Artículo 2. Alcance

Esta normativa será de aplicación obligatoria para las entidades reguladas a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983.

Artículo 3. Definiciones

Entidades colectivas con representación: Organizaciones de carácter gremial, profesional, ocupacional o representativa de intereses colectivos, creadas o constituidas por disposiciones legales o con arreglo en ellas, con personalidad jurídica y capacidad para actuar, y que son dirigidas o administradas por órganos de dirección o administración, designados y organizados según sus propias disposiciones estatutarias o reglamentarias.

Formulario oficial: Formularios que pueden ser ubicados en la ventanilla electrónica de servicios de la Superintendencia de Pensiones, relativos a los trámites de aprobación de comisiones y bonificaciones.

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.

CONASSIF: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

FCL: Fondo de Capitalización Laboral.

Ley 7523: Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias.

Ley 7983: Ley de Protección al Trabajador.

Operadora: Operadora de Pensiones Complementarias.

RAF: Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas, el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario, previstos en la Ley de Protección al Trabajador.

RVPC: Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias.

Superintendente: Superintendente de Pensiones.

SUPEN: Superintendencia de Pensiones.

Capítulo II. Procedimiento general para las solicitudes de autorización o aprobación

Artículo 4. Presentación de la Solicitud.

Toda solicitud de aprobación o autorización deberá:

1. Presentarse por escrito ante la SUPEN, ya sea en soporte físico o digital.

2. Encontrarse firmada por quien ejerza la representación legal de la entidad que presenta la solicitud. Lo anterior se acreditará con base en la información suministrada por la propia entidad, según las bases de datos implementadas para tales efectos por la Superintendencia.

La firma del representante de la entidad deberá venir autenticada, excepto que se trate de una solicitud que se presente en formato digital, en cuyo caso bastará con que cuente con una firma digital certificada.

3. Indicar una dirección de correo electrónico para atender comunicaciones, sin perjuicio de los que, en forma permanente, deben mantener las entidades supervisadas ante la Superintendencia para atender sus comunicaciones de forma oficial.

Una solicitud podrá referirse a uno o varios actos sujetos a autorización o aprobación, en cuyo caso los documentos comunes a dichas solicitudes podrán presentarse una sola vez.

Artículo 5. Comunicación de los actos

Los actos dictados durante la tramitación de una solicitud deberán comunicarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227 y en la, Ley de Notificaciones Judiciales, Ley 8687.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral 3 del artículo anterior, las entidades deberán mantener actualizada ante la Superintendencia, por los medios que esta disponga, la información de sus personeros y representantes legales, así como la de sus domicilios sociales y las direcciones oficiales de sus correos electrónicos.

Artículo 6. Plazos para resolver las solicitudes

Las solicitudes de autorización y aprobación deberán resolverse en los plazos establecidos a tal efecto en la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, a partir de la fecha de cumplimiento de la totalidad de la documentación. La Superintendencia contará con un plazo de diez días hábiles para verificar el cumplimiento de la presentación de toda la documentación requerida, así como de sus formalidades y las correspondientes a la propia solicitud.

De no cumplir el solicitante con los requisitos de admisibilidad de la solicitud, la Superintendencia procederá a concederle un plazo por hasta diez días hábiles para que complete lo que corresponda. La Superintendencia, excepcionalmente, podrá conceder prórrogas, hasta por un plazo de diez días hábiles adicionales, a solicitud de parte, siempre y cuando la solicitud de prórroga se encuentre debidamente justificada y se realice dentro del plazo originalmente concedido.

Artículo 7. Corrección o aclaración de la solicitud

Dentro del plazo de resolución, en caso de ser necesario para el dictado del acto final, la Superintendencia podrá requerir al solicitante la corrección o aclaración de la solicitud, siempre y cuando no establezca nuevos requisitos.

El solicitante debe presentar a la Superintendencia las aclaraciones o correcciones requeridas dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

En caso de que tales requerimientos no sean atendidos, la Superintendencia deberá proceder con el dictado del acto final, considerando los elementos de valoración que tenga a su disposición en ese momento.

Artículo 8. Plazo para la presentación de solicitudes de aprobación

Los actos o contratos establecidos en este reglamento que requieran aprobación deberán presentarse a la Superintendencia en los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su emisión o suscripción. La SUPEN procederá a rechazar cualquier solicitud de aprobación de actos o contratos que excedan dicho plazo.

Artículo 9. Vigencia de los documentos

La fecha de emisión de los documentos que acompañen la solicitud no puede ser mayor a tres meses. Para efectos de este reglamento la información financiera auditada tendrá una vigencia de un año a partir de su fecha de corte.

En la solicitud deberá declararse, bajo juramento, que lo consignado en los documentos no ha sufrido modificaciones desde su fecha de expedición y hasta su fecha de presentación.

Artículo 10. Vigencia de las autorizaciones y aprobaciones

Los planes aprobados, así como los productos o servicios que se autoricen, quedarán sin efecto alguno, de pleno derecho, si después de los seis meses posteriores a su aprobación u autorización, no son comercializados, sin perjuicio de que la entidad interesada realice una solicitud para obtenerlas nuevamente.

A solicitud del interesado podrá prorrogarse el plazo indicado en el párrafo anterior por un periodo igual, siempre y cuando la solicitud se encuentre debidamente justificada y se presente antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 11. Documentos emitidos en el extranjero

Los documentos expedidos en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados, según corresponda.

Tratándose de documentos redactados en un idioma diferente al español, deberá adjuntarse una traducción realizada por un traductor oficial.

Artículo 12. Rechazo de la solicitud de autorización o aprobación por la forma

Cualquiera de las siguientes situaciones, conllevará al rechazo de la solicitud de autorización o aprobación por la forma:

a) Cuando habiendo sido prevenido, según lo dispuesto en el artículo 7 de este Reglamento, no se complete la documentación faltante o no se subsanen los aspectos requeridos en la

prevención.

b) Cuando la información presentada difiera respecto de la información obtenida de fuentes oficiales por parte de la Superintendencia.

Artículo 13. Modificaciones a las solicitudes de autorización o aprobación

Todo cambio relativo al acto que se pretende autorizar o aprobar que, con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes del dictado del acto final, realicen los solicitantes, deberá ser comunicado a la Superintendencia, junto con la documentación pertinente. En estos casos la Superintendencia cursará el trámite como una nueva solicitud, corriendo nuevamente los plazos previstos en este reglamento.

Artículo 14. Coordinación con otros supervisores y órganos de fiscalización para el trámite de solicitudes

Cuando la solicitud involucre a entidades, o conglomerados y grupos financieros supervisados por distintos supervisores del sistema financiero nacional, la SUPEN, como supervisor responsable del trámite de aprobación o autorización, deberá coordinar con los otros supervisores, el CONASSIF, órganos de fiscalización, y cualquier otro órgano u entidad pública que deba pronunciarse en relación con la aprobación o autorización solicitada, de manera que el interesado realice un solo trámite ante la Superintendencia.

En caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos de forma y no existan aspectos que deban ser prevenidos, el plazo para el dictado del acto final empezará a correr una vez que las instituciones involucradas se pronuncien sobre las autorizaciones o aprobaciones solicitadas a la SUPEN.

Artículo 15. Descripción de Anexos

Los requisitos correspondientes a los actos sujetos a autorización y a aprobación se detallan en los siguientes anexos, los cuales son parte integral de este Reglamento.

ANEXO I. Autorización de la apertura y funcionamiento de operadoras de pensiones y de capitalización laboral.

ANEXO II. Autorización de cooperativas de ahorro y crédito para administrar fondos de capitalización laboral.

ANEXO III. Requisitos para la autorización de Asociaciones Solidaristas para administrar fondos de capitalización laboral.

ANEXO IV. Autorización de funcionamiento.

ANEXO V. Planes de pensión y de ahorro voluntario

ANEXO VI. Contratación de servicios de administración con las operadoras de pensiones y la administración de fondos creados por leyes especiales.

ANEXO VII. Fusión de Operadoras de Pensiones Complementarias y de Fondos Administrados.

ANEXO VIII. Cambios de control accionario y modificación de estatutos de las Entidades Autorizadas.

ANEXO IX. Autorización para que el Oficial de Cumplimiento, titular y adjunto, laboren a tiempo parcial.

ANEXO X. Acreditación de Agentes Promotores de Ventas.

ANEXO XI. Aprobación y modificación de la estructura de comisiones de administración y la aprobación de los esquemas de bonificación de comisiones.

ANEXO XII. Aprobación de Contratos.

ANEXO XIII. Aprobaciones Establecidas en la Reforma Integral del Sistema de Pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley 7531

ANEXO XIV. Aprobación del Reglamento General del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

ANEXO XV. Aprobación de otros medios para la recepción de solicitudes de retiro del FCL.

Anexo I

Autorización de la apertura y funcionamiento de operadoras de pensiones y de

capitalización laboral

Los requisitos y documentación mínima requerida para la autorización de apertura de una operadora de planes de pensiones y las operadoras de fondos de capitalización laboral son:

1. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 4 de este Reglamento, deberá remitirse oficio de solicitud de autorización para constituir la nueva entidad firmada por los socios que figuren en el proyecto de escritura que se remita para autorización. Las firmas deberán ser autenticadas debiendo indicar una dirección exacta y un correo electrónico para atender notificaciones.

2. Si quien presenta la solicitud lo hace en ejercicio de un poder otorgado por los solicitantes, éste deberá ser otorgado ante notario público. La representación se demostrará mediante certificación notarial o del Registro Nacional, tratándose de poderes inscritos, o del testimonio de la escritura donde se otorgó el mandato, tratándose de poderes especiales.

3. La razón social deberá incluir las expresiones "Operadora de Pensiones Complementarias, S.A." pudiendo abreviarse en "OPC S.A." o bien "Operadora de Fondos de Capitalización Laboral S.A." pudiendo abreviarse en "OFCL S.A.", según corresponda. El uso de dichas denominaciones se encuentra reservado únicamente para las entidades que autorice la SUPEN para el ejercicio de estas actividades.

4. Un cronograma para la atención de los requerimientos establecidos en la normativa aprobada por el CONASSIF y los acuerdos emitidos por el Superintendente de Pensiones, relativos a gobierno corporativo, riesgos, gestión de activos, tecnologías de la información y la normativa sobre apertura y funcionamiento.

5. Un estudio que contenga la formulación del proyecto y evaluación de su factibilidad. El estudio de evaluación de factibilidad deberá como mínimo contener:

5.1 Proyecciones financieras para los siguientes tres años, que incluyan escenarios base y alternativos. Deberán remitirse en soporte papel y digital de manera que puedan replicarse dichas proyecciones.

5.2 Estructura financiera, administrativa y de control interno, incluido lo indicado en el punto 4. anterior.

5.3 Descripción de los principales procesos y procedimientos de trabajo aplicables.

Los profesionales a cargo del estudio de factibilidad deberán estar inscritos ante el colegio profesional respetivo.

6. El proyecto de escritura constitutiva de la sociedad, el cual deberá ajustarse al capital y objeto social autorizado, según la Ley de Protección al Trabajador.

7. Una lista de los socios, miembros de la junta directiva o consejo de administración, el gerente general y el auditor interno, adjuntando respecto de ellos los documentos e información que se detalla a continuación:

7.1 Cuando los socios sean personas jurídicas:

a. Certificación de personería jurídica, emitida por el Registro Nacional o su homólogo extranjero, debidamente legalizados o apostillados, según corresponda.

b. Certificación de los estatutos vigentes y de la cédula de persona jurídica; o documentos equivalentes expedidos por la autoridad competente, debidamente legalizados o apostillados, según corresponda, en el caso de personas jurídicas extranjeras.

c. Un detalle de los accionistas, que contenga el nombre completo, domicilio social y número de cédula de identidad o cédula jurídica, según corresponda, de las personas físicas y jurídicas. El Superintendente podrá eximir de este requisito a sociedades inscritas en una bolsa de valores del exterior, así como a las asociaciones cooperativas u otras organizaciones similares.

d. Tratándose de socios que sean personas jurídicas, deberá aportarse una certificación notarial que acredite toda la cadena de propiedad accionaria hasta el último socio o socios personas físicas, número de cédula de identidad (o pasaporte), calidades y su participación en el capital social.

e. Destacar los casos en que tengan participación accionaria del cinco por ciento (5%) o superior en empresas con acciones inscritas en una bolsa de valores. Para cumplir con este requisito, el representante legal de la persona jurídica deberá emitir una declaración jurada ante notario público, indicando que su representada no tiene la participación citada o bien mencionar los casos en que la tiene, según corresponda.

f. Respecto a las personas jurídicas que vayan a tener una participación accionaria superior al cinco por ciento (5%) del capital social de la operadora, el balance de situación y estado de resultados, expresados en moneda nacional, al cierre fiscal inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud, por un auditor externo o por una firma debidamente inscrita en el Registro de Auditores Elegible del Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores. Si los estados financieros y el dictamen se emiten en el extranjero, deberá elaborarlos un profesional con título equivalente al que ostentan los contadores públicos autorizados en Costa Rica, y se expresarán en la moneda respectiva, indicando el tipo de cambio para la conversión correspondiente.

g. Certificación o constancia de depósito del capital social suscrito y pagado.

7.2 Cuando los socios sean personas físicas:

a. Nombre, número de cédula de identidad, de residencia o número de pasaporte, según corresponda, ocupación y dirección exacta.

b. Indicar los casos en que el socio o sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, tengan participación accionaria del 5% o superior en empresas con acciones inscritas en una bolsa de valores. Para cumplir con este requisito, el socio deberá emitir una declaración jurada ante notario público, indicando que no tiene la participación citada o que sí la tiene, señalando, en este último caso, el porcentaje y la empresa, según corresponda.

c. No procederá la autorización de la constitución de una operadora cuando alguno de sus socios, persona física, se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

i. Durante los últimos cuatro años, haya sido miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general o subgerente general, de una sociedad, de cualquier país, cuya quiebra haya sido declarada culposa o fraudulenta.

ii. Haber sido condenado, mediante sentencia firme, por la comisión dolosa o culposa de algún delito contra la propiedad, la buena fe en los negocios, la administración de justicia, los deberes de la función pública, la confianza pública, la fe pública o los delitos derivados de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, durante el plazo establecido para tal efecto en la Ley N° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales.

iii. Haber sido sancionado administrativamente durante los últimos dos años.

iv. Haber sido suspendido, separado o inhabilitado para ocupar cargos administrativos o de dirección en entidades reguladas o supervisadas por los órganos de regulación o supervisión financiera, durante los últimos cinco años.

v. Haber sido declarado insolvente o en estado de quiebra por un tribunal de cualquier país, durante los últimos cinco años.

vi. Haber estado relacionado con una sociedad de cualquier país, como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general o subgerente general que haya sido sometida a un proceso de intervención administrativa o judicial, haya realizado un convenio de acreedores o se haya visto forzada a suspender actividades por orden de una autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera en virtud de las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, durante los últimos cuatro años.

A efectos de comprobación de lo anterior se deberá acompañar, la certificación de juzgamientos del socio y una declaración jurada rendida ante notario público que haga constar que al socio no le afectan ninguna de las circunstancias descritas en el inciso c) anterior.

8. En el caso de los miembros de la junta directiva, gerente general y del auditor interno, deberá aportarse:

8.1 Nombre; número de cédula de identidad, de residencia o número de pasaporte, según corresponda, y copia autenticada del respectivo documento; ocupación, dirección exacta. Además, para el caso de los comités de inversiones y de riesgos, sus integrantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa que al efecto emita la SUPEN.

8.2 Currículo vitae y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 33 y 36 de la Ley N°7983, según corresponda.

8.3 Declaración jurada rendida ante notario público, de no encontrarse impedidos para ejercer el cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 36 de la Ley N°7983.

8.4 Documentos idóneos que comprueben la forma de suscripción y pago del capital mínimo de constitución, por un monto no inferior a novecientas noventa y cuatro mil novecientos setenta y siete coma trescientas cincuenta y cuatro (994 977,354) Unidades de Desarrollo (UDES), para el caso de una operadora de pensiones.

Cuando se trate de una operadora de fondos de capitalización laboral, el capital mínimo será el 10% del establecido para una operadora de pensiones.

8.5 Respecto al oficial de cumplimiento y adjunto, currículum vitae y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa emitida por CONASSIF para la aplicación de la Ley N°7786, así como su certificación de juzgamientos.

Anexo II

Autorización de cooperativas de ahorro y crédito para administrar fondos de

capitalización laboral

Las Cooperativas de ahorro y crédito, que soliciten autorización a la Superintendencia para administrar los Fondos de Capitalización Laboral, deberán suministrar la información y cumplir con los siguientes requisitos:

1. Estar sujetas a regulación y supervisión de la SUGEF.

2. Presentar solicitud ante el Superintendente, acompañada de un estudio que contenga la formulación del proyecto y evaluación de su factibilidad, incluida la planificación estratégica. Dicha solicitud deberá ser firmada por el representante legal de la organización.

La firma deberá estar debidamente autenticada. El estudio deberá contener cómo mínimo lo estipulado en el inciso 5 del Anexo I de este Reglamento.

3. Aportar certificación de personería jurídica y de los estatutos vigentes.

4. Presentar copia certificada del acta de la asamblea general de la organización, en la que conste el acuerdo firme autorizando la administración del Fondo de Capitalización Laboral.

5. Aportar una lista de los miembros del Consejo de Administración, gerente general y Comité de Vigilancia, adjuntando respecto a ellos los documentos e información indicados en el numeral 8 del Anexo I de este Reglamento.

Anexo III

Requisitos para la autorización de Asociaciones Solidaristas para administrar fondos de

capitalización laboral

Las Asociaciones Solidaristas, que soliciten autorización a la Superintendencia para administrar los Fondos de Capitalización Laboral, deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

1 Aportar certificación de personería jurídica y de los estatutos vigentes.

2. Presentar copia certificada por Notario del acuerdo del órgano competente de la asociación, en el que conste el acuerdo firme para que esta última administre un Fondo de Capitalización Laboral para sus asociados.

3. Aportar lista de los miembros de la junta directiva, gerente general o administrador de la asociación, fiscal y auditor interno, adjuntando respecto a ellos los documentos e información indicados en el numeral 8 del Anexo I de este Reglamento.

Anexo IV

Autorización de funcionamiento

Una vez autorizada la apertura de una operadora de pensiones o se autorice a las cooperativas de ahorro y crédito para administrar fondos de capitalización laboral, estás tendrán un plazo de sesenta días hábiles para presentar la solicitud de funcionamiento y cumplir con los requisitos que se detallan en este Anexo.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, las solicitudes de autorización para la apertura y funcionamiento de las entidades indicadas en el párrafo primero se podrán presentar en forma conjunta. Igualmente, las asociaciones solidaristas que acuerden la administración del Fondo de Capitalización Laboral, podrán presentar la solicitud de apertura y funcionamiento en forma conjunta.

Una vez autorizado el funcionamiento, el plazo para iniciar operaciones será de 90 días hábiles.

De no cumplirse con los plazos establecidos en el presente anexo, las correspondientes autorizaciones quedarán sin efecto.

De los requisitos de funcionamiento

Las entidades autorizadas podrán iniciar operaciones en la administración de fondos de pensiones, de capitalización laboral y de ahorro voluntario, según corresponda, una vez cuenten con la correspondiente autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia.

Para tal efecto se deberá remitir los siguientes documentos y suministrar la siguiente información:

1. Copia certificada de la escritura constitutiva, en el caso de las operadoras de pensiones, debidamente inscrita en el Registro Nacional, la cual deberá contener las modificaciones solicitadas en su oportunidad por la Superintendencia, si fuera el caso.

2. Señalar la ubicación física de la oficina o local central, sus agencias y sucursales, con indicación de las condiciones de seguridad que reúne y las facilidades para atención al público.

3. Adjuntar, la planificación establecida por la dirección estratégica de más alto nivel que utilizará la entidad una vez autorizada para conducir su negocio, que incluya:

3.1 Los riesgos identificados y analizados que conlleva el plan de negocio, así como las estrategias de administración que describa los elementos claves del marco de gestión integral de riesgos que utilizará la futura entidad autorizada.

3.2 La política de inversión de los fondos administrados y recursos propios de conformidad con la normativa de gestión de activos vigente.

3.3 Plan estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).

3.4 Declaración sobre la disponibilidad de los sistemas necesarios para la gestión de la cuenta individual, inversiones y contabilidad.

3.5 Fundamentación de que se dispone de los recursos técnicos, humanos y financieros regulatoriamente exigidos o los que resulten indispensables para conducir las operaciones del negocio de forma adecuada.

4. Solicitud de autorización de los planes que ofrecerá.

Los planes correspondientes al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias deberán ser autorizados por la Superintendencia, de previo a su comercialización.

5. Idoneidad de los socios.

5.1 Solvencia económica.

Deberá acreditarse que el socio cuenta con un patrimonio neto que cubre el monto de los aportes de capital que le corresponde realizar para la constitución de una nueva entidad.

5.2 Solvencia moral.

Deberá aportarse certificación de juzgamientos emitida por el Archivo Judicial, de los socios con participaciones iguales o mayores a un 5% del capital de la entidad, según la Ley del Registro y Archivos Judiciales, No. 6723.

6. Una lista de miembros del comité de auditoría, oficial de cumplimiento, fiscal, apoderados generales o generalísimos no judiciales, profesionales a cargo del estudio de factibilidad y miembros del comité de inversiones y de riesgos, adjuntando respecto de ellos los documentos e información que se detalla a continuación:

6.1 Nombre; número de cédula de identidad, de residencia o número de pasaporte, según corresponda, y copia autenticada del respectivo documento; ocupación, dirección exacta. Además, para el caso de los comités de inversiones y de riesgos, sus integrantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa que al efecto emita la SUPEN.

6.2 Respecto al oficial de cumplimiento y adjunto, currículum vitae y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa emitida por CONASSIF para la aplicación de la Ley N°7786, así como su certificación de juzgamientos.

7. Acreditar el cumplimiento de los requerimientos establecidos la normativa aprobada por el CONASSIF y los acuerdos emitidos por el Superintendente de Pensiones, relativos a gobierno corporativo, riesgos, gestión integral de activos, tecnologías de la información y la normativa sobre apertura y funcionamiento.

8. Contratación con terceros.

Deberá acreditarse que las actividades significativas de la entidad que se contraten con terceros:

8.1 No causen un perjuicio sensible a la calidad del Marco de Gobierno Corporativo.

8.2 No provoquen un incremento sustancial de los riegos para cuya ocurrencia no se hayan previsto medidas de mitigación efectivas.

8.3 No menoscaben a la capacidad de la Superintendencia para ejercer sus funciones.

Todos los contratos de tercerización deberán estipular el acceso irrestricto por parte de la Superintendencia a la información de operaciones de la entidad.

8.4 No afecten la continuidad y satisfacción del servicio.

8.5 No lleven a la entidad a asumir riesgos que lleguen a afectar o menoscabar el objetivo prioritario de las entidades autorizadas.

Se exceptúan de las disposiciones del presente inciso, aquellas contrataciones que hayan sido expresamente autorizadas por la Superintendencia.

Sin perjuicio de lo indicado en el inciso x) del artículo 38 de la ley N°7523, las entidades autorizadas deberán informar a la Superintendencia de cualquier actividad significativa cuyo desarrollo sea contratado con un tercero. De igual manera informarán de cualquier cambio posterior significativo en relación con dichas actividades.

9. Seguridad física y tecnología de información.

Deberá acreditarse el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos exigidos, de conformidad con la normativa aprobada por el CONASSIF y los acuerdos emitidos por el Superintendente de Pensiones, relativos a gobierno corporativo, riesgos, gestión integral de activos, tecnologías de la información y la normativa sobre apertura y funcionamiento.

Condiciones previas al inicio de operaciones

En el caso de las operadoras de pensiones, la Superintendencia publicará, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la resolución de autorización, en el Diario Oficial "La Gaceta" y en un diario de circulación nacional, al menos por una vez en cada uno de ellos, un edicto que contenga un extracto de la autorización para operar, a costo del interesado.

Una vez publicado el edicto, la Superintendencia lo colocará en su sitio web por un periodo de, al menos, seis meses.

Anexo V

Planes de pensión y de ahorro voluntario

La afiliación a un plan se llevará a cabo mediante la firma de un contrato individual entre la entidad autorizada y el interesado.

Tratándose de planes colectivos, la afiliación se llevará a cabo por medio de la suscripción de una adhesión a las condiciones del contrato marco.

Serán definidos por acuerdo del Superintendente:

1. El contenido mínimo de los planes individuales de acumulación para pensión voluntaria.

2. El contenido mínimo de los planes de beneficio y los correspondientes contratos.

3. El contenido mínimo de los planes de ahorro voluntario.

4. El contenido mínimo de los planes colectivos de acumulación para pensión complementaria voluntaria.

5. El contenido mínimo de los contratos de acumulación para pensión voluntaria.

6. El contenido mínimo de los contratos marco que se suscriban al amparo de planes colectivos debidamente autorizados, así como de los correspondientes formularios de adhesión.

Anexo VI

Contratación de servicios de administración con las operadoras de pensiones y la

administración de fondos creados por leyes especiales

A. Contratación para la Administración de los Fondos Requisitos para autorizar la administración de fondos de pensiones, fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones complementarios creados por leyes especiales, por parte de una operadora de pensiones.

La contratación de una operadora para la administración de fondos de pensiones, de capitalización laboral y de pensiones complementarios creados por leyes especiales, deberá ajustarse a los términos indicados en las leyes especiales, convenciones, acuerdos y reglamentos de los respectivos fondos.

El patrocinador del fondo será siempre responsable por el otorgamiento y extinción de los beneficios, sin que esta función pueda delegarse.

El contrato deberá indicar que la operadora de pensiones contratada queda obligada y deberá ajustarse a toda la regulación establecida para la administración de estos fondos, en especial, pero no limitado a la vigilancia de los límites de inversión, sostenibilidad del régimen, gestión de riesgos actuariales y financieros, el acceso de la Superintendencia a los libros de actas, tanto del comité de riesgos como de inversiones y el mantener dichos libros en forma separada de los de la operadora.

El supervisado que contrata la operadora de pensiones deberá presentar junto con la solicitud de autorización, el borrador del contrato.

El contenido mínimo del contrato que deben suscribir las partes para la prestación de servicios de administración a los demás entes supervisados será establecido mediante acuerdo del Superintendente.

Los requisitos y documentación requerida para la autorización de la contratación de las operadoras de pensiones para la prestación de servicios de administración a los demás entes supervisados son los siguientes:

1. Declaración escrita del responsable de Tecnologías de Información indicando que los sistemas de información de la operadora cuentan con la capacidad para brindar el servicio de forma eficiente y oportuna, sin demeritar el que debe suministrar a sus propios afiliados y pensionados, así como el derivado de las obligaciones que regulatoriamente le corresponden para con la Superintendencia.

2. Solicitud de la apertura de un fondo separado para cada organización social de conformidad con la normativa emitida por la SUPEN.

3. Apertura de una cuenta de custodia separada para el fondo indicado en un custodio autorizado por SUGEVAL, según la regulación vigente.

4. Explicar, en forma pormenorizada y completa, el proceso de traslado y transición de los servicios que presta para que los brinde la operadora a través del contrato.

5. Acreditar la debida diligencia realizada para la elección de la entidad a contratar de manera que quede debidamente documentado el proceso de selección y contratación.

Delegación, por parte de una organización social, de la administración de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral a una operadora de pensiones

Las organizaciones sociales autorizadas para administrar fondos de capitalización laboral deberán presentar a la Superintendencia la respectiva solicitud de autorización, acompañada de los siguientes requisitos:

1. Copia certificada del acta de la asamblea en la cual se aprobó la decisión de dar en administración a una operadora de pensiones, los recursos del Fondo de Capitalización Laboral de sus asociados.

2. Contrato suscrito con la operadora seleccionada. Dicho contrato debe contemplar la obligación de la operadora de pensiones de cumplir, por cuenta de la organización social, con el suministro de información requerida por esta Superintendencia y de realizar el proceso de afiliación de conformidad con las disposiciones establecidas por la Superintendencia y el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE).

3. Solicitar la apertura de un fondo separado para cada organización social, de conformidad

con la normativa emitida por Supen.

4. Apertura de una cuenta de custodia separada en un custodio autorizado por SUGEVAL, según la regulación vigente.

Será responsabilidad de las organizaciones sociales verificar que sus afiliados completen el formulario de afiliación correspondiente.

B. Contratación de las operadoras de pensiones para la prestación de otros servicios de administración a las demás entidades supervisadas

La operadora que preste los servicios de administración indicados en el inciso f) del artículo 31 de la Ley 7983, deberá remitir, para la respectiva autorización por parte del Superintendente de Pensiones, la solicitud acompañada del correspondiente proyecto de contrato.

Los contratos deberán establecer en forma clara la naturaleza de los servicios que se prestarán.

C. Transformación del modelo de financiamiento de los regímenes de pensiones complementarios especiales

Transformación del modelo de financiamiento

Los regímenes de pensiones complementarias especiales de capitalización colectiva que deseen transformar su modelo de financiamiento a uno de capitalización individual, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Adjuntar copia del acuerdo firme de la asamblea de trabajadores donde se dispuso la transformación, debidamente certificado por Notario Público.

2. Manifestación del patrono o patrocinador del fondo, donde se indique su acuerdo, si fuera el caso, de seguir aportando a las cuentas de los trabajadores, así como la proporción en lo hará.

3. Contrato suscrito con la operadora de pensiones seleccionada. Dicho contrato debe contemplar la obligación de la operadora de cumplir, por cuenta del fondo, con el suministro de información requerida por esta Superintendencia.

4. Solicitar la apertura de un fondo separado para la administración de los recursos, según la

normativa emitida por Supen.

5. Apertura de una cuenta de custodia separada para el fondo en un custodio autorizado por SUGEVAL, según la regulación vigente.

6. Estudio actuarial que determine la constitución de la provisión del 100% para las pensiones en curso de pago, así como las de quienes adquieren el derecho a pensión dentro de los dieciocho meses siguientes al acuerdo de transformación del fondo, y los ajustes correspondientes por concepto de aumento del costo de vida; todo de conformidad con lo que establezca el respectivo reglamento del fondo. Deberá manifestarse, en forma expresa, que las pensiones en curso de pago, y las condiciones en que fueron otorgadas las mismas,

se mantendrán y respetarán plenamente.

7. En aplicación del artículo 75 de la Ley 7983, deberá indicarse el responsable de rendir la garantía de pago de las pensiones en curso, la de los que adquieran el derecho a pensión dentro de los dieciocho meses siguientes a la individualización de las cuentas y los ajustes correspondientes por concepto de aumento del costo de vida; todo de conformidad con lo que establezca el respectivo reglamento del fondo.

8. Declaración en la que indique que se ha constituido la garantía supletoria, indicada en el acápite anterior, aportándose una copia debidamente certificada por Notario Público de la misma.

Traslado de la administración del fondo

Los regímenes de pensiones complementarias especiales de capitalización colectiva, que hayan transformado su modelo de financiamiento de conformidad con el trámite descrito en el presente anexo, o aquellos que posean un modelo de financiamiento de capitalización individual que dispongan trasladar la administración de los recursos de sus fondos a una operadora de pensiones, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Remisión del contrato de administración suscrito entre la operadora y el órgano de dirección del fondo.

2. Tratándose de grupos de interés económico, grupo o conglomerado financiero, deberá remitirse copia de las políticas de conflictos de interés que puedan suscitarse con motivo de la administración del fondo.

3. El contenido mínimo de los contratos de administración será definido por el Superintendente de Pensiones mediante acuerdo.

D. Autorización de Servicios Conexos y Análogos

Los requisitos necesarios para autorizar la realización de actividades conexas o análogas por parte de las operadoras de pensiones son los siguientes:

a) Solicitud que contenga una descripción amplia y detallada de la actividad a desarrollar.

b) Un análisis donde se determine la conexidad o analogía de las actividades que se pretenden realizar respecto de las indicadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 31 de la Ley de Protección al Trabajador.

c) Un estudio de factibilidad económica y legal donde se acredite la viabilidad de las actividades o servicios a realizar.

d) Un estudio detallado y comprensivo de todos los riesgos asumidos por la operadora con motivo de la realización de las actividades propuestas, así como la afectación que, producto de estos, puedan tener la entidad, los fondos administrados, sus afiliados y pensionados. Dicho análisis deberá ser realizado por el Comité de Riesgos y deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la operadora, todo lo cual deberá documentarse y acreditarse fehacientemente.

El análisis de las solicitudes de autorización considerará si:

a) Los riesgos adicionales asumidos con motivo de la realización de dichas actividades, se encuentren patrimonial y contablemente separados.

b) La actividad, producto o servicio menoscaba o no la suficiencia patrimonial requerida para las actividades prioritarias o significativas de las entidades.

c) La actividad, producto o servicio, resulta acorde y consecuente con el objeto social y es legalmente permitida.

La unidad o función de riesgos y el Comité de Riesgos de las operadoras deberán identificar y evaluar permanentemente los riegos que se deriven del ejercicio de las actividades análogas o conexas que realicen dichas entidades. Este último Comité deberá informar de lo anterior, en forma periódica y oportuna al Órgano de Dirección, la Auditoría Interna y la Gerencia General, con el propósito de que los riesgos sean gestionados adecuada y oportunamente.

Anexo VII

Fusión de Operadoras de Pensiones Complementarias y de Fondos Administrados

A. Fusión de operadoras de pensiones complementarias y de capitalización laboral

Para la autorización de los procesos de fusión que le corresponden a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Protección al Trabajador, se deberá presentar una solicitud formal suscrita por los gerentes de las entidades o por quienes ostenten su representación y cuenten con facultades suficientes para ello. Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título I de este reglamento.

La solicitud de autorización deberá contar con los siguientes requisitos:

1. Razones y los objetivos de la fusión.

2. Plan de fusión, con un detalle cronológico de las actividades que se realizarán hasta culminar el proceso, así como las modificaciones que tendrán los productos y las comisiones respectivas.

3. Plan operativo de la fusión, con indicación de la fecha en que se realizará la fusión operativa de las entidades y/o de los fondos administrados.

4. Copia certificada de las actas de las asambleas de socios de las entidades donde se acuerda, en firme, la fusión. El acuerdo debe contener el tipo de fusión que se llevará a cabo, así como los términos y condiciones de la fusión acordados por las partes. En caso de que la fusión sea por creación, deberán remitirse los acuerdos de asamblea de socios de las entidades involucradas donde se acuerda la disolución de estas y la creación de la nueva operadora.

5. Proyecto de modificación del pacto social de la entidad prevaleciente, en caso de fusiones por absorción, si correspondiere o el de la nueva entidad, si la fusión es por creación.

6. Estudio que contenga la formulación y evaluación financiera del proyecto de fusión.

7. Informe sobre los planes correctivos o de reducción de riesgos de la entidad absorbida por fusión o creación, si correspondiere, así como los procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales donde las entidades sean parte; las medidas precautorias o cautelares dictadas por el supervisor u órganos jurisdiccionales; requerimientos realizados por el supervisor; requerimientos o planes pendientes de los auditores externos, internos, entidades de fiscalización o control, o de cualquiera otra institución u órgano que se encuentren pendientes de atención o resolución. El informe deberá ser suscrito por el representante legal de la entidad.

8. Informe sobre la variación que sufrirá el perfil de riesgo de la entidad prevaleciente o la nueva entidad, posterior a la fusión y la correspondiente declaración de debida diligencia sobre el conocimiento de los riesgos antes de la fusión.

9. Solicitud de autorización, cuando proceda, para que el supervisor del grupo o conglomerado financiero solicite al CONASSIF la autorización de la salida y/o incorporación de la operadora a los grupos o conglomerados financieros a los que pertenece o pertenecerá. Dicha solicitud deberá presentarse ante la Superintendencia, para ser tramitada ante el supervisor que corresponda, o ante el CONASSIF.

10. Copia de la carta que deben enviar las entidades en proceso de fusión a los afiliados, en la cual se les informará de la fusión, una vez autorizada, del respeto de los derechos y obligaciones pactados originalmente con los afiliados por cada una de las entidades, de la comisión que aplicará a los fondos fusionados y de su derecho a solicitar la transferencia de sus recursos a otra entidad.

11. Borrador de la publicación en donde se informará a los afiliados a través de dos diarios de circulación nacional, en fechas diferentes, sobre el proceso de fusión y el derecho de los afiliados de la entidad absorbida a ejercer la libre transferencia, tratándose de fusiones por absorción.

12. Indicación de las comisiones que se aplicarán a los fondos en proceso de fusión, según lo establecido en el Anexo XI de este reglamento.

13. La entidad prevaleciente o la nueva entidad resultante, deberán indicar si aplicarán a todos sus afiliados, la estructura de comisiones que venían utilizando cualquiera de las entidades participantes en el proceso de fusión, o bien, indicar si solicitarán modificaciones sobre la base de las estructuras de comisiones ya aprobadas a cualquiera de las entidades participantes de este proceso. La estructura que se aplicará deberá indicarse en la solicitud de autorización de la fusión.

Si se opta por solicitar la aprobación de una nueva estructura de comisión distinta a las ya aprobadas, la entidad autorizada deberá seguir con el trámite de aprobación establecido en la normativa correspondiente.

Autorizada la fusión y mientras finalizan los procesos operativos de fusión de los fondos, podrá aplicarse transitoriamente a cada uno de los fondos en proceso de fusión, la última estructura de comisión vigente aprobada a cada uno de ellos.

De la resolución de autorización de fusión

Considerando que el trámite de autorización de la fusión es un acto complejo, de previo a emitir la autorización de fusión, las demás entidades y órganos de supervisión involucrados en este trámite deberán haber emitido su correspondiente criterio o autorización.

La resolución que autorice la fusión de operadoras indicará cuáles fondos quedan autorizados para fusionarse. Cuando la fusión implique el cambio de la denominación social, la operadora deberá hacer constar la antigua denominación social en sus oficinas, papelería y publicidad, por un período de seis meses.

B. Unificación de fondos de entidades autorizadas y organizaciones sociales

Las entidades autorizadas deberán solicitar a la Superintendencia de Pensiones la autorización para fusionar dos o más fondos.

La solicitud de unificación de fondos debe contener los siguientes requisitos:

1. La solicitud formal de autorización de fusión de la entidad autorizada deberá indicar cuáles fondos serán objeto de fusión, así como una explicación detallada de las razones de la fusión.

2. Una evaluación de los efectos de la fusión sobre los afiliados o pensionados a los correspondientes fondos.

3. La estructura de comisión aplicable, según lo establecido en el Anexo XI de este Reglamento.

4. Informe, si se presentaran, de los excesos en los límites de inversión y la existencia de inversiones no autorizadas en las carteras de los fondos fusionados. El informe deberá ser firmado por el presidente de la junta directiva de la entidad y por su gerente.

5. Remisión de los planes de acción para administrar los riesgos resultantes de la fusión, incorporando, en el caso de fusión de entidades, aquellos asuntos que quedan pendientes de atender después de la fusión de las operadoras y de los fondos administrados.

6. Declarar y comprobar que la migración de las bases de datos se realice de forma tal que se garantice la confidencialidad, la disponibilidad e integridad, acceso y correcto almacenamiento de la información de las cuentas individuales.

7. Cronograma de tareas y actividades que refleje cada una de las etapas del proceso de fusión de los fondos en atención al desempeño, características de los fondos a ser fusionados, de manera que quede reflejado en dicho cronograma la fecha de finalización del proceso.

El cronograma deberá contemplar los trámites ante de las entidades de custodia de valores correspondientes, con el propósito de ejecutar el cierre y traslado de la custodia de los instrumentos financieros pertenecientes a los fondos administrados y de las inversiones propias, así como del traslado de efectivo y el cierre de las cuentas bancarias que correspondan.

8. Indicación de los planes de pensiones que se mantendrán, los que eventualmente se eliminen, y las condiciones en que ello se llevará a cabo, respetando siempre las condiciones contractuales previamente pactadas por los afiliados o pensionados.

Deberá cumplirse con los requisitos establecidos en este anexo, en caso de que la unificación de los fondos se origine de un proceso de fusión de entidades, de una fusión de una operadora y una organización social, o entre organizaciones sociales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Protección al Trabajador. En estos casos, la solicitud de fusión de los fondos deberá incluirse en la solicitud de fusión.

Anexo VIII

Cambios de control accionario y modificación de estatutos de las Entidades Autorizadas

Modificaciones a los estatutos y cambios al control accionario sujetas a autorización

Estarán sujetas a la autorización de la Superintendencia las siguientes modificaciones, cuando no cumplan con los supuestos del artículo 89 y siguientes de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica:

1. Cambios en la propiedad superiores a un cinco por ciento de las acciones con derecho a voto.

2. Actos que impliquen el control directo o indirecto de las acciones con derecho a voto superiores a un cinco por ciento.

3. Cambios en el control directo o indirecto de las acciones con derecho a voto superiores a un cinco por ciento.

4. Modificaciones al capital social que impliquen una recomposición de la propiedad de las acciones superiores a un cinco por ciento.

También estarán sujetas a la autorización de la Superintendencia las siguientes modificaciones a los estatutos de las entidades autorizadas:

1. Modificaciones al objeto social.

2. Las reducciones de capital social.

3. El cambio del domicilio social.

4. El cambio en la razón social o denominación.

Determinación de la participación en el capital social

La participación en el capital social comprende las acciones comunes, las acciones preferentes y cualquier otro título representativo de aquel.

El porcentaje de participación en el capital social de una entidad se determina considerando los siguientes aspectos:

i. El porcentaje de participación directa que tenga la persona física o jurídica en el capital social de la entidad.

ii. El porcentaje de participación indirecta que tenga la persona física en el capital social de la entidad, a través de personas físicas, con participación directa o indirecta en el capital social de la entidad, con las que tenga relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

iii. El porcentaje de participación indirecto que tenga la persona física o jurídica en el capital social de la entidad, a través de personas jurídicas, considerando los porcentajes de participación que le corresponden a cada una de ellas a lo largo de la línea de propiedad.

iv. El porcentaje de participación indirecto que tenga la persona física o jurídica, en calidad de fiduciario o fideicomisario, en el capital social de la entidad, a través de fideicomisos u otros vehículos de similar naturaleza.

v. El porcentaje de acciones dadas en garantía en las cuales el acreedor ejerce el derecho de voto en las asambleas de accionistas.

Cambios en los estatutos de las entidades no sujetas a la autorización o aprobación de la Superintendencia.

No estarán sujetos a aprobación o autorización de la Superintendencia:

i. Los cambios que se produzcan en los cargos de las Juntas Directivas u órganos de administración, fiscalías y auditorías internas.

ii. El nombramiento de apoderados generalísimos y generales, o la revocación o sustitución de los poderes conferidos.

iii. Los cambios en la propiedad o el control de las acciones con derecho a voto menores al cinco por ciento.

Los anteriores actos o contratos únicamente deberán ser informados a la Superintendencia, por los medios que ésta establezca dentro de los cinco días hábiles siguientes a su adopción.

Tratándose de cambios en el control o propiedad de las acciones, deberá informarse ampliamente del acto o contrato y las partes intervinientes en el mismo.

Requisitos para la modificación de los estatutos y cambios en el control accionario

1. Solicitud de autorización de la modificación de estatutos

La solicitud deberá adjuntar:

a. Copia del proyecto de acuerdo del acta de asamblea de socios que disponen la modificación del pacto constitutivo.

b. Copia certificada de las cláusulas del pacto constitutivo, con indicación de las cláusulas que están siendo objeto de modificación

c. Motivos de la reforma.

Una vez inscrita en el Registro Nacional, deberá remitirse a la SUPEN una copia certificada del testimonio de la protocolización del acta de la asamblea de accionistas debidamente inscrito en el Registro Público Nacional.

Cuando la modificación del pacto constitutivo o estatutos implique el cambio de la denominación social, la operadora deberá hacer constar, por el término de seis meses, la antigua denominación social junto a la nueva, tanto en los locales de sus oficinas como en la papelería y publicidad.

2. Requisitos para la autorización de cambios en la propiedad o control accionario

La solicitud de autorización de cambios en la propiedad o control accionario de las entidades autorizadas que deban ser autorizados por la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 de la Ley de Protección al Trabajador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Adjuntar una certificación notarial, con vista en el Libro o Libros de Registro de Accionistas, donde se identifiquen los actuales accionistas y los porcentajes de las acciones de que son dueños, hasta la última persona física en la línea de propiedad.

b. Identificación del cedente y cesionario. Tratándose de cesionarios personas jurídicas, deberá acreditarse, mediante certificación notarial, el último o últimos accionistas personas físicas.

c. Indicación de las acciones que serán cedidas o dadas en control.

d. Cuando el cambio en el control se realice por otros medios que no sean la cesión nominativa pura y simple de las acciones, deberá adjuntarse la copia del contrato respectivo.

e. Indicación de que los cambios en la propiedad o el control efectivo son iguales o superiores a un 5% por ciento de las acciones con derecho a voto.

f. Adjuntar la solicitud, cuando proceda, para que el CONASSIF autorice la salida y/o incorporación de la operadora a los grupos o conglomerados financieros a los que pertenece o pertenecerá la entidad.

Anexo IX

Autorización para que el Oficial de Cumplimiento, titular y adjunto, laboren a tiempo

parcial

Los requisitos y documentación requerida para que la Superintendencia autorice a la operadora para que el oficial de cumplimiento titular o el oficial de cumplimiento adjunto laboren a tiempo parcial, son los siguientes:

1. Informe técnico de la auditoría interna de la entidad o del grupo o conglomerado financiero al que pertenezca donde se pronuncie sobre la conveniencia de la contratación a tiempo parcial del Oficial de cumplimiento titular o del Oficial adjunto, en función de los riesgos a que se encuentra expuesta la entidad, sus antecedentes y los requerimientos del supervisor sobre el particular. Este informe deberá contar con la aprobación de la Junta Directiva dela entidad.

2. Descripción detallada y actualizada de los sistemas de prevénción para la legitimación de capitales y financiamiento contra el terrorismo con los que cuente la entidad que puedan justificar la contratación a tiempo parcial del oficial de cumplimiento.

3. Manifestación expresa de la obligación de la entidad de comunicar en el futuro, de forma inmediata, cualquier incremento en los riesgos o el menoscabo en los controles de los mismos, después de la autorización otorgada.

4. Manifestación expresa de que la entidad procederá a la contratación a tiempo completo del Oficial de cumplimiento titular o adjunto, cuando, en virtud de lo indicado en el acápite anterior, la Superintendencia así lo requiera.

Anexo X

Acreditación de Agentes Promotores de Ventas

Requisitos de las personas interesadas para ser registradas como agentes promotores

Todo agente promotor de venta de planes de pensiones deberá como mínimo:

1. Ser mayor de edad.

2. Haber aprobado el bachillerato en educación secundaria o su equivalente en la jurisdicción donde se acreditó el cumplimiento del requisito.

3. Estar debidamente acreditado por la Superintendencia de Pensiones.

4. No haber sido condenado, mediante sentencia firme, por la comisión dolosa de algún delito, durante los plazos establecido en la Ley N° 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales.

5. No haber sido sancionado administrativamente durante los cinco últimos años, por hechos relativos al incumplimiento de funciones o deberes.

6. No haber sido sancionado, suspendido para ocupar cargos en entidades reguladas o supervisadas por los órganos de regulación o supervisión financiera, durante los últimos cinco años.

Solicitud de registro y acreditación de los agentes promotores

Corresponde a las operadoras de pensiones solicitar ante el Superintendente de Pensiones, en conjunto con los interesados, el registro de los agentes promotores de planes de pensiones que les prestarán sus servicios.

Asimismo, corresponde a la operadora, con ocasión de la solicitud de registro, acreditar ante la Superintendencia de Pensiones que las personas que se desempeñen como agentes promotores de planes de pensiones cumplan con los requisitos establecidos en este reglamento y que poseen los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar sus funciones.

Una vez autorizada la solicitud de registro, la Superintendencia de Pensiones publicará, en su página web, la información de cada promotor, que contendrá el nombre completo, su número de cédula, número de credencial, la operadora de pensiones para la cual presta sus servicios, las sanciones firmes aplicadas por la Superintendencia, resultado de la última evaluación realizada y demás información que ésta considere relevante.

Requisitos de la solicitud para el registro y acreditación de agentes promotores

Los requisitos que deben cumplir las personas para la cuales se solicita el registro es la siguiente:

1. Información de la persona interesada para la cual se solicita la acreditación como agente promotor (tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellidos, nacionalidad, teléfonos, fecha nacimiento, provincia, cantón y distrito del domicilio permanente, dirección domicilio permanente, dirección para notificaciones y correo electrónico para notificaciones).

2. Detalle de la naturaleza de la relación entre el interesado y la operadora:

i. Si la contratación se realiza por servicios profesionales, deberá aportarse el contrato debidamente firmado por las partes y autenticado por un notario público.

ii. Si la contratación es de carácter laboral, deberá aportarse constancia del Departamento de Recursos Humanos donde conste la misma. La constancia deberá indicar la fecha exacta del inicio de la relación y que el interesado se encuentra contratado para prestar servicios como agente promotor.

3. Solicitud del representante legal de la operadora.

4. Constancia rendida bajo la fe de juramento que la operadora ha evaluado los conocimientos técnicos del candidato a desempeñarse como agente promotor, de conformidad con la guía de capacitación emitida por la Superintendencia de Pensiones.

5. Copia del título de bachillerato en educación secundaria del agente promotor. Será responsabilidad de la operadora verificar la autenticidad del título y asegurarse que la copia aportada corresponda al original.

6. Certificación de juzgamientos emitida por el Archivo Judicial.

7. Manifestación escrita del interesado de ser acreditado como promotor. El documento debe contener la firma del solicitante y el lugar o medio donde atender notificaciones.

8. Declaración jurada del interesado manifestando que la información y documentación que ha aportado en la presente solicitud de acreditación como agente promotor ante la Superintendencia de Pensiones es completa. Asimismo, manifestación expresa del cumplimiento de los atestados establecidos en el punto 5 anterior y del compromiso de informar a la Superintendencia de todo cambio sustancial que guarde relación con la solicitud y que pueda surgir durante su trámite o posterior al otorgamiento de la credencial solicitada.

9. Número de credencial (en caso de que la persona contratada ya cuente con ella) y fecha exacta de contratación como agente promotor (día, mes y año).

Comunicación del cese de agentes promotores

Las operadoras de pensiones deberán comunicar a la SUPEN el cese de los agentes promotores de forma inmediata. A tal efecto, las operadoras de pensiones deberán indicar a la Superintendencia los nombres completos de los agentes promotores, sus números de cédula o de seguro social, en caso de ser extranjeros, así como el número de su credencial.

Lo anterior deberá ser comunicado a la SUPEN dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan dejado de prestar sus servicios a la operadora.

Anexo XI

Aprobación y modificación de la estructura de comisiones de administración y la

aprobación de los esquemas de bonificación de comisiones

Del formulario de solicitud

La aprobación de la estructura de comisiones, sus modificaciones, así como de los nuevos esquemas de bonificaciones, deberá tramitarse por las entidades autorizadas para cada uno de los fondos administrados, a través de los formularios oficiales establecidos por el Superintendente mediante acuerdo.

Tratándose de solicitudes provenientes de la operadora de planes de pensiones complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, el formulario deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos y el artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador.

Las entidades autorizadas deberán adjuntar al formulario oficial de solicitud de aprobación, un borrador de comunicación al afiliado o pensionado, cuando corresponda, así como el formato de la publicación el cual será definido mediante acuerdo del Superintendente.

La aprobación de un nuevo esquema de bonificaciones o su modificación no requerirá de la publicación descrita en el párrafo anterior.

Listado de requisitos

Para la aprobación y modificación de las estructuras de comisiones y la aprobación de los esquemas de bonificación, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Aprobación de la estructura de comisiones por primera vez.

a. Solicitud de autorización de la estructura de comisión.

b. Adjuntar el formulario de solicitud de autorización o modificación de comisiones, con la información ahí requerida. El contenido de dicho formulario será definido mediante acuerdo del Superintendente.

c. Tratándose de la solicitud de aprobación remitida por la operadora de pensiones de la CCSS, deberá adjuntarse el estudio técnico independiente que justifique la propuesta de acuerdo con los parámetros del penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador.

d. Adjuntar al formulario oficial de solicitud de aprobación, un borrador de la comunicación al afiliado o pensionado, cuando corresponda.

e. Adjuntar el formato de la publicación mediante el cual se informará a los afiliados de la modificación solicitada. El contenido de dicho formulario será definido mediante acuerdo del Superintendente.

Para la aprobación de la estructura de comisiones, la entidad autorizada, de previo a realizar su cobro, deberá contar con la aprobación, por parte del Superintendente de Pensiones, del porcentaje de cobro a aplicar.

En el caso de las comisiones correspondientes al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, las bases de cálculo aprobadas serán las reglamentariamente establecidas.

La solicitud de aprobación deberá ajustarse al formulario de solicitud de autorización o modificación de comisiones, el cual será definido mediante acuerdo del Superintendente.

2. Modificación de las bases de cálculo y porcentajes de comisión aprobada.

a. Solicitud de modificación al alza de la estructura de comisión aprobada.

b. Adjuntar el formulario de solicitud de autorización o modificación de comisiones, con la información ahí requerida.

c. Tratándose de la solicitud de aprobación remitida por la operadora de pensiones de la CCSS, deberá adjuntarse el estudio técnico independiente que justifique la propuesta de acuerdo con los parámetros del penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador.

d. Un borrador de comunicación al afiliado o pensionado, cuando corresponda, informando de la variación.

e. Adjuntar el formato de la publicación mediante el cual se informa a los afiliados de la modificación solicitada.

f. Una vez aprobado el aumento de comisión y realizadas las publicaciones respectivas, se deberá remitir a la Superintendencia un oficio informando de las fechas y los medios escritos en los cuales se realizaron dichas publicaciones, debiéndose adjuntar las copias.

Para las modificaciones al alza de la estructura de comisiones, las entidades autorizadas deberán solicitar la aprobación de la modificación a la base de cálculo de la estructura de comisión, el aumento del porcentaje de cobro sobre dicha base, la disminución del esquema de bonificaciones o bien su eliminación.

3. Disminución de los porcentajes de comisiones aprobados.

Tratándose de disminuciones de los porcentajes de cobro de la estructura de comisión, las entidades autorizadas únicamente deberán informar de la modificación a la Superintendencia. La entidad deberá remitir un oficio suscrito por su representante legal, dirigido a la Superintendencia informando de la disminución y la fecha a partir de la cual regirá la nueva estructura de comisiones.

4. Aprobación de esquemas de bonificaciones.

La aprobación por primera vez de un esquema de bonificaciones deberá cumplir con lo siguiente:

a. Solicitud de aprobación del esquema de bonificaciones.

b. Aportar el formulario de autorización por primera vez de un esquema de bonificaciones, con la información requerida en el mismo. El contenido de dicho formulario será definido mediante acuerdo del Superintendente.

c. Aportar los criterios de aplicación del esquema de bonificaciones seleccionado.

d. La fórmula de cálculo de la bonificación debe explicarse por sí misma, de forma sencilla, llana y clara

La solicitud de variación o eliminación de un esquema de bonificaciones ya aprobado requerirá la presentación del formulario de modificación de esquema de comisiones existente. El contenido de dicho formulario será definido mediante acuerdo del Superintendente.

Divulgación de las nuevas estructuras de comisiones

Una vez aprobada la estructura de comisión, o sus correspondientes variaciones, deberá ser divulgada a los afiliados, cotizantes, pensionados y al público en general, de la siguiente manera:

1. Las variaciones al alza en la estructura de comisiones, una vez aprobadas por el Superintendente de Pensiones, deberán comunicarse a los afiliados a través de cada uno de los siguientes tres medios:

a. El utilizado por la entidad para la distribución de los estados de cuenta.

b. Dos publicaciones consecutivas realizadas en fechas diferentes y a través de dos distintos periódicos de circulación nacional.

c. Una copia de la publicación deberá ser colocada en todos los lugares de atención al público, de manera visible, así como en el sitio de internet de la entidad, por un plazo mínimo de un mes natural.

2. Las publicaciones deberán realizarse siguiendo el formato de comunicación a los afiliados que será establecido mediante acuerdo del Superintendente.

3. Las fechas en que se realicen estas publicaciones deberán ser informadas por las entidades a la Superintendencia, debiendo aportar aquellas una copia de cada publicación, a más tardar al día hábil siguiente de la fecha en que se realizó la última.

4. Si en los 30 días hábiles siguientes a la fecha de autorización no se realizan las publicaciones establecidas en el acápite ii del punto a) de este apartado, la solicitud, así como la correspondiente autorización, quedarán sin efecto alguno de pleno derecho.

5. Cuando se modifiquen, simultáneamente, las comisiones de administración del fondo del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en colones y en dólares, o la de los productos de beneficios en dichas denominaciones, la entidad autorizada deberá incluir, en la misma publicación, pero en forma separada, el cuadro comparativo para cada Fondo Voluntario de Pensión Complementaria o de beneficios administrado (colones y dólares), de conformidad con el formato de comunicación a los afiliados, el cuál será definido mediante acuerdo del Superintendente.

Vigencia de la estructura de comisiones

La modificación al alza en la estructura de comisiones o bien, cuando se apruebe por primera vez una estructura de bonificaciones, regirá a partir del primer día natural del mes siguiente a aquel, en que se cumplan treinta días hábiles de su aprobación.

La notificación a la Superintendencia de la modificación a la baja de la estructura de comisiones deberá comunicarse a esta última con una antelación no menor a diez días hábiles de su entrada en vigencia.

Este plazo deberá contarse a partir de la última publicación de las indicadas en el numeral 1 del Apartado de "Divulgación de las nuevas estructuras de comisiones" de este Anexo, o bien en la fecha posterior que indique la solicitud.

Formato de las publicaciones

La publicación mediante la cual se comunica a los afiliados o pensionados los aumentos en la estructura de comisiones deberá expresar en forma clara su objeto y ser legibles con facilidad.

El tamaño de la publicación a que se hace referencia en el numeral 1 del Apartado de "Divulgación de las nuevas estructuras de comisiones" deberá ser de, al menos, un cuarto de página.

En caso de que cualesquiera de las publicaciones que se llegare a realizar no cumpla con alguna de las disposiciones de este reglamento o de la aprobación conferida, no surtirá efecto alguno hasta tanto las publicaciones se realicen en concordancia a lo dispuesto en este anexo.

Las publicaciones deberán realizarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Superintendencia. A tal efecto, esta última deberá comunicar a la entidad la no conformidad de las publicaciones realizadas y requerir que se haga una nueva publicación dentro del plazo establecido.

Aprobación y modificación de las comisiones de Administración para los planes de beneficio

La comisión deberá ser aprobada previamente por el Superintendente de Pensiones, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Lo relativo a la estructura de comisiones, los trámites de aprobación y sus modificaciones para los planes de beneficio, se regirán en lo que aplique, por lo establecido en este anexo.

Aprobación de la estructura de comisiones con motivo de la solicitud de apertura de un nuevo fondo

La solicitud de aprobación de la estructura de comisiones de administración para un nuevo fondo de acumulación o de beneficios, deberá ser tramitada simultáneamente con su solicitud de apertura.

Anexo XII

Aprobación de Contratos

Requisitos de la solicitud de aprobación

Los requisitos que deberán cumplir las solicitudes de aprobación de los contratos son los siguientes:

1. Solicitud de aprobación.

2. Contrato firmado en original por las partes.

3. La firma de los otorgantes deberá venir autenticada, excepto que se trate de un contrato suscrito en formato digital, en cuyo caso bastará con que cuente con una firma digital certificada. Timbres de ley cancelados en el contrato.

4. Si el contrato hace referencia a documentos adicionales o anexos, estos deberán adjuntarse a la solicitud y deberán ser firmados por las partes contratantes.

Verificación del Contenido Mínimo de los Contratos de Custodia de Valores

El contenido adicional al establecido por la SUGEVAL y específico de los contratos de custodia cuando sean suscritos con las entidades supervisadas se establecerá mediante acuerdo del Superintendente y la normativa que apruebe el CONASSIF sobre el particular.

Anexo XIII

Aprobaciones Establecidas en la Ley 7531, Reforma Integral del Sistema de Pensiones y

jubilaciones del Magisterio Nacional

Aprobación de Modificaciones al Reglamento General del Régimen de Capitalización del

Magisterio Nacional

De conformidad con lo establecido en la Ley 7531 del diez de julio de 1995 y sus reformas, los requisitos para la aprobación de modificaciones del Reglamento General del Régimen de Capitalización del Magisterio Nacional son los siguientes:

1. Solicitud de aprobación.

2. Propuesta de modificación del Reglamento.

3. Análisis del cambio propuesto y del impacto de las reformas sobre el fondo. Este análisis deberá ser firmado por el actuario de la Junta.

4. Extracto del acuerdo firme de la Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en el cual se aprueba la propuesta de modificación al Reglamento.

Aprobación de la remoción del auditor interno

Para la aprobación de la remoción del auditor interno, solicitada por la Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Solicitud de aprobación.

2. Extracto del acuerdo firme de la Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, donde se acuerda la remoción del Auditor Externo. Deberá indicarse que el acuerdo se encuentra firme.

3. Indicación del motivo de la remoción.

4. Dictamen afirmativo emitido por la Contraloría General de la República.

Anexo XIV

Aprobación del reglamento general del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder

Judicial.

Solicitud escrita, firmada y autenticada del representante legal de la entidad, que contenga:

1. Exposición de motivos del proyecto de aprobación del Reglamento.

2. Indicación de la sesión de la asamblea donde se aprobó el Reglamento.

3. Copias certificadas del acta y de aquella donde se haya declarado firme el acuerdo de aprobación.

4. Propuesta de reglamento cuyo contenido deberá ajustarse a lo dispuesto en el Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reformas.

Anexo XV

Aprobación de otros medios para la recepción de solicitudes de retiro del FCL.

Solicitud escrita, firmada y autenticada del representante legal de la entidad, que contenga:

1. Detalle del proceso de recepción de solicitudes.

2. Riesgos asociados al proceso.

3. Mitigadores de los riesgos que se implementarían, en particular, pero no exclusivamente, de fraude.

Título II. Reformas y Derogaciones

Sección A. Derogatorias

Artículo 16. Derogatorias

1. Se derogan los artículos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29 del Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de la Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario Previstos en la Ley de Protección al Trabajador.

2. Se derogan el artículo 44 y el Anexo I del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual.

3. Se deroga el Reglamento para la regulación de los Regímenes de Pensiones creados por leyes especiales y Regímenes públicos sustitutos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Sección B. Reformas

Artículo 17. Modificaciones y adiciones al Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador

1. Adiciónese en el Capítulo I "Disposiciones Generales", el artículo 2 "De las abreviaturas y definiciones" para que se incluyan las siguientes definiciones, según su orden alfabético:

Actividades Análogas y Conexas: Serán consideradas conexas o análogas las actividades, productos o servicios que tienen una relación de complementariedad y/o dependencia con alguna de las actividades establecidas de los incisos a) al f) del artículo 31 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983.

Son criterios para determinar esta relación de complementariedad y/o dependencia los siguientes:

1. La actividad, producto o servicio es idónea para garantizar la continuidad o confiabilidad de alguna de las actividades establecidas en los incisos a) al f) del artículo 31 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983.

2. La actividad, producto o servicio es útil para incrementar la calidad y la eficiencia de alguna de las actividades establecidas de los incisos a) al f) del artículo 31 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983.

3. La actividad es similar o afín a las que se realizan mediante alguno de las actividades significativas que ejecuta la entidad.

Base de cálculo de la comisión: Parámetro sobre el cual se fija el porcentaje a cobrar, como la comisión por administración, a los pensionados respecto de los productos de beneficios y los afiliados a un fondo de pensiones complementario, ahorro voluntario o de capitalización laboral.

Aumento de comisiones por modificación a su estructura: Se entenderá como un incremento en las comisiones, para los efectos de divulgación, libre transferencia y traslado, cualquier cambio en la base de cálculo de las comisiones, cuando dicho cambio sea solicitado por las entidades autorizadas.

Asimismo, se entenderá como un incremento la variación al alza del porcentaje aplicado sobre la base de cálculo, o bien, una disminución en el porcentaje de bonificación.

Disminución de comisiones: Disminución del porcentaje aplicado sobre la base de cálculo de la comisión por administración, la aprobación de una bonificación o el aumento en la bonificación de la comisión por administración.

Entidad resultante: Nueva entidad que resulta de la fusión de dos o más distintas entidades cuyas personalidades jurídicas se extinguen una vez perfeccionada la fusión.

Entidad prevaleciente: Entidad participante en un proceso de fusión por absorción, cuya personalidad jurídica prevalece por sobre la entidad absorbida, una vez perfeccionada la fusión.

Estructura de comisiones: Porcentajes, base de cálculo y esquema de bonificaciones, que conforman las comisiones de administración.

Planes colectivos de acumulación para pensión voluntaria: Planes aprobados por el Superintendente de Pensiones, mediante el cual un patrono y la operadora de pensiones o ésta y el órgano de representación de un colectivo con personería jurídica para actuar, suscriben un contrato marco al cual se podrán afiliar, mediante una boleta de adhesión unilateral, los trabajadores de la empresa o los miembros del colectivo, con el objeto de incrementar los ahorros de los afiliados a dicho régimen.

2. Se adiciona un párrafo final en el acápite d) del artículo 6 "De los planes de acumulación", que dirá lo siguiente:

Artículo 6. De los planes de acumulación

(.)

"Las disposiciones de los contratos marco que se suscriban deberán encontrarse amparados a un plan debida y previamente autorizado y guardar congruencia con las disposiciones de este último. Podrán adherirse al contrato marco únicamente aquellas personas que cumplan con las condiciones previstas en el plan..."

3. Se adiciona un artículo 6 bis para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 6 bis. Planes colectivos

Para el caso de los planes colectivos, se suscribirá un contrato marco entre la operadora de pensiones y el patrono y / o el órgano de representación del colectivo. Las personas que deseen afiliarse a estos planes deberán firmar su adhesión al contrato marco mediante un documento, físico o electrónico, el cual no podrá modificar, de forma alguna, las condiciones del plan aprobado ni del contrato marco. Cuando sea de forma electrónica, la adhesión deberá suscribirse mediante firma digital. Podrán adherirse al contrato marco únicamente aquellas personas que cumplan con las condiciones previstas en el plan.

Los patronos de carácter privado, así como las organizaciones y los colectivos de personas que cuenten con representación legal, podrán ofrecer a sus trabajadores y miembros, respectivamente, la adhesión a uno o más planes colectivos de acumulación para pensión voluntaria complementaria.

El plan sujeto a autorización podrá establecer que el patrono, cotizante y afiliados bajo circunstancias objetivas y verificables, podrá suspender la realización de sus aportes de manera temporal hasta por un plazo máximo de seis meses. Tales circunstancias deberán quedar claramente definidas en el plan sujeto a autorización y los respectivos contratos marco.

El patrono o cotizante que realice aportaciones a un plan colectivo autorizado, podrá establecer en el contrato marco, limitaciones respecto del retiro de los recursos, cuando el retiro se refiera a los aportes por él realizados. Las limitaciones para su disfrute no podrán exceder del cumplimiento de los requisitos para pensionarse en el régimen básico bajo el que se pensionen.

En caso de resolución del contrato marco y que el afiliado no se encuentre en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 21 de la LPT, los recursos serán destinados según éste indique a un plan voluntario de pensiones complementarias individual o un aporte extraordinario al ROP.

Los planes sujetos a autorización deberán consignar en forma clara, cuál será el procedimiento establecido para transferir el colectivo a otra operadora de pensiones en caso de no prorrogarse el contrato marco, o bien, por la resolución de éste.

No obstante, el procedimiento indicado, la operadora a la cual se le traslade la administración de los recursos del colectivo deberá contar con un plan colectivo autorizado.

En la suscripción del contrato con la operadora a la cual se traslade el colectivo, quedará obligada a respetar las condiciones de antigüedad y el número de cotizaciones efectuadas al amparo del contrato anterior, así como, las limitaciones para el disfrute que hayan sido establecidas por el patrono. En todo caso deberá informarse al afiliado de cualquier variación en las condiciones del plan, en caso de no estar de acuerdo con las mismas podrá desafiliarse.

Al amparo de dicho procedimiento, el patrono o entidad gremial podrá ejercer el traslado del colectivo a otra operadora dentro del plazo previsto en el correspondiente contrato marco.

4. Se modifican los artículos 28, 29 y 30 y el título del Capítulo IV, para que se lea de la siguiente manera:

"(.) Capítulo IV

Agentes Promotores

Artículo 28. Del Agente Promotor

Los agentes promotores están autorizados para realizar labores de promoción, divulgación y asesoramiento en relación con los planes de pensiones y beneficios, así como para realizar la afiliación a las entidades autorizadas para administrar planes de pensiones complementarias, de capitalización laboral y planes de ahorro voluntario.

Toda entidad autorizada, salvo las asociaciones solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito que administren fondos de capitalización laboral para sus propios asociados al amparo de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 7983, está obligada a contar con, al menos, un agente promotor disponible en cada punto donde la entidad comercialice sus servicios.

Artículo 29. Capacitación

Las operadoras de pensiones deberán instruir y capacitar en forma permanente a sus agentes promotores en todos los aspectos relativos al Sistema Nacional de Pensiones con el fin de que puedan asesorar, en forma adecuada, completa y pertinente, a los trabajadores, afiliados y pensionados.

La Superintendencia de Pensiones podrá evaluar los conocimientos, aptitudes y capacidades técnicas de las personas que se desempeñen como agentes promotores. Para lo anterior, desarrollará planes de evaluación periódicos de los agentes promotores acreditados por las operadoras de pensiones. La evaluación podrá ser realizada por un tercero contratado por la Superintendencia de Pensiones para esos efectos.

Para lo anterior podrá seleccionar de forma aleatoria una muestra representativa de agentes promotores de cada operadora de pensiones para ser evaluados.

El temario de las pruebas, así como la metodología de la ejecución de dichas pruebas, estará a disposición de las operadoras de pensiones con antelación a la convocatoria.

Si un promotor no aprueba la evaluación realizada por la Superintendencia de Pensiones, se procederá a su inhabilitación y solamente podrá ser habilitado de nuevo si logra aprobar el examen que en una nueva convocatoria extraordinaria se lleve a cabo. La prueba extraordinaria será realizada dentro de un plazo de tres meses. contados a partir de la comunicación de la inhabilitación.

La Superintendencia publicará en su página web el listado de promotores habilitados de cada operadora.

Artículo 30. Otras disposiciones dictadas mediante acuerdo del Superintendente

El Superintendente comunicará a las operadoras mediante acuerdo la información que deben tener las credenciales, los temas y condiciones generales de los exámenes, las características del registro y cualquier otro aspecto operativo."

5. Se modifica el artículo 37 bis "De las bonificaciones", para que se lea de la siguiente manera:

"Artículo 37 bis. De las bonificaciones

Las operadoras podrán contar con un esquema de bonificaciones en el Fondo de Capitalización Laboral, así como en el Régimen Obligatorio y en el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, el cual se regirá por las siguientes reglas:

i) La base de la bonificación será determinada por la operadora considerando la estructura de comisiones del fondo, sin que pueda ser mayor a la comisión de administración vigente.

ii) La bonificación a las comisiones cobradas deberá ser registrada, de manera independiente, en la cuenta del afiliado, previo cumplimiento de los criterios definidos en el esquema aprobado.

iii) En caso de que una entidad autorizada se extinga por causa de un proceso de fusión, la entidad resultante deberá respetar la antigüedad acumulada de los afiliados de la operadora que desaparezca cuando la entidad prevaleciente cuente con un esquema de bonificación de comisiones que considere la antigüedad como requisito para su disfrute.

iv) La bonificación de las comisiones deberá aplicarse a los afiliados en condiciones de igualdad, de conformidad con los criterios definidos en el esquema de bonificación previamente autorizado.

v) Para los planes individuales de acumulación y beneficios únicamente se autorizará un esquema de bonificaciones para cada fondo administrado.

vi) La base de cálculo de la bonificación deberá corresponder a la estructura de comisiones aprobada para cada fondo.

vii) La solicitud de aprobación de bonificaciones deberá incluir la fórmula de cálculo, de forma tal que la bonificación pueda explicarse por sí misma de forma sencilla, llana y clara.

viii) La periodicidad con la que se realizará el cálculo de las bonificaciones será mensual, y deberá aplicarse al cierre de cada mes. La bonificación de las comisiones deberá registrarse en las cuentas de capitalización individual el último día del correspondiente mes.

ix) El esquema de bonificaciones deberá contener el tratamiento que se dará a los afiliados que no cumplan con períodos completos, según la periodicidad definida, bien sea por cumplimiento de requisitos en períodos intermedios o por la salida de recursos antes de finalizar el plazo establecido para la determinación de la bonificación.

x) En caso de fusiones de entidades autorizadas, la entidad prevaleciente o la nueva entidad resultante, en caso de no contar con un esquema de bonificaciones aprobado, podrá aplicar a todos sus afiliados, los esquemas de bonificación de comisiones que le hubieren sido aprobados a las entidades que desaparecen, o solicitar modificaciones sobre la base de dichas autorizaciones.

xi) En caso de fusiones por absorción, si tanto la entidad prevaleciente como la absorbida cuentan con esquemas de bonificaciones aprobados, la entidad prevaleciente, podrá aplicar a todos sus afiliados cualquiera de ellas, o bien, solicitar modificaciones sobre la base del esquema que seleccione. En dicho caso deberá comunicar a la Superintendencia, en la propia solicitud de fusión, el esquema que aplicará, en el entendido de que si algún afiliado se ve afectado producto de la disminución en la bonificación que originalmente disfrutaba, podrá solicitar la libre transferencia o traslado por concepto de aumento de comisiones.

xii) No se considerará para efectos del cálculo de la bonificación los saldos de distintos contratos de un mismo afiliado, debiéndose aplicar dicha bonificación, en forma separada e independiente para cada contrato que el afiliado haya suscrito.

Las entidades podrán solicitar la aprobación de esquemas de bonificación de las comisiones, los cuales, una vez aprobados, formarán parte de la estructura de cálculo de las comisiones ordinarias.

El esquema de bonificaciones permitirá al afiliado, gozar de un reintegro en su cuenta de capitalización individual de una proporción de las comisiones de administración pagadas a la entidad autorizada. El reintegro deberá realizarse en el mismo periodo de cobro de la comisión respectiva.

Las entidades podrán establecer esquemas de bonificaciones a la comisión autorizada para los planes, sujetas a las siguientes condiciones:

1. Se condicionen a la permanencia del afiliado en el fondo con fundamento en criterios objetivos de antigüedad.

2. Se condicionen al cumplimiento de los aportes que correspondan, según el régimen de que se trate, o al mantenimiento de saldos mínimos.

Los afiliados deberán ser amplia y suficientemente informados, por los medios que estime la Superintendencia de Pensiones, de las condiciones en que dichas bonificaciones se aplican.

El reintegro se registrará en la cuenta individual correspondiente.

En la contratación de los planes colectivos de acumulación del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, los contratantes podrán acordar con la operadora esquemas de bonificación particulares para cada plan, considerando sus características.

Tratándose de contratos colectivos, el mantenimiento de saldos mínimos administrados, como condición requerida para el disfrute de la bonificación de las comisiones de administración, se contabilizará en forma colectiva, sea, como la sumatoria de todas las cuentas individuales del colectivo, debiendo aplicarse en forma individual para cada afiliado.

La antigüedad se contabilizará individualmente a partir del primer aporte realizado en cada cuenta en particular, sin que la misma pueda ser menor al plazo establecido para ejercer la libre transferencia.

6. Se establece una disposición transitoria para el artículo 29, adicionado a este Reglamento, que disponga:

Transitorio. Aplicación de las disposiciones del artículo 29 del Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador, referente al proceso de evaluación de agentes promotores.

La pérdida de credencial de los agentes promotores establecida en el párrafo quinto del artículo 29, resultará aplicable para aquellos agentes promotores que sean acreditados a partir de la vigencia de la reforma a dicho artículo.

Vigencia.

Estas disposiciones rigen a partir de los seis meses posteriores a su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Atentamente,