POLÍTICA NACIONAL
PARA LA ATENCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
2017-2032
Índice de Contenido
I. INTRODUCCION
1.1 Presentación
1.2Estrategia
Metodológica
II. LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO NACIONAL ACTUAL
2.1 Contexto
socio-económico, la situación y condición de las mujeres
2.2 Pobreza,
exclusión y Violencia contra las mujeres: el círculo perverso
2.3 Inseguridad
de las mujeres: ¿percepción o realidad?
2.4 Violencia
simbólica y posmachismo
III. BALANCE DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
IDENTIFICACION DE DESAFIOS
3.1 Legislación
y normativa
3.2
Institucionalidad específica
3.3 Programas y servicios
específicos
3.4 La
perspectiva de las mujeres y de sus organizaciones
3.5 La perspectiva internacional:
balance de cumplimiento de las
Convenciones Internacionales
IV. POLITICA
NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
2017-2032
4.1 Apuesta
estratégica
4.1.1
Poblaciones objetivo
4.1.2 Énfasis
en el cambio cultural, la promoción de una cultura de igualdad, reconocimiento
y respeto a las diferencias y la promoción de conductas alternativas al
machismo y la violencia contra las mujeres.
4.1.3 Escenario priorizado de ejecución y encuentro
inter-institucional e inter-sectorial: Lo local, la comunidad y el municipio.
4.2 Aspiración
de la política
4.3 Enfoques,
principios y características de la política
4.4 Ejes
transversales para su ejecución
4.5 Ejes
estructurales, objetivos y acciones estratégicas
EJE UNO:
Promoción de una cultura no machista
EJE DOS:
Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia
EJE TRES:
Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza
multi- dimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.
EJE CUATRO:
Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no
re-victimización
EJE CINCO:
Prevención, atención integral y no-revictimización frente a la violencia sexual
EJE SEIS:
Prevención del femicidio
4.6 Modelo de
Gestión
4.6.1 El
mandato legal para la coordinación y gestión del PLANOVI 2017- 2032 Acciones
estratégicas para la conducción técnico-política del PLANOVI 2017-2032
4.6.2 Sistema
de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política y sus planes de acción
V. GLOSARIO
VI. REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
I.
INTRODUCCION
1.1 Presentación
El presente documento contiene la "Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra
las Mujeres 2017-2032" consensuada
a nivel interinstitucional e intersectorial, desde un enfoque de derechos
humanos, en concordancia con lo que establece
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (conocida como
Convención de Belém do
Pará).
Con esta Política Nacional 2017-2032 se busca la continuidad del esfuerzo iniciado a mediados
de los años noventa
con la elaboración del primer Plan
Nacional para
la Atención y la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar (PLANOVI: 1994), y el segundo Plan Nacional de Atención
y Prevención de la Violencia
contra las mujeres en las relaciones de pareja y familia como por hostigamiento sexual y violación (PLANOVI Mujer: 2010-2015).
Se cumple también con el mandato incluido en varios
instrumentos de ley donde se obliga al Estado costarricense a: "Promover
políticas públicas, planes, programas, propuestas jurídicas, proyectos o acciones
que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho
humano a vivir libre de violencia" (Convención de Belem do Pará, Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 22, Ley 8688 Creación
del Sistema Nacional para la Atención
y Prevención de la
Violencia contra las Mujeres
y Violencia Intrafamiliar art 2).
El proceso de su diseño y elaboración ha sido coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en seguimiento al mandato legal como ente rector y fiscalizador del cumplimiento de la Convención de Belém do Pará y de las políticas
públicas en los programas
de detección, atención,
prevención e inserción
laboral de las personas
agredidas (Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 21). El proceso ha contado con la participación activa de las instituciones públicas, académicas y sociales
que conforman el Sistema Nacional
para la Atención y la Prevención de
la Violencia
contra las Mujeres (en adelante el SISTEMA).
1.2
Estrategia
metodológica del proceso de elaboración del PLANOVI-2017- 2032
El proceso de elaboración de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres 2017-2032 se caracterizó por ser un proceso
participativo en el cual diferentes actores (instituciones públicas y organizaciones que forman parte del SISTEMA,
personas expertas en la materia
y grupos específicos de población) aportaron sus percepciones y necesidades en la etapa de diagnóstico (análisis de
situación), necesario para la
definición de los ejes estratégicos de la
Política.
Para la construcción del árbol de problemas
de la política se tomaron en cuenta
los siguientes insumos, documentos y resultados de actividades desarrolladas ad hoc para
este fin:
.
Informe Final del Encuentro Nacional
de Mujeres, organizado para conmemorar el Vigésimo Aniversario de la Convención de Belem do Pará en Costa Rica, así como en los Encuentros sectoriales y
regionales preparatorios a esa actividad.
. PLANOVIs I y II.
. Informes
de rendición
de cuentas elaborados por el Área de Violencia del INAMU,
con las representaciones de las instituciones del SISTEMA.
.
Informes del Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW
son sus siglas en inglés) a Costa Rica, informes del Mecanismo
de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (MESECVI)
y otros.
. Informe de la Contraloría sobre el
cumplimiento de la Política
para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)
y de la auditoría cruzada
sobre políticas de igualdad en tres países.
. Auditoría de los servicios
a mujeres afectadas por
la
violencia contra las mujeres (INAMU
2015)
. Taller
con representantes
institucionales ante la Comisión
de Seguimiento del SISTEMA1
1Este taller se
llevó a cabo el 05 de abril
de 2016.
. Talleres
con integrantes de las Redes Locales de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar y representantes de las Oficinas
Regionales del
INAMU2
2En el Anexo 1 se especifican las fechas y
lugares de cada
uno de los talleres regionales.
. Talleres
con Grupos específicos de
población3
3En el Anexo 1 se especifican las fechas y
lugares de los talleres y reuniones
de trabajo con
poblaciones específicas.
. Taller
con mujeres
expertas en materia de
violencia contra las mujeres
. Entrevistas con informantes claves4.
4Por diferentes razones, fuera del control del Equipo Consultor, no se pudo realizar
estas entrevistas en la primera etapa de la consultoría, por
lo que se pospuso esta actividad para la
segunda etapa.
Una primera versión del documento fue desarrollada por un equipo consultor contratado al efecto por el INAMU y
dirigido por
José Manuel Valverde y Ana Cecilia
Escalante.
Colaboraron en la elaboración del documento
de esta política:
Dunia Espinoza (INA), Edda Quirós (Ministerio de Salud), Stephanie Rodríguez (MIDEPLAN), Guillermo Morales (Consejo Persona Joven), Maritza Ortiz Cortés (Ministerio de Justicia
y Paz), Sylvia Mesa (Red Feminista contra la VcM), Ana Carcedo (CEFEMINA),
Kattia Solís y Ana Hidalgo
(INAMU).
II. LA VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES EN EL CONTEXTO
NACIONAL
ACTUAL
La violencia contra las mujeres (VcM) en todas sus manifestaciones, es
estructural con relación a la sociedad
patriarcal y uno de sus principales mecanismos de reproducción y perpetuación. No obstante,
la evolución reciente de las sociedades capitalistas y el crecimiento del conservadurismo político y religioso, caracterizado por un aumento en la desigualdad y la exclusión
social, están colocando a las mujeres
ante riesgos aumentados de violencia
y misoginia que obliga
con mayor fuerza a estudiar,
entender y explicar
algunos rasgos actuales de la VcM en el marco de estos otros factores
de naturaleza estructural para informar a la
política pública.
La antropóloga argentina Rita Laura Segato propone un marco de análisis supranacional para comprender la evolución de la VcM tomando como referencia la realidad de algunos países latinoamericanos donde se evidencia una exacerbación de esta forma de violencia. Su propuesta también es relevante
para comprender algunas características emergentes en Costa Rica, precisamente para tratar de explicar
(íy prevenir!) la VcM en función de dinámicas
socio-económicas y políticas
actuales (sobre todo, como se ha señalado, la desigualdad,
la exclusión y el conservadurismo) y el impacto
que estas tienen en las
relaciones de género.
En opinión de Segato
". estas nuevas formas de violencia
machista son signo de una amplia transformación económica y política, que tiene que ver con el desarrollo de la
economía informal y criminal
y con la creciente pérdida del papel del Estado como monopolista de la violencia. En este marco, el cuerpo de la mujer se convierte en un soporte
en el que se inscriben nuevas
formas de dominio
y de soberanía. es una violencia pública,
sistemática, impersonal, en la que grupos
criminales y corporaciones establecen una forma
de control sobre el territorio que se expresa públicamente a través del sometimiento total del cuerpo de la mujer.Hoy
en día, caudales de capital de gran magnitud son producidos en un territorio oscuro, en lo que yo llamo "de segunda realidad"
porque tienen papeles de control
social como los del Estado,
pero están ocultos y están expandiendo esa esfera paraestatal de control de la vida y lo notamos en la vulnerabilidad creciente de las mujeres. La riqueza tiene un pie en lo lícito y un pie en lo ilícito... Y hay modos de protección de esa riqueza
que no son lícitos.
Estos capitales tienen origen muchas veces en varias formas del crimen organizado, del control de las personas:
el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas para esclavitud, para el trabajo
y para esclavitud sexual
también"5.
5Segato, R. (2017). Entrevista para Contexto
y Acción. Recuperado de: http://ctxt.es/es/20170315/Politica/11576/Feminismo-
Violencia-de-género-Rita-Laura-Segato-La-guerra-contra-las-mujeres-Nuria-Alabao.htm.
Estos nuevos escenarios de la violencia machista
se entrelazan con otros escenarios "tradicionales" como la violencia de pareja, complejizándolos, aumentado el riesgo
para las mujeres y dificultando las salidas que las mujeres pueden
encontrar para construir proyectos
de vida alternativos.
2.1 Contexto socio-económico, la situación y condición de las mujeres
Costa Rica está, en el momento actual, en una gran encrucijada. Por un lado, continúa
disfrutando de una relativa estabilidad económica, social y política,
y muestra avances
significativos en materia
de derechos humanos.
Por otro lado, la postergación de ajustes
productivos, fiscales, ambientales en la política
social y en el sistema
político requeridos
para garantizar
la sostenibilidad
del
desarrollo humano, incrementa
la magnitud de los costos y sacrificios para el bienestar
social y pone en riesgo los altos estándares que han caracterizado al país en el contexto
internacional.
Así, por ejemplo, el desempleo
abierto6 se mantuvo en 8,6% y sigue afectando con mayor intensidad a las personas
pobres, las personas jóvenes, las mujeres y las regiones
periféricas; los ingresos promedio de las familias decrecieron tras cinco años de crecimiento real y hubo un nuevo retroceso en un área en la que, hasta hace poco, se reportaban adelantos: la violencia delictiva. Además, el mercado
laboral es la principal fuente de ingresos
de las familias
y muchas experimentan obstáculos para el ascenso social debido a la baja escolaridad de sus miembros, así como a las pocas opciones
de empleo de calidad, el incumplimiento de garantías
laborales y la informalidad, entre otros. Los esfuerzos del Estado mediante la política social han conseguido atenuar estos malos resultados en cierta medida, sin que se logre compensar todas las debilidades
señaladas7 (PEN, 2016, PP. 31-22).
6Medido con
base en la Encuesta
Nacional de Hogares de 2014 (9,6% si se mide con la Encuesta
Continua de Empleo).
7Por ejemplo, los principales programas financiados por el FODESAF
reducen la pobreza en dos puntos porcentuales.
Desde 1990, el Índice de Desarrollo Humano (IDH)8 de Costa Rica ha ido en aumento. De 1990 al 2000 pasó de 0,652 a 0,704,
y del 2000 al 2010 pasó de 0,704 a 0,750. Para el año 2014 ocupó el 10º lugar en desarrollo humano de 33 países de América
Latina y el Caribe,
con un valor de 0,766; además, ha estado consistentemente entre los países de
"desarrollo humano alto", alcanzando en el 2014 el puesto 69 del total de 187 países. No obstante,
según el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D)9, en el año 2014,
Costa Rica presentó un valor de 0,613, lo que le generó una caída de 11 posiciones con respecto
al IDH, lo que viene a confirmar
la profundización de un desarrollo no equitativo en el país que, como se verá más adelante,
afecta de manera particular a las mujeres10.
8El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso medio conseguido por un país en tres
dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de
una vida larga y saludable, acceso a educación
y nivel de vida digno.
9El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) ajusta el IDH según la desigualdad en la distribución de las dimensiones entre la población. El IDH-D será idéntico
al IDH si no existe desigualdad entre las personas, pero desciende por debajo del IDH a medida que aumenta la desigualdad. En este sentido, el IDH-D es el nivel real de desarrollo humano (considerando su desigualdad), mientras que el IDH puede
considerarse como un índice de desarrollo humano "potencial" (o el nivel máximo del IDH-
D) que podría lograrse de no haber desigualdad.
10En América Latina y el Caribe de los 9 países con desarrollo humano más alto que el costarricense, solamente 2 pierden más posiciones al ajustarse por desigualdad, Panamá pierde 20
lugares y Chile pierde 13.
Ahora bien, el Índice de Desigualdad de Género (IDG)11, refleja la desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado
laboral. El índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones, ya que para el 2014 Costa Rica presentó
un valor de 0,349,
lo que lo ubica en la posición
66 del mundo; es decir 3
puntos menos que el
IDH en ese mismo
año (69)12 (PNUD,
2015).
11Varía entre cero, cuando a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres
les va tan mal como sea posible en todas las dimensiones medidas.
12En América Latina y el Caribe, para este índice Costa Rica ocupa el cuarto lugar, ya que solamente
3 países presentan
mejores posiciones: Bahamas (58), Uruguay (61) y Chile (65).
En un nivel más específico, los indicadores de educación en Costa Rica evidencian mejores niveles de asistencia escolar tanto para niñas como para niños,
lo que
traduce en un acceso a la educación
con equidad de género. Por ejemplo,
la asistencia a la educación
por edades en el año 2014 (INEC, 2014), revela que la brecha
de género (diferencia entre mujeres y hombres),
en las etapas
correspondientes a la educación
preescolar y primaria
es cercana a cero (88,6% y 89,9% para hombres
y mujeres, en edades entre 5 y 6 años, respectivamente y 99,7% y 99,5% para hombres
y mujeres, en edades entre 7 y 12 años, respectivamente). Sin embargo,
en las etapas de secundaria, la brecha entre mujeres y hombres
es mayor en tanto se aprecia
que las mujeres superan en aproximadamente un 2% a los hombres (91,6% y 93,9% para hombres y mujeres entre 13 y 17 años). Con respecto a la educación
universitaria, los niveles de asistencia de las mujeres son mayores que los niveles de los hombres en más de 7% (46,9% para hombres entre 18 y 24 años y 54,4% para mujeres en ese mismo rango de edad). En este aspecto,
concretamente, la situación de las mujeres es muy
favorable.
No obstante, en otros campos, esa situación es notoriamente distinta. Por ejemplo,
a pesar de que se observa un significativo aumento de la tasa de participación de las mujeres
en el mercado laboral, las brechas de participación desfavorables para las mujeres siguen siendo importantes. Se observa
un significativo aumento de la
tasa de participación de las mujeres,
la cual
pasa de 30% en 1990 a un
44,5% en el 2016. Dentro
de las familias, las mujeres han tenido que asumir además del trabajo remunerado, el no remunerado de madres,
esposas, amas de casas, entre otros; provocando una sobrecarga de esfuerzo en perjuicio de su salud física
y mental. Además, los datos reflejan una tendencia al aumento de la jefatura
femenina con respecto a la masculina
desde el año 2000. Según la Encuesta Nacional de Hogares
(INEC, 2015), de los 1.462.135
hogares el 36,2% tenían una jefatura de hogar femenina,
porcentaje que ha ido en ascenso
en el país (INAMU, 2010).
En el campo del empleo, también
persiste la desigualdad entre hombres y mujeres;
las mujeres enfrentan mayores problemas que los hombres para obtener
y mantener un empleo.
En el último
trimestre del 2015 la tasa de desempleo abierto femenina
era 12,5%, mayor que la masculina
(7,8%) y hay un mayor subempleo. Aunado a eso, se debe considerar que las mujeres tienen mayor participación en el subempleo y en el empleo
informal. En Costa Rica para el mismo período
antes mencionado, el 14,5% de las mujeres ocupadas estaban subempleadas (contra sólo un 9,8% en los hombres),
además, un 45,1% de las mujeres
ocupadas contaban con un empleo informal
(contra un 41,7% de los hombres
participando en el sector informal). (INEC, I Trimestre, 2016).
Otro indicador de desigualdad, se observa
cuando se calcula el porcentaje de personas
trabajando de manera independiente y reciben menos del salario mínimo establecido.
En
el último trimestre
del 2015, el 53,1% de las mujeres independientes recibieron una remuneración menor al salario mínimo, versus el 46,3% de los hombres independientes.
Además, en esta población se registran bajos niveles de cobertura de la
seguridad social, en el mismo período antes mencionado, apenas el 27,6% de las mujeres
estaban afiliadas a algún seguro de
salud (contra 54,5% de los hombres que
estaban afiliados).
2.2 Pobreza, exclusión y violencia
contra las mujeres: el círculo perverso
Cuando se analiza la variable pobreza y exclusión es posible
identificar la sobre-representación de las mujeres
en estos segmentos
de la población
(pobreza y pobreza
extrema). Si bien tanto mujeres
como hombres sufren la pobreza, la discriminación de género
significa que las mujeres cuentan con menos recursos
para hacerle frente, producto de las múltiples
discriminaciones históricas. Al 2016 se registran 20.5% de hogares en condición
de pobreza (307.270) y 6.3% en pobreza extrema (95.004). En el primer caso, el
44.5% son hogares
de jefatura femenina y, en el caso de
la pobreza extrema, el 44.3%.13
13ENAHO 2016
La pobreza puede aumentar el riesgo frente a la violencia. Determinados grupos de mujeres, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza y
la exclusión, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse
en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. El matrimonio temprano de las mujeres
generalmente implica embarazos también tempranos y múltiples, la interrupción de los estudios,
el desempleo, subempleo
o empleo informal
y con ello la trasmisión intergeneracional de
la pobreza
para las nuevas generaciones.
Las mujeres y niñas que viven en la pobreza
y la exclusión
son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de personas.
Por otro lado, aquellas
que sufren violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental,
tienen menos opciones de
escapar de este tipo de
relaciones debido a su alto grado de dependencia económica.
No todas las mujeres que sufren violencia son pobres,
aunque sí se ven afectadas por discriminaciones y exclusiones en diferentes escenarios que limitan el ejercicio pleno de
sus
derechos y su
aporte a la sociedad
como sujetas económicas. Por ello es necesario establecer el vínculo
entre VcM y desarrollo. Las estimaciones conservadoras de la productividad desperdiciada debido a la violencia
doméstica van del 1,2% del PIB en Brasil y Tanzania, al 2% del PIB en
Chile, que es casi lo que
la mayoría de los gobiernos gastan
en educación primaria, es decir alrededor del 1,5%. Sin embargo,
esas cifras no incluyen los costos asociados con el
impacto emocional a largo plazo
y con las consecuencias sobre
la segunda generación14.
14Klugman y Morton, (2013).
Por
qué la violencia mantiene a
las mujeres en la pobreza. PNUD. Recuperado de: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/11/04/why-violence-keeps-women-poor- jeni-klugman-and-matthew-morton.html
Debemos agregar que tampoco incluyen el costo económico
y social ocasionado por las otras violencias que sufren
las mujeres en espacios
públicos, privados
y por diferentes agentes.
Tal y como lo establece
el MESECVI
(Mecanismo para el seguimiento de la Convención de Belem do Pará),
la VcM limita la participación
de las mujeres en los ámbitos social, político
y económico lo que representa uno de los desafíos
más serios al desarrollo humano sostenible en las Américas
y se considera
un grave obstáculo para el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. De acuerdo con la OEA (2014), recae sobre la mujer una parte desproporcionada de los problemas
que entraña hacer frente a la pobreza,
la desintegración social, el desempleo, la degradación del medio ambiente y los efectos de la guerra.
Por ello se señala,
que el impacto negativo
de la VcM respecto
del crecimiento económico
y la mitigación de la pobreza, debería estar considerado
entre las principales preocupaciones de los gobiernos.15
15OEA (2014): Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer. Washington, OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.I/II:6:14)
La Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en la cual los Estados aprueban
los objetivos prioritarios y metas comunes
a alcanzar para el 2015,
son contundentes al
establecer que:
. La desigualdad y la violencia
por motivos de género
obstaculizan los esfuerzos de los países por reducir
la pobreza.
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital
humano disponible para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo.
Sin embargo, la violencia basada en el género quebranta sus derechos fundamentales, la estabilidad y la seguridad de la sociedad, la salud pública,
sus oportunidades de educación y de empleo, así como el bienestar
y las perspectivas de desarrollo de la niñez y las comunidades, todos ellos elementos
fundamentales para la consecución de los ODM.
. La violencia contra las mujeres
reduce la productividad y esquilma los presupuestos públicos.
pues supone enormes costos directos
e indirectos para las supervivientes, los empleadores y también
para el sector público, en especial
por gastos relacionados con sanidad, policía, servicios jurídicos, entre otros, así como la pérdida de ingresos
y productividad.
También en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados se comprometen a movilizar
los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables (ONU, 2015):
Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger
los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta
y sus recursos naturales.
Entre los 17 ODS se destaca, en relación
con la violencia contra las mujeres, el Objetivo
5 que apunta hacia
el logro de la igualdad
de género y empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas. Incluye como acciones estratégicas (ONU,
2015):
. Poner fin a todas
las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas
en todo el mundo.
. Eliminar
todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas
la trata y la explotación sexual
y otros tipos de explotación.
. Eliminar todas
las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
De todo lo anterior pareciera deducirse hoy con mayor claridad
y como lección
aprendida de la acción pública,
que erradicar la VcM para amplios
segmentos de la población
femenina está íntimamente relacionada con cambios en el modelo social, político y económico
que atienda de manera prioritaria la pobreza de las mujeres
y coloque entre sus prioridades estatales la disminución de las brechas
de igualdad entre mujeres y hombres.
También que las políticas públicas para la erradicación de la violencia
contra las niñas y las mujeres
debe ser parte no solo de la agenda social de los gobiernos
donde han sido históricamente relegadas, si no transversal
a las políticas económicas y de desarrollo
de mediano
y largo plazo.
2.3 Inseguridad de las mujeres
¿percepción o realidad?
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (PNUD y LAPOP, 2006), en Costa Rica, la preocupación por
la seguridad es una de las principales inquietudes de la
ciudadanía, compitiendo sólo
con temas como el alto costo de la vida y el desempleo. Generalmente la violencia se relaciona
con la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Según los resultados de dicha encuesta,
la seguridad ciudadana es la condición de encontrarse y sentirse
libre de violencia, amenaza de violencia
o despojo intencional por parte de otros.
Mientras que la inseguridad se refiere
a los hechos concretos
de violencia objetiva.
En este sentido
la percepción de inseguridad hace referencia a la sensación
de temor que se relaciona
con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo, generado por la violencia directa o indirecta. En agosto de 2008, el 16,0% de la población costarricense consideraba que la
delincuencia era uno de los problemas principales del
país (PNUD-POLSEPAZ, 2010).
En enero del 2010 esta cifra se incrementa, ya que el 27,0% de la población afirmaba que la inseguridad era el principal problema (PNUD-POLSEPAZ, 2010) y en el 2011, el 67,0% de los y las costarricenses creía que el país cada día era un lugar más inseguro
(Latino barómetro, 1995-2015, p.100).
La Encuesta
Nacional de Seguridad en
Costa Rica, realizada
por el PNUD en el 2004 (PNUD, 2005)
abordó el concepto
de percepción de inseguridad desde cuatro dimensiones: patrimonial, física, emocional y sexual.
Esta encuesta puso en evidencia
que la percepción
de inseguridad está centrada
en el ámbito patrimonial, y menos en lo demás. Las personas que se manifiestan más inseguras son las mujeres,
las personas menores de 24
años, que residen en entornos
urbanos y de estratos socioeconómicos altos.
En el caso de las mujeres
la percepción de inseguridad es objetiva
debido a la experiencia que ellas aún viven en diferentes espacios, públicos y privados,
y en diferentes etapas de la vida. La VcM ha sido siempre el principal
problema de seguridad
que viven las mujeres cuando, desde el ámbito más privado y originario como es la familia y el hogar, las niñas son víctimas
de diversas formas de violencia sexual, testigas de la violencia
doméstica contra sus madres y - en el futuro - potenciales víctimas ellas mismas de esta violencia.
En los espacios públicos como los laborales o callejeros, es la violencia sexual también la principal
forma de agresiones que sufren las
mujeres.
De esta manera
el perfil delincuencial, al desagregarse por sexo,
evidencia un patrón claramente diferenciado para mujeres y para hombres
en casi todos los delitos, principalmente aquellos
contra la vida o la integridad sexual y personal.
Pero este patrón presenta otras complejidades y rasgos adicionales cuando existe una aparentemente creciente territorialización de la violencia
en la cual grupos
de pandillas asociadas a diferentes ilícitos se agrupan en sociedades cerradas y/o asumen el control de espacios específicos del territorio. Preocupa que muchas veces las mujeres quedan atrapadas en estos territorios y/o en relaciones de pareja o familiares donde, además del control individual ejercido por un hombre determinado, se amplía el control sobre las mujeres al colectivo de hombres de la pandilla
o del territorio. Estas actividades de delincuencia organizada, independientemente de su tamaño,
se construyen sobre relaciones jerárquicas autoritarias y, por ende, violentas. Las dinámicas de poder entre los géneros también se agudizan
con mayores niveles de peligro para las mujeres.
Así, la violencia contra las mujeres no tiene solo un eje de relación entre el agresor y la persona
agredida, sino que es una relación entre hombres expresada por el mandato de masculinidad. Es decir, constituye un espectáculo ante los ojos de otros hombres. Por eso las peores violencias, las peores agresiones contra las mujeres pueden ser realizadas
por pandillas de jóvenes,
porque es donde algo tiene que ser demostrado: la capacidad de crueldad
ante los ojos de los otros,
de los pares, lo que la antropóloga Rita Segato (2017)
denomina como la "cofradía
masculina".
Esta realidad se confirma por el aumento de las muertes violentas de mujeres
asociadas a la criminalidad organizada y a las venganzas cobradas en los cuerpos
de las mujeres en la
región Centroamérica incluyendo Costa Rica. En un estudio realizado sobre el femicidio
en Centroamérica se establece que hay un número
importante de mujeres que son las compañeras permanentes u ocasionales de los traficantes y vendedores que, al igual que en otro tipo de redes dedicadas al tráfico de armas o al sicariato, no necesariamente participan directamente de la actividad
delictiva. Estas mujeres no solo viven desigualdades de poder características de una relación
de pareja o sexual con un hombre.
Además, están expuestas a altísimos
riesgos por vivir en un medio en el cual los conflictos se saldan con gran facilidad mediante las armas y los asesinatos. Las parejas de quienes pertenecen a estas mafias son mujeres altamente controladas con cero o nula libertad. Todas las mujeres que se acercan pueden convertirse en testigos
peligrosos que en ocasiones
hay que eliminar.
(Carcedo, 2010, p.24).16
16CEFEMINA (2010): Carcedo,
A.
et
al. No olvidamos
ni aceptamos:
femicidio en Centroamérica 2000-2006. San
José, CEFEMINA/Horizontes de Amistad.
Otro rasgo igualmente preocupante de este mismo estudio es el que establece
como resultado del proceso
de investigación que en todos los países son las mujeres
jóvenes quienes más arriesgan la vida, particularmente
quienes se ubican en
los rangos de 20
y 30
años. (Ibid, p. 55). Esto reafirma
que, además de la pobreza y la exclusión
multidimensional, -o precisamente por ellas- la naturaleza de los vínculos
tempranos que establecen muchas mujeres jóvenes en territorios dominados por este tipo de criminalidad potencia
aún
más los riesgos de
la violencia
y limita sus posibilidades de escape.
En estos contextos la capacidad real del Estado de brindar
protección efectiva se ve limitada
y con ello se acrecienta los sentimientos de impotencia de las mujeres con el riesgo de que el miedo real favorezca
un proceso de re-privatización
de la VcM.
Además de este impacto en las dinámicas de
emparejamiento y/o familiares, la
presencia de la criminalidad que se organiza
alrededor del tráfico
de drogas, personas, animales y de la moderna esclavitud exponen a las mujeres
a otras formas de violencia, que se entrelazan con las ya existentes, con mayores riesgos de letalidad.
Todo lo anterior indica que las políticas públicas frente a la VcM, para ser eficaces,
deberían ubicarse transversalmente, además, en las agendas
nacionales de seguridad
pública con sus vertientes de seguridad
comunitaria y seguridad
preventiva. Asimismo, que las mujeres jóvenes en estos contextos
de exclusión y violencia
organizada deberían ser objeto de
acciones específicas de protección.
2.4 Violencia
simbólica17 y posmachismo18
17Refiere a aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos trasmite
y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Se trata de un término
acuñado por Piere Bourdieu
18Lorente Acosta lo define como "una de las últimas trampas que la cultura patriarcal ha puesto en práctica"
y que lo que busca es mantener
el stau quo de la desigualdad entre los géneros, pero con argumentos que se pretenden igualitarios. Recuperado de: http://desgenerandoelgenero.blogspot.com/2013/08/que-es-el-posmachismo.html
El análisis del contexto nacional estaría incompleto si no se incluye
el marco cultural más amplio donde ocurre la VcM y donde se construyen y re-construyen los discursos que pretenden explicar y dar sentido a esta
problemática.
Tres son los elementos principales a considerar en este análisis.
El tratamiento que dan los medios (en su diversidad, incluyendo las redes sociales) a los hechos de VcM; los contenidos sexistas y machistas
que permean de manera significativa la comunicación social tanto privada como institucional, y la presencia
y reproducción de discursos y prácticas
posmachistas organizadas.
La espectacularidad que caracteriza la VcM encuentra altavoz y es magnificada a través de los medios de comunicación que dan un tratamiento sensacionalista y estereotipado de los hechos de VcM. Al convertir la VcM en un espectáculo mediático se obtienen dos
resultados aparentemente contradictorios. Por una parte, se educa el morbo en la mirada de las otras y otros testigos
de la violencia, mirada cada día más ávida de espectacularidad y en la cual la humanidad
de las personas
mujeres se pierde entre el ruido y
las
imágenes. Simultáneamente, se produce
un extrañamiento que genera parálisis e impotencia frente a hechos
percibidos de tal
magnitud frente a los cuales no
se
encuentra salida
posible.
El mansaje más fuerte y claro es dirigido
a las mujeres
para reafirmar el poderío masculino
y el costo de la indisciplina que implica romper los mandatos de género.
Pero igualmente a los hombres para modelar las conductas que
se
requieren para seguir siendo parte de la "cofradía".
Rita Segato ha acuñado el concepto de pedagogía de la crueldad
y señala a la violencia mediática como el "brazo ideológico de esa estrategia de la crueldad". Desde su punto de vista, no es que el ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que se lo enseña
a despojar, a rapiñar, a usar los cuerpos
hasta que queden solo restos; es una
pedagogía porque ese público está siendo enseñado"19.
19Segato, Rita (s.f.) En los medios
existe una pedagogía de la crueldad. Recuperado de: http://perio.unlp.edu.ar/node/4602
Complementariamente, el mainstream de la comunicación social nacional (representada por los medios privados
y públicos de comunicación y por instituciones referentes como son las instituciones religiosas) no proyecta
ni difunde mensajes alternativos que busquen reconstruir el tejido social que la violencia
ha roto. No se reconocen
entre los valores que promueven el de la igualdad, la solidaridad, la empatía, el bienestar común, el diálogo, la negociación, reconocimiento de las diversidades de construcción de género como estrategias para potenciar
convivencias sociales más constructivas y con sentido
de futuro.
Si bien la comunicación no es homogénea
ni unidireccional ni unimodal y existen
corrientes alternativas que buscan
construir espacios desde un posicionamiento contracultural, de respeto a
los derechos humanos
y la búsqueda del progreso
colectivo, no es posible
desestimar la influencia mayoritaria que la comunicación oficial mantiene. Especialmente porque estas prácticas alternativas de convivencia social que la población ensaya desde sus comunidades o grupos
diversos no encuentran espacio en los medios
de comunicación, son proyectados como
excepción y no se invierten recursos
en potenciarlos.
Además de la violencia
mediática, está la continuidad y reiteración de los mensajes
y discursos sexistas que abarrotan los medios y la publicidad. Prevalecen los estereotipos de género relacionados con el rol de las mujeres
en las relaciones de pareja y en la
sociedad en general, que perpetúan su vulnerabilidad
y justifican la violencia (ENPEDEMU, 2013). Perdura la objetivación sexual de las mujeres
en los medios
de comunicación y la publicidad, como una de las agencias de socialización con más resistencia social al cambio y como reproductores sociales de la violencia
contra las mujeres, además se resiente
la ausencia de regulaciones efectivas de
la comunicación
social, la publicidad
y de los espectáculos públicos.
La cotidianeidad de estos mensajes, la lentitud y relativa
volatilidad que caracterizan los cambios culturales, además de su tendencia a volver siempre al estado de cosas anterior, convierten a la violencia
mediática y simbólica
en los retos más complejos frente
a la tarea de erradicar la VcM.
En este marco de
dominio simbólico, importante
también analizar la categoría "micro
machismos", acuñada por Luis Bonino, y que refiere
a formas de comportamiento masculino que en apariencia no tienen las dimensiones tan fuertes del machismo
tradicional, pero que en el fondo
mantienen la desigualdad y encubren
las relaciones de poder de dominio.
Desde los micromachismos, los hombres pueden mantener un discurso que
en apariencia respeta
los derechos de
las
mujeres, su acceso al
trabajo y a la educación.
Bonino expresa:
"Actualmente la mayoría
de los varones ya no ejercen
un machismo puro y duro, ni siquiera especialmente dominantes con las mujeres, al menos en el mundo desarrollado. (.) Los micromachismos son actitudes de dominación "suave" o de "bajísima intensidad", formas y modos larvados
y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana (.) trucos, tretas
y trampas más frecuentes que los varones
utilizan actualmente para ejercer su "autoridad" sobre las mujeres (.) Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales y corporales incorporados y automatizados en el proceso de "hacerse
hombres", como hábitos
de funcionamiento frente a las mujeres." (Bonino citado en INAMU / WEM 2016, pp. 1)20
20Luis Bonino, (2004) Los micromachismos, en Revista
Las Cibeles No. 2. Madrid:
Publicación del Ayuntamiento, 2004
Por su parte, Marina Castaneda se refiere al mismo fenómeno con el nombre de "machismo invisible". Para esta autora, el machismo
no significa necesariamente que el hombre ejerza
violencia física o emocional
hacia la mujer. El machismo es una forma de comportarse y de pensar que se expresa
en actitudes hacia las mujeres, hacia
los
demás hombres, los niños, los subordinados.
"Puede manifestarse sólo con la mirada, los gestos o la falta de atención. Pero la persona que está del otro lado lo percibe con toda claridad y se siente disminuida, retada o ignorada. No hubo violencia, regaño ni disputa; pero se estableció, como por arte de magia, una relación desigual
en la que alguien quedó arriba y alguien abajo." (Castaneda citada en INAMU/WEM
2016 pp. 19)21
21Marina Castaneda (2002), El machismo invisible. México: Ed. Grijalbo, 2002
Esta autora coincide con Bonino que quizás las formas más extremas de machismo,
aunque se sigan presentando, son formas
que reciben una censura social. Pero no han desaparecido, ahora se han vuelto más sutiles, sigue presente en todos los aspectos
de la vida cotidiana
de hombres y mujeres. Se expresa en el lenguaje,
en los "pequeños" privilegios masculinos, en los gestos, en las formas de comunicación en la familia
y en la pareja, hasta en detalles:
todo ello encierra
un juego de poder que reproduce
la dominación, pero esta vez,
invisible o poco perceptible.
Los micromachismos se articulan con la violencia
simbólica, originando un nuevo fenómeno, el de la dominación invisible. Estas formas de machismo que aparecen tan en "automático" y nadie las nota,
deben de hacerse
visibles en los procesos
de sensibilización y capacitación que se lleven a cabo con los hombres en las políticas
de masculinidad. Los hombres
deben reconocer el uso cotidiano
que hacen de los micromachismos y dilucidar
como éstos mantienen la desigualdad y la discriminación. (INAMU/WEM 2016)22
22INAMU/ WEM (2016): Informe de consultoría: Promoción de Masculinidades Positivas e Igualitarias para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
A lo anterior se ha agregado en los últimos
años la presencia más o menos organizada
y sistemática de grupos
de personas, mayoritariamente hombres, que consciente y activamente adversan las políticas de igualdad
entre mujeres y hombres. Si bien su representación
es limitada,
el asocio con personas
y medios de comunicación social
en posiciones de
poder o de mayor proyección
comunicacional favorecen
y multiplican el impacto
de sus mensajes.
Este tipo de agrupamientos que
han surgido en diferentes partes del mundo
como reacción y rearticulación del patriarcado frente al avance de las mujeres, es lo que el experto español Miguel Lorente
ha denomino estrategia pos-machista haciendo referencia a que mantiene
la misma esencia del discurso
machista y sexista,
pero renovado con una apropiación
tendenciosa de algunos
postulados de
género y del feminismo.
Esta estrategia pretende que continúen las mismas referencias tradicionales y para ello busca generar
confusión y desorientación en la población
respecto de la VcM, porque esa desorientación se traduce en duda y la duda
en una distancia,
que lleva a que la gente no se posicione respecto al tema en cuestión.
A su vez esta
distancia se convierte
en pasividad y la
pasividad en que todo continúe tal y como está. Es decir, bajo las referencias de la desigualdad.23
23Idem.
Además del impacto simbólico, de la confusión
y duda que estas agrupaciones han querido
propiciar en el país, su activismo
anuncia riesgos potenciales a conquistas fundamentales de las mujeres mediante
propuestas de reformas
de ley regresivas en materia
de derechos humanos,
cierres de programas,
servicios e instituciones públicas especialmente las que promueven la igualdad y la no discriminación y el posicionamiento
de una agenda y un discurso tradicional y conservador.
Es indudable
que la violencia simbólica y, dentro de ella, la violencia mediática - y la estrategia posmachista - no solo refuerzan la cultura patriarcal y la perpetuación de la VcM, sino que constituyen otra forma de violencia
contra las mujeres, que debe reconocerse como tal
para actuar desde su especificidad.
El reto en este campo no se puede limitar,
sin embargo, a la denuncia.
Hay un reto mayor y mucho más complejo:
es un
reto educativo, formativo, continuado y de largo plazo en
valores, actitudes y comportamientos
-
una pedagogía
de
la
solidaridad humana y de la empatía
-
que posibilite
la re-construcción del tejido
social sobre la base de un nuevo contrato social basado en la igualdad
y el respeto de la persona humana, sin discriminaciones. Lo anterior al tiempo que se promueve
la educación crítica que posibilite la identificación y el cuestionamiento de los discursos
machistas y neomachistas, que inevitablemente
surgen y resurgen como
parte del proceso dinámico
de producción de la cultura.
III.
BALANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA VCM. IDENTIFICACIÓN DEESAFÍOS
En
el transcurso de los últimos años se han producido
avances concretos en la política
pública costarricense que evidencian el reconocimiento por parte del Estado
de la VcM como una violación fundamental de derechos
humanos.
No obstante, y como se ha señalado en apartados
anteriores, persisten aún importantes desafíos frente a la necesidad
del Estado y de la sociedad
en su conjunto de avanzar
hacia una respuesta más estructural que permita no solamente continuar fortaleciendo los mecanismos de protección de las mujeres, sino generar
cambios profundos en el orden de
lo
cultural.
A continuación, se presenta
un resumen de esos avances y desafíos.
3.1 Legislación
y normativa
Ratificación de Convenciones
Internacionales
Entre los principales referentes internacionales ratificados por Costa Rica en relación con la violencia
hacia las mujeres y los derechos
humanos de las mujeres,
cabe destacar, entre otras24: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer-CEDAW (1979)25, la Declaración de Viena (ONU, 1993), y La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres conocida como "Convención de Belem do
Pará (1994)26, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 1995)27, la Declaración de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000)28; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible29, así como las recomendaciones dadas al país al presentar los informes de cumplimento de las responsabilidades que conllevan estos instrumentos. (Para más detalle
sobre el marco normativo
internacional vigente ver
Anexo 1).
24Ver Anexo 4: Tabla con instrumentos internacionales vinculados a la VCM.
25Aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y entró en vigor en 1981. Ratificada por Costa Rica: Ley Nº 6968, de 1984. Conocida
como CEDAW por sus siglas en inglés.
26Adoptada por la OEA, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de
sesiones de la Asamblea General. Ratificada por Costa Rica: Ley Nº7499, de 1995.
27Adoptada en 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China. Costa Rica ratificó (sin reservas)
la Plataforma de Acción de Beijing
en 1995.
28Adoptada en la Cumbre
del Milenio, en Nueva York, en 2000.
29Adoptada por la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre 2015.
Legislación Nacional
Durante los años 90, Costa Rica logró avances significativos en cuanto a la creación o reformulación de instrumentos jurídicos para asegurar una vida sin violencia
a las mujeres, reducir
las brechas de género y promover
la igualdad social de las mujeres. El balance de esta década
- desde el componente formal normativo - fue positivo,
ya que se reformaron o aprobaron
cerca de 21 leyes en áreas claves30, siendo una de las principales la Ley
Nº 7586 Contra la Violencia Doméstica-1996.
30Ver Anexo 2: Tabla con instrumentos nacionales vinculados a la VCM.
Luego de una época de rápidos avances,
a partir del año 2002
y hasta la actualidad, se
ha
dado una situación
de estancamiento en la generación de nuevas leyes,
reflejo de la falta de consenso que se ha dado en el Poder
Legislativo para aprobar leyes o reformas
consideradas urgentes. El cierre de brechas de género se volvió más lento y costoso,
con logros apenas marginales en comparación con los vertiginosos cambios de la década previa. Esto ocurre en un contexto nacional en el que existen problemas estructurales importantes tales como: la agudización de la pobreza de las mujeres,
la falta de reconocimiento del trabajo
femenino, desfavorables condiciones de inserción
laboral y segmentación del mercado trabajo, al igual que el tenaz arraigo
de situaciones discriminatorias en asuntos
relativos a la educación
como la segregación de matrícula
en formación profesional; la violencia en contra de las mujeres;
los rezagos institucionales y la escasez de recursos asignados a la
ejecución de políticas públicas
específicas (INAMU,
2007).
Este lapso de no aprobación de legislación ha sido motivo para que el Comité de la ONU, que vigila
la aplicación de la CEDAW, haya expresado
preocupaciones y llamados
de atención al país (CEDAW, 2005). Estos llamados de atención
se refieren a problemas persistentes y dificultades crecientes que está teniendo el Estado
costarricense para concretar la promesa democrática ampliada en los noventa hacia diversos sectores sociales, entre
ellos las mujeres, así como
las
dificultades de
la
sociedad costarricense para superar el peso de una tradición
de asimetrías, desafueros y violencia
en contra de la mitad de su población, la femenina.
(Programa Estado de la Nación,
2005).
Después de un largo período de incidencia política por parte de los movimientos de mujeres y feministas, finalmente se aprobó
la Ley Nº 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres-200731, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas
de violencia y sancionar las formas de violencia
física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica
discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación
de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley Nº 6968, de 2 de octubre de 1984) así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995).
31El 25 de abril del 2007, se aprueba
la Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se
adiciona un inc. d) al art. 239 del Código Procesal Penal y se modifica el párrafo
final del art. 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica; publicada en La Gaceta
No103, 25 de abril
de 2007. El 25 de marzo del 2011, se aprueba la Ley Nº 8929 Modificación de los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; publicada en La Gaceta
Nº 60. Estos artículos
habían sido declarados inconstitucionales por parte de la Sala IV-Constitucional.
En el 2008, se creó el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia
contra las Mujeres-2008, por medio de la Ley Nº 8688, como instancia
de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto
Nacional de las Mujeres,
los Ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia,
para promover políticas públicas que garanticen la atención integral de las personas
afectadas por violencia contra las mujeres y violencia
intrafamiliar, permitiendo mejorar su situación, su recuperación y la construcción de un nuevo proyecto
de vida.
En el 2009, se aprobó
la Ley de protección a víctimas,
testigos y demás sujetos
intervinientes en el proceso penal,
reformas y adición al Código Procesal Penal
y al Código Penal-2009, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas,
testigos y otros sujetos
intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de
protección extraprocesales y su procedimiento.
En el 2012, se aprobó la Ley No. 9095 Contra la Trata de Personas y Creación
de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes y la Trata de Personas-2012, con los siguientes fines: promover
políticas públicas
para el combate
integral de la trata de personas;
propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata de personas y sus actividades conexas; definir
un marco específico y complementario de protección y asistencia
a las víctimas de
trata de personas y sus dependientes; impulsar y facilitar la cooperación nacional
e internacional en el tema de
la trata de personas.
En el año 2016 fue aprobada
la Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (conocida como Ley de relaciones impropias). La Ley 9406, es una reforma
a los artículos
159 Y 161 del Código Penal (Ley N° 4573 de 4 de Mayo de 1970, y sus reformas); Del Código De Familia (Ley N° 5476, reforma de 21 de diciembre
de 1973, y sus reformas) los Incisos 4) y 7) del Artículo
14, los primeros párrafos de los artículos
64 y 148 y los incisos a), c) y d) del artículo 158 y derogatoria de los Incisos 1) y 3) del artículo 16, los artículos
21, 22, el Inciso 2) del artículo 28, los artículos 36 y 38; y derogatoria del inciso 1) del artículo 39 del Código Civil (Ley N° 63, de 28 de setiembre de 1887, y sus reformas); y reforma del artículo
89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil (N° 3504, de 10 de mayo de 1965, y sus reformas). Con esta reforma se logra establecer un límite de edad a partir del cual se considera
que las relaciones sexuales de personas adultas con personas
menores de edad constituyen delito. Además, la ley prohíbe
el matrimonio con
personas menores
de edad.
Se penaliza con cárcel de hasta 6 años a quien tenga relaciones sexuales con una persona mayor de trece años y
menor de 15, cuando entre ambos -autor y víctima-
haya una diferencia de edad de 5 años o más. La pena de cárcel es de hasta 3 años si la persona
mayor de edad tiene relaciones con personas
mayores de 15 años y menores
de 18 años, cuando la diferencia de edad entre ambos -autor y víctima-es de 7 años o más. La pena de cárcel es de 4 a 10 años, cuando
el autor de las relaciones sexuales tiene con respecto a la víctima
menor de edad condición de familiar,
tutor, amigo o autoridad, sin necesidad de que medie una relación
de parentesco entre ambos y siempre
que no constituya el delito de
violación.
Además de leyes y decretos, en estas dos décadas se ha emitido
un
amplio catálogo
de normas, directrices y protocolos de parte de las 22 instituciones que componen el Sistema
Nacional VcM con el objetivo
de regular y poner en consonancia las prácticas institucionales sobre el marco jurídico
internacional y nacional.
(Para un registro de todos estos instrumentos de
política institucional ver Anexo
3).
3.2
Institucionalidad específica
La violencia
contra la mujer, y más específicamente la violencia intrafamiliar, fue un problema
socialmente invisibilizado por la sociedad costarricense y minimizado por las
instituciones públicas, hasta inicios de los años ochenta, cuando algunas
organizaciones de mujeres32 empezaron a denunciar públicamente la
violencia doméstica y su impacto en vida de las mujeres (PLANOVI 2010-2015, p.
32).
32CEFEMINA, Alianza de Mujeres,
Fundación Ser y Crecer, Colectivo Pancha Carrasco.
En la década de los noventa, con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad
Social de la Mujer (PIEG,
1990), surgen algunas
respuestas institucionales a esta problemática, no obstante, de una manera
desarticulada. No es sino
hasta en el año 1994 que se lleva a
cabo el primer esfuerzo
nacional para articular una respuesta de atención
a esta problemática, que consistió en la elaboración del Plan de Atención
de la Violencia
Intrafamiliar para el
Sector Salud. Este
plan
fue construido interinstitucionalmente y contempló la participación y los aportes
de las organizaciones de mujeres. Ese mismo año (1994), el Centro
Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia
(actual Instituto Nacional de las Mujeres),
coordinó el proceso de formulación
del Primer Plan
Nacional de Prevención y Atención
de la Violencia Intrafamiliar y
Abuso Sexual Extra familiar: 1996-1998 (PLANOVI), con la participación de diferentes instituciones del Estado y Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
La ejecución
de este Plan dio inicio
en el año 1995 y es incluido como una de las acciones
sustantivas en el Decreto No. 22664 de febrero
de 1998, que crea el Sistema Nacional para
la
Atención y la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
El ámbito
de atención de este primer plan fue la violencia
física, psicológica, sexual y patrimonial en el ámbito intrafamiliar y al abuso sexual extra familiar.
En el año 1999 se elaboró
un segundo PLANOVI, nombrado como Plan Nacional
de Prevención y Atención de la Violencia
contra las Mujeres en las Relaciones
de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violación, conocido como PLANOVI-MUJER 2000-2004.
En el año 2010,
se formula el tercer PLANOVI-MUJER que abarcó los años 2010-2015. Al haberse
vencido ya su periodo de ejecución, el INAMU dio inicio al proceso de elaboración del cuarto PLANOVI,
el cual comprenderá los años 2017-2032.
Como ya ha sido indicado, la respuesta institucional al problema de la violencia contra las mujeres se vio fortalecida con la creación,
mediante Decreto Ejecutivo No. 26664 (1998),
del Sistema Nacional
para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar". Una década
después (2008) de creado
el SISTEMA, la existencia del mismo se consolida
aún más con la aprobación de la Ley No. 8688, bajo el título Creación del Sistema Nacional
para la Atención y la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres y la Violencia
Intrafamiliar.
De acuerdo
con esta Ley (art.
2), los objetivos del
SISTEMA son:
.
Promover políticas públicas
que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley Nº 7499, Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la
Mujer "Convención Belem Do Para", de
2 de mayo de 1995 (.).
. Brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un
nuevo proyecto de vida.
El SISTEMA se estructuró en dos niveles. Un nivel, sectorial/intersectorial, en el cual participan todas las instituciones integrantes del SISTEMA,
así como las organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad
civil. Otro nivel, el territorial, conformado por redes locales en donde participan