Artículo 2º-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº 8131 y 15 de su Reglamento, es responsabilidad de la máxima autoridad de cada ministerio, órgano desconcentrado y entidad, velar por el cumplimiento de estas directrices.

Artículo 3º-La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en adelante STAP, con fundamento en las atribuciones legalmente conferidas, solicitará la información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 4º-Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados deberán utilizar como base para la GpRD, el documento denominado "Marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica", elaborado por MIDEPLAN y el MH, conforme con lo que establece la Directriz Nº 093-P de Gestión para Resultados en el Desarrollo publicada en La Gaceta Nº 231 del 06 de diciembre del 2017 y cualquier otra normativa técnica o jurídica relacionada, que al efecto se emita.

Artículo 5º-Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, cubiertos por el ámbito de la AP, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, serán responsables de garantizar que se cuente con los recursos presupuestarios para la formulación de sus presupuestos, para el cumplimiento de las prioridades, objetivos, estrategias y metas fijadas de corto, mediano y largo plazo en los instrumentos del PNDIP y su Plan de Acción, Planes Estratégicos Institucionales en adelante PEI y los Planes Operativos Institucionales en adelante POI, de manera que exista una adecuada articulación Plan Presupuesto en el marco de la GpRD.

Artículo 6º-Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, para la formulación de sus PEI, deberán atender lo dispuesto por el MIDEPLAN, mediante la Guía "Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional" disponible en el sitio web de MIDEPLAN.

Artículo 7º-En el proceso de articulación Plan Presupuesto a desarrollar mediante el POI, las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados presentarán la Matriz de Articulación Plan Presupuesto, en adelante MAPP, o los instrumentos que se definan para tal efecto y que servirán como insumo al Ministro Rector para que este dictamine la vinculación con el PNDIP. La MAPP será verificada por el MIDEPLAN, quien remitirá copia al MH y a la Contraloría General de la República, en adelante CGR, según corresponda, cuando tenga el dictamen de vinculación.

Artículo 8º-Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, deberán promover el fortalecimiento de las Unidades de Planificación Institucional, en adelante UPI, con el recurso humano existente en la institución, para fortalecer los procesos y pilares de la GpRD, promover la calidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Asimismo, se debe facilitar que las UPI actúen como instancias articuladoras de la gestión institucional y de las Secretarías Sectoriales.

CAPÍTULO II

Sobre materia presupuestaria

Artículo 9º-Los ministerios, órganos desconcentrados y entidades descentralizadas del Sector Público No Financiero que se encuentran en el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, deberán atender lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda de conformidad con lo ordenado en el Título IV (Responsabilidad Fiscal de la República) de la Ley N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, su reforma y su Reglamento.

El MH, atendiendo lo dispuesto en los artículos 176 y 177 de la Constitución Política, 32 y 35 de la Ley Nº 8131, 38 de su Reglamento y sus reformas, comunicará a los ministerios a más tardar el 15 de abril del 2019, los límites de gasto para el año 2020, determinados según los parámetros establecidos en el párrafo anterior.

Artículo 10.-Para las entidades públicas financieras no bancarias, el gasto presupuestario máximo del año 2020, se establecerá con base en la proyección de ingresos totales 2020 (corrientes, capital y financiamiento), definida por dichas entidades públicas en coordinación con la STAP.

Para el cálculo de los ingresos se utilizará como insumo la serie histórica del periodo 2015-2018, así como la estimación de ingresos para los años 2019-2020.

La proyección de ingresos debe ser remitida a la STAP, a más tardar los primeros cinco días hábiles del mes de abril del año 2019.

Los montos del gasto presupuestario máximo resultantes, serán comunicados por la STAP a más tardar el 30 de abril del 2019.

Artículo 11.-Las entidades públicas financieras no bancarias dentro del ámbito de la AP, podrán solicitar modificaciones al gasto presupuestario máximo. Las ampliaciones proceden cuando tengan ingresos adicionales (transferencias, superávit libre y específico, entre otros) a los contemplados en el artículo 10 de estas Directrices.

Artículo 12.-La STAP podrá modificar el gasto presupuestario máximo de las entidades públicas financieras no bancarias.

Para el caso de ampliaciones de gastos que se financien con superávit libre o superávit específico, la ampliación se realizará mediante Decreto Ejecutivo.

En ambos casos, la STAP comunicará mediante oficio el nuevo gasto presupuestario máximo.

No se tramitarán solicitudes de ampliación del gasto para financiar la elaboración, cambios e implementación de Manuales Institucionales de Clases de Puestos.

Artículo 13.-Para las Entidades Públicas Financieras No Bancarias que ingresen al ámbito de la AP y que por primera vez formulen sus presupuestos, el gasto presupuestario máximo se definirá una vez que se cuente con el presupuesto del siguiente ejercicio económico.

Para aquellas Entidades Públicas Financieras No Bancarias que ingresen al ámbito de la AP y que desde años anteriores hayan iniciado sus actividades, el gasto presupuestario máximo se definirá aplicando la metodología indicada en el artículo 10 de estas directrices.

Artículo 14.-Los ministerios, instituciones y órganos desconcentrados incluidos en la Directriz Nº 045-MP y su reforma, publicada en La Gaceta Nº 128 del 04 de julio del 2016, que desarrollan programas dirigidos al desarrollo humano e inclusión social, deberán utilizar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), como una herramienta de medición e información para la asignación de recursos en los presupuestos, así como de seguimiento y evaluación de los programas sociales.

Artículo 15.-Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, para la formulación de sus presupuestos, deberán considerar además de las disposiciones contenidas en las presentes Directrices, las prioridades y metas del PNDIP y su vinculación con el presupuesto, de manera que se refleje en el cumplimiento de las metas programadas.

También deberán incluir los recursos necesarios para realizar las evaluaciones establecidas en la Agenda Nacional de Evaluaciones (ANE) del PNDIP 2019-2022, cuando corresponda, y para atender las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación.

Artículo 16.-Los ministros rectores y ministerios concedentes de recursos y transferencias, deberán remitir la información y atender los requerimientos en relación con la medición de la vigilancia y seguimiento de los recursos que transfieren, conforme a lo que disponga la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), en las Directrices y Lineamientos sobre la Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto y cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Artículo 17.-Los ministerios en la formulación de sus presupuestos deberán valorar la continuidad de la asignación de las transferencias, asignadas a sus órganos desconcentrados considerando los recursos que disponen y el cumplimiento de metas.

Artículo 18.-La Tesorería Nacional, en adelante TN, solicitará a los entes concedentes de las transferencias presupuestarias, la programación de flujo de efectivo que presentan las entidades beneficiarias y asignará los recursos conforme a la situación fiscal del país, al comportamiento real de los ingresos según fuente de financiamiento, la ejecución de los recursos de acuerdo con las liberaciones que establezca la DGPN, las disponibilidades de saldos en Caja Única, las declaraciones juradas de los compromisos contraídos, la no generación de superávit libre y el monto requerido para hacer frente al cierre del periodo, así como las proyecciones de ingresos y gastos.

Artículo 19.-Las entidades públicas y órganos desconcentrados que se financien con recursos provenientes de transferencias del Presupuesto de la República y que tienen capacidad legal para cobrar por los servicios que prestan, cuando el marco legal lo permita, deberán establecer precios y tarifas que contribuyan a reducir gradualmente su dependencia del Presupuesto de la República.

Artículo 20.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, de conformidad con la política de Gobierno, PNDIP y lo establecido por el MIDEPLAN, en los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto de inversión, así como el seguimiento físico y financiero, en las obras de infraestructura y servicios relacionados, deberán dar prioridad en su orden, a lo siguiente:

. El mantenimiento de la inversión existente.

. Las obras que se encuentran en ejecución.

. Los proyectos de obra nueva que cuenten con los estudios de preinversión completos según el tipo de proyecto.

. Estudios de preinversión y diseños finales de proyectos nuevos, así como los contemplados en el PNDIP.

Artículo 21.-Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, en lo referente a los gastos de capital orientados a proyectos de inversión, destinados a la creación, ampliación o conservación de los bienes de capital del país, deberán inscribirlos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, en adelante BPIP de MIDEPLAN y aportar la información de seguimiento requerida en el anexo publicado en la página electrónica de ese Ministerio.

Artículo 22.-Los ministros rectores serán responsables de garantizar que en la formulación de los presupuestos de los órganos desconcentrados se incluyan solo aquellos proyectos que cuenten con el código asignado por el BPIP de MIDEPLAN, dispongan de los recursos financieros y técnicos necesarios para su ejecución y sean prioritarios según el PNDIP vigente; además, deberán cumplir con los lineamientos y directrices establecidos por dicho Ministerio.

Las Unidades de Planificación Institucional y los Departamentos Financieros serán los responsables a nivel institucional de verificar la consistencia entre los montos incluidos en el presupuesto, la etapa que se desarrollará con dichos recursos y el alcance de lo que se pretenda ejecutar, con la información registrada en el BPIP.

Artículo 23.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, deberán implementar acciones tendientes a incrementar los niveles de ejecución, tanto física como financiera de los proyectos de inversión.

Artículo 24.-Los ministerios en los anteproyectos de presupuesto, deberán eliminar de su relación de puestos, aquellas plazas que no cuenten con la aprobación de la AP, aun y cuando hayan tenido contenido presupuestario en el periodo inmediato anterior.

En su defecto, la DGPN deberá realizar la eliminación de las plazas en el proceso de formulación del Presupuesto de la República, con base en el acuerdo emitido por la AP.

Una vez publicada la Ley de Presupuesto de la República, la DGPN deberá remitir a más tardar el 15 de enero del año siguiente, un informe a la STAP, donde se detalle el número y clasificación de los puestos eliminados.

Artículo 25.-Los órganos desconcentrados deberán incorporar en el presupuesto ordinario los recursos provenientes de superávit acumulado, asignándolos en los gastos donde la normativa lo permita, con el objetivo de lograr un uso eficiente de dichos recursos y se disminuya la dependencia de los recursos de Gobierno Central.

Corresponderá a los ministerios verificar que sus órganos desconcentrados hayan atendido lo dispuesto en el párrafo que antecede.

CAPÍTULO III

Sobre inversiones financieras

Artículo 26.- Las entidades públicas bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria trasladarán la totalidad de los recursos públicos a cuentas de la entidad dentro de la Caja Única del Estado, independientemente del instrumento financiero (cuenta bancaria y/o inversiones) en que se encuentren esos recursos públicos, salvo que exista normativa superior en contrario.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42267 del 11 de marzo del 2020)

Artículo 27.- La Tesorería Nacional, en un plazo no mayor a un mes, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 74 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, redimirá anticipadamente la totalidad de las inversiones en títulos valores con el Ministerio de Hacienda, que mantengan las entidades públicas bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y acreditará los montos, en cuentas de cada entidad, dentro de la Caja Única del Estado. Lo anterior, salvo que exista normativa legal en contrario.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42267 del 11 de marzo del 2020)

Artículo 28.- La Tesorería Nacional verificará que todas las entidades públicas bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria cumplan con lo ordenado en el artículo anterior, asimismo en caso de incumplimiento, deberá informar al Ministro de Hacienda.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42267 del 11 de marzo del 2020)

Artículo 29.- Las entidades públicas bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, salvo disposición legal en contrario, no podrán invertir, ni mantener recursos en ningún tipo de fondo de inversión, cuentas corrientes y cuentas de ahorro que se manejen como inversiones a la vista, cuentas con saldos pactados o en cualquier otra figura de depósito.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42267 del 11 de marzo del 2020)

Artículo 30.- Las entidades públicas bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria solo podrán tener cuentas en Caja Única del Estado, salvo autorización legal en contrario. La Tesorería Nacional con previa solicitud y justificación de la respectiva entidad, autorizará el uso de cuentas corrientes en la banca estatal, únicamente para garantías, cajas chicas y recaudación.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42267 del 11 de marzo del 2020)

CAPITULO IV

Sobre endeudamiento público

Artículo 31.-El Sector Público no Financiero, podrá mantener hasta un 35% del saldo total de su deuda interna en el Sistema Bancario Nacional.

Artículo 32.-La Dirección de Crédito Público, en adelante DCP, deberá comunicar a la AP, si la Política de Endeudamiento y cualquier propuesta de medidas tendientes a enfrentar y reducir el saldo y el servicio tanto de la deuda pública interna como externa, requiere de ajustes o actualización. En caso de generarse un ajuste o actualización, se procederá de conformidad con el artículo 83 de la Ley Nº 8131.

Artículo 33.-Los ministerios, entidades públicas y órganos desconcentrados deberán velar porque los proyectos de inversión a financiarse con endeudamiento público, estén contemplados en el PNDIP elaborado por MIDEPLAN, e inscritos en el BPIP con su respectivo código.

Artículo 34.-Los ministerios, entidades públicas y órganos desconcentrados deberán valorar en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el esquema en la estructuración de los proyectos de inversión que mejor convenga para el financiamiento y gestión, explorando la posibilidad de aplicación de esquemas de asociación público privadas entre otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 35.-Las entidades públicas y órganos desconcentrados que generen recursos provenientes de la venta de bienes y servicios y/o cooperaciones no reembolsables, cubrirán con estos los estudios de perfiles, prefactibilidad, factibilidad y diseños, así como los gastos de contrapartida local, que se requieran para la ejecución de proyectos financiados con endeudamiento.

Artículo 36.-Todo incremento en el costo de los proyectos de inversión, asociado a un mal cálculo y no a una extensión o modificación del proyecto deberá ser asumido por el ministerio, institución o entidad que lo presupuesta.

Artículo 37.-Con la finalidad de resguardar el ordenamiento presupuestario y atenuar el riesgo fiscal, las entidades públicas y órganos desconcentrados que generen recursos provenientes de la venta de bienes y servicios, que ejecuten proyectos financiados con endeudamiento en donde el Prestatario es el Gobierno de la República, deberán suscribir con el Ministerio de Hacienda un Convenio Subsidiario, en el que éstas asuman el pago de intereses y comisiones de administración, de supervisión y compromiso que generará el préstamo. Dicho convenio deberá estar suscrito previo a solicitarse el primer desembolso.

Artículo 38.-Con la finalidad de resguardar el ordenamiento presupuestario y atenuar el riesgo fiscal, las entidades públicas y órganos desconcentrados que soliciten la garantía estatal para ejecutar proyectos financiados con endeudamiento deberán suscribir un Convenio de Contragarantía con el Ministerio de Hacienda, que permita cubrir los riesgos fiscales a los que se expone el Gobierno con el otorgamiento de la garantía y reestablezcan parte del ahorro logrado en la tasa de interés pactada.

Artículo 39.-En las negociaciones de créditos tanto por parte de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, como de la DCP, se deberá procurar que la conformación de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión, se constituyan con el recurso humano existente y que sea atinente a la materia o que se capacite; de no contarse con personal idóneo suficiente, podrá complementarse con personal externo a la institución con la experticia requerida.

Artículo 40.-Una vez que el endeudamiento público obtenga validez jurídica, el Órgano Ejecutor deberá iniciar en un plazo no mayor a dos meses, la gestión correspondiente de incorporación de los recursos provenientes del endeudamiento al Presupuesto.

La incorporación de tales recursos se realizará en el momento en que se formule y se apruebe un Presupuesto Extraordinario de la República.

CAPÍTULO V

Sobre materia salarial

Artículo 41.-Los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, de las entidades cubiertas por el ámbito de la AP, serán valorados por este Órgano Colegiado.

Artículo 42.-Los incrementos salariales que disponga el Poder Ejecutivo, podrán ser aplicados a los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, una vez que se hagan extensivos por parte de la AP.

Artículo 43.-Las revaloraciones, modificaciones de escala, otros conceptos salariales, ajustes y aspectos técnicos, emitidos por la DGSC, cuando corresponda, podrán hacerse extensivos por parte de la AP, a las entidades homologadas y no homologadas, previa presentación a la STAP, del estudio técnico correspondiente, para el dictamen del Órgano Colegiado.

Artículo 44.-Toda entidad pública, ministerio u órgano desconcentrado para el caso de los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, amparados en normativa específica, contará con el respectivo manual institucional de clases de puestos y cargos y su correspondiente nivel salarial, atendiendo principios de racionalidad y austeridad, guardando consistencia entre la estructura organizacional, ocupacional y salarial.

Además, deberán formularse atendiendo la normativa existente en MIDEPLAN, sobre la conformación de unidades administrativas organizacionales y debe responder a la estructura organizativa aprobada por ese ministerio.

Artículo 45.-Las entidades públicas homologadas no podrán apartarse del sistema de clasificación y valoración de puestos del Régimen de Servicio Civil vigente.

Artículo 46.-El Manual General de Clasificación de Clases, Decreto Ejecutivo Nº 25592-MP y sus reformas, publicado en La Gaceta Nº 220 del 15 de noviembre de 1996, basado en el Estatuto de Servicio Civil; la Ley de Salarios de la Administración Pública, publicada en La Gaceta Nº 233 del 15 de octubre de 1957 y sus reformas; la Escala de Sueldos de la Administración Pública y los correspondientes índices salariales, constituyen los instrumentos básicos de referencia de la administración del potencial humano para el reclutamiento, selección, clasificación y valoración de puestos, entre otros.

Toda propuesta de modificación a los manuales institucionales de las entidades públicas homologadas y no homologadas al Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Régimen de Servicio Civil, deberá presentarse ante la STAP para verificar su consistencia salarial.

Artículo 47.-La propuesta salarial de las entidades públicas homologadas y no homologadas al Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Régimen de Servicio Civil, producto o no de nuevos manuales institucionales de clases o cambios de estos, siempre y cuando no conlleve reasignaciones y un aumento en el gasto, se someterá a conocimiento de la AP para que resuelva lo correspondiente.

La propuesta salarial presentada, no podrá superar los salarios base de las clases similares en naturaleza, funciones y demás factores de clasificación del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Régimen de Servicio Civil vigente, para lo cual deberán referenciarse al Manual de Clases Anchas.

Si dentro de la propuesta salarial existen puestos técnico operativos específicos, que debido a la especialización, naturaleza y funciones no pueden referenciarse al Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Régimen de Servicio Civil vigente, la entidad podrá presentar el estudio respectivo, sin superar los salarios base de los diferentes estratos de dicho Sistema; el cual será analizado por la STAP y lo someterá a la AP para dictaminar si procede la valoración salarial.

Para las entidades públicas homologadas y no homologadas, la STAP podrá solicitar a la DGSC, el criterio técnico sobre la propuesta del Manual Institucional de Clases de Puestos y su respectiva valoración.

Además, la propuesta salarial deberá guardar consistencia con la estructura orgánica y ocupacional, manteniendo la jerarquización de las clases.

En concordancia con el artículo 41 de las presentes Directrices, en las propuestas salariales derivadas de la elaboración o cambios en los manuales, no se podrán incluir los puestos de fiscalización superior, nivel gerencial y de confianza.

Artículo 48.-El gasto total que genera la implementación de la propuesta salarial del manual institucional, no podrá financiarse con recursos provenientes de superávit, préstamos y emisión de deuda.

Artículo 49.-A los puestos de servicios especiales se les aplicará el mismo sistema de clasificación y valoración utilizado para los de cargos fijos, siempre y cuando dichos puestos sean similares en naturaleza, funciones y demás factores de clasificación.

En caso de que los puestos de servicios especiales no reúnan las condiciones anteriormente citadas, las entidades podrán presentar a la AP para su valoración, la propuesta salarial correspondiente, respaldada por el estudio técnico respectivo, siempre y cuando no sobrepase los salarios base del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Régimen de Servicio Civil vigente.

CAPÍTULO VI

Sobre empleo

Artículo 50.-Las plazas por servicios especiales no se podrán convertir a plazas por cargos fijos.

Artículo 51.-Las plazas de las entidades públicas y órganos desconcentrados aprobadas por la AP, deben incluirse en la relación de puestos y contar con el contenido económico en su presupuesto.

En caso de no contar con contenido presupuestario deberán ser eliminadas.

Artículo 52.-No se le podrá variar la naturaleza a las plazas de confianza. Además, deberán estar acorde con la estructura organizacional aprobada por el MIDEPLAN. Si en una reestructuración organizacional se elimina una unidad o área donde se ubican puestos de confianza, estos deberán ser eliminados.

Artículo 53.-La AP durante el primer trimestre de cada año, comunicará a las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, la cantidad de puestos autorizados.

Artículo 54.-En aquellos casos en que exista contenido presupuestario en la Ley de Presupuesto de la República, para financiar posibles nuevas plazas para los ministerios y órganos desconcentrados, únicamente podrán utilizarse hasta que cuenten con la aprobación respectiva por parte de la AP.

Artículo 55.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados que cuentan con plazas docentes y policiales, no podrán utilizarlas para otro fin.

Artículo 56.-Cada plaza contará con un único código o número de puesto y en ésta solo se podrá nombrar a un funcionario, salvo en los casos de suplencia o sustitución en que se podrá nombrar a otro funcionario en el mismo código o  número de puesto para esos efectos.

Artículo 57.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, deberán eliminar los puestos vacantes que se generen por movilidad laboral voluntaria en aplicación del artículo 25 de la Ley Nº 6955, o por reestructuración organizacional, excepto cuando las vacantes se originen por cambios en el perfil del puesto que conllevan a homologaciones o modificaciones en los manuales vigentes.

En caso de que se aplique la movilidad laboral a un puesto de jefatura, la administración activa no podrá designar a otro servidor utilizando figuras como la reasignación, el ascenso, o el traslado para que realice las mismas funciones del puesto afectado por la movilidad laboral.

Artículo 58.-No se podrá contratar personal con carácter permanente por las subpartidas de jornales y de servicios especiales.

Los jerarcas de las entidades públicas serán los responsables de dar cumplimiento a esta disposición.

Artículo 59.-No se permitirán las reasignaciones de puestos ocupados en propiedad y vacantes, para las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados. Con excepción de aquellas reasignaciones que sean descendentes.

Artículo 60.-Para cualquier movimiento de personal, la administración activa es la responsable de garantizar que los funcionarios cumplan con los requisitos académicos, de experiencia y legales que exigen los correspondientes manuales institucionales de clases de puestos y de cargos vigentes.

Artículo 61.-La Autoridad Presupuestaria autorizará los traslados horizontales de plazas, ocupadas o vacantes, entre los ministerios, instituciones y empresas públicas cubiertas por su ámbito.

Artículo 62.-Las entidades públicas y ministerios en lo relativo a puestos de confianza subalternos, deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público vigente.

Artículo 63.-La estructura ocupacional de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, debe responder a la estructura organizacional aprobada por el MIDEPLAN.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 64.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, no podrán incluir en los proyectos de reglamento autónomo y de servicio, aspectos relacionados con la materia salarial y de empleo, que contravenga la normativa vigente y las presentes Directrices.

Los proyectos de reglamento autónomo de organización y de servicio, modificaciones a los vigentes, así como cualquier otra disposición institucional que se relacione con la materia salarial y empleo, se presentarán a la STAP previo a su publicación, con el fin de verificar el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior.

En el caso de los ministerios y demás órganos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, los presentarán a la DGSC para su aprobación en materia de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, previo a su envío a la STAP.

Artículo 65.-Toda estructura organizacional, así como sus modificaciones, deberá contar con la aprobación de MIDEPLAN, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 26893-MTSS-PLAN, Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 06 de enero de 1998 y sus reformas, publicado en La Gaceta Nº 88 del 08 de mayo de 1998 y sus reformas.

Artículo 66.-La fecha de rige de los acuerdos tomados por la AP, en ejercicio de sus competencias, será el primer día del mes siguiente al de la aprobación del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 67.-En caso de que las fechas establecidas para la remisión de información no correspondan a días hábiles, será presentada el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 68.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, en aras de cumplir el principio de publicidad del presupuesto, deberán divulgar en sus páginas web los presupuestos, su programación de metas y resultados de cada periodo ante la sociedad civil. Asimismo, deberán crear los mecanismos que propicien la participación ciudadana.

Artículo 69.-El incumplimiento de lo dispuesto en estas directrices podrá acarrear la aplicación del régimen de responsabilidad establecido en el título X, artículos 107 y siguientes de la Ley Nº 8131 ya citada.

Artículo 70.-La STAP, cuando corresponda, divulgará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, los requisitos o trámites que deben cumplir las entidades públicas, ministerios u órganos desconcentrados, para que sus gestiones o solicitudes sean atendidas.

Artículo 71.-Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, observarán los "Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria", vigentes.

Artículo 72.-Para la formulación de los presupuestos rige a partir de su publicación y para su ejecución a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2020.

Dado en la Presidencia de la República, a los 08 días del mes de marzo del dos mil diecinueve.