N° 43665-MP-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, Y EL MINISTRO

DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 140 incisos 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, los artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977, los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002 y su reformas, los artículos 3, 4, 18 y 20 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 37045 del 22 de febrero del 2012, "Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos".

Considerando:

I.-Que los artículos 11, 27 y 30 de la Constitución Política regulan los principios de eficacia y eficiencia que deben regir el funcionamiento y la buena marcha del Estado costarricense, de manera que aseguren a los administrados la correcta atención de sus gestiones y trámites ante las instituciones públicas, en tiempo, forma y contenido.

II.-Que, según lo dispone la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, en su artículo 269, inciso 1, "La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia".

III.-Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, la Administración Pública está obligada a revisar, analizar y eliminar los trámites y requisitos innecesarios que impidan, obstaculicen o distorsionen la libertad de empresa, o que afecten la productividad de las mismas, siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad.

IV.-Que los artículos 3, 4, 5 y 9 la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 y su reforma, contienen un conjunto de medidas de aplicación de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, para avanzar hacia la eficiencia y eficacia del Estado, mediante la mejora y simplificación de trámites, además de brindar seguridad y certeza jurídica a los usuarios en sus trámites con las instituciones públicas.

V.- Que el principio de coordinación institucional e interinstitucional, contemplado en el artículo 8 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 y sus reformas, señala expresamente que: "La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.

Las entidades o los órganos públicos que tengan a su cargo la recaudación de sumas de dinero o el control de obligaciones legales que deban satisfacer o cumplir los administrados, deberán remitir o poner a disposición del resto de la Administración, mensualmente o con la periodicidad que establezcan por reglamento, los listados donde se consignen las personas físicas o jurídicas morosas o incumplidas. Esta obligación únicamente se refiere a las entidades que requieran esa información para su funcionamiento o para los trámites que realizan."

VI.- Que el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 37045 del 22 de febrero del 2012, que es el "Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos", establece el Principio de coordinación institucional e interinstitucional, que deberán cumplir los órganos de la Administración Pública, de manera que el administrado no tenga que acudir a más de una oficina para la solicitud de un trámite o requisito.

VII.- Que, el Dictamen N° 079 del 18 de abril de 2022, emitido por la Procuraduría General de la República, es claro en señalar lo siguiente: " Al respecto, debemos reiterar que por haberlo dispuesto así el artículo 8 de la ley N° 8220, no es posible exigir al administrado, para la realización de un trámite administrativo, la presentación de certificaciones, o de cualquier información que conste en otra entidad u órgano público, como es el caso del Registro Nacional, del SINAC, del MINAE, de DINADECO, del CONAI, o del INDER."

VIII.- Que, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución N° 4295- 2015 de las 9:30 horas del 27 de marzo de 2015, señaló: "(...) en la parte orgánica de nuestra Constitución se recogen o enuncian algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las Administraciones Públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (...) La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma 'más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular (véase en este sentido, entre otras, la sentencia 2005-05600 de las 16:34 horas del 10 de mayo del 2005)".

IX.- Que diversos sectores de la sociedad han identificado como uno de los mayores problemas en su relación con las instituciones públicas, los tiempos de respuesta a sus trámites, así como su complejidad, los cuales, en algunos casos, superan los plazos fijados normativamente.

X.- Que a los administrados les asiste el derecho de exigir a las instituciones públicas, el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia para su buen funcionamiento y para recibir un servicio de calidad.

XI.- Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), como ente rector de la política en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y medianas empresas, debe diseñar y desarrollar acciones orientadas a la promoción, coordinación, articulación e impulso de programas e iniciativas que impulsen a los sectores mencionados.

Por tanto;

DECRETAN:

"CELERIDAD DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR

PÚBLICO COSTARRICENSE "

Artículo 1°- Objetivo. El presente Decreto tiene por objetivo, acelerar los trámites administrativos en las entidades públicas, por medio de la coordinación interinstitucional, la cual les permitirá el intercambio de la información necesaria para la resolución de los trámites planteados ante sus Instancias, de acuerdo a los alcances previstos en el ordenamiento jurídico.