más instituciones públicas, municipalidades,
empresas privadas y organizaciones sociales ponen en práctica iniciativas,
acciones afirmativas u otras estrategias, orientadas hacia la eliminación de
patrones socio culturales discriminatorios y violentos y la visibilidad de las
discriminaciones múltiples, disipando estereotipos y actitudes sexistas.
4. Aumentan las organizaciones sociales,
asociativas y empresariales de mujeres como expresión activa de su trabajo
colaborativo y sororario.
5. Más alianzas público-públicas y
público-privadas explícitas y legales, caracterizan una cultura de igualdad
efectiva y de derechos humanos en la acción estatal para la ejecución de las
políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres.
c)
OBJETIVOS 2 EJE 1:
. Fortalecer la cultura para la igualdad y la
institucionalidad de género en el Estado.
b) Resultados esperados al 2030
6. Aumentan las instituciones públicas y municipales
con unidades administrativas dedicadas a la promoción de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, que cuentan con recursos financieros y humanos, y capacidad
de incidencia en la toma de decisiones y la planificación
institucional.
7. Aumentan planes nacionales, regionales,
territoriales, locales e institucionales (estratégicos y operativos anuales)
que contemplan principios, objetivos y acciones públicas orientadas hacia la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en sus contenidos, indicadores y
metas y, que cuentan con presupuesto asignado.
8. Más instituciones cuentan con sistemas de
información, registros administrativos actualizados, datos e indicadores
sensibles a las diversidades y desigualdades múltiples de las personas, que
alimentan el Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos-INEC, que permita dar cuenta del estado de situación y
condición de las mujeres y los hombres en Costa Rica.
EJE 2:
Distribución del tiempo
En el marco de la
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se coloca
como uno de los ejes la "distribución del tiempo" con el fin de dar respuesta
al nudo estructural de género vinculado con la división sexual del trabajo y la
injusta organización social de los cuidados. Esta distribución del tiempo entre
mujeres y hombres se considera un asunto público, de justicia social y de
respeto a los derechos humanos.
Desde la
perspectiva histórica y a partir del análisis de las relaciones de género
desiguales, se ha establecido que la división sexual del trabajo es una de las
principales fuentes de discriminación y desigualdad contra las mujeres y es una
de las causas de la injusta distribución del tiempo. Bajo este concepto, las
prácticas, los valores, el reconocimiento, el imaginario simbólico y los
mandatos sociales están separados por sexos. El resultado de ello es que las
mujeres ven limitadas sus posibilidades de crecimiento integral (física, emocional
y materialmente), puesto que no acceden a los beneficios derivados del desarrollo
económico del país, en igualdad de oportunidades y condiciones que los hombres.
Ellas,
especialmente las de menores recursos económicos, materiales, educativos, que viven
en condiciones de pobreza, son jefas de hogar y migrantes, están sometidas a
una división del trabajo que genera un círculo vicioso: ingresan al mercado
laboral manteniendo sus responsabilidades para la sostenibilidad de la vida de
las personas integrantes del hogar, pero a la vez, viéndose de nuevo en la
necesidad de salirse del mercado laboral para proporcionar los cuidados y así
sucesivamente. Esto se agrava en situaciones de ciclos económicos recesivos,
cuando los servicios públicos del Estado se restringen y cuando las ofertas de
cuidados del mercado no se ajustan a las posibilidades económicas de ellas y
sus familias. Esto tiene serias consecuencias para la calidad de vida y
bienestar de las mujeres y ellas ven restringido su derecho al trabajo
remunerado y por ende, a contar con ingresos propios, pero también a disponer
de tiempo para el autocuidado, la recreación, el descanso y el ocio. A esto se
suma que los cuidados se proporcionan no solo a hijas e hijos, sino también a
otros familiares en situación de dependencia.
En este contexto,
la consecuencia es la sobrecarga de trabajo para la mayoría de ellas, de todas
las edades y a lo largo de toda la vida, lo que, fundamentalmente, limita su desarrollo
personal y social, traducido en carreras profesionales interrumpidas, segmentación
ocupacional, sobre-representación en empleos de baja productividad, aumento de
la informalidad, fomento de la brecha salarial, menos horas disponibles para el
empleo formal y, lo más grave aún es que ven disminuida su calidad de vida.
Desde este escenario injusto, y pese al derecho que tienen al trabajo
asalariado y a obtener ingresos propios, la tendencia es regresar a la casa
para proporcionar cuidados o apoyarse en las redes familiares, generalmente
integradas por otras mujeres de la familia o amistades cercanas.
Por tanto, cuando
se habla de igualdad de género en el marco de la distribución del tiempo, se
está hablando de otorgar a hombres y mujeres en su diversidad, una igual valoración
y goce real de derechos y obligaciones independientemente de su sexo. Eso incluye
la asignación y distribución de roles, especialmente domésticos y de los
cuidados, tanto al interior de los hogares como en el ámbito público. Este reto
obliga al Estado costarricense en el marco de esta Política Nacional para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, a democratizar el espacio de lo
privado para liberar el tiempo de las mujeres en función de su justo derecho a
beneficiarse del desarrollo económico y social del país en igualdad de
oportunidades y trato.
Como respuesta a
esta problemática se ha desarrollado el concepto de corresponsabilidad social
de los cuidados, el cual surge a raíz de una mayor comprensión de la condición
de género de las mujeres y de su posición de desventaja y subordinación con
respecto a los hombres, en lo que se refiere al trabajo de cuido y doméstico al
interior de los hogares, el cual ha profundizado su doble jornada con su
participación creciente en el mercado laboral.
Este enfoque de
corresponsabilidad está colocado como central en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y fundamentalmente a partir del 2007 con el Consenso de
Brasilia y otros instrumentos previos como la CEDAW y la Plataforma de Beijing
(1995). En ellos se asume que cuidar no es un asunto individual ni
exclusivamente femenino sino un asunto social, directamente vinculado con las
estructuras económicas, culturales y de poder. Por tanto, el tema de los
cuidados (tanto para quien los recibe como para quien los otorga) se coloca
como una necesidad estratégica urgente de atender si es que se quiere
garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres como ciudadanas plenas,
tanto en su vida laboral como en su vida personal, familiar y comunitaria.
El desafío es
integrar los derechos de las personas cuidadas y las cuidadoras y el concepto clave
para esa integración es la corresponsabilidad. El cuidado se aborda con corresponsabilidad
desde los poderes públicos (Estado y entes locales). También tienen responsabilidad
en cuidar las empresas (porque el trabajo productivo se sostiene sobre la base
del trabajo reproductivo). Hay otro espacio para la corresponsabilidad, el de
la pareja, corresponsabilidad entre el hombre y la mujer en el abordaje de las
obligaciones del cuido a los descendientes hijos/as y también a familiares en
situación de dependencia. Advierte que, cuando se hace el análisis de las
medidas que contienen las políticas públicas, se observa que están centradas en
un papel de la mujer vinculado a su función biológico-reproductiva, con lo que
se acaba desconociendo su papel de cuidadora respecto de sus madres, de sus
suegras, de sus tías, etc.145".
145 Tebelia
Huertas, ponencia de para el II Encuentro Iberoamericano sobre Género y
Seguridad Social. San José, C.R., 2017.
El enfoque de
corresponsabilidad social de los cuidados aspira a un nuevo orden social de los
cuidados que plantea el desafío de asimilar por un lado, el hecho de que la
totalidad de las personas en algún momento de su vida requerirán de algún tipo
de cuidados independientemente de su vinculación con el mercado laboral o de su
condición de dependencia parcial o total, por lo que, desde esta perspectiva,
se entiende el cuidado como un bien público, al cual las personas acceden como
un derecho a lo largo de toda la vida. Y, por otro lado, a que se desarrollen
políticas públicas para reconocer, reducir y redistribuir la carga del trabajo
doméstico no remunerado de las mujeres.
Las políticas
públicas sobre los cuidados deben ajustarse a las nuevas realidades, tanto en la
conformación de las familias (incluidas las familias transnacionales), como en
el área del empleo y la economía globalizada, en donde cada vez más aparecen
nuevas modalidades de contratos laborales. Para hacer efectiva la
corresponsabilidad en los cuidados es necesario que confluyan distintos actores
sociales claves como el Estado, el mercado, las familias y las comunidades, y
que se diseñen políticas públicas que reviertan la injusta organización social
de los cuidados que hoy persiste.
Reconocer este
hecho en las agendas del sector público y privado constituye un importante avance
para disminuir las brechas de género y avanzar hacia la igualdad efectiva entre
las mujeres y los hombres, puesto que el tiempo es un recurso fundamental que
organiza la vida personal, familiar y laboral. Debe entenderse como una apuesta
estratégica.
En consecuencia,
el propósito es desenredar uno de los principales nudos críticos que genera
discriminaciones contra las mujeres y posicionarlo como un asunto de Derechos Humanos
y de Justicia Social. Tal como se señala en la Estrategia de Montevideo, debemos
avanzar hacia "la superación de la división sexual del trabajo" 146
. Nuestra meta es continuar con acciones estratégicas interinstitucionales e
intersectoriales que contribuyan a reconocer y revalorizar el mundo del trabajo
doméstico y de los cuidados, que mayoritariamente hacen las mujeres y que
constituye fuente de riqueza para Costa Rica y bienestar para las familias.
146 Estrategia de
Montevideo (2017).
a) OBJETIVO
DEL EJE 2:
. Promover la corresponsabilidad social de los
cuidados de personas en situación de dependencia y del trabajo doméstico no
remunerado, que posibilite oportunidades y el ejercicio efectivo de los
derechos humanos de las mujeres.
b) Resultados esperados al 2030
9. Más personas de todas las edades y en
condición de dependencia, utilizan los servicios de cuidado, mediante la
articulación de servicios públicos y privados afines en todas las regiones y
zonas del país.
10. Aumentan las mujeres que utilizan servicios
públicos y privados orientados hacia su recreación, autocuidado, bienestar y
desarrollo integral.
11. Aumenta la participación de los hombres en
el trabajo doméstico no remunerado y en el cuido de las personas dependientes
en el hogar.
Eje 3:
Distribución de la riqueza
Los
planteamientos económicos a través de la historia han omitido las
particularidades propias de la situación y condición de las mujeres, debido al
sesgo androcéntrico con el que fueron y siguen siendo formuladas dichas
teorías. En general, no siempre se reconoce a la mujer como sujeta económica
activa, dejando por fuera sus necesidades, sus intereses y sus aspiraciones en
el planteamiento económico, por lo que se le dificulta insertarse en él.
Por ello, es
importante realizar una revisión del estado actual de la distribución de la riqueza
desde otra mirada y bajo el principio de Derechos Humanos.
La economía
feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la sostenibilidad
de la vida, descentrando los mercados. En consecuencia, el objetivo del
funcionamiento económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino
la reproducción de la vida. La preocupación no está en la perfecta asignación, sino
en la mejor provisión para sostener y reproducir la vida. Por lo mismo, la economía
feminista tiene como una preocupación central la cuestión distributiva. Y en
particular se concentra en reconocer, identificar, analizar y proponer cómo modificar
la desigualdad de género como elemento necesario para lograr la equidad socioeconómica147.
147 Rodríguez
Enríquez, Corina (2015) "Economía feminista y economía del cuidado". Nueva Sociedad (256), pp.3044.
Esto significa
que deben analizarse desde la función pública, y de una manera diferenciada entre
mujeres y hombres al menos cuatro dimensiones relativas a una verdadera y justa
distribución de la riqueza: el empleo, los emprendimientos, el acceso a
recursos tangibles e intangibles y la pobreza.
Los resultados
del modelo económico global han evidenciado a través de los tiempos, efectos
negativos sobre la población femenina en esos cuatro aspectos, pues han carecido
de mecanismos para una justa distribución de la riqueza que, en especial, logre
el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en el mundo. El modelo tampoco
ha contribuido a que las mujeres logren acceder a los recursos ambientales, naturales,
tecnológicos, bienes tangibles e intangibles, materiales e inmateriales, que
les permitan a su vez, generar riqueza.
Empleo
decente y en condiciones de igualdad para las mujeres
Para la OIT, el
empleo productivo y el trabajo decente son factores clave para alcanzar una
globalización justa y la reducción de la pobreza. Se entiende el trabajo
decente como aquel que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su
vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que
genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección
social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se
organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad
de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres162.
En Costa Rica, y
en el mundo en general, las mujeres se enfrentan a una serie de barreras para
poder alcanzar alguna forma de empleo decente, mientras que al mismo tiempo su inserción
en la esfera productiva es motivada principalmente por factores socioeconómicos
que las obligan a buscar alternativas para generar ingresos, pero que se caracterizan
por una serie de estereotipos y mandatos de género.
Entre estos
factores destacan:
. Exclusión de la educación formal y la
capacitación técnica, lo que genera falta de opciones de empleo formal y de
calidad.
. Las responsabilidades reproductivas y de
cuidado, así como el trabajo doméstico no remunerado, que han obligado,
históricamente, a las mujeres a dedicarse a la atención de sus familias.
. La sobrevivencia (el auto empleo), pues el
origen de los negocios de las mujeres, en su mayoría, no radica en las
oportunidades de 162 OIT, Trabajo decente. Organización internacional del
Trabajo.
mercado sino más
bien en satisfacer las necesidades básicas de ellas y de sus familias.
. La violencia de género e inseguridad
alimentaria que les genera indefensión aprendida y otras dinámicas
psicosociales que les restan la posibilidad de resiliencia y las desalientan.
Estas realidades
las obligan a insertarse en actividades económicas que se convierten en una
extensión de los roles tradicionales asociados al género. Destacan aquí, por
ejemplo, aquellas actividades relacionadas con el "rol tradicional de cocina": catering
service, repostería, panadería, preparación de alimentos, sodas, venta de
comidas típicas, entre otras.
También destacan
aquellas labores asociadas al trabajo manual que, históricamente, las mujeres
hacían "en su tiempo libre": artesanías, pinturas, manualidades, costura, bisutería,
entre otros; y las actividades de servicios que reproducen patrones
tradicionales como salones de belleza, manicure, pedicure, servicio doméstico,
entre otras.
Todas estas
actividades se ubican en mercados poco dinámicos y menos competitivos desde el
punto de vista económico y productivo, que cada vez y con mayor frecuencia se van
reduciendo, cerrando puertas para ingresar. Además, cuando las mujeres tratan
de ingresar al mercado laboral, se encuentran con problemas como la brecha
salarial o el techo de cristal. Datos de la Encuesta Continua de Empleo (2017)
para el III Trimestre163 muestran la desigualdad en los indicadores económicos
por sexo.
Otro elemento
importante es la brecha salarial, pues tal y como muestran los datos del INEC164,
en todas las principales ramas de actividad las mujeres tienen un ingreso promedio
menor que el de los hombres, igual que en las sub-ramas con unas pocas excepciones
como construcción o administración pública.
163
164 165 INEC. (2017).
Encuesta Continua de Empleo, op. cit.
Lo mismo ocurre
cuando se analiza el ingreso promedio por la posición en el empleo principal.
Independientemente de si se trata de personas asalariadas, empleadoras o trabajadoras
por cuenta propia, las mujeres siempre tienen un ingreso promedio menor que los
hombres. En algunos casos la diferencia es amplia. Por ejemplo, por cuenta
propia, en donde ellas reciben, en promedio, 30% menos que ellos.
Las razones que explican esta desigualdad en
los ingresos son muchas, pero todas tienen su raíz en estereotipos y mandatos
de género. Al respecto, la OIT 148 afirma que, entre los factores
señalados en muchos estudios para explicarla, se encuentran: a) "La infravaloración
del trabajo de la mujer"; b) "Las características del puesto de trabajo (por ejemplo,
las posibilidades de sustitución entre los trabajadores; el valor del tiempo presencial,
etc.); c) "la segregación basada en el sexo, que canaliza a las mujeres hacia puestos
de trabajo de bajo valor añadido"; d) "la estructura salarial general de un
país - cuyas características pueden depender de los mecanismos de fijación de
los salarios- que pueden haberse diseñado centrándose en los trabajadores de
sectores donde predominan los varones)"; e) "la percepción de la mujer como
económicamente dependiente"; y f) "la probabilidad de que las mujeres estén en
sectores no organizados, o que carezcan de representación en los sindicatos".
Situación en la que "puede influir también el modelo comportamental familiar"166.
A este panorama, hay que agregarle variables como etnia, discapacidad y
condición migrante, que contribuyen a profundizar las brechas y desigualdad de
género en el empleo.
148 OIT (2015.
Informe mundial sobre salarios 2014/2015: Salarios y desigualdad de ingresos,
p. 51. 166 Íbid.
Emprendimientos:
una ruta crítica y difícil hacia la autonomía económica
Según el Banco
Mundial (2017)167 abrir un negocio en Costa Rica toma 23 días, una inversión
del 8,5% del Ingreso Nacional Bruto per cápita (unos ₡506.000) y la
realización de 9 procedimientos o trámites mínimos, que pueden ampliarse
dependiendo de las características del negocio. Estos datos, explican por qué
el país ocupa el puesto 127 a nivel mundial en la apertura de negocios según el
Doing Buisness (2017).168
167 Banco Mundial
(2017) El Banco Mundial en Costa Rica.
168 169 Ver Tabla 3
(antes de renumerarla OJO aquí), Clasificación de las Economías. Clasificación
del país en el Doing Business, junio 2017.
Para las mujeres
el panorama es más complejo. La desigualdad laboral aunada a los mandatos de
cuido y TRN, así como otros factores que las han excluido de la educación y la
capacitación técnica, las ubican en un "círculo vicioso": por una parte no
consiguen empleo y por lo tanto, deben generar sus propios ingresos, pero al
hacerlo, se insertan en actividades productivas poco competitivas y en mercados
saturados ya que deciden iniciar con aquellos cuyos procesos productivos
conocen (manualidades, cocina, costura) dado que el acceso al espacio productivo
público (económico y de mercado) se les ha limitado históricamente. Además,
cuando se encuentran en condición de pobreza, iniciar un emprendimiento de
manera legal les es difícil, puesto que carecen de los recursos mínimos (esos
₡506.000) o el conocimiento para acudir a todas las instituciones donde deben
realizar los trámites y gestiones requeridos. Así, la mayoría de los
emprendimientos generados son de subsistencia, están en la informalidad y se
enfocan en ramas relacionadas con el histórico lugar de las mujeres en el
mundo: el espacio reproductivo.
Se caracterizan
por poca o nula tecnologización e innovación, poco crecimiento, poca rentabilidad,
falta de acompañamiento institucional y una generación de ingresos que apenas
alcanza para la subsistencia.
Como se mencionó
en el diagnóstico que precede a esta política, acuerdos tripartitos recientes
pretenden reducir la informalidad que caracteriza los negocios de las mujeres, proponiendo
rutas hacia la formalización (ver infra Parte II).
Acceso a
los recursos para generar riqueza
Una justa y
equitativa distribución de la riqueza incluye no sólo el acceso a los recursos económicos,
sino el acceso a los recursos materiales, tangibles (tierra, agua, vivienda) e intangibles
(aire limpio, conocimiento, experiencia), que permitan a las personas y las comunidades
generar riqueza y calidad de vida, así como un desarrollo equitativo.
Es importante
entonces, comprender en manos de quiénes se concentran recursos tan importantes
como la tierra, el agua, los bosques, la propiedad privada, la tecnología y el conocimiento,
dado que las mujeres han estado históricamente excluidas del espacio público,
en donde precisamente, se accede a esos recursos.
Por ejemplo, el
acceso a la tierra para la producción: En Costa Rica existen 2.194.207,7 hectáreas
de tierra dedicadas a la producción agropecuaria en manos de personas físicas, pero
tan solo el 8,1% está en manos de mujeres; al mismo tiempo, del total de
personas que trabajan en las fincas, el 48% de las mujeres lo hace
permanentemente sin pago149.
149 INEC. (2015).
VI Censo Nacional Agropecuario. Costa Rica.
Con la
promulgación de la Ley de Promoción de la Igualdad de la mujer (1990) se estableció
en Costa Rica la obligación de inscribir a favor de ambos cónyuges y/o convivientes
en unión de hecho, los bienes adquiridos a través de programas sociales, como
bonos de vivienda y tierras del INDER, y para promover estas acciones se han diseñado
políticas públicas, con el fin de fortalecer este mandato legal. No obstante, persisten
otras situaciones de desigualdad para las mujeres que se ven afectadas en la justa
distribución de bienes gananciales, debido a normas legales vigentes y
prácticas injustas que las despojan de bienes adquiridos en el matrimonio o
unión de hecho; particularmente aquellos que no son adquiridos por medio de
programas sociales, en razón de que existe la libre disposición de ellos
durante el matrimonio.
El control
efectivo sobre la tierra incluye el control para decidir cómo debe utilizarse y
cómo manejar los beneficios que produce. Esto incluye control sobre decisiones relacionadas
con si la tierra ha de cultivarse directamente o arrendarse [...]; sobre qué se
va a producir y cómo; y sobre la disposición de los productos cosechados o del
ingreso que genere su arriendo. Así pues, aunque las mujeres pueden heredar y
poseer tierra a nombre propio en América Latina, esto no necesariamente
significa que tienen un control efectivo sobre ella si, por ejemplo, la tierra
heredada de la mujer está incorporada al patrimonio familiar que administra el
jefe de hogar varón150.
150 Fernandez
Such, F. (2006) Soberanía alimentaria: objetivo político de la Cooperación al
desarrollo en zonas rurales.
Es decir, la
tenencia de la tierra y la propiedad privada para las mujeres constituye un factor
fundamental en la justa y equitativa distribución de la riqueza, asociado al
acceso y uso de agua dulce y potable, pues les genera competencias para
constituirse como sujetas de crédito, tener sus necesidades básicas satisfechas
(un techo y un hogar para sí y sus familias), les brinda autonomía y poder
económico, y les alienta en sus rutas hacia mejores condiciones de vida para
sí, sus hijos e hijas.
En este mismo
sentido, para alcanzar la autonomía económica de las mujeres y lograr el ejercicio
pleno de sus derechos en este campo, se debe de prestar especial atención a la brecha
financiera que alcanza aspectos más allá del acceso al crédito. Se debe
contemplar el acceso a servicios financieros integrales, es decir, servicios en
los cuatro subsistemas financieros
existentes en el país: 1. El bancario (apertura de cuentas, ahorro y crédito)
2. el de seguros, 3. el de pensiones y el de mercados de valores.
Oportunidades
de crecimiento económico para las mujeres
La Agenda 2030
para el desarrollo sostenible de la ONU, plantea 17 objetivos para un mundo
sostenible, de los cuales dos reafirman la necesidad de lograr la igualdad
entre los sexos y erradicar la pobreza extrema. Al menos un 50% de hogares en
pobreza extrema poseen jefatura femenina y sus condiciones de vida están
marcadas por la desigualdad. Cambiar estas condiciones, es imperioso para
lograr una sociedad justa e inclusiva.
El Estado debe
partir de esta realidad para impulsar políticas públicas que logren insertar a
las mujeres en ámbitos económicos no tradicionales, más competitivos y de
crecimiento productivo para impactar realmente en su autonomía económica y
romper este círculo vicioso cruel y de falso crecimiento. Se debe revisar el
marco jurídico que rige la educación formal, el empleo de calidad, la formación
técnica, los emprendimientos y las micro, pequeñas y medianas empresas con el
fin de romper el círculo vicioso que impulsa el establecimiento de actividades
no formales y en áreas de poco crecimiento y dinamismo económico.
Asimismo, el país
también debe contar con políticas públicas claras en materia de informalidad de
las actividades productivas (que crecen cada vez más debido a la expulsión de
la población vulnerable que provoca el sistema actual), así como a los costos y
trámites enormes que se requieren hoy para abrir un negocio en total legalidad
y formalidad.
Por lo tanto, la
Política Nacional de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres 2018 - 2030,
debe evidenciar los cambios estructurales que el país debe hacer en materia de acceso
a recursos productivos, generación de ingresos, empleo de calidad y entorno jurídico
tanto para el sector formal como no formal de la economía, con el fin de garantizar
en condiciones de igualdad, la participación femenina en la esfera productiva nacional
y la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuido, para una
justa distribución de la riqueza.
Además, debe
generar acciones para el acceso equitativo a los recursos que permiten la generación
de riqueza, así como "asegurar la gobernanza responsable de la tenencia, porque
la tierra, la pesca y los bosques son fundamentales para la realización de los derechos
humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad
de los medios de vida, la estabilidad social, la seguridad de la vivienda, el desarrollo
rural y el crecimiento social y económico"151.
151 FAO (2012)
Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional.
a) OBJETIVO
DEL EJE 3:
. Fortalecer la autonomía económica de las
mujeres mediante el empleo inclusivo de calidad y el uso, acceso y control a
ingresos, recursos y beneficios, reduciendo la desigualdad en la distribución
de la riqueza del país y, considerando la corresponsabilidad social de los
cuidados como eje de empoderamiento económico en todas las regiones y zonas.
b) Resultados esperados al 2030
12. Más mujeres con empleos de calidad en todos
los sectores, especialmente en los altamente dinámicos para la economía, con
accesibilidad universal y, en los que se reducen brechas de género persistentes
por: ingreso, salarios, aseguramiento, maternidad, lactancia, cuido y por acoso
sexual y laboral.
13. Más mujeres tienen acceso y control a la
propiedad de la tierra y a la vivienda, así como su derecho humano al agua, en
todas las regiones y zonas.
14. Aumentan las mujeres que, en su diversidad
de condiciones, disfrutan de servicios universales de protección social y
aseguramiento directo.
15. Más mujeres tienen acceso a recursos
productivos, servicios financiemujeres tienen acceso a ecursos productivos,
serv cios fi ros integrales, infraestructura, transporte y ordenamiento urbano,
nancieros integrales, infraestructura, transporte, tecnol gía y de tecnología e
innovación, que aumentan sus posibilidades de movi-innovación, que aume tan sus
posibilidades de movilidad social y lidad social y desarrollo empresarial, en todas
las regiones y zonas.desarr llo empresarial, en todas las r giones y zonas.
16. Más mujeres cuentan con acceso y habilidades
para el uso de tec-mujeres tienen acceso recursos productivos, servicio
financie ros integrales, infraestructura, transportes y ordenamiento
urbano,nologías de información y comunicaciones (TICs) y manejo de datos
tecnología e innovación, que aabiertos, para el desarrollo de sus actividades
educativas, laborales, mentan sus posibilidades de movilidad social y
desarrollo empresarial, en todas las regiones y zonas.políticas y productivas,
en todas las regiones y zonas.
17. Más mujeres acceden a la educación técnica,
tecnológica y científica, pública y privada y, a la investigación de punta para
el desarrollo sostenible.
18. Más mujeres fortalecen sus destrezas y
habilidades para la mitigación y la adaptación ante casos de emergencia o en
presencia de desastres derivados de fenómenos naturales y cambio climático.
Eje 4:
Distribución del poder
El poder es
aquella fuerza que se pone en juego en todas las relaciones interpersonales, como
la experiencia, la confianza en sí misma/o, los conocimientos, los recursos económicos,
entre otros, utilizados para defender y hacer realidad deseos e intereses. No obstante,
estas fuerzas personales están determinadas por el lugar social que se ocupe y el
valor social asignado según el sexo, la clase social, la etnia u otras
condiciones asociadas a las múltiples formas de discriminación
(interseccionalidad). Por eso, se requiere de un conjunto de estrategias para
hacer efectivo el ejercicio del poder en aquellas personas o grupos sociales en
condiciones de desigualdad. 152
152 INAMU (2001)
Sentir, Pensar y Enfrentar la Violencia Intrafamiliar.
La estrategia del
empoderamiento ha sido considerada una herramienta clave para el fortalecimiento
de las capacidades y autonomía de las mujeres. Para Lagarde, el empoderamiento
consiste en ". el proceso a través del cual cada mujer se faculta se habilita y
se autoriza. Esto es relevante debido a la constante desautorización de las mujeres
y a las dificultades que el mundo nos presenta para habilitarnos, es decir para
capacitarnos, sentirnos y ser capaces, y para facultar, es decir para tener la
facultad o el poder de hacer cosas y de vivir con autoridad, es decir valoradas
y reconocidas." 153
153 Lagarde y de
los Ríos Marcela. Vías para el empoderamiento de las mujeres. Proyecto Equal
I.O metal, p. 5 174 Bidegain Ponte Nicole (2017) La Agenda 2030 y la agenda
regional de género, op. cit.
El empoderamiento
de las mujeres vincula procesos individuales y colectivos, que posibilitan
transformaciones en la distribución de los recursos materiales y simbólicos, y en
las oportunidades, así como el fortalecimiento de las capacidades y el
incremento del poder para la toma de decisiones y el ejercicio de la ciudadanía
en democracia e igualdad efectiva.
El ejercicio de
la ciudadanía de las mujeres ha posibilitado el empoderamiento e incidencia para
la definición de estrategias y mecanismos, con el fin de avanzar en la
transformación de los nudos de las desigualdades. Por otra parte, al reducirse
las brechas de estas desigualdades permite a las mujeres ejercer su autonomía
entendida como ". la capacidad para tomar decisiones libres e informadas
sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias
aspiraciones y deseos." (CEPAL, p 24),174 es decir, desde una mirada que
integra e interrelaciona lo individual y lo colectivo. Un concepto de poder que
pone énfasis en relaciones desde el ejercicio de un liderazgo compartido, colaborativo
y transformador.
Este nuevo tipo
de liderazgo de las mujeres construye alianzas políticas para enfrentar las diversas
formas de discriminación. Estas nuevas alianzas posibilitan como base de la sororidad,
potenciar la fuerza y generar acciones a favor de la igualdad y los derechos humanos.
En ese sentido,
en el diseño y ejecución de una política para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, es preciso tener presente los nudos relacionados en la desigualdad existente
en torno a la distribución del poder, de los ingresos y del tiempo que limita
el empoderamiento, así como las autonomías de las mujeres, al existir un trato
diferenciado injusto en el ejercicio de sus derechos humanos.
Es así como que
desde la institucionalidad pública es necesario contribuir con esos cambios,
tal y como lo plantea Lagarde ".En la cultura el empoderamiento se concreta en
el cambio de las mentalidades colectivas de mujeres y hombres y en los
discursos y las prácticas de instituciones sociales, civiles y estatales. El
cambio está cifrado en la aprobación y el apoyo al avance legítimo de las
mujeres y de nuestras aspiraciones al desarrollo, al bienestar, a la
participación y al goce de nuestros derechos y libertades." En los procesos de
participación política, las mujeres no han alcanzado aún suficiente presencia y
poder en puestos de decisión política representativa y de liderazgo en el nivel
nacional, provincial, cantonal, ni en los espacios de decisión y de
representación colegiada, ni en colectivos de organización comunal, social,
política partidaria, juntas directivas de instituciones públicas u otras
similares. De manera que aún, la toma de decisiones paritarias con los hombres
sigue siendo un reto.
Por lo anterior,
la democracia paritaria como contexto apropiado para el desarrollo de los derechos
de mujeres y hombres en el plano político representativo requiere:
. Estructuras partidarias y un sistema de
partidos inclusivo con mecanismos adecuados que garanticen la igualdad efectiva
y la no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto a las diversidades.
. Desarrollo de las capacidades de
organización, incidencia y auditoría social por parte de las organizaciones de
mujeres y mixtas.
. Fortalecimiento de normativa y políticas
internas que garantice de forma efectiva procedimientos y prácticas institucionales
orientadas a una democracia paritaria en los partidos políticos.
a) OBJETIVO
DEL EJE 4:
. Fortalecer a las mujeres en su
empoderamiento personal, liderazgo individual y colectivo, el autocuidado y su
bienestar para la ciudadanía plena y el logro de la igualdad efectiva.
b) Resultados esperados al 2030
19. Aumentan servicios institucionales de
promoción, formación y educación para el empoderamiento personal, autocuidado y
bienestar de las mujeres.
20. Aumentan las niñas y mujeres adolescentes
que se empoderan en torno al ejercicio de los derechos humanos
21. Aumentan los colectivos autónomos de mujeres
que promueven el ejercicio y la exigibilidad de sus derechos para la igualdad
efectiva.
22. Aumentan las mujeres con mayores
conocimientos y competencias en el ejercicio de su liderazgo para el desempeño
de sus funciones y el impulso de agendas de la igualdad efectiva.
23. Aumentan las mujeres con formación en
igualdad efectiva, derechos de las mujeres e igualdad de género para su
participación y postulación a estructuras de toma de decisión
24. Aumentan las mujeres en paridad con los
hombres en puestos de elección popular y de designación en todos los Poderes
del Estado, instituciones e instancias gubernamentales y municipales.
25. Aumentan las mujeres en paridad con los
hombres, en todas las estructuras de toma de decisiones y puestos de los
partidos políticos y en las organizaciones sociales y gremiales.
Gestión
pública de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva 2018-2030
Para el
cumplimiento de la Política, plasmada en los cuatro ejes estratégicos, se
requiere de la coordinación entre las instituciones públicas de los Poderes de
la República presentes en el país; así como de la colaboración en este proceso,
de organizaciones sociales interesadas y del sector privado empresarial.
Para ello, es
necesario el compromiso y fortalecimiento de las instancias de coordinación ya
existentes y que han funcionado hasta la fecha en la implementación de la PIEG.154
Se propone adicionalmente, un cambio sustantivo en el estilo de gestión, que
permita a la Política una trazabilidad efectiva en todos los niveles de acción
pública: nacional, regional, territorial y local, con el objetivo de acercarse
a las demandas y necesidades particulares de las mujeres, por lo que se debe
incidir en las instancias de coordinación interinstitucional existentes en esos
niveles y en las propiamente locales, creadas y en funcionamiento.
154 Véase Decreto
Ejecutivo decreto ejecutivo número 34729 (La Gaceta N| 179 del 17 de setiembre
del 2008) de Coordinación y estructura de la PIEG. Por otro lado, como parte
del cierre de la PIEG 2007-2017, se realiza una evaluación del Modelo de
Gestión, que nos brinda elementos para mejorar el funcionamiento de dichas
instancias de coordinación. Asimismo, se toman en consideración en este
documento, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República en el informe de auditoría de la PIEG -DFOE-SOC-IF-12-2015.
Instancias
de coordinación
La coordinación y
seguimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva de Género es
responsabilidad del Instituto Nacional de las Mujeres, según se establece en la
ley de creación del INAMU (ley 7801). Y la implementación o ejecución de esta,
es responsabilidad de diferentes instancias, Poderes de la República,
instituciones y empresas públicas y sector descentralizado territorial
(municipalidades).
Para poder
cumplir con los cuatro ejes estratégicos de la Política y sus resultados, es necesario
generar condiciones para la articulación y coordinación entre los diferentes actores
y responsables de la gestión, según niveles de responsabilidad: coordinación, implementación,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
De esta forma, es
necesario contar con mecanismos de gestión que lo hagan posible, apostando como
principio básico a la concertación, la construcción, fortalecimiento de coaliciones
y trabajo conjunto entre las instituciones, instituciones-sociedad civil y el impulso
de alianzas público-privadas, en el nivel central y regional-local.
Instancia
de Nivel Político
La conducción
política de la PIEG es fundamental para el logro de los resultados planteados.
Esto significa que la Política y sus planes de acción se convierten en una prioridad
del Estado y de las diferentes administraciones de gobierno, en el período
2018-2030.
Para ello se
conforma una instancia de alto nivel denominada Comisión de Alto Nivel Político
con participación de autoridades del Poder Ejecutivo (Ministerio de Educación Pública,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Rectoría del Sector Social,
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, de igual manera se hace una excitativa a la Asamblea Legislativa, al
Poder Judicial al Tribunal Supremo de Elecciones y a las Municipalidades para
que nombren sus representantes en calidad de asesores o consultores en este
nivel. Su función principal es dar seguimiento, apoyo e incidencia política
para el avance en el cumplimiento de los resultados de la PIEG y sus planes de
acción.
Tal y como se
señala en el documento de la PIEG 2007-2017, la función principal de esta instancia,
es que sea una estructura permanente de acompañamiento para el avance del cumplimiento
de la Política, y que puede ampliarse con la presencia de autoridades de sectores
e instituciones claves para su implementación. En la misma línea, construir estrategias
de articulación y coordinación, respetando la autonomía de cada poder.
Instancia de
nivel técnico central
La coordinación y
articulación interinstitucional es clave para la consecución de los resultados
de la Política. Para ello, se cuenta con una instancia de coordinación técnica denominada
Comisión Técnica Interinstitucional, liderada por el Instituto Nacional de las Mujeres
y conformada por representantes de instituciones y sectores vinculados con la implementación
de la Política
Esta instancia es
un órgano intermedio en la estructura de coordinación de la PIEG y está integrada
por una persona representante de cada una de las instituciones y/o sectores que
ejecutan la PIEG (enlaces), y según el siguiente perfil:
. Ser parte del mecanismo de igualdad y
equidad de género de la institución
. Con conocimientos del enfoque de género y
derechos humanos de las mujeres.
. Con conocimientos de los distintos ámbitos
de acción y normativa que regulan su propia institución.
. Con posibilidad de coordinación
institucional, principalmente en el nivel de la planificación institucional e
interinstitucional.
. Con habilidades comunicativas, que permitan
el diálogo, la mediación, negociación.
La Comisión
Técnica Interinstitucional en pleno se reunirá cada dos meses, según propuesta
de calendario anual aportado por la Secretaría Técnica de la PIEG.
La Comisión
Técnica Interinstitucional de la PIEG tendrá las siguientes funciones:
. Discutir sobre asuntos relevantes derivados
de la ejecución y seguimiento de la PIEG.
. Definir y aprobar las propuestas
metodológicas para elaboración de los planes de acción y de las políticas PIEG.
. Revisar, discutir los informes de
seguimiento presentados por la Secretaría Técnica, derivados de la
consolidación de informes anuales.
. Definir estrategias para la incorporación de
los planes de la PIEG en el quehacer de la planificación institucional (POA,
PAO, POI) u otros mecanismos.
. Emitir recomendaciones sobre el avance de
los resultados de planes y de la PIEG en su conjunto para ser remitidos a la
Comisión de alto nivel político de la PIEG.
. Ser enlace técnico de la institución en la
PIEG
. Establecer coordinaciones dentro de la
institución para la ejecución y seguimiento de las responsabilidades asumidas
en la PIEG, incluyendo las dependencias regionales-locales.
. Participar activamente en la reuniones de la
Comisión Técnica Interinstitucional de la PIEG
. Coordinar con la Secretaría Técnica lo concerniente
al seguimiento de la PIEG y sus planes de acción.
Instancias
de nivel regional-local
Los Consejos
Regionales de Desarrollo -COREDES- son instancias regionales que coordinan y
articulan políticas, planes, programas y proyectos institucionales e interinstitucionales,
mediante la participación activa de los diferentes segmentos involucrados en el
desarrollo del espacio regional. (Decreto Ejecutivo Nº 39453-MP-PLAN de 14 de
octubre de 2015). Estas serán las instancias en el ámbito regional encargadas
de implementar los compromisos de la Política Nacional para la Igualdad
Efectiva de Género (PIEG), y en el ámbito cantonal serán los Consejos
Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI). Estas instancias de
coordinación elaborarán planes de trabajo, de acuerdo a los compromisos
inscritos en la Política y darán seguimiento a su cumplimiento.
Por otra parte,
los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, serán las instancias en el ámbito
rural encargados de desarrollar planes de desarrollo territorial rural que
incluyan los compromisos de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva de
Género (PIEG).
La estrategia de
regionalización de la política establecerá una mayor precisión en torno a la
ejecución de los planes de acción para cada período y sus responsables.
Secretaría
Técnica de la PIEG
El Instituto
Nacional de las Mujeres es el encargado de la coordinación de la Política, así como
del seguimiento y evaluación. Para ello cuenta con una dependencia denominada Secretaría
Técnica de la PIEG.
Las funciones de
la Secretaría Técnica son:
. Diseño y puesta en marcha del sistema de
información y evaluación PIEG: elaboración de informes, balances, actualización
de indicadores, evaluación.
. Gestión operativa de la Comisión Técnica:
convocatorias, agendas, acuerdos y su seguimiento
. Elaboración y presentación de los informes
de seguimiento, balances y evaluación de la PIEG a la Presidenta Ejecutiva
INAMU.
. Diseño y ejecución de estrategias de
coaliciones de apoyo para la ejecución y seguimiento de la PIEG, con
instituciones estatales, sector privado y sociedad civil.
. Elaborar e implementar estrategias de
divulgación de la Política y resultados de sus planes de acción.
. Coordinar los procesos de elaboración de la
Política y sus planes de acción.
Estas seis instancias
constituyen la estructura de funcionamiento y coordinación para la ejecución y
seguimiento a los planes de acción y a la política (PIEG) misma.
Seguimiento y
evaluación del cumplimiento de resultados de la Política
El INAMU como
entidad coordinadora de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de género,
establecerá un sistema de información para el seguimiento de la gestión y evaluación
del cumplimiento sustantivo de los resultados que se propone la política, y se organizará
en torno a módulos que serán correspondientes con cada uno de sus ejes estratégicos.
De manera
permanente, el sistema de información de la PIEG brindará y recibirá información
relacionada con dicho cumplimiento, así como también deberá someter sus indicadores
de resultado a una permanente retroalimentación de las instituciones, organizaciones
y ciudadanía en general. En otras palabras, el sistema de información se constituye
en un "observatorio" permanente de avances, retrocesos, dificultades y logros de
la PIEG, de carácter simple y de fácil acceso.
Este sistema de
información contará con dos tipos de indicadores para el seguimiento y la
evaluación de los objetivos: a) indicadores de resultado (efectos-impacto). Se
definen en función de las metas del período que cubre la PIEG: b) indicadores
de proceso (productos-servicios). Aluden al conjunto de procesos de trabajo
necesarios para el cumplimiento de cada eje y los resultados esperados. Ambos
requieren partir de líneas bases relativas a la situación social que se debe
transformar, y son parte sustantiva de cada plan de acción.
La Secretaría
Técnica de la PIEG es responsable de la actualización de los indicadores de resultado
cada 5 años. Los indicadores de resultado de la PIEG buscan comparar cuantitativa
o cualitativamente los objetivos propuestos con los resultados logrados, por lo
que deben mostrar de una u otra forma, los beneficios obtenidos con el impulso
de la política, y ser accesibles a la ciudadanía y a las instancias
competentes.
Estos indicadores
contemplan dos niveles principales de análisis: uno en el que se muestran sus
impactos directos sobre las personas; otro, que atañe a las brechas, en el que
se miden aquellas distancias entre mujeres y hombres que tienen por base las desigualdades
existentes entre ambos, con el fin de ir monitoreando si se acortan o no.
Coordinaciones
y alianzas para el seguimiento a la gestión de la PIEG
Todas las
instituciones que forman parte del Sector Social del Gobierno y especialmente aquellas
con compromisos en la PIEG, como aliadas estratégicas, deberán coadyuvar con este
sistema de información, aportando resultados actualizados de sus estudios o encuestas
específicas vinculadas con algún indicador de resultado que sea parte del Sistema
de información, así como, aportando los registros administrativos de su gestión
ordinaria los cuales deberán, al menos, estar desagregados por sexo.
En el caso de
instituciones que no pertenecen al Sector Social, o bien sean de otros Poderes
de la República, se faculta al INAMU para que establezca alianzas o convenios específicos
con los departamentos de estadísticas correspondientes para tal fin.
Una vez obtenida
y sistematizada la información por parte de la Secretaría Técnica de la PIEG,
se la analizará en conjunto con la Comisión Técnica Interinstitucional, cuyo
informe final servirá de insumo para la de la oportuna toma de decisiones.
En relación con
el seguimiento desde la ciudadanía al cumplimiento de la Política, se instruye
a las instituciones del Sector para que, en conjunto con el INAMU, convoquen Foros
nacionales para balance de mitad y final de periodo en torno a la PIEG, teniendo
como base la información ya sistematizada por la Secretaría Técnica y mediante la
convocatoria a representantes de los Poderes de la República y del Tribunal
Supremo de Elecciones, Unidades de género, Oficinas municipales de la mujer,
entes contralores, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales diversas
de la sociedad civil, la Defensoría de los Habitantes, universidades estatales
y el sector empresarial y cooperativo del país.
Previamente, la
Secretaría Técnica convocará y llevará a cabo en coordinación con el Comité
Técnico Interinstitucional, Foros regionales de avance y cumplimiento de la
PIEG, a mitad y al final del período establecido para la ejecución de la
Política, teniendo en cuenta los mismos insumos y la misma composición de
actores durante su convocatoria. El Foro Nacional deberá retomar las
principales recomendaciones e inquietudes salidas como resultado de la
participación ciudadana en las distintas regiones del país.
Vinculación
de la Política y sus planes de acción
El seguimiento a
la gestión más operativa de la PIEG es posible mediante el diseño técnico y la
inclusión de oficio de indicadores de proceso en los planes de acción de las
políticas que sucesivamente deberán de darse y que abarcarán un período de
entre 3 y 4 años de gestión. Las acciones, indicadores y metas comprometidas
por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo y en especial del Sector
Social del gobierno, deberán incorporarse en cada uno de los Planes Operativos
institucionales previstos para dicho período, con el fin de dotarlos de
recursos técnicos y financieros que hagan posible que las acciones se cumplan y
por ende, que se contribuya a la obtención de los resultados allí previstos.
Estos planes de acción tendrán su seguimiento anual y de período y manejarán un
conjunto de indicadores de proceso que coadyuva con el resultado esperado en
los indicadores de la PIEG.
Evaluación
de la PIEG 2018-2030
Con el fin de
mejorar los efectos esperados de las estrategias que supone la puesta en práctica
de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva de Género, se llevarán cabo
al menos dos evaluaciones externas comprehensivas de los programas o acciones estratégicas
que la integran, así como de su modelo de gestión según objetivo planteado.
El INAMU, en
coordinación con MIDEPLAN y el INEC se encargará de que se ejecute una evaluación
intermedia al cumplirse cinco años de ejecución de la política y una evaluación
final sobre el cumplimiento de la Política, al menos seis meses después de que
esta finalice.
El diseño y los
criterios iniciales para estos procesos evaluativos deben seguir la normativa establecida
por las entidades rectoras de los Poderes de la República que participan de este
proceso, procurando hacer un conjunto compatible de procedimientos.
Los resultados de
la evaluación intermedia deberán procurar orientarse hacia la mejora en la
ejecución de la política, mientras que los resultados de la evaluación final
deberán contribuir, además, en la formulación de la nueva política.
Las
actualizaciones sucesivas de los indicadores de resultado de la PIEG, serán
parte integral y complementaria de dichas evaluaciones.
En relación con
el avance y cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva de
Género, se emitirán los siguientes informes oficiales:
. Informe de actualización de indicadores de
resultado. Al menos tres
durante el período establecido para la ejecución de la política: el primero
considerado como línea base, al inicio; el segundo a mitad de período para
sustentar las evaluaciones formativas, intermedia o de progreso de la política
y una actualización final para complementar los resultados de la evaluación del
cumplimiento de la PIEG. La coordinación y la gestión de estos estudios de actualizaciones
serán resorte de la Secretaría Técnica de la PIEG.
. Informe de evaluación intermedia o formativa, que contiene un conjunto de recomendaciones
sugeridas para avanzar o corregir el rumbo de la política PIEG. Esta evaluación
será gestionada por el INAMU en el marco de la Comisión Técnico
Interinstitucional y sus resultados y recomendaciones los presentará y dará a
conocer públicamente la Comisión Política de Alto Nivel de la PIEG.
. Memoria de Foro Nacional para el Balance del cumplimiento de la PIEG
por parte de la ciudadanía. Se editarán al menos dos memorias una a medio período
y otra al final de la ejecución de la política.
. Informe de evaluación final de la PIEG. El INAMU gestionará la ejecución de una
evaluación final externa de la política, y la Comisión Política de Alto Nivel presentará
al país sus resultados finales.
. Otros reportes que se requieran para
procesos de auditoría, contraloría o elaboración de informes sucesivos de
Estado, se emitirán oficialmente por la Secretaría Técnica de la PIEG a cargo
del INAMU.
Sistema de
seguimiento de los planes de acción
Para el
seguimiento de cumplimiento de los planes de acción se utiliza el sistema de información,
seguimiento y evaluación específicos para estos planes, con el fin de dar cuentas
sobre la gestión y cumplimiento de las metas y resultados previstos en los
planes y sus objetivos estratégicos.
El sistema de
información recibe y brinda información relacionada con el cumplimiento de las
distintas acciones institucionales comprometidas y somete los indicadores de
los distintos niveles (operativos o de proceso, de resultado y, de impacto)
presentes en la PIEG y sus planes de acción, a una constante retroalimentación
y actualización de parte de las instituciones, las organizaciones y ciudadanía
involucradas. Este sistema permite visualizar avances, retrocesos,
estancamientos, dificultades y logros de la PIEG y sus contribuciones al cierre
de brechas de género en el país y deberá estar conectado con el sistema de indicadores
nacionales establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Este Sistema de
información, seguimiento y evaluación de los planes de acción comprende:
1. Cuadros generales plurianuales con los
objetivos, resultados, acciones, metas e indicadores de cada uno de los Planes
de Acción PIEG y su anualización.
2. Instrumental para la recolección de
información periódica de avance en los indicadores de resultado y operativos o
de proceso contenidos en cada Plan de Acción de la PIEG que incluye: a. La
ficha técnica del indicador.
b. La matriz de
recolección de información periódica semestral y anual de avance en las metas
operativas del Plan PIEG.
c. El cuadro de
valoraciones técnicas asociadas al seguimiento de indicadores de proceso
(anuales) y de resultado (plurianual) de los Planes de Acción.
3. Estructura básica y de contenido de los
distintos tipos de informes derivados y asociados tanto al avance anual y
plurianual de cada Plan de Acción, como de avances, retroceso o estancamientos
en los objetivos de la PIEG. Los tipos de informes y reportes generados por
este Sistema de información PIEG son:
4. Informes
anuales: Las instituciones
con responsabilidades en la ejecución de las acciones del plan presentarán al
INAMU un informe anual acerca del avance en su cumplimiento a partir del
indicador definido y de las metas anuales establecidas. Para ello se cuenta con
una matriz con su respectiva guía.
Informe anual
consolidado: El INAMU
elabora un informe consolidado anual a partir de los informes entregados por
las instituciones, que dará cuenta de los avances y rezagos en el cumplimiento
del plan. Este informe es revisado y aprobado por la Comisión Técnica
Interinstitucional y servirá de insumo a la Comisión de Alto Nivel Político
para la toma de decisiones.
Balances
plurianuales de cumplimiento: Se elaboran al término de cada Plan de Acción PIEG y a partir de los
indicadores de resultado definidos para cada objetivo de la PIEG. Para ello el
INAMU elabora un informe que incluye el avance del plan de acción que ha
terminado y una actualización de la base de datos de los indicadores de
resultado de la política PIEG en su conjunto, como insumo privilegiado para la toma
de decisiones de mediano y largo plazo. Se utiliza la escala de valoración del Plan
Nacional de Desarrollo.
5. Foros
nacionales balance mitad y final de periodo: El INAMU organizará foros de discusión con los resultados de los
balances y cierre de planes de acción, con participación de representantes de
instituciones y organizaciones de la sociedad civil y de mujeres y otros
actores sociales.
6. Para efectos del seguimiento de los planes
de acción se realiza el siguiente procedimiento:
❙ Las instituciones ejecutoras elaboran un informe de cumplimiento de sus
responsabilidades, según matriz aprobada por las instancias técnica y política.
Este informe se elabora de forma anual y se entrega a la Secretaría Técnica de
la PIEG, la primera semana del mes de febrero de cada año.
❙ La Secretaría Técnica revisa los informes y elabora un consolidado
anual, tomando en cuenta también información relevante, actualización de indicadores
y avance en el cumplimiento de las metas del plan respectivo.
Este informe
consolidado debe elaborarse para el mes de marzo de cada año.
❙ El informe se revisa y discute en el seno de la Comisión Técnica
Interinstitucional y se organiza según los principales resultados para ser
presentado a la instancia de alto nivel político.
❙ Se presenta a la instancia de alto nivel político en el mes de abril
y esta revisa y discute los resultados de los informes y emite lineamientos
o directrices a las instituciones según corresponda.
❙ Se realizarán balances bianuales y finales, según el mismo
procedimiento de los anuales, y con valoración de cumplimiento según escala de
Plan Nacional de Desarrollo.
❙ Se realizan actividades de divulgación a la ciudadanía tales como
foros, mesas de diálogo y discusión, elaboración de boletines y otros.
❙ La actualización de los indicadores de resultado es una tarea
importante para el seguimiento, ya que posibilita visualizar el avance o
retroceso en el cumplimiento de resultados, y para la toma de decisiones
oportunas y adecuadas.
Alianzas
público-público y público-privadas y la apuesta a regionalización de la
Política
La puesta en
marcha de diversas estrategias de articulación para el logro de la igualdad efectiva
de género, en el marco de la Política, es esencial para el avance en el cumplimiento
de los resultados planteados. Es así como diversos actores son convocados a
participar en la ejecución de acciones para cada uno de los ejes propuestos, de
acuerdo a su diversidad en cada una de las regiones. Es decir, autoridades,
sectores, instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil, avanzan
hacia una convocatoria nacional, para contribuir a los resultados de la
Política de acuerdo a su campo de acción y la incidencia en los diferentes
ámbitos: central, regional, local.
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