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 Normativa >> Acuerdo 0 >> Fecha 26/04/2017 >> Texto completo
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Política nacional para atención y prevención de la violencia contra las mujeres, 2017-2032
Texto Completo acta: 13B3F3

POLÍTICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA



CONTRA LAS MUJERES



2017-2032



Índice de Contenido



            I. INTRODUCCION

1.1 Presentación



1.2Estrategia Metodológica



II. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO NACIONAL ACTUAL



2.1 Contexto socio-económico, la situación y condición de las mujeres



2.2 Pobreza, exclusión y Violencia contra las mujeres: el círculo perverso



2.3 Inseguridad de las mujeres: ¿percepción o realidad?



2.4 Violencia simbólica y posmachismo



III. BALANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. IDENTIFICACION DE DESAFIOS



3.1 Legislación y normativa



3.2 Institucionalidad específica



3.3 Programas y servicios específicos



3.4 La perspectiva de las mujeres y de sus organizaciones



3.5 La   perspectiva      internacional: balance   de cumplimiento de las Convenciones Internacionales



IV. POLITICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2032



4.1 Apuesta estratégica



4.1.1 Poblaciones objetivo



4.1.2 Énfasis en el cambio cultural, la promoción de una cultura de igualdad, reconocimiento y respeto a las diferencias y la promoción de conductas alternativas al machismo y la violencia contra las mujeres.



4.1.3  Escenario priorizado de ejecución y encuentro inter-institucional e inter-sectorial: Lo local, la comunidad y el municipio.



4.2 Aspiración de la política



4.3 Enfoques, principios y características de la política



4.4 Ejes transversales para su ejecución



4.5 Ejes estructurales, objetivos y acciones estratégicas



EJE UNO: Promoción de una cultura no machista



EJE DOS: Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia



EJE TRES: Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza multi- dimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.



EJE CUATRO: Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no re-victimización



EJE CINCO: Prevención, atención integral y no-revictimización frente a la violencia sexual



EJE SEIS: Prevención del femicidio



4.6 Modelo de Gestión



4.6.1 El mandato legal para la coordinación y gestión del PLANOVI 2017- 2032 Acciones estratégicas para la conducción técnico-política del PLANOVI 2017-2032



4.6.2 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política y sus planes de acción



V. GLOSARIO



VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



              I. INTRODUCCION



1.1 Presentación



El presente documento contiene la "Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032" consensuada a nivel interinstitucional e intersectorial, desde un enfoque de derechos humanos, en concordancia con lo que establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).



Con esta Política Nacional 2017-2032 se busca la continuidad del esfuerzo iniciado a mediados de los años noventa con la elaboración del primer Plan  Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar (PLANOVI: 1994), y el segundo Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familia como por hostigamiento sexual y violación (PLANOVI Mujer: 2010-2015).



Se cumple también con el mandato incluido en varios instrumentos de ley donde se obliga al Estado costarricense a: "Promover políticas públicas, planes, programas, propuestas jurídicas, proyectos o acciones que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho humano a vivir libre de violencia" (Convención de Belem do Pará, Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 22, Ley 8688 Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar art 2).



El proceso de su diseño y elaboración ha sido coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en seguimiento al mandato legal como ente rector y fiscalizador del cumplimiento de la Convención de Belém do Pará y de las políticas públicas en los programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas (Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 21). El proceso ha contado con la participación activa de las instituciones públicas, académicas y sociales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (en adelante el SISTEMA).



               1.2 Estrategia metodológica del proceso de elaboración del PLANOVI-2017- 2032

El proceso de elaboración de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 se caracterizó por ser un proceso participativo en el cual diferentes actores (instituciones públicas y organizaciones que forman parte del SISTEMA, personas expertas en la materia y grupos específicos de población) aportaron sus percepciones y necesidades en la etapa de diagnóstico (análisis de situación), necesario para la definición de los ejes estratégicos de la Política.



Para la construcción del árbol de problemas de la política se tomaron en cuenta los siguientes insumos, documentos y resultados de actividades desarrolladas ad hoc para este fin:



. Informe Final del Encuentro Nacional de Mujeres, organizado para conmemorar el Vigésimo Aniversario de la Convención de Belem do Pará en Costa Rica, así como en los Encuentros sectoriales y regionales preparatorios a esa actividad.



. PLANOVIs I y II.



. Informes de rendición de cuentas elaborados por el Área de Violencia del INAMU, con las representaciones de las instituciones del SISTEMA.



. Informes del Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) a Costa Rica, informes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y otros.



. Informe de la Contraloría sobre el cumplimiento de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y de la auditoría cruzada sobre políticas de igualdad en tres países.



. Auditoría de los servicios a mujeres afectadas por la violencia contra las mujeres (INAMU 2015)



. Taller con representantes institucionales ante la Comisión de Seguimiento del SISTEMA1



1Este taller se llevó a cabo el 05 de abril de 2016.



. Talleres con integrantes de las Redes Locales de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar y representantes de las Oficinas Regionales del INAMU2



2En el Anexo 1 se especifican las fechas y lugares de cada uno de los talleres regionales.



. Talleres con Grupos específicos de población3



3En el Anexo 1 se especifican las fechas y lugares de los talleres y reuniones de trabajo con poblaciones específicas.



. Taller con mujeres expertas en materia de violencia contra las mujeres



. Entrevistas con informantes claves4.



4Por diferentes razones, fuera del control del Equipo Consultor, no se pudo realizar estas entrevistas en la primera etapa de la consultoría, por lo que se pospuso esta actividad para la segunda etapa.



Una primera versión del documento fue desarrollada por un equipo consultor contratado al efecto por el INAMU y dirigido por José Manuel Valverde y Ana Cecilia Escalante.



Colaboraron en la elaboración del documento de esta política: Dunia Espinoza (INA), Edda Quirós (Ministerio de Salud), Stephanie Rodríguez (MIDEPLAN), Guillermo Morales (Consejo Persona Joven), Maritza Ortiz Cortés (Ministerio de Justicia y Paz), Sylvia Mesa (Red Feminista contra la VcM), Ana Carcedo (CEFEMINA), Kattia Solís y Ana Hidalgo (INAMU).



              II. LA  VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES  EN  EL  CONTEXTO  NACIONAL ACTUAL

La violencia contra las mujeres (VcM) en todas sus manifestaciones, es estructural con relación a la sociedad patriarcal y uno de sus principales mecanismos de reproducción y perpetuación. No obstante, la evolución reciente de las sociedades capitalistas y el crecimiento del conservadurismo político y religioso, caracterizado por un aumento en la desigualdad y la exclusión social, están colocando a las mujeres ante riesgos aumentados de violencia y misoginia que obliga con mayor fuerza a estudiar, entender y explicar algunos rasgos actuales de la VcM en el marco de estos otros factores de naturaleza estructural para informar a la política pública.



La antropóloga argentina Rita Laura Segato propone un marco de análisis supranacional para comprender la evolución de la VcM tomando como referencia la realidad de algunos países latinoamericanos donde se evidencia una exacerbación de esta forma de violencia. Su propuesta también es relevante para comprender algunas características emergentes en Costa Rica, precisamente para tratar de explicar (íy prevenir!) la VcM en función de dinámicas socio-económicas y políticas actuales (sobre todo, como se ha señalado, la desigualdad, la exclusión y el conservadurismo) y el impacto que estas tienen en las relaciones de género.



En opinión de Segato



". estas nuevas formas de violencia machista son signo de una amplia transformación económica y política, que tiene que ver con el desarrollo de la economía informal y criminal y con la creciente pérdida del papel del Estado como monopolista de la violencia. En este marco, el cuerpo de la mujer se convierte en un soporte en el que se inscriben nuevas formas de dominio y de soberanía. es una violencia pública, sistemática, impersonal, en la que grupos criminales y corporaciones establecen una forma de control sobre el territorio que se expresa públicamente a través del sometimiento total del cuerpo de la mujer.Hoy en día, caudales de capital de gran magnitud son producidos en un territorio oscuro, en lo que yo llamo "de segunda realidad" porque tienen papeles de control social como los del Estado, pero están ocultos y están expandiendo esa esfera paraestatal de control de la vida y lo notamos en la vulnerabilidad creciente de las mujeres. La riqueza tiene un pie en lo lícito y un pie en lo ilícito... Y hay modos de protección de esa riqueza que no son lícitos. Estos capitales tienen origen muchas veces en varias formas del crimen organizado, del control de las personas: el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas para esclavitud, para el trabajo y para esclavitud sexual también"5.



5Segato, R. (2017). Entrevista para Contexto y Acción. Recuperado de: http://ctxt.es/es/20170315/Politica/11576/Feminismo-   Violencia-de-género-Rita-Laura-Segato-La-guerra-contra-las-mujeres-Nuria-Alabao.htm.



Estos nuevos escenarios de la violencia machista se entrelazan con otros escenarios "tradicionales" como la violencia de pareja, complejizándolos, aumentado el riesgo para las mujeres y dificultando las salidas que las mujeres pueden encontrar para construir proyectos de vida alternativos.



2.1  Contexto socio-económico, la situación y condición de las mujeres

Costa Rica está, en el momento actual, en una gran encrucijada. Por un lado, continúa disfrutando de una relativa estabilidad económica, social y política, y muestra avances significativos en materia de derechos humanos. Por otro lado, la postergación de ajustes productivos, fiscales, ambientales en la política social y en el  sistema  político  requeridos  para  garantizar  la  sostenibilidad  del  desarrollo  humano,  incrementa  la magnitud de los costos y sacrificios para el bienestar social y pone en riesgo los altos estándares que han caracterizado al país en el contexto internacional.



Así, por ejemplo, el desempleo abierto6  se mantuvo en 8,6% y sigue afectando con mayor intensidad a las personas pobres, las personas jóvenes, las mujeres y las regiones periféricas; los ingresos promedio de las familias decrecieron tras cinco años de crecimiento real y hubo un nuevo retroceso en un área en la que, hasta hace poco, se reportaban adelantos: la violencia delictiva. Además, el mercado laboral es la principal fuente de ingresos de las familias y muchas experimentan obstáculos para el ascenso social debido a la baja escolaridad de sus miembros, así como a las pocas opciones de empleo de calidad, el incumplimiento de garantías laborales y la informalidad, entre otros. Los esfuerzos del Estado mediante la política social han conseguido atenuar estos malos resultados en cierta medida, sin que se logre compensar todas las debilidades señaladas7 (PEN, 2016, PP. 31-22).



6Medido con base en la Encuesta Nacional de Hogares de 2014 (9,6% si se mide con la Encuesta Continua de Empleo).



7Por ejemplo, los principales programas financiados por el FODESAF reducen la pobreza en dos puntos porcentuales.



Desde 1990, el Índice de Desarrollo Humano (IDH)8 de Costa Rica ha ido en aumento. De 1990 al 2000 pasó de 0,652 a 0,704, y del 2000 al 2010 pasó de 0,704 a 0,750. Para el año 2014 ocupó el 10º lugar en desarrollo humano de 33 países de América Latina y el Caribe, con un valor de 0,766; además, ha estado consistentemente entre los países de "desarrollo humano alto", alcanzando en el 2014 el puesto 69 del total de 187 países. No obstante, según el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D)9, en el año 2014, Costa Rica presentó un valor de 0,613, lo que le generó una caída de 11 posiciones con respecto al IDH, lo que viene a confirmar la profundización de un desarrollo no equitativo en el país que, como se verá más adelante, afecta de manera particular a las mujeres10.



8El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.



9El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) ajusta el IDH según la desigualdad en la distribución de las dimensiones entre la población. El IDH-D será idéntico al IDH si no existe desigualdad entre las personas, pero desciende por debajo del IDH a medida que aumenta la desigualdad. En este sentido, el IDH-D es el nivel real de desarrollo humano (considerando su desigualdad), mientras que el IDH puede considerarse como un índice de desarrollo humano "potencial" (o el nivel máximo del IDH-



D) que podría lograrse de no haber desigualdad.



10En América Latina y el Caribe de los 9 países con desarrollo humano más alto que el costarricense, solamente 2 pierden más posiciones al ajustarse por desigualdad, Panamá pierde 20 lugares y Chile pierde 13.



Ahora bien, el Índice de Desigualdad de Género (IDG)11, refleja la desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones, ya que para el 2014 Costa Rica presentó un valor de 0,349, lo que lo ubica en la posición 66 del mundo; es decir 3 puntos menos que el IDH en ese mismo año (69)12 (PNUD, 2015).



11Varía entre cero, cuando a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible en todas las dimensiones medidas.



12En América Latina y el Caribe, para este índice Costa Rica ocupa el cuarto lugar, ya que solamente 3 países presentan mejores posiciones: Bahamas (58), Uruguay (61) y Chile (65).



En un nivel más específico, los indicadores de educación en Costa Rica evidencian mejores niveles de asistencia escolar tanto para niñas como para niños, lo que traduce en un acceso a la educación con equidad de género. Por ejemplo, la asistencia a la educación por edades en el año 2014 (INEC, 2014), revela que la brecha de género (diferencia entre mujeres y hombres), en las etapas correspondientes a la educación preescolar y primaria es cercana a cero (88,6% y 89,9% para hombres y mujeres, en edades entre 5 y 6 años, respectivamente y 99,7% y 99,5% para hombres y mujeres, en edades entre 7 y 12 años, respectivamente). Sin embargo, en las etapas de secundaria, la brecha entre mujeres y hombres es mayor en tanto se aprecia que las mujeres superan en aproximadamente un 2% a los hombres (91,6% y 93,9% para hombres y mujeres entre 13 y 17 años). Con respecto a la educación universitaria, los niveles de asistencia de las mujeres son mayores que los niveles de los hombres en más de 7% (46,9% para hombres entre 18 y 24 años y 54,4% para mujeres en ese mismo rango de edad). En este aspecto, concretamente, la situación de las mujeres es muy favorable.



No obstante, en otros campos, esa situación es notoriamente distinta. Por ejemplo, a pesar de que se observa un significativo aumento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, las brechas de participación desfavorables para las mujeres siguen siendo importantes. Se observa un significativo aumento de la tasa de participación de las mujeres, la cual pasa de 30% en 1990 a un 44,5% en el 2016. Dentro de las familias, las mujeres han tenido que asumir además del trabajo remunerado, el no remunerado de madres, esposas, amas de casas, entre otros; provocando una sobrecarga de esfuerzo en perjuicio de su salud física y mental. Además, los datos reflejan una tendencia al aumento de la jefatura femenina con respecto a la masculina desde el año 2000. Según la Encuesta Nacional de Hogares (INEC, 2015), de los 1.462.135 hogares el 36,2% tenían una jefatura de hogar femenina, porcentaje que ha ido en ascenso en el país (INAMU, 2010).



En el campo del empleo, también persiste la desigualdad entre hombres y mujeres; las mujeres enfrentan mayores problemas que los hombres para obtener y mantener un empleo. En el último trimestre del 2015 la tasa de desempleo abierto femenina era 12,5%, mayor que la masculina (7,8%) y hay un mayor subempleo. Aunado a eso, se debe considerar que las mujeres tienen mayor participación en el subempleo y en el empleo informal. En Costa Rica para el mismo período antes mencionado, el 14,5% de las mujeres ocupadas estaban subempleadas (contra sólo un 9,8% en los hombres), además, un 45,1% de las mujeres ocupadas contaban con un empleo informal (contra un 41,7% de los hombres participando en el sector informal). (INEC, I Trimestre, 2016).



Otro indicador de desigualdad, se observa cuando se calcula el porcentaje de personas trabajando de manera independiente y reciben menos del salario mínimo establecido. En el último trimestre del 2015, el 53,1% de las mujeres independientes recibieron una remuneración menor al salario mínimo, versus el 46,3% de los hombres independientes. Además, en esta población se registran bajos niveles de cobertura de la seguridad social, en el mismo período antes mencionado, apenas el 27,6% de las mujeres estaban afiliadas a algún seguro de salud (contra 54,5% de los hombres que estaban afiliados).



              2.2 Pobreza, exclusión y violencia contra las mujeres: el círculo perverso

Cuando se analiza la variable pobreza y exclusión es posible identificar la sobre-representación de las mujeres en estos segmentos de la población (pobreza y pobreza extrema). Si bien tanto mujeres como hombres sufren la pobreza, la discriminación de género significa que las mujeres cuentan con menos recursos para hacerle frente, producto de las múltiples discriminaciones históricas. Al 2016 se registran 20.5% de hogares en condición de pobreza (307.270) y 6.3% en pobreza extrema (95.004). En el primer caso, el 44.5% son hogares de jefatura femenina y, en el caso de la pobreza extrema, el 44.3%.13



13ENAHO 2016



La pobreza puede aumentar el riesgo frente a la violencia. Determinados grupos de mujeres, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. El matrimonio temprano de las mujeres generalmente implica embarazos también tempranos y múltiples, la interrupción de los estudios, el desempleo, subempleo o empleo informal y con ello la trasmisión intergeneracional de la pobreza para las nuevas generaciones.



Las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de personas. Por otro lado, aquellas que sufren violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental, tienen menos opciones de escapar de este tipo de relaciones debido a su alto grado de dependencia económica.



No todas las mujeres que sufren violencia son pobres, aunque se ven afectadas por discriminaciones y exclusiones en diferentes escenarios que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y su aporte a la sociedad como sujetas económicas. Por ello es necesario establecer el vínculo entre VcM y desarrollo. Las estimaciones conservadoras de la productividad desperdiciada debido a la violencia doméstica van del 1,2% del PIB en Brasil y Tanzania, al 2% del PIB en Chile, que es casi lo que la mayoría de los gobiernos gastan en educación primaria, es decir alrededor del 1,5%. Sin embargo, esas cifras no incluyen los costos asociados con el impacto emocional a largo plazo y con las consecuencias sobre la segunda generación14.



14Klugman   y   Morton,   (2013).   Por   qué   la   violencia   mantiene   a   las   mujeres   en   la   pobreza.   PNUD.               Recuperado   de: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/11/04/why-violence-keeps-women-poor- jeni-klugman-and-matthew-morton.html



Debemos agregar que tampoco incluyen el costo económico y social ocasionado por las otras violencias que sufren las mujeres en espacios públicos, privados y por diferentes agentes.



Tal y como lo establece el MESECVI (Mecanismo para el seguimiento de la Convención de Belem do Pará), la VcM limita la participación de las mujeres en los ámbitos social, político y económico lo que representa uno de los desafíos más serios al desarrollo humano sostenible en las Américas y se considera un grave obstáculo para el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. De acuerdo con la OEA (2014), recae sobre la mujer una parte desproporcionada de los problemas que entraña hacer frente a la pobreza, la desintegración social, el desempleo, la degradación del medio ambiente y los efectos de la guerra. Por ello se señala, que el impacto negativo de la VcM respecto del crecimiento económico y la mitigación de la pobreza, debería estar considerado entre las principales preocupaciones de los gobiernos.15



15OEA (2014): Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Washington, OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.I/II:6:14)



La Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la cual los Estados aprueban los objetivos prioritarios y metas comunes a alcanzar para el 2015, son contundentes al establecer que:



. La desigualdad y la violencia por motivos de género obstaculizan los esfuerzos de los países por reducir la pobreza. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo. Sin embargo, la violencia basada en el género quebranta sus derechos fundamentales, la estabilidad y la seguridad de la sociedad, la salud pública, sus oportunidades de educación y de empleo, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de la niñez y las comunidades, todos ellos elementos fundamentales para la consecución de los ODM.



. La violencia contra las mujeres reduce la productividad y esquilma los presupuestos públicos. pues supone enormes costos directos e indirectos para las supervivientes, los empleadores y también para el sector público, en especial por gastos relacionados con sanidad, policía, servicios jurídicos, entre otros, así como la pérdida de ingresos y productividad.



También en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables (ONU, 2015):



Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.



Entre los 17 ODS se destaca, en relación con la violencia contra las mujeres, el Objetivo 5 que apunta hacia el logro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Incluye como acciones estratégicas (ONU, 2015):



. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.



.  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.



.  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.



De todo lo anterior pareciera deducirse hoy con mayor claridad y como lección aprendida de la acción pública, que erradicar la VcM para amplios segmentos de la población femenina está íntimamente relacionada con cambios en el modelo social, político y económico que atienda de manera prioritaria la pobreza de las mujeres y coloque entre sus prioridades estatales la disminución de las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. También que las políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres debe ser parte no solo de la agenda social de los gobiernos donde han sido históricamente relegadas, si no transversal a las políticas económicas y de desarrollo de mediano y largo plazo.



               2.3 Inseguridad de las mujeres ¿percepción o realidad?

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (PNUD y LAPOP, 2006), en Costa Rica, la preocupación por la seguridad es una de las principales inquietudes de la ciudadanía, compitiendo sólo con temas como el alto costo de la vida y el desempleo. Generalmente la violencia se relaciona con la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Según los resultados de dicha encuesta, la seguridad ciudadana es la condición de encontrarse y sentirse libre de violencia, amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. Mientras que la inseguridad se refiere a los hechos concretos de violencia objetiva. En este sentido la percepción de inseguridad hace referencia a la sensación de temor que se relaciona con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo, generado por la violencia directa o indirecta. En agosto de 2008, el 16,0% de la población costarricense consideraba que la delincuencia era uno de los problemas principales del país (PNUD-POLSEPAZ, 2010). En enero del 2010 esta cifra se incrementa, ya que el 27,0% de la población afirmaba que la inseguridad era el principal problema (PNUD-POLSEPAZ, 2010) y en el 2011, el 67,0% de los y las costarricenses creía que el país cada día era un lugar más inseguro (Latino barómetro, 1995-2015, p.100).



La Encuesta Nacional de Seguridad en Costa Rica, realizada por el PNUD en el 2004 (PNUD, 2005) abordó el concepto de percepción de inseguridad desde cuatro dimensiones: patrimonial, física, emocional y sexual. Esta encuesta puso en evidencia que la percepción de inseguridad está centrada en el ámbito patrimonial, y menos en lo demás. Las personas que se manifiestan más inseguras son las mujeres, las personas menores de 24 años, que residen en entornos urbanos y de estratos socioeconómicos altos.



En el caso de las mujeres la percepción de inseguridad es objetiva debido a la experiencia que ellas aún viven en diferentes espacios, públicos y privados, y en diferentes etapas de la vida. La VcM ha sido siempre el principal problema de seguridad que viven las mujeres cuando, desde el ámbito más privado y originario como es la familia y el hogar, las niñas son víctimas de diversas formas de violencia sexual, testigas de la violencia doméstica contra sus madres y - en el futuro - potenciales víctimas ellas mismas de esta violencia.



En los espacios públicos como los laborales o callejeros, es la violencia sexual también la principal forma de agresiones que sufren las mujeres.



De esta manera el perfil delincuencial, al desagregarse por sexo, evidencia un patrón claramente diferenciado para mujeres y para hombres en casi todos los delitos, principalmente aquellos contra la vida o la integridad sexual y personal.



Pero este patrón presenta otras complejidades y rasgos adicionales cuando existe una aparentemente creciente territorialización de la violencia en la cual grupos de pandillas asociadas a diferentes ilícitos se agrupan en sociedades cerradas y/o asumen el control de espacios específicos del territorio. Preocupa que muchas veces las mujeres quedan atrapadas en estos territorios y/o en relaciones de pareja o familiares donde, además del control individual ejercido por un hombre determinado, se amplía el control sobre las mujeres al colectivo de hombres de la pandilla o del territorio. Estas actividades de delincuencia organizada, independientemente de su tamaño, se construyen sobre relaciones jerárquicas autoritarias y, por ende, violentas. Las dinámicas de poder entre los géneros también se agudizan con mayores niveles de peligro para las mujeres.



Así, la violencia contra las mujeres no tiene solo un eje de relación entre el agresor y la persona agredida, sino que es una relación entre hombres expresada por el mandato de masculinidad. Es decir, constituye un espectáculo ante los ojos de otros hombres. Por eso las peores violencias, las peores agresiones contra las mujeres pueden ser realizadas por pandillas de jóvenes, porque es donde algo tiene que ser demostrado: la capacidad de crueldad ante los ojos de los otros, de los pares, lo que la antropóloga Rita Segato (2017) denomina como la "cofradía masculina".



Esta realidad se confirma por el aumento de las muertes violentas de mujeres asociadas a la criminalidad organizada y a las venganzas cobradas en los cuerpos de las mujeres en la región Centroamérica incluyendo Costa Rica. En un estudio realizado sobre el femicidio en Centroamérica se establece que hay un número importante de mujeres que son las compañeras permanentes u ocasionales de los traficantes y vendedores que, al igual que en otro tipo de redes dedicadas al tráfico de armas o al sicariato, no necesariamente participan directamente de la actividad delictiva. Estas mujeres no solo viven desigualdades de poder características de una relación de pareja o sexual con un hombre. Además, están expuestas a altísimos riesgos por vivir en un medio en el cual los conflictos se saldan con gran facilidad mediante las armas y los asesinatos. Las parejas de quienes pertenecen a estas mafias son mujeres altamente controladas con cero o nula libertad. Todas las mujeres que se acercan pueden convertirse en testigos peligrosos que en ocasiones hay que eliminar. (Carcedo, 2010, p.24).16



16CEFEMINA  (2010):  Carcedo,  A.  et  al.  No  olvidamos  ni  aceptamos:  femicidio  en  Centroamérica  2000-2006.  San  José, CEFEMINA/Horizontes de Amistad.



Otro rasgo igualmente preocupante de este mismo estudio es el que establece como resultado del proceso de investigación que en todos los países son las mujeres jóvenes quienes más arriesgan la vida, particularmente quienes se ubican en los rangos de 20 y 30 años. (Ibid, p. 55). Esto reafirma que, además de la pobreza y la exclusión multidimensional, -o precisamente por ellas- la naturaleza de los vínculos tempranos que establecen muchas mujeres jóvenes en territorios dominados por este tipo de criminalidad potencia aún más los riesgos de la violencia y limita sus posibilidades de escape.



En estos contextos la capacidad real del Estado de brindar protección efectiva se ve limitada y con ello se acrecienta los sentimientos de impotencia de las mujeres con el riesgo de que el miedo real favorezca un proceso de re-privatización de la VcM.



Además de este impacto en las dinámicas de emparejamiento y/o familiares, la presencia de la criminalidad que se organiza alrededor del tráfico de drogas, personas, animales y de la moderna esclavitud exponen a las mujeres a otras formas de violencia, que se entrelazan con las ya existentes, con mayores riesgos de letalidad.



Todo lo anterior indica que las políticas públicas frente a la VcM, para ser eficaces, deberían ubicarse transversalmente, además, en las agendas nacionales de seguridad pública con sus vertientes de seguridad comunitaria y seguridad preventiva. Asimismo, que las mujeres jóvenes en estos contextos de exclusión y violencia organizada deberían ser objeto de acciones específicas de protección.



               2.4 Violencia simbólica17 y posmachismo18

17Refiere a aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos trasmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Se trata de un término acuñado por Piere Bourdieu



18Lorente Acosta lo define como "una de las últimas trampas que la cultura patriarcal ha puesto en práctica" y que lo que busca es mantener el stau quo de la desigualdad entre los géneros, pero con argumentos que se pretenden igualitarios. Recuperado de: http://desgenerandoelgenero.blogspot.com/2013/08/que-es-el-posmachismo.html



El análisis del contexto nacional estaría incompleto si no se incluye el marco cultural más amplio donde ocurre la VcM y donde se construyen y re-construyen los discursos que pretenden explicar y dar sentido a esta problemática.



Tres son los elementos principales a considerar en este análisis. El tratamiento que dan los medios (en su diversidad, incluyendo las redes sociales) a los hechos de VcM; los contenidos sexistas y machistas que permean de manera significativa la comunicación social tanto privada como institucional, y la presencia y reproducción de discursos y prácticas posmachistas organizadas.



La espectacularidad que caracteriza la VcM encuentra altavoz y es magnificada a través de los medios de comunicación que dan un tratamiento sensacionalista y estereotipado de los hechos de VcM. Al convertir la VcM en un espectáculo mediático se obtienen dos resultados aparentemente contradictorios. Por una parte, se educa el morbo en la mirada de las otras y otros testigos de la violencia, mirada cada día más ávida de espectacularidad y en la cual la humanidad de las personas mujeres se pierde entre el ruido y las imágenes. Simultáneamente, se produce un extrañamiento que genera parálisis e impotencia frente a hechos percibidos de tal magnitud frente a los cuales no se encuentra salida posible.



El mansaje más fuerte y claro es dirigido a las mujeres para reafirmar el poderío masculino y el costo de la indisciplina que implica romper los mandatos de género. Pero igualmente a los hombres para modelar las conductas que se requieren para seguir siendo parte de la "cofradía".



Rita Segato ha acuñado el concepto de pedagogía de la crueldad y señala a la violencia mediática como el "brazo ideológico de esa estrategia de la crueldad". Desde su punto de vista, no es que el ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que se lo enseña a despojar, a rapiñar, a usar los cuerpos hasta que queden solo restos; es una pedagogía porque ese público está siendo enseñado"19.



19Segato, Rita (s.f.) En los medios existe una pedagogía de la crueldad. Recuperado de: http://perio.unlp.edu.ar/node/4602



Complementariamente, el mainstream de la comunicación social nacional (representada por los medios privados y públicos de comunicación y por instituciones referentes como son las instituciones religiosas) no proyecta ni difunde mensajes alternativos que busquen reconstruir el tejido social que la violencia ha roto. No se reconocen entre los valores que promueven el de la igualdad, la solidaridad, la empatía, el bienestar común, el diálogo, la negociación, reconocimiento de las diversidades de construcción de género como estrategias para potenciar convivencias sociales más constructivas y con sentido de futuro.



Si bien la comunicación no es homogénea ni unidireccional ni unimodal y existen corrientes alternativas que buscan construir espacios desde un posicionamiento contracultural, de respeto a los derechos humanos y la búsqueda del progreso colectivo, no es posible desestimar la influencia mayoritaria que la comunicación oficial mantiene. Especialmente porque estas prácticas alternativas de convivencia social que la población ensaya desde sus comunidades o grupos diversos no encuentran espacio en los medios de comunicación, son proyectados como excepción y no se invierten recursos en potenciarlos.



Además de la violencia mediática, está la continuidad y reiteración de los mensajes y discursos sexistas que abarrotan los medios y la publicidad. Prevalecen los estereotipos de género relacionados con el rol de las mujeres en las relaciones de pareja y en la sociedad en general, que perpetúan su vulnerabilidad y justifican la violencia (ENPEDEMU, 2013). Perdura la objetivación sexual de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad, como una de las agencias de socialización con más resistencia social al cambio y como reproductores sociales de la violencia contra las mujeres, además se resiente la ausencia de regulaciones efectivas de la comunicación social, la publicidad y de los espectáculos públicos.



La cotidianeidad de estos mensajes, la lentitud y relativa volatilidad que caracterizan los cambios culturales, además de su tendencia a volver siempre al estado de cosas anterior, convierten a la violencia mediática y simbólica en los retos más complejos frente a la tarea de erradicar la VcM.



En este marco de dominio simbólico, importante también analizar la categoría "micro machismos", acuñada por Luis Bonino, y que refiere a formas de comportamiento masculino que en apariencia no tienen las dimensiones tan fuertes del machismo tradicional, pero que en el fondo mantienen la desigualdad y encubren las relaciones de poder de dominio. Desde los micromachismos, los hombres pueden mantener un discurso que en apariencia respeta los derechos de las mujeres, su acceso al trabajo y a la educación.



Bonino expresa:



 



"Actualmente la mayoría de los varones ya no ejercen un machismo puro y duro, ni siquiera especialmente dominantes con las mujeres, al menos en el mundo desarrollado. (.) Los micromachismos son actitudes de dominación "suave" o de "bajísima intensidad", formas y modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana (.) trucos, tretas y trampas más frecuentes que los varones utilizan actualmente para ejercer su "autoridad" sobre las mujeres (.) Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales y corporales incorporados y automatizados en el proceso de "hacerse hombres", como hábitos de funcionamiento frente a las mujeres." (Bonino citado en INAMU / WEM 2016, pp. 1)20



20Luis Bonino, (2004) Los micromachismos, en Revista Las Cibeles No. 2. Madrid: Publicación del Ayuntamiento, 2004



Por su parte, Marina Castaneda se refiere al mismo fenómeno con el nombre de "machismo invisible". Para esta autora, el machismo no significa necesariamente que el hombre ejerza violencia física o emocional hacia la mujer. El machismo es una forma de comportarse y de pensar que se expresa en actitudes hacia las mujeres, hacia los demás hombres, los niños, los subordinados.



"Puede manifestarse sólo con la mirada, los gestos o la falta de atención. Pero la persona que está del otro lado lo percibe con toda claridad y se siente disminuida, retada o ignorada. No hubo violencia, regaño ni disputa; pero se estableció, como por arte de magia, una relación desigual en la que alguien quedó arriba y alguien abajo." (Castaneda citada en INAMU/WEM 2016 pp. 19)21





21Marina Castaneda (2002), El machismo invisible. México: Ed. Grijalbo, 2002



Esta autora coincide con Bonino que quizás las formas más extremas de machismo, aunque se sigan presentando, son formas que reciben una censura social. Pero no han desaparecido, ahora se han vuelto más sutiles, sigue presente en todos los aspectos de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Se expresa en el lenguaje, en los "pequeños" privilegios masculinos, en los gestos, en las formas de comunicación en la familia y en la pareja, hasta en detalles: todo ello encierra un juego de poder que reproduce la dominación, pero esta vez, invisible o poco perceptible.



Los micromachismos se articulan  con  la violencia simbólica, originando un nuevo fenómeno, el de la dominación invisible. Estas formas de machismo que aparecen tan en "automático" y nadie las nota, deben de hacerse visibles en los procesos de sensibilización y capacitación que se lleven a cabo con los hombres en las políticas de masculinidad. Los hombres deben reconocer el uso cotidiano que hacen de los micromachismos y dilucidar como éstos mantienen la desigualdad y la discriminación. (INAMU/WEM 2016)22



22INAMU/ WEM (2016): Informe de consultoría: Promoción de Masculinidades Positivas e Igualitarias para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.



A lo anterior se ha agregado en los últimos años la presencia más o menos organizada y sistemática de grupos de personas, mayoritariamente hombres, que consciente y activamente adversan las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Si bien su representación es limitada, el asocio con personas y medios de comunicación social en posiciones de poder o de mayor proyección comunicacional favorecen y multiplican el impacto de sus mensajes.



Este tipo de agrupamientos que han surgido en diferentes partes del mundo como reacción y rearticulación del patriarcado frente al avance de las mujeres, es lo que el experto español Miguel Lorente ha denomino estrategia pos-machista haciendo referencia a que mantiene la misma esencia del discurso machista y sexista, pero renovado con una apropiación tendenciosa de algunos postulados de género y del feminismo.



Esta estrategia pretende que continúen las mismas referencias tradicionales y para ello busca generar confusión y desorientación en la población respecto de la VcM, porque esa desorientación se traduce en duda y la duda en una distancia, que lleva a que la gente no se posicione respecto al tema en cuestión. A su vez esta distancia se convierte en pasividad y la pasividad en que todo continúe tal y como está. Es decir, bajo las referencias de la desigualdad.23



23Idem.



Además del impacto simbólico, de la confusión y duda que estas agrupaciones han querido propiciar en el país, su activismo anuncia riesgos potenciales a conquistas fundamentales de las mujeres mediante propuestas de reformas de ley regresivas en materia de derechos humanos, cierres de programas, servicios e instituciones públicas especialmente las que promueven la igualdad y la no discriminación y el posicionamiento de una agenda y un discurso tradicional y conservador.



Es indudable que la violencia simbólica y, dentro de ella, la violencia mediática - y la estrategia posmachista - no solo refuerzan la cultura patriarcal y la perpetuación de la VcM, sino que constituyen otra forma de violencia contra las mujeres, que debe reconocerse como tal para actuar desde su especificidad.



El reto en este campo no se puede limitar, sin embargo, a la denuncia. Hay un reto mayor y mucho más complejo: es un reto educativo, formativo, continuado y de largo plazo en valores, actitudes y comportamientos  -  una  pedagogía  de  la  solidaridad  humana  y  de  la  empatía  -  que  posibilite  la  re-construcción del tejido social sobre la base de un nuevo contrato social basado en la igualdad y el respeto de la persona humana, sin discriminaciones. Lo anterior al tiempo que se promueve la educación crítica que posibilite la identificación y el cuestionamiento de los discursos machistas y neomachistas, que inevitablemente surgen y resurgen como parte del proceso dinámico de producción de la cultura.



            III. BALANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA VCM. IDENTIFICACIÓN DEESAFÍOS

En el transcurso de los últimos años se han producido avances concretos en la política pública costarricense que evidencian el reconocimiento por parte del Estado de la VcM como una violación fundamental de derechos humanos.



No obstante, y como se ha señalado en apartados anteriores, persisten aún importantes desafíos frente a la necesidad del Estado y de la sociedad en su conjunto de avanzar hacia una respuesta más estructural que permita no solamente continuar fortaleciendo los mecanismos de protección de las mujeres, sino generar cambios profundos en el orden de lo cultural.



A continuación, se presenta un resumen de esos avances y desafíos.



3.1  Legislación y normativa

Ratificación de Convenciones Internacionales

Entre los principales referentes internacionales ratificados por Costa Rica en relación con la violencia hacia las mujeres y los derechos humanos de las mujeres, cabe destacar, entre otras24: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer-CEDAW (1979)25, la Declaración de Viena (ONU, 1993), y La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conocida como "Convención de Belem do Pará (1994)26, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 1995)27, la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000)28; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible29, así como las recomendaciones dadas al país al presentar los informes de cumplimento de las responsabilidades que conllevan estos instrumentos. (Para más detalle sobre el marco normativo internacional vigente ver Anexo 1).



24Ver Anexo 4: Tabla con instrumentos internacionales vinculados a la VCM.



25Aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y entró en vigor en 1981. Ratificada por Costa Rica: Ley 6968, de 1984. Conocida como CEDAW por sus siglas en inglés.



26Adoptada por la OEA, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Ratificada por Costa Rica: Ley Nº7499, de 1995.



27Adoptada en 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China. Costa Rica ratificó (sin reservas) la Plataforma de Acción de Beijing en 1995.



28Adoptada en la Cumbre del Milenio, en Nueva York, en 2000.



29Adoptada por la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre 2015.



Legislación Nacional

Durante los años 90, Costa Rica logró avances significativos en cuanto a la creación o reformulación de instrumentos jurídicos para asegurar una vida sin violencia a las mujeres, reducir las brechas de género y promover la igualdad social de las mujeres. El balance de esta década - desde el componente formal normativo - fue positivo, ya que se reformaron o aprobaron cerca de 21 leyes en áreas claves30, siendo una de las principales la Ley Nº 7586 Contra la Violencia Doméstica-1996.





30Ver Anexo 2: Tabla con instrumentos nacionales vinculados a la VCM.



Luego de una época de rápidos avances, a partir del año 2002 y hasta la actualidad, se ha dado una situación de estancamiento en la generación de nuevas leyes, reflejo de la falta de consenso que se ha dado en el Poder Legislativo para aprobar leyes o reformas consideradas urgentes. El cierre de brechas de género se volvió más lento y costoso, con logros apenas marginales en comparación con los vertiginosos cambios de la década previa. Esto ocurre en un contexto nacional en el que existen problemas estructurales importantes tales como: la agudización de la pobreza de las mujeres, la falta de reconocimiento del trabajo femenino, desfavorables condiciones de inserción laboral y segmentación del mercado trabajo, al igual que el tenaz arraigo de situaciones discriminatorias en asuntos relativos a la educación como la segregación de matrícula en formación profesional; la violencia en contra de las mujeres; los rezagos institucionales y la escasez de recursos asignados a la ejecución de políticas públicas específicas (INAMU, 2007).



Este lapso de no aprobación de legislación ha sido motivo para que el Comité de la ONU, que vigila la aplicación de la CEDAW, haya expresado preocupaciones y llamados de atención al país (CEDAW, 2005). Estos llamados de atención se refieren a problemas persistentes y dificultades crecientes que está teniendo el Estado costarricense para concretar la promesa democrática ampliada en los noventa hacia diversos sectores sociales, entre ellos las mujeres, así como las dificultades de la sociedad costarricense para superar el peso de una tradición de asimetrías, desafueros y violencia en contra de la mitad de su población, la femenina. (Programa Estado de la Nación, 2005).



Después de un largo período de incidencia política por parte de los movimientos de mujeres y feministas, finalmente se aprobó la Ley 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres-200731, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 6968, de 2 de octubre de 1984) así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley 7499, de 2 de mayo de 1995).



31El 25 de abril del 2007, se aprueba la Ley 8589 Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se adiciona un inc. d) al art. 239 del Código Procesal Penal y se modifica el párrafo final del art. 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica; publicada en La Gaceta No103, 25 de abril de 2007. El 25 de marzo del 2011, se aprueba la Ley 8929 Modificación de los Artículos 22 y 25 de la Ley 8589 Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; publicada en La Gaceta 60. Estos artículos habían sido declarados inconstitucionales por parte de la Sala IV-Constitucional.



En el 2008, se creó el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres-2008, por medio de la Ley 8688, como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los Ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia, para promover políticas públicas que garanticen la atención integral de las personas afectadas por violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, permitiendo mejorar su situación, su recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.



En el 2009, se aprobó la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal-2009, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento.



En el 2012, se aprobó la Ley No. 9095 Contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas-2012, con los siguientes fines: promover políticas públicas para el combate integral de la trata de personas; propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata de personas y sus actividades conexas; definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y sus dependientes; impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de la trata de personas.



En el año 2016 fue aprobada la Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (conocida como Ley de relaciones impropias). La Ley 9406, es una reforma a los artículos 159 Y 161 del Código Penal (Ley 4573 de 4 de Mayo de 1970, y sus reformas); Del Código De Familia (Ley 5476, reforma de 21 de diciembre de 1973, y sus reformas) los Incisos 4) y 7) del Artículo 14, los primeros párrafos de los artículos 64 y 148 y los incisos a), c) y d) del artículo 158 y derogatoria de los Incisos 1) y 3) del artículo 16, los artículos 21, 22, el Inciso 2) del artículo 28, los artículos 36 y 38; y derogatoria del inciso 1) del artículo 39 del Código Civil (Ley 63, de 28 de setiembre de 1887, y sus reformas); y reforma del artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil (N° 3504, de 10 de mayo de 1965, y sus reformas). Con esta reforma se logra establecer un límite de edad a partir del cual se considera que las relaciones sexuales de personas adultas con personas menores de edad constituyen delito. Además, la ley prohíbe el matrimonio con personas menores de edad.



Se penaliza con cárcel de hasta 6 años a quien tenga relaciones sexuales con una persona mayor de trece años y menor de 15, cuando entre ambos -autor y víctima- haya una diferencia de edad de 5 años o más. La pena de cárcel es de hasta 3 años si la persona mayor de edad tiene relaciones con personas mayores de 15 años y menores de 18 años, cuando la diferencia de edad entre ambos -autor y víctima-es de 7 años o más. La pena de cárcel es de 4 a 10 años, cuando el autor de las relaciones sexuales tiene con respecto a la víctima menor de edad condición de familiar, tutor, amigo o autoridad, sin necesidad de que medie una relación de parentesco entre ambos y siempre que no constituya el delito de violación.



Además de leyes y decretos, en estas dos décadas se ha emitido un amplio catálogo de normas, directrices y protocolos de parte de las 22 instituciones que componen el Sistema Nacional VcM con el objetivo de regular y poner en consonancia las prácticas institucionales sobre el marco jurídico internacional y nacional. (Para un registro de todos estos instrumentos de política institucional ver Anexo 3).



            3.2 Institucionalidad específica



La violencia contra la mujer, y más específicamente la violencia intrafamiliar, fue un problema socialmente invisibilizado por la sociedad costarricense y minimizado por las instituciones públicas, hasta inicios de los años ochenta, cuando algunas organizaciones de mujeres32 empezaron a denunciar públicamente la violencia doméstica y su impacto en vida de las mujeres (PLANOVI 2010-2015, p. 32).



32CEFEMINA, Alianza de Mujeres, Fundación Ser y Crecer, Colectivo Pancha Carrasco.



En la década de los noventa, con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (PIEG, 1990), surgen algunas respuestas institucionales a esta problemática, no obstante, de una manera desarticulada. No es sino hasta en el año 1994 que se lleva a cabo el primer esfuerzo nacional para articular una respuesta de atención a esta problemática, que consistió en la elaboración del Plan de Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Sector Salud. Este plan fue construido interinstitucionalmente y contempló la participación y los aportes de las organizaciones de mujeres. Ese mismo año (1994), el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (actual Instituto Nacional de las Mujeres), coordinó el proceso de formulación del Primer Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual Extra familiar: 1996-1998 (PLANOVI), con la participación de diferentes instituciones del Estado y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). La ejecución de este Plan dio inicio en el año 1995 y es incluido como una de las acciones sustantivas en el Decreto No. 22664 de febrero de 1998, que crea el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar. El ámbito de atención de este primer plan fue la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial en el ámbito intrafamiliar y al abuso sexual extra familiar.



En el año 1999 se elaboró un segundo PLANOVI, nombrado como Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violación, conocido como PLANOVI-MUJER 2000-2004.



En el año 2010, se formula el tercer PLANOVI-MUJER que abarcó los años 2010-2015. Al haberse vencido ya su periodo de ejecución, el INAMU dio inicio al proceso de elaboración del cuarto PLANOVI, el cual comprenderá los años 2017-2032.



Como ya ha sido indicado, la respuesta institucional al problema de la violencia contra las mujeres se vio fortalecida con la creación, mediante Decreto Ejecutivo No. 26664 (1998), del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar". Una década después (2008) de creado el SISTEMA, la existencia del mismo se consolida aún más con la aprobación de la Ley No. 8688, bajo el título Creación del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.



De acuerdo con esta Ley (art. 2), los objetivos del SISTEMA son:



. Promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley 7499, Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem Do Para", de 2 de mayo de 1995 (.).



.  Brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.



El SISTEMA se estructuró en dos niveles. Un nivel, sectorial/intersectorial, en el cual participan todas las instituciones integrantes del SISTEMA, así como las organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil. Otro nivel, el territorial, conformado por redes locales en donde participan