POLÍTICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

2017-2032

Índice de Contenido

            I. INTRODUCCION

1.1 Presentación

1.2Estrategia Metodológica

II. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO NACIONAL ACTUAL

2.1 Contexto socio-económico, la situación y condición de las mujeres

2.2 Pobreza, exclusión y Violencia contra las mujeres: el círculo perverso

2.3 Inseguridad de las mujeres: ¿percepción o realidad?

2.4 Violencia simbólica y posmachismo

III. BALANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. IDENTIFICACION DE DESAFIOS

3.1 Legislación y normativa

3.2 Institucionalidad específica

3.3 Programas y servicios específicos

3.4 La perspectiva de las mujeres y de sus organizaciones

3.5 La   perspectiva      internacional: balance   de cumplimiento de las Convenciones Internacionales

IV. POLITICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2032

4.1 Apuesta estratégica

4.1.1 Poblaciones objetivo

4.1.2 Énfasis en el cambio cultural, la promoción de una cultura de igualdad, reconocimiento y respeto a las diferencias y la promoción de conductas alternativas al machismo y la violencia contra las mujeres.

4.1.3  Escenario priorizado de ejecución y encuentro inter-institucional e inter-sectorial: Lo local, la comunidad y el municipio.

4.2 Aspiración de la política

4.3 Enfoques, principios y características de la política

4.4 Ejes transversales para su ejecución

4.5 Ejes estructurales, objetivos y acciones estratégicas

EJE UNO: Promoción de una cultura no machista

EJE DOS: Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia

EJE TRES: Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza multi- dimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.

EJE CUATRO: Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no re-victimización

EJE CINCO: Prevención, atención integral y no-revictimización frente a la violencia sexual

EJE SEIS: Prevención del femicidio

4.6 Modelo de Gestión

4.6.1 El mandato legal para la coordinación y gestión del PLANOVI 2017- 2032 Acciones estratégicas para la conducción técnico-política del PLANOVI 2017-2032

4.6.2 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política y sus planes de acción

V. GLOSARIO

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

              I. INTRODUCCION

1.1 Presentación

El presente documento contiene la "Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032" consensuada a nivel interinstitucional e intersectorial, desde un enfoque de derechos humanos, en concordancia con lo que establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).

Con esta Política Nacional 2017-2032 se busca la continuidad del esfuerzo iniciado a mediados de los años noventa con la elaboración del primer Plan  Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar (PLANOVI: 1994), y el segundo Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familia como por hostigamiento sexual y violación (PLANOVI Mujer: 2010-2015).

Se cumple también con el mandato incluido en varios instrumentos de ley donde se obliga al Estado costarricense a: "Promover políticas públicas, planes, programas, propuestas jurídicas, proyectos o acciones que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho humano a vivir libre de violencia" (Convención de Belem do Pará, Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 22, Ley 8688 Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar art 2).

El proceso de su diseño y elaboración ha sido coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en seguimiento al mandato legal como ente rector y fiscalizador del cumplimiento de la Convención de Belém do Pará y de las políticas públicas en los programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas (Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 21). El proceso ha contado con la participación activa de las instituciones públicas, académicas y sociales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (en adelante el SISTEMA).

               1.2 Estrategia metodológica del proceso de elaboración del PLANOVI-2017- 2032

El proceso de elaboración de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 se caracterizó por ser un proceso participativo en el cual diferentes actores (instituciones públicas y organizaciones que forman parte del SISTEMA, personas expertas en la materia y grupos específicos de población) aportaron sus percepciones y necesidades en la etapa de diagnóstico (análisis de situación), necesario para la definición de los ejes estratégicos de la Política.

Para la construcción del árbol de problemas de la política se tomaron en cuenta los siguientes insumos, documentos y resultados de actividades desarrolladas ad hoc para este fin:

. Informe Final del Encuentro Nacional de Mujeres, organizado para conmemorar el Vigésimo Aniversario de la Convención de Belem do Pará en Costa Rica, así como en los Encuentros sectoriales y regionales preparatorios a esa actividad.

. PLANOVIs I y II.

. Informes de rendición de cuentas elaborados por el Área de Violencia del INAMU, con las representaciones de las instituciones del SISTEMA.

. Informes del Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) a Costa Rica, informes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y otros.

. Informe de la Contraloría sobre el cumplimiento de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y de la auditoría cruzada sobre políticas de igualdad en tres países.

. Auditoría de los servicios a mujeres afectadas por la violencia contra las mujeres (INAMU 2015)

. Taller con representantes institucionales ante la Comisión de Seguimiento del SISTEMA¹

¹Este taller se llevó a cabo el 05 de abril de 2016.

. Talleres con integrantes de las Redes Locales de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar y representantes de las Oficinas Regionales del INAMU²

2En el Anexo 1 se especifican las fechas y lugares de cada uno de los talleres regionales.

. Talleres con Grupos específicos de población³

3En el Anexo 1 se especifican las fechas y lugares de los talleres y reuniones de trabajo con poblaciones específicas.

. Taller con mujeres expertas en materia de violencia contra las mujeres

. Entrevistas con informantes claves4.

⁴Por diferentes razones, fuera del control del Equipo Consultor, no se pudo realizar estas entrevistas en la primera etapa de la consultoría, por lo que se pospuso esta actividad para la segunda etapa.

Una primera versión del documento fue desarrollada por un equipo consultor contratado al efecto por el INAMU y dirigido por José Manuel Valverde y Ana Cecilia Escalante.

Colaboraron en la elaboración del documento de esta política: Dunia Espinoza (INA), Edda Quirós (Ministerio de Salud), Stephanie Rodríguez (MIDEPLAN), Guillermo Morales (Consejo Persona Joven), Maritza Ortiz Cortés (Ministerio de Justicia y Paz), Sylvia Mesa (Red Feminista contra la VcM), Ana Carcedo (CEFEMINA), Kattia Solís y Ana Hidalgo (INAMU).

              II. LA  VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES  EN  EL  CONTEXTO  NACIONAL ACTUAL

La violencia contra las mujeres (VcM) en todas sus manifestaciones, es estructural con relación a la sociedad patriarcal y uno de sus principales mecanismos de reproducción y perpetuación. No obstante, la evolución reciente de las sociedades capitalistas y el crecimiento del conservadurismo político y religioso, caracterizado por un aumento en la desigualdad y la exclusión social, están colocando a las mujeres ante riesgos aumentados de violencia y misoginia que obliga con mayor fuerza a estudiar, entender y explicar algunos rasgos actuales de la VcM en el marco de estos otros factores de naturaleza estructural para informar a la política pública.

La antropóloga argentina Rita Laura Segato propone un marco de análisis supranacional para comprender la evolución de la VcM tomando como referencia la realidad de algunos países latinoamericanos donde se evidencia una exacerbación de esta forma de violencia. Su propuesta también es relevante para comprender algunas características emergentes en Costa Rica, precisamente para tratar de explicar (íy prevenir!) la VcM en función de dinámicas socio-económicas y políticas actuales (sobre todo, como se ha señalado, la desigualdad, la exclusión y el conservadurismo) y el impacto que estas tienen en las relaciones de género.

En opinión de Segato

". estas nuevas formas de violencia machista son signo de una amplia transformación económica y política, que tiene que ver con el desarrollo de la economía informal y criminal y con la creciente pérdida del papel del Estado como monopolista de la violencia. En este marco, el cuerpo de la mujer se convierte en un soporte en el que se inscriben nuevas formas de dominio y de soberanía. es una violencia pública, sistemática, impersonal, en la que grupos criminales y corporaciones establecen una forma de control sobre el territorio que se expresa públicamente a través del sometimiento total del cuerpo de la mujer.Hoy en día, caudales de capital de gran magnitud son producidos en un territorio oscuro, en lo que yo llamo "de segunda realidad" porque tienen papeles de control social como los del Estado, pero están ocultos y están expandiendo esa esfera paraestatal de control de la vida y lo notamos en la vulnerabilidad creciente de las mujeres. La riqueza tiene un pie en lo lícito y un pie en lo ilícito... Y hay modos de protección de esa riqueza que no son lícitos. Estos capitales tienen origen muchas veces en varias formas del crimen organizado, del control de las personas: el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas para esclavitud, para el trabajo y para esclavitud sexual también"⁵.

5Segato, R. (2017). Entrevista para Contexto y Acción. Recuperado de: http://ctxt.es/es/20170315/Politica/11576/Feminismo-   Violencia-de-género-Rita-Laura-Segato-La-guerra-contra-las-mujeres-Nuria-Alabao.htm.

Estos nuevos escenarios de la violencia machista se entrelazan con otros escenarios "tradicionales" como la violencia de pareja, complejizándolos, aumentado el riesgo para las mujeres y dificultando las salidas que las mujeres pueden encontrar para construir proyectos de vida alternativos.

2.1  Contexto socio-económico, la situación y condición de las mujeres

Costa Rica está, en el momento actual, en una gran encrucijada. Por un lado, continúa disfrutando de una relativa estabilidad económica, social y política, y muestra avances significativos en materia de derechos humanos. Por otro lado, la postergación de ajustes productivos, fiscales, ambientales en la política social y en el  sistema  político  requeridos  para  garantizar  la  sostenibilidad  del  desarrollo  humano,  incrementa  la magnitud de los costos y sacrificios para el bienestar social y pone en riesgo los altos estándares que han caracterizado al país en el contexto internacional.

Así, por ejemplo, el desempleo abierto6  se mantuvo en 8,6% y sigue afectando con mayor intensidad a las personas pobres, las personas jóvenes, las mujeres y las regiones periféricas; los ingresos promedio de las familias decrecieron tras cinco años de crecimiento real y hubo un nuevo retroceso en un área en la que, hasta hace poco, se reportaban adelantos: la violencia delictiva. Además, el mercado laboral es la principal fuente de ingresos de las familias y muchas experimentan obstáculos para el ascenso social debido a la baja escolaridad de sus miembros, así como a las pocas opciones de empleo de calidad, el incumplimiento de garantías laborales y la informalidad, entre otros. Los esfuerzos del Estado mediante la política social han conseguido atenuar estos malos resultados en cierta medida, sin que se logre compensar todas las debilidades señaladas7 (PEN, 2016, PP. 31-22).

6Medido con base en la Encuesta Nacional de Hogares de 2014 (9,6% si se mide con la Encuesta Continua de Empleo).

⁷Por ejemplo, los principales programas financiados por el FODESAF reducen la pobreza en dos puntos porcentuales.

Desde 1990, el Índice de Desarrollo Humano (IDH)8 de Costa Rica ha ido en aumento. De 1990 al 2000 pasó de 0,652 a 0,704, y del 2000 al 2010 pasó de 0,704 a 0,750. Para el año 2014 ocupó el 10º lugar en desarrollo humano de 33 países de América Latina y el Caribe, con un valor de 0,766; además, ha estado consistentemente entre los países de "desarrollo humano alto", alcanzando en el 2014 el puesto 69 del total de 187 países. No obstante, según el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D)9, en el año 2014, Costa Rica presentó un valor de 0,613, lo que le generó una caída de 11 posiciones con respecto al IDH, lo que viene a confirmar la profundización de un desarrollo no equitativo en el país que, como se verá más adelante, afecta de manera particular a las mujeres10.

8El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.

9El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) ajusta el IDH según la desigualdad en la distribución de las dimensiones entre la población. El IDH-D será idéntico al IDH si no existe desigualdad entre las personas, pero desciende por debajo del IDH a medida que aumenta la desigualdad. En este sentido, el IDH-D es el nivel real de desarrollo humano (considerando su desigualdad), mientras que el IDH puede considerarse como un índice de desarrollo humano "potencial" (o el nivel máximo del IDH-

D) que podría lograrse de no haber desigualdad.

10En América Latina y el Caribe de los 9 países con desarrollo humano más alto que el costarricense, solamente 2 pierden más posiciones al ajustarse por desigualdad, Panamá pierde 20 lugares y Chile pierde 13.

Ahora bien, el Índice de Desigualdad de Género (IDG)11, refleja la desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones, ya que para el 2014 Costa Rica presentó un valor de 0,349, lo que lo ubica en la posición 66 del mundo; es decir 3 puntos menos que el IDH en ese mismo año (69)¹² (PNUD, 2015).

¹¹Varía entre cero, cuando a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible en todas las dimensiones medidas.

¹²En América Latina y el Caribe, para este índice Costa Rica ocupa el cuarto lugar, ya que solamente 3 países presentan mejores posiciones: Bahamas (58), Uruguay (61) y Chile (65).

En un nivel más específico, los indicadores de educación en Costa Rica evidencian mejores niveles de asistencia escolar tanto para niñas como para niños, lo que traduce en un acceso a la educación con equidad de género. Por ejemplo, la asistencia a la educación por edades en el año 2014 (INEC, 2014), revela que la brecha de género (diferencia entre mujeres y hombres), en las etapas correspondientes a la educación preescolar y primaria es cercana a cero (88,6% y 89,9% para hombres y mujeres, en edades entre 5 y 6 años, respectivamente y 99,7% y 99,5% para hombres y mujeres, en edades entre 7 y 12 años, respectivamente). Sin embargo, en las etapas de secundaria, la brecha entre mujeres y hombres es mayor en tanto se aprecia que las mujeres superan en aproximadamente un 2% a los hombres (91,6% y 93,9% para hombres y mujeres entre 13 y 17 años). Con respecto a la educación universitaria, los niveles de asistencia de las mujeres son mayores que los niveles de los hombres en más de 7% (46,9% para hombres entre 18 y 24 años y 54,4% para mujeres en ese mismo rango de edad). En este aspecto, concretamente, la situación de las mujeres es muy favorable.

No obstante, en otros campos, esa situación es notoriamente distinta. Por ejemplo, a pesar de que se observa un significativo aumento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, las brechas de participación desfavorables para las mujeres siguen siendo importantes. Se observa un significativo aumento de la tasa de participación de las mujeres, la cual pasa de 30% en 1990 a un 44,5% en el 2016. Dentro de las familias, las mujeres han tenido que asumir además del trabajo remunerado, el no remunerado de madres, esposas, amas de casas, entre otros; provocando una sobrecarga de esfuerzo en perjuicio de su salud física y mental. Además, los datos reflejan una tendencia al aumento de la jefatura femenina con respecto a la masculina desde el año 2000. Según la Encuesta Nacional de Hogares (INEC, 2015), de los 1.462.135 hogares el 36,2% tenían una jefatura de hogar femenina, porcentaje que ha ido en ascenso en el país (INAMU, 2010).

En el campo del empleo, también persiste la desigualdad entre hombres y mujeres; las mujeres enfrentan mayores problemas que los hombres para obtener y mantener un empleo. En el último trimestre del 2015 la tasa de desempleo abierto femenina era 12,5%, mayor que la masculina (7,8%) y hay un mayor subempleo. Aunado a eso, se debe considerar que las mujeres tienen mayor participación en el subempleo y en el empleo informal. En Costa Rica para el mismo período antes mencionado, el 14,5% de las mujeres ocupadas estaban subempleadas (contra sólo un 9,8% en los hombres), además, un 45,1% de las mujeres ocupadas contaban con un empleo informal (contra un 41,7% de los hombres participando en el sector informal). (INEC, I Trimestre, 2016).

Otro indicador de desigualdad, se observa cuando se calcula el porcentaje de personas trabajando de manera independiente y reciben menos del salario mínimo establecido. En el último trimestre del 2015, el 53,1% de las mujeres independientes recibieron una remuneración menor al salario mínimo, versus el 46,3% de los hombres independientes. Además, en esta población se registran bajos niveles de cobertura de la seguridad social, en el mismo período antes mencionado, apenas el 27,6% de las mujeres estaban afiliadas a algún seguro de salud (contra 54,5% de los hombres que estaban afiliados).

              2.2 Pobreza, exclusión y violencia contra las mujeres: el círculo perverso

Cuando se analiza la variable pobreza y exclusión es posible identificar la sobre-representación de las mujeres en estos segmentos de la población (pobreza y pobreza extrema). Si bien tanto mujeres como hombres sufren la pobreza, la discriminación de género significa que las mujeres cuentan con menos recursos para hacerle frente, producto de las múltiples discriminaciones históricas. Al 2016 se registran 20.5% de hogares en condición de pobreza (307.270) y 6.3% en pobreza extrema (95.004). En el primer caso, el 44.5% son hogares de jefatura femenina y, en el caso de la pobreza extrema, el 44.3%.¹³

¹³ENAHO 2016

La pobreza puede aumentar el riesgo frente a la violencia. Determinados grupos de mujeres, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. El matrimonio temprano de las mujeres generalmente implica embarazos también tempranos y múltiples, la interrupción de los estudios, el desempleo, subempleo o empleo informal y con ello la trasmisión intergeneracional de la pobreza para las nuevas generaciones.

Las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de personas. Por otro lado, aquellas que sufren violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental, tienen menos opciones de escapar de este tipo de relaciones debido a su alto grado de dependencia económica.

No todas las mujeres que sufren violencia son pobres, aunque sí se ven afectadas por discriminaciones y exclusiones en diferentes escenarios que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y su aporte a la sociedad como sujetas económicas. Por ello es necesario establecer el vínculo entre VcM y desarrollo. Las estimaciones conservadoras de la productividad desperdiciada debido a la violencia doméstica van del 1,2% del PIB en Brasil y Tanzania, al 2% del PIB en Chile, que es casi lo que la mayoría de los gobiernos gastan en educación primaria, es decir alrededor del 1,5%. Sin embargo, esas cifras no incluyen los costos asociados con el impacto emocional a largo plazo y con las consecuencias sobre la segunda generación¹⁴.

¹⁴Klugman   y   Morton,   (2013).   Por   qué   la   violencia   mantiene   a   las   mujeres   en   la   pobreza.   PNUD.               Recuperado   de: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/11/04/why-violence-keeps-women-poor- jeni-klugman-and-matthew-morton.html

Debemos agregar que tampoco incluyen el costo económico y social ocasionado por las otras violencias que sufren las mujeres en espacios públicos, privados y por diferentes agentes.

Tal y como lo establece el MESECVI (Mecanismo para el seguimiento de la Convención de Belem do Pará), la VcM limita la participación de las mujeres en los ámbitos social, político y económico lo que representa uno de los desafíos más serios al desarrollo humano sostenible en las Américas y se considera un grave obstáculo para el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. De acuerdo con la OEA (2014), recae sobre la mujer una parte desproporcionada de los problemas que entraña hacer frente a la pobreza, la desintegración social, el desempleo, la degradación del medio ambiente y los efectos de la guerra. Por ello se señala, que el impacto negativo de la VcM respecto del crecimiento económico y la mitigación de la pobreza, debería estar considerado entre las principales preocupaciones de los gobiernos.¹⁵

¹⁵OEA (2014): Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Washington, OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.I/II:6:14)

La Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la cual los Estados aprueban los objetivos prioritarios y metas comunes a alcanzar para el 2015, son contundentes al establecer que:

. La desigualdad y la violencia por motivos de género obstaculizan los esfuerzos de los países por reducir la pobreza. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo. Sin embargo, la violencia basada en el género quebranta sus derechos fundamentales, la estabilidad y la seguridad de la sociedad, la salud pública, sus oportunidades de educación y de empleo, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de la niñez y las comunidades, todos ellos elementos fundamentales para la consecución de los ODM.

. La violencia contra las mujeres reduce la productividad y esquilma los presupuestos públicos. pues supone enormes costos directos e indirectos para las supervivientes, los empleadores y también para el sector público, en especial por gastos relacionados con sanidad, policía, servicios jurídicos, entre otros, así como la pérdida de ingresos y productividad.

También en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables (ONU, 2015):

Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.

Entre los 17 ODS se destaca, en relación con la violencia contra las mujeres, el Objetivo 5 que apunta hacia el logro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Incluye como acciones estratégicas (ONU, 2015):

. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

.  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

.  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

De todo lo anterior pareciera deducirse hoy con mayor claridad y como lección aprendida de la acción pública, que erradicar la VcM para amplios segmentos de la población femenina está íntimamente relacionada con cambios en el modelo social, político y económico que atienda de manera prioritaria la pobreza de las mujeres y coloque entre sus prioridades estatales la disminución de las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. También que las políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres debe ser parte no solo de la agenda social de los gobiernos donde han sido históricamente relegadas, si no transversal a las políticas económicas y de desarrollo de mediano y largo plazo.

               2.3 Inseguridad de las mujeres ¿percepción o realidad?

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (PNUD y LAPOP, 2006), en Costa Rica, la preocupación por la seguridad es una de las principales inquietudes de la ciudadanía, compitiendo sólo con temas como el alto costo de la vida y el desempleo. Generalmente la violencia se relaciona con la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Según los resultados de dicha encuesta, la seguridad ciudadana es la condición de encontrarse y sentirse libre de violencia, amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. Mientras que la inseguridad se refiere a los hechos concretos de violencia objetiva. En este sentido la percepción de inseguridad hace referencia a la sensación de temor que se relaciona con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo, generado por la violencia directa o indirecta. En agosto de 2008, el 16,0% de la población costarricense consideraba que la delincuencia era uno de los problemas principales del país (PNUD-POLSEPAZ, 2010). En enero del 2010 esta cifra se incrementa, ya que el 27,0% de la población afirmaba que la inseguridad era el principal problema (PNUD-POLSEPAZ, 2010) y en el 2011, el 67,0% de los y las costarricenses creía que el país cada día era un lugar más inseguro (Latino barómetro, 1995-2015, p.100).

La Encuesta Nacional de Seguridad en Costa Rica, realizada por el PNUD en el 2004 (PNUD, 2005) abordó el concepto de percepción de inseguridad desde cuatro dimensiones: patrimonial, física, emocional y sexual. Esta encuesta puso en evidencia que la percepción de inseguridad está centrada en el ámbito patrimonial, y menos en lo demás. Las personas que se manifiestan más inseguras son las mujeres, las personas menores de 24 años, que residen en entornos urbanos y de estratos socioeconómicos altos.

En el caso de las mujeres la percepción de inseguridad es objetiva debido a la experiencia que ellas aún viven en diferentes espacios, públicos y privados, y en diferentes etapas de la vida. La VcM ha sido siempre el principal problema de seguridad que viven las mujeres cuando, desde el ámbito más privado y originario como es la familia y el hogar, las niñas son víctimas de diversas formas de violencia sexual, testigas de la violencia doméstica contra sus madres y - en el futuro - potenciales víctimas ellas mismas de esta violencia.

En los espacios públicos como los laborales o callejeros, es la violencia sexual también la principal forma de agresiones que sufren las mujeres.

De esta manera el perfil delincuencial, al desagregarse por sexo, evidencia un patrón claramente diferenciado para mujeres y para hombres en casi todos los delitos, principalmente aquellos contra la vida o la integridad sexual y personal.

Pero este patrón presenta otras complejidades y rasgos adicionales cuando existe una aparentemente creciente territorialización de la violencia en la cual grupos de pandillas asociadas a diferentes ilícitos se agrupan en sociedades cerradas y/o asumen el control de espacios específicos del territorio. Preocupa que muchas veces las mujeres quedan atrapadas en estos territorios y/o en relaciones de pareja o familiares donde, además del control individual ejercido por un hombre determinado, se amplía el control sobre las mujeres al colectivo de hombres de la pandilla o del territorio. Estas actividades de delincuencia organizada, independientemente de su tamaño, se construyen sobre relaciones jerárquicas autoritarias y, por ende, violentas. Las dinámicas de poder entre los géneros también se agudizan con mayores niveles de peligro para las mujeres.

Así, la violencia contra las mujeres no tiene solo un eje de relación entre el agresor y la persona agredida, sino que es una relación entre hombres expresada por el mandato de masculinidad. Es decir, constituye un espectáculo ante los ojos de otros hombres. Por eso las peores violencias, las peores agresiones contra las mujeres pueden ser realizadas por pandillas de jóvenes, porque es donde algo tiene que ser demostrado: la capacidad de crueldad ante los ojos de los otros, de los pares, lo que la antropóloga Rita Segato (2017) denomina como la "cofradía masculina".

Esta realidad se confirma por el aumento de las muertes violentas de mujeres asociadas a la criminalidad organizada y a las venganzas cobradas en los cuerpos de las mujeres en la región Centroamérica incluyendo Costa Rica. En un estudio realizado sobre el femicidio en Centroamérica se establece que hay un número importante de mujeres que son las compañeras permanentes u ocasionales de los traficantes y vendedores que, al igual que en otro tipo de redes dedicadas al tráfico de armas o al sicariato, no necesariamente participan directamente de la actividad delictiva. Estas mujeres no solo viven desigualdades de poder características de una relación de pareja o sexual con un hombre. Además, están expuestas a altísimos riesgos por vivir en un medio en el cual los conflictos se saldan con gran facilidad mediante las armas y los asesinatos. Las parejas de quienes pertenecen a estas mafias son mujeres altamente controladas con cero o nula libertad. Todas las mujeres que se acercan pueden convertirse en testigos peligrosos que en ocasiones hay que eliminar. (Carcedo, 2010, p.24).¹⁶

¹⁶CEFEMINA  (2010):  Carcedo,  A.  et  al.  No  olvidamos  ni  aceptamos:  femicidio  en  Centroamérica  2000-2006.  San  José, CEFEMINA/Horizontes de Amistad.

Otro rasgo igualmente preocupante de este mismo estudio es el que establece como resultado del proceso de investigación que en todos los países son las mujeres jóvenes quienes más arriesgan la vida, particularmente quienes se ubican en los rangos de 20 y 30 años. (Ibid, p. 55). Esto reafirma que, además de la pobreza y la exclusión multidimensional, -o precisamente por ellas- la naturaleza de los vínculos tempranos que establecen muchas mujeres jóvenes en territorios dominados por este tipo de criminalidad potencia aún más los riesgos de la violencia y limita sus posibilidades de escape.

En estos contextos la capacidad real del Estado de brindar protección efectiva se ve limitada y con ello se acrecienta los sentimientos de impotencia de las mujeres con el riesgo de que el miedo real favorezca un proceso de re-privatización de la VcM.

Además de este impacto en las dinámicas de emparejamiento y/o familiares, la presencia de la criminalidad que se organiza alrededor del tráfico de drogas, personas, animales y de la moderna esclavitud exponen a las mujeres a otras formas de violencia, que se entrelazan con las ya existentes, con mayores riesgos de letalidad.

Todo lo anterior indica que las políticas públicas frente a la VcM, para ser eficaces, deberían ubicarse transversalmente, además, en las agendas nacionales de seguridad pública con sus vertientes de seguridad comunitaria y seguridad preventiva. Asimismo, que las mujeres jóvenes en estos contextos de exclusión y violencia organizada deberían ser objeto de acciones específicas de protección.

               2.4 Violencia simbólica¹⁷ y posmachismo¹⁸

¹⁷Refiere a aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos trasmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Se trata de un término acuñado por Piere Bourdieu

¹⁸Lorente Acosta lo define como "una de las últimas trampas que la cultura patriarcal ha puesto en práctica" y que lo que busca es mantener el stau quo de la desigualdad entre los géneros, pero con argumentos que se pretenden igualitarios. Recuperado de: http://desgenerandoelgenero.blogspot.com/2013/08/que-es-el-posmachismo.html

El análisis del contexto nacional estaría incompleto si no se incluye el marco cultural más amplio donde ocurre la VcM y donde se construyen y re-construyen los discursos que pretenden explicar y dar sentido a esta problemática.

Tres son los elementos principales a considerar en este análisis. El tratamiento que dan los medios (en su diversidad, incluyendo las redes sociales) a los hechos de VcM; los contenidos sexistas y machistas que permean de manera significativa la comunicación social tanto privada como institucional, y la presencia y reproducción de discursos y prácticas posmachistas organizadas.

La espectacularidad que caracteriza la VcM encuentra altavoz y es magnificada a través de los medios de comunicación que dan un tratamiento sensacionalista y estereotipado de los hechos de VcM. Al convertir la VcM en un espectáculo mediático se obtienen dos resultados aparentemente contradictorios. Por una parte, se educa el morbo en la mirada de las otras y otros testigos de la violencia, mirada cada día más ávida de espectacularidad y en la cual la humanidad de las personas mujeres se pierde entre el ruido y las imágenes. Simultáneamente, se produce un extrañamiento que genera parálisis e impotencia frente a hechos percibidos de tal magnitud frente a los cuales no se encuentra salida posible.

El mansaje más fuerte y claro es dirigido a las mujeres para reafirmar el poderío masculino y el costo de la indisciplina que implica romper los mandatos de género. Pero igualmente a los hombres para modelar las conductas que se requieren para seguir siendo parte de la "cofradía".

Rita Segato ha acuñado el concepto de pedagogía de la crueldad y señala a la violencia mediática como el "brazo ideológico de esa estrategia de la crueldad". Desde su punto de vista, no es que el ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que se lo enseña a despojar, a rapiñar, a usar los cuerpos hasta que queden solo restos; es una pedagogía porque ese público está siendo enseñado"¹⁹.

¹⁹Segato, Rita (s.f.) En los medios existe una pedagogía de la crueldad. Recuperado de: http://perio.unlp.edu.ar/node/4602

Complementariamente, el mainstream de la comunicación social nacional (representada por los medios privados y públicos de comunicación y por instituciones referentes como son las instituciones religiosas) no proyecta ni difunde mensajes alternativos que busquen reconstruir el tejido social que la violencia ha roto. No se reconocen entre los valores que promueven el de la igualdad, la solidaridad, la empatía, el bienestar común, el diálogo, la negociación, reconocimiento de las diversidades de construcción de género como estrategias para potenciar convivencias sociales más constructivas y con sentido de futuro.

Si bien la comunicación no es homogénea ni unidireccional ni unimodal y existen corrientes alternativas que buscan construir espacios desde un posicionamiento contracultural, de respeto a los derechos humanos y la búsqueda del progreso colectivo, no es posible desestimar la influencia mayoritaria que la comunicación oficial mantiene. Especialmente porque estas prácticas alternativas de convivencia social que la población ensaya desde sus comunidades o grupos diversos no encuentran espacio en los medios de comunicación, son proyectados como excepción y no se invierten recursos en potenciarlos.

Además de la violencia mediática, está la continuidad y reiteración de los mensajes y discursos sexistas que abarrotan los medios y la publicidad. Prevalecen los estereotipos de género relacionados con el rol de las mujeres en las relaciones de pareja y en la sociedad en general, que perpetúan su vulnerabilidad y justifican la violencia (ENPEDEMU, 2013). Perdura la objetivación sexual de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad, como una de las agencias de socialización con más resistencia social al cambio y como reproductores sociales de la violencia contra las mujeres, además se resiente la ausencia de regulaciones efectivas de la comunicación social, la publicidad y de los espectáculos públicos.

La cotidianeidad de estos mensajes, la lentitud y relativa volatilidad que caracterizan los cambios culturales, además de su tendencia a volver siempre al estado de cosas anterior, convierten a la violencia mediática y simbólica en los retos más complejos frente a la tarea de erradicar la VcM.

En este marco de dominio simbólico, importante también analizar la categoría "micro machismos", acuñada por Luis Bonino, y que refiere a formas de comportamiento masculino que en apariencia no tienen las dimensiones tan fuertes del machismo tradicional, pero que en el fondo mantienen la desigualdad y encubren las relaciones de poder de dominio. Desde los micromachismos, los hombres pueden mantener un discurso que en apariencia respeta los derechos de las mujeres, su acceso al trabajo y a la educación.

Bonino expresa:

 

"Actualmente la mayoría de los varones ya no ejercen un machismo puro y duro, ni siquiera especialmente dominantes con las mujeres, al menos en el mundo desarrollado. (.) Los micromachismos son actitudes de dominación "suave" o de "bajísima intensidad", formas y modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana (.) trucos, tretas y trampas más frecuentes que los varones utilizan actualmente para ejercer su "autoridad" sobre las mujeres (.) Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales y corporales incorporados y automatizados en el proceso de "hacerse hombres", como hábitos de funcionamiento frente a las mujeres." (Bonino citado en INAMU / WEM 2016, pp. 1)²⁰

²⁰Luis Bonino, (2004) Los micromachismos, en Revista Las Cibeles No. 2. Madrid: Publicación del Ayuntamiento, 2004

Por su parte, Marina Castaneda se refiere al mismo fenómeno con el nombre de "machismo invisible". Para esta autora, el machismo no significa necesariamente que el hombre ejerza violencia física o emocional hacia la mujer. El machismo es una forma de comportarse y de pensar que se expresa en actitudes hacia las mujeres, hacia los demás hombres, los niños, los subordinados.

"Puede manifestarse sólo con la mirada, los gestos o la falta de atención. Pero la persona que está del otro lado lo percibe con toda claridad y se siente disminuida, retada o ignorada. No hubo violencia, regaño ni disputa; pero se estableció, como por arte de magia, una relación desigual en la que alguien quedó arriba y alguien abajo." (Castaneda citada en INAMU/WEM 2016 pp. 19)²¹

²¹Marina Castaneda (2002), El machismo invisible. México: Ed. Grijalbo, 2002

Esta autora coincide con Bonino que quizás las formas más extremas de machismo, aunque se sigan presentando, son formas que reciben una censura social. Pero no han desaparecido, ahora se han vuelto más sutiles, sigue presente en todos los aspectos de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Se expresa en el lenguaje, en los "pequeños" privilegios masculinos, en los gestos, en las formas de comunicación en la familia y en la pareja, hasta en detalles: todo ello encierra un juego de poder que reproduce la dominación, pero esta vez, invisible o poco perceptible.

Los micromachismos se articulan  con  la violencia simbólica, originando un nuevo fenómeno, el de la dominación invisible. Estas formas de machismo que aparecen tan en "automático" y nadie las nota, deben de hacerse visibles en los procesos de sensibilización y capacitación que se lleven a cabo con los hombres en las políticas de masculinidad. Los hombres deben reconocer el uso cotidiano que hacen de los micromachismos y dilucidar como éstos mantienen la desigualdad y la discriminación. (INAMU/WEM 2016)²²

²²INAMU/ WEM (2016): Informe de consultoría: Promoción de Masculinidades Positivas e Igualitarias para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

A lo anterior se ha agregado en los últimos años la presencia más o menos organizada y sistemática de grupos de personas, mayoritariamente hombres, que consciente y activamente adversan las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Si bien su representación es limitada, el asocio con personas y medios de comunicación social en posiciones de poder o de mayor proyección comunicacional favorecen y multiplican el impacto de sus mensajes.

Este tipo de agrupamientos que han surgido en diferentes partes del mundo como reacción y rearticulación del patriarcado frente al avance de las mujeres, es lo que el experto español Miguel Lorente ha denomino estrategia pos-machista haciendo referencia a que mantiene la misma esencia del discurso machista y sexista, pero renovado con una apropiación tendenciosa de algunos postulados de género y del feminismo.

Esta estrategia pretende que continúen las mismas referencias tradicionales y para ello busca generar confusión y desorientación en la población respecto de la VcM, porque esa desorientación se traduce en duda y la duda en una distancia, que lleva a que la gente no se posicione respecto al tema en cuestión. A su vez esta distancia se convierte en pasividad y la pasividad en que todo continúe tal y como está. Es decir, bajo las referencias de la desigualdad.²³

^23Idem.

Además del impacto simbólico, de la confusión y duda que estas agrupaciones han querido propiciar en el país, su activismo anuncia riesgos potenciales a conquistas fundamentales de las mujeres mediante propuestas de reformas de ley regresivas en materia de derechos humanos, cierres de programas, servicios e instituciones públicas especialmente las que promueven la igualdad y la no discriminación y el posicionamiento de una agenda y un discurso tradicional y conservador.

Es indudable que la violencia simbólica y, dentro de ella, la violencia mediática - y la estrategia posmachista - no solo refuerzan la cultura patriarcal y la perpetuación de la VcM, sino que constituyen otra forma de violencia contra las mujeres, que debe reconocerse como tal para actuar desde su especificidad.

El reto en este campo no se puede limitar, sin embargo, a la denuncia. Hay un reto mayor y mucho más complejo: es un reto educativo, formativo, continuado y de largo plazo en valores, actitudes y comportamientos  -  una  pedagogía  de  la  solidaridad  humana  y  de  la  empatía  -  que  posibilite  la  re-construcción del tejido social sobre la base de un nuevo contrato social basado en la igualdad y el respeto de la persona humana, sin discriminaciones. Lo anterior al tiempo que se promueve la educación crítica que posibilite la identificación y el cuestionamiento de los discursos machistas y neomachistas, que inevitablemente surgen y resurgen como parte del proceso dinámico de producción de la cultura.

            III. BALANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA VCM. IDENTIFICACIÓN DEESAFÍOS

En el transcurso de los últimos años se han producido avances concretos en la política pública costarricense que evidencian el reconocimiento por parte del Estado de la VcM como una violación fundamental de derechos humanos.

No obstante, y como se ha señalado en apartados anteriores, persisten aún importantes desafíos frente a la necesidad del Estado y de la sociedad en su conjunto de avanzar hacia una respuesta más estructural que permita no solamente continuar fortaleciendo los mecanismos de protección de las mujeres, sino generar cambios profundos en el orden de lo cultural.

A continuación, se presenta un resumen de esos avances y desafíos.

3.1  Legislación y normativa

Ratificación de Convenciones Internacionales

Entre los principales referentes internacionales ratificados por Costa Rica en relación con la violencia hacia las mujeres y los derechos humanos de las mujeres, cabe destacar, entre otras²⁴: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer-CEDAW (1979)^25, la Declaración de Viena (ONU, 1993), y La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conocida como "Convención de Belem do Pará (1994)²⁶, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 1995)^27, la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000)²⁸; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible²⁹, así como las recomendaciones dadas al país al presentar los informes de cumplimento de las responsabilidades que conllevan estos instrumentos. (Para más detalle sobre el marco normativo internacional vigente ver Anexo 1).

²⁴Ver Anexo 4: Tabla con instrumentos internacionales vinculados a la VCM.

²⁵Aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y entró en vigor en 1981. Ratificada por Costa Rica: Ley Nº 6968, de 1984. Conocida como CEDAW por sus siglas en inglés.

²⁶Adoptada por la OEA, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Ratificada por Costa Rica: Ley Nº7499, de 1995.

²⁷Adoptada en 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China. Costa Rica ratificó (sin reservas) la Plataforma de Acción de Beijing en 1995.

²⁸Adoptada en la Cumbre del Milenio, en Nueva York, en 2000.

²⁹Adoptada por la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre 2015.

Legislación Nacional

Durante los años 90, Costa Rica logró avances significativos en cuanto a la creación o reformulación de instrumentos jurídicos para asegurar una vida sin violencia a las mujeres, reducir las brechas de género y promover la igualdad social de las mujeres. El balance de esta década - desde el componente formal normativo - fue positivo, ya que se reformaron o aprobaron cerca de 21 leyes en áreas claves³⁰, siendo una de las principales la Ley Nº 7586 Contra la Violencia Doméstica-1996.

³⁰Ver Anexo 2: Tabla con instrumentos nacionales vinculados a la VCM.

Luego de una época de rápidos avances, a partir del año 2002 y hasta la actualidad, se ha dado una situación de estancamiento en la generación de nuevas leyes, reflejo de la falta de consenso que se ha dado en el Poder Legislativo para aprobar leyes o reformas consideradas urgentes. El cierre de brechas de género se volvió más lento y costoso, con logros apenas marginales en comparación con los vertiginosos cambios de la década previa. Esto ocurre en un contexto nacional en el que existen problemas estructurales importantes tales como: la agudización de la pobreza de las mujeres, la falta de reconocimiento del trabajo femenino, desfavorables condiciones de inserción laboral y segmentación del mercado trabajo, al igual que el tenaz arraigo de situaciones discriminatorias en asuntos relativos a la educación como la segregación de matrícula en formación profesional; la violencia en contra de las mujeres; los rezagos institucionales y la escasez de recursos asignados a la ejecución de políticas públicas específicas (INAMU, 2007).

Este lapso de no aprobación de legislación ha sido motivo para que el Comité de la ONU, que vigila la aplicación de la CEDAW, haya expresado preocupaciones y llamados de atención al país (CEDAW, 2005). Estos llamados de atención se refieren a problemas persistentes y dificultades crecientes que está teniendo el Estado costarricense para concretar la promesa democrática ampliada en los noventa hacia diversos sectores sociales, entre ellos las mujeres, así como las dificultades de la sociedad costarricense para superar el peso de una tradición de asimetrías, desafueros y violencia en contra de la mitad de su población, la femenina. (Programa Estado de la Nación, 2005).

Después de un largo período de incidencia política por parte de los movimientos de mujeres y feministas, finalmente se aprobó la Ley Nº 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres-2007³¹, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley Nº 6968, de 2 de octubre de 1984) así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995).

³¹El 25 de abril del 2007, se aprueba la Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se adiciona un inc. d) al art. 239 del Código Procesal Penal y se modifica el párrafo final del art. 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica; publicada en La Gaceta No103, 25 de abril de 2007. El 25 de marzo del 2011, se aprueba la Ley Nº 8929 Modificación de los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; publicada en La Gaceta Nº 60. Estos artículos habían sido declarados inconstitucionales por parte de la Sala IV-Constitucional.

En el 2008, se creó el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres-2008, por medio de la Ley Nº 8688, como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los Ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia, para promover políticas públicas que garanticen la atención integral de las personas afectadas por violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, permitiendo mejorar su situación, su recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.

En el 2009, se aprobó la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal-2009, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento.

En el 2012, se aprobó la Ley No. 9095 Contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas-2012, con los siguientes fines: promover políticas públicas para el combate integral de la trata de personas; propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata de personas y sus actividades conexas; definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y sus dependientes; impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de la trata de personas.

En el año 2016 fue aprobada la Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (conocida como Ley de relaciones impropias). La Ley 9406, es una reforma a los artículos 159 Y 161 del Código Penal (Ley N° 4573 de 4 de Mayo de 1970, y sus reformas); Del Código De Familia (Ley N° 5476, reforma de 21 de diciembre de 1973, y sus reformas) los Incisos 4) y 7) del Artículo 14, los primeros párrafos de los artículos 64 y 148 y los incisos a), c) y d) del artículo 158 y derogatoria de los Incisos 1) y 3) del artículo 16, los artículos 21, 22, el Inciso 2) del artículo 28, los artículos 36 y 38; y derogatoria del inciso 1) del artículo 39 del Código Civil (Ley N° 63, de 28 de setiembre de 1887, y sus reformas); y reforma del artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil (N° 3504, de 10 de mayo de 1965, y sus reformas). Con esta reforma se logra establecer un límite de edad a partir del cual se considera que las relaciones sexuales de personas adultas con personas menores de edad constituyen delito. Además, la ley prohíbe el matrimonio con personas menores de edad.

Se penaliza con cárcel de hasta 6 años a quien tenga relaciones sexuales con una persona mayor de trece años y menor de 15, cuando entre ambos -autor y víctima- haya una diferencia de edad de 5 años o más. La pena de cárcel es de hasta 3 años si la persona mayor de edad tiene relaciones con personas mayores de 15 años y menores de 18 años, cuando la diferencia de edad entre ambos -autor y víctima-es de 7 años o más. La pena de cárcel es de 4 a 10 años, cuando el autor de las relaciones sexuales tiene con respecto a la víctima menor de edad condición de familiar, tutor, amigo o autoridad, sin necesidad de que medie una relación de parentesco entre ambos y siempre que no constituya el delito de violación.

Además de leyes y decretos, en estas dos décadas se ha emitido un amplio catálogo de normas, directrices y protocolos de parte de las 22 instituciones que componen el Sistema Nacional VcM con el objetivo de regular y poner en consonancia las prácticas institucionales sobre el marco jurídico internacional y nacional. (Para un registro de todos estos instrumentos de política institucional ver Anexo 3).

            3.2 Institucionalidad específica

La violencia contra la mujer, y más específicamente la violencia intrafamiliar, fue un problema socialmente invisibilizado por la sociedad costarricense y minimizado por las instituciones públicas, hasta inicios de los años ochenta, cuando algunas organizaciones de mujeres³² empezaron a denunciar públicamente la violencia doméstica y su impacto en vida de las mujeres (PLANOVI 2010-2015, p. 32).

³²CEFEMINA, Alianza de Mujeres, Fundación Ser y Crecer, Colectivo Pancha Carrasco.

En la década de los noventa, con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (PIEG, 1990), surgen algunas respuestas institucionales a esta problemática, no obstante, de una manera desarticulada. No es sino hasta en el año 1994 que se lleva a cabo el primer esfuerzo nacional para articular una respuesta de atención a esta problemática, que consistió en la elaboración del Plan de Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Sector Salud. Este plan fue construido interinstitucionalmente y contempló la participación y los aportes de las organizaciones de mujeres. Ese mismo año (1994), el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (actual Instituto Nacional de las Mujeres), coordinó el proceso de formulación del Primer Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual Extra familiar: 1996-1998 (PLANOVI), con la participación de diferentes instituciones del Estado y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). La ejecución de este Plan dio inicio en el año 1995 y es incluido como una de las acciones sustantivas en el Decreto No. 22664 de febrero de 1998, que crea el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar. El ámbito de atención de este primer plan fue la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial en el ámbito intrafamiliar y al abuso sexual extra familiar.

En el año 1999 se elaboró un segundo PLANOVI, nombrado como Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violación, conocido como PLANOVI-MUJER 2000-2004.

En el año 2010, se formula el tercer PLANOVI-MUJER que abarcó los años 2010-2015. Al haberse vencido ya su periodo de ejecución, el INAMU dio inicio al proceso de elaboración del cuarto PLANOVI, el cual comprenderá los años 2017-2032.

Como ya ha sido indicado, la respuesta institucional al problema de la violencia contra las mujeres se vio fortalecida con la creación, mediante Decreto Ejecutivo No. 26664 (1998), del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar". Una década después (2008) de creado el SISTEMA, la existencia del mismo se consolida aún más con la aprobación de la Ley No. 8688, bajo el título Creación del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.

De acuerdo con esta Ley (art. 2), los objetivos del SISTEMA son:

. Promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley Nº 7499, Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem Do Para", de 2 de mayo de 1995 (.).

.  Brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.

El SISTEMA se estructuró en dos niveles. Un nivel, sectorial/intersectorial, en el cual participan todas las instituciones integrantes del SISTEMA, así como las organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil. Otro nivel, el territorial, conformado por redes locales en donde participan igualmente representantes de las instituciones gubernamentales que tengan presencia local y, de manera voluntaria, representantes de las organizaciones no gubernamentales y actores civiles que deseen integrarse (art. 13). De acuerdo con Sánchez (2011), con la creación de estas redes se persigue ". construir y consolidar un espacio de coordinación intersectorial, interinstitucional y de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas locales de prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual extra familiar" (citado por INAMU,2014). Actualmente existen  77 redes locales a nivel nacional organizadas en ocho regiones (Guanacaste, Limón, San José, Heredia, Cartago, Alajuela, Pacífico Central y Zona Sur).

            3.3 Programas y servicios específicos

Aparte de lo anterior, las instituciones con obligaciones en el marco del Sistema Nacional VcM han desarrollado programas y servicios específicos para atender la VcM en sus diferentes manifestaciones. (Para más información sobre los programas y servicios existentes favor ver el Anexo 4)

En el año 2015 INAMU contrató un estudio para la "Caracterización de la oferta y demanda de servicios de VcM a nivel nacional y local".³³ El mismo hace una caracterización - en ese momento - del tipo, cantidad y alcance de los servicios que ofertan las instituciones públicas en el marco del Sistema Nacional de Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar en el territorio nacional. El siguiente cuadro resumen refleja las características de dicha oferta.

³³INAMU-CEDAL (2015) Informe de Consultoría sobre caracterización de la oferta y demanda de servicios de violencia contra las mujeres, a nivel nacional, regional y local

CUADRO #1

Resumen: Oferta de Servicios Especializados (Al 2015)

 

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x

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Servicios	INAMU- Delegación	Policía	OAPVD     OFIM		Línea 9.1.1 COAVIF	Consultorios Jurídicos	INAMU CEAAM	CCSS	INAMU REGIONAL
Orientación legal en procedimientos de la Ley contra Violencia Doméstica	x			x			x		x
Acompañamiento legal en procesos de la LcVD	x						x		x
Orientación legal en procesos de Familia	x		x		x	x	x		x
Orientación legal y acompañamiento en procesos de Hostigamiento Sexual			x
Orientación legal y acompañamiento en procesos de a Ley de Penalización	x		x						x
Atención Psicológica especializada individual						x
Atención social	x		x	x			x	x
Grupos de apoyo para mujeres afectadas por Violencia sexual e incesto			x				x	x
Protección a víctimas		x	x				x
Orientación general y referencia a servicios		x		x			x	x

 

El estudio también contrastó la oferta disponible con la demanda desde las mujeres para identificar vacíos y limitaciones, así como una exploración de las razones, objetivas y subjetivas, que enfrentan las mujeres para el acceso. El siguiente cuadro resume estas limitaciones.

CUADRO #2

Resumen: Nudos críticos en servicios especializados identificados por usuarias (Al 2015)

 

Accesibilidad a los servicios

Distancias Las mujeres rurales que sufren violencia dicen sentirse aisladas y desprotegidas, por lo que solicitan que, en estos casos, las instituciones hagan mayores esfuerzos por garantizarles atención.

Insuficiente información Existe la percepción por parte de las mujeres, que han bajado la cantidad de campañas masivas, que en su momento tuvieron un gran impacto. Insuficiente divulgación sobre derechos, leyes y programas estatales especializados. Información no es lo suficientemente clara, orientadora ni pertinente.

Recibir atención especializada Las mujeres señalan como un obstáculo en la oferta de servicios, la cantidad de requisitos que les solicitan para acceder a recursos de apoyo y a los servicios en sí mismos.

Recursos de apoyo: Las mujeres señalan que las instituciones del Estado (que además están dentro del Sistema) que manejan proyectos productivos para mujeres, utilizan criterios de selección y participación muy complejos y que generalmente las mujeres víctimas de violencia, especialmente cuando están en situación de pobreza o pobreza extrema no pueden cumplir.

Horarios y facilidades de atención Los horarios de atención que ofrecen las instituciones a las mujeres que sufren violencia deben ser flexibles y sobre todo, considerar las necesidades e intereses de las mujeres, que por lo general requieren atención inmediata y multidisciplinaria.

Insuficientes recursos de apoyo (materiales, humanos, legales y de salud) en distintos niveles

Los servicios de atención especializada, no están cubriendo necesidades de atención de todas las mujeres en su diversidad, tanto lo el limitado acceso como por el poco tiempo que generalmente pueden estar en tratamiento. La oferta de subsidios y recursos de apoyo se ve afectada por recortes presupuestarios y cuando los hay, no son suficientes o no son otorgados por el tiempo que las mujeres lo requieren. Largas filas y al final agotamiento de la oferta.

Cuido (niños, niñas, personas adultas mayores o enfermas o que requieran de un cuido permanente y/o especializado)

En la mayoría de servicios no se ofrecen las condiciones mínimas para facilitarles la realización de las gestiones, en los casos que acudan con sus hijos e hijas o tengan a cargo otras personas que necesitan de su cuido

Apoyo legal

No integración de servicios para atender sus necesidades legales, que no se limitan a la atención a la violencia sino a otros procesos que generalmente surgen al mismo tiempo que la ruptura de la violencia como lo son los procesos de separación o divorcio, pensiones alimentarias, entre otros.

Aspectos subjetivos que requieren atención

Las mujeres, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, tienen miedo de denunciar, pues se sienten amenazadas y solas. Les da miedo que su accionar, "provoque" al agresor y reaccione con más violencia, como sucede con bastante frecuencia.

 

Del estudio mencionado es posible inferir - además de las anteriores - las siguientes conclusiones:

a) La oferta de servicios de atención en materia de VcM sigue siendo referida de manera mayoritaria a la atención de la violencia en las relaciones de pareja e intrafamiliar. Las otras manifestaciones de la VcM, según lo que obliga la Convención de Belem do Pará no son atendidas ni se reconocen obligaciones institucionales al respecto. En el caso del hostigamiento sexual se aplica la normativa (con dificultades que serán analizadas en otro apartado) pero casi ninguna institución ofrece acompañamiento psicosocial o de otra índole a las mujeres o personas afectadas.

b) La oferta de servicios a la población en materia de VcM se ha venido reduciendo en los últimos años, especialmente la atención psicosocial individual y grupal. La atención especializada en materia de violencia sexual es aún más limitada a pesar de la inversión en procesos de formación y especialización del recurso humano desarrollado desde el año 1996. La reducción más sensible en la oferta de servicios se aprecia en las municipalidades mediante los servicios específicos que se aportaban desde las Oficinas de la Mujer (hoy convertidas en su mayoría en oficinas de promoción social) y en la CCSS.

c) La casi totalidad de los servicios no aplican medidas de atención específicas según población como se podrá apreciar más adelante a partir del testimonio de las propias mujeres.

            3.4 La perspectiva de las mujeres y de sus organizaciones

En el marco del XX aniversario de la promulgación de la Convención de Belem do Pará, se realizó el Encuentro Nacional de las Mujeres³⁴ en el cual grupos representativos de mujeres desde sus diversidades reflexionaron sobre los avances y desafíos-país en esta materia.

³⁴INAMU (2015) Memoria Encuentro Nacional de las Mujeres. XX Aniversario Convención de Belem do Pará. INAMU/CEDOC. Para alcanzar los objetivos propuestos se desarrollaron 19 talleres pre-encuentro (sectoriales, temáticos y regionales) y un Encuentro Nacional de Mujeres donde participaron mujeres delegadas de los talleres pre encuentro, autoridades del gobierno en ejercicio y del gobierno entrante, representantes de instituciones, de la sociedad civil, de organismos internacionales y de la CIM/OEA.

Las consultas obedecen a la comprensión de que las mujeres no son todas iguales y que no identificar, reconocer y actuar a partir de sus particulares condiciones de vida no solo impide la restitución de sus derechos, sino que genera violencia adicional. El enfoque de la interseccionalidad según Platero (2014):

 

(.) hace consciente cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad (u "organizadores sociales") mantienen relaciones recíprocas. Es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase, u orientación sexual, como otras categorías  sociales, lejos de ser "naturales" o "biológicas" son construidas y están interrelacionadas" (p. 56).

En esta misma línea, Ertürk (2005) distingue cuatro sistemas básicos que producen y perpetúan la desigualdad: clase (que produce pobreza), etnicidad, residencia urbana/rural, y desplazamiento. Estos sistemas atraviesan jerarquías de género y generan "diversas categorías" de mujeres. De esta manera la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia está relacionada con su posición respecto a múltiples sistemas de desigualdad. Se observa que este estado de vulnerabilidad tiende a incrementarse a medida que estos sistemas se entrelazan, lo que da lugar a diferentes niveles y grados de discriminación y exclusión que variaran en función de los grupos de mujeres.

Las mujeres participantes en el Encuentro Nacional reconocen los avances que el país ha hecho en las dos últimas décadas para promover la agenda de la igualdad e identifican al menos cuatro áreas que lo muestran:

. Fortalecimiento normativo y existencia de programas: existencia de leyes, programas y servicios específicos sobre VcM.

.  Cambios sociales y culturales: transformaciones en la cotidianeidad que evidencian avances en cuanto al posicionamiento social de las mujeres y la agenda de igualdad.

.  Respaldo institucional para que las mujeres enfrenten la violencia vivida.

.  Promoción de estrategias para la prevención de la violencia  orientadas a su erradicacion.

No obstante, señalaron también con claridad un conjunto de desafíos que el país debe enfrentar con urgencia si no desea estancarse o arriesgarse a perder derechos adquiridos. Entre ellos los siguientes que son desarrollados in extenso en la memoria del evento.

.  La cultura machista que controla a las mujeres y normaliza la violencia.

.  Condiciones sociales y económicas que aumentan el riesgo de las mujeres frente la violencia e insuficientes recursos de apoyo para salir de la violencia y reconstruir proyectos de vida.

.  Falta de voluntad política para el abordaje integral de la violencia contra las mujeres.

.  Vacíos institucionales para atención de las demandas de las mujeres incluyendo la existencia de violencia institucional contra las mujeres.

.  Ausencia  de  una  política  preventiva  permanente  e  integrada  incluyendo  la  deuda  histórica  en políticas y programas del sector educativo.

.  Impunidad y falta de efectividad en la aplicación de las leyes lo que genera un impacto objetivo y subjetivo de las violencias en las mujeres: la instalación del miedo, la culpa y el silencio.

.  No reconocimiento de la diversidad y las especificidades de las mujeres en las políticas públicas.

.  Insuficiente avance en desarrollo y participación local.

.  Invisibilización de la violencia en espacios públicos.

.  Poco avance en el tema del hostigamiento sexual.

Finalmente, el Encuentro de las Mujeres hizo las siguientes recomendaciones:

.  Promover una voluntad política expresa, continuada, especifica, concreta y transversal en relación con las políticas públicas estatales de erradicación de la VcM.

.  Invertir más en la organización y empoderamiento de las mujeres como recurso de cambio y apoyo para salir de la violencia.

.  Dar más importancia a las acciones locales, comunitarias y a la acción ciudadana.

.  Hacer respetar y dignificar la imagen de la mujer en los medios de comunicación como estrategia para cambiar la cultura machista incluyendo información y educación permanentes de la población para eliminar la práctica de maltrato a las mujeres.

.  Promover más acciones en la prevención de la VcM y en la erradicación de la violencia en los centros educativos por parte del MEP.

.  Garantizar protección oportuna a las mujeres afectadas por la violencia y sanción real a quienes las maltratan.

.  Eliminar la violencia institucional y la re-victimización de las mujeres.

.  Proteger los derechos patrimoniales de las mujeres y de sus familias.

.  Garantizar apoyos oportunos, efectivos y concretos a las mujeres para salir de la violencia.

.  Dar más atención y recursos a la prevención de la VcM.

.  Visibilizar el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres en los espacios públicos.

.  Realizar acciones efectivas para reflejar en las políticas, programas y servicios las especificidades de las mujeres en sus experiencias de la violencia.

En el marco de las consultas específicas realizadas³⁵ para la elaboración de esta Política a grupos de mujeres se encontró que las mismas son víctimas de múltiples formas de discriminación y violencia, algunas de las cuales están interrelacionadas, y son coincidentes con las señaladas en el Encuentro Nacional.

³⁵Los grupos específicos de población consultados en el marco de este proceso (2016), son los siguientes: mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres afro descendientes, mujeres trans-género, lesbianas, mujeres indígenas, mujeres adolescentes y jóvenes, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, mujeres adultas mayores, y mujeres trabajadoras del sexo.

Estas consultas incluyeron al menos cuatro grupos  de mujeres cuyo criterio no quedó recogido en el Encuentro Nacional de las Mujeres: mujeres jóvenes, mujeres con VIH, mujeres rurales y mujeres adultas mayores. En el siguiente cuadro se recogen las principales afectaciones en materia de VcM señalados por estos cuatro grupos. En el caso del resto de las poblaciones, las afectaciones coinciden con las ya recogidas en el Encuentro Nacional de las Mujeres.

CUADRO #3

Problemas detectados por grupos específicos

 

POBLACIONES ESPECÍFICAS	PROBLEMAS ESPECÍFICOS
Mujeres rurales	·         No tienen acceso a la propiedad de la tierra, y consecuentemente tampoco cuentan con la posibilidad de obtener herencias familiares u obtener créditos.
Mujeres adultas mayores	·         Violencia patrimonial. ·         Abandono y aislamiento. ·         Violencia psicológica.
Mujeres con VIH	·         Rechazo y estigmatización a partir de prejuicios y estereotipos construidos y reproducidos socialmente.
Mujeres adolescentes y jóvenes	·         Acoso sexual callejero. ·         Violencia en el noviazgo. ·         Discriminación en sus hogares, centros de estudios, instituciones y espacios públicos, en el caso de las adolescentes y jóvenes madres.

 

Es posible concluir que los principales problemas comunes que afectan a los diferentes grupos de mujeres consultadas son los siguientes:

. Vivencia de múltiples experiencias de violencia en espacios públicos y privados, agravados por sus características particulares, y potenciados cotidianamente por la cultura machista. Algunas manifestaciones de la VcM, específicamente la violencia sexual, evidencia una creciente y preocupante prevalencia en poblaciones de mujeres cada vez más joven y una mayor participación como causa de los femicidios.

. Dificultades de acceso a programas y servicios asociados a limitaciones de cobertura, territorialidad y reducción de la oferta de servicios institucionales, así como expresiones de violencia institucional que producen re-victimización y disuaden a las mujeres en su búsqueda de apoyo.

. Limitada inversión en programas de prevención de la VcM y de promoción de una cultura no machista.

En la materia específica de acceso a la justicia la Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia- ACCD, coincide con la perspectiva de las mujeres, en su evaluación sobre la justicia en Costa Rica. A partir de estándares o aspiraciones de alta calidad democrática, se asignó las mejores calificaciones a los asuntos relacionados con el acceso de la población al sistema de justicia (PEN, 2015, p. 48). Esta Auditoría constata avances en el acceso de la población al sistema de justicia, el cual es sencillo y está constitucional y legalmente garantizado; existen oficinas judiciales en todo el país; además, hay una Defensa Pública efectiva y servicios gratuitos de consultoría jurídica en las universidades. Entre los desafíos se menciona: dificultades para acceder a los servicios que enfrentan los pueblos indígenas y, en algunos casos específicos, las mujeres afectadas por otros factores de vulnerabilidad (pobreza, etnia, etc.); así como el acceso a la justicia, que va más allá del ingreso al sistema, pues incluye la atención de grupos con características especiales y la intervención ciudadana para exigir rendición de cuentas.

Por su parte el Informe del Estado de la Justicia I (2015) señala que:

. en la mayoría de las causas en que no se logra una sentencia (condenatoria u absolutoria), el sistema garantiza la tutela efectiva de los derechos de las partes. Sin embargo, en cerca de un tercio de los expedientes analizados se identificaron debilidades relacionadas con el proceso (por ejemplo, prescripción) e incongruencia entre las argumentaciones de cierre y el tipo de fallo emitido. Estos casos se consideran en riesgo de tutela efectiva de derechos, pues dejaron tanto a los imputados como a las víctimas en situación de vulnerabilidad. El análisis estadístico encontró que este grupo comparte ciertas características:

. la duración del proceso fue mayor a 650 días (33%) y la mitad de los casos tardó más de seis años y medio,

. se identificó, pero no se detuvo al imputado (49%),

. el trámite se realizó en la oficina de San José (42%),

. el riesgo se concentró en las desestimaciones de casos relacionados con delitos contra la vida (63% en área de riesgo), sexuales (80%), contra la familia (56%) (los subrayados no son del original), contra la propiedad (76%), contra la autoridad pública (65%) y contra la fe pública (38%). (Estado de la Justicia, 2015, p.64)

Ambas fuentes refuerzan las percepciones y experiencias de las mujeres en cuanto a las limitaciones de acceso efectivo a la justicia y la impunidad en delitos asociados a la VcM como son los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar y la muy limitada aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres que expresa grados de desestimación y sobreseimientos superiores al 80% de los casos entrados desde su aprobación.

         3.5 La perspectiva internacional: balance de cumplimiento de las Convenciones Internacionales

Como signataria de Convenciones Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, específicamente de la Convención CEDAW y de la Convención de Belem do Pará, Costa Rica es sujeta de evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de igualdad y de erradicación de la VcM.

En el cuadro-resumen incluido en el Anexo 5 se señalan los principales avances y las principales recomendaciones hechas a Costa Rica en las revisiones periódicas de ambas Convenciones en los últimos años. Solo se incluyen las relacionadas directamente con la problemática de la VcM. Ambos mecanismos identifican y reconocen los esfuerzos-país realizados en las dos últimas décadas para promover la igualdad entre mujeres y hombres y construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

A continuación, se destacan únicamente los retos pendientes. Es menester mencionar que ambas convenciones tienen carácter supraconstitucional y sus mandatos son de acatamiento obligatorio por todas las instituciones del Estado, no solo del Poder Ejecutivo. Por esta razón las recomendaciones-país se constituyen en pendientes de obligada referencia en los instrumentos de política pública en materia de igualdad de género y, en este caso específico, de VcM.

CUADRO #4

Recomendaciones de CEDAW Y MESECVI: Retos pendientes

 

TEMAS	RECOMENDACIONES DE CEDAW	RECOMENDACIONES DE MESECVI
	·   Organizar           campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres para que conozcan mejor sus derechos humanos y puedan hacer uso de los procedimientos y recursos a su disposición cuando se vulneran sus derechos reconocidos en la Convención.
Estereotipos	·   Intensificar esfuerzos para poner en marcha campañas de sensibilización y educación pública dirigidas a la población en general y, en particular, a los líderes políticos y religiosos y a los funcionarios públicos, con miras a propiciar cambios en las actitudes tradicionales asociadas a los roles de género discriminatorios en la familia y en la sociedad en general, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la Convención.	·     Efectuar acciones conducentes a generar y difundir datos que permitan medir el efecto de las campañas que frenan de los estereotipos socio cultural de avances de los derechos de la mujer como también la mora en articular procesos formativos específicos sobre la Convención Belém Do Pará. ·     Trabajar con la sociedad civil en la tarea de evaluar el cumplimiento de la Convención de Belém do Para en relación a medios de comunicación, así como en la aplicación de sanciones a la publicidad y la cobertura mediática sexista.
Atención, Prevención y Acceso a la Justicia de la VCM y VIF	·   Estudiar los efectos y la eficacia de la respuesta del sistema nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, con el fin de mejorar la coordinación entre todas las instituciones. ·   Asegurar que haya suficientes centros de acogida financiados por el Estado a disposición de las víctimas de la violencia doméstica y sus hijos. ·   Mejorar su sistema de reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica contra la mujer, desglosados por sexo y tipo de violencia y por la relación del agresor con la víctima. ·   Poner en marcha programas de educación y sensibilización pública a     través     de     los     medios     de	·     Realizar campañas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y de conocimiento y promoción de sus derechos, con un marco temporal estable, y establecer mecanismos que permitan evaluar sus resultados. ·     Armonizar la legislación tomando en cuenta las definiciones oficiales de este instrumento internacional, además de elevar a categoría de delito tipos penales las conductas que son abiertamente contrarias a una vida libre de violencia. ·     Temas que requieren de la producción de normativa específica como la ampliación de las disposiciones legales vigentes que permitan visibilizar con categorías jurídicas derechos  y deberes garantizados por el Estado y aplicados a todos los sectores del tejido social: ·     Tipificación de la violencia institucional sea que provenga de agentes del Estado mediante acción u omisión, o tolerada por aquéllos; la ausencia de la normativa no solo impide un real acceso a la justicia sino que genera impunidad.
TEMAS	RECOMENDACIONES DE CEDAW	RECOMENDACIONES DE MESECVI
	comunicación para transmitir el mensaje de que todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia                      doméstica,          son inaceptables.	·     El registro y persecución penal del concepto "Femicidio ampliado" (femicidio de conformidad con lo que establece Belem do Pará) aprobada en sesión del 20 de setiembre 2012 del Consejo del Sistema Nacional para Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar, es insuficiente ya que no amplía el marco jurídico para la efectiva persecución como delito. ·     Prohibición de manera expresa del uso del método de conciliación en materia de violencia contra las mujeres. La norma vigente abre la oportunidad para que se pacte la conciliación como un método alterno de resolución extra judicial. Sigue pendiente el cumplimiento de: "Prohibir el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres y armonizar la legislación procesal con esta prohibición. Si existiera este impedimento solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dicha prohibición a otros casos de violencia contra las mujeres".
Trata de mujeres y explotación de la prostitución	·   Redoblar esfuerzos en materia de iniciativas de lucha contra la trata de personas con el fin de hacer frente firme y exhaustivamente a los complejos aspectos de la trata de mujeres y niñas y la explotación de la Prostitución. ·   Vigilar sistemáticamente y se evalúe periódicamente la trata y  la explotación de las mujeres en la prostitución y, para ello, entre otras cosas, reúna y analice datos al respecto, e incluya esos datos en su próximo informe periódico. ·   Ampliar las actividades de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino de la trata e intercambie información con ellos a fin de prevenir este fenómeno y armonizar los procedimientos jurídicos dirigidos a enjuiciar a los proxenetas.	·     Con respecto a la trata nacional e internacional de personas, aunque ha sido incorporada a la legislación nacional como delito, la construcción del tipo penal no es claro, se presta a interpretaciones por lo cual, surgen dudas sobre su congruencia con lo establecido en el Protocolo de Palermo
Educación sobre derechos sexuales y reproductivos	·   Introducir un programa amplio de educación sexual tanto para las niñas como para los niños como parte ordinaria del plan de estudios en las escuelas.
Hostigamiento sexual en el empleo	·   Asegurar que las mujeres que presentan          denuncias          por hostigamiento sexual tengan el derecho legal a permanecer en sus	·     Sobre las herramientas de monitoreo de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo, la docencia, o cometida por funcionarios(as) que ocupen cargos de elección  popular,  si  bien  hay  un  avance  en  la
TEMAS	RECOMENDACIONES DE CEDAW	RECOMENDACIONES DE MESECVI
	puestos de trabajo, y que los culpables sean enjuiciados y castigados. ·   Llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas en particular a las mujeres trabajadoras para echar abajo la cultura del silencio que rodea el hostigamiento            sexual,           y proporcionar a las autoridades competentes la información específica para identificar y encararlos casos de hostigamiento sexual.	regulación de la materia en el ámbito administrativo, la norma es de carácter general "neutra" y por el momento, la autoridad competente no ha presentado las experiencias o la efectividad de su aplicación.
Salud	·   Priorizar la adopción de las enmiendas a la Ley General de Salud, que prevé la introducción de un capítulo dedicado a los derechos sexuales y reproductivos. ·   Elaborar directrices médicas sobre el acceso al aborto legal y difundirlas ampliamente entre los profesionales de la salud y el público en general. ·   Considerar la posibilidad de revisar la ley relativa al aborto con miras a la identificación de otras circunstancias bajo las cuales podría permitirse el aborto, como los abortos en casos de embarazos resultantes de violación o incesto. ·   Adoptar medidas para facilitar el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos de tecnología avanzada y fomentar su disponibilidad.	·     No existe un marco jurídico para la protección de los derechos sexuales y reproductivos; tampoco se ha reportado que el Estado esté adelantando un proceso para la elaboración de un anteproyecto de ley que a corto, mediano o largo plazo sea materia de este debate legislativo; por tanto no existe regulación sobre malas praxis que impiden a las mujeres la atención adecuada de su salud sexual y reproductiva, despenalización del aborto por violación, la penalización de la violencia obstétrica y de la esterilización forzada, así como de la inseminación artificial no consentida. Siguen pendientes: Adoptar disposiciones que penalicen la violencia obstétrica, despenalizar el aborto por violación y el aborto terapéutico, entendido como el producido para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave o permanente a su salud física y mental, adoptar disposiciones que garanticen la distribución de la anticoncepción de emergencia en los servicios públicos de salud, y asegurar su pleno cumplimiento removiendo los obstáculos que lo impidan.
Grupos desfavorecidos de mujeres y diversidad.	·   Proporcionar protección eficaz contra la violencia y la discriminación contra la mujer, en consonancia con la recomendación de examen periódico universal (A/HRC/13/15 y Add.1). ·   Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, incluso mediante el inicio de una campaña de sensibilización dirigida al público en general, así como la capacitación adecuada de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y los proveedores de servicios de salud, a	·     Que la fiscalía indígena en funcionamiento cuente con traductores en lengua materna. ·     Tomar especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En este sentido, considerar a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad. ·     Incluir en la política Nacional y PLANOVI el enfoque de diversidad étnica, rural y afrodescendiente. ·     Crear programas y proyectos específicos para garantizar una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes, con diversa orientación sexual.
TEMAS	RECOMENDACIONES DE CEDAW	RECOMENDACIONES DE MESECVI
	fin de evitar abusos y maltratos a estas mujeres.	·     Realizar capacitaciones con enfoque de diversidad en la mayoría de los sectores. ·     Crear protocolos específicos aplicables a la diversidad de población de interés. ·     Incorporar al movimiento de las mujeres indígenas, rurales, las organizaciones teniendo en cuenta en particular que trabajan con niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes, rurales, personas con discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, por su identidad sexual, los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o privados de su libertad; en  la definición  y elaboración  de las políticas públicas, planes y programas para erradicar la violencia. ·     Contar con información clasificada sobre tasa de violencia para otros grupos de población de mujeres por edad, región, discapacidad, condición migratoria, refugiada, o privadas de libertad.
Capacidades Estatales		·     Superar las limitaciones del Sistema de Indicadores de Progreso por no contar en ocasiones con las cifras desagregadas por sexo, por región o por edad. ·     Es deseable que el Estado indique si existe una estrategia con acciones conducentes a establecer la hoja de ruta para producir los cambios legislativos en los temas arriba señalados. ·     Las instituciones deben contar con los recursos necesarios en sus presupuestos ordinarios en cumplimiento de la Ley N° 8688. ·     El PLANOVI debe integrar especificaciones para poblaciones diversas en procesos de capacitación. ·     Contar con un sistema automatizado que permita acceder a la información de manera inmediata y diseñar mecanismos de evaluación del PLANOVI. ·     Superar las carencias en cuanto a la información disponible sobre el porcentaje de niñas, adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores de diferentes etnias, identidad sexual, rurales o con discapacidad además del nivel de conocimiento sobre sus derechos, o si están informadas de la existencia de servicios especializados para diversas manifestaciones de violencia. ·     Presentar datos actualizados tanto en lo que se refiere a garantizar una vida libre de violencia como a porcentaje del gasto público destinado para: acciones, planes, estrategias y programas de violencia, inversión en infraestructura para casos de violencia (casas de acogida, medidas preventivas, disponibilidad de medios, etc.) y capacitación de recursos humanos en violencia en los tres poderes del Estado. ·     Incluir en las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia un componente
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		participativo de evaluación de impacto para poder identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas. ·     Proporcionar detalles de las características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a una vida libre de violencia ·     Contar con información sobre el promedio de la inversión de recursos financieros que implica cada una de las fases del proceso penal según la institución involucrada en el tema de justicia, a nivel de oficina, circuito, programa y procesos; así como sobre la inversión por ítems de los indicadores de progreso. ·     Realizar estudios o evaluaciones sobre el uso de la Convención y los Tratados Internacionales de derechos humanos en las sentencias y dictámenes judiciales y del Ministerio Público. ·     Realizar estudios sobre el uso de estereotipos, prejuicios, mitos o costumbres en los casos de mujeres víctimas de violencia variable que puede afectar el proceso y/o las sentencias, así como información que indique si en la impartición de justicia se toma o no en cuenta negativamente la historia personal de la víctima o su experiencia sexual antes de emitir las sentencias. ·     Crear normativa vinculante que contemple la obligación del Estado de realizar encuestas periódicas sobre diversas manifestaciones de violencia contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, que consideren tanto el ámbito privado como el público como escenario de ocurrencia de la violencia. ·     Hacer más eficiente los mecanismos para el acceso de información estadística actualizada (accesible y oportuna), y contar con mecanismos de divulgación masiva de las estadísticas nacionales sobre violencia contra la mujer. ·     Crear legislación que contemple el acceso público a la información relevada (en base a encuestas y a registros administrativos) y hacer publicación periódica de las estadísticas elaboradas y estudios realizados. ·     Promulgar una ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados para el cumplimiento de las obligaciones previstas para asegurar la adopción de las medidas previstas en la Convención de Belém do Pará. ·     Fortalecer el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género -SUMEVIG- a fin de impulsar estudios y encuestas sobre el problema de la violencia contra las mujeres.

 

IV. POLITICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2032

              4.1 Apuesta estratégica

Para la construcción de esta Política Nacional se parte de tres apuestas consideradas estratégicas y pensadas de manera transversal para todo el proceso.

              4.1.1 Poblaciones objetivo

En congruencia con el marco normativo vigente, internacional y nacional, la política tiene como principal población objetivo a todas las mujeres habitantes del país, en sus diversidades. No obstante, se brindará especial atención a las siguientes poblaciones:

. Mujeres de todas las edades con especial atención en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, por las siguientes razones:

- La creciente presencia de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas como afectadas de violencia sexual (embarazo infantil y adolescente, delitos sexuales, acoso sexual en espacios públicos) y de violencia física incluido el femicidio.

- La primera infancia y la adolescencia son las etapas del desarrollo humano con mayores posibilidades para potenciar cambios identitarios.

- La necesidad de intervenir para la interrupción de la trasmisión intergeneracional de la Violencia contra las Mujeres, especialmente con mujeres jóvenes, madres jóvenes y en condiciones de pobreza y exclusión social.

. Niños y adolescentes como población estratégica para el cambio y para su involucramiento activo en la prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Existe consenso internacional en que el trabajo con hombres en procesos de construcción de masculinidades igualitarias y no violentas debe ser parte de las acciones de los Estados en el marco de políticas más amplias de promoción³⁶ de una cultura de igualdad y no violencia y de prevención de la Violencia contra las Mujeres. Específicamente, existen recomendaciones hechas a Costa Rica por organismos internacionales en este sentido.

³⁶El concepto de Promoción que se asume en esta Política se adapta del concepto utilizado en la salud pública y promovido por la Organización Panamericana de la Salud/OPS. Es en este sentido que partimos de que la promoción pretende generar condiciones para que las personas tengan un mayor control de su propia vida. La Promoción abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la calidad de vida de las personas mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas que pueden enfrentar, y no centrándose únicamente en la atención al problema por si mismo.

La Promoción de la igualdad y una vida libre de violencia tiene que accionar en 3 aspectos claves: el impulso de políticas, planes, programas y proyectos que impulsen la igualdad, el respeto a las diferencias y la no violencia; la educación para la igualdad y la organización y planificación urbana que promueva relaciones de igualdad, respeto a la diferencias y no violencia. Es decir la conformación de comunidades y ciudades que contribuyan a construir una cultura de no violencia.

Por esa razón, como segunda población objetivo de esta política se incluye a los niños y hombres adolescentes con el objetivo de intervenir en edades tempranas sobre los procesos de construcción identitaria y con el propósito específico de su activa participación en la deconstrucción del machismo y la violencia contra las mujeres (VcM).

             4.1.2 Énfasis en el cambio cultural, la promoción de una cultura de igualdad, reconocimiento y respeto a las diferencias y la promoción de conductas alternativas al machismo y la violencia contra las mujeres.

Tras 20 años de políticas públicas en materia de erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres, se ha demostrado que para continuar avanzando es indispensable colocar el cambio de la cultura en el centro de todas las acciones públicas. Los avances país chocan - e incluso peligra su retroceso - frente a un contexto socio-cultural que como se ha señalado en apartados anteriores, se caracteriza, entre otras cosas por:

.  Proyección cotidiana de las mujeres como objeto sexual.

.  Recreación sensacionalista de la VcM y el continuo mensaje de impunidad.

.  Reproducción en muchos medios de comunicación de lo que Rita Segato denomina "estética de la violencia" orientada a des-sensibilizar y naturalizar la violencia contra las mujeres.

.  Proliferación de discursos neo-machistas que Miguel Lorente caracteriza como: ".el machismo de siempre, pero con un discurso transformado para poder introducirse y calar en el mundo actual."

.  "Re-articulación patriarcal" alrededor de estos discursos neo-machistas que buscan crear confusión, des-movilización y retroceso en derechos de las mujeres, las niñas y los niños.

Con el propósito de enfrentar estos retos, esta política dará prioridad a la comunicación, el impulso de políticas para la promoción de la igualdad y la no violencia, la organización y la movilización social como acciones estratégicas para identificar y desmontar el machismo en sus diferentes manifestaciones discursivas y prácticas. Pero, simultáneamente, promoverá el desarrollo de habilidades, competencias sociales, valores y prácticas de igualdad entre mujeres y hombres, respeto a las diferencias, diálogo y solución no violenta de conflictos, entre otras.

El cambio cultural se promoverá también a través de acciones de promoción de una cultura de igualdad, reconocimiento y valoración de las diferencias y la no violencia con las poblaciones objetivo, especialmente niños, niñas, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, y con la comunidad en general. La Promoción pretende generar condiciones para que las personas tengan un mayor reconocimiento de sus derechos y los de los/as demás, un mayor sentido de valor propio y control de su propia vida . Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la calidad de vida de las personas mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas que pueden enfrentar, y no centrándose únicamente en la atención al problema por si mismo.

La Promoción de la igualdad y una vida libre de violencia tiene que accionar en 3 aspectos claves: el impulso de políticas, planes, programas y proyectos a nivel nacional, regional y local que impulsen la igualdad, el respeto a las diferencias y la no violencia; la educación para la igualdad y la organización y planificación urbana que promueva relaciones de igualdad, respeto a la diferencias y no violencia. Es decir la conformación de comunidades y ciudades que contribuyan a construir una cultura de no violencia.

La Promoción de la igualdad y no violencia es un proceso sistemático que promueve cambios individuales y colectivos, acciones y ambientes/contextos que faciliten reducir la violencia contra las mujeres y la probabilidad de ocurrencia de sus distintas formas antes de que estas ocurran.³⁷

³⁷La promoción pretende invertir en el desarrollo de normas sociales y ambientes libres de VCM  y en acciones dirigidas a la reducción de riesgos y aumento de la protección mientras se monitorea el impacto de las intervenciones en la incidencia y la prevalencia de la VCM.

4.1.3   Escenario priorizado: Lo local, la comunidad y el municipio.

Costa Rica cuenta con un amplio marco legal de protección y sanción de la VcM, así como con un desarrollo normativo en la mayor parte de la institucionalidad pública orientado a atender las consecuencias de la violencia, detener los ciclos de maltrato y para proteger y asistir a las víctimas. No obstante, la concreción y aplicación de estas normas en el nivel local es dispar entre instituciones y no siempre coordinada.

Esta política impulsará el encuentro de las instituciones en el nivel local, cantonal y comunitario para garantizar que las regulaciones, normas y previsiones, se apliquen de manera oportuna y diligente por parte de todas las instituciones y que las mismas beneficien de manera efectiva a las mujeres.

Aparte de lo anterior, al privilegiarse en esta política las acciones de cambio cultural, promoción y prevención, necesariamente éstas deben desarrollarse en el nivel local, donde viven y conviven las personas, donde se crea y recrea cotidianamente la cultura y desde donde se pueden gestar espacios de protección y seguridad efectivos. También es desde este espacio donde es posible tomar conciencia de que la VcM impacta toda la vida comunitaria y no exclusivamente a las mujeres afectadas y sus familias.

              4.6 Aspiración de la política

Promover una cultura no machista, la ruptura de los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres, la no impunidad y la debida diligencia en la respuesta del Estado Costarricense para el avance en la erradicación de esta violencia y como condicionantes para el pleno desarrollo humano de las mujeres y la sociedad.

              4.7 Enfoques, principios y características

Los siguientes enfoques y principios sirven de sustento y guía para el proceso de ejecución de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 y su primer Plan de Acción quinquenal 2017-2021. Los enfoques se refieren a aspectos conceptuales, ideológicos y políticos que orientan la manera en que se comprende, analiza y aborda la construcción y ejecución de la Política y su Plan de Acción.

4.3.1 Enfoques

Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres.

Constituye un paradigma universal para comprender el bienestar humano y el desarrollo, representa una ética para guiar esta Política y las acciones a seguir. El eje central de este enfoque es el reconocimiento de todas las personas, mujeres y hombres, como titulares de derechos, los cuales son inherentes, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables y que son obligación del Estado proteger. Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como las mujeres, la direccionalidad de la violencia contra las mujeres es consustancial al sistema.

Esta violencia está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, hecho que perpetúa la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción, es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer en sociedades que las colocan en una posición de subordinación.

Por tanto, este enfoque se basa en el carácter irreductible de los derechos de las mujeres, en la obligación del Estado de protegerlos y garantizarlos, y en la convicción de que el respeto de los derechos humanos también es una condición esencial para el desarrollo de nuestros países y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de toda la población. Propone, asimismo, la necesidad de analizar el tema de los derechos humanos y de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales estructurales que conlleven el respeto de los derechos de las mujeres y cuestionen la inevitabilidad de la violencia en las relaciones de género (Rico, 1996).

Relaciones de poder e igualdad entre hombres y mujeres.

Se ha señalado que esta Política reconoce y toma en cuenta la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres como base de las diferentes formas de violencia y discriminación hacia las mujeres y, por lo tanto, impulsa transformaciones orientadas a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La Convención de Belém do Pará (OEA, 1994) reconoce explícitamente que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres las cuales trascienden todos los sectores de la sociedad.

En este sentido el PLANOVI 2017-2032 parte de la necesidad de incluir en todo su accionar, el develamiento de aquellas estructuras sociales y culturales que han sostenido y alimentado estas relaciones asimétricas limitando las oportunidades de las mujeres, así como de la necesidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los espacios. Como señala la CEDAW (ONU, 1992), la violencia contra las mujeres impide gravemente que las mujeres gocen de derechos, libertades y responsabilidades en igualdad de condiciones que los hombres. Esta Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad de forma y de fondo entre mujeres y hombres; por lo tanto, establece garantías de no discriminación contra la mujer e incorpora una definición más amplia de discriminación que la establecida en instrumentos previos, ya que abarca tanto la igualdad de oportunidades (igualdad de jure), como la igualdad de resultado (igualdad de facto)³⁸.

³⁸El Artículo 1 de la CEDAW define la "discriminación contra la mujer" como: .toda discriminación, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de (sus) derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

No sólo establece que los Estados partes "asegurarán" y "otorgarán" a las mujeres el "derecho" a la no discriminación en todo ámbito de la vida privada y pública; sino que además establece la obligación de los Estados partes que "tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública y privada" (IIDH, 2004, p.98). Precisamente, el objetivo y el propósito del Protocolo Facultativo de la CEDAW es avanzar en los esfuerzos para "asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades" (IIDH, 2004, p. 41).

Continuidad e interseccionalidad.

La Continuidad³⁹ es un enfoque sistémico que parte de una concepción amplia de la violencia y el reconocimiento de que esta problemática afecta, impide y restringe el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y es vivida por ellas en diferentes contextos de manera simultánea o alterna y por diferentes perpetradores a lo largo de su vida. Este enfoque tiene que ver con una ruptura epistemológica para no aislar ni fraccionar las diferentes formas de violencia que viven las mujeres y así poder medir el impacto en forma más global reconociendo el carácter estructural de esta violencia.

³⁹Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, (2015) Inter-seccionalidad de la Violencia contra las Mujeres

Por esta razón, esta Política toma en cuenta que la violencia por motivos de género es un problema multidimensional que recorre todas las esferas de la sociedad, anclado en el sistema patriarcal vigente. Hace referencia a esas formas de violencia que se dirigen contra las mujeres y que emanan de la condición de discriminación y subordinación de la población femenina; aquella en las que el factor de riesgo es, precisamente, ser mujer. La Convención de Belém do Pará señala como aporte a esta perspectiva, el hecho esta violencia puede darse en cualquier ámbito, público o privado, y puede ser ejercida incluso por los Estados.

Para este PLANOVI es fundamental partir de que la violencia contra las mujeres es continua y estructural:

- Es continua, porque está presente en todas las etapas de la vida de las mujeres; se despliega en los diversos espacios en que se desenvuelven, y tiene origen y desarrollo histórico. Tanto niñas como mujeres adultas y adultas mayores pueden experimentar diferentes formas de violencia.

- Es estructural, porque está a la base, es uno de los pilares que sostiene a las sociedades patriarcales y se extiende como eficaz mecanismo de poder y dominación a las relaciones políticas, socioeconómicas y culturales de distintos sistemas políticos y administrativos.

- Se manifiesta de múltiples formas: en una escalada gradual que va desde la violencia simbólica, física, psicológica, sexual, patrimonial, el acoso sexual, hasta el femicidio como última y más grave consecuencia de la cadena de violencias.

- Se despliega en todos los ámbitos: privados o públicos como la violencia familiar/intrafamiliar/doméstica, la violencia extra familiar, la violencia institucional y la violencia simbólica. En lo interpersonal, en lo comunal y en el Estado.

Todas estas formas que adquiere la violencia machista, están intrínsecamente relacionadas, son parte de la experiencia colectiva de las mujeres y tienen anclajes muy antiguos en la construcción de diversas civilizaciones, lo que se asocia con lo enraizado de su naturalización y normalización. Por lo tanto, es necesario abordarla en todas sus manifestaciones, escenarios de ocurrencia y potenciales perpetradores.

La interseccionalidad para esta Política es un enfoque fundamental que permite entender que el género, la etnia, la clase, u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser "naturales" o "biológicas", son construidas y están interrelacionadas" (Platero, 2014, p. 56).

Crenshaw (1995) define la interseccionalidad como la expresión de un "sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas". Explica esta autora que la subordinación interseccional es, a menudo, la consecuencia de un factor de discriminación que, al interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes crean, en conjunto, una nueva dimensión de desempoderamiento" (p. 359).

Cuando se utiliza el enfoque de la interseccionalidad, se comprende que, además de la denuncia del sufrimiento de las mujeres como consecuencia de la violencia, se debe, sobre todo, considerar el lugar, el contexto y las implicaciones que poseen las múltiples diferencias y desigualdades que ellas experimentan y sus diversas dimensiones de identidad.

En el análisis de esta problemática, se entiende que existen otras matrices de dominación tales como la heteronormatividad, el adulto-centrismo, el racismo o el clasismo, que, junto con el patriarcado, también tienen una injerencia inter-seccional en los procesos de exclusión y poder. Por lo tanto, este enfoque tiene fuertes implicaciones tanto en la comprensión de la violencia contra las mujeres, como en la adecuación de estrategias políticas para combatirla dado que nos ayuda a entender la manera en que diferentes dimensiones identitarias influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades.

Diversidad

Para esta Política es central orientar el trabajo para enfrentar la violencia contra las mujeres integrando la consideración de las particularidades, así como el punto de vista de la niñez y la adolescencia, de las juventudes, de las personas adultas mayores, así como las asociadas con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, riesgo o discriminación por motivos de etnia, sexo, salud, discapacidad, credo, nacionalidad, adscripción política, extracción económica, orientación e identidad sexual, o cualquier otra.

Este enfoque refiere a la multiplicidad e interacción de las diferentes capacidades y características que tienen las personas y pone en evidencia la complejidad de los múltiples grupos humanos que conforman una sociedad y una cultura determinada. Se concentra en la consideración de los deseos, aspiraciones, expectativas, valores y prácticas creativas y culturales de las distintas personas y grupos que estarían implicados en las acciones de esta Política.

Curso de Vida

Transversar a la Política el enfoque de curso de vida, significa partir de la existencia de grupos generacionales con intereses y derechos específicos que, como tales, deben reconocerse en su singularidad, sin que eso signifique anulación, imposición o exclusión.

Este enfoque propone que las políticas públicas y las acciones sociales, así como las prácticas y las disposiciones institucionales se ajusten en todos  sus alcances, para corresponder con el momento de desarrollo en el curso de su vida, de mujeres y hombres. Asimismo, -y tomando en cuenta la apuesta estratégica de esta Política con población menor de edad- implica la concepción de nuevas relaciones entre las personas adultas y las niñas, niños o adolescentes, basadas en el reconocimiento y respeto de sus derechos. En correspondencia con este enfoque, toda acción estratégica de la Política reconoce que las diferencias biológicas y sociales entre las personas por su edad crean continuamente situaciones de poder de unas personas sobre otras, las cuales se manifiestan de diversas maneras. Por lo tanto, se deberán generar las condiciones necesarias para propiciar relaciones de respeto y colaboración entre las personas de todas las edades, para encontrarse en las diferencias y similitudes mediante el diálogo y acompañamiento respetuosos. También será necesario reconocer sus aportes específicos, así como sus condiciones para el pleno disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades

Contexto

En esta Política se establece que toda intervención institucional y social debe tomar en cuenta las condiciones históricas de una sociedad en particular y del contexto familiar, comunal, institucional, económico-político y socio-cultural en que puedan estar inmersas las personas beneficiarias de todas sus acciones. Desde el enfoque de contexto se busca integrar respuestas que reconozcan todos estos aspectos para garantizar una incidencia  más  integral  interpretando  las  circunstancias  diversas  de  las  personas  y  grupos  sociales, analizando y contextualizando características tales como su historia, sus relaciones y dinámicas de poder, sus políticas y sus economías. Todo ello permite interpretar o comprender las razones de las circunstancias actuales, de qué manera podrían cambiar y qué elementos están influyendo sobre el cambio.

Promoción⁴⁰   y Prevención integral

⁴⁰La Promoción pretende generar condiciones para que las personas tengan un mayor reconocimiento de sus derechos y los de los/as demás, un mayor sentido de valor propio y control de su propia vida Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la calidad de vida de las personas mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas que pueden enfrentar, y no centrándose únicamente en la atención al problema por sí mismo. La Promoción de la igualdad y una vida libre de violencia tiene que accionar en tres aspectos claves: a) el impulso de políticas, planes, programas y proyectos a nivel nacional, regional y local que impulsen la igualdad, b) el respeto a las diferencias y la no violencia; c) la educación para la igualdad que promueva respeto a las diferencias y no violencia. Es decir, la conformación de comunidades que contribuyan a construir una cultura de no violencia.

La violencia contra las mujeres es un proceso dinámico en el que interactúan múltiples factores sobre los que es posible intervenir y modificar en los diferentes momentos de su desarrollo. Mientras antes se apliquen las medidas de intervención, mejor puede ser el resultado cuando se pretende ir erradicando la violencia y su impacto.  Este es el sentido de combinar acciones de promoción con acciones de prevención integral.

Resulta fundamental para esta Política trabajar con estos enfoques para eliminar la violencia contra las mujeres, antes de que esta ocurra. Este es el sentido de una de sus principales apuestas estratégicas. Su aplicación demanda una perspectiva de análisis que entiende la violencia como una problemática sumamente complejo cuya génesis no puede ser atribuida a un único factor sino a múltiples factores de orden individual, cultural y político que interactúan para producirla en un contexto dado y en perjuicio de una persona o un grupo humano.

Desde esta perspectiva, El PLANOVI 2017-2032 busca impactar en los diferentes niveles de la sociedad, de lo nacional a lo local, para lograr cambios en las instituciones, los conglomerados y las personas. Las acciones dirigidas a instituciones clave y grupos sociales estratégicos, son acompañadas de acciones más generalizadas a gran escala, que generen el telón de fondo necesario para impulsar los cambios de conocimientos, actitudes y prácticas buscados.

Desde la promoción se enfatiza el accionar en la identificación y fortalecimiento de aquellos factores de protección tanto a nivel estructural, como en el nivel comunitario, familiar e individual.

 

 

 

Según ONU Mujeres (2007), la promoción de una cultura de igualdad y no violencia es más efectiva cuando tiene como objetivos. "1) transformar actitudes individuales y colectivas, creencias y conductas relacionadas a normas de género y roles en una comunidad determinada e 2) implementar estrategias locales y nacionales para empoderar a las mujeres y eliminar las disparidades de género. (Morrison, et.al. 2004). Las intervenciones dirigidas a lograr cambios en el nivel interpersonal, relacional, comunitario y de la sociedad o aquellas que facilitan una más extensa movilización de la comunidad contra la violencia pueden tener un poderoso efecto en el cambio de la conducta individual. (Harvey, et al., 2007)". Esto se refuerza con el hecho de que, además, existe evidencia que muestra que los grupos más estratégicos para trabajar en la promoción de una cultura de igualdad y no violencia son la primera infancia y las personas adolescentes.

Por otra parte, desde la prevención secundaria se tomarían medidas orientadas a detener la violencia ejercida contra las mujeres en cualquier punto de su aparición.

En la prevención secundaria, la detección temprana, la captación oportuna y la orientación adecuada, son esenciales. De allí, la importancia de la captación temprana y el seguimiento periódico de la población de mujeres afectadas para evitar o retardar la aparición de daños más graves como consecuencia de su exposición a la violencia.

En este nivel de intervención es fundamental identificar los factores impulsores e inhibidores que impiden la ruptura del silencio de las mujeres y que pueden ser de carácter tanto subjetivo como objetivo, individual e institucional.

Por último, en el nivel de la prevención terciaria, se establecen las medidas orientadas a evitar, retardar o reducir el impacto de la violencia en las mujeres afectadas. En este caso, se trata de minimizar los sufrimientos causados por la violencia vivida y de facilitar la construcción de un nuevo proyecto de vida que a su vez permita detener la transmisión inter-generacional de la violencia.

Gobernanza

Este enfoque parte de la necesidad de construir espacios púbicos que posibiliten la participación ciudadana en la construcción de las decisiones públicas.  En concordancia con las apuestas estratégicas de esta Política, la sociedad en general y los colectivos en particular, se visualizan como entes dinámicos en cambio constante, que obliga a que las instituciones de gobierno, no solo presten atención a las necesidades que surgen de dichos  cambios,  sino  que,  de  manera  participativa,  construya  soluciones  o  respuestas  acordes  a  sus necesidades. Al incorporar la participación de los diferentes grupos sociales en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, el Estado se compromete con el sentido de corresponsabilidad y descentralización en sus procesos.

Así, la gobernanza aplicada como enfoque de la política, implica la promoción de sinergia entre los recursos públicos, privados y sociales para que la sociedad no vaya a la deriva, genere condiciones generales de vida segura y próspera y sus miembros realicen sus proyectos particulares. Es una forma de dirección descentralizada de la sociedad⁴¹ (Aguilar, 2010).

⁴¹La definición ofrecida por R.A.W. Rhodes (1997), señala: "Gobernanza se refiere a redes inter-organizacionales y auto-organizadas. Las características comunes son: 1) Interdependencias entre las organizaciones. Gobernanza es algo más amplio que el gobierno y abarca a actores no estatales. 2) Interacciones permanentes entre los miembros de la red, debido a la necesidad de intercambiar recursos y de negociar los propósitos comunes. 3) Las interacciones se basan en la confianza y son normadas por reglas que han sido negociadas y acordadas por los participantes en la red. 4) Existe un grado significativo de autonomía respecto del estado. El estado no ocupa la posición soberana, pero puede dirigir indirecta o imperfectamente las redes"

Desde el enfoque de gobernanza se apuesta a la participación de actores sociales individuales y organizados que se reconocen ciudadanos, que aceptan la pluralidad presente en la comunidad y se saben responsables en la definición y realización del destino colectivo como una forma de ejercer sus derechos y obligaciones ciudadanas.

El modo concreto de la gestión de la política desde la gobernanza, es el modo de "co-acción", entendida como la acción conjunta o asociada entre el sector público y el privado o el social, que se manifiesta en formas observables de co-regulación, co-producción, co-dirección, co-gestión, colaboración y corresponsabilidad. Este modo de gobernar (.) expresa y reproduce una pauta o patrón estructural de dirección pública, cuya característica esencial es la interdependencia gubernamental - social (Aguilar, 2010).

La presente política ha incluido la co-acción de muy diversos sectores de la sociedad desde su etapa de formulación y deberá considerarla hasta la evaluación de los resultados de la misma. Asimismo, el presente plan se encuentra conceptualizado sobre una base de la co-acción de la institucionalidad pública con las diversas redes y actores a nivel local para la creación de condiciones y acciones que permitan la transformación de los determinantes que promueven de manera sistémica la violencia contra las mujeres.

Participación comunitaria

La participación comunitaria como enfoque, busca generar un impulso y fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia, pues significa una forma de resolución auto-gestionada de los problemas sociales que afectan a las comunidades, permitiendo el surgimiento de respuestas y soluciones desde ellas mismas (Bronfman y Gleizer, 1994).

Para el cambio social al que esta Política apuesta, la participación comunitaria deber ser considerada como un enfoque que dirija la movilización como una estrategia que permite asegurar que existe en las personas que se movilizan, disponibilidad para ayudar a planificar, tomar acciones y adaptar la comunidad al cambio y a las mejoras. En este sentido, el éxito de los planes y proyectos que de la política se desprendan, dependerá en buena medida de que las comunidades los perciban como algo propio, responsabilizándose del problema y de la solución. De esta forma, la participación comunitaria y la movilización social a nivel local, regional y nacional, se tornan como una condición necesaria para el cambio, pues es imperioso que exista plena conciencia de la responsabilidad compartida en la erradicación de la violencia contra las mujeres, dejando atrás el paradigma patriarcal de que se trata de un asunto doméstico y privado exclusivo de las mujeres que la sufren.

Alianzas estratégicas en corresponsabilidad⁴²

⁴²Ministerio de Salud, CCSS, INAMU, MEP, Municipalidad de Curridabat; Paniamor, OPS/OMS (2003). Guía de lineamientos conceptuales, supuestos operativos y recursos pedagógicos para la prevención primaria integrada de la violencia contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes desde lo local.

Para el PLANOVI este enfoque es central porque propone la articulación de acciones y recursos entre individuos, grupos e instituciones, para el logro de fines comunes a nivel humano, social, profesional e incluso económico. Desde una perspectiva sociológica supone convivir pacíficamente, luchar por bienes comunes y ser respetuoso con las diferencias, pero denunciante de las actividades que suponen injusticia, engaño y/o abuso, en perjuicio de las personas que integran nuestro entorno familiar, educativo, laboral o comunal. Las intervenciones basadas en este paradigma unen a las personas de una comunidad, pero también las enfrentan cuando alguna de ellas no respeta las normas de convivencia democrática.

Cuando hay procesos en los que unas de las personas participantes pretenden dominar la voluntad de otras, convirtiéndolas en sumisas y dependientes, no existe una responsabilidad compartida con la sociedad, sino que esta se enfrenta a los intereses individualistas, y egoístas del poder hegemónico. El fin de la corresponsabilidad social es la construcción de bienestar compatible, compartible y cooperador, en comunidades altamente heterogéneas en cuanto a intereses, creencias y expectativas (Civila, 2009).

Algunos autores proponen que la corresponsabilidad social es un valor que debe estimularse y formarse, proponiendo una acción intensiva del sistema educativo en la formación de competencias básicas para su mejor desempeño, entre las que se cita la adquisición de los valores, conocimientos y habilidades para: a) sustentar los cambios en las relaciones de género, la construcción de una nueva feminidad y una nueva masculinidad; y la deslegitimación de la violencia contra las mujeres en todos sus alcances; y b) modelar nuevas relaciones intergeneracionales como factor de integración y cohesión social, prevención de la discriminación y la exclusión social, y lucha por la defensa de los derechos humanos, desde lo local a lo planetario.

Para esta Política es importante que la sociedad sea capaz de reconocer que todos y todas poseen una responsabilidad compartida para detener y erradicar la violencia contra las mujeres. A todas las personas les corresponde hacer algo desde el lugar en el que están.

4.3.2 Principios orientadores

Los principios son los lineamientos, formas de pensar, sentir y actuar que deben asumir las personas responsables al abordar la violencia contra las mujeres tanto a nivel preventivo como de atención. Esta Política considera los siguientes principios como fundamentales y orientadores de su quehacer.

No discriminación

Ninguna persona puede ser discriminada por razón de sexo, color, raza, religión, origen nacional, étnico o social, idioma, opinión, orientación sexual, identidad o expresión de género, capacidades especiales, condiciones sociales, económicas o personales de las mujeres o sus familias.

No re-victimización

Se asegurará que las mujeres víctimas de violencia no vuelvan a ser víctimas una y otra vez, por lo que se evitará que sea sometida a múltiples interrogatorios o declaraciones, malos tratos o exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima y salud mental.

Reconocimiento de la resiliencia y capacidad de agencia de las mujeres

Las mujeres en situación de violencia no deben ser vistas exclusivamente como víctimas sino como mujeres fuertes con grandes poderes para sobrevivir a pesar de todo.

Para brindar un apoyo integral a las mujeres, se reconocerán y valorarán las estrategias y habilidades que ellas han desarrollado para enfrentar su vida y la violencia que reciben. Este principio es contrario al asistencialismo porque valora y reconoce la capacidad de las mujeres para re-construir un proyecto de vida con autonomía y autodeterminación.

Protección y debida diligencia

En la atención y protección a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia por motivos de su género, se deberá actuar con debida diligencia de acuerdo a los estándares internacionales, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta forma de violencia.

El Estado costarricense a través de sus instituciones deberá tomar las medidas necesarias y posibles para erradicar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas estereotipadas de inferioridad o superioridad de alguno de los sexos y modificar patrones sociales y culturales de hombres y mujeres, además de adecuar sus estructuras, sistemas, procesos y procedimientos y/o cualquier otra actuación para este fin.

Interés superior de la persona menor de edad

Todas las acciones, procesos y medidas en que estén involucradas personas menores de edad y que sean tomadas por agentes estatales en particular, ya sean autoridades judiciales, administrativas y/ legislativas, se realizarán en consideración de la garantía debida para el desarrollo integral y la vida digna y por lo tanto de las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible de las niñas y niños.

Este principio debe de ser considerado a la luz de los otros principios y obligaciones estatales que han sido reconocidos en el marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos. Esto significa que no se debe entender que exista una contradicción ni en lo abstracto ni en los casos concretos, entre el interés superior de la persona menor de edad y la protección especial a las mujeres para prevenir, combatir y erradicar la violencia y discriminación por género. Así, se parte de la vinculación necesaria de los derechos de las mujeres con las de sus hijos e hijas, de manera que no se estará protegiendo el interés superior sin que se protejan los derechos de sus madres quienes son las que les protegen en última instancia.

Acción afirmativa para el reconocimiento, valoración e inclusión de las diversidades

En los programas institucionales de atención, prevención, promoción y acceso a la justicia, se deben diseñar y  planificar  procesos  sistemáticos  que  incorporen  acciones  afirmativas⁴³    o  medidas  necesarias  que garanticen el derecho de las  mujeres a que se reconozcan sus condiciones, opciones o características particulares, para el acceso equitativo a los servicios y a oportunidades para su desarrollo.

⁴³ La CEDAW, en su Art. 4 insta a los Estados Partes a adoptar medidas especiales de carácter temporal dirigidas a acelerar la igualdad de facto o igualdad sustantiva, en aras de equilibrar las diferencias entre hombres y mujeres, las cuales cesarían cuando se logren los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. Según ha señalado la ONU, en su Recomendación general Nº25, sobre el párrafo 1 del Art. 4 de la CEDAW, referente a medidas especiales de carácter temporal, se han utilizado diferentes términos para ello, utilizándolo en su sentido correctivo, compensatorio y  de promoción con las expresiones "acción afirmativa", "acción positiva", "medidas positivas" o "discriminación positiva."

Su abordaje se priorizará si en razón de sus diversidades (etnia, género, condición de salud, discapacidad, credo, nacionalidad, adscripción política, situación económica, orientación e identidad sexual, u otra) las mujeres se encuentran enfrentando situaciones violencia.

Interaprendizaje

Se deberá concebir todo proceso como una experiencia educativa permanente en la que no hay nada insignificante, porque la tarea es buscar nuevos significados y nuevos sentidos a los problemas. Se buscará en todo momento, la participación y construcción grupal del conocimiento, así como la construcción de actitudes críticas frente al problema de la violencia que facilite la ruptura de valores y pre-juicios que obstaculizan el trabajo para su prevención y atención.

En toda intervención u acción que se realice, se entenderá que quienes se sienten directamente impactados por un problema determinado estarán en mejor posición para determinar un curso de acción a seguir hacia su resolución. Se promoverá por tanto la apropiación personal del problema, partiendo de que el mismo debe tocar valores atesorados por las personas, produciendo una necesidad de actuar aun cuando se tenga claro que las circunstancias que se enfrentan son inciertas y cambiantes; y que existen al menos dos soluciones posibles sin que necesariamente exista certeza sobre cuál de ellas es la más efectiva para desactivar el problema. (Laster, 1998)

Corresponsabilidad

Como construcción social, la violencia contra las mujeres es reproducida en todas las estructuras y espacios socioculturales y es reforzada de manera compleja con los productos de la cultura.

Si bien el Estado tiene una responsabilidad ineludible en abordar la violencia contra las mujeres, cada instancia debe comprender y asumir  su corresponsabilidad en los procesos que la han hecho posible históricamente y la siguen sosteniendo. Prevenir la violencia contra las mujeres y promover la igualdad, interpela a todo el conjunto de la sociedad.

Los programas, procesos y acciones derivados de la política deben promover el involucramiento de la mayor diversidad de instancias (Estado, sociedad civil, sector privado, gobiernos locales, etc.), que como sistema y en redes articuladas, actúen en corresponsabilidad para promover una cultura que reconozca la violencia, integre alternativas de atención y protección de las mujeres afectadas por esta, o en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, enfrente y reduzca la impunidad y asegure la restitución en el ejercicio de sus derechos.

Cambio cultural

En todos los niveles de acción enfocados hacia la paulatina erradicación de la violencia contra las mujeres, el horizonte es el cambio cultural. Se reconoce que en nuestra sociedad aún se encuentran fuertemente arraigadas creencias y prácticas culturales que han legitimado y perpetuado históricamente las diversas formas de violencia contra las mujeres. No obstante, la cultura es dinámica y posee un potencial de cambio que debe ser impulsado en la ejecución de todas las acciones estratégicas contempladas en esta política. Este principio demanda la confrontación y de-construcción permanente y sistemática en cualquier nivel de acción, de todos los mitos y creencias basadas en  prejuicios sexistas, misóginos u otros vinculados a exclusiones y discriminaciones.

4.3.3 Características

Es una política de Estado específica y prioritaria

La presente política, prioriza la acción estatal en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres promoviendo los cambios estructurales y culturales.

La Violencia contra las Mujeres es una problemática de tratamiento a largo plazo que requiere de atención prioritaria por parte de la institucionalidad, con amplia participación de la sociedad civil, partiendo de un consenso social, y ajustada a las necesidades de las comunidades y de la población en general. Es por ello que la Política genera directrices específicas de acatamiento obligatorio para enfrentar dicha problemática, direccionando los recursos necesarios para su ejecución, sin que esté supeditada a un período de Gobierno.

Así, esta política adopta una visión que trasciende del enfoque de gobierno a un enfoque de Estado superando las barreras del pensamiento de corto plazo y de responsabilidades limitadas, para construir una visión compartida de futuro. De esta forma es posible que la erradicación progresiva de la violencia contra las mujeres constituya un verdadero proyecto social.

Es sistémica

Impulsa la relación con otras políticas públicas vigentes relacionadas entre sí, así como en la forma en que esta política será ejecutada a través del Sistema Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, incluyendo también su vinculación estratégica con otros sistemas y mecanismos que pueden estar impactando en esta problemática.

Las relaciones con otras políticas y mecanismos inter-institucionales según los casos y circunstancias, pueden tener un mayor o menor grado de intensidad, de modo que las políticas no se contemplan como un conjunto, sino como un "Sistema de Políticas Públicas" (SPP) (von Bertalanffy, 1968).

Dentro del SPP, esta política concreta constituye un "subsistema" formado, a su vez, por elementos que se relacionan. Cada uno de estos elementos se caracteriza por el consumo de recursos y tiempo para ser ejecutados. Sus elementos no son otra cosa que las acciones que habrán de llevarse a cabo para conseguir que la política culmine su objetivo.

Es descentralizada

Realiza un proceso multidimensional con dinámicas políticas, fiscales y administrativas. En términos generales, y como lo explica Finot (2001), es un proceso de trasferencia organizada y ordenada del gobierno nacional o central, a otra autoridad o institución regional o local con programas vinculados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Esta característica se relaciona con la gobernabilidad democrática, tanto porque apuesta a una planificación y gestión más participativa y contextualizada, como porque coloca sus recursos en los espacios más cercanos donde la población meta está demandando los servicios.

La descentralización permite también reconocer y atender las desigualdades territoriales centro-periferia que agregan vulnerabilización a las poblaciones que poseen menor acceso a recursos y servicios.

Es inter-institucional, integrada y trans-sectorial

Si se concibe la violencia contra las mujeres más allá de su ocurrencia como fenómeno social aislado y casual, y en cambio se lo coloca como un problema estructural que afecta toda la dinámica del sistema social, es posible reconocer que esta Política deberá desarrollar todos sus ejes estructurales dentro de una lógica de articulación e integración.

Por tanto, la respuesta frente a la violencia contra las mujeres, se aborda desde una relación de corresponsabilidad entre   las diversas instituciones y   sus   estructuras a   nivel   nacional,   regional   y local, insertando en sus planes operativos y presupuestos institucionales, las estrategias correspondientes y alineando a todos los sectores directa e indirectamente involucrados.

Favorece también la generación de alianzas público privadas, con sociedad civil, con comunidades, y con la academia para la coordinación conjunta de todas sus acciones estratégicas y para lograr una atención integral de la problemática.

Estas características de inter-institucionalidad, trans-sectorialidad e integración para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, hacen que sea posible no solo mantener una adecuada armonización ideológica y conceptual, sino también la conexión operativa necesaria para una gestión de la política no solo más eficiente, sino mejor orientada desde el punto de vista político- estratégico.

Es prospectiva y progresiva

Esta política es prospectiva porque parte  de  la  comprensión  de  que  la  Violencia contra  las Mujeres está inmersa y es afectada por los contextos y las dinámicas sociales, económicas y políticas que generan constantemente nuevos retos y desafíos que irán demandando flexibilidad y capacidad de adecuación de la política pública y sus planes de acción.

Significa también la previsión de las situaciones que podrían derivarse de la acción u omisión estatal al atender la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Por   ser   prospectiva,   esta   política   sirve   también   como   una herramienta   de   apoyo a   la planificación estratégica con observación del entorno a largo plazo porque identifica en forma temprana, aquellos aspectos que pueden tener un gran impacto social en el futuro, buscando concesos con todos los sectores sociales para su atención.

Estrechamente vinculada a esta visión de acciones permanentes y de largo plazo, esta política concibe también toda la gestión como un proceso hacia la realización gradual y progresiva de su aspiración en el marco de su orientación estratégica.

La progresividad se vincula a una de las obligaciones que adquiere el Estado en materia de derechos humanos al suscribir las diversas convenciones. Significa que debe garantizar contenidos básicos de los mismos, es decir, el Estado se compromete a cumplir con el nivel esencial de cada uno de los derechos reconocidos y no restringirlos, cualquiera sea la situación por la cual se esté atravesando. No puede excusarse en la falta de recursos y solo aparece como un piso a partir del cual se va desarrollando el más alto nivel de satisfacción de los mismos.⁴⁴

⁴⁴Ase, I. y Burijovich, J.   (2009) La estrategia de Atención Primaria de la Salud:¿progresividad o regresividad en el derecho a la salud? Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php

Desde esta perspectiva, esta política deberá ir ajustando sus planes quinquenales a niveles cada vez más altos y complejos de cumplimiento partiendo del principio del más alto estándar posible de ejecución y de incremento en la inversión de los recursos.

Considerando los avances alcanzados a través de las anteriores Políticas y desde esta perspectiva de progresividad, se entiende que el PLANOVI 2017-2032 no parte de cero, por lo que retomará lo ejecutado para actualizar y fortalecer los programas exitosos, al tiempo que irá conformando nuevos escenarios de acción y compromiso estatal para el cambio social esperado.

4.8.Ejes transversales para la ejecución

Este apartado hace referencia a los recursos metodológicos y de actuación definida como relevante y prioritaria para la ejecución de las acciones definidas en la Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) 2017-2032. Estas estrategias son interdependientes y consonantes con los enfoques, principios y elementos conceptuales definidos en la Política y son las que permiten que los mismos se apliquen en la práctica de manera integrada. Estas estrategias son transversales en el sentido de que deben cruzar y estar presentes a lo largo de todas las acciones previstas por todas las instancias responsables y en todos los niveles de ejecución.

4.4.1 Comunicación social para el cambio

Ya se ha señalado que la violencia contra las mujeres se sostiene y perpetúa a través de patrones socioculturales que se expresan en ideologías, discursos, imágenes, ideas estereotipadas, actitudes y prejuicios, que justifican prácticas sociales aprendidas y naturalizadas, que invisibilizan las relaciones desiguales de poder que subyacen en las conductas violentas y se constituyen en barreras que dificultan, entorpecen o lentifican los procesos de cambio social.

Por esta razón, cualquier pretensión de transformación social requiere acompañarse de manera sistemática y sostenida de la reflexión y el cuestionamiento de estos componentes del imaginario social. En este caso, la lucha contra la violencia contra las mujeres se da también de manera cotidiana en el terreno de las ideas, de las opiniones y concepciones de mundo desde donde se interpretan y re-interpretan los hechos de violencia y todo lo que gira a su alrededor.

La Comunicación para el Cambio Social (CCS) es definida como un proceso de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas. La CCS apoya procesos de toma de decisión y de acción colectiva para hacer más eficientes a las comunidades y fortalece los contextos de la comunicación. (2003: Consorcio de comunicación para el cambio social).

Desde esta perspectiva es una acción comunicativa que busca facilitar la participación activa y la toma de decisiones de la población mediante el acceso a información oportuna y de calidad y mediante la creación de espacios de diálogo y confrontación de ideas para el logro de consensos y acuerdos. Por ello es consustancial de la participación y movilización de las comunidades (que ha sido definida como otra de las estrategias de intervención de esta política y de su plan de acción).

Es una propuesta horizontal en el tanto se basa en la construcción colectiva de conocimientos y la validación de los saberes inherentes a todas las personas y no en una trasmisión unidireccional de conocimientos, privilegia la educación y la comunicación interpersonal. Es también una propuesta ética de la comunicación que se entiende como un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos (Communication for Social Change Consortium, 2003).

Para ser eficaz esta estrategia requiere acción e inversión regulares, sistemáticas y sostenidas en el tiempo por parte de todas las instituciones y sectores responsables, amplitud y diversidad en el uso de los recursos y medios de comunicación y procesos adaptados a los diferentes contextos y grupos de población.

En esta política la comunicación social para el cambio como estrategia transversal persigue dos objetivos principales:

a) develar las relaciones desiguales de poder que sostienen la VcM y que se encuentran ocultas o disfrazadas en los discursos sociales tradicionales y cotidianos y

b) promover valores, discursos y prácticas culturales alternativas basadas en la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a las diferencias y la construcción de relaciones de convivencia social pacíficas, enriquecedoras y de crecimiento humano para todas las personas.

4.4.2 Organización y acción ciudadana en el espacio local-comunitario.

Esta estrategia parte del hecho que la VcM es una problemática social compleja y de múltiples impactos en la sociedad - más allá del que tiene en las personas directamente afectadas. Por esta razón es un asunto de interés de todos los y las habitantes y de todos los grupos sociales. En esta línea, todas las personas pueden y deben hacer algo para su erradicación, en conjunto con el Estado y sus instituciones, pues ha quedado evidenciado que la profundidad de los cambios culturales que se requieren no puede alcanzarse sin el concurso de toda la sociedad.

La VcM es un problema de salud pública por su alta prevalencia y por el impacto en la integridad física, sexual y emocional de las personas afectadas y de quienes son testigos cercanos. Es un problema de seguridad ciudadana pues la violencia contra las mujeres es la principal causa de homicidios dolosos de las mujeres, así como de otros delitos cometidos en su contra. La VcM y la violencia intrafamiliar están directamente asociadas con otras problemáticas sociales como las pandillas juveniles, la explotación sexual comercial y otras formas de delincuencia. De allí que no es posible hablar de seguridad comunitaria sin enfrentar las violencias específicas que sufren las niñas, jóvenes y mujeres adultas del entorno inmediato. La VcM es también una problemática que limita directamente las posibilidades de que muchas mujeres puedan aportar al desarrollo económico y social de sus comunidades y del país.

Mediante la organización y la movilización de la comunidad⁴⁵ se persigue hacer visible estas múltiples relaciones  de  sentido  e  interdependientes  entre  la  violencia  que  sufren  las  mujeres,  las  niñas  y  las adolescentes y los intereses que tienen las comunidades de avanzar en desarrollo, derechos humanos, convivencia solidaria y construcción de familias y entornos seguros y para que la prevención de este tipo de violencia pueda abrirse camino en las agendas sociales locales.

⁴⁵La movilización y organización de la comunidad puede ser definida como el proceso a través del cual las personas que comparten una situación cualquiera son apoyadas para que se organicen y busquen soluciones colectivas a sus necesidades. Enfatiza en la organización del grupo para el diagnóstico de sus necesidades y sus capacidades y para la decisión y ejecución de acciones colectivas que conlleven la satisfacción de las mismas. El concepto de movilización y organización de la comunidad está fuertemente unido al de participación lo cual implica apropiación, empoderamiento y construcción de una identidad conjunta desde la identidad individual. Según este concepto, no puede alcanzarse resultados sostenibles ni la autonomía sin la participación protagónica de la comunidad. (Save the children: Movilizacion y organización de la comunidad)

Se trata de promover alianzas estratégicas con otros programas y proyectos en el nivel local relacionados con problemáticas de salud pública, seguridad, promoción social, etc. La alianza con los gobiernos locales y el sector privado se considera estratégica.

Se ha demostrado que las comunidades donde existe poca tolerancia y un fuerte reproche y sanción social contra la violencia hacia las mujeres de todas las edades, son comunidades más seguras y protectoras para todos y todas.

En aplicación del enfoque de "Gobernanza, acción comunitaria y movilización" definida en esta Política se impulsará la inversión de recursos públicos en promover el asociacionismo y organización autónoma de las mujeres (mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores) como recurso para potenciar liderazgos, autonomías y ciudadanía activa y, por ende, también condiciones para prevenir toda forma de violencia.

También se promoverá la organización y movilización de los hombres jóvenes para la construcción de masculinidades no violentas e igualitarias y su involucramiento consciente para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

Asimismo, se considera estratégica la vinculación con las organizaciones sociales y civiles de todo tipo existentes en la comunidad en procesos de diálogo y reflexión comunitaria que puedan abrir paso a pensar y construir comunidades más fuertes y seguras.

4.4.3 Educación para el cambio cultural

Esta Política establece la centralidad que tienen los procesos educativos y formativos en todos los niveles y con todas las poblaciones e instituciones, para impulsar el cambio cultural y los aprendizajes de nuevos conocimientos, habilidades y prácticas alternativas a la violencia.

Se recuperará la construcción conceptual y metodológica desarrollada en las dos políticas anteriores a través de la propuesta del inter-aprendizaje⁴⁶, fortaleciéndola con nuevos insumos conceptuales y metodológicos así como potenciando y diversificando el uso de modernos recursos tecnológicos.

⁴⁶Ver Abarca (1999): "El interaprendizaje: una propuesta pedagógica para sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar " en INAMU Colección Metodologías 2.

Esta propuesta se sustenta en lo que se conoce como "pedagogía crítica", opción que facilita el proceso de aprendizaje en función del reconocimiento de la persona como agente de cambio social. Es un espacio conceptual en el que los problemas individuales o colectivos toman vigencia para ser analizados a la luz de la teoría y de la práctica como posibilidad de humanizar la educación. El proceso se diseña y se implementa como una alternativa que cuestiona los estilos de vida que han generado el estado y la sociedad, en este caso de la violencia contra las mujeres y la ideología machista (Ramírez, 2008)

La pedagogía crítica, según Ramírez (2008), parte de los siguientes supuestos y principios:

a. La participación social que implica concienciar a las comunidades y personas sobre la responsabilidad que tienen para con desarrollo de su contexto, tanto presente como futuro.

b. La comunicación horizontal que implica reconocerse éticamente y respetarse sin que ello implique ausencia de diferencias.

c. La construcción y re-construcción de sentidos que implica reconocer cómo se han construido históricamente los imaginarios y los comportamientos en un grupo social o comunidad frente a una situación dada y cómo es posible construir alternativas.

d. La humanización de los procesos educativos mediante el estímulo de la habilidad intelectual, pero también agudizando el aparato sensorial y cultivando los sentimientos;

e. Es una educación para la vida en comunidad.

4.4.4 Investigación-acción y sistemas de información.

En congruencia con las estrategias transversales planteadas, emerge la necesidad de integrar una estrategia de investigación que fortalezca los sistemas de información, de modo que se mantenga un diagnóstico permanente del Sistema Nacional, se identifiquen las dimensiones, expresiones y evolución de la violencia contra las mujeres, se dé la base para una evaluación continua dirigida a la toma de decisiones y se promueva nuevas y mejores prácticas, así como los cambios requeridos para su funcionamiento coherente, mientras se aporta a la transformación cultural visionada en el Plan.

La estrategia propuesta se basa en un modelo de investigación-acción-participativa feminista. Se trata de un proceso metodológico ".que incluye simultáneamente la investigación científica, la formación y la acción política, y que considera el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como fuentes de conocimiento, a la vez que permite dar poder (empoderar) a las personas de la sociedad que participan activamente en el proceso de investigación. El carácter de la IAP es dialógico y reflexivo e implica hacer un retorno de la información con quienes se investiga y popularizar técnicas de investigación, lo cual implica reconocer que las personas con las que se investiga también hacen investigación." (Montero, Maritza (2006) y Fals-Borda (1978); cit. por Flamtermesky, 2014, p. 392).

Esta metodología cualitativa se enfoca en la perspectiva de las mujeres, como protagonistas reales de sus historias, valorando sus vivencias y su contacto con el funcionamiento del Sistema (PLANOVI), así como su enlace cotidiano con la realidad. Requiere por tanto la apertura a la crítica y la autocrítica del Sistema (PLANOVI) mismo. En este sentido plantea un cambio en la relación de poder, al promover la horizontalidad entre quienes investigan y quienes son partícipes de la investigación, busca el empoderamiento, la comprensión de las formas en que las mujeres desarrollan estrategias de sobrevivencia, formas de resistencia, habilidades, fortalezas y conocimientos que ponen en marcha frente a las diferentes manifestaciones de violencia en sus vidas.

El registro de información continua, oportuna, pertinente y de calidad (datos de atención en diversos ámbitos, programas, proyectos preventivos en marcha, incidentes, delitos, capacitaciones, contactos para referencia u otros), en un marco de análisis de indicadores locales, regionales y nacionales generados en las instancias que forman parte del Sistema, es indispensable para su funcionamiento como tal, requiriendo coordinación para implementar protocolos de actuación, compromisos técnicos y de articulación. Es decir, los registros de información de cada instancia, tienen que implementarse con una lógica de aporte a los procesos de cambio social.

La implementación de una metodología de investigación-acción participativa, paralela a los insumos procedentes de los sistemas de información, posibilita trascender los datos informáticos, dar sentido, comprender y aprehender características de la violencia, formas de victimización y contexto en que surgen los procesos, potencializando el compromiso de las personas e instancias involucradas (mujeres de las comunidades, usuarias de servicios, funcionarias y funcionarios en los proyectos), al ser partícipes del análisis y la construcción de las propuestas que se revertirán sobre su realidad.

La lectura de la realidad local, regional y nacional, dará la pauta para orientar la construcción de programas y proyectos específicos, realimentando u orientándoles acerca de temáticas, proyectos o áreas que deben ser cubiertas con los proyectos preventivos y atencionales.

Los sistemas de información son fundamentales para la evaluación del PLANOVI, debiendo incorporar indicadores básicos que permitan verificar el cumplimiento de las tareas o resultados, como parte de un proceso de seguimiento y análisis del impacto que las acciones realizadas están representando en la población. "El estímulo a la cultura de registro e información, es una base indispensable para facilitar y promover la investigación. A partir de datos de calidad y de la existencia de registros sistemáticos, pueden surgir dilemas, disonancias o preguntas relacionadas con la atención, la detección de casos, que permitan tener un panorama de distintas dimensiones de las problemáticas. Las preguntas, llevan a hipótesis y estimulan la investigación, mejoran la comprensión de las problemáticas y se replantean modelos de trabajo." (INAMU, 2014).

4.4.5 Atención integral.

El enfoque de atención integral es aquel que permite orientar todas las respuestas inter-institucionales e inter-sectoriales para garantizar una atención que sean acordes con la multiplicidad de necesidades y condiciones de las mujeres en diferentes áreas y niveles, en sus diferentes etapas y garantizando la continuidad de la atención hasta lograr satisfacer dichos requerimientos.

La visión de integralidad exige tener en cuenta todos los aspectos que nos constituyen como personas (bio- médicos, psicológicos, sociales, medioambientales, entre otros), por lo que un correcto abordaje implica que en las planificaciones, acciones, seguimientos y regulaciones institucionales se tenga en cuenta esta integralidad, favoreciendo las coordinaciones necesarias en los diversos niveles y sistemas, lo que a su vez exige definiciones y ajustes metodológicos para cada intervención. Por tanto, toda intervención desde esta perspectiva busca superar los abordajes aislados y fragmentados.

Con la atención integral, se busca sinergia en el quehacer institucional, evitando las derivaciones innecesarias y asegurando que la atención brindada sea lo más completa posible.  Para ello, es necesario que se habiliten y consoliden mecanismos de referencia y contra-referencia articulados, ágiles y efectivos, que no solo respondan a las necesidades de cada mujer, sino también que eviten su re-victimización.⁴⁷

⁴⁷PLANOVI-Mujer 2010-2015. Pág. 85. 

La visión integral de la atención también consiste en visualizar a las mujeres en el centro de la atención partiendo del reconocimiento del derecho que tienen todas las mujeres de desarrollar y controlar sus propios planes de vida de acuerdo a sus características personales y sus condiciones ambientales.

Por lo tanto, el objetivo debe ser ofrecer en cada momento la atención y apoyos que se requieren con la flexibilidad suficiente para adaptarse a los diferentes contextos en que se encuentran las mujeres, para reconocer  sus  diversas  vulnerabilizaciones  pero  también  para,  trascendiendo  la  visión  tradicional  de victimización e intervención exclusiva de las secuelas de la violencia, procurar que la atención brindada permita a las mujeres un amplio bienestar físico, psíquico y social.

4.5 Ejes estructurales, objetivos y acciones estratégicas

4.5.1 EJE UNO: Promoción de una cultura no machista

Este eje busca visibilizar y enfrentar la violencia simbólica como un elemento clave para impulsar cambios hacia la construcción de una cultura no machista.

Para efectos de esta Política, la violencia simbólica no se entiende como "otro tipo de violencia" como la física, psicológica o económica, sino como un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya visibilización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, en este caso particular, de género. Esta violencia, inmersa e imperceptible dentro la cultura machista, es el resorte que sostiene el maltrato y lo perpetúa y está presente en todas las demás formas de violencia garantizando que sean efectivas e incuestionables.⁴⁸ Es el broche que amarra en el orden de lo simbólico todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres.  De ahí su importancia como eje estructural de esta política.

⁴⁸Nuria Varela, (2013) Violencia simbólica. Recuperado de: http://nuriavarela.com/violencia-simbolica/ 2013). Citado por: Instituto Wem (2016) Documento de la consultoría sobre el tema de promoción de masculinidades positivas e igualitarias para la prevención de la violencia contra las mujeres.

4.5.1.1 Conceptualización y contexto

Para efectos de esta política se entiende por violencia simbólica (recuperando los aportes de Pierre Bordieu⁴⁹) el grupo de significados impuestos como válidos y legítimos por la cultura patriarcal que parten de la supremacía y dominación masculina y que por tanto se encuentra en estrecha relación con el poder y la autoridad. Se trata de un tipo de violencia sostenida en las prácticas culturales de hombres y mujeres que se presenta en todos los espacios de la vida social, incluyendo el aparato estatal y sus instituciones. Es un recurso que legitima socialmente la supervivencia de relaciones jerárquicas de poder que potencian lo considerado masculino y por tanto contribuye a reproducir las causales de la violencia machista hacia las mujeres. Una de sus características más negativas, es que permea, sin que sea perceptible, todo lo que nos rodea y se reproduce tanto por hombres como por mujeres de generación tras generación.

⁴⁹Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

Para Bourdieu, la violencia simbólica es ".es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas" (Bourdieu, 1999c: 173). Según Fernández (2005, pp. 22-25), lo que Bourdieu quiere es demostrar que las estructuras de dominación son «el producto continuado (histórico, por tanto) de reproducción al que contribuyen unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas instituciones: Familia, Iglesia, Escuela, Estado».

Según Fernández, Bourdieu considera la violencia simbólica como el mejor ejemplo de la sumisión paradójica:(Fernández, 2005, p. 22-25):

(.) la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento, en último término del sentimiento.

El orden masculino está tan profundamente enraizado en los cuerpos y en las mentes, que no tiene necesidad de justificación; se impone por sí mismo como evidente, universal, natural; tiende a ser admitido como algo que cae de su peso en virtud del acuerdo cuasi perfecto e inmediato que se establece entre, de un lado, las estructuras sociales tal como se expresan en la organización social del espacio y del tiempo y en la división sexual del trabajo, esto es, en las estructuras objetivas, y, del otro, las estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y las mentes, incorporadas en los habitus. Los dominados, en este caso las mujeres, aplican a todo objeto del mundo natural y social, y en particular a la relación de dominación en la que están atrapadas, así como a las relaciones personales a través de las cuales se realiza esta relación, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y que les conducen a construir esta relación desde el punto de vista de los dominantes, es decir, como natural (Bourdieu-Wacquant, 1992: 146; Bourdieu, 2000a: 49-53: en Fernández, 2005, pp. 22-25).

Los medios de comunicación (en su diversidad incluyendo la comunicación institucional y privada y las redes sociales) son extraordinarios aliados de esta violencia simbólica puesto que refuerzan el proceso de socialización de género reforzando el mismo tipo de valores y paisajes sociales. Los contenidos de las noticias, programas de ficción o de entretenimiento, reproducen aquello que la sociedad espera de mujeres y hombres, formas de comportamiento deseadas y valoradas y a la vez condena las rechazadas (Varela, Nuria, 2013) incluyendo la naturalización, banalización y/o justificación de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con Aguilar (Aguilar (2002), en Costa Rica la violencia simbólica que se ejerce sobre el género femenino es una práctica que tiene las siguientes características:

. Se reconoce y establece como normal, natural o cotidiana moldeando la subjetividad y objetividad genérica.

. Se manifiesta a través de los signos y sentidos que se especifican de acuerdo con las posiciones y las disposiciones entre los géneros.

.  Aparece como una aplicación más de un sistema de relaciones de sentido perfectamente independiente de las relaciones de fuerza.

. Logra determinar, a través de la socialización de género y de una práctica continua, la subordinación de las mujeres, lo femenino y lo feminizante al dominio de los hombres, lo masculino y lo masculinizante.

.  Constituye una subordinación genérica que se liga a otros órdenes socioculturales de subordinación.

.  Impone y reproduce jerarquías, significados y valores simbólicos que producen: invisibilización, discriminación, minimización, negación, diferenciación, desvalorización, autoridad simbólica, deslegitimación, coerción simbólica, dominación sexual, inferiorización y principalmente subordinación simbólica.

Violencia mediática⁵⁰

⁵⁰Ley 26.485 Protección integral contra la Violencia. Argentina (2009): "Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta, promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres." En CEPAL (2016): Gherardi, N. Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar. Santiago, Serie Asuntos de Gènero,S.16-01170, p. 34

No existen en el país muchos estudios que crucen las variables: medios de comunicación, género y VcM. En Costa Rica, el 25 de marzo de 2015 un grupo de personas monitorearon la presencia de las mujeres en los espacios noticiosos de radio, televisión y prensa escrita. Los medios monitoreados fueron: Los canales de televisión 7, 6, 13, 14 y 42; las radioemisoras ADN, Monumental, Santa Clara y Radio Universidad; los periódicos La Nación, La Teja, Diario Extra y La República; los diarios digitales CR Hoy y Prensa Libre; y las cuentas de TWITTER de Canal 9, Canal 11 y Canal 7. (GEMA, 2015). El informe muestra los principales resultados a nivel nacional, en cifras:

.  El mundo en que se informa la noticia es fundamentalmente masculino.

.  Las mujeres aparecen solo en el 26% de las noticias, y los hombres en un 74%.

.  En internet las mujeres aparecen en el 37% de las noticias.

.  Las mujeres fueron identificadas como voces expertas apenas en un 25% de las noticias.

.  La función principal de las mujeres fue testigo ocular.

.  Los sujetos de las noticias clasificadas como niña, persona, joven, estudiante, escolar o "ninguna ocupación" son mayoritariamente mujeres.

.  Los sujetos clasificados como gobierno, político, ministro eran mayoritariamente hombres.

.  Los hombres aparecen como expertos o comentaristas en los temas de política y gobierno en un 66% de los casos.

.  Las mujeres aparecen como expertas o comentaristas en las categorías de ama de casa, jefa de hogar y madre de familia.

.  Las personas fotografiadas por los medios impresos son hombres en un 42% y mujeres en un 33%.

.  Las imágenes de las mujeres tienen que ver con su condición de víctima, o de objeto sexual para el disfrute de la mirada masculina.

. Solo un 15% de los medios de comunicación están incorporando el enfoque de equidad de género y desigualdad para analizar los hechos de violencia.

En el segundo semestre del año 2016, el Consorcio La Maga, a solicitud del INAMU, llevó a cabo una investigación titulada "Análisis de los discursos comunicacionales sobre la VcM". El periodo de análisis se enfocó en los últimos tres años -2013, 2014, 2015 y primer semestre 2016- durante los cuales se identificaron textos sobre violencia en contra la mujer, publicados por medios de comunicación, por instituciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Para llevar a cabo este trabajo se analizaron textos obtenidos bajo las palabras: machismo, machista, mujer, feminismo, agresión contra las mujeres, femicidio.

Entre las conclusiones de esta investigación se identificó una preocupante influencia de los enfoques tradicionales, familistas y religiosos, sobre la VcM y la igualdad y una apuesta a su erradicación desde la apelación a la buena voluntad de las personas y no desde los derechos humanos. El estudio reitera la importancia de examinar los contenidos de los medios masivos, sobre todo de la televisión, cuya influencia es innegable y la difusión de las "verdades televisivas" se convierten en nociones incorporadas en el sentido común de la ciudadanía que no son cuestionadas y, por el contrario, son naturalizadas.

Igual de preocupante, es que no es visible la existencia de algún tipo de regulación efectiva ni auto-regulación de parte de los medios de comunicación. El papel que juega la Oficina de Control y Regulación de Espectáculos Públicos no se reconoce en este respecto.

La violencia simbólica en la publicidad

Existen varias investigaciones que apuntan a describir o explicar el rol central que juega la publicidad en la generación y reproducción de la violencia simbólica contra las mujeres.

La investigación realizada por Quesada y Salas (2003) sobre "Las imágenes de masculinidad y de feminidad que la publicidad televisiva transmite a un grupo de jóvenes de 15 a 25 años", llega a la conclusio n de que - aunque algunos estereotipos en las personas jóvenes han sido superados - hay otros que se mantienen, como la idea del hombre como proveedor principal y la mujer como la responsable del hogar y de mantener su belleza.

La investigación realizada por Salazar (2007) sobre la "Imagen corporal femenina y publicidad en revistas", demuestra que la mujer actual vive una problemática con respecto a su imagen física, la cual se refleja en una insatisfacción corporal generadora de trastornos alimenticios. Lo anterior es motivado, en alguna medida, por las modelos de cuerpos delgados que presentan los medios de comunicación. Por ejemplo, en la Revista Perfil, a manera de estrategia publicitaria, aparecen modelos delgadas como una técnica de persuasión en los anuncios de productos para embellecer.

La investigación realizada por Villarreal (2009) sobre "Los arquetipos femeninos en la publicidad televisiva como parte de los procesos de educación informal", comprueba la abundante presencia, tanto de lo que Lagarde denomina cautiverios femeninos (madre-esposa y puta) como de arquetipos masculinos (rey y amante) y la escasa presencia de arquetipos femeninos. También cuestiona la función de la publicidad en el mercado y su respectiva fuerza reguladora llamada competencia, puesto que ejerce una función de control en del modelo económico como un medio con el que las grandes compañías tratan de controlar la demanda en el mercado.

La investigación realizada por Fonseca (2015) sobre "Percepciones de un Grupo de Mujeres Adultas Mayores del Cantón Central de Limón sobre la Imagen que Transmite la Publicidad Televisiva sobre las Mujeres: Un Análisis desde los Derechos de las Mujeres", encontró que las mujeres se ven influenciadas principalmente a nivel afectivo y cognitivo por la publicidad. Por otra parte, se consideran representadas por algunos de los estereotipos reproducidos en la publicidad, tanto de género, como etarios, sin embargo, rechazan aquellos asociados con la belleza e imágenes sexualizadas. Asimismo, reconocen patrones de discriminación con base en el género, etnia, grupo etario y condición socioeconómica. Además, se identificó que las participantes desconocen derechos referentes a la imagen de las mujeres. Se concluye que existe necesidad de una adecuada representación de la imagen de las mujeres y en particular de las adultas mayores en la publicidad, para lo que se recomienda concientizar a las empresas publicistas, promover sanciones a los productos que degraden la imagen de las mujeres y lograr una más amplia divulgación de los derechos, leyes e instituciones encargadas de velar por los derechos en general, incluyendo los referentes a su imagen.

En el contexto del proyecto "Discriminación, violencia y sexismo en la publicidad en Costa Rica: Observando los medios desde la perspectiva de género y los derechos de las mujeres" del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO⁵¹, se construye un documento sobre Retos, reflexiones y recomendaciones para favorecer una cultura publicitaria respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género en Costa Rica, el cual plantea reflexiones y recomendaciones generales con relación a políticas, acciones y mecanismos que se consideran prioritarios desarrollar para favorecer en el país una cultura publicitaria respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género (Ordoñez Laclé, 2016)⁵².

⁵¹Existe el Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad; es un proyecto del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y se realiza con el apoyo de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO (Comisión UNESCO). Tiene como objetivo principal convertirse en una herramienta para promover una cultura publicitaria respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género en Costa Rica.

⁵²Para su construcción se contó con la participación de diversas poblaciones, a través de entrevistas, reuniones y talleres realizados con personas expertas nacionales e internacionales, personal de instituciones clave en la vigilancia de los derechos de las mujeres, estudiantes jóvenes que forman parte de la audiencia de los medios de comunicación, estudiantes de la escuela de comunicación de la UCR y representantes de organizaciones de mujeres.

En el Informe 2016-Análisis de quejas ciudadanas producido por este Observatorio⁵³ se analizan 94 quejas recibidas durante el periodo. Entre los criterios identificados por la ciudadanía para justifica su queja se encuentran los siguientes:

⁵³CIEM/UCR 2017: Informe 2016-Análisis de quejas ciudadanas. Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la publicidad. p. 4

. Estereotipos sobre los roles de las mujeres en la familia y el ámbito doméstico

. Estereotipos en relación a los deseos, características y necesidades de las mujeres

. Estereotipos sobre los roles y capacidades de las mujeres en el ámbito social, laboral y/o político

. Encubre formas más sutiles y aceptadas de machismo (micromachismos)

. Coloca a las mujeres en una posición de subordinación o dependencia respecto de los hombres

. Refuerza diversas formas de discriminación y desigualdad contra las mujeres

. Presenta como natural o "normal" cualquier manifestación de VcM

. Plantea modelos estéticos y de belleza estereotipados para las mujeres

. Utiliza lenguaje sexista-excluyente

. Utiliza una sexualización excesiva de las mujeres y/o cosifica su cuerpo.

El informe realiza también un análisis detallado de algunas piezas de publicidad y hace recomendaciones de mejora.

Si bien es cierto que una publicidad responsable puede ejercer una influencia positiva en la percepción por parte de la sociedad de cuestiones como «imagen corporal», «roles de género» y «normalidad»; y, además, puede ser un valioso instrumento para cuestionar y enfrentarse a los estereotipos (Parlamento Europeo, 2008), múltiples antecedentes y el monitoreo efectuado en el marco del proyecto por Ordóñez, Arroyo, Majlaton y Jiménez, en Costa Rica, en el año 2015, permiten documentar que esta industria sigue haciendo uso de prácticas, estrategias y contenidos poco favorables (Ordoñez Laclé, 2016, p. 6).

Lo anterior coincide con los resultados de la EMPEDEMU (INAMU, 2008): un 76,8% de las mujeres y hombres que participaron consideraron que, en Costa Rica, la publicidad presenta a la mujer como símbolo de consumo, un 73% que esta refuerza roles y estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad y un 69,1 % que presenta a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones y a los hombres como incapaces de controlar su agresividad.

4.5.1.2 Orientación estratégica del eje.

Una premisa fundamental para esta política es que la cultura está en permanente construcción, razón por la cual es posible promover procesos de cambio que, con una lectura crítica de la estructura patriarcal y sus nocivos efectos tanto para hombres como para mujeres, permite retomar y orientar acciones que recuperen la capacidad de reflexibilidad social. Así, las apuestas prioritarias hacia la promoción de una cultura no machista buscan que en las diversas poblaciones meta se desarrollen nuevas formas de representación, se potencien capacidades críticas de la realidad y se recuperen valores centrados en la ética de solidaridad, de igualdad, de respeto y defensa de los derechos humanos a fin de ir abonando al desmantelamiento las estructuras de desigualdad, violencia y exclusión. Desmontar la cultura machista, implica también de- construir la idea de que las mujeres son objeto y propiedad de los hombres.

Se considera como ámbito de primer orden y de atención prioritaria el proceso de elaboración y difusión del discurso de los medios de comunicación y publicidad.  Forma parte de este proceso la regulación del uso de la imagen de las mujeres y la reproducción de prejuicios y estereotipos de género en todos los espacios de comunicación incluyendo los virtuales. Las respuestas incluyen también medidas que buscan contribuir a un proceso de reflexión y de construcción de formas alternativas de comunicación social para el cambio cultural esperado.

También contempla la promoción de una cultura para la igualdad entre hombres y mujeres problematizando sobre los procesos de construcción de las identidades de género y sus efectos limitantes en el desarrollo pleno de las potencialidades humanas. Son considerados como estratégicos en esta política, la educación y la información en espacios de socialización primaria tales como las escuelas formales y no formales y las comunidades orientados a consolidar prácticas saludables de convivencia y promoción de redes de agentes de cambio social en particular adolescentes y jóvenes.

4.5.1.3 Objetivos y acciones estratégicas

Objetivo estratégico

Propiciar en la población de Costa Rica percepciones no estereotipadas de las mujeres y los hombres basadas en principios de igualdad, relaciones igualitarias, respeto al cuerpo de las mujeres, dignidad y reconocimiento y valoración de las diferencias.

Indicador.

Aumento del porcentaje de población con percepciones no estereotipadas sobre mujeres y hombres basadas en principios de no violencia, igualdad, relaciones igualitarias, respeto al cuerpo de las mujeres, dignidad y reconocimiento y valoración de las diferencias en la población con respecto a la línea base 2017.

Meta:

10% cuatrienal

 

Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
Ejecución de estudios de percepción, incluyendo encuestas nacionales de población, sobre Percepciones acerca de la Violencia contra las Mujeres.	Porcentaje de personas que perciben la violencia de acuerdo con las opciones planteadas como adecuadas en los estudios y encuestas.   Cantidad de encuestas o estudios para actualización de la línea base.	100%         2
Ejecución de acciones de comunicación social y de formación, especialmente con personas menores de edad, para potenciar factores protectores frente a la violencia contra las mujeres mediante el desarrollo de las siguientes competencias: -mirada crítica de la realidad respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y las desigualdades,	Número de estrategias de comunicación social ejecutadas durante el período, dirigidas a las poblaciones meta de esta política, especialmente personas menores de edad y jóvenes que incluyen la promoción de factores protectores frente a la Violencia contra las Mujeres.   Número de personas que recibieron servicios de formación para la promoción de factores protectores frente a la Violencia contra las Mujeres desagregados por sexo y edad, durante el período.	22 (Al menos 1 estrategia por institución)         1.000.000
Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
-mirada crítica frente a prejuicios y estereotipos basados en el género margin-right:5.05pt; margin-bottom:0cm;margin-left:5.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm; mso-list:l23 level1 lfo50;tab-stops:13.2pt;punctuation-wrap:simple; mso-line-break-override:restrictions'>-   el falso amor romántico como factor de riesgo -  compromiso activo con el cambio personal y social para prevenir la violencia contra las mujeres, -reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias, -cuidado mutuo, -  empatía, -solidaridad y sororidad, -autocuidado, -inclusión, -capacidad para el diálogo y negociación, -manejo y expresión de emociones, -ejercicio de sexualidades afectivas, placenteras, seguras y en co-responsabilidad.
Regulación y control del uso de imágenes y tratamiento de contenidos comunicacionales sexistas           y            machistas (publicitarios,                noticiosos, formativos, en espectáculos públicos, en medios de difusión masiva, en redes sociales y de comunicación institucional) para promover una ética para la igualdad entre mujeres y hombres.	Cantidad anual de denuncias recibidas sobre contenidos comunicacionales sexistas y machistas a partir de la línea base 2017.   Porcentaje anual de sanciones emitidas sobre comunicaciones contenidos sexistas y machistas con respecto al total de denuncias.   Número            anual          de          iniciativas comunicacionales públicas y privadas que promueven una ética para la igualdad entre mujeres y hombres.   Número de propuestas de reformas legislativas sobre control de espectáculos públicos, propaganda, publicidad sexista presentadas a la Asamblea Legislativa durante el período.	50       30%       75         1 reforma al  Decreto Ejecutivo Control de Propaganda.   1 reforma a la Ley de Control y Regulación de Espectáculos Públicos.

 

4.5.2 EJE DOS: Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia.⁵⁴

⁵⁴La construcción teórico-conceptual de este eje se basa en los resultados de la consultoría contratada ad hoc por INAMU al Instituto WEM de masculinidades: INAMU / INSTITUTO WEM (2016). Documento de Consultoría: Promoción de Masculinidades Positivas e Igualitarias para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

El eje de promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia busca orientar la acción hacia un cambio basado en el fomento de masculinidades no hegemónicas de modo tal que sea posible re-configurar identidades y cuestionar la legitimidad del patriarcado que perpetúa la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, así como la dominación de los hombres sobre la naturaleza y otras personas. En este sentido, se pretende hacer posible un proceso de cambio basado en el compromiso y participación activa y consciente de los hombres en lo individual y lo colectivo.

Esta política asume como necesario ofrecer a las nuevas generaciones otras formas de masculinidad. Es un trabajo orientado a potenciar en la población masculina, en especial en niños y adolescentes, capacidades para establecer relaciones humanas basadas en la igualdad, el respeto, la convivencia pacífica y la corresponsabilidad social, todo ello con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres.

4.5.2.1 Conceptualización y contexto

Se entenderá en esta Política como masculinidades positivas e igualitarias a los procesos de deconstrucción de la masculinidad hegemónica patriarcal y machista, que lleva a los hombres a revisarse, cuestionarse, reconocer cómo se han reproducido estos patrones en su vida y hacerse cargo de las consecuencias que estas formas de relación han generado, con las otras personas, con las mujeres y consigo mismos. Esta categoría parte del hecho que es posible construir otras formas de vivir la masculinidad y el ser hombres, teniendo como ejes centrales la participación e involucramiento de los hombres por la erradicación de las bases del patriarcado, sus relaciones de poder y dominación y sus instituciones ideológicas.  Además, los principios de igualdad de género, erradicación y prevención de todas las formas de violencia, de la homofobia y en especial de la Violencia contra las mujeres guían todo el accionar.

Los hombres construyen su masculinidad, es decir, aprenden a comportarse como tales, de acuerdo con el lugar y momento histórico en el que viven. La masculinidad hegemónica está asociada directamente con el patriarcado como lógica de relación y de comprensión del mundo, donde el varón es más valorado socialmente y goza de privilegios. Actualmente existen estudios sobre masculinidades y género y activistas varones que cuestionan los roles estereotipados de género, proponen relaciones cooperativas e igualitarias entre varones, mujeres y otras identidades sexuales, y promueven la lucha contra la violencia basada en género"⁵⁵

⁵⁵Cecilia Rocha, (2014) Políticas públicas, masculinidades y género: la experiencia de la Intendencia de Montevideo (2006-2014) Montevideo: Intendencia de Montevideo, pags, 127-128

La construcción de la masculinidad hegemónica se fundamenta en la desigualdad y en la negación y desvalorización hacia las mujeres y hacia lo femenino. Se llega a ser hombre a partir de una actuación, en donde lo fundamental es demostrar que no se es mujer, la lucha incansable es diferenciarse e imponerse sobre la otredad, lo femenino. Esto incluye a los cuerpos de las "mujeres biológicas" así como a las expresiones, deseos y prácticas leídas como femeninas en otros hombres.⁵⁶

⁵⁶Antonio García García (2010) ¿LAS TRANSFORMACIONES DE LA MASCULINIDAD?: MODELOS DE VIRILIDAD ESPAÑOLES (1960- 2000) Recuperado de:  http://www.cime2011.org/home/panel6/cime2011_P6_AAGarcia.pdf (Madrid)

Los estudios sobre masculinidades (Men studies) llegan a tres conclusiones esenciales:

. La masculinidad es una construcción social, aprendida y transmitida en el proceso de socialización.

.La masculinidad hegemónica es depredadora, viola derechos humanos, destruye al planeta y el paradigma por excelencia de la violencia que ejerce es la violencia contra las mujeres. Y en su ejercicio, hace daño a todo el entorno: a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, otros hombres, la naturaleza.

.La masculinidad se construye al hacer valer la identidad masculina es, ante todo, convencerse y convencer a los demás de tres cosas: que no se es un niño que depende de su madre, que no se es homosexual y, principalmente, que no se es mujer.

Para el caso de Costa Rica, el diagnóstico realizado por el Instituto WEM a solicitud del INAMU arroja las siguientes conclusiones generales:

 

. Modelo de masculinidad predominante en la sociedad costarricense: un modelo hegemónico caracterizado por sexismo, homofobia, y dentro del espectro del machismo (machismo, neomachismo, micromachismos), en todos los grupos etarios de hombres.

. Los hombres aparecen como perpetradores de la mayoría de situaciones de violencia en el país, en más del 90% de los casos: violencia contra las mujeres (incluida la violencia sexual, la explotación sexual comercial, el femicidio y  la violencia simbólica), medidas de protección, violencia entre hombres, accidentes de tránsito, violencia contra el medio ambiente y los animales y violencia contra sí mismos.

. Vivencia de una sexualidad caracterizada por mitos, desinformación, poco erotismo y afectividad, con una erótica focalizada en el coito y en la genitalidad, con poco cuido y prevención en la salud sexual reproductiva y prevención de ITS en la mayoría de los hombres costarricenses.

. Respecto a la paternidad, en los últimos años los hombres han ido adquiriendo una paternidad más involucrada y menos centrada en el rol de proveedor. Sin embargo, aún existe un modelo de paternidad caracterizado por una pobre presencia de los padres en las labores de cuido cotidiano, en la corresponsabilidad social del cuido y el trabajo doméstico. Además, no se ha logrado promocionar un modelo de paternidad que integre el principio del interés superior de las personas menores de edad hijos e hijas, los derechos de los padres para compartir con sus hijos e hijas y el principio de prevención de la violencia contra las mujeres. Esto hace que existan grupos neomachistas que, en nombre del bienestar superior de los hijos e hijas, promueven la violencia hacia las mujeres.

. De manera incipiente existen en el país modelos emergentes y subalternos de masculinidades que se oponen al modelo patriarcal hegemónico. Hombres jóvenes y adultos que han revisado su masculinidad, que están decodificando los modelos tradicionales y que están construyendo modelos basados en la igualdad. Sin embargo, estos modelos no tienen aún la hegemonía ni el poder para convertirse en modelos alternativos a nivel social. Hay algunas acciones que se llevan a cabo en el país para trabajar con hombres la prevención de la violencia hacia las mujeres, la homofobia y la construcción de masculinidades positivas e igualitarias, tanto en instituciones públicas⁵⁷, gobiernos locales, centros educativos y organizaciones no gubernamentales, grupos de crecimiento personal para hombres. Costa Rica ha tenido participación en eventos internacionales en donde ha presentado experiencias exitosas y modelos de trabajo con hombres, que han sido valorados en otros países como metodología a replicar. Desde hace varios años, también existe una línea de apoyo para hombres en situaciones de crisis; una iniciativa privada del Instituto WEM que busca contribuir a la prevención  de  la  violencia.     Sin  embargo,  el  alcance  y  cobertura  de  estos  programas  y  el financiamiento disponible es limitado, así como los procesos de evaluación de resultados e impacto de los mismos.

⁵⁷En este sentido debe mencionarse que el Plan Nacional de Prevención de Violencia y Promoción de la Paz Social 2015-2018: "Articulando el diálogo de la Costa Rica Bicentenaria", bajo la responsabilidad del Viceministerio de Paz, sustentado en los enfoques de género y juventud, plantea una línea estratégica dirigida a ".la construcción de nuevas masculinidades y feminidades, representanto uno de los principales desafíos en materia de prevención de la violencia en todas sus formas -especialmente de la violencia cultural- en Costa Rica" (2016, p. 12).

. El país cuenta con muchas políticas públicas y programas que se refieren en sus ejes estratégicos a la necesidad de la prevención de la violencia desde lo local comunitario, y con programas que trabajan prevención de la violencia en el noviazgo en el contexto educativo. Sin embargo, se dirigen por igual a hombres y a mujeres, y algunos tienen como resultado poca participación masculina en los mismos.

Se hace oportuno indicar que la masculinidad no es lo mismo que violencia; pero, es claro que la socialización masculina acerca a los hombres a ella. El hacerse hombre comprende el aprender los códigos, las manifestaciones y los componentes de una vinculación con el mundo que está atravesada por la violencia, la descalificación de otros y la desvalorización de lo femenino como requisitos fundamentales. Las cosas, dadas ciertas condiciones, se deberán resolver "como lo hacen los hombres": sin mucho rodeo, de manera contundente por lo que, si así es exigido, mediante recursos violentos.⁵⁸

⁵⁸José Manuel Salas (2014) Masculinidad y violencia. (Costa Rica, I. WEM,)

Tal y  como lo exponen Gary  Barker y  Francisco Aguayo (2011)⁵⁹ los hombres participan más como perpetradores en todas las formas de violencia: social, institucional, doméstica. Autores como Vylder (2005)⁶⁰ estiman que el 90% de los hechos de violencia son cometidos por hombres. De este modo ser hombre aparece como un factor de riesgo de ejercicio de violencia (de Keijzer,1997)⁶¹, la cual es dirigida hacia niñas, niños, mujeres, subordinados en el trabajo, pares en la escuela, otros hombres en la calle, en contexto de otros delitos, etc.

⁵⁹Gary Barker y Francisco Aguayo, (2011) Masculinidades y políticas de equidad de género. Reflexiones a partir de la encuesta IMAGES

PROMUNDO: Río de Janeiro.

⁶⁰Stefan de VyLder (2005) Los Costos de la Violencia Masculina. Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, Asdi.

⁶¹Benno de Keijzer (1997) El varón como factor de riesgo, Masculinidad, salud mental y salud reproductiva. En E. TUÑÓN (coord.), Género y salud en el sureste de México. (México: UJAT/ECOSUR).

Por otra parte, cabe señalar que más del 80% de las agresiones más violentas y mortales de hombres a mujeres son producidas por hombres de sus vínculos cercanos (Larraín, 2008).

También, la masculinidad patriarcal violenta se ha convertido en una masculinidad depredadora, tóxica, como le llama Sinay⁶²  con efectos nocivos para la sociedad. Las mujeres han sido el principal blanco de esta dominación violenta. La naturaleza, los animales, las personas que no tienen poder social y hasta los mismos hombres.

⁶²Sergio Sinay (2009) La masculinidad tóxica (Buenos Aires: Ediciones B Grupo)

Michael Kaufman⁶³ plantea que los hombres viven una experiencia contradictoria de poder.  El patriarcado les ha asignado un poder sobre el mundo para dominarlo, pero a la vez carecen de poder para conocer su mundo interno emocional. Es necesario que los hombres concretos que ejercen violencia se responsabilicen de la misma y de sus consecuencias legales, psicosociales y hasta económicas. Pero también es necesario reconocer, no para justificar las acciones machistas o violentas, sino para hacer visible que el "enemigo" es el patriarcado, que las relaciones de poder también causan daño en los hombres, al no poder reconocer muchas emociones, al tener una pobre intimidad. Tal vez una de las consecuencias más importantes tiene que ver con un conjunto de características rígidas y estereotipadas de la masculinidad que hacen ver y asumir al hombre solamente de cierta manera y no de otra. Al darse esta visión y esta vivencia se le restan las opciones de desarrollar muchas otras características o virtudes, simplemente porque no están prescritas para su género. Muchas de estas demandas lo llevan a olvidarse de sí, o a reparar en sí mismo sobre todo en aspectos que atentan contra la solidaridad y el bienestar suyo y del prójimo.

⁶³Michael Kaufman, Men, Feminism, and Men's Contradictory Experiences of Power, en Harry Brod y Michael Kaufman(ed), Theorizing Masculinities (Estados Unidos: Thousand Oaks, Sage Publications, 1994)

4.5.2.2 Orientación estratégica del eje

El trabajo con las masculinidades oscila entre escenarios diversos: con los hombres y con las mujeres; desde la sociedad civil y desde el Estado. Con los hombres, en una revisión "hacia adentro", "hacia su subjetividad", hacia la revisión crítica de su construcción identitaria como persona, como género y como grupo social. Una revisión que está atravesada por otras variables de la dinámica social: clase, región geográfica, vivencia de la sexualidad, ocupación, edad, etnia, nacionalidad y grupo cultural. Y también una revisión "hacia afuera", hacia las formas de interacción y vinculación con "los otros significativos": las mujeres, los otros hombres y como diría Boff (2002)⁶⁴ - con nuestra casa común, el planeta.

⁶⁴Leonardo Boff, El cuidado esencial. Etica por lo humano, compasión por la tierra (Madrid: Editorial Trotta, 2002)

El trabajo con las masculinidades debe por tanto apuntar a una transformación cultural y social, un cambio en los significados y en el universo simbólico de las mentalidades colectivas que conlleve a generar nuevas formas de relación de los hombres consigo mismos, con otros hombres, con las mujeres y con el planeta en general. Para ello, se requieren acciones entrelazadas en múltiples escenarios. Uno de ellos es el trabajo concreto con los hombres, con los grupos de hombres, para la revisión de la subjetividad y sus prácticas cotidianas. Este proceso de educación, de re/educación y decodificación de las masculinidades hegemónicas con los hombres es un proceso integral, pues revisa formas de pensar, maneras de vivir las emociones, experiencias biográficas, formas de interacción y construcción de vínculos afectivos y manejo del poder en la vida cotidiana.

Además de una revisión personal y colectiva, el trabajo de las masculinidades constituye un trabajo político, ya que lleva a desmontar las relaciones de poder patriarcales. También oscila entre dos configuraciones que deben articularse. Por un lado, desmontar aquellos elementos de la identidad masculina hegemónica que propician la violencia hacia las mujeres; y por otro, facilitar que se instalen en las identidades masculinas los valores, los principios, las conductas, los significados, propios de masculinidades que respetan derechos humanos, que desarrollan los principios del cuido esencial y la corresponsabilidad social. (Boff, 2002)

La renuncia a los privilegios patriarcales no es tarea fácil. Sin embargo, este trabajo puede deparar en hombres más sensibles, más comprometidos, asumiendo la paternidad en forma responsable, más amigables con el entorno. lo que, en su conjunto, es de mayor beneficio para ellos y para todo su entorno, social y natural.

El cuidado esencial es una categoría creada por Boff (2002) para designar una ética diferente a la patriarcal. Consiste en el cuido en todos los niveles, desde el cuido ecológico, el planeta, hasta el cuido de las relaciones interpersonales en donde la recuperación de la ternura es de vital importancia. La ética social del cuido es una tarea fundamental que los hombres deben aprender desde la primera infancia.

El trabajo de las masculinidades requiere también de alianzas y sinergias con otros actores y escenarios sociales y políticos. Para que el trabajo con las masculinidades no se quede únicamente en el escenario de la decodificación de la subjetividad (trabajo fundamental, necesario, pero no suficiente) es necesario trascender al tema de las alianzas, al tema de la prevención y el de la incidencia a través de programas y políticas públicas.

Las acciones consideradas en este Eje incluyen una oferta de servicios educativos formales y no formales a nivel nacional y comunitario que visibilicen todas las formas de violencia machista, incluyendo la simbólica, y que orienten la adquisición de herramientas prácticas de vida en niños, adolescentes y jóvenes para el manejo del control y el poder.

En el marco de este eje, la institucionalidad costarricense y otros sectores estratégicos se organizarían para potenciar el desarrollo de pensamientos, actitudes y prácticas que se saben medulares para la prevención de la violencia contra las mujeres. Se consideran en este sentido, la participación activa en la crianza, cuido y desarrollo del vínculo afectivo con los hijos e hijas, el ejercicio responsable y respetuoso de la sexualidad y el manejo del poder y del control en todos los espacios vitales.

4.5.2.3 Objetivos y acciones estratégicas

Objetivo estratégico:

Impulsar en niños, hombres adolescentes y hombres jóvenes, el desarrollo de competencias para el ejercicio de masculinidades para la igualdad y la no violencia hacia las mujeres en cantones priorizados.

Indicador:

Porcentaje de cantones priorizados en los cuales los hombres recibieron servicios para el desarrollo de competencias para el ejercicio de masculinidades para la igualdad y la no violencia hacia las mujeres desagregados por edad.

Meta: 50%

 

Acción estratégica	Indicadores	Metas
Formación de competencias en hombres niños, adolescentes y jóvenes (usuarios externos) y en el personal masculino de las instituciones (usuarios internos) para la erradicación del poder de dominio y del control machista.	Porcentaje de programas de educación formal primaria que integran la  formación de competencias para la erradicación del poder de dominio y control machista durante el período   Número de niños y hombres adolescentes y jóvenes que se benefician de las acciones de formación de competencias para la erradicación del poder de dominio y del control machista, según cantón y edad durante el período     Porcentaje del personal masculino de las instituciones del sector público que se benefician de las acciones de formación de competencias para la erradicación del poder de dominio y del control machista durante el cuatrienio.   Número instituciones públicas que cuentan con políticas, programas o planes, que incluyen formación de competencias para la erradicación del poder de dominio y del control machista en el período.	40%         Niños=1.000.000 Adolescentes=1.000 .000 Jóvenes= 750.000       50%           18
Formación de competencias en niños y adolescentes y jóvenes (usuarios      externos)      y      en	Porcentaje de programas de educación formal primaria      que    integran      la     formación     de	40%
Acción estratégica	Indicadores	Metas
personal masculino de las instituciones (usuarios internos) para el ejercicio de paternidades afectivas, involucradas en el cuido y en la co-responsabilidad, brindando           modelos         de masculinidad no machista y libre de violencia.	competencias para el ejercicio de paternidades afectivas, involucradas durante el período   Número de niños y hombres adolescentes y jóvenes que se benefician de las acciones de formación de competencias para el ejercicio de estas paternidades, según cantón y edad.     Porcentaje del personal masculino de las instituciones del sector público que se benefician de las acciones de formación de competencias para el ejercicio de paternidades afectivas.   Número instituciones públicas que cuentan con políticas, programas, planes, proyectos u acciones que incluyen formación de competencias para el ejercicio de estas paternidades.	Niños=1.000.000 Adolescentes=1.000 .000 Jóvenes= 750.000     50%         18
Formación de competencias en niños y hombres adolescentes y jóvenes (usuarios externos) y en personal masculino de las instituciones (usuarios internos) para el ejercicio de una sexualidad integral, informada, placentera                y               en corresponsabilidad como factor protector frente a la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de programas de educación formal primaria que integran la  formación de competencias para el ejercicio de paternidades afectivas, involucradas durante el período   Número de niños y hombres adolescentes y jóvenes que se benefician de las acciones de formación de competencias para el ejercicio de una sexualidad integral, según cantón y edad.     Porcentaje del personal masculino de las instituciones del sector público que se benefician de las acciones de formación de competencias para para el ejercicio de una sexualidad integral.   Número de instituciones públicas que cuentan con políticas, programas, planes, proyectos u acciones que incluyen formación de competencias para el ejercicio de una sexualidad integral.	40%         Niños=1.000.000 Adolescentes=1.000 .000 Jóvenes= 750.000     50%         18

 

4.5.3 EJE TRES: Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza multi-dimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.

Este eje busca articular las alianzas y estrategias entre políticas y programas públicos nacionales para el direccionamiento y la reorganización de la inversión estatal para posibilitar la autonomía económica de las mujeres como una manera de protegerse de la violencia o como una alternativa para salir de esta y, particularmente, para contribuir a romper la trasmisión intergeneracional de la pobreza y de la VcM.⁶⁵

⁶⁵El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza micro-datos de encuestas de hogares, y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que experimente su hogar. Estos datos se agregan (por ejemplo a nivel nacional) para conformar el indicador de la pobreza multidimensional. El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. El IPM ofrece un valioso complemento a las herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos. Recuperado de:   http://hdr.undp.org/es/content

Para la gran mayoría de las mujeres, la pobreza hace que les resulte más difícil encontrar la manera de escapar de relaciones abusivas. Si bien la independencia económica no las protege frente a la violencia, el acceso a recursos económicos puede aumentar sus posibilidades de hacer elecciones y obtener resultados más positivos. Una mujer que es económicamente dependiente de su pareja puede no ver viabilidad de mantenerse y mantener a sus hijos e hijas. Una niña que queda embarazada como consecuencia de una violación puede verse excluida del colegio, lo cual disminuirá sus posibilidades de encontrar empleo y asegurarse un futuro independiente.⁶⁶

⁶⁶Amnistía Internacional (2009). La Trampa del Género. Mujeres, Violencia y Pobreza, ENCO: Madrid, España

4.5.3.1 Conceptualización y contexto

La pobreza puede ser entendida como el resultado de un proceso social y económico, con componentes culturales y políticos, en el cual las personas y los lugares se encuentran privados de recursos para cubrir necesidades básicas, activos y oportunidades esenciales, lo que le brinda un carácter multidimensional. (Cepal, citado por Ayala, 2015).

La pobreza debe ser asumida, comprendida y abordada como el fenómeno multidimensional que es, y que responde a la interconexión de distintos factores que confluyen en ella. Cuando se intersecan la pobreza y el género se hace evidente lo que se conoce como la feminización de la pobreza, la cual es el resultado de la marginación, la subordinación y la desigualdad de oportunidades que han experimentado históricamente las mujeres. (Programa Creciendo Juntas, 2002).

La feminización de la pobreza se expresa en la mayor representación de las mujeres entre las personas pobres, en las características que toma esta problemática en ellas, el lapso en el que permanecen en esta condición, la afectación en la calidad de su propia vida y la de sus familias, así como los obstáculos que enfrentan para superarla, sin dejar de lado el papel del Estado en esto, ya que dicha superación no es una responsabilidad de carácter individual.

De acuerdo con UNICEF (UNICEF 2010):

. se viene produciendo una pauta preocupante en el desarrollo social de la región: una clara tendencia a la feminización e infantilización de la pobreza medida por ingresos. Precisamente, en América Latina y el Caribe una porción significativa de los niños, niñas y adolescentes enfrenta adversidades que los perjudican de forma directa en esta etapa del ciclo vital, que luego siguen teniendo repercusiones negativas en el resto de su vida y se transmiten a las generaciones siguientes. Estas adversidades se relacionan con las condiciones materiales de vida, con el acceso desigual a servicios públicos y privados de distinta naturaleza, con los apoyos y estímulos provenientes de las agencias de protección, socialización y formación y con su exposición a riesgos, entre los que destacan la violencia y el abuso. la falta de autonomía económica y la consecuente mayor vulnerabilidad de las mujeres dependientes ante choques externos o cambios en la estructura familiar.(hace que) los hogares pobres con jefatura femenina y con niños dependientes aparezcan como especialmente vulnerables a la pobreza y con mayores obstáculos para superarla.⁶⁷

⁶⁷Recuperado de: https://www.unicef.org/honduras/Pobreza_infantil_America_Latina_Caribe_2010.pdf

Un estudio publicado por INAMU en el año 2016 sobre las mujeres participantes en el Programa Avanzamos Mujeres 2015 ayuda a perfilar este panorama de exclusión y violencia que caracteriza a una parte importante de la población femenina del país.

De un universo total de 3242 mujeres participantes en el programa en el año 2015 se recoge información de 3223. Llama la atención de manera particular que más de un 60% de estas mujeres son jóvenes y madres adolescentes. Los datos de interés son los siguientes:

. el 64.7% son mujeres jóvenes entre los 13 y 37 años

. el 78.2% posee jefatura de hogar;

. el 31% no tiene ninguna protección de la seguridad social

. 6.3 años es el promedio de escolaridad, aunque solo el 9.5% ha concluido la educación secundaria. Solo un 25% estudiaba al momento del estudio y de quienes no lo hacía el 31% refería a responsabilidades de cuido y el 26.3% por razones económicas.

. el 72% de las mujeres reportan alguna forma de violencia psicológica y 58% violencia física; 43% violencia sexual y 28% violencia patrimonial.

. el 53.1% refirió tener menos de 18 años al momento del primer embarazo y de ellas un 10.3% entre 12 y 15 años y 0.3% menos de 12 años. De ellas el 41% no estudiaba ni trabajaba fuera del hogar.

. el 28% vienen en condiciones de inseguridad alimentaria severa: con hambre. 1

. el 9.8% presenta alguna discapacidad

. el 31% no tiene ninguna protección de la seguridad social

Esta información evidencia la relación perversa entre pobreza, exclusión y violencia que se alimenta y realimenta entre sí, atrapando a muchas mujeres y posibilitando la continuidad de la exclusión entre generaciones. Pone de manifiesto también el éxito limitado de las políticas de desarrollo social y contra la VCM que, al estar desarticuladas, ser fragmentadas y no tener continuidad en el tiempo, no permiten que los recursos invertidos se potencien para romper este círculo vicioso.

De manera coincidente con estos datos, el Estado de la Nación (2015),⁶⁸ en su última entrega, señaló que un importante porcentaje de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan, está constituido por mujeres jóvenes con responsabilidades (23%) quienes reúnen una serie de condiciones que las vulnerabilizan significativamente ya que tiene bajos niveles de escolaridad, se dedican a los oficios domésticos y de cuido de hijos e hijas, actividades que constituyen un trabajo no pagado que les resta tiempo y las excluye de derechos como el acceso a la seguridad social y la pensión. La conjunción de estos factores dificulta las posibilidades de inserción en el ámbito educativo o de trabajo remunerado. Lo anterior coloca a este sector de la población femenina en una situación en la que la dependencia económica pasa a ser una realidad vivida que es susceptible de convertirse en una condición permanente a menos de que esta se vea interrumpida por acciones afirmativas que prioricen la inversión de recursos en ella, así como la implementación de políticas de empleo con perspectiva de género. Esto cobra especial importancia cuando se toma en cuenta que, aunque no existe una relación causal entre pobreza y violencia, es cierto que la dependencia económica acrecienta las posibilidades de permanecer en situaciones de violencia.

⁶⁸Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica) Vigesimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible/ PEN-CONARE.-22 edición. -San José C.R : PEN 2016

Este enfoque permite también hacer referencias a otras formas de exclusión social, que no necesariamente son atribuibles a la pobreza, pero que limitan el ejercicio de derechos y vulnerabilizan a las mujeres frente a la violencia. Por ejemplo, la acción de la criminalidad organizada cuya penetración se refleja crecientemente en las experiencias de violencia de las mujeres, incluyendo el femicidio. Estas mujeres, aunque no pobres, especialmente las jóvenes requieren también de los apoyos sociales y económicos para escapar del ciclo del maltrato.

Finalmente es necesario insistir que el acceso oportuno y efectivo a recursos de apoyo por parte de las mujeres afectadas por la VcM es uno de los factores de protección frente a la VcM reconocidos y documentados a nivel internacional.

Al respecto dice la Organización Mundial de la Salud (OMS 2009 )⁶⁹ que entre los factores de protección que pueden reducir el riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia figuran:

⁶⁹http://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-proteccion.html

. educación secundaria completa para niñas (y niños);

. retardar la edad de matrimonios hasta los 18 años;

. autonomía económica de las mujeres y acceso a entrenamiento de sus capacidades, crédito y empleo;

. normas sociales que promuevan la equidad de género

. servicios que articulen respuestas con calidad (servicios judiciales, servicios de seguridad/protección, servicios sociales y servicios médicos) con dotación de personal con conocimientos, capacitación y entrenamiento adecuado.

. Disponibilidad de espacios seguros o refugios y acceso a grupos de ayuda.

4.5.3.2 Orientación estratégica del eje

La intención de este eje es partir de las experiencias acumuladas en el país en materia de combate a la pobreza y fomento de la inclusión social y el desarrollo para promover acciones afirmativas y direccionamientos de acciones institucionales e inversión pública a tres poblaciones priorizadas: mujeres adolescentes, madres por primera vez y madres con hijos menores de 5 años y  afectadas por la violencia, dentro de esquema de apoyo integral continuado en el tiempo, para ella y sus dependientes menores de 5 años, con un fuerte componente de empoderamiento personal para enfrentar y salir de la violencia.

Incluye, entre otros, procesos de alfabetización, la conclusión de estudios formales, la inserción en capacitaciones técnicas para el trabajo, el fortalecimiento del proyecto de vida, la prevención del embarazo adolescente e infantil, los apoyos con el cuido de dependientes, las aspiraciones en relación con el estudio y el deseo de emancipación económica que serán abordados como elementos fundamentales.

4.5.3.3 Objetivos y acciones estratégicas

Objetivo estratégico:

Aumentar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, a programas de desarrollo económico y social articulados, continuos y de largo plazo que coadyuven al logro de su autonomía económica, con especial énfasis en mujeres adolescentes, madres por primera vez y madres con niños y niñas menores de 5 años.

Indicador:

Porcentaje de mujeres adolescentes, madres por primera vez y madres con hijos(as) menores de cinco años afectadas por la violencia en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión con acceso y permanencia continua en programas de desarrollo social.

Meta:

60% Mujeres adolescentes afectadas por violencia

75% Mujeres madres por primera vez, afectadas por violencia

50% Mujeres madres con hijos/as menores de 5 años, afectadas por violencia

 

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Número de mujeres afectadas por violencia que permanecieron en los programas y servicios de atención social y pobreza por al menos 5 años, según edad y condición de maternidad durante el período.

Acciones estratégicas		Indicadores		Metas
Incorporación y aplicación de criterios para la articulación y priorización en programas de desarrollo social y contra la pobreza70 a mujeres afectadas por la VcM, con especial énfasis en adolescentes, madres por primera vez y madres con hijos e hijas menores de 5 años para potenciar su autonomía económica. 70Con especial énfasis en educación y formación, becas, cuido, servicios de salud sexual y reproductiva, fondos no reembolsables para autonomía económica, bono de la vivienda, asesoría económica.		Número de instituciones que aplican protocolos de operación con criterios que priorizan durante la selección a mujeres en condiciones de pobreza afectadas por la violencia durante el período   Número de protocolos, directrices y lineamientos inter-institucionales de programas o estrategias para el desarrollo económico y social, que incorporan criterios de priorización para mujeres afectadas por la violencia durante el período		10           20
Atención (detección, referencia, incorporación y seguimiento) de mujeres afectadas por violencia, en condiciones de pobreza, vulnerabilidad    y    exclusión    a		Número de mujeres afectadas por violencia atendidas en los diversos programas y servicios de atención social y pobreza según edad y condición de maternidad durante el período.		1.200.000
	Acciones estratégicas		Indicadores		Metas
	través     de    mecanismos    inter- institucionales.		800.000
	Identificación de la inversión pública dirigida a mujeres afectadas por violencia.		Porcentaje anual del presupuesto institucional que se dedica a la atención de mujeres afectadas por violencia y al desarrollo de programas de prevención, en relación con el total presupuestado.		35% IMAS 20% instituciones del sector social 10% instituciones sectores productivo y bancario 2% en el resto de instituciones públicas no sociales

 

4.5.4 EJE CUATRO: Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no re- victimización

Mediante este eje se pretende promover servicios de excelencia y calidad para todas las mujeres afectadas por diversas formas de violencia contra las mujeres, como mecanismo para asegurar la protección, la debida diligencia, la no impunidad y el trato respetuoso de parte de todas las instancias públicas involucradas en la respuesta.

El eje parte de las obligaciones del Estado y sus instituciones de garantizar a las mujeres usuarias de sus servicios, una vida libre de violencia.

4.5.4.1. Conceptualización y contexto

La Convención de Belém do Pará (OEA, 1994) señala claramente en su artículo 5 que:

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección⁷¹ de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

⁷¹Énfasis propio.

Véase que los Estados están obligados a crear las condiciones y los mecanismos necesarios para garantizar la protección de las mujeres y de sus derechos, incluido el derecho a una vida libre de violencia. No obstante, las obligaciones del Estado no se limitan al ámbito de la protección, sino que incluyen así mismo la obligación de la "garantía de derechos": los Estados deben emprender acciones positivas. todas aquellas que resulten necesarias para posibilitar que las personas sujetas a su jurisdicción pueden ejercer y gozar de sus derechos y libertades (MESECVI 2014, p. 41).

Además, la Convención de Belém do Pará establece que los Estados deben incorporar medidas penales, civiles y administrativas que contribuyan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de establecer procedimientos legales oportunos y eficaces, y brindar la debida protección a las víctimas. Aunado a esto, se encuentra la responsabilidad de los Estados de actuar con prontitud, de "abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación" (artículo 7). Es decir, es una responsabilidad del Estado que la gestión de los servicios públicos sea efectiva, oportuna y eficaz, de manera que se resguarde la vida de las mujeres y sus derechos.

Pese a lo señalado, en no pocas ocasiones las instituciones que deberían garantizar los derechos de las mujeres, son las instancias que los transgreden y perpetran situaciones de maltrato y re-victimización, principalmente hacia poblaciones doble o triplemente vulneradas por condiciones sociales específicas de su condición de vida.

La Convención de Belem do Pará se refiere a la violencia perpetrada por el Estado como uno de los escenarios en los cuales ocurre la VcM. En su Artículo 2 señala que: se entenderá que VcM incluye la violencia física, sexual y psicológica. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Violencia ejercida por agentes del Estado

La violencia contra las mujeres en el ámbito institucional puede adoptar una amplia variedad de actuaciones u omisiones. Por un lado, se refiere a los actos de VcM que son perpetrados directamente por agentes del Estado por ejemplo: la violencia sexual en instituciones públicas diversas, la violencia sexual en contextos especiales como los migratorios, entre otros. Por ello el Comité de Expertas del MESECVI (CEVI) ha recomendado que se sancione la violencia institucional en las leyes integrales contra las VcM y se establezcan. sanciones contra las y los funcionarios responsables, principalmente en el Código Penal, ya sea como delito separado o estipulando como agravante del delito, el hecho de que su perpetrador sea funcionario público. (MESECVI 2014, p. 25)

Esta violencia puede tomar, entre otras, las siguientes formas:

Imponer, negar o condicionar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en los servicios públicos, por ejemplo, imponer un método anticonceptivo, no dar información objetiva de los procedimientos y consecuencias. Dudar de la palabra de las mujeres y responsabilizarlas de la violencia que han vivido; no respetar su privacidad o confidencialidad. Cualquier trato o comentario que reciban las mujeres en una institución pública y que atente contra tu dignidad humana (INMUJERES-México).

Violencia tolerada por el Estado

Conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH un Estado es responsable por violación de derechos humanos cometidas contra particulares cuando no ha adoptado medidas de protección y prevención pese a tener conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y esté en posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. (Ibíd.)

El Estado, inmerso en el sistema patriarcal y machista, legitima y reproduce también las estructuras de poder y dominación a través de sus instituciones, alentando y validando ya sea por acción o por omisión, discriminaciones, exclusiones y violencias contra las mujeres. Es común que las prácticas institucionales se encuentran atravesadas por prejuicios y estereotipos sexistas y misóginos que obstaculizan procesos y desestimulan a las mujeres a hacer efectivo su derecho de buscar el apoyo y la protección del Estado.

Además, contribuyen a la marginalización de las mujeres y exacerban su subordinación. A través de las miradas estereotipadas, se minimiza, banaliza o bien justifica la violencia haciéndola tolerable, garantizando su impunidad y evidenciando complacencia con los agresores.

La erradicación de este tipo de violencia incluye un amplio catálogo de acciones entre las que destacan:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención (MESECVI 2014, 83)

Los Estado están, además, obligados a reconocer y actuar conforme a las diferentes condiciones de vida y diversidades y el impacto diferenciado que la VcM tiene sobre ellas.

Al respecto dicen las expertas del CEVI:

Sea cual sea la forma de violencia y el escenario (o escenarios) en que ésta se realice, los esfuerzos estatales encaminados a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres deben considerar no solo la forma en que la vida de las personas se ve afectada por el impacto inmediato del abuso, sino también la manera en que las estructuras de discriminación y desigualdad perpetúan y exacerban la experiencia de la víctima. Los Estados deben tener presente la necesidad de comprender las especificidades de la violencia contra las mujeres, así como la obligación de reconocer debidamente, a nivel local, las diversas formas de opresión que experimentan las mujeres. Las respuestas programáticas a la violencia contra las mujeres no pueden considerarse aisladamente de los contextos individual, familiar, comunitario o estatal. Las intervenciones encaminadas únicamente a mitigar el abuso sin tener en cuenta las realidades que enfrenta la mujer no ponen en jaque las desigualdades de género y la discriminación fundamentales que propician inicialmente el abuso. (Ibid, 25)

Discriminación, violencia y debida diligencia

Contrario a la noción común, el principio de la debida diligencia no hace referencia exclusivamente al ámbito del acceso a la justicia sino a la totalidad de la respuesta estatal. En otras palabras, el Estado en su conjunto o las instituciones individualmente consideradas pueden ser sancionadas por faltas a la debida diligencia.

Doctrinalmente los sistemas universal y regional de derechos humanos se han pronunciado sobre la estrecha relación entre discriminación, la violencia y la debida diligencia enfatizando que la falta del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación y una negación de su derecho a igual protección de la ley. (MESECVI 2014, 42).

. los esfuerzos de los Estados para cumplir su obligación de debida diligencia no deben centrarse únicamente en la reforma legislativa, el acceso a la justicia y la prestación de servicios a las víctimas; también deben abordar las cuestiones de prevención, especialmente con el fin de atacar las causas estructurales que dan lugar a la violencia contra las mujeres. En este empeño, los Estados deben tener en cuenta la multiplicidad de formas que adopta la violencia contra las mujeres y los distintos tipos de discriminación que afectan a las mujeres a fin de adoptar estrategias multifacéticas para prevenirla y combatirla eficazmente.En general, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres implica la obligación estatal de organizarse y coordinarse internamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es decir, se requiere de medidas afirmativas, de la obligación de garantía, no sólo para hacer frente a las diferentes expresiones de la violencia, sino también para atacar las causas estructurales que la provocan. De allí la relevancia de planes y políticas nacionales de intervención en violencia contra las mujeres que contemplen todos los espacios donde ocurre, las estrategias, aliados/ as, áreas de intervención, marco conceptual y plan operativo, entre otros. 142 Además, la obligación de los agentes estatales de rendir cuentas respecto del cumplimiento de sus responsabilidades. (MESECVI 2014, 44)

Resarcimiento y reparación del daño

Desde su vocación de integralidad, Belem do Pará considera insuficientes las acciones del Estado si este no incluye medidas orientadas a reparar el daño ejercido por la violencia en la vida de las mujeres y acciones efectivas para contribuir a la construcción de un nuevo proyecto de vida.

Para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos la reparación debe implicar satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición y compensación, pero en los casos de violencia contra las mujeres también debe tener "vocación transformadora", es decir, un efecto no sólo restitutivo sino además correctivo; "enfoque crucial para poder abordar la situación estructural de violencia y discriminación. La Corte IDH ha interpretado que, en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución sino a remediar la situación, a garantizar su no repetición. Esto significa que las reparaciones deben orientarse, en lo posible, a subvertir, en vez de reforzar, los patrones preexistentes de subordinación estructural, jerarquías basadas en el género, marginación sistémica y desigualdades estructurales que pueden ser causas profundas de la violencia que padecen las mujeres.  (MESECVI 2014, 58).

Necesidades de protección, garantía y debida diligencia en la Costa Rica actual

La Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, efectuada por la Universidad de Costa Rica (2004), evidenció que "en Costa Rica, la violencia contra las mujeres es un serio problema social de grandes dimensiones. De hecho, el 57,7% de las 908 mujeres entrevistadas declaró haber sufrido, al menos, un incidente de violencia física o sexual en algún momento de su vida desde los 16 años. Para una proporción significativa de las mujeres este no es solo un problema severo, sino también frecuente. Una cuarta parte de las entrevistadas (24,2%) reportó haber sufrido 4 o más incidentes de violencia física o sexual desde los 16 años"⁷²(ver Anexo 14).

⁷²Actualmente se está desarrollando la Prueba Piloto de una nueva Encuesta de Violencia contra las Mujeres, que permitirá actualizar esta información.

Entre 1997, un año después de que entrara en vigencia la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley 7586- 1996) y el 2000, el número de denuncias por Violencia Doméstica se duplicó y, para el 2008, ascendió a 42.012 casos. Asimismo, se incrementó el número de denuncias por Violencia Doméstica en los despachos judiciales: de 42.012 casos en el 2008 a 52.104 casos en el 2009; luego se observa un descenso hasta alcanzar 46.959 en el 2013 y a partir de ese año, la tendencia se mantiene estable alrededor de los 50.000 casos (ver Anexo 17). Además, considerando el total de hogares, en el 2007 se dieron 3,7 casos por cada 100 hogares y en el 2013 ese número bajó a 3,4 casos.

En el 2011 en un 42% de las  denuncias interpuestas por violencia doméstica, se mantuvo la medida provisional de protección, siendo este el porcentaje más alto desde el 2002⁷³. En el 2015 para un 25% de los casos se testimonió piezas⁷⁴ en razón de la presencia de un delito penal a perseguir (para el 2012 este porcentaje representó un 33% de las denuncias). A partir del 2004, la no comparecencia de la víctima viene en descenso hasta llegar casi a cero a partir del 2012.

⁷³A partir del 2011 se realiza un cambio en el registro de las denuncias y se eliminó la categoría: "se mantienen las medidas provisionales", ahora se registran como "en trámite".

⁷⁴"Testimoniar piezas" significa guardar testimonios o pruebas para un posterior proceso judicial.

Según la información registrada por la Dirección de vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, (Boleta VE 01), entre 2002 y 2015, las víctimas de violencia intrafamiliar son principalmente mujeres entre 10 y 49 años, siendo la edad de mayor vulnerabilidad entre 10 y 19 años. Los casos registrados de hombres víctimas de violencia intrafamiliar, se concentran en las edades menores de 10 y mayores de 50 años.

Esos datos muestran que hay un creciente reconocimiento de los problemas de violencia doméstica/intrafamiliar en la sociedad costarricense, pero no se identifican, de la misma manera, las implicaciones de otras formas de violencia contra las mujeres y sobre todo no se ha visualizado, ni contabilizado la violencia contra las mujeres ejercida por las instituciones del Estado.

La aprobación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres-LPVCM en el 2007 ha sido un avance importante en el reconocimiento de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, al considerar como delitos: (1) Violencia Física: femicidio⁷⁵, maltrato, restricción a la libertad de tránsito. 2) Violencia psicológica: ofensas a la dignidad, restricción de la autodeterminación, amenaza. 3) Violencia sexual: violación, conductas sexuales abusivas, explotación sexual, formas agravadas de violencia sexual. 4) Violencia patrimonial: sustracción patrimonial, daño patrimonial, limitación al ejercicio del derecho de propiedad, fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales, distracción de las utilidades de las actividades económicas familiares, explotación económica.

⁷⁵Por considerar que el femicidio es la expresión más grave de la violencia física, se abordará como uno de los problemas a ser abordados como prioritarios por esta Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032.

A partir del 2009, la cantidad de denuncias, con base en la LPVCM (Ley 8589, 2007), tendió a aumentar. En el 2011, la Sala Constitucional restituyó el delito de maltrato y se penalizaron las ofensas contra la dignidad, lo que hizo que se diera un aumento aún mayor en las denuncias. A partir del 2012, se observa una leve disminución de las mismas. (Ver Anexo 15)

Los principales delitos denunciados, según la LPVCM (Ley 8589, 2007), refieren a la "violencia física", "violencia psicológica" e "incumplimiento de medidas de protección". En el 2008, la Sala Constitucional derogó los artículos que tipificaban los delitos de "maltrato" y "violencia emocional", lo que causa un aumenta en las denuncias por "amenazas contra una mujer". En 2011, se restituyó el delito de "maltrato" y se penalizó un conjunto de actos de violencia psicológica en el delito denominado "ofensas a la dignidad" (Poder Judicial, Dirección de Planificación). Como se puede observar en el mismo Gráfico (Ver Anexo 16), los tipos de violencia con menos denuncias, casi llegan a cero, son la violencia patrimonial y la violencia sexual.

Según los datos del Poder Judicial, gran parte de las denuncias por la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVCM), terminan en solicitud de desestimación (solo en el año 2013, 14.745 de 24,266 causas terminadas se refieren a una desestimación), generando una mayor desconfianza en el sistema de justicia. Y, a pesar de que el artículo 36 del Código Penal se establece la exclusión de la posibilidad de conciliación entre las partes, para los delitos de carácter sexual y las agresiones domésticas (excepto cuando lo solicite de forma expresa la víctima o sus representantes legales) es una práctica frecuente. El Comité de expertas de MESECVI (2012) ha señalado al respecto que en ocasiones la defensa de la parte ofensora presiona a las víctimas para que concilien y que esto además de colocar a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad frente al agresor, las re-victimiza y, al concretarse tiene como resultado la impunidad del hecho delictivo.

Además de las denuncias que llegan a una conciliación no permitida por ley, la relación entre los casos de personas condenadas y las denuncias interpuestas por la LPVCM, es bastante desproporcionada. Según las estadísticas del Poder Judicial, para el año 2014 esta relación fue de 500 personas condenadas por aproximadamente 20.000 nuevas denuncias ingresadas, es decir, por cada persona condenada ingresan 39 denuncias (ver Anexo 20). Lo anterior quiere decir que la mayor parte de los agresores no reciben ninguna sanción y en consecuencia las mujeres víctimas de violencia quedan desprotegidas. Además, aunque se interpongan medidas de protección, las víctimas continúan en situación de riesgo, esto debido al incumplimiento de medidas de protección, según los datos, de aproximadamente 20.000 denuncias ingresadas por la LPVCM, 5.995 corresponden al delito de incumplimiento de una medida de protección (ver Anexo 21), lo cual quiere decir que la respuesta institucional no ha sido efectiva para las víctimas.

 

 

 

Este gráfico pone de manifiesto la deuda histórica que el sistema de justicia tiene con las mujeres afectadas por una de las manifestaciones de la VcM, la violencia sexual. Si bien el número de condenas va en aumento, la cantidad de absolutorios es significativa y están asociados a prácticas procesales que no son sensibles a las dinámicas de la VCM, a limitaciones en los procesos investigativos y la condición de bagatela que priva en las percepciones de muchos operadores de justicia en relación con esta problemática.

La re-victimización de las mujeres en situaciones de violencia tiene un peso importante a la hora de que las mujeres decidan poner la denuncia. Esto, porque las mujeres no solo tienen que recurrir a las instancias judiciales a interponerla, sino que deben buscar asesoría legal por su cuenta y probar que han sido objeto de un delito, siendo de esta manera re-victimizadas, cuando en realidad es el Estado quien debería procurar de oficio, la garantía y restitución de sus derechos fundamentales (INAMU, 2015).

Desafortunadamente las mujeres víctimas de violencia no sólo experimentan desprotección en el ámbito judicial, sino también en otras instituciones o instancias a las cuales deben acudir para recibir atención, como por ejemplo la policía, los servicios de salud, entre otras, en las cuales también son víctimas de malos tratos, atención y gestiones inadecuadas, abuso de autoridad, etc. Estas situaciones ocurren en gran medida porque el personal de las instituciones reproduce conductas patriarcales y patrones socioculturales discriminatorios, que "descalifican a las víctimas y contribuyen a la percepción de estos delitos como no prioritarios" (CIDH, 2007, p. 53). Así muchas mujeres son re-victimizadas en múltiples ocasiones y en múltiples espacios del aparataje institucional, lo que incide considerablemente en la posibilidad de que las afectadas sigan adelante con los procesos de denuncia y puedan salir de la situación de violencia que enfrentan.

Como bien lo indica el Segundo Estado de los Derechos de la Mujeres (INAMU, 2015), a pesar de que en Costa Rica los esfuerzos realizados para visibilizar la violencia contra las mujeres han rendido frutos, como por ejemplo la capacidad de denuncia de las mujeres; el Estado ha rebasado sus posibilidades de respuesta. Esto ha generado desafíos importantes para mejorar la capacidad institucional ante las denuncias de las mujeres, en aspectos relacionados con la descentralización de la atención, la capacitación del personal institucional en temas de sensibilización, el mejoramiento, ampliación y especialización de los servicios de atención y la creación de mayor confianza en las mujeres para evidenciar las situaciones de violencia presentes en sus vidas.

Debido a la desconfianza que estas situaciones de impunidad generan en las mujeres, sumado a que, por las características de la violencia contra las mujeres, muchas de las víctimas no cuentan con las herramientas económicas, sociales o emocionales para afrontar este tipo de procesos desgastantes y re-victimizantes (INAMU, 2015), muchas de las mujeres deciden no interponer la denuncia.

Como se ha señalado en acápites anteriores, la violencia institucional es una realidad señalada por las mujeres en diferentes espacios y consultas. Las mismas han reconocido que esta forma de violencia les impide hacer un uso efectivo de los servicios y programas institucionales además de contribuir a la instalación del miedo y la desesperanza producto de la insuficiente y no siempre oportuna respuesta del Estado.

Esta re-victimización que sufren las mujeres que acuden a los servicios tiene consecuencias concretas no solo en su seguridad inmediata sino también en sus posibilidades de desarrollo y avance. Se agregan a lo anterior, riesgos y dinámicas particulares cuando la condición de género se entrelaza con la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, entre otras. Se comprende que las vulnerabilizaciones que sufren estas mujeres (LGTBI, migrantes, afro-descendientes, indígenas, con discapacidad) en los diversos espacios sociales, representan obstáculos que el Estado tiene la obligación de considerar para generar las adecuaciones necesarias que faciliten su acceso a una atención y protección integral de sus derechos ante situaciones de violencia.

4.5.4.2 Orientación estratégica del eje

Para garantizar la debida diligencia, el Estado y sus instituciones deberán manifestar un compromiso político en el cual, desde el más alto nivel hasta lo local, se evidencie el respeto por los derechos humanos de las mujeres y su voluntad de protegerlos y ampliarlos. Se comprende que la debida diligencia conlleva un proceso en el cual se identifiquen los derechos que pueden ser vulnerados a raíz de la actividad institucional y de las prácticas y actitudes de los funcionarios, con el propósito de que se elaboren planes y medidas que permitan evitar o reparar las consecuencias negativas en las mujeres usuarias de todos los servicios⁷⁶.

⁷⁶Recuperado   de: http://accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2013/11/ICAR-Human-Rights-Due-Diligence-2013-   Update-FINAL1.pdf

Este eje se concentra en potenciar competencias institucionales para prevenir la violencia institucional que sufren las mujeres en toda su diversidad y en exigir respuestas estatales que consideren la responsabilidad ética, profesional y social que poseen los prestatarios de servicios.

Por este motivo y de manera prioritaria este eje persigue la acreditación progresiva de los programas y servicios para las mujeres afectadas por diferentes formas de VcM según parámetros de excelencia que aseguren que los mismos cumplen con los estándares de calidad internacionales establecidos en la Convención de Belem do Pará.

Busca incidir sobre la cultura institucional a través del fomento de actitudes y prácticas más empáticas, respetuosas y garantes de los derechos humanos para todas las mujeres indistintamente de su condición. En correspondencia, también incluye la consolidación de procedimientos y mecanismos de sanción a funcionarios públicos que no atiendan a las normas y que re-victimicen, no protejan o coloquen en mayor riesgo a las mujeres usuarias de los servicios.

Este eje de la política reforzará capacidades que garanticen lo antes señalado de manera que, en forma progresiva, se puedan lograr cambios sustantivos en la calidad de los servicios de atención, sus procedimientos e instrumentos, así como en el acceso a la justicia de las mujeres afectadas por la violencia. Cabe aclarar que hacer efectiva la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres, implica no sólo la pronta investigación, procesamiento y sanción, sino también la obligación de establecer acciones de prevención de prácticas que puedan dañar o lesionar física, sexual o emocionalmente a las mujeres usuarias de los servicios.

Se contempla en este eje la incidencia particular con los sectores de seguridad y justicia para garantizar actuaciones eficientes, eficaces para el control y de ser necesaria la sanción de los ofensores, factor decisivo para que las mujeres se sientan seguras de romper el silencio y salir del aislamiento.

4.5.4.3 Objetivos y acciones estratégicas

Objetivo estratégico:

Aumentar el acceso de las mujeres usuarias afectadas por la violencia a servicios públicos que les garantice: protección efectiva, debida diligencia, sanción y no re-victimización⁷⁷.

⁷⁷Se entiende por acceso real el que las mujeres cuentan con servicios a los que llegan y son efectivamente atendidas en tiempo y calidad (de acuerdo a estándares de excelencia), que están además lo más cercano posible de sus lugares de residencia y que satisface sus particularidades en función de la diversidad.

Protección efectiva refiere a que las mujeres se perciben protegidas y que cuentan con apoyos materiales que contribuyen a disminuir el riesgo de sufrir de nuevo violencia, esto incluye la protección policial oportuna, el acceso a servicios de albergamiento, a la aplicación y seguimiento de medidas de protección cuya violación es efectivamente sancionada. También incluye la posibilidad de que las mujeres cuenten, lo más cercano a sus lugares de residencia y considerando su lenguaje y cultura, con asesoría y representación legal.

Una atención No-rectivimizante es sensible a la diversidad, respetuosa, caracterizada por el trato amable y solidario, no prejuiciada, no sexista, no machista, y que no abusa de la vulnerabilidad de la víctima ni del poder que le confiere el cargo.

Indicador:

Aumento en el porcentaje de mujeres usuarias afectadas por la violencia, que muestran su satisfacción respecto al servicio público recibido: protección efectiva, debida diligencia, sanción y no re-victimización.

Meta:

10% de aumento cada cuatro años⁷⁸.

⁷⁸Fuente: Sistema Nacional de Contralorías de Servicios verificar las instituciones de SNVcM

 

Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
Ampliación de la cobertura de servicios públicos especializados en atención de violencia contra las mujeres e impulso a la excelencia en dichos servicios.	Número de cantones que cuentan con servicios especializados de atención de violencia contra las mujeres que contemplen al menos: seguridad y protección, acceso a la justicia y atención psico-social durante el período.   Número de instituciones públicas del SNVcM con servicios ajustados a	40               15
Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
	los criterios y estándares nacionales e internacionales de excelencia79 para la atención integral de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres durante  el período. 80Incluye policía administrativa, judicial, migratoria, municipal y otras.     Porcentaje de funcionarios públicos del SNVcM que atienden directamente a mujeres afectadas por violencia, que cuentan con capacitación para garantizar acceso real, protección efectiva, debida diligencia y no-revictimización durante el período.	50%
Desarrollo de mecanismos de registro, seguimiento y sanción a los incumplimientos y actos de re- victimización de las/os funcionarios/as de las instituciones que dan atención a las mujeres en situación de violencia.	Porcentaje              anual              de funcionarios/as                    públicos denunciados que son investigados por casos incumplimiento o revictivización durante la atención a mujeres en situación de violencia   Porcentaje anual de funcionarios públicos investigados que son sancionados por institución por incumplimiento de deberes y/o acciones o actitudes de re- victimización, en relación con el total de denuncias.	100%           70%
Desarrollo de respuestas institucionales efectivas para el acceso real a la justicia de las mujeres que enfrentan diversas situaciones de VcM	Número de proyectos de reforma legal y normativa presentados para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, y para facilitar el acceso a la justicia   Porcentaje de personal policial80 con especialización en VcM en relación con el total   Número de programas y servicios policiales     específicos     para     la	5             60%       10
Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
	atención y protección de víctimas de VcM.   Número de mujeres afectadas por VcM que reciben servicios institucionales                e           inter- institucionales de representación y patrocinio legal gratuito   Porcentaje de casos ingresados por Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres con sentencia en relación al total de casos ingresados según delito, sexo y edad de las partes y tipo de sentencia   Número de mujeres afectadas por violencia con beneficio de reparación de daños y tipo de reparación	1.000.000

 

4.5.5 EJE CINCO: Prevención, atención integral y no-revictimización frente a la violencia sexual

Este eje busca colocar en el centro de la atención de las políticas e inversión públicas la prevención, atención especializada y sanción efectiva de la violencia sexual que, en sus diversas manifestaciones, aumenta su prevalencia y tiende a normalizarse socialmente como mecanismo privilegiado de control sobre las mujeres, especialmente las más jóvenes.

4.5.5.1 Conceptualización y contexto

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: "todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo".

La OMS adopta una definición amplia, que considera violencia sexual no solamente la violación (acto sexual) y su tentativa, sino también manifestaciones tales como el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y el acoso sexual en los espacios públicos (comentarios o insinuaciones no deseadas), y también la explotación sexual comercial y la trata de personas (acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona). Además, explicita que este tipo de conductas pueden ocurrir en cualquier ámbito, lo cual es acorde a lo establecido en la Convención de Belém do Pará.

Como sostiene Michel Foucault (1992), el cuerpo es el territorio donde se inscribe la cultura, la clase social, la etnicidad, el modo de estar y, sobre todo, el género. Dentro de estos constructos, el género y la sexualidad, expresados en el cuerpo como lo visible, atribuyen sentidos a las prácticas individuales y sociales que son reconocidas y al mismo tiempo reproducidas por los sujetos. Y agrega:

 

"lo que busco es intentar mostrar cómo las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos sin tener incluso que ser sustituidos por la representación de los sujetos. Si el poder hace blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad interiorizado en la conciencia de las gentes. Existe una red de bio-poder, de somato-poder que es al mismo tiempo una red a partir de la cual nace la sexualidad como fenómeno histórico y cultural en el interior de la cual reconocemos y nos perdemos a la vez" [Foucault, 1992: 166].

En la sociedad patriarcal, la violencia sexual como apropiación del cuerpo de las mujeres, permite la afirmación del poder de los hombres como grupo sobre las mujeres como grupo y, de esta forma, se establece un control disciplinar de los cuerpos de las mujeres. De esta forma la amenaza de la violencia sexual, que se enseña a las mujeres desde pequeñas (cuídese del sátiro, por ejemplo) y se afianza cada vez que viven un episodio de acoso sexual callejero, actúa disuadiendo a las mujeres de moverse libremente, de salir por la noche, de vestirse "provocativamente".

La violencia sexual forma parte del continuum de la violencia contra las mujeres, la cual, debe ser ubicada en el orden de desigualdad y dominación del género, y ser comprendida como funcional para mantener ese orden (Kelly,1988). La violencia sexual es una forma de violencia especialmente grave, dado que constituye uno de los escenarios más frecuentes del femicidio y que afecta a mujeres cada vez más jóvenes.

qComo afirma Gloria Maira (2009), las mujeres "hemos padecido las insinuaciones procaces, manoseos y agarrones en la vía pública; o el acoso sexual de un profesor, un cura, un empleador, un compañero de partido, un vecino; o la violación de un familiar, de la pareja, de un amigo o un desconocido" (pág.24). Sin embargo, a pesar de lo frecuente de estas manifestaciones de la violencia, en general no se habla de ellas. En nuestras sociedades, el imaginario masculino incluye la prerrogativa de la invasión sexual del cuerpo de las mujeres. La violencia sexual es una de las formas en que se manifiesta el control y dominio masculino sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y se transforma en una amenaza con la cual conviven desde la infancia.

En nuestra sociedad, el control de los cuerpos de las mujeres es cada vez más generalizado y directo y se acrecienta en el caso de las niñas y las adolescentes. Explica Rita Laura Segato (2003) que la invasión de los cuerpos de las mujeres y las niñas es una cuestión de poder y parte de una estructura social en la cual los hombres deben reafirmar continuamente su poder como forma de demostrar su masculinidad.

De esta forma, los agresores sexuales, tanto los que violan mujeres como los que las acosan en las calles, se mueven manteniendo el equilibrio entre dos ejes: por un lado, un eje vertical que va del dominador a la dominada, es decir, desde el hombre hacia la mujer, mediante el cual se logra la exacción de un tributo, que puede ser entregado voluntariamente, como en el caso de la conquista o que es extraído de forma violenta, como en la violación o el acoso callejero, y por el otro lado, un eje horizontal de titulación, entre los hombres, los iguales, mediante el cual el agresor afirma y confirma su masculinidad. Poco importa la víctima entonces, lo que sienta, como responda, dado que lo fundamental es extraer el tributo para logra el reconocimiento de la masculinidad.

La Declaración del Comité de Expertas del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belem do Pará) sobre la violencia sexual y los derechos sexuales y reproductivos⁸¹, señala que la violencia sexual tiene consecuencias sumamente graves sobre las mujeres, niñas y adolescentes y sobre la sociedad, además de que afecta su salud física y reproductiva, incrementa el riesgo de mortalidad materna e infantil, genera embarazos de alto riesgo, e incluso problemas asociados al embarazo como abortos inseguros, partos prematuros, sufrimiento fetal, entre otros;  llevando también consecuencias psicológicas como falta de autonomía, miedo, depresión, angustia, estrés postraumático, ansiedad y mayores riesgos de suicidio.

⁸¹MESECVI/ OEA (2016): Declaración sobre la violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos

Asimismo, afirma que la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, implica consecuencias sociales y económicas para ellas y para el conjunto de la sociedad, erosiona la seguridad física en las esferas públicas, limita la voz política de las mujeres, separa a los niños y niñas de sus familias, provoca pérdida de educación, lleva a la estigmatización de las mujeres, y conlleva costos de corto y largo plazo asociados a los servicios relacionados con la violencia contra las mujeres, la pérdida de empleos y productividad, y el dolor y el sufrimiento humanos.

Más grave aún establece que existen algunas formas de violencia sexual contra las mujeres que todavía se encuentran insuficientemente documentadas o sancionadas en toda la región, tales como: el incesto, la servidumbre sexual, la prostitución forzada, la exhibición del cuerpo sin consentimiento de la víctima, el embarazo forzado, la inseminación forzada, la esterilización forzada, la mutilación genital femenina y la ablación de clítoris, el femicidio/feminicidio a consecuencia de violencia sexual, la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos, la trata de mujeres y niñas, el acoso sexual y la violencia en los lugares de trabajo y las escuelas, o la violencia en marcos institucionales y establecimientos penitenciarios, la violencia en Internet, redes sociales virtuales, entre otras.

Según el Poder Judicial, a nivel nacional, los delitos de ámbito sexual representan aproximadamente el 4% de la totalidad de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, siendo la cuarta causa de delito por título del Código Penal ingresados como nuevos cada año, solamente detrás de los delitos Contra la Propiedad, Contra la Vida y la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer. ⁸²

⁸²Recuperado                   de:       https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriodegenero/soy-especialista-y-busco/estadisticas/delitos-   sexuales/

En el siguiente cuadro es posible observar el comportamiento de los delitos sexuales tramitados en sede judicial en un periodo de 10 años (2003-2013). Es posible observar un aumento en casi todos los delitos lo cual no necesariamente es indicativo de un aumento en la incidencia, aunque sí de la denuncia.

 

 

 

A lo anterior se añade que la mayoría de los casos de violencia sexual contra niñas y mujeres adolescentes son perpetrados por hombres adultos, quienes usualmente son personas de confianza o tienen un contacto directo con las menores de edad, ya sea por ser los responsables de su cuido (como padres y abuelos), o por otro tipo de relación (tíos, primos, amigos cercanos a la familia, maestros). De esta manera, las diferencias en la edad y en el grado de poder/autoridad entre las personas adultas y las menores de edad contribuyen a explicar y entender la complejidad de las situaciones de violencia sexual a las que son sometidas las niñas y adolescentes.

El continuum de la violencia sexual: del incesto a la trata de mujeres con fines sexuales

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas menores de 15 años. De acuerdo a este estudio, América Latina y el Caribe es la única región donde los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron, y se prevé que sigan aumentando al menos hasta el 2030. De acuerdo a este Organismo, en América Latina entre el 20% (una de cada 5 mujeres) y el 9% de las entrevistadas declaró haber sufrido abuso sexual en la infancia (García-Moreno et al., 2005). Diversos estudios en Latinoamérica y el Caribe han demostrado que entre el 7% y el 36% de las mujeres informan haber sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia (Jewkes et al., 2002), siendo el embarazo infantil una de las más dramáticas consecuencias de esta violencia. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha estimado que entre el 11 y el 20% de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de violencia sexual. También señala que, a los 15 años, la mayoría de las experiencias de la primera relación sexual en mujeres son de carácter no voluntario, y en el caso del 60% de las muchachas que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años, fueron relaciones no voluntarias con hombres que en promedio las superaban en 6 años. (OMS 2016) ⁸³

⁸³OMS 2016): Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará OEA 2016

De acuerdo con el INEC (2016), los datos sobre la edad de las adolescentes madres al momento del nacimiento de su niño o niña, entre el 2002 y el 2009, revelaban un incremento en niñas y adolescentes en dicha condición de 14 y 15 años. A partir del 2011 la situación parece ir decreciendo. En el caso de niñas madres menores de 13 años no se observa un patrón definido.

UNFPA (2015) publicó que en Costa Rica en el año 2014 hubo 5.183 nacimientos en adolescentes entre 15 y 17 años, así como 6.784 nacimientos en adolescentes entre 18 y 19 años. A esto se agrega que 1 de cada 85 nacimientos registrados ese año se dio en niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. Este organismo de Naciones Unidas identificó que un 30% de las niñas menores de 14 años que tuvieron un hijo o hija en el 2014 no declararon quién era el padre, mientras que en el caso de las niñas y adolescentes entre 12 y 19 años el porcentaje se reduce a un 12%.

En el taller de consulta realizado en el marco de formulación de esta Política, las adolescentes y jóvenes madres identificaron los principales problemas de discriminación y violencia que enfrentan, los cuales se mencionan a continuación:

. Violencia en sus relaciones de noviazgo, principalmente violencia física y psicológica.

. Discriminación en las escuelas y colegios, por parte de profesores y demás estudiantes.

. Falta de oportunidades para continuar estudiando.

. Discriminación en los centros de salud, donde el personal de salud las critica y cuestiona por ser adolescentes o jóvenes madres.

. Falta de apoyo por parte de su familia (especialmente de sus padres y madres, quienes en algunos casos las obligan a irse de sus casas).

. Rechazo por parte de sus amigos y amigas.

Discriminación en espacios y servicios públicos (autobuses, instituciones, entre otros), donde reciben miradas y comentarios negativos.

. Comentarios despectivos y críticas por haber quedado embarazadas, además de comentarios sexistas por los cambios en sus cuerpos (por ejemplo, por el aumento del tamaño de sus senos).

. Comentarios despectivos y sexistas por amamantar a sus hijos e hijas en espacios públicos.

Los datos sobre las relaciones de pareja y convivencia donde están involucradas niñas y adolescentes, así como sobre los embarazos tempranos y la mayor vulnerabilidad ante acontecimientos violentos en las familias, demuestran la grave situación que se vive en el país ante esta forma de violencia.

En estas "uniones impropias" es claro que las niñas y adolescentes se encuentran en una clara desventaja ante las desigualdades etarias y de poder social existentes, que a su vez se traducen en desventajas económicas, psicológicas, educativas y sociales muy variadas (INAMU, 2015). Tomando como ejemplo el caso de la exclusión educativa, el 74,5% de las niñas y adolescentes que alguna vez han estado en unión y el 69,1% de las que tienen hijos e hijas, no asisten al sistema educativo, comparado con quienes no están o han estado en unión, cifra que alcanza el 17,0% (UNFPA, 2014). En el caso del empleo, el 88,3% de las niñas y adolescentes que están o han estado en unión y el 87,0% de las que son madres, no trabajan.

Por otra parte, los efectos psicosociales de estas relaciones de convivencia son múltiples. Las niñas y adolescentes no cuentan con las condiciones de madurez suficientes para enfrentar de manera apropiada el inicio de su vida sexual, la convivencia y la maternidad. Los datos demuestran que las menores de edad que experimentan estas condiciones carecen de recursos, información y redes de apoyo familiares, comunales e institucionales para prevenirlas y atenderlas oportunamente (INAMU, 2011a), a pesar de que la legislación claramente establece como delito las relaciones sexuales y embarazo derivadas de relaciones con hombres adultos.

Las cifras expuestas demuestran el alto grado de impunidad y consentimiento social hacia las relaciones impropias, que no considera de ninguna manera a las menores de edad como sujetas de derecho sobre su identidad, sexualidad y calidad de vida. Tampoco se considera en el imaginario social que las relaciones impropias sean intrínsecamente amenazantes a la integridad de las niñas y adolescentes, sino más bien se justifica desde el patriarcado la naturalidad de los hechos.

Las situaciones de violencia sexual, uniones impropias y embarazos no planificados funcionan como barreras de desarrollo, que perpetúan la posición desventajosa de la mujer en relación con el resto del colectivo social. La niña y adolescente únicamente puede inscribirse en la vida desde los roles de compañera o madre, a partir de una situación de violencia. Este fenómeno no es casual, no es producto del descuido, es claramente estructural, y compete a las comunidades y todos los niveles de acción de la sociedad civil y el gobierno, buscar las estrategias para revertirlo.

Considerando lo anterior, cabe mencionar que nacer y crecer en circunstancias sociales particulares (familia de bajos ingresos con poco capital cultural, zonas geográficas marginadas, poco acceso a servicios básicos, bajo nivel de escolaridad), aún condiciona en gran manera la calidad de vida a la que las niñas y adolescentes pueden tener acceso, además de que las hace vulnerables ante la violencia.

Tal como mencionan Vásquez y  Arroyo (2016), la violencia sexual tiene efectos físicos y psicológicos negativos para las niñas y adolescentes, los cuales pueden presentarse no sólo en el corto y mediano plazo, sino también en toda su etapa adulta.

La reproducción de visiones y conductas patriarcales ha contribuido a que las uniones impropias⁸⁴ entre personas adultas y menores de edad gocen de una fuerte legitimidad social y no sean concebidas como una manifestación de violencia sexual, razón por la cual se minimizan las consecuencias negativas a las que se enfrentan las niñas y adolescentes en un corto, mediano y largo plazo. No obstante, con la reciente aprobación del proyecto de ley sobre uniones impropias⁸⁵ se ha incentivado la discusión en torno a la regulación y la sanción de este tipo de relaciones, a la vez que se ha destacado la urgencia de modificar la legislación existente y contribuir así, en cierta medida, con la transformación de esos patrones socioculturales que fundamentan, validan y promueven estas uniones que derivan en una clara violación a los derechos humanos de estas poblaciones.

⁸⁴UNFPA-Costa Rica (2014): (se entiende por relaciones impropias los) vínculos que sean sustentados en relaciones desiguales de poder entre un hombre y una niña o adolescente mujer, en tanto desde un enfoque de derechos resultan, además de inválidas, inconvenientes, inadecuadas y extemporáneas para ellas; y desde una perspectiva de género sensitiva, como una forma oculta y socialmente legitimada de violencia en este ámbito (p. 6).

⁸⁵Los y las diputadas de la Asamblea Legislativa aprobaron, en segundo debate, el proyecto No 19.337 sobre uniones impropias, el día lunes 23 de agosto de 2016.

Cabe agregar que las niñas y adolescentes experimentan otras formas de violencia dentro de estas uniones impropias, además de que, como se ha dicho, en muchos casos deben afrontar embarazos no planificados.

Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia

El hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia ha sido definido en la ley No. 8805 (abril 2010), como ".toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: a) Condiciones materiales de empleo y de docencia, b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo, c) Estado general de bienestar personal (Art. 1). Según el Art. 2 de esta misma ley, manifestaciones de acoso sexual pueden ser requerimientos de favores sexuales que impliquen:

a. Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba.

b. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las reciba.

c. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o el estudio.

d. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba.

e. Acercamientos corporales u otras conductas físicas, de naturaleza sexual, indeseada y ofensiva para quienes los reciban.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Juventudes (2013), las mujeres reportan porcentajes muy altos de vivencia de distintas expresiones de violencia, tanto en el lugar de trabajo como en el lugar de estudio (ver Anexo 10).

Esta misma encuesta da a conocer las situaciones de intimidación o acoso en los centros educativos que las personas jóvenes (hombres y mujeres) consultadas manifestaron haber experimentado. En estos casos las mujeres son las principales víctimas de este tipo de situaciones (ver Anexo 11).

También, de acuerdo con el último Informe de la Defensoría de los Habitantes (2016): "En los ámbitos laboral y educativo, las mujeres adultas y menores de edad siguen siendo las principales víctimas de violencia sexual. En el año 2013, el 96% de las personas que denunciaron hostigamiento sexual en el sector público fueron mujeres y en el 2014 las mujeres representaron el 94% de las denuncias" (p. 88).

Algunos de los efectos que tienen este tipo de prácticas sobre las mujeres son:

. Miedo, vergüenza y temor a lo que le pueda suceder.

.  Abandono del centro de trabajo o estudio, con el propósito de poner fin al acoso.

.  Trastornos psicológicos (ansiedad, sentimientos de culpabilidad, entre otros).

Acoso sexual en espacios públicos o acoso callejero

El acoso callejero es definido como: "(.) toda práctica con connotación sexual explícita o implícita, que proviene de un desconocido, que posee carácter unidireccional, que ocurre en espacios públicos y tiene el potencial de provocar malestar en el/la acosado/a" (Arancibia et al, 2015: s.n.p.).

De acuerdo con Arancibia (2015), algunas de las características de este tipo de prácticas son las siguientes:

. Tienen connotación sexual, es decir, que hacen referencia, aunque sea de forma implícita, a partes, comportamientos o imaginarios sexuales.

.  Son recibidas desde una persona desconocida, es decir, una persona con la que no exista una relación previa.

.  Ocurren en espacios públicos o semi-pu blicos, es decir, espacios donde no es clara la propiedad y responsabilidad de alguien en definir reglas y en mantener la seguridad.

.  Es unidireccional, es decir, sin considerar si la víctima desea recibir el acto o si lo aprecia o no.

.  Tiene la característica de producir malestar a nivel individual o social, bajo la forma de emociones negativas, como rabia, miedo, asco o impotencia o estrés; creencias negativas, modificación de la conducta, rechazo social, conflicto, etc.

El acoso sexual callejero afecta las posibilidades de movimiento en el espacio público de las mujeres y la sensación de libertad y control sobre su entorno y, consecuentemente, que la apropiación de estos espacios sea significativamente menor en comparación con los hombres (Arancibia et al., 2015, s.n.p.).

Una reciente encuesta realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la UCR (2015), encontró que un 61,7% de mujeres fueron víctimas de acoso sexual callejero en el 2015 (cuadro 5.1). Además, la encuesta reveló que las mujeres duplican o triplican en algunos tipos de acoso, el porcentaje de los hombres (ver Anexo 12).

Por otra parte, esta misma encuesta (UCR, 2015) señala que las mujeres que residen en las áreas urbanas son las que sufren de mayor acoso callejero y, entre ellas, las que se ubican entre los 18 y los 29 años. Además, las mujeres que sufrieron de acoso sexual callejero, han expresado sentimientos de enojo, ira y disgusto (un 36.6%), seguido de miedo e intimidación, con un 15.7% (UCR, 2015) (ver Anexo 13).

Este mismo estudio (UCR, 2015) aporta evidencia clara para concluir que las mujeres no disfrutan de los llamados "piropos halagadores" (contrario a lo que algunas personas creen) y que al menos una cuarta parte de las mujeres ha tenido que hacer cambios en sus vidas, para evitar ser víctimas de acoso sexual callejero. Estas medidas demuestran que este tipo de prácticas propician la exclusión de las mujeres de los espacios públicos, restringen su libertad y violentan su privacidad.

Según datos de la Sección de Estadística del Poder Judicial, en el año 2011 hubo 7.321 denuncias de mujeres por acoso callejero. En los dos años siguientes la situación de mantuvo prácticamente igual. Entre los años 2011 y 2013, las palabras obscenas fueron la ofensa más registrada, con el 63% de las denuncias. Datos preliminares de casos denunciados ante los Juzgados Contravencionales en el año 2016 según la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial de Costa Rica por conductas identificadas como acoso sexual en espacios públicos son las siguientes:

.  3844      Palabras o actos obscenos

.  2435      Proposiciones irrespetuosas

.  22 Tocamientos

.  188 Exhibicionismos. Para un total de 6489 actos de este tipo.

Trata de mujeres

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que viola los derechos humanos y atenta contra la libertad e integridad de las personas y constituye una manifestación extrema de VcM.

La trata de mujeres ha sido invisibilizada como una forma de violencia basada en el género, debido a que no se tienen en cuenta las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, y a que se desvinculan las situaciones y las condiciones particulares de vida de las mujeres víctimas de trata. Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen Organizado (2009), señala que las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas de trata a nivel mundial (citado por INAMU, 2015). En Costa Rica, en los últimos 5 años, los casos de trata de personas que registra la CONATT marcan esta misma tendencia, entre el 2011 y el 2015 se registra un total de 64 personas víctimas de trata, de las cuales 50 eran mujeres, mientras que solo 14 eran hombres. Esto evidencia que la trata es una problemática de violencia asociada al género y, como tal, debe abordarse.

Las mujeres víctimas de trata son escogidas por su condición de género y por la discriminación social que hace que las mujeres sean percibidas como objetos de propiedad de otros, a las cuales pueden tomar y someter a condiciones de esclavitud.

Entre los factores de riesgo asociados a la trata de mujeres están:

.  Las condiciones de pobreza y exclusión social en la que viven muchas mujeres, donde pueden ser captadas por las redes criminales, aunado a que cada vez más mujeres asumen la responsabilidad total de sus hogares y tienen la necesidad de mejorar sus ingresos, las hace más vulnerables de ser engañadas con la promesa de brindarles mejores oportunidades, o de ser víctimas de hombres que les prometen una relación de pareja estable y un futuro prometedor que luego se convierte en tan solo el medio para atraparlas en las redes de trata.

.  La violencia y abuso de que son víctimas muchas mujeres las obliga a tener que migrar, tanto interna como internacionalmente, para poder escapar del ciclo de violencia al que se están siendo sometidas. En ese tránsito la vulnerabilidad que enfrentan niñas y jóvenes debido a los escasos recursos de protección y defensa con los que cuentan, lo cual las hace presa fácil de las redes organizadas.

.  La migración en condiciones de riesgo. Aunque las víctimas de trata pueden tener una condición migratoria regular, las mujeres que migran de forma irregular son más vulnerables a ser potenciales víctimas de las redes de trata. Lo anterior debido a la dinámica de riesgo que representan las condiciones de inseguridad en la que se da el proceso migratorio, donde pueden ser captadas por las redes criminales.

Finalmente, las redes de trata se valen del exceso de confianza entre las víctimas y los tratantes⁸⁶ para poder captarlas y retenerlas. Aunado a esto la corrupción de las autoridades facilitan el trabajo de las redes de trata, dejando por lo tanto en completa desprotección a las mujeres.

⁸⁶Grupos de crimen organizado dedicados a la trata de personas (OIJ, 2013).

La trata es una forma de violencia que tiene múltiples consecuencias (efectos) en la vida de las mujeres. Al estar sometidas a condiciones de esclavitud, los tratantes se apropian de sus cuerpos y de su voluntad, ejerciendo control por medio de amenazas tanto contra ellas como hacia sus seres queridos; se les viola la libertad y por lo tanto sus derechos humanos; son desarraigadas de sus familias y de su entorno social; se les retienen sus documentos migratorios y de identidad; sufren formas degradantes de explotación; viven diversas formas de violencia: física, sexual, psicológica, y patrimonial tanto al expropiarlas de sus ingresos (ya sea porque no reciben pago o porque solo reciben un pequeño porcentaje del mismo), como cuando se les impone una deuda impagable y en continuo crecimiento. Muchas se ven obligadas a consumir drogas o a transportarlas y tienen un alto riesgo de ser víctimas de femicidio.

En el caso de que logren ser liberadas, no siempre las instituciones les brindan una atención específica e integral, debido a que las políticas y programas son diseñados por igual, tanto para hombres como para mujeres; además, sufren muchas secuelas de la violencia experimentada y son estigmatizadas tanto por sus familias como en sus comunidades de origen, debido a que se percibe como un fracaso migratorio.

Los dos fines de trata más detectados tanto a nivel mundial (Carcedo 2012), como en Costa Rica (OIJ, 2013), son la trata con fines de explotación sexual y la trata con fines de explotación laboral. En el 2010 el 84% de las víctimas de trata sufrían de explotación laboral, el 13% eran víctimas de explotación sexual y el 3% por servidumbre. Durante el 2012 el 90% de las víctimas tratadas sufrían de explotación sexual, el 5% eran víctimas de explotación laboral y otro 5% por fines delictivos. Solo en el 2013 se da un caso particular donde el 46% de las víctimas fueron tratadas con fines de extracción ilícita de órganos, mientras que un 36% fueron víctimas de explotación sexual, un 14% de explotación laboral y un 4% con fines de matrimonio servil (OIJ, 2013).

La trata de mujeres con fines de explotación sexual conlleva un control tal sobre los cuerpos de las mujeres, forzándolas a la prostitución sin que tengan ningún control sobre la actividad misma ni sobre sus propios cuerpos, convirtiéndose en mercancía y sometiéndolas a peligros y enfermedades de riesgo para sus vidas. Además, en estos ambientes, las mujeres no solo sufren violencia sexual por parte de los clientes, sino también por parte de los mismos tratantes, y autoridades aliadas con las redes de trata.

La trata de mujeres para explotación sexual ha sido invisibilizada como tal por ser percibida como una forma de comercio sexual (Carcedo, 2012), y por lo tanto muchas veces pasa desapercibida o no se le da el abordaje adecuado.

4.5.5.2. Orientación estratégica del eje

Los factores culturales que naturalizan la violencia sexual contra las mujeres más la persistencia de la impunidad frente a los delitos sexuales en todos los espacios en que esta se presenta, forman parte de los elementos de mayor peligro para la integridad física y emocional de las mujeres, especialmente para las más jóvenes. La apropiación del cuerpo de las mujeres constituye uno de los pilares en que se asienta el dominio patriarcal. Es por ello que, de manera específica, la violencia sexual ha sido considerada como un eje estructural dentro de esta política.

Desde este eje se intervendrán por lo tanto, todas las manifestaciones de violencia sexual, incluyendo el hostigamiento sexual en el espacio institucional, la violencia sexual en el espacio privado, el asalto sexual, el acoso sexual en los espacios públicos y la trata de mujeres con fin de explotación sexual, dando prioridad a la atención de las mujeres, niñas y adolescentes afectadas y a la sanción de los ofensores.

Se da especial atención a la ampliación y fortalecimiento de servicios especializados a fin de que las mujeres encuentren mayores y mejores oportunidades para trabajar el impacto producido por la experiencia de la violencia sexual.

4.5.5.3  Objetivos y acciones estratégicos

Objetivo estratégico:

Aumentar el acceso de las mujeres especialmente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes afectadas por diversas formas de violencia sexual a servicios especializados.

Indicador:

Aumento en el porcentaje de mujeres usuarias afectadas por diversas formas de violencia sexual que acceden a servicios especializados.

Meta:

10% de aumento cada cuatro años⁸⁷.

⁸⁷Fuente: Sistema Nacional de Contralorías de Servicios verificar las instituciones de SNVcM

 

Acciones estratégicas	Indicador	Meta
Mejora en el acceso de mujeres afectadas a servicios de detección oportuna, atención especializada y seguimiento de las diversas formas de violencia sexual, incluyendo la explotación sexual y la trata con este fin, con especial énfasis en niñas y adolescentes.	Número de mujeres detectadas por cantón, según tipo de violencia sexual y edad en el período   Número de mujeres atendidas en servicios especializados por cantón, según tipo de violencia sexual y edad con planes de seguimiento en el período	1.000.000       1.000.000
Denuncia y sanción efectiva y oportuna de las diferentes manifestaciones de violencia sexual contra las mujeres	Porcentaje anual de casos detectados de violencia sexual que cuentan con denuncia penal según tipo de delito sexual y edad   Porcentaje anual de resoluciones judiciales sancionatorias según tipo de delito sexual y edad   Número anual de mujeres afectadas por violencia sexual que reciben servicios institucionales e inter- institucionales de representación y patrocinio legal gratuita	70%         70%       150
Protección y sanción efectiva en sede administrativa y judicial de otras formas de violencia sexual como el hostigamiento sexual y el acoso sexual en espacios públicos	Porcentaje anual de casos investigados en relación con la cantidad de casos detectados por hostigamiento sexual por institución o empresa   Porcentaje anual de casos de hostigamiento sexual sancionados por institución o empresa en relación con el número de investigados   Porcentaje anual de casos de hostigamiento sexual en el sector privado tramitados por la Inspección laboral del MTSS en relación con el número de denuncias recibidas   Porcentaje anual de casos sancionados en sede judicial por conductas de acoso sexual en espacios públicos en relación con número de denuncias.	80%         80%       80%           60%

 

4.5.6 EJE SEIS: Prevención del femicidio.

Este eje busca disminuir en el país las muertes de mujeres ocasionadas por femicidio a partir de la confluencia de medidas que permitan conocer mejor este problema y prevenirlo en forma específica y efectiva.

Costa Rica ha suscrito diversos instrumentos internacionales que la comprometen como Estado a prevenir toda forma de violencia contra las mujeres y por tanto el femicidio, lo que debe ser una prioridad dado que se trata de la expresión última de esa violencia, la que atenta y destruye el derecho más básico de todos los derechos humanos, el derecho a la vida.

4.5.6.1 Conceptualización y contexto

Los femicidios representan un problema social que afecta no sólo al desarrollo personal de las mujeres, sino también al de sus familias, sus comunidades, al país y a la sociedad en general. El femicidio (CEFEMINA, 2010) ".es para las mujeres el punto culminante de un continuum de violencia en que se cruzan y multiplican numerosas expresiones de exclusión, discriminación y subordinación en un mapa de lógicas perversas que carece de límites y fronteras" (p. 97-98).

 

El femicidio, como forma extrema y mortal de la violencia contra las mujeres de todas las edades, es la expresión más brutal del lugar de subordinación material y simbólica que nuestra sociedad asigna a las mujeres. No solo sesga la vida de mujeres, adolescentes y niñas; lo hace frecuentemente en forma brutal. Los femicidios cometidos con violencia sexual y aquellos en los que hay ensañamiento son la expresión más evidente, imposible de esconder, de la misoginia que hay tras estos homicidios y que, por tanto, deben entenderse como hechos no casuales ni ocasionales, sino producto legítimo de la discriminación material, social y cultural de las mujeres en sociedades sexistas.

El femicidio es, por tanto, antes que nada, la máxima violación de derechos humanos de las mujeres por su condición de mujeres. Se trata también de un problema de seguridad ciudadana y de salud, así como, en una mirada más abarcadora, un problema que obstaculiza el desarrollo del país.

Si bien cualquiera mujer de cualquier edad enfrenta el riesgo de perder la vida a manos de un femicida conocido o desconocido, que la escogió como objeto de su control absoluto, algunas se encuentran en condiciones de exclusión múltiple que limitan sus recursos de protección, en particular las más jóvenes, niñas y adolescentes, las que viven en comunidades marginadas o las migrantes. Esta Política por tanto requiere tomar nota de esta diversidad de condiciones y situaciones que viven las mujeres para protegerlas más eficazmente frente al riesgo de femicidio.

Los femicidios no son actos aislados y casuales, sino delitos que en numerosas ocasiones cuentan con historia previa de agresiones cometidas por los femicidas. Frecuentemente se trata de femicidios anunciados, como los que cometen las parejas y exparejas, los familiares controladores, los acosadores sexuales (y su versión idealizada, los llamados pretendientes), las redes de trata para todo tipo de explotación, los grupos delincuenciales que colocan a las mujeres en las líneas de mayor peligro o las descartan cuando las consideran amenazantes.

En la actualidad Costa Rica mantiene una tasa de homicidios de mujeres que es considerada como media por situarse entre 2 por 100.000 mujeres y 3 por 100.000 mujeres (Geneva Declaration, 2011)⁸⁸. Una parte considerable de esos homicidios de mujeres son femicidios: alrededor del 55% en los últimos años. Llama la atención la frecuencia de los femicidios vinculados a la violencia sexual que ocurren en escenarios de pareja y familiares.

⁸⁸El Informe sobre la Carga Global de la Violencia Armada, que realiza periódicamente la Secretaría de la Geneva Declaration, define como tasas muy bajas de homicidios de mujeres las menores a 1 por 100.000 mujeres, bajas las comprendidas entre 1 y 2 por 100.000 mujeres, medias las comprendidas entre 2 y 3 por 100.000 mujeres, altas las que se encuentran entre 3 y 6 por 100.000 mujeres y muy altas las mayores a 6 por 100.000 mujeres (Geneva Declaration, 2011, p. 117 y 118).

Según el Estudio Global de la Carga de Enfermedades⁸⁹, que recopila datos de expertos de más de 300 instituciones en 50 países, en Costa Rica la "violencia íntima de pareja" ocupa el segundo lugar como factor de riesgo de muerte y de muerte prematura en las mujeres de 15 a 24 años. Si bien no hay datos de inicios de la década de los noventas, para el nuevo milenio, se ubica entre las primeras 15 causas de riesgo, en toda la población femenina.

⁸⁹La conclusión se extrae del Estudio Global de la Carga de Enfermedades, realizado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington. El estudio comparó las situaciones de salud en las naciones de estudio, entre 1990 y el 2010. En la investigación también participan otros actores como el Banco Mundial y es consignado por la Organización Mundial de la Salud. Esto se tomó textual de http://www.crhoy.com/violencia-pareja-segundo-factor-riesgo-muerte-prematura-mujeres-   jovenes/nacionales/ Esto fue publicado el 28 de diciembre del 2013 y se explica que se compararon estudios de 1990 con 2010, aún no hay información nueva.

Por otro lado, además, es de las primeras causas de pérdida de años saludables de vida y de discapacidad en mujeres jóvenes. El indicador de años de vida perdidos (DALY por sus siglas en inglés), muestra que la violencia de pareja ocupa el undécimo lugar como factor de riesgo en todas las mujeres, pero sube al segundo puesto en mujeres de 15 a 24 años.

Aunque el riesgo de femicidio esté presente en cualquier ámbito y entorno, en algunos de ellos ese riesgo es particularmente acrecentado porque existen

 

"contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o propician relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguales y que generan dinámicas de control, violencia contra las mujeres y femicidio que adoptan o incluyen características propias (Carcedo et al., 2010, p. 15)⁹⁰.

⁹⁰Carcedo, Ana et al. (2010) No olvidamos ni aceptamos. Femicidio en Centroamérica 2000-2006. San José: CEFEMINA-ONU Mujeres.

Esos contextos constituyen escenarios de femicidio que no se agotan en el de pareja y el intrafamiliar. El ataque sexual, el acoso sexual, la trata, la migración, el trabajo sexual, las mafias y redes delictivas nacionales e internacionales, los grupos delincuenciales locales (pandillas de control territorial, narcomenudeo), son parte de los escenarios de violencia femicida que han sido menos visibilizados, pero que han cobrado y siguen cobrando en Costa Rica vidas de mujeres.

Lo que sabemos sobre el femicidio en nuestro país indica que los escenarios de violencia femicida son cada vez más complejos, se alimentan entre sí, y se ensañan más frecuentemente con las mujeres que viven bajo condiciones de múltiple exclusión. Esta complejidad exige enfrentar este problema con una mirada amplia, que no reduzca la visión a los femicidios cometidos por las parejas, exparejas o en el seno de las familias.

A partir de la entrada en vigencia⁹¹ de la LPVCM es que se visibiliza en la investigación y la sanción penal de los delitos cometidos específicamente contra mujeres, constituyendo un homicidio de carácter agravado por

la penalidad y que derivó - como efecto inmediato y positivo - el que a partir de su promulgación las muertes de mujeres dejaron de engrosar las estadísticas generales realizadas por la Policía y el Ministerio Público. Esto dio paso a la especificidad de las estadísticas judiciales al elaborar variables que recopilaron información cuantitativa y cualitativa de este tipo de delincuencia por parte la Oficina de Planificación y Estadísticas del Poder Judicial.

91El 25 de abril del 2007, se aprueba la Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se adiciona un inc. d) al art. 239 del Código Procesal Penal y se modifica el párrafo final del art. 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica; publicada en La Gaceta No103. Sin embargo, hasta el 25 de marzo del 2011, se aprueba la Ley Nº 8929 Modificación de los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; publicada en La Gaceta Nº 60. Estos artículos habían sido declarados inconstitucionales por parte de la Sala IV-Constitucional.

La Ley LPVCM establece - en su artículo 21 - el femicidio como la agresión más perjudicial para una mujer y se "impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no". De lo anterior se desprende que, con la aprobación de esta ley, se han registrado avances considerables en el Estado costarricense y se ha podido establecer el femicidio como un delito con sus sanciones respectivas a nivel penal.

Sin embargo, la tipificación del femicidio que hace esta ley es considerada como "restrictiva" porque no contempla la muerte de mujeres asociadas a las relaciones de género y fuera de la relación de pareja, tal y como es enunciada en la Convención de Belém do Pará. Por ello, el INAMU, ha trabajado muy de cerca con el Poder Judicial y con otras instancias del SISTEMA, para fundamentar la ampliación del concepto de femicidio basado en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVCM), y utilizar el concepto de "femicidio ampliado", de manera que se refleje en las estadísticas judiciales las cifras de mujeres que son asesinadas por razones de género, según la definición de la Convención de Belém do Pará.

A partir del año 2010, las estadísticas judiciales han incorporado el concepto de femicidio ampliado que cubre atacantes sexuales, ex esposos, ex convivientes, familiares consanguíneos, ex amantes, novios o ex novios y personas con ninguna relación, de manera que este concepto amplía los casos de muertes de mujeres, y que en la actualidad supera aún más estas definiciones, al llevarse las estadísticas judiciales de las muertes de todas las mujeres mayores de edad en los diferentes escenarios de comisión del delito. Este concepto retoma el concepto de violencia en sus múltiples manifestaciones y en diversos escenarios, y se define como la muerte violenta de una mujer "que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual" (Poder Judicial, 2013).

Para el Estado de Costa Rica es inaceptable registrar y contabilizar femicidios sin tomar todas las medidas posibles para impedir que se sigan cometiendo. Máxime si se considera que el país es el pionero en penalizar en el mundo el femicidio (2007), tiene una larga trayectoria implementando planes contra la violencia hacia las mujeres y ha construido una institucionalización para la sanción de estos delitos y la atención de las mujeres blanco de la violencia. Anualmente, el femicidio mata más mujeres en el país que la mortalidad materna. Si se reducen los femicidio se reducirán los homicidios de mujeres y se avanzará en la prevención de la violencia en general.

4.5.6.2 Orientación estratégica del eje

Muchos de los femicidios que se cometen en nuestro país se pueden prevenir, en particular aquellos en los que la situación de violencia es conocida por las instituciones, las familias y el entorno social que rodea a las mujeres. Contamos con instrumentos para identificar cuándo esa violencia y el agresor que la comete configuran un alto riesgo de femicidio. Se han hecho las primeras experiencias de constituir Comités Locales de Intervención para la protección de las mujeres en alto riesgo (CLAIS). Se ha diseñado y probado un protocolo de actuación interinstitucional coordinada para estas situaciones. Se requiere aprender de estas primeras experiencias y apoyarse en ellas para consolidar y extender la protección de las mujeres frente al riesgo de femicidio.

Desde este eje se desarrollarán dos tipos de acciones. Uno de ellos va encaminado a conocer mejor sobre el problema del femicidio en Costa Rica, fortaleciendo el análisis estadístico que ya hace la Subcomisión de Femicidios de la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional VcM, sobre las muertes violentas de mujeres y femicidios; complementándolo con el estudio individualizado de cada femicidio, con el fin de identificar mejoras a implementar en las respuestas y prácticas de los diferentes actores que permitan evitar situaciones similares en el futuro.

Por otra parte, se fortalecerán y ampliarán las iniciativas de intervención directa sobre situaciones de alto riesgo de femicidio para proteger en forma efectiva a las mujeres. La medición del riesgo, la aplicación del protocolo, la actuación de los CLAIS, el uso de los kits de emergencia y la acción comunitaria son parte de esas iniciativas que buscan asegurar la protección de la vida de las mujeres frente al riesgo de femicidio, así como la puesta en práctica a nivel nacional del protocolo de investigación de femicidios con enfoque de género.

4.5.6.3. Objetivos y acciones estratégicas

Objetivo estratégico

Aumentar el acceso de las mujeres en riesgo de femicidio a recursos y servicios institucionales y comunitarios de apoyo y protección.

Indicador:

Porcentaje de cantones en los cuales las mujeres identificadas en riesgo de femicidio tienen acceso a recursos y servicios institucionales y comunitarios de apoyo, protección efectiva y seguimiento.

 

Meta: 50%

 

Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
Desarrollo de respuestas específicas para la protección inmediata y atención y seguimiento de las mujeres en situaciones de alto riesgo de femicidio en el 50% de cantones seleccionados	Número de CLAIS operando para el periodo. Número de PISAV operando para el período	41 CLAIS   10 PISAV
Organización,           movilización social y desarrollo de competencias de los diferentes actores, incluyendo locales (familias, comunidades, grupos, instituciones        y        gobiernos	Número total de grupos sociales formales o informales fortalecidos y creados para la prevención de la violencia contra las mujeres y el femicidio en los cantones priorizados	100
Acciones estratégicas	Indicadores	Metas
locales), para la prevención del femicidio.	Número total de acciones de movilización para la prevención de la violencia contra las mujeres y el femicidio en los cantones priorizados   Número total de personas en instituciones y comunidad capacitadas para la prevención de la violencia contra las mujeres y el femicidio en los cantones priorizados	150           800.000
Producción, análisis y difusión de información que facilite actualizar el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres y el femicidio en el país para mejorar las respuestas.	Número anual de informes anuales de rendición de cuentas emitidos y difundidos   Número anual de Investigaciones, registros                    administrativos desagregados por sexo, ubicación geográfica, edad y según condiciones específicas de: discapacidad, migración, etnia, orientación sexual e identidad de género; relación con el agresor; arma medio de ataque, lugar de la violencia, tipo y manifestación de violencia   Número total de encuestas nacionales de violencia contra las mujeres ejecutadas y  difundidos sus resultados	20       20                         2

 

4.6 Modelo de Gestión

4.6.1 El mandato legal para la coordinación y gestión del PLANOVI 2017-2032

El Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688) (el SISTEMA), constituye el soporte técnico y político institucional desde el cual se pondrá en ejecución la presente Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032.

Todas las instancias que conforman  el SISTEMA tendrán responsabilidades en las diferentes acciones estratégicas del PLANOVI y sus planes de acción en función de sus particulares competencias.

De acuerdo con la citada Ley, las instituciones responsables son las siguientes:

. El Ministerio de Educación Pública.

.  El Ministerio de Justicia y Gracia.

.  El Ministerio de Salud Pública

.  El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

.  El Ministerio de Seguridad Pública.

.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

.  El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

.  El Ministerio de Planificación y Política Económica.

.  La Caja Costarricense de Seguro Social.

.  El Instituto Mixto de Ayuda Social.

.  El Instituto Nacional de Aprendizaje.

.  El Patronato Nacional de la Infancia.

.  El Instituto Nacional de las Mujeres.

.  El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

.  El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.

.  El Consejo de la Persona Joven.

.  La Universidad de Costa Rica.

.  La Universidad Nacional de Costa Rica.

.  El Instituto Tecnológico de Costa Rica.

.  El Poder Judicial.

.  La Universidad Estatal a Distancia.

.  La Defensoría de los Habitantes.

El Reglamento de la ley (No. 39208-MP-MCM) constata que corresponde al SISTEMA "Promover políticas públicas, planes, programas, propuestas jurídicas, proyectos o acciones que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho humano a vivir libre de violencia (Art. 2.c).

Por otra parte, corresponde al Consejo Nacional como instancia político-institucional superior del SISTEMA⁹², "Coordinar con las entidades y órganos del Estado para que cumplan las funciones que les asigna en su integración al Sistema Nacional (Art. 8), así como "Dictar políticas que operativicen el funcionamiento del Sistema Nacional en cumplimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" (Art. 8.d).

⁹²El Consejo está conformado por jerarcas de 8 instituciones. Este nivel, también ha sido denominado como de Gestión Política (véase Escalante y Meoño, 2012, p.86)

El Consejo Nacional, según lo establece la Ley y su Reglamento, es coordinado por el INAMU como órgano político superior y será la instancia a la que, según lo señala la Ley, le corresponde recibir la rendición de cuentas anual que cada una de las instituciones que conforman el sistema deberá presentar en cumplimiento a la Política y sus Planes de Acción.

La Comisión de Seguimiento y la Secretaría Técnica, serán las dos instancias técnicas de mayor nivel del SISTEMA encargadas de atender al diseño, implementación y seguimiento de esta Política Nacional y sus Planes de Acción.

Según lo dispuesto por la Ley y el Reglamento del SISTEMA, tanto la Comisión de Seguimiento como la Secretaría Técnica, son las dos instancias con responsabilidades directas para velar por la ejecución de las políticas en materia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, su papel y buen desempeño resultan primordiales en la gestión y el éxito en el cumplimento de los objetivos estratégicos de la Política.

Corresponde también a la Comisión de Seguimiento, como instancia técnica-interinstitucional, vigilar por el cumplimiento de las políticas nacionales y por la ejecución de los acuerdos del Consejo Nacional (Art. 11).

Para la operacionalización de esta Política en el nivel local, existen las redes locales e interinstitucionales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, las cuales de acuerdo con la citada Ley, constituyen ".espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial y de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas locales de atención y prevención de violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar" (Art. 21).

Las redes locales están constituidas por representantes locales de las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional y que cuenten con representación a nivel local, así como por las organizaciones, grupos y otras manifestaciones de la sociedad civil que trabajen en aspectos relacionados con la atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Cada institución pública o privada debe nombrar una persona representante propietaria y una suplente, de manera que se asegure la representación de la institución u organización en la red a fin de que la implementación de la política y sus planes de acción en el nivel local sean de carácter integral e integrado.

Actualmente, el país cuenta con 77 redes locales constituidas y distribuidas en nueve regiones a saber: Guanacaste, Alajuela, Pacífico, Cartago, Heredia, San José, Limón y Zona Sur, establecidas así por un criterio de conveniencia, principalmente para la reducción de los tiempos de desplazamiento que permita, desde la Secretaría Técnica, brindar el acompañamiento requerido a cada red local.

En el marco de la Ley del SISTEMA y en concordancia con los ejes estructurales de esta Política, la responsabilidad de las Redes Locales refiere a la promoción de la participación de la sociedad civil en sus diferentes expresiones (organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, empresa privada, etc.), en los espacios locales de coordinación de las acciones para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como en el área de promoción de derechos.

El siguiente diagrama representa este modelo de gestión.

 

 

 

4.6.2 Acciones estratégicas para la conducción técnico-política del PLANOVI 2017-2032

Existe consenso entre las diversas fuentes consultadas - incluyendo el Informe Anual de Rendición de Cuentas preparado por la ST - que el principal nudo crítico de la implementación del PLANOVI ha sido:

"que el sistema no ha funcionado como un sistema propiamente dicho. El mismo carece de unidad, articulación y coherencia en su accionar entre los diferentes niveles e instancias que lo conforman (.) el enfoque sistémico en que se sustentó la creación del Sistema contemplaba entre otros aspectos un marco de referencia teórico y de principios consensuados entre los diferentes actores sociales. La inclusión de actores en todos los niveles y según las necesidades de las personas afectadas; detección, registro y referencia adecuada, atención integral, prevención de nuevas situaciones de violencia y promoción de conductas alternativas a la violencia; creación y facilitación de recurso de apoyo para quienes deseen construir nuevos proyectos de vida; una acción coordinada interinstitucional e interseccional, la concertación de la sociedad civil y la empresa privada" (Hidalgo, 1997, p.8-9, citado en INAMU, junio 2014, p.31)

Considerando este escenario, el reto central que plantea esta nueva Política es el de generar estrategias que permitan la unidad y coherencia en el accionar del Sistema, en cada uno de las instancias (político, técnico y operativo) y niveles (nacional, regional, local). Lo anterior potenciando las buenas prácticas desarrolladas en periodos anteriores y atendiendo las lecciones aprendidas.

El principal desafío del momento actual se ubica en el nivel político estratégico. En este sentido se espera lograr la coherencia política e ideológica, así como la visión estratégica de futuro que de manera consensuada unifique su funcionamiento.  Por otra parte, es urgente e indispensable el cumplimiento cabal y en toda su extensión, de las obligaciones creadas por ley a todas las instituciones y al Estado en general con base en lo que establece la Convención de Belem do Pará.

Un primer paso en este sentido refiere a que la autoridad política superior - Consejo Nacional - garantice su conformación de nivel ministerial y ejerza el liderazgo y la conducción política necesaria, enfocada al logro de resultados. El cumplimiento de este aspecto recae de manera directa en el Consejo de Gobierno, instancia que por ley debe recibir los informes anuales de rendición de cuentas y orientar el trabajo futuro, así como acuerdos políticos del más alto nivel que viabilicen el cumplimiento del PLANOVI.

Acciones estratégicas

Serán de cumplimiento obligatorio en el marco legal y estructural del SISTEMA, la ejecución de las siguientes acciones cuyo propósito es garantizar la eficacia y eficiencia en todos los procesos vinculados a la ejecución de la Política y sus planes de acción desde el nivel político hasta el nivel local operativo. Por lo tanto, estas acciones deberán ser incorporadas transversalmente por todo el SISTEMA en su conjunto y consignadas en cada plan de acción de esa Política.

1. Inclusión de la Política Nacional y del PLANOVI 2017-2032 en los Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos correspondientes con indicadores precisos para medir cumplimiento de metas para todos los sectores e instituciones.

2. Definición de un mecanismo de monitoreo y evaluación de cumplimiento estatal e institucional de la Política y Plan Nacional desde MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, incluyendo el seguimiento a la inversión estatal específica para el logro de las metas y a los procesos de elaboración de los Planes-presupuestos para garantizar que las acciones estratégicas y metas PLANOVI sean incluidas de manera regular.

3. Acreditación bianual de las personas representantes institucionales ante la Comisión de Seguimiento en estricto apego al perfil establecido en el Reglamento de la Ley 8886.

4. Cada año, de previo al proceso de elaboración de los PAO-Presupuesto la Comisión de Seguimiento definirá un Plan de Trabajo Inter-institucional para el cumplimiento del PLANOVI en el periodo siguiente, definiendo compromisos y responsabilidades institucionales que cada entidad deberá incluir en su proceso interno de planificación. Se promoverá la formación de equipos regionales de trabajo, que le dé capacitación y acompañamiento a las redes a nivel regional. Eso permitiría abordajes que tomen en cuenta las características socio-culturales y de violencia que enfrenta cada región y subregión.

5. Conformación - en cada una de las instituciones del Sistema - de una Comisión Interna encargada de la ejecución, monitoreo y evaluación de cumplimiento de las metas institucionales del PLANOVI 2017-2032 con la participación del jerarca o su representante del máximo nivel, Departamentos de Planificación institucional, dirección operativa-técnica institucional del máximo nivel, departamentos de comunicación institucional y educación social, entre otros. Esta comisión será la responsable de orientar y acompañar de manera regular, mediante capacitaciones, directrices y monitoreo, a sus representantes en las redes locales sobre las tareas a cumplir en cada periodo.

6. Acreditación bianual de las Redes Locales, según indicadores, que permitan verificar el diseño y ejecución de planes de trabajo anuales en consonancia con las metas interinstitucionales e institucionales para cada periodo. Entre los indicadores de acreditación se incluirá el cumplimiento en cuanto a la representación institucional según el perfil definido por ley y la participación ciudadana. Las redes locales que no cumplan con  estos requisitos deberán tomar las medidas necesarias hasta lograr la acreditación para formar parte del Sistema.

7. Promover procesos de descentralización y regionalización de los servicios institucionales que tienen que ver con la VcM incluyendo nuevas formas de trabajo de las instituciones, que permitan romper con las tradicionales barreras de accesibilidad, cobertura, idioma, etc., particularmente por parte de mujeres indígenas, rurales, migrantes, afro descendientes, entre otras.

8. Integración de actores de la sociedad civil en las redes locales (organizaciones de mujeres, gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, sector privado, entre otras).

9. Fortalecimiento de la Secretaría Técnica mediante la ampliación del recurso humano a cargo del INAMU, ampliación del presupuesto específico y fortalecimiento y modernización de los mecanismos tecnológicos para fortalecer la comunicación interna, vertical y horizontal al interior del Sistema, fortalecimiento continuo de capacidades y proyección social.

4.7 Mecanismo para el monitoreo seguimiento y evaluación de la política y sus planes de acción

El análisis y control periódico de la ejecución de esta política se establece a través de un mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación que permite dar cuenta sobre la gestión y cumplimiento de las metas y resultados que se definen en la política, así como en cada plan de acción y sus objetivos estratégicos.

El mecanismo se establece en concordancia con la normativa vigente de las entidades rectoras en la materia y con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema Nacional de Evaluación del Ministerio de Planificación, así como lo estipulado en la Ley del SISTEMA (Ley 8688) que incluye las funciones asignadas a la Comisión de Evaluación y Cumplimiento de Políticas del Sistema, cuya función es "fiscalizar y evaluar el eficiente y efectivo cumplimiento por parte de las instituciones, órganos e instancias estatales, de las políticas y acuerdos aprobados por la Comisión de Seguimiento".

El proceso de monitoreo será sistemático y permanente a fin de identificar y definir los ajustes oportunos durante la ejecución de la política y sus planes de acción en aras de alcanzar los mejores resultados, proporcionando información relevante y permanente para la toma de decisiones tanto a nivel técnico como político.

El mecanismo comprende evaluaciones intermedias de las actuaciones públicas de todas las instituciones que conforman el SISTEMA que también constituyen insumos para orientar tanto el proceso de toma de decisiones, como la adopción y aplicación de medidas correctivas. Se realizará asimismo, evaluación final cuyos resultados contribuirán a la formulación de una nueva política.

La actualización de indicadores, desde una perspectiva prospetiva, será parte integral de las evaluaciones intermedias.

Los planes de acción - que se irán dando en forma sucesiva en períodos de 5 años cada uno- tendrán su respectivo seguimiento anual y de período y estipularán el conjunto de indicadores y metas que coadyuven en forma progresiva al cumplimiento de los resultados esperados en los indicadores del PLANOVI.

Este mecanismo también incluye los procedimientos para la entrega de informes periódicos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo los avances y retos en la implementación del PLANOVI y sus planes de acción.

El procedimiento general para el seguimiento a la ejecución de la política y sus planes de acción comprende al menos:

. Elaboración de informes anuales de cumplimiento por parte cada una de las instituciones del SISTEMA según sus responsabilidades definidas con el método e instrumentos aprobados por la Comisión de Seguimiento y el Consejo Nacional. La comisión interna institucional creada para este propósito será la interlocutora principal y directa con la Secretaría técnica durante el proceso de elaboración y entrega de los informes.

.  Recopilación de informes, revisión e integración de los mismos por parte de la Secretaría Técnica del Sistema. El informe consolidado se discute en la Comisión de Seguimiento para luego ser elevado al Consejo Nacional, instancia de nivel político que emitirá lineamientos o directrices según corresponda.

. Se realizarán balances que permitan la valoración de cumplimiento según escala de Plan Nacional de Desarrollo.

.  Realización de actividades de divulgación a la ciudadanía mediante métodos definidos y aprobados por la Comisión de Seguimiento.

I. GLOSARIO

Androcentrismo: visión del mundo que sitúa al hombre, su mirada e intereses en el centro del mundo y que conlleva el silencio, la omisión o la invisibilización de las mujeres. En el universo androcéntrico, la Tierra gira alrededor del Hombre.

Brecha de género: distribución desigual de recursos, acceso y poder en un determinado contexto entre ambos géneros. Dentro de la brecha de género podemos encontrar la brecha salarial: diferencia económica entre hombres y mujeres por el desempeño del mismo trabajo.

Consentimiento: acuerdo verbal que establece que las partes involucradas en una relación sexual lo hacen a gusto, de manera consciente, sana y sin coacciones.

Cosificación: acto de representar o tratar a una persona como un objeto no pensante que solo sirve para satisfacer los deseos del otro. La cosificación sexual consiste en ignorar las cualidades, inteligencia, deseos o sentimientos de una persona y reducir todos sus atributos al deleite sexual de otra persona.

Cultura de la violación: sistema por el que la violación, a pesar de considerarse un problema social, se sustenta por la normalización de la misma y su aceptación en la sociedad donde se produce. Los mecanismos que fomentan la cultura de la violación son la culpabilización de la víctima, la normalización, embellecimiento y erotización de la violencia sexual y el alto nivel de despreocupación ante las agresiones hacia las mujeres.

Culpabilización de la víctima o victim blaming: actitud que aparece en relación a un crimen o un abuso, en el que se considera que las víctimas de ese suceso son parcial o totalmente responsables del mismo. Por ejemplo, ante una violación cuestionar a la víctima preguntándole cuánto había bebido, por qué volvió sola a casa, si coqueteó antes con el agresor o qué llevaba puesto.

Deconstrucción: ejercicio de evaluación personal en el que la persona se esfuerza por desaprender, identificar y eliminar las actitudes machistas a las que ha estado expuesta toda la vida.

Empoderamiento: del inglés empowerment, es el proceso por el cual las mujeres ganan confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones de desigualdad en las que viven.

Estereotipos de género: de origen cultural, son un conjunto de ideas utilizadas para explicar la forma de comportarse y los roles que deben tener en sociedad los hombres y las mujeres. Dentro de los estereotipos de género masculinos encontramos la fortaleza, la seguridad en uno mismo, la incapacidad emocional o la agresividad. En los femeninos podemos encontrar la dulzura, la sumisión o la delicadeza.

Feminismo: ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Según Victoria Sau: movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera.

Feminismo radical: consecuencia de un movimiento intelectual, social y político desarrollado entre finales de los 60 y principios de los 70, que decide que las mujeres deben ser las artífices de su propio cambio al estar cansadas de negociar pequeñas cuotas de igualdad con los hombres y de medir la lucha comparándose siempre con el estatus masculino. Su lema principal es "lo personal es político", ya que ayudaron a visibilizar la problemática de la violencia "doméstica" que sufrían las mujeres que a finales de los 60 se consideraba privada, personal o sencillamente "normal".

Feminazi: término peyorativo inventado para desprestigiar la lucha feminista. Lo popularizó el locutor de radio Rush Limbaugh, ligado al Partido Republicano en Estados Unidos, para referirse a las mujeres que defendían el derecho al aborto que el autor asociaba con el Holocausto.

Género: conjunto de valores socialmente construidos que definen las diferentes características (emocionales, afectivas, intelectuales o físicas) y los comportamientos que cada sociedad asigna a los hombres o a las mujeres. A diferencia del sexo, que viene determinado con el nacimiento, el género se aprende y se puede modificar.

Hembrismo: supuesta represión y dominio de las mujeres hacia los hombres. Junto con feminazi, es otro término masculino que pretende desprestigiar la lucha feminista, acusándola de radical, para seguir perpetuando el sistema desfavorable.

Hetero-normatividad: sistema que normaliza la heterosexualidad y los comportamientos tradicionalmente ligados a ella mostrándolos como la única opción válida; marginando al mismo tiempo cualquier forma de relación fuera de los ideales heterosexuales, la monogamia y la conformidad de género. En este concepto confluyen feminismo y teorías queer.

Machismo: creencia de que el hombre es superior a la mujer y, por tanto, la mujer debe estar siempre supeditada al hombre. Victoria Sau, activista y política feminista, afirmaba que el machismo lo constituyen "aquellos actos, físicos o verbales, por medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo subyacente en la estructura social".

Machismo internalizado: relativo a las mujeres o aliados que, habiendo sido educados y socializados en culturas machistas, perpetúan o adquieren ciertos valores, mensajes y actitudes típicas del machismo. Por ejemplo, cuando la primera idea que le viene a la mente a una mujer al ver a otra mujer en minifalda es "menuda fresca" o cuando perpetúa el estereotipo de la rivalidad femenina.

Micromachismo: término que describe todas aquellas acciones de carácter machista cotidianas, sutiles e incluso inconscientes que están normalizadas en la sociedad. Algunos ejemplos de micromachismo serían que un camarero le dé la cuenta instintivamente al varón, que alguien perteneciente al servicio técnico explique sus servicios al hombre asumiendo que la mujer no entiende de qué está hablando o que en un ambiente laboral el jefe utilice apelativos "cariñosos" solo con las mujeres.

Mirada masculina: concepto introducido por Laura Mulvey aplicado al cine que explica que en la mayoría de las plataformas audiovisuales la mujer termina convertida en objeto ya que son los hombres heterosexuales los que tienen el control de las cámaras. El concepto de la mirada masculina ha sido aplicado a la literatura, el cine, la música y la publicidad y se da cuando la única perspectiva es la del hombre heterosexual.

Misoginia: odio y desprecio hacia las mujeres y, por extensión, todo lo que esté asociado con estereotipos tradicionalmente femeninos.

Patriarcado: desigualdad de poder entre hombres y mujeres que se traduce en la superiorididad del varón en todos los aspectos de la sociedad.

Prejuicio: opinión previa acerca de algo que se conoce poco o mal. Asociados a la discriminación se convierten en percepciones distorsionadas de la realidad que pueden fomentar el rechazo a priori de algo o de alguien por diversas condiciones: raza, género, orientación sexual, credo, condición económica, entre otros.

Resiliencia: expresa la capacidad de adaptación positiva pese a la adversidad. Considera el hecho de que la persona puede continuar con un adecuado desarrollo a pesar de alto riesgo social al que está expuesta, a la capacidad de mantener sus funciones y competencias pese al estrés continuo y al logro de la recuperación después del trauma que puede producir por ejemplo la exposición sistemática a la violencia.

Sororidad: solidaridad y alianza entre mujeres para defenderse, apoyarse y luchar contra la discriminación y los problemas compartidos por el hecho de ser mujeres.

Slut-shaming: fenómeno que consiste en insultar, burlarse o avergonzar a las mujeres tildándolas de putas, zorras o guarras con la intención de hacerlas sentir culpables por llevar una vida sexual que no es la que la sociedad espera de ellas.

Techo de cristal: limitación velada del ascenso de las mujeres dentro del mundo laboral. Se mantiene debido a una serie de prejuicios extendidos a la hora de confiar a las mujeres puestos de responsabilidad, así como a una estructura de prácticas machistas extendidas dentro del mundo de los negocios como las reuniones, el compadreo o el corporativismo masculino.

Violencia contra las mujeres⁹³

⁹³ONU. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer/ Belem do Pará

Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar, V. (2002). La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del derecho penal en la Universidad de Costa Rica. Disponible en: Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica - Universidad Nacional, San José, Costa Rica.

Albi, E., González-Páramo, J.M. y López, G. (1997). Gestión Pública. Fundamentos, técnicas y casos. Barcelona, Ariel. Economía.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2005). Compilación de observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre países de América latina y el Caribe (1982-2005), OACDH/CEPAL, Santiago, Chile.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2011). Acción contra la violencia sexual y de género. Una estrategia actualizada. Recuperado de http://www.acnur.es/PDF/7556_20120508134212.pdf

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR). (s.f.). Violencia contra las mujeres. Observaciones y recomendaciones de los órganos de tratado, procedimientos especiales y examen periódico universal. Recuperado de   http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/03/Violencia-contra-las-mujeres-en-El-Salvador-reducido.pdf

Arancibia, J. et al. (2015). Acoso sexual callejero: Contexto y dimensiones. Observatorio contra el acoso callejero, Chile. Recuperado de http://www.ocacchile.org/wp-content/uploads/2015/06/Acoso-Sexual-Callejero-Contexto-y-    dimensiones.pdf

Aranibar, P. (2001). Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en América Latina. Santiago, Chile: CELADE.

                                         Asamblea Legislativa de Costa Rica (2002, 02 de mayo). Ley General de la Persona Joven No 8261. En La Gaceta No 95. Recuperado de: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Leyes.aspx?Numero_Ley=826    1

Asamblea Legislativa de Costa Rica (2013, 08 de julio). Reforma de la Ley General de la Persona Joven, No 8261, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas, y del Código Municipal, Ley No 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. En La Gaceta No                                  130.                                              Recuperado                                               de:  http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle %20Leyes.aspx?Numero_Ley=915  5

Bardales, P. y Cardeña, E. (2001). Estrategias de intervención profesional frente a la violencia familiar. En XVII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. Seminario llevado a cabo en Lima, Perú.

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995). Respuestas, por una antropología reflexiva. México: Editorial Grijalbo.

Camacho, R. (2006). Compromisos Internacionales del país respecto al mandato inicial de la PIEG. Ponencia preparada para la elaboración de la PIEG, Programa Estado de la Nación, San José, Costa Rica.

Carcedo, A. (s.f.). Femicidio en Costa Rica, una realidad, un concepto y un reto para la acción. Isis International. Recuperado de http://www.isis.cl/Feminicidio

Carcedo, A. (2012). Trata de mujeres: una manifestación de la violencia contra las mujeres. San José, C.R.: OIM, 2012.

Carcedo, A. y Sagot, M. (2001). Cuando la Violencia contra las Mujeres mata: Femicidio en Costa Rica 1990-1999, OPS, San José, Costa Rica. Recuperado de http://www.paho.

Castillo, A. y Chinchilla, I. (2013). El Ejercicio de la Violencia Simbólica en la Atención en Salud de Mujeres en Edad Mediana que Experimentan la Menopausia: Principales Resultados de una Encuesta CAP, Revista de Ciencias Sociales, vol. II, núm. 140, pp. 47-72 Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. Recuperado de  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15329874004

CEDAW. (2011). Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Costa Rica, 49º período de sesiones 11 a 29 de julio de 2011, ONU, CEDAW/C/CRI/CO/5-6.

CEFEMINA. (2010) No olvidamos ni aceptamos. Femicidio en Centroamérica 2000-2006, San José, Costa Rica.

Charlton, D. (2003). Climaterio y menopausia, una mirada de género. En: Revista de Ciencias Sociales 3 (101). San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, pp. 107-112.

Chávez,  Franz.  (2007).  "Mujeres  en  Bolivia:  Contra  el  acoso  político".  En:  Revista  Virtual  IOS-  La  otra  historia. Recuperado de: www.ipsnoticias.net

Chinchilla, I. (2005). Feminidad y sexualidad femenina en la postmenopausia: aproximación psicoanalítica de las vivencias de dos mujeres de mediana edad del área metropolitana (Tesis de Licenciada en Psicología). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

Choike. (2010). La Plataforma de Acción de Beijing y la violencia contra las mujeres. Recuperado de: http://www.choike.org/nuevo/informes/3826.html

CICS/IED/UNESCO. (2016). Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 - Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo. Ediciones UNESCO, París, Francia.

CIM-MESECVI. (2014). Declaración de Pachuca "Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra las mujeres", Comité Directivo 2013-2015, Tercera Sesión Ordinaria, CIM/CD/doc.16/14 .Pachuca, Hidalgo, México.

                      . (2015). Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI, Washington D. C.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2011). Declaración de Brasilia, Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y El Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos, 4-6- diciembre 2007, ONU-UNFPA-GOBIERNO DE BRASIL, Brasilia, Brasil, LC/G. 2359.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2002). Vulnerabilidad Sociodemográfica: viejos y nuevos          riesgos          para          comunidades,           hogares          y          personas.           Recuperado           de  http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/11674/lcw3-vulnerabilidad.pdf

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Informe Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia                      sexual                     en                     Mesoamérica.                      Recuperado                      de  https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf

 

Comisión Nacional de Gerencia. (2014). Plan Plurianual y Plan Operativo, Proyecto B.A.1 Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Trata y Femicidio 2014-2015 (3ª. Versión), San José, Costa Rica.

 

                      . (2016). Informe Narrativo Anual y Final-Costa Rica, Proyecto B.A.1 Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Trata y Femicidio 2014-2015, San José, Costa Rica.

 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM.) (2012). Denuncias y consultas mensuales, recibidas y tramitadas por la Unidad de Gestión Social del CONAPAM, según tipología de violencia y sexo.  Recuperado de: http://www.conapam.go.cr/estadisticas/

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). (2015). Características de la población con discapacidad en Costa Rica. CONAPDIS, San José, Costa Rica.

 

                     _. (2014). Declaratoria del III Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad. 28-29 octubre, San José, Costa Rica.

 

                      . (2012). Política Nacional en Discapacidad. Consejo Nacional de Educación y Rehabilitación Especial, San José, Costa Rica.

 

Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. (2003). Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica                           2004-2010.                            Uruguay.                           Recuperado                           de  http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/58504/1/plan_de_accion_2004-2010_.pdf

 

Consejo Nacional de las Mujeres. (2014). Plan Nacional de Acción 2014-2016 para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Argentina: autor.

 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. (2013). Segunda encuesta nacional de juventudes: informe de                            principales                              resultados.                              Recuperado                             de:  http://www.unfpa.or.cr/images/II_Encuesta_Nal_de_Juventudes_Resultados_Principales.pdf

 

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. (2004). Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI) 2004-2014. Guatemala. Recuperado    de    http://ggm.org.gt/wp-content/uploads/2012/08/PLANOVI-2004-2014..pdf

 

Coria, C,. Freixas, A., y Covas, S. (2005) Los cambios en la vida de las mujeres, Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

 

Costa Rica. Ley N° 9095 "Ley Contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (CONATT).

 

Defensoría de los Habitantes. (2016). Informe Anual de Labores 2015-2016. San José, Costa Rica.

 

Departamento de interior. (s.f.). Primer Plan de Actuación del gobierno contra la violencia de género. País Vasco. Recuperado     de     http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt22/documentos/I_plan_c.pdf

 

Dierna, R. (2012). Plan estratégico nacional del sector salud contra la violencia hacia la mujer (2009-2015). Perú: OPS/OMS y Ministerio de Salud.

 

Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. (2011). Primer Plan de Actuación del gobierno contra la violencia de género. País Vasco: Departamento de Interior.

 

División de Protección Internacional. (2011). Acción contra la violencia sexual y de género: una estrategia actualizada. ACNUR. Recuperado de: http://www.acnur.es/PDF/7556_20120508134212.pdf

 

Dupret, M. y Unda, N. (2013). Revictimización de niños y adolescentes tras denuncia de abuso sexual. En: Universitas,

11     (19),      p.    101-128.      Quito:     Editorial      Abya     Yala/Universidad       Politécnica      Salesiana.     Recuperado de:       http://uni.ups.edu.ec/documents/1781427/4596325/n19_Astrid_Unda.pdf

 

Echazarreta, C. (2009). Congénere. Congreso internacional: La representación de género en la publicidad del siglo XXI,

Mujeres en Red. Recuperado de http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1731

 

Escalante, A. (2010). Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina: El papel de las mujeres, FLACSO- AECID, San José, Costa Rica.

Escalante, A. y Méndez, N. (2011). Sistematización de experiencias de acoso político que viven o han vivido las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local, INAMU-COOPESOLIDAR-ONU-MUJERES, Santo Domingo, República dominicana.

 

Escalante, A. y Meoño, C. (2012). Gestión de Rectoría para la Atención  y Prevención  de la Violencia contra las Mujeres, Informe Final de Consultoría, INAMU-UNFPA, San José, Costa Rica.

 

Expósito, C. (2011). ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España. Grupo de Investigación Multiculturalismo y Género, Universidad de Barcelona, Barcelona, España.

 

Fernández, J. (2005). La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica, Cuadernos de Trabajo Social 7, Vol. 18, pp. 7-31. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los  niños              [resumen].               Nueva              York:              UNICEF.             Recuperado               de:  https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informeocultosbajolaluz_0.pdf

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2014). Uniones impropias, niñas madres y embarazo en la adolescencia en Costa            Rica.                  Costa                  Rica:                  UNFPA.                  Recuperado                   de:  http://www.unfpa.or.cr/images/documentos/uniones_impropias_unfpa-paniamor_2014.pdf

 

                      .    (2015).      Infografías:      Embarazo      en     la     Adolescencia,     Costa     Rica.     Recuperado      de:  http://www.unfpa.or.cr/images/documentos/Infografia-Embarazo-Adolescencia-2016.pdf

 

Fonseca, M. (2015). Percepciones de un Grupo de Mujeres Adultas Mayores del Cantón Central de Limón sobre la Imagen que Transmite la Publicidad Televisiva sobre las Mujeres: Un Análisis desde los Derechos de las Mujeres, Tesis para optar al grado de Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

 

Fuentes, E. (2014). Características demográficas y socioeconómicas de las poblaciones indígenas de Costa Rica (Censo 2011). En: Costa Rica a la luz del Censo 2011, pp. 309-343. Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recuperado             de:

http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/anpoblaccenso2011-    01.pdf_2.pdf

 

Gabinete de Estudios de Seguridad Interior. (s.f.). Manual de buenas prácticas policiales en materia de  violencia de género. España: Ministerio del Interior.

 

Gallego, J. (2003). De las recomendaciones a los mecanismos. Producción informativa y su incidencia en el tratamiento de la violencia de género. En: Instituto Andaluz de la Mujer y Fundación Audiovisual de Andalucía. Medios, comunicación y violencia contra las mujeres. Sevilla, España: editores.

 

Gobierno de Costa Rica. (2014). Plan nacional de Desarrollo 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante", San José, Costa Rica.

 

Gobierno Federal. (2010). Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.                                          México.                                          Recuperado                                           de:  http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/76/1/images/ProgramaIPASEVCM%20F         INAL21-   jun-2012.pdf

 

González, F. (2004). Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva en jóvenes entre 14 y 25 años de edad de estratos 1 y 2 del SISBEN de un municipio del departamento de Cundinamarca. Revista Acta Colombiana de Psicología 12. Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia, pp. 59-68.

 

González, R. (2009). Historia de una Problematización: ¿Qué Hay De Nuevo En La Violencia Escolar?, X Congreso Nacional de Investigación,  Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C Consejo Mexicano de Investigación

Educativa,     A.C    Consejo     Mexicano      de    Investigación      Educativa,      Veracruz,      México.     Recuperado      de http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_17/ponencias/1730-F.pdf

 

Government of Antigua and Barbuda. (2011). Strategic Action Plan to End Gender-based Violence. Recuperado de:   http://genderaffairs.gov.ag/uploads/1450052451Strategic%20Action%20Plan%20to%20End%20Gender-  based%20Violence.pdf

 

Guzmán, R., Jiménez, R. y M.L. (2015). La Interseccionalidad como Instrumento Analítico de Interpelación en la Violencia de Género. Oñati Socio-legal Series [online], 5 (2), 596-612. Recuperado de: http://ssrn.com/abstract=2611644

 

Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. Reino Unido: STRIVE.

 

Hernández, S. (2013). Buenas prácticas contra la violencia de género implementadas en Nicaragua. Recuperado de:   http://190.104.117.163/2013/Noviembre/observatoriovio/contenido/ponencias/Silvia%20Hernandez/Fin%20bue  nas%20practicas%20nicaragua.pdf

 

Hernando Gómez, A. (2007). La prevención de la violencia de género en adolescentes. Una experiencia en el ámbito educativo. Apuntes de Psicología, 25(3), pp. 325-340.

 

Hidalgo, A. (2004). Aportes para una Agenda de evaluación de las Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar. INAMU.

 

INAMU-CEFEMINA. (2009). Femicidio en Costa Rica 2000-2004. San José, Costa Rica.

 

Instituto de la Mujer. (2002). Guía buenas prácticas para paliar los efectos de la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación. España: autor.

 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (IIDH). (2000). Protocolo Facultativo. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

 

                    . (2004). Convención CEDAW y Protocolo Facultativo, San José, Costa Rica.

 

                    . (2008). La actuación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, San José, Costa Rica.

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2010). Manual para Censistas. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. San José: INEC.

 

                    . (2011). Censo Nacional de Población y Vivienda, San José, Costa Rica.

 

                    . (2012). Según resultados generales de población y vivienda del Censo 2011 inmigración internacional se estabiliza. Sección de Noticias. 6 de junio del 2012.

 

                     . (2014). Encuesta Nacional de Hogares, San José, Costa Rica.

 

                     . (2015). Encuesta Nacional de Hogares, San José, Costa Rica.

 

                     . (2016). Encuesta Continua de Empleo, I Trimestre, San José, Costa Rica.

 

Instituto Nacional de la Mujer (INAM). (2006). Plan Nacional contra la Violencia hacia la mujer 2006-2010. Honduras. Recuperado     de     http://www.bvs.hn/Honduras/salud/plan.nacional.contra.la.violencia.hacia.la.mujer.2006 -2010.pdf

 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). (2012). Manual de funcionamiento de las casas albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica. Recuperado de https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27305/41786.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). (2007). Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, San José, Costa Rica.

 

                     . (2007). Programa de Ciudadanía Activa. Fortalecimiento del Liderazgo y la Participación Política. San José, Costa Rica: INAMU, Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local.

 

                     . (2008). Plan de Acción 2008-2012: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, San José, Costa Rica.

 

                     . (2008). Primer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, San José, Costa Rica.

 

                     . (2009). Ley de Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Nº 8688.  1 ed. San José.

 

                     . (2009). Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violación, San José, Costa Rica.

 

                     . (2010a). Brechas de Género. Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género, Programa Agenda Económica de las Mujeres;  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Instituto de Estudios Sociales en Población. San José, Costa Rica.

 

                     . (2010b). Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género, Programa Agenda Económica de las Mujeres; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Instituto de Estudios Sociales en Población, San José, Costa Rica.

 

                     . (2011a) Primer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres. San José, Costa Rica: INAMU, Área Especializada de Información, Unidad de Investigación.

 

                     . (2011b). II Plan de Acción 2012-1014: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007- 2017, San José, Costa Rica.

 

                     . (2012a). PLANOVI Mujeres 2010-2015, San José, Costa Rica, Agosto.

 

                     . (2012b). PLANOVI-Mujer 2010-2015. Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violación. 1 ed. San José.

 

                     . (2012c). Encuesta de uso del tiempo en la Gran Área Metropolitana 2011: una mirada cuantitativa del trabajo invisible de las mujeres. - 1 ed. - San José: Instituto Nacional de las Mujeres; Universidad Nacional. Instituto de Estudios en Población; Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012. (Colección Estadísticas de la desigualdad por género; n. 5).

 

                     . (2013). Informe de Rendición de Cuentas PLANOVI-Mujer Avanzando de Iure a de facto (2010-2013). Área de Violencia de Género.

 

                     . (2014). Informe Gestión de seguimiento a las redes locales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. Área de Violencia de Género, actualizado en enero 2014.

 

                     . (2015a). Segundo Estado de Derechos de las Mujeres en Costa Rica, San José, Costa Rica. INAMU, Área Especializada De Información, Unidad de Investigación.

 

                     . (2015b). Informe de Rendición de Cuentas PLANOVI-Mujer Avanzando de Iure a de facto (2014-2015). Área de Violencia de Género.

                     . (2016). III Plan de Acción (2015-2018) de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, San José, Costa Rica.

 

                     . (s.f.). Informe Encuentro Nacional de Mujeres. Documento interno no publicado.

 

Instituto Nicaragüense de la Mujer. (2001). Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 2001- 2006. Nicaragua: autor.

 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. (2013). Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre               de              Violencia.               El              Salvador:               autor.                Recuperado               de:  http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=196%3Apoltica-nacional-  para-el-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia&Itemid=234&lang=es

 

                     . (2016). Cierre oficial del proyecto regional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, B.A.1. El Salvador: autor.

 

Instituto WEM. (2016). "Política Nacional de Promoción de Masculinidades Positivas e Igualitarias para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres", San José, Costa Rica.

 

Jiménez, N. (s.f.). Informe sobre Costa Rica. Sexta Ronda del Examen periódico universal.

 

Larraín, S. (2008). La situación de violencia contra las mujeres en Chile. Legislación y políticas públicas. Recuperado de:   http://portal.unesco.org/geography/es/files/11343/12436345861Resumen_ejecutivo_del_estudio_la_situacion_de_v    iolencia_contra_las_mujeres_en_Chile._Legislacion_y_politicas_publicas.pdf/Resumen%2Bejecutivo%2Bdel%2Bestudi    o%2Bla%2Bsituacion%2Bde%2Bviolencia%2Bcontra%2Blas%2Bmujeres%2Ben%2BChile.%2BLegislacion%2By%2    Bpoliticas%2Bpublicas.pdf

 

Lewis,   D.   (2010).   The   National   Gender-Based   Violence   Plan   of   Action   2010-2013.   Belice.   Recuperado   de:  http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2015/12/belize_gbv_planofactiongbv_final-revised_august_2010_belize.pdf

 

Ley N° 12.801. Ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres. San José, Costa Rica, 1998.

 

Ley  N°  24632.  Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer.

"Convención de Belem do Pará". San José, Costa Rica, 1996.

 

Ley N° 7142. Ley de promoción de la igualdad social de la mujer. Diario oficial La Gaseta, San José, Costa Rica, 26 de marzo de 1990.

 

Ley N° 7771. Ley General sobre el VIH-SIDA.). Diario oficial La Gaceta No 96. San José, Costa Rica, 20 de abril de 1998, Recuperado                     de

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Leyes.aspx?Numero_Ley=777    1

 

Liddell y Scott. (1940). A Greek-English Lexicon (LSJ), revisado y destacado por Henry Stuart Jones y RoderickMcKenzie. Oxford: ClarendonPress.

López, L. y Delgado, D. (2013). Situación socioeconómica de la población afrodescendiente de Costa Rica según datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Costa Rica: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/presscenter/articles/2013/10/29/poblaci -n-   afrodescendiente-en-costa-rica-muestra-rezagos-en-educaci-n-y-mayores-niveles-de-desempleo.html

 

López, P. (2007). Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género, Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria, España.

López, P. (2008). Los medios y la representación de género: algunas propuestas para avanzar. Feminismo/s, (11), 95- 108.

 

López, R. (Setiembre de 2012). Prevención de la violencia de género en zonas indígenas. Experiencias desde el trabajo con hombres. En La Prevención de la Violencia de Género en México: Retos en materia de Derechos Humanos. Seminario llevado a cabo en México.

 

Madden, R., y Hidalgo, A. (2004). Menopausia: una nueva forma de neocolonialismo ideológico y económico. Revista Medicina Legal de Costa Rica 21 (1). Heredia, Costa Rica: Asociación Costarricense de Medicina Forense, pp. 1-7.

 

Magallón, C. (1998). "Sostener la vida, producir la muerte: estereotipos de género y violencia", en El sexo de la violencia, Fisas Vincens, Editorial ICARIA.

 

Marenco, L. (2007). Evaluación del impacto del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Logros y desafíos de las Redes Locales para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar: un balance crítico.  Estado de la Nación, INAMU.

 

Masferrer, M.  (s.f.).  Aspectos legales de la violencia doméstica en el empleo.  Recuperado  de  http://www.camarapr.org/presentaciones/SemLaboral2011/Laboral-4-Masferrer.pdf

 

Maturana, L. (2007). Sistematización de la experiencia de prevención de la violencia intrafamiliar en Quibdó. Bogotá, Colombia: Organización Panamericana de la Salud y Cooperación Técnica Alemana-GTZ.

 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI).  (2008). Primer Informe Hemisférico, p. 3. Recuperado de http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/InformeHemisferico2008-SP.pdf

 

                     . (2014). Primera Conferencia Extraordinaria de los Estados Parte de la Convención De Belém Do Pará. Costa Rica Informe de Implementación de las Recomendaciones del CEVI Segunda Ronda, 23 y 24 octubre de 2014, Ciudad de México: OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/I-CE/doc.21/14.

 

Mendoza Vilca, L. (2003). Sistematización de Experiencias en Redes Comunitarias para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. Bolivia-Perú: Organización Panamericana de la Salud.

 

Ministerio de Gobernación y Policía. Dirección General de Migración y Extranjería Servicio, Justicia y Transparencia. (s.f.). Pronunciamiento al Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recuperado                               de

http://www.migracion.go.cr/comunicacion/comunicados%20prensa/2016/Pronunciamiento%20al%20Informe%2    0Anual%20sobre%20Trata%20de%20Personas%20del%20Departamento%20de%20Estado.pdf

Ministerio de Justicia. (2008). Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "Mujeres construyendo la nueva Bolivia para                                 vivir                                 bien".                                 Recuperado                                 de  https://www.hsph.harvard.edu/population/womenrights/bolivia.women'splan.08.pdf

 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. (2010). Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Perú. Recuperado de http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/normativas/304_PNCVHM_2009 -   2015.pdf

 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 "María

Teresa Obregón Zamora", Gobierno de Costa Rica, San José, Costa Rica, diciembre.

 

                      . (2014). Guía para la elaboración de políticas. San José, CR: MIDEPLAN.

 

Ministerio de Salud. (2011). Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. II Parte: Análisis de situación: Propósito, Enfoques, Asuntos Críticos y Áreas de Intervención de la Política de Sexualidad, San José, Costa Rica.

                     . (2016). Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI. Recuperado de   http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientos_tecnicos_lgtbi.pdf

 

Ministry of Gender, Youth and Child Development. (2012). National Policy on Gender Equality and Development. Trinidad y                                             Tobago.                                             Recuperado                                              de:  http://www.guardian.co.tt/sites/default/files/story/TT%20gender%20policy%20draft%20June%202012.pdf

 

Mitchinson, W. (2006). No longer the same woman: medical percept ions of menopause, 1900-1950. Canadian Bulletin of Medical History 23.

 

Moncarz, Esther. (1999). "¿Una extraña entre nosotras? Mujeres maduras, cuerpo y subjetividad". La revolución de las canas. En: Reflexiones y experiencias sobre el envejecer de las mujeres. Gómez, Adriana (ed.). Santiago, Chile: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 1999.

 

National HIV/AIDS Commission. (2008). National Strategic Plan for the Prevention and Control of HIV 2008-2013. Barbados.                                                                   Recuperado                                                                    de:  http://www.pancap.org/docs/NSP/Barbados_Natl%20Strat%20Plan%20for%20HIV%20Prevention%20and%20Co   ntrol%202008-2013.pdf

 

National Policy on Domestic Violence. (2008). Guyana. Recuperado de: http://www.hands.org.gy/files/Dvpolicy.doc

 

Nodal. (29 de agosto de 2016). Costa Rica: el acoso sexual callejero motiva 7.000 denuncias cada año. Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Recuperado de http://www.nodal.am/2015/10/costa-rica-el-acoso-sexual-callejero-   motiva-7-000-denuncias-cada-ano/

 

Observatorio de Igualdad de Oportunidades. (s.f.). Estrategia de la ONCE y su Fundación en la lucha contra la violencia de género. España: La ONCE y su Fundación.

 

Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia. (2006). Manual de prácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género. España: autor.

Odio, B. (22 de diciembre de 2015). La situación de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica es muy preocupante. Surcos. Recuperado de http://surcosdigital.com/la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-    en-costa-rica-es-muy-preocupante/

 

Ordóñez, C. (2016). Retos, reflexiones y recomendaciones para favorecer una cultura publicitaria respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género en Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, San José, Costa Rica.

 

Organización de Estados Americanos (OEA). (1994). Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", Belem do Para, Brasil; Departamento de Derecho Internacional, Washington D. C., 9 de junio.

 

                     . (2013). Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68), Washington D. C.

 

                     . (2013). Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69), Washington D. C.

 

ONU-CEPAL. (2013). Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014, 12 a 15 de agosto de 2013, Montevideo, Uruguay.

Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ). (2013). Reporte de Situación, Costa Rica 2013. Tráfico de Drogas y Amenazas del Crimen Organizado en Costa Rica. Recuperado de  https://www.unodc.org/documents/ropan/Sitation_Report/Reporte_de_Situacion_de_Costa_Rica_de_2013.pdf

 

ONU-MUJERES.     (2015).        Poner        fin       a       la       violencia        contra        las       mujeres.        Recuperado de:       http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women

 

Organización de Naciones Unidas (ONU). (1992). La Violencia Contra la Mujer. Recomendación General Nº 19, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 29 de enero.

 

                     . (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 25 de junio 1993. Recuperado de: https://documents-dds-

 

                     . (1995a). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994, Nueva York.

 

                     . (1995b). INFORME DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL, Copenhague, 6 a 12 de

marzo de 1995, Nueva York.

 

                     . (1995c). Declaración de derechos del Niño, Asamblea General, Resolución 1386 (XIV), Doc. A/4354.

 

                     . (1995d). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Nueva York, EEUU.

 

                     . (1999). Resolución aprobada por la Asamblea General. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Nº 54/4, Asamblea General, 54 Período de Sesiones, 15 de octubre.

 

                     . (2000). Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Disponible en: http://hrlibrary.umn.edu/instree/Strafficking.html

 

                     . (2000). Resolución aprobada por la Asamblea General. Declaración del Milenio, Asamblea General, 55 Período de Sesiones, Nº 55/2, 13 de setiembre.

 

                     . (2005). Informe del Secretario General: Informe sobre la aplicación de la plataforma de acción de Beijing y el documento final de la sesión especial de la Asamblea General titulado mujer 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI (E/CN.6/2005/2).

 

                     . (2015). Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General. Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, Asamblea General, A/69/L.85.

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2013). Envejecimiento y ciclo de vida. Recuperado el 19 de febrero de 2013 de      http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/index.html

 

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. OMS/OPS.

 

Organización Mundial de la Salud, London School of Hygiene and Tropical Medicine. (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence. Ginebra, Suiza: OMS.

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS). (2003). La violencia contra las mujeres: responde el sector de la salud. Washinton, D.C: OPS.

Ortegón, E. (2008). Guía para el diseño y gestión de la Política Pública. Universidad de Alcalá, España (Reimpresión en Colombia).

 

Ortí Porcar, M.J. (coord.). (2010). Experiencias y acciones docentes sobre la violencia de género en las aulas. La experiencia del Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo (GIAT) sobre violencia. Decisio, (27), pp. 21-25.

 

Parlamento Europeo. (2008). Informe sobre el impacto del marketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

 

PEN. (2015). Vigésimo primer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica), San José, C. R.

 

Pineda, J. y Otero, L. (2004). Género, violencia intrafamiliar e intervención pública en Colombia. Revista Estudios Sociales, (17), pp. 19-31.

 

Plaza, M. (2007). Sobre el concepto de 'violencia de género'. Violencia simbólica, lenguaje, representación. Extravío.

Revista electrónica de literatura comparada 2. España: Universidad de Valencia, pp. 132-145.

Poder Judicial. (2013). Informe 98 -EST- 2013. Memorándum 716-PLA-2013. Departamento de Planificación. San José, Costa Rica.

 

                     .     (s.f.).           Anuario       Policial      2014       y     2015.      Recuperado      de      https://www.poder-  judicial.go.cr/planificacion/index.php/estadistica/estadisticas-policiales

 

                     .      (s.f.).      Anuario       Judicial      2014       y      2015.       Recuperado       de      https://www.poder-  judicial.go.cr/planificacion/index.php/anuariojudicial2014/category/73-anuario-judicial-2015

 

Programa Asia Pacífico. (2010). No violencia contra la mujer: Políticas Públicas de Australia y Nueva Zelanda. Chile: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida. (2013). Caracterización de las condiciones de vida de las mujeres con VIH en costa rica: evidencias para la exigibilidad de sus derechos humanos 2011-2012. Recuperado de  http://www.conasida.go.cr/index.php/recursos-de-informacion/documentos/documentos-nacionales

 

                     .      (s.f.).       Estimaciones        sobre       el      VIH       y      el      sida      2015.       Recuperado       de  http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/costarica

 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2004). Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana-ENSECR, San José, Costa Rica.

 

                     . (2005). Encuesta Nacional de Seguridad en Costa Rica, San José, Costa Rica.

 

                     .  (2006). Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, PNUD y Proyecto de Opinión Pública de América Latina-LAPOP, San José, Costa Rica.

 

                     .  (2010). Hacia una Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica-POLSEPAZ, San José, Costa Rica.

 

                     . (2015). Informe Mundial de Desarrollo Humano, Nueva York.

 

Programa Estado de la Nación. (2000). Sexto Informe Estado de la Nación, San José, Costa Rica.

 

                     . (2005). Undécimo Informe Estado de la Nación. Aporte especial "Brechas de equidad entre los géneros: acumulación de retos". San José, Costa Rica.

                     . (2007). Evaluación de Impacto del Sistema nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, San José, Costa Rica.

 

                     . (2010). Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, San José, Costa Rica.

 

                     . (2013). Decimonoveno Informe Estado de la Nación, en Desarrollo Humano Sostenible, San José, Costa Rica.

 

Proyecto de Monitoreo Global (GMMP). (2015). Informe Nacional de Costa Rica, Observatorio de Género y Medios Centroamericano-GEMA, San José, Costa Rica.

Quesada, G. y Salas, R. (2003). Las imágenes de masculinidad y de feminidad que la publicidad televisiva transmite a un grupo de jóvenes de 15 a 25 años, Tesis para optar al grado de Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

 

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. (2015). El continuo de la violencia contra las mujeres. Recuperado de:  http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl.pdf

 

RED-LACTRANS. (2015). Violaciones a los derechos humanos de mujeres trans en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. San José Costa Rica.

 

RedTraSex. (2013). Estudio sobre la Incidencia y la Participación Política de las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. 6 julio 2015, Recuperado de http://www.redtrasex.org/IMG/pdf/costa_rica-estudio_pp.pdf

 

Reglamento de la Ley General sobre VIH-SIDA. Presidencia de la República y Ministerio de Salud, 03 de junio de 1999. Recuperado                               de

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/leyes/reglamentoleysida.pdf

 

República de Ecuador. (2007). Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres.                                            Recuperado                                                http://www.justicia.gob.ec/wp-  content/uploads/2014/08/plan_erradicacionviolencia_ecuador.pdf

 

Rico, Nieves. (1996). Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos, CEPAL: Unidad Mujer Y Desarrollo, Serie Mujer Y Desarrollo, 16, LC/L.957 Santiago, Chile.

 

Rioseco, L. (2005). Buenas prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de América Latina y el Caribe, ONU-CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, Serie Mujer y Desarrollo, Nº 75, Santiago de Chile, Septiembre 2005.

 

Rodríguez, M., Pando, M., Berasategi, M. y Ferrer E. (2014). Meta-análisis sobre estudios de publicidad y comunicación, Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación - BEGIRA, País Vasco, España.

 

Rodríguez, R. (1999). Foucault y la genealogía de los sexos. México: Editorial Anthropos.

 

Rojas, M; Balmaceda, G. y Rojas, A. (2007). Análisis Basado en género: una herramienta metodológica para la planificación en salud. San José, Costa Rica: Imprenta Nacional.

 

Ross Epp, J. y Watkinson. A. M. (Eds.). (1997). Systemic Violence in Education, Nueva York: State University of New York Press.

 

Sagot, M y Guzmán, L. (2004). Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, UCR, Proyecto No. 824-A1-545. San José, Costa Rica.

 

Sagot, M. (1995). "Violencia contra las mujeres: el continuum de la muerte". En: Memoria. Seminario sobre sensibilización de género, leyes y políticas relacionadas con las mujeres. San José: UCR, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Salazar, Z. (2007). Imagen corporal femenina y publicidad en revistas. Revista Ciencias Sociales, 116, 71-85. Recuperado de      http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/11195

 

Secretaría de Estado de la Mujer. Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2006-2016 (PLANEG II). República Dominicana: autora.

 

Secretaría de Políticas para las Mujeres. (2011). Pacto Nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Brasil. Recuperado    de:    http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/pacto-nacional

 

                     . (2015). Informe nacional Brasil. En el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Brasil: Presidencia de la República.

 

Secretaría Presidencial de la Mujer. (2009). Respuesta al cuestionario sobre la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General (2000) para la preparación de las evaluaciones y exámenes regionales que tendrán lugar en 2010 para la conmemoración de Beijing+ 15. Guatemala: autora.

 

Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica. (s.f.). ¿Qué es el ONUSIDA? Recuperado de:  http://www.nacionesunidas.or.cr/programas-conjuntos/onusida/ique-es-el-onusida

 

Sojo,         E.         (s.f.).          Trata           de         personas          en         Costa         Rica.         Recuperado          de  http://ciem.ucr.ac.cr/sites/default/files/74_anlisistrataevasojo.pdf

 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. (2008). Programa de Acción Específico 2007-2012. Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. México: Secretaría de Salud.

 

Torres, L. (2012). Formulación de una propuesta para fortalecer el trabajo de incidencia política de la organización Colectiva por el Derecho a Decidir -CPDD, dirigido a las mujeres lesbianas. Proyecto de Investigación para optar por el grado de Licenciatura en sociología. Universidad de Costa Rica.

 

Trejos, J. (2010). Políticas del mercado de trabajo y pobreza rural en Costa Rica. OIT, CEPAL, FAO, UCR. Recuperado de  www.prdr.org/descargas/seminario.../Pobreza_rural_y_el_mercado_de_trabajo.pptx

 

Tuñez, F. (2004). Violencia entre Lesbianas. Ponencia en la 23ª Jornada de ATEM "25 de Noviembre", 4 de Diciembre de

2004.

 

Unidad de Género, Etnia y Salud. (s.f.). Políticas públicas sobre violencia doméstica. En: Violencia contra las mujeres. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.

 

Unidad de la Mujer e Igualdad de Género. (s.f.). Plan Distrital contra la Violencia hacia la Mujer de Villa El Salvador 2014- 2021. Perú: Municipalidad Villa El Salvador.

 

Unidad de Prevención de Violencia contra la Mujer. (2012). Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar en Chile Noviembre 2012-Diciembre 2013. Chile: Programa Chile Acoge.

 

Universidad   de   Costa   Rica   (2015).   Encuesta   actualidades   2015.   San   José,   Costa   Rica.   Recuperado   de  https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/estadistica-encuesta-actualidades-2015.pdf

 

Varela, N. (2013). Violencia simbólica. Recuperado de http://nuriavarela.com/

 

Vásquez, Y. y Arroyo, L. (2016). La prescripción en los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Costa Rica: UNFPA-INAMU.

 

Velásquez, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto política pública. Desafíos, (20), pp. 149-187.

 

Velzeboer, M. (2003). La violencia contra las mujeres: responde el sector de la salud. Washington, D.C.: OPS. Viceministerio de Paz. (2016). Resultados de la encuesta: Joven, ¿has vivido violencia alguna vez?

Vid, Basil Bernstein. (s.f.). Class, Codes and Control, vol. I, Theoretical Studies Towards a Socioiogy of Language. Londres: R.K.P.

 

Villa, M. y Rivadeneira, L. (1999). El proceso de envejecimiento de la poblacio n en Ame rica Latina y el Caribe: una expresio n de la transicio n demogra fica, Encuentro latinoamericano y caribeño sobre las personas de edad, CEPAL, Santiago.

 

Villarreal, A. (2009). Publicidad televisiva reproduce cautiverios femeninos, Revista ESCENA-SEMIÓTICA, 33 (66), 137- 154, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

 

Villarreal, C. (1996). La menopausia: un proceso de crecimiento (Tesis de Maestría en Estudios de la Mujer). Universidad de Costa Rica/Universidad Nacional, 1996.

 

Ward, J. (s.f.). Módulo de programación sobre el trabajo con el sector salud para abordar la violencia contra las mujeres y niñas. Recuperado de: http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1405612550.pdf

 

Yogyakarta. (2006). Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Yogyakarta, Indonesia.

 

Zúñiga, M. (2000).  Informe de consultoría Preparación y realización del Taller Construcción de Orientaciones para desarrollar acciones de seguimiento y evaluación del PLANOVI.