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Artículo 1º.- Refórmanse los artículo 5º, 13, 15, 21 (incisos b) y

d), 31 (inciso d), 35 (párrafo segundo), 39, 46, 60, 65, 67, 68, 80, 81,

82, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 103, 104, 133, 134, 149 (inciso ch) y 168 del

Código Municipal, para que en lo sucesivo digan de la siguiente manera:

"Artículo 5º.- La competencia municipal, definida en el artículo

anterior, no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la

Administración Pública. No obstante, estas entidades informarán al

Concejo y coordinarán con éste, con la debida antelación, las obras y

proyectos que pretendan realizar en el cantón respectivo."

"Artículo 13.- Se concede a las municipalidades exención de toda clase

de impuestos, contribuciones, tasas y cualquier otro beneficio propio de

las entidades estatales, con excepción de los impuestos que pague también

la misma Administración Central; sin embargo, las municipalidades quedan

exentas del pago del impuesto de ventas."

"Artículo 15.- Los convenios de coparticipación tienen fuerza de ley

entre las municipalidades participantes y requerirán, para su eficacia, la

aprobación de la Contraloría General de la República, la cual se

pronunciará dentro del mes siguiente de recibido el convenio. Si vencido

este término no se hubiere producido la resolución, el convenio respectivo

se tendrá por aprobado.

En caso de que estos convenios impliquen la creación de un organismo

diferente al que las partes contratantes representan, requerirán, además,

la aprobación de la Asamblea Legislativa."

"Artículo 21.-a)...

b) Acordar los presupuestos, fijar las contribuciones y tasas, y proponer

los proyectos de tarifas de impuestos municipales a la Asamblea

Legislativa, por medio del Ministerio de Gobernación, los cuales también

podrán ser acogidos para su trámite por dos diputados.

d) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los

egresos de la municipalidad, con la salvedad de los gastos fijos y de las

adquisiciones de bienes y servicios, hasta por los siguientes montos, los

cuales estarán bajo la competencia del Ejecutivo Municipal:

1) De hasta quince mil colones, en las municipalidades cuyo

presupuesto anual sea de diez millones de colones o menos.

2) De hasta veinticinco mil colones, en las municipalidades cuyo

presupuesto anula sea mayor de diez millones de colones y menor de

cuarenta millones.

3) De hasta cincuenta mil colones, en las municipalidades cuyo

presupuesto anual sea de cuarenta millones de colones o más.

Los límites aquí señalados podrán ser modificados por la Contraloría

General de la República, sin que puedan exceder de las variaciones del

índice de precios al por mayor del Banco Central de Costa Rica. Tal

modificación la hará la Contraloría mediante resolución razonada que deberá

publicar en el Diario Oficial."

"Artículo 31.-...

d) Reponer a los regidores propietarios que cesaren en su cargo, con los

suplentes del mismo partido político, siguiendo el orden de elección de

éstos.

Transitorio.- Las disposiciones de este inciso regirán a partir del 1º

de mayo de 1986."

"Artículo 35.- (Párrafo segundo).

Sustituirán a los propietarios de su mismo partido político, en los

casos de ausencia temporal y ocasional de éstos y serán llamados al efecto

por el Presidente del Concejo de entre los presentes, según el orden de

elección.

Transitorio.- Las disposiciones de este párrafo regirán a partir del

1º de mayo de 1986."

"Artículo 39.- El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias

que fueren necesarias, a las que deberá convocarse a los regidores

propietarios, a los suplentes y a los síndicos. La convocatoria deberá

hacerse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, con

señalamiento del objeto de la sesión, mediante acuerdo municipal o según

lo establece el artículo 57.

En las sesiones extraordinarias sólo podrán conocerse los asuntos

incluidos en la convocatoria, además de aquellos que por unanimidad de

los presentes se acordare conocer."

"Artículo 46.- El Concejo tomará sus acuerdos por simple mayoría de

los votos de los miembros presentes, salvo en los casos en que este Código

prescriba una mayoría especial.

Cuando se produjere un empate al efectuar una votación, ésta se

repetirá en el acto y, de repetirse el empate, el asunto se conocerá en la

sesión ordinaria siguiente. De persistir el empate, el asunto se tendrá

por desechado."

"Artículo 60.- En toda municipalidad habrá un Contador, distinto del

Tesorero. En las que tengan ingresos ordinarios superiores a diez millones

de colones, deberá haber además un Auditor.

La violación a lo dispuesto en el párrafo procedente traerá como

consecuencia necesaria la improbación, por parte de la Contraloría General

de la República, de cualquier presupuesto de la municipalidad omisa."

"Artículo 65.- Por cada distrito habrá un síndico propietario y un

suplente, ambos de elección popular y vecinos del distrito respectivo. El

suplente sustituirá al propietario en todas sus funciones, con los mismos

derechos y obligaciones.

Serán aplicables a los síndicos, en lo conducente, las disposiciones

de este título sobre requisitos, impedimentos, prohibiciones, reposición,

juramentación y toma de posesión del cargo de los regidores."

"Artículo 67.- Las municipalidades no podrán hacer uso o disponer de

su patrimonio para fines distintos de los encomendados por este Código.

No podrán disponer de sus recursos, cualesquiera que éstos sean, para

festejos, agasajos, inauguraciones o eventos similares, salvo para la

celebración de las siguientes fechas: 11 de abril 25 de julio, 15 de

setiembre, 12 de octubre, día del Régimen Municipal (31 de agosto) y el

aniversario de la fundación del cantón respectivo. Sólo podrá realizar

gastos por atención de miembros de los supremos poderes o representantes de

organismos extranjeros, siempre que tales recepciones sean de interés para

las actividades municipales.

Las donaciones o préstamos de cualquier tipo de recursos o de bienes

muebles o inmuebles, así como su arrendamiento o la extensión de garantías

en favor de otras personas, solo podrán darse cuando una ley especial así

lo autorice expresamente; o cuando la donación o el préstamo, no referido

a dinero o valores, fuere de interés para el cantón y en favor de una

institución estatal, previa anuencia de la Contraloría General de la

República, en ambos casos, y según el procedimiento contemplado en el

artículo 15."

"Artículo 68.- Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior,

las municipalidades podrán dar ayudas temporales, en dinero o en artículos

de primera necesidad, a vecinos del cantón que atravesaren por situaciones

de desgracia o infortunio debidamente comprobadas. También podrán las

municipalidades subvencionar a centros de educación, beneficencia o

servicio social, que presten sus servicios al respectivo cantón.

Con motivo de la Navidad, cada año, las municipalidades podrán regalar

juguetes de fabricación nacional a los niños pobres del cantón, excepto a

los hijos de los funcionarios y empleados municipales. El reparto de los

juguetes se hará por un comité de vecinos que integrará el Concejo."

"Artículo 80.- Todo contrato suscrito por las municipalidades, excepto

los trabajo, deberá ser sometido a refrendo de la Contraloría General de la

República, sin el cual no podrá surtir efecto alguno, siempre que su valor

fuere superior a cincuenta mil colones.

A igual control estarán sujetos los acuerdos municipales que acojan

reclamos pecuniarios por un valor de diez mil colones o más."

"Artículo 81.- Las municipalidades no podrán exonerar, total o

parcialmente, del pago de cualquier impuesto, contribución o tasa que deban

recaudar, excepto con autorización legislativa. Los servicios de

recolección de basura, aseo de vías o alumbrado público, que presten a

instituciones educativas oficiales y semioficiales, comités de la Cruz Roja

y Temporalidades de la Iglesia Católica, estarán exentos de este pago,

pero su costo será distribuido proporcionalmente entre todos los usuarios

del servicio.

Las municipalidades, las instituciones autónomas y el Estado, podrán

intercambiar entre sí los servicios que se presten."

Artículo 82.- Las tasas que deben cobrar las municipalidades serán

pagas por períodos vencidos y puestas al cobro en un solo recibo. Las

patentes se cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, los anteriores

cobros serán hechos en forma mensual, bimestrales o trimestral. El atraso

en el pago de cualquier tributo municipal tendrá un recargo, con carácter

de multa, del dos por ciento por cada mes o fracción de mes, el cual no

podrá exceder en ningún caso de cincuenta por ciento del monto adeudado.

El pago que se efectúe fuera del término indicado obliga al usuario a

pagar, conjuntamente con el tributo y la multa que corresponda, intereses

calculados al dos por ciento mensual sobre la suma adeudada."

"Artículo 86.- El cobro de las tasas, contribuciones e impuestos

municipales prescribirá en cinco años. los funcionarios que dejaren

prescribir estos cobros responderán personalmente por su pago."

"Artículo 87.- Las municipalidades cobrarán tasas pro los servicios

urbanos que presten, las que serán elaboradas tomando en consideración el

costo efectivo del servicio y un diez por ciento de utilidad para su

desarrollo. Los servicios de alumbrado público, limpieza de las vías

públicas, recolección de basura y mantenimiento de parques y zonas verdes,

deberán pagarlos los usuarios aunque no demuestren interés en ellos.

Las municipalidades deberán aumentar, por acuerdo municipal y previa

publicación en el Diario Oficial, la tasa municipal de servicio de

alumbrado público, en el mismo porcentaje en que las instituciones

correspondientes aprueben las recalificaciones de tarifas por energía

eléctrica. Se cobrará una tasa por concepto de mantenimiento de parques,

zonas verdes y sus respectivos servicios, cuyo monto se elaborará tomando

en consideración su costo efectivo y un diez por ciento de utilidad para

desarrollo, suma que se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes

del cantón. También se cobrará una tasa por concepto de arrendamiento de

zonas de estacionamiento, de acuerdo con la Ley de Arrendamiento de Locales

Municipales, a los usuarios de las zonas verdes, retiros o áreas

municipales que formen parte de la vía pública, para que puedan ser

utilizadas exclusivamente como estacionamiento de vehículos. Las

municipalidades podrán arrendar áreas municipales a asociaciones de

desarrollo, juntas o grupos de vecinos, para ser utilizadas como

estacionamientos en aquellos lugares en que no se cuente con facilidades

para ese servicio. Los contratos de arrendamiento deberán ser sometidos a

refrendo de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el

procedimiento contemplado en el artículo 15 de esta ley."

"Artículo 89.- Las municipalidades estarán obligadas a revisar, por

lo menos una vez al año, las tasas que cobren."

"Artículo 90.- El valor de las obras nuevas de pavimentación de

calles, de construcción de nuevas vías y caminos vecinales, aceras,

cordones de caño,cunetas, alcantarillado pluvial y sanitario, acueducto y

distribución e iluminación eléctrica, así como su reparación realizada por

las municipalidades, deberá ser cubierto por los dueños de los inmuebles

directamente beneficiados, proporcionalmente a su medida frontal;

corresponde a al Contraloría General de la República la aprobación del

valor total de la obra y de cada contribución. La Contraloría estará

facultada para modificar los valores estimados por la municipalidad.

De previo a tal aprobación, la Contraloría hará una publicación de la

misma en el Diario Oficial, confiriendo audiencia a los interesados para

que hagan valer sus derechos."

"Artículo 91.- Las contribuciones urbanas a que se refiere el artículo

anterior deberán ser cubiertas dentro del plazo acordado por la

municipalidad."

"Artículo 94.- Por medio de una contribución que se llamará "detalle"

las municipalidades cobrarán a los propietarios de las fincas del cantón,

una cuota anual, exclusivamente para el mantenimiento de caminos vecinales

o calles urbanas, o de ambos, pagadera en forma mensual, bimestral o

trimestral, según lo acuerde el Concejo. Esta contribución será de un

diez por ciento del monto que por concepto de impuesto territorial deban

paga los propietarios.

Para lo anterior, el ente administrador del impuesto territorial

deberá enviar a las municipalidades, más tardar el 30 de junio de cada

año, una lista de los contribuyentes de cada cantón, indicando el monto

que deben pagar por ese impuesto.

Las municipalidades podrán, independientemente de este impuesto y su

destino, celebrar convenios especiales con los usuarios e instituciones

del Estado para el arreglo de caminos y carreteras de su cantón."

"Artículo 103.- Todo memorial que dirijan los particulares a las

municipalidades deberá acompañarse de un timbre municipal de cinco colones

(¢ 5.00). A toda certificación que extienda la municipalidad, a solicitud

de particulares, deberá agregársele un timbre municipal de diez colones (¢

10,00).

En las ofertas para licitaciones municipales se pagará un timbre

municipal de cien colones (¢ 100,00), si la licitación fuere privada, y de

doscientos colones (¢ 200,00) si fuere pública.

En las renovaciones de patentes de licores se pagarán timbres

municipales por valor de doscientos colones (¢ 200,00) por cada patente.

A las solicitudes de licencia para realizar actividades lucrativas se

les agregará un timbre municipal de cien colones (¢ 100,00).

En todo recurso que se presente contra acuerdos municipales se pagará

un timbre municipal de cien colones (¢ 100,00) salvo que se trate de los

acuerdos a que se refiere el párrafo siguiente. En los recursos contra

adjudicaciones de licitaciones, privadas y públicas, se pagarán timbres

municipales por valor del uno por ciento del monto de la licitación

recurrida. Ningún será tramitado si no se ha pagado el timbre

correspondiente."

"Artículo 104.- En todo traspaso de inmuebles se pagarán timbres

municipales en favor de la municipalidad del cantón en que esté situada

la finca, los que se agregarán al respectivo testimonio de escritura, sin

cuyo pago el Registro Público no podrá inscribir la operación.

El impuesto será del dos por mil del valor del inmuebles, según

estimación de las partes o mayor valor fijado en la Tributación Directa,

salvo si el traspaso se hiciere en virtud de remates judiciales o

adjudicaciones en juicios universales, en cuyo caso el impuesto se pagará

sobre el monto del bien rematado o sobre el avalúo pericial que conste en

los autos, respectivamente.

En toda constitución de hipoteca o cédula hipotecaria, así como en

toda cesión o interrupción de la prescripción de créditos hipotecarios, se

pagará el timbre a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior.

El monto del impuesto será del dos por mil sobre el monto de la

operación, o sobre el valor fijado en la Tributación Directa, si éste fuere

mayor. El Registro Público no inscribirá ninguna operación de bienes

inmuebles si no se comprueba, mediante constancia en papel de oficio,

exenta de toda especie fiscal, que las partes están al día con los tributos

municipales.

A todo testimonio de escritura de constitución de sociedad, así como

a toda solicitud de cédula de persona jurídica, o su renovación, se

agregará un timbre municipal del cantón en que se domicilie la actividad,

por un valor de doscientos cincuenta (¢ 250,00), sin cuyo pago no podrá

ser inscrito.

"Artículo 133.- Todos los ingresos municipales entrarán directamente

al banco recaudador de la municipalidad. Cuando no hubiere banco o

agencia bancaria estatales en la localidad, las municipalidades podrán

recibir sus ingresos directamente en la Tesorería Municipal, o en las

auxiliares que constituyan en los distritos. Aunque exista banco o agencia

bancaria, cuando resultare necesario y conveniente para los intereses

municipales, las municipalidades también podrán abrir cajas auxiliares y

nombrar entes recaudadores para recibir el pago de tributos y otros

ingresos, con la previa autorización de la Contraloría General de la

República y de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 15

de esta ley. Dichos entes deberán rendir garantía de fiel cumplimiento y

reintegrar los fondos a la Tesorería Municipal en la forma y término que

determine el Concejo.

El Tesorero Municipal, cuando sea recaudador, no podrá tener en su

poder fondos y valores por una suma mayor al cincuenta por ciento del

monto a que asciende la garantía de fidelidad que hayan rendido. Cualquier

exceso deberá ser depositado o custodiado en el banco o agencia bancaria

del Sistema Bancario nacional más cercano a la localidad, y los retiros

correspondientes sólo se podrán hacer previo acuerdo del Concejo.

En el término acordado por el Concejo, o cuando se complete una suma

igual al cincuenta por ciento del monto a que ascienda la garantía de

fidelidad rendida por el Tesorero Auxiliar, las tesorerías auxiliares

reintegrarán los fondos percibidos a la Tesorería Municipal o al banco

recaudador, en su caso.

La violación de lo dispuesto en este artículo será causa justa de

despido de los responsables."

"Artículo 134.- Todo pago municipal lo ordenará el Ejecutivo y se hará

por medio de cheque que expedirá el contador, el cual llevará las firmas

del Ejecutivo y del Tesorero.

Los concejos podrán autorizar el funcionamiento de cajas chicas al

cuidado del Tesorero, por medio de las cuales se podrán adquirir bienes y

servicios, así como pagar viáticos y gastos de viaje hasta por un valor de

dos mil colones. Todo egreso de caja chica deberá ser autorizado por el

Ejecutivo. Las cajas chicas se regirán por las normas que dicte la

Contraloría General de la República."

"Artículo 149.-...

ch) Si cesaren en sus funciones por supresión del cargo, tendrán derecho

a una indemnización de un mes de sueldo por cada año o fracción de seis o

más meses de servicios prestados, hasta por un límite máximo de doce meses.

Tal indemnización se pagará por mensualidades consecutivas iguales al monto

del sueldo devengado, a partir de la cesación en funciones del empleado y

hasta completar el límite del derecho respectivo. También podrá pagarse en

su totalidad, en el momento de la cesación en funciones, si hay sustento

económico y a juicio de la municipalidad.

Se entiende que si el empleado despedido reingresa a laborar en la

misma municipalidad, antes de haber recibido la totalidad de las

mensualidades a que tiene derecho, de inmediato cesará el pago de las

mismas. Sin embargo, cuando el sueldo de la nueva plaza fuere inferior al

monto de la mensualidad, ese sueldo se completará hasta por el monto

señalado como indemnización a favor del empleado.

La indemnización que se crea en este inciso sustituye al auxilio de

cesantía que se establece en el Código de Trabajo."

"Artículo 168.- Las diligencias de expropiación promovidas por las

municipalidades, deberán iniciarse dentro de los seis meses siguientes a la

fecha en que se tome el acuerdo respectivo; y el depósito correspondiente

al valor señalado en el avalúo emitido por los peritos de la Dirección

General de la Tributación Directa, deberá hacerse dentro de los seis meses

siguientes al inicio formal de las diligencias de expropiación.

El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores

ocasionará la caducidad del acuerdo de expropiación y, en su caso, sin más

trámite, el juez dará por concluidas las diligencias y enviará al

mandamiento al Registro Público ordenando levantar la anotación referida

en el artículo 163."

Artículo 2º.- Adiciónanse cuatro nuevos artículos al Código Municipal,

cuyos números serán 184, 185, 186, 187, corriéndose al efecto la numeración

de los restantes artículos. Sus textos serán los siguientes:

"Artículo 184.- Se autoriza al Estado, a sus instituciones y empresas

públicas constituidas como sociedades anónimas, para donar bienes muebles

o inmuebles a las municipalidades, con el propósito de dedicarlos

exclusivamente a sus fines. La donación deberá contar, en cada caso, con

la autorización de la Contraloría Generala de la República.

TITULO VIII

Disposiciones finales

"Artículo 185.- Se exonera del pago del servicio postal dentro del

país, a las municipalidades, ligas de municipalidades, comités cantonales

de deportes y recreación y uniones cantonales de asociaciones de desarrollo

comunal. Las municipalidades quedan exentas del pago del fondo de

fiscalización superior que realicen en favor de la Contraloría General de

la República. Asimismo, quedan exentas de las contribuciones para la

Oficina de Planeamiento del Area Metropolitana de San José (OPAM), que

establece la ley Nº 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas.

"Artículo 186.- En cada cantón del país existirá un comité cantonal

de deportes y recreación, que estará adscrito a la respectiva

municipalidad, con personería jurídica únicamente para el cumplimiento de

los fines que la ley y sus reglamentos le otorguen. Estos comités estarán

integrados por siete miembros, de la siguiente forma: dos de nombramiento

del Concejo; dos de nombramiento de la Dirección General de Deportes; uno

de las ternas que envíen las asociaciones de desarrollo comunal o de las

uniones cantonales, en su caso; uno de nombramiento de las juntas

administrativas de los colegios del respectivo cantón, quien deberá ser

profesional en alguna carrera relativa a la educación física y al deporte;

y un representante de los gobiernos estudiantiles del respectivo cantón.

El Ejecutivo municipal, los regidores y los síndicos no podrán formar parte

de estos comités, los cuales funcionarán de acuerdo con el reglamento que

promulgue cada municipalidad. Sus miembros durarán en sus cargos dos años

y podrán ser reelegidos. No devengarán dietas ni remuneración alguna.

Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la

municipalidad lo concerniente a sus inversiones y obras en el cantón. La

municipalidad deberá proporcionarles un funcionario administrativo, un

local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento

de sus fines.

Los comités cantonales de deportes y recreación podrán realizar, en

el respectivo municipio, los planes nacionales que para el deporte y la

recreación dicte la Dirección General de Educación Física y Deportes, y le

brindarán a esa dependencia toda la colaboración posible, sobre todo en el

aspecto del cuidado de las instalaciones de su propiedad, cuando ésta así

lo solicite. Asimismo, la Dirección, dentro del marco que le señale su

ley orgánica, brindará a los comités toda la colaboración en materia de

deportes y recreación, dentro de la política nacional que en este campo

debe promulgar y dirigir.

La Dirección deberá asignar prioritariamente el uso de sus

instalaciones, o de las que se encuentren bajo su inmediata administración,

a los comités cantonales de deportes y recreación y a los equipos o grupos

de deportistas debidamente organizados en cada cantón, que participen en

lato rendimiento, todo conforme con el calendario de uso que deben

presentarle a la Dirección durante el mes de enero de cada año y que tendrá

vigencia durante todo el año calendario.

Transitorio.- Los miembros de los comités cantonales que se encuentren

funcionando al momento de promulgarse la presente ley, cesarán en sus

funciones el 30 de noviembre de 1983, no obstante, podrán ser reelegidos

en sus cargos.

"Artículo 187.- Se autoriza a las municipalidades para que cobren la

porción de acera, cordón y caño, construidos por el Ministerio de Obras

Públicas y Transportes, en los proyectos radiales y en los sectores de

carreteras que atraviesen las áreas urbanas.

El ingreso recaudado por ese concepto, será destinado exclusivamente

al mantenimiento de caminos vecinales y calles urbanas. Para la fijación de

este tributo; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estará obligado

a entregar a la respectiva municipalidad el detalle del monto gastado en la

obra, previa revisión y fiscalización por parte de la Contraloría General

de la República. La municipalidad lo cobrará a los propietarios

directamente beneficiados, proporcionalmente a la medida frontal de la

respectiva propiedad.

Artículo 3º.- Adiciónase un párrafo final a cada uno de los artículos

16, 88 y 96 del Código Municipal, cuyos textos dirán:

"Artículo 16.- (Párrafo final) Las municipalidades que tengan

intereses comunes quedan facultadas, al tenor de la ley Nº 5119 del 20 de

noviembre de 1972, para formar ligas y confederaciones de ligas, cuyos

estatutos deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República.

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal queda autorizado para

promover y asesorar técnicas y financieramente a estas agrupaciones."

"Artículo 88.- (Párrafo final) Con carácter de tasas, se cobrará a

los propietarios omisos el costo de los siguientes servicios:

a) Limpieza de vegetación dañina a orillas de las vías públicas;

limpieza de las cercas dan acceso a esas vías, y recorte de las ramas que

produzcan sombra a esas vías, perjudicándolas o dificultando el paso de

personas o vehículos.

b) Construcción de cercas y limpieza de lotes sin construir.

c) Remoción de objetos, materiales o similares abandonados que

obstaculicen la vía pública.

ch) Instalación de bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales

de las construcciones, cuando la pared externa de éstas colinde

inmediatamente con la vía pública.

Cobrarán trimestralmente con carácter de multa lo siguiente:

a) Aceras sin construir en áreas urbanas si existe cordón y caño. Por

metro lineal: ¢ 10,00.

b) Aceras en mal estado en áreas urbanas si existe cordón y caño. Por

metro lineal: ¢ 5,00.

c) Canoas y bajantes en áreas urbanas, sin construir o en mal estado.

Por metro lineal: ¢ 6,00.

ch) Lotes urbanos vacíos sin cerrar: Por metro lineal frente a la vía

pública: ¢ 10,00.

d) Lotes enmontados, socios y en malas condiciones, en áreas urbanas.

Por metro cuadrado: ¢ 2,00.

Los lotes en proceso o en proyecto de urbanización no pagarán durante

el primer año las multas a que se refiere el párrafo anterior."

"Artículo 96.-(Párrafo final) Por medio del impuesto de patentes, las

municipalidades gravarán las actividades sujetas a licencia municipal.

La Contraloría General de la República reglamentará los límites

máximos dentro de los cuales deben fijarse las tarifas.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será resuelto por la

Contraloría General de la República en un término no mayor de treinta

días.

Cumplido ese plazo, continuará el trámite que proceda.

Artículo 4º.- Se incrementa el valor de las multas contempladas en los

artículos 111, 112 y 113 de la Ley de Tránsito, Nº 5930 del 13 de setiembre

de 1976 en un monto cinco veces superior al valor actual. El cincuenta por

ciento de lo ingresado se girará semestralmente a las municipalidades del

cantón donde se produjo la infracción. La Contraloría General de la

República fiscalizará la distribución de estos ingresos.

Artículo 5º.- Agrégase un párrafo segundo al artículo 3º de la ley Nº

6796 del 17 de agosto de 1982 que dirá así:

"Dichas contrataciones serán autorizadas por la Contraloría General

de la República, sin necesidad de estudios sobre la capacidad de pago de

la municipalidad interesada cuando el producto del impuesto sea suficiente

para hacer los pagos.

En casos de emergencia, a juicio de la Junta Directiva del Instituto

de Fomento y Asesoría municipal, tampoco será necesario el detalle de la

inversión a que se refiere el artículo 105 del Código Municipal y, en

estas circunstancias, los préstamos podrán versar sobre objetos distintos

de las obras y servicios a que se refiere el artículo 5º, inciso a), de la

Ley Orgánica de IFAM, Nº 4716 del 19 de febrero de 1971."

Artículo 6º.- Agrégase un párrafo segundo al artículo 4º de la Ley

de Expendio de Timbres, Nº 5790 del 22 de agosto de 1975, que dirá así:

"Estas exención no se aplicará a los casos de inexistencia de timbres

municipales. En este caso, el impuesto de timbre se pagará mediante

entero a favor de la municipalidad respectiva, confeccionado por el banco

recaudador. Cuando el monto que deba pagarse en timbres municipales sea

superior a mil colones, se podrá optar por el pago mediante entero."

Artículo 7º.- (*) Las municipalidades deberán incluir en su

presupuestos ordinarios, anuales, una suma igual al uno coma cinco por

ciento, como subvención para el comité cantonal de deportes y recreación

de la respectiva jurisdicción, con la finalidad de que éste pueda

organizar, dirigir, capacitar, promover y estimular los deportes y la

recreación en todos su aspectos. No podrán tomarse estos recursos para

subvencionar a instituciones, entidades deportivas, ni para gastos

administrativos que no sean los propios del comité. Para efectos de la

administración de la subvención, los comités cantonales llevarán registro

contables, los que estarán sujetos a la fiscalización de la municipalidad

y de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la

República no autorizará ningún presupuesto ordinario municipal, si en él

no se consigna la subvención a que hace referencia este artículo.

(*) ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional No. 5445-99 de las

14:30 horas del 14 de julio de 1999.

Artículo 8º.- Reformáse el artículo 12 de la ley Nº 3656 del 6 de

enero de 1966, para que diga así:

"Artículo 12.-La Dirección General del la Educación Física y Deportes

estará integrada por un Consejo Nacional de Deportes, un Director General,

un Director Técnico Deportivo y un Director de Recreación y Direcciones

Regionales. Las entidades deportivas deberán someter al Consejo Nacional

de Deportes, para su información, rechazo o enmienda, sus estatutos,

reglamentos y programas. La Dirección General fiscalizará sus actividades

y podrá orientar y regular las relaciones entre ellos, así como las

condiciones higiénicas de las actividades que organicen, y resolverá los

conflictos que se produzcan entre ellos o en sus respectivos programas.

Artículo 9º.- Refórmase el artículo 3º de la ley "Emisión de sellos

postales conmemorativos del cincuenta aniversario del cantón de Pérez

Zeledón", Nº 6667 del 28 de setiembre de 1981, para que diga así:

"Artículo 3º.-Del porcentaje que corresponde a la municipalidad, ésta

hará la siguiente distribución:

El treinta y cinco por ciento lo girará a la Dirección General de

Deportes para financiar la construcción del polideportivo municipal; el

treinta por ciento lo destinará a sufragar los gastos de las actividades

conmemorativas del cincuentenario y para otras necesidades de la

municipalidad; el veinte por ciento lo utilizará para financiar los Juegos

Nacionales que se llevarán a cabo en el cantón de Pérez Zeledón en el año

1983; el diez por ciento lo dedicará al programa de ayuda en favor de los

minusválidos del cantón y el cinco por ciento será para gastos varios de

Pérez Zeledón F.C."

Artículo 10.- Refórmase el artículo 3º de la ley Nº 6849 del 18 de

febrero de 1983, para que diga así:

"Artículo 3º.-Los ingresos provenientes del gravamen al cemento

producido en la provincia de Cartago, se distribuirán de la siguiente

manera:

a) Un veinticinco por ciento a la Municipalidad del cantón central de

Cartago, la cual empleará esos fondos exclusivamente en la construcción,

mejoramiento y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y de

las cañerías en todo el cantón.

b) Un quince por ciento al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

c) Un quince por ciento distribuido por partes iguales entre las

municipalidades de La Unión, El Guarco, Oreamuno, Paraíso, Jiménez,

Alvarado y Turrialba, para obras comunales.

De los que les corresponda a las municipalidades de Alvarado y

Jiménez, éstas destinarán un veinticinco por ciento, respectivamente, a

los Concejos de los distritos de Cervantes y Tucurrique.

ch) Un diez por ciento, distribuido por partes iguales entre las

asociaciones de desarrollo integral de la comunidad de la provincia de

Cartago, constituidas a la fecha de promulgación de la presente ley, para

obras comunales. Estos recursos serán canalizados por medio de la

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

d) Un tres por ciento al Colegio Universitario de Cartago.

e) Un dos por ciento al Colegio San Luis Gonzaga, el cual deberá

destinar el cincuenta por ciento a la construcción de instalaciones

deportivas durante los cuatro primeros años.

f) Un tres por ciento al Colegio Vocacional de Artes y Oficios.

g) Un tres coma cinco por ciento a la Ciudad de los Niños.

h) Un tres por ciento al Asilo de Ancianos Claudio María Volio.

i) Un dos por ciento a la Asociación de Desarrollo Específico para

Enfermos Alcohólicos (ADEPEA).

j) Un dos por ciento, distribuido por partes iguales entre las

parroquias de El Carmen y de Nuestra Señora de los Angeles de la ciudad de

Cartago, para obras en sus comunidades.

k) Un uno por ciento al Colegio Seráfico de Cartago.

l) Un uno por ciento al Liceo Vicente Lachner Sandoval.

ll) Un uno por ciento al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cartago.

m) Un dos por ciento a la Junta de Educación de Cartago, la cual

destinará por única vez, el cincuenta por ciento de estos ingresos para

mejoras de la Escuela Ascensión Esquivel.

n) Un uno por ciento a la Escuela de Enseñanza Especial de Retardo

Mental de Cartago.

ñ) Un cero como cinco por cinto (0,5%) para obras comunales en el

distrito de San Francisco de Cartago, que será administrativo, en forma

proporcional, por las asociaciones de desarrollo integral de ese distrito.

o) Un cinco por ciento para construcción y mantenimiento de un centro

polideportivo en la ciudad de Cartago, que será girado a la Dirección de

Educación Física y Deportes para ese fin, en coordinación con la

Municipalidad de Cartago.

p) Un tres por ciento a la Unión Regional de Cooperativas de la

provincia de Cartago, R.L. (URCOOPAPA, R. L.), para el programa de

comercialización de productos perecederos.

q) Un uno por ciento al Colegio Nocturno de Cartago.

r) Un uno por ciento al Colegio Domingo Savio de Cartago.

Artículo 11.- Los servidores de las municipalidades que por su propia

voluntad deseen retirarse de sus cargos, antes del 30 de diciembre de 1983,

previa aceptación por parte del municipio, tendrán derecho al pago de

vacaciones y auxilio de cesantía que resultare procedente conforme con la

legislación laboral vigente. En ningún caso las municipalidades podrán

llenar las plazas que por esta norma quedaren vacantes.

Artículo 12.- Amplíase por seis meses más el plazo, para que rinda su

informe la comisión encargada de revisar el sistema municipal

costarricense, creada por ley Nº 6736 del 5 de abril de 1982.

Artículo 13.- Autorízase a las siguientes municipalidades, para lo

que se indica en cada caso:

Cantón de Goicoechea, San José. Para que permute la finca número

149463 del partido de San José, inscrita a su nombre en el Registro Público

de la Propiedad, con un inmueble propiedad de la Clínica Católica de la

Purísima, S. A. La Municipalidad traspasará el inmueble que obtenga de la

permuta a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica.

Los derechos de registro que deban pagarse por este traspaso, se

calcularán sobre la mitad del valor tributario del primer inmueble, y tal

importe deberá ser cancelado por la entidad privada permutante.

Cantón central, Alajuela. Para que venda al Ministerio de Seguridad

Pública, y a éste para comprar, los terrenos y edificios donde está ubicada

la Guardia Civil, en la suma de dos millones cien mil colones, la cual

deberá pagarse a más tardar en 1984. Este dinero se tomará de la partida

de alquileres del citado Ministerio, incluida en la Ley Nº 6831 del 20 de

diciembre de 1982.

El monto estipulado lo destinará la Municipalidad a la construcción

de la terminal de buses y a pagos varios, lo cual será fiscalizado por la

Contraloría General de la República.

La Municipalidad de Alajuela incluirá dentro de su programa para

arreglo de calles, la construcción del puente de Las Gradas en Pueblo

Nuevo, para cuya ejecución destinará cincuenta mil colones del fondo

presupuestado en la ley Nº 6831 del 20 de diciembre de 1982.

Cantón de Paraíso, Cartago. Para donar un terreno de cinco mil

metros cuadrados a la Asociación Nacional de Educadores, el cual será

destinado a la construcción de la filial de maestros pensionados del cantón

de paraíso, de acuerdo con la ley Nº 6289 del 4 de diciembre de 1978.

Artículo 14.-Autorízase al Poder Ejecutivo y a los entes estatales

siguientes, para lo indicado en cada caso:

Poder Ejecutivo: Para que, a través del Ministerio de Hacienda,

otorgue un aval en favor de la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón,

hasta por la suma de veinticinco millones de colones (¢ 25.0 00.000,00), o

su equivalente en moneda extranjera, que la Municipalidad obtendrá en

instituciones de crédito nacionales o extranjeras, por el total del monto

en forma fraccionada, conforme se vayan realizando las obras a las que se

destinará tal suma. El empréstito será destinado a financiar el

mejoramiento y la construcción de un carpeta asfáltica en las calles de la

ciudad de San Isidro de El General. Si quedaren sobrantes, podrán

destinarse a mejorar las calles urbanas de otros distritos del cantón.

Tales obras deberán contar con el asesoramiento y la aprobación de

técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Toda la anterior

operación será fiscalizada por la Contraloría General de la República.

A todas las Municipalidades del País:

a) Para que en todos los casos de incumplimiento del Reglamento de

Rótulos, se sancione a los infractores con la cancelación de la licencia

o patente municipal y con el cierre del establecimiento comercial.

Previamente deberá notificarse al transgresor, quien tendrá un término

de cinco días hábiles para ponerse a derecho.

d) Para donar terrenos de su propiedad a la Ciudad de los Niños,

destinados a la construcción de instalaciones en el cantón respectivo.

c) Para vender, libres de impuestos, durante 1983 y 1984, los

vehículos y maquinaria en general. En un plazo de sesenta días, se

remitirá la lista del equipo con su respectiva justificación de venta, a la

Contraloría General de la República, la cual se pronunciará de acuerdo con

el procedimiento señalado en el artículo 15 de esta ley.

Se dará prioridad a los intercambios de equipo entre las municipalidades.

ch) Para condonar las multas por concepto de tributos municipales a

los contribuyentes que cancelen los tributos a adeudados, en un plazo no

mayor de seis meses a partir de la vigencia de esta ley.

d) Para que dispongan de la totalidad de las sumas depositadas a su

favor, hasta la fecha, además de las que ingresen al 31 de diciembre de

1983, producto de la aplicación de la ley Nº 6282 del 14 de agosto de

1979, con el propósito de atender las prioridades de cada municipalidad.

Las sumas recaudadas posteriormente seguirán teniendo el destino

establecido en la citada ley Nº 6832.

Se exceptúan los fondos comprometidos con el Instituto Nacional de

Vivienda y Urbanismo.

A los Bancos Estatales del Sistema Bancario Nacional y al Banco

Popular y de Desarrollo Comunal:

Para que otorgue un préstamo a la Municipalidad de Poás, hasta por un

monto de siete millones de colones (¢ 7.000.000,00) para realizar y

terminar obras prioritarias; otro a la Municipalidad de San Mateo, hasta

por la suma de seis millones de colones (¢ 6.000.000,00), para arreglo de

caminos, acueductos y obras varias; otro a la Municipalidad de Atenas, por

la suma de diez millones de colones (¢ 10.000.000,00), para acueductos y

obras varias; otro a la Municipalidad de Orotina, hasta por la suma de diez

millones de colones (¢ 10.000.000,00), que se destinará al arreglo de

cañerías y obras varias; otro a la Municipalidad de Santa Cruz, hasta por

un monto de diez millones de colones (¢ 10.000.000,00), para la terminal

de buses y obras varias. Otro a la Municipalidad de Golfito, hasta por la

suma de veinte millones de colones (¢20.000.000,00), para caminos y varias

obras de urgencia; otro a la Municipalidad de Corredores, hasta por un

monto de ocho millones de colones (¢ 8.000.000,00), para realizar obras de

infraestructura. Otro a la Municipalidad de Coto Brus, hasta por un monto

de ocho millones de colones (¢ 8.000.000,00), para realizar obras de

infraestructura, otro a la Municipalidad de Osa, hasta por la suma de ocho

millones de colones (¢ 8.000.000,00), para realizar obras de

infraestructura; y otro a la Municipalidad de Buenos Aires, hasta por un

monto de ocho millones de colones (¢ 8.000.000,00), para realizar obras de

infraestructura.

Todas las operaciones se harán de acuerdo con las condiciones que

convengan a los intereses de ambas partes y serán fiscalizadas por la

Contraloría General de la República.

Banco Nacional de Costa Rica:

Para vender a la Municipalidad de Orotina el edificio que ocupa

actualmente la Biblioteca Pública, en el precio y condiciones que ambas

partes acuerden.

Banco de Costa Rica:

Para traspasar los terrenos conocidos como "Terrenos de San Juan

Braizon" a la Municipalidad de Paraíso, para ser utilizados como zona de

recreación de la Ciudadela de Obreros y Campesinos.

Instituto Costarricense de Electricidad:

a) Para traspasar a la Municipalidad de Paraíso los terrenos ubicados

frente a las casas de los operadores de la Planta de Cachí, para ser

utilizados en un plan de vivienda popular.

b) Para que al igual que el ICE, el Instituto Costarricense de Acueductos

y alcantarillados y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S. A., conjunta o

individualmente, coordinen con las municipalidades la forma de cobrar los

servicios de todas esas instituciones en un único recibo, con el fin de

disminuir los costos de operación y la morosidad en los pagos. Dichas

instituciones convendrán en un porcentaje no mayor del dos por ciento por

concepto de gastos de administración.

Artículo 15.- La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) deberá

vender a las municipalidades del país, el combustible que éstas necesiten,

con la exención de todo tipo de impuestos, de conformidad con lo dispuesto

en el reglamento emitido por la Contraloría General de la República de las

12,00 horas del 3 de marzo de 1980.

Artículo 16.- Refórmase el artículo 1º de la ley Nº 6844 del 11 de

enero de 1983, y cualquier otra ley que se le oponga, para que diga así:

"Artículo 1º.-Se establece un impuesto del cinco por ciento (5%) a favor

de las municipalidades, que pesará sobre el valor de cada boleta, tiquete

o entrada individual a todos los espectáculos públicos o de diversión no

gratuitos, que se realicen en teatros, cines, salones de baile,

discotecas, locales, estadios y plazas nacionales o particulares; y en

general sobre todo espectáculo que se efectué con motivo de festejos

cívicos y patronales, veladas, ferias, turnos o novilladas.

Quedan exentos del pago del impuesto aquí previsto todos los espectáculos

y actividades a que se refiere el párrafo anterior, cuando el producto

íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o

sociales, previa aprobación de la municipalidad correspondiente.

Cuando en los casos sujetos al pago del impuesto se cobre el valor de la

boleta, tiquete o entrada individual, y, además una suma como consumo

mínimo, el impuesto se cobrará sobre la cantidad que resulte de la suma

del valor de la entrada, más el consumo mínimo exigido. En el caso de

que sólo se cobre consumo mínimo, sobre éste se cobrará el impuesto.

Artículo 17.- Se autoriza a la Municipalidad de Alvarado para que

traspase la finca Nº 47663, inscrita en el tomo 1420, folio 336, asiento

5 de la provincia de Cartago, a la Asociación de Desarrollo Integral de

Pacayas.

Artículo 18.- Refórmase el artículo 33 y y agrégase un párrafo final

al 45 de la ley Nº 4716 del 9 de febrero de 1971, para que diga así:

"Artículo 33.- El Instituto podrá financiarle a las municipalidades el

costo total de los proyectos, tomando en cuenta la naturaleza de los mismos

y las necesidades municipales."

"Articulo 45.-...

(Párrafo final) Salvo que la ley expresamente establezca la

afectación, se entenderá que el Instituto estará exento del pago de

futuros tributos."

Artículo 19.- Adiciónase un párrafo final al artículo 8º de la ley

Nº 6806 del 26 de agosto de 1982, que dirá así:

"Tratándose de acueductos municipales, las tasas y tarifas por

concepto del servicio de agua, serán acordadas por el Concejo, previo

estudio jurídico y económico que efectuará el Instituto de Fomento y

Asesoría Municipal, en consulta con el Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, y las mandará a publicar como proyecto,

remitiéndolas para su aprobación al Servicio Nacional de Electricidad, el

cual dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para aprobarlas o

justificar su rechazo.

En caso contrario vencido este plazo, la municipalidad las pondrá en

vigencia a partir del mes siguiente a la publicación en el Diario Oficial

del aviso correspondiente."

Artículo 20.- Adiciónase un transitorio que llevará el número VII,

a la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, Nº 6043 del 2 de marzo de 1977,

que dirá así:

"Transitorio VII.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona

marítimo-terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los

ocupantes de la misma.

El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la

Dirección General de la Tributación Directa. Esta autorización tendrá

carácter provisional, hasta tanto no entre en vigencia el plan de

desarrollo para la respectiva zona, y no produce derecho alguno para los

ocupantes en lo que a concesión se refiere."

Artículo 21.- Refórmase el inciso i) del artículo 4º de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 1252 del 23 de

diciembre de 1950, y sus reformas, para que en adelante diga así:

"Artículo 4º-...

i) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades

e instituciones autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e)

del artículo 6º, y fiscalizar su ejecución y liquidación.

Artículo 22.- (*) Refórmase el artículo 1º de la Ley Nacional de

Emergencia, Nº 4874 del 14 de agosto de 1969 y sus reformas, para que

diga así:

"Artículo 1º.-El Poder Ejecutivo podrá, por decreto, declarar la

condición de emergencia nacional, en cualquier parte del territorio o en

cualquier sector de la actividad nacional, cuando por alguna contingencia

social lo crea necesario. Tal declaración configurará el estado de

calamidad pública prevista en el artículo 180 de la Constitución Política.

(*) ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 3410-92 de las

14:05 horas del 10 de noviembre de 1992.

Artículo 23.- Autorízase al Banco Central de Costa Rica a girar

durante 1983, el producto de las sobretasas temporales a las importaciones,

a las instituciones y programas que acontinuación se enumeran, según los

montos que se indican, y siguiendo el orden de prioridades que se señala:

1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal; Ciento veinticinco

millones de colones (¢ 125.000.000,00), para transferencias a las

municipalidades, a fin de que cubran faltantes presupuestarios

correspondientes a salarios y cargas sociales; para enjugar los déficit

presupuestarios de ejercicios anteriores; para la atención de sus deudas;

para la ejecución de obras y como recurso de contrapartida para el

financiamiento de obras y servicios. Para la utilización de estos recursos

no serán aplicables a las municipalidades los artículos 121, 122 y 123 del

Código Municipal.

2) Instituto Mixto de Ayuda Social: Ciento sesenta y cinco millones de

colones (¢ 175.000.000,00), únicamente para la compra de tierras destinadas

a viviendas y materiales para construcción de las mismas, así como para

gastos relacionados con el asentamiento de grupos de marginados en los

programas de vivienda de interés social.

3) Instituto de Desarrollo Agrario: Setenta y cinco millones de

colones ..... (¢ 75.000.000,00), para asentamientos campesinos.

4) Programa Nacional de Alimentos: Ciento cuarenta millones de colones

(¢ 140.000.000,00).

5) Instituto de Fomento Cooperativo: Cuarenta y cinco millones de

colones (¢ 45.000.000,00), destinados al financiamiento del movimiento

cooperativo, especialmente cooperativas estudiantiles y juveniles. Del

rendimiento financiero de estos recursos, se destinará un veinticinco por

ciento como aporte al sostenimiento del programa de cooperativas juveniles

y estudiantiles, de conformidad con el decreto ejecutivo Nº 13924-E. El

INFOCOOP aportará adicionalmente, y por una sola vez, una suma de cinco

millones de colones (¢ 5.000.000,00) al mismo programa, para sus gastos

generales, a través del Comité Interinstitucional que se establece en el

mismo decreto. El INFOCOOP destinará cinco millones de colones ..... (¢

5.000.000,00) al Consejo Nacional de Cooperativas para programas

cooperativos.

6) Instituto de Vivienda y Urbanismo: Ciento quince millones de

colones (¢ 115.000.000,00), únicamente para subsidiar programas de lotes

con servicios y construcción de viviendas de interés social.

Para efecto de la canalización de estos recursos, se dará prioridad a

grupos organizados bajo el modelo cooperativo, de asociaciones de

desarrollo comunal y de otras similares que tengan como finalidad la

solución del problema de la vivienda para sus asociados. Asimismo, se

utilizarán estos recursos para cancelar la compra de la finca denominada

"Los Cuadros".

7) Ministerio de Trabajo: Cuarenta y cinco millones de colones .........

(¢ 45.000.000,00) para el programa de subsidio a desocupados.

8) Instituto Nacional de Aprendizaje: Diez millones de colones

......... (¢ 10.000.000,00) para la construcción de talleres públicas y

programas de preparación de mano de obra.

9) Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad: Cuarenta y cinco

millones de colones (¢ 45.000.000,00), para programas productivos y de

desarrollo comunal.

10) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: Veinticinco

millones de colones (¢ 25.000.000,00), para dotar de agua los proyectos

mencionados por esta ley.

Los saldos no cubiertos durante 1983 lo serán en el año 1984.

Durante 1984, para los mismo fines y con las mismas prioridades, se

destinarán a las siguientes instituciones los montos que se indican:

1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal: Ciento veinticinco millones

de colones (¢ 125.0 00.000,00).

2) Instituto Mixto de Ayuda Social: Ciento setenta y cinco millones de

colones (¢ 175.000.000,00).

3) Instituto de Desarrollo Agrario: Setenta y cinco millones de colones

(¢ 75.000.000,00).

4) Instituto de Vivienda y Urbanismo: Ciento veinticinco millones de

colones (¢ 125.000.000,00).

5) Instituto de Fomento Cooperativo: Treinta y cinco millones de colones

(¢ 35.000.000,00).

6) Ministerio de Trabajo: Cincuenta millones de colones (¢50.000.000,00)

7) Instituto Nacional de Aprendizaje: Quince millones de colones

...... (¢ 15.000.000,00).

Ninguna de las instituciones, con excepción de las municipalidades,

podrá utilizar estos fondos para el pago de funcionarios, cargas sociales,

aumentos de salarios, ni gastos no indicados expresamente en este

artículo, y en ningún caso podrán ser utilizados para la creación de

nuevas plazas.

Las instituciones y programas citados en este artículo canalizarán

tales recursos prioritariamente a través de organizaciones cooperativas,

comunales y otras similares. previamente a la utilización de tales fondos,

las instituciones que los reciban deberán presentar un presupuesto

detallado de gastos a la Contraloría General de la República, el cual

deberá resolverse en un plazo no mayor de quince días. La Contraloría

incorporará un informe de estos presupuestos en su Memoria Anual. Las

instituciones correspondientes reglamentarán lo necesario para establecer

un trabajo comunal adecuado, como contrapartida de los subsidios

anteriores.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo traspasará al Instituto

Mixto de Ayuda Social la finca de su propiedad denominada Los Cuadros,

sita en el cantón de Goicoechea.

El traspaso se hará por la Notaría del Estado, libre de todo gravamen,

derechos de registro, especies fiscales y honorarios de notario. El valor

de la finca, de acuerdo con el avalúo de la Dirección General de la

Tributación Directa, se cancelará de la suma aquí asignada al Instituto

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Se autoriza a las instituciones del Estado para comprar en forma

directa, tierras para los fines indicados en este artículo, previo avalúo

de la Dirección General de la Tributación Directa, por un precio no mayor

a esté.

Se declara actividad ordinaria del Instituto Mixto de Ayuda Social

(IMAS) la construcción de vivienda y la adquisición de bienes y servicios

para ese fin, con el objeto de solucionar los problemas habitacionales de

la clase marginada del país.

Artículo 24.- Refórmase los artículos 1º, 3º, 4º y 7º de la ley Nº

2428 del 14 de setiembre de 1959, con vigencia a partir de 1984, para que

digan así:

"Artículo 1º.- El precio para prorrogar el arrendamiento de locales,

tramos o puestos de los mercados municipales, será fijado por la

municipalidad respectiva, previo dictamen de una comisión recalificadora

integrada por cuatro miembros y nombrada por aquella al efecto. Los

inquilinos de cada mercado, representados por su asociación debidamente

legalizada o a falta de ésta por la mayoría de ellos, en memorial

debidamente autenticado, tendrán derecho a presentar, hasta el 15 de

setiembre de cada año, una lista de la cual se elegirá dos de los miembros

de la comisión recalificadora. La municipalidad mediante nota certificada

y por otros medios que estime convenientes, avisará con quince días de

anticipación a todos los inquilinos sobre el derecho que tienen de hacer

tal presentación. Si pasare dicho plazo sin haber sido presentada la

lista, la corporación municipal nombrará la comisión sin que hayan

intervenido los arrendatarios."

"Artículo 3º.- La comisión recalificadora deberá ser nombrada por la

municipalidad en la segunda quincena del mes de setiembre de cada año, y

deberá presentar su dictamen a más tardar un mes después de la aceptación

del cargo. Si transcurriere el término dicho sin la presentación del

informe, la municipalidad podrá prescindir de este trámite y hacer la

fijación de los alquileres por medio de funcionarios municipales y otros

procedimientos idóneos, sujetándose, sin embargo, a las limitaciones

señaladas en el artículo segundo. Si el 31 de diciembre no hubiere

acuerdo firme aprobando la recalificación, regirán los mismos alquileres

vigentes para el próximo período de un año que se inicia el primero de

enero siguiente."

"Artículo 4º.- Aprobada por la municipalidad la recalificación de

alquileres, será comunicada a cada inquilino en nota certificada,

otorgándole un plazo no menor de treinta días naturales, para que

manifieste si acepta el alquiler fijado o si opta por dejar el local, tramo

o puesto municipal.

En los casos de respuesta afirmativa, automáticamente se tendrá por

prorrogado por un año el correspondiente contrato de arrendamiento, sin

necesidad de remate ni licitación, y se renovarán por igual procedimiento

las recalificaciones y contratos cada año, sin que pueda variarse durante

la vigencia de los mismos -salvo convenio especial- el precio del

arrendamiento fijado para todo el período. Dentro de los primeros quince

días, de los treinta de que habla este artículo, el inquilino tiene derecho

a argumentar ante la municipalidad, acerca del alquiler que se le haya

fijado, y la municipalidad debe resolver su alegato en los subsiguientes

quince días.

"Artículo 7º.- En el caso de construcción de un nuevo edificio para

mercado municipal, que sustituya al existente, los inquilinos del anterior

gozarán del derecho de prioridad para ocupar un local, tramo o puesto, en

similares condiciones del que ocupaban en el antiguo. La base para el

precio de los locales del nuevo edificio será fijada por la municipalidad

previo informe de una comisión recalificadora integrada como se menciona

en el artículo primero."

Artículo 25.- Adiciónase un artículo 51, corriéndose la numeración de

los demás, a la ley Nº 3670 del 22 de marzo de 1966 y sus reformas, que

dirá así:

"Artículo 51.- Establécese la figura del condominio de interés social,

bajo declaratoria expresa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

(INVU) o del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Los complejos

habitacionales, en los condominios de interés social, gozarán de todos los

derechos especiales, los programas y normas específicas, facilidades

crediticias, subvenciones y controles y obligaciones de que goza la

vivienda de interés social, sin que por ello pierdan ninguna de las

prerrogativas propias de la propiedad horizontal.

El INVU y el IMAS adaptarán sus reglamentos a los que establece este

artículo.

Artículo 26.- Deróganse el artículo 6º de la Ley Orgánica de la

Dirección General de Educación Física y Deportes, Nº 3656 del 6 de enero de

1966, el artículo 8º de la Ley General de Caminos Públicos, Nº 5060 del 22

de agosto de 1972 y las Normas Generales Nos. 46, 61, 62, 63, 73, 75, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 84 y 86, incluidas en el artículo 9º de la Ley de

Presupuestos Ordinarios para 1983. Igualmente deróganse la ley Nº 5081 del

10 de mayo de 1973 y los decretos Nos. 3170-C del 9 de agosto de 1973 y

6289-c del 13 de agosto de 1976.

Artículo 27.- Esta ley es de orden público y deroga todas aquellas

que se le opongan.

Artículo 28.- Rige a partir de su publicación.

Transitorio único.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para decretar

estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 1983, en los cantones

afectados por el terremoto del 3 de julio de 1983.