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 Normativa >> Decreto Ejecutivo 43977 >> Fecha 14/03/2023 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 43977
Directrices generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para ministerios, entidades Públicas y sus órganos desconcentrados, según corresponda cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2024

N° 43977-H



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



Y EL MINISTRO DE HACIENDA



Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 y 185 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1 ), 27 inciso 1 ), y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, del 02 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 1, 3, 4, 5, 9, 21, 23, 24, 25, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 74, 80, 83 y 125 de la Ley N.º 8131, Ley ele la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre del 2001 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º 32988 H-MPPLAN, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006 y sus reformas; la Ley N.º 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público del 24 de febrero de 1984 y sus reformas; la Ley N.º 9524, Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central del 07 de marzo de 2018; el Dictamen C-181-2018 emitido por la Procuraduría General de la República el 01 de agosto de 2018; la Ley N° 10331, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023 del 09 de diciembre de 2022; la Ley N.º 1581, Estatuto de Servicio Civil del 30 de mayo de 1953 y sus reformas; el Decreto N.º 21, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas; la Ley N.º 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública del 09 de octubre de 1957 y sus reformas; la Ley N.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 03 de diciembre del 2018 y sus reformas; la Ley N.º10159, Ley Marco de Empleo Público del 8 de marzo de 2022; el Decreto Ejecutivo N.º 41641-H, Reglamento al Título IV de la ley N. º 963 5, denominado Responsabilidad Fiscal de la República del 09 de abril del 2019 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º 41564-MIDEPLAN-H, Reglamento del Título 111 de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; la Ley N.º 9635 referente al Empleo Público del 11 de febrero de 2019 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º 25592-MP, Manual General de Clasificación de Clases del 29 de octubre de 1996 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º 22317 MP-H-MIDEPLAN, Movilidad Horizontal en Ministerios, Instituciones y Empresas Públicas será autorizado por Autoridad Presupuestaria del 1° de julio de 1993; el Decreto Ejecutivo N.º 37485-H, Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias del 17 de diciembre del 2012; la Resolución R-DC-00122-2019 Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos Privados, de las 11 horas del 2 de diciembre de 2019 y su reforma, emitida por la Contraloría General de la República; el Decreto Ejecutivo N.º 26893-MTSS-PLAN, Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales del 06 de enero ele 1998 y sus reformas; la Ley N.º 5525, Ley de Planificación Nacional del 02 de mayo de 1974 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º 23323-PLAN, Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) del 17 de mayo de 1994 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º 37735-PLAN, Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación del 06 de 111.ayo del 2013 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N° 43251-PLAN Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del 15 de setiembre de 2021; el Decreto Ejecutivo N.º 41042-H, Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones público privadas, del 12 de abril del 2018; la Directriz N.º 045-MP, Dirigido a instituciones de la Administración Pública que desarrollan programas orientados al desarrollo humano e inclusión social, del 09 de mayo del 2016 y su reforma; la Directriz N.º 084-MIDEPLAN Dirigida a las instituciones del sector público sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública "sobre el seguimiento de las iniciativas de inversión pública", del 04 de agosto de 2017; la Directriz N.0 093-P Directriz sobre la gestión para Resultados en el Desarrollo dirigido al Sector Público, del 30 ele octubre del 2017; el Decreto Ejecutivo N.º 40736-MP-H-MIDEPLAN, Creación de la Base de Datos de Empleo para el Sector Público, del 26 de octubre del 2017; Decreto Ejecutivo N.º 41162-H, Limitación a las reestructuraciones, del 01 de junio de 2018 y sus reformas; y el Decreto Ejecutivo N.º 38916-H, Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el Ámbito ele la Autoridad Presupuestaria, del 13 de marzo del 2015 y sus reformas.



Considerando:



1°- Que de conformidad con los artículos 1, 9, 21, 23, 24 y 25 de la Ley N.º 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta N.º 198 del 16 de octubre del 2001 y sus reformas, en adelante Ley N.º 8131; el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MPPLAN, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en La Gaceta N.0 74 del 18 de abril del 2006 y sus reformas; la Autoridad Presupuestaria, en adelante AP, está facultada para formular las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, para Ministerios, Entidades Públicas y sus Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por su ámbito.



2° - Que de conformidad con el artículo 46 de la Ley N.0 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, publicada en La Gaceta N.º 233 del 15 de octubre de 1957 y sus reformas, así como el artículo 7, inciso h), de la Ley N.º 10159, Ley Marco de Empleo Público, publicada en el Alcance N.º 50 a La Gaceta N.º 46 del 9 de marzo del 2022, corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como órgano rector de Empleo Público, dirigir y coordinar la ejecución de las competencias inherentes en materia de empleo público, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Autoridad Presupuestaria y su Secretaría Técnica y la Dirección General de Servicio Civil, entre otras dependencias técnicas en la materia de empleo público.



3° - Que el artículo 23 de la citada Ley N.º 8131 estipula que los lineamientos generales y específicos de política presupuestaria deberán publicarse a más . tardar el 31 de marzo del año que precede al ejercicio de que se trate. Adicionalmente, tomando en consideración que nos encontramos en la coyuntura de la implementación de la citada Ley Marco de Empleo Público que rige a partir del 10 de marzo del 2023 y de su reglamento, se considera conveniente que los Capítulos V (Sobre materia salarial) y VI (Sobre empleo) de las presentes Directrices, contengan un único artículo que establezca que dichas materias estarán sujetas a lo que se disponga en la citada Ley Marco de Empleo Público y su reglamento, una vez que ambos cuerpos normativos se encuentren vigentes e implementados



4º- Que con fundamento en el artículo 2 de la Ley N° 8131 citada, la AP  debe dirigir sus esfuerzos al ordenamiento presupuestario del sector público costarricense, así como asesorar al Presidente de la República en materia de política presupuestaria.



5°- Que en aras de una política fiscal responsable y financieramente sostenible, en concordancia con las prioridades, objetivos y estrategias fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, en adelante "PNDIP", elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en adelante MIDEPLAN, en el Mateo Conceptual y Estratégico para el Fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica y de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas realizadas por el Ministerio de Hacienda, en adelante "MH", y el Banco Central de Costa Rica en adelante "BCCR", es necesario establecer directrices que regulen el gasto público.



6º - Que con fundamento en la Directriz N º 093-P Directriz sobre la gestión para Resultados en el Desarrollo, publicada en La Gaceta N.º 231 del 06 de diciembre del 2017, se estableció la Gestión para Resultados en el Desarrollo, en lo sucesivo GpRD, como el modelo de gestión pública, con el propósito de que sea adoptado por el sector público costarricense.



7°- Que para lograr la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, se hace imprescindible implementar medidas de ordenamiento presupuestario, que tiendan a mejorar la asignación del gasto público, sin afectar la oportunidad y calidad en la prestación de los bienes y servicios públicos, para la atención de los sectores prioritarios de desarrollo definidos por el Poder Ejecutivo y establecidos en el PNDIP.



8º - Que según el artículo 185 de la Constitución Política, la Tesorería Nacional, en adelante TN, es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales y es el único organismo que tiene facultad para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.



9°- Que el artículo 7 4 de la referida Ley N. º 8131, establece lo siguiente: "La Tesorería Nacional podrá redimir anticipadamente los títulos valores colocados incluso antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, siempre que existan los recursos suficientes y la operación resulte beneficiosa al fisco. En tales operaciones, deberán utilizar procedimientos garantes del cumplimiento de los principios de publicidad, seguridad y transparencia.



Los entes y órganos públicos tenedores de títulos deberán aceptar la redención anticipada que determine la Tesorería Nacional, en caso de que le resulte beneficioso al fisco.



Los fondos provenientes de la redención anticipada de los títulos, cuyos propietarios sean los entes y órganos públicos sujetos al principio de caja única, se acreditarán en el fondo único a cargo de la Tesorería Nacional, conforme a este principio. Si tales fondos no son utilizados por los entes u órganos públicos respectivos en el ejercicio presupuestario vigente, pasarán a formar parte del Fondo General de Gobierno".



10.- Que en virtud de la coexistencia de la problemática generada por la escasez de recursos económicos y la necesidad de realizar proyectos de inversión pública que sirvan para el desarrollo nacional, se hace necesario que la escogencia de estos proyectos se realice de manera ordenada y sistemática, especialmente de aquellos proyectos que tengan elaborados los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que permitan conciliar las medidas de austeridad con la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las prioridades del Gobierno, el "PNDIP", el fomento de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



11.- Que de conformidad con los principios presupuestarios establecidos en los incisos e) y g) del artículo 5° de la citada Ley N. º 8131 y sus refom1as, los presupuestos deben incluir los objetivos, metas, productos que se pretenden alcanzar y los recursos necesarios para cumplirlos; así como implementar mecanismos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos públicos de las entidades dentro del ámbito de la AP.



12.- Que el Decreto Ejecutivo N.º 37485-H, Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias, publicado en La Gaceta N.º 33 del 15 de febrero del 2013, así como la Resolución R-DC-00122-2019 Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos Privados y su reforma, publicada en el Alcance N.0 283 a La Gaceta N.º 242 del 19 de diciembre del 2019 emitida por la Contraloría General de la República, en adelante "CGR", establecen los lineamientos generales a aplicar por parte de las entidades beneficiarias y concedentes de transferencias presupuestarias.



13.- Que sin demeritar la rectoría legalmente asignada al MIDEPLAN, en el artículo 46 de la citada Ley N.º 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública y sus reformas, la AP y la Dirección General de Servicio Civil, en adelante DGSC, son los órganos competentes en materia salarial para los ministerios, entidades públicas y sus órganos desconcentrados, cada uno conforme a su ámbito de acción.



14.- Que las directrices, en armonía con la citada Ley N.º 10159 Ley Marco de Empleo Público y demás normativa vigente, buscan contribuir a uniformar las estructuras salariales vigentes en el Sector Público, así como lograr un nivel de empleo que procure la utilización racional del recurso humano.



15.- Que la Ley N.0 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, publicada en La Gaceta N.º 45 del 02 de marzo de 1984 y sus reformas, en adelante Ley N.º 6955, tiene como propósito ordenar, sanear y mantener fortalecida la Hacienda Pública y faculta a la AP para fijar lineamientos en materia de empleo público, dentro del ámbito de su competencia.



16.- Que la Ley N.º 1581, Estatuto de Servicio Civil, publicada en el Alcance N.º 20 a La Gaceta N.º 121 del 31 de mayo de 1953 y sus reformas, reproducida en La Gaceta N.º 128 del 1 O de junio de 1953; el Decreto N.0 21 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas; así como la Ley N.º 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública antes citada y la mencionada Ley Nº 10159, contienen la normativa general en materia de clasificación de puestos y administración de salarios, para los puestos cubie1ios por el Régimen de Servicio Civil.



17 .- Que de conformidad con el citado Decreto Ejecutivo N.º 22317 MP-HMIDEPLAN, publicado en La Gaceta N.º 137 del 20 de julio de 1993, la AP está facultada para autorizar los traslados de plazas, ocupadas o vacantes, entre los ministerios, instituciones y empresas públicas, cubie1ias por su ámbito.



18.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo primero en concordancia con el Transitorio II, ambos de la Ley N.º 9524, fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrarlos del Gobierno Central, publicada en La Gaceta N.º 62 del 10 de abril del 2018, todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central fueron incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, a partir de la etapa de formulación presupuestaria del 2021.



19.-Que sin detrimento de la obligación legal de carácter general que le corresponde a la AP de velar por el cumplimiento de las directrices y lineamientos de política presupuestaria, establecida en el inciso e) del artículo 21 de la Ley N° 8131, debe tomarse en consideración que el texto vigente del artículo 24 de dicha Ley, el cual fue modificado a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 9524 antes mencionada, ya no obliga a los órganos desconcentrados de los ministerios a remitir a dicho Órgano Colegiado copia de sus documentos presupuestarios para verificar el cumplimiento de las directrices y lineamientos de política presupuestaria, razón por· la cual, tal y como lo ha establecido la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-181-2018 del 01 de agosto del 2018, la verificación de ese cumplimiento debe ser realizada por los ministerios a los cuales están adscritos y por la Dirección General de Presupuesto Nacional, en adelante DGPN.



20.-Que Costa Rica ha asumido compromisos internacionales que le obligan como Estado a tomar medidas para disminuir las brechas de género, por tanto, es imperativo invertir los recursos necesarios para atender dichos compromisos y dar cuenta de la inversión que el Estado Costarricense ejecuta en materia de igualdad.



21.-Que la AP formuló las presentes Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2024, mediante el acuerdo N.º 13488, tomado en la Sesión Ordinaria N.º 02-2023, celebrada el 23 de febrero de 2023.



22.-Que el Consejo de Gobierno conoció las Directrices mencionadas en el considerando anterior, lo cual consta en el artículo 9 de la Sesión Ordinaria N.º 44 del Consejo de Gobierno, celebrada el 08 de marzo del 2023.



Por tanto,



DECRETAN:



DIRECTRICES GENERALES DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA,



SALARIAL, EMPLEO, INVERSIÓN Y ENDEUDAMIENTO PARA



MINISTERIOS, ENTIDADES PÚBLICAS Y SUS ÓRGANOS



DESCONCENTRADOS, SEGÚN CORRESPONDA, CUBIERTOS POR



EL ÁMBITO DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, PARA EL AÑO 2024



CAPÍTULO I



Disposiciones Generales



Artículo 1 º- Estas directrices serán aplicables a los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, cubie1ios por el ámbito de la AP, sin perjuicio de lo. establecido en otras disposiciones legales. Para efectos de aplicación de este Decreto Ejecutivo, cada vez que se hace alusión a los ministerios, se debe entender que se está haciendo también referencia a sus órganos desconcentrados.




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Artículo 2º- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley N.º 8131 y 15 de su Reglamento, es responsabilidad de la máxima autoridad de cada ministerio y entidad, velar por el cumplimiento de estas directrices.




Ficha articulo



Artículo 3°- La Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en adelante STAP, con fundamento en las atribuciones legalmente conferidas, solicitará la información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones.




Ficha articulo



Artículo 4°- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, deberán. utilizar como base para la GpRD, el documento denominado Marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento ele la Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica, elaborado por MIDEPLAN y el MH, conforme con lo que establece la Directriz N.º 093-P Directriz sobre la gestión para Resultados en el Desarrollo, publicada en La Gaceta N.º 231 del 06 de diciembre del 2017 y cualquier otra normativa técnica o jurídica relacionada, que al efecto se emita.




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Artículo 5°- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, cubiertos por el ámbito de la AP, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, serán responsables de incorporar los recursos necesarios en la formulación de sus presupuestos, para el cumplimiento de las prioridades, objetivos, estrategias y metas fijadas de corto, mediano y largo plazo en los instrumentos del PNDIP, Planes Estratégicos Institucionales, en adelante PEI y los Planes Operativos Institucionales, en adelante POI, de manera que exista una adecuada articulación Plan Presupuesto en el marco de la GpRD.




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Artículo 6° -Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, para la formulación de sus PEI, deberán atender lo dispuesto por el MIDEPLAN, mediante el Manual de Planificación con Enfoque para Resultados en el Desarrollo, la Guía Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, así como la Metodología para el diseño de estrategia institucional enfocada en la creación ele valor público, disponibles en el sitio web del MIDEPLAN.




Ficha articulo



Artículo -En el proceso de articulación Plan Presupuesto a desarrollar mediante el POI, los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, presentarán la Matriz de Articulación· Plan Presupuesto, en adelante MAPP, o los instrumentos que Se definan para tal efecto y que servirán como insumo al Ministro Rector para que este dictamine la vinculación con el PNDIP y el Plan Estratégico Nacional al 2050. La MAPP será revisada por el MIDEPLAN quien brindará criterio de concordancia al sector. Los ministerios r:emitirán el criterio de vinculación a la DGPN, mientras las entidades públicas y sus órganos desconcentrados lo remitirán a la STAP y a la CGR, según corresponda.




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Artículo 8º-Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, deberán promover el fortalecimiento de las Unidades de Planificación Institucional, en adelante UPI, con el recurso humano existente en la institución, para fortalecer los procesos y pilares de la GpRD, promover la calidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Asimismo, se debe facilitar que las UPI actúen como instancias articuladoras de la gestión institucional y de las Secretarías Sectoriales.




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Artículo 9°-Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados deberán considerar lo dispuesto en materia de género, que se contempla en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica del Sector Público vigentes.




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CAPÍTULO II



Sobre Materia Presupuestaria



Artículo 10.- Las entidades del sector público no financiero que se encuentran en el ámbito de la AP, deberán atender lo dispuesto por el MH de conformidad con lo ordenado en el Título IV (Responsabilidad Fiscal de la República) de la Ley N.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sus reformas y su Reglamento.



El MH, atendiendo lo dispuesto en los artículos 176 y 177 de la Constitución Política, 32 y 35 de la Ley N.º 8131, 38 de su Reglamento y sus reformas, comunicará a los ministerios a más tardar el 15 de abril del 2023, el monto del gasto presupuestario máximo para el 2024, dete1minado según los parámetros establecidos en el referido Título IV de la Ley N.º 9635, sus reformas y su Reglamento.






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Artículo 11.- Para las entidades públicas financieras no bancarias, el gasto presupuestario máximo del 2024, se establecerá con base en la proyección de ingresos totales 2024 ( corrientes, capital y financiamiento), definida por dichas entidades públicas en coordinación con la ST AP.



Para el cálculo de los ingresos se utilizará como insumo la serie histórica del periodo 2019-2022, así como la estimación de ingresos para los años 2023- 2024.



La proyección de ingresos debe ser remitida a la ST AP, a más tardar los primeros cinco días hábiles del mes de abril del 2023. Los montos del gasto presupuestario máximo resultantes, serán comunicados por la STAP a más tardar el 30 de abril de 2023.




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Artículo 12.- Las entidades públicas financieras no bancarias dentro del ámbito de la AP, podrán solicitar modificaciones al gasto presupuestario máximo. Las ampliaciones proceden cuando tengan ingresos adicionales (transferencias, superávit libre y específico, entre otros) a los contemplados en el artículo 11 de estas Directrices.




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Artículo 13.- La ST AP podrá modificar el gasto presupuestario máximo de las entidades públicas financieras no bancarias. Para el caso de ampliaciones de gastos que se financien con superávit libre o superávit específico, la ampliación se realizará mediante Decreto Ejecutivo.



En ambos casos, la STAP comunicará mediante oficio el nuevo gasto presupuestario máximo.



No se tramitarán solicitudes de ampliación del gasto para financiar la elaboración, cambios e implementación de Manuales Institucionales de Clases de Puestos.




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Artículo 14- Para las entidades públicas financieras no bancarias que ingresen al ámbito de la AP y que por primera vez formulen sus presupuestos, el gasto presupuestario máximo se definirá una vez que se cuente con el presupuesto del siguiente ejercicio económico.



Para aquellas entidades públicas financieras no bancarias que ingresen al ámbito de la AP y que desde años anteriores hayan iniciado sus actividades, el gasto presupuestario máximo se definirá aplicando la metodología indicada en el artículo 11 de estas directrices.




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Artículo 15.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, que desarrollan programas dirigidos al desarrollo humano e inclusión social, deberán utilizar el Índice de Pobreza Multidimensional (1PM), como una herramienta de medición e información para la asignación de recursos en los presupuestos, así como de seguimiento y evaluación de los programas sociales, establecido en la Directriz N.º 045-MP y su reforma, publicada en La Gaceta N.º 128 del 04 de julio del 2016.




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Artículo 16.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, para la formulación de sus anteproyectos de presupuesto o de sus presupuestos, según corresponda, deberán considerar además de las disposiciones contenidas en las presentes Directrices, las intervenciones estratégicas y metas del PNDIP y su vinculación con el presupuesto, de manera que se refleje en el cumplimiento de las metas programadas.



También deberán incluir los recursos necesarios para realizar las evaluaciones establecidas en la Agenda Nacional de Evaluaciones (ANE) del PNDIP, cuando corresponda, y para atender el desarrollo del plan ele acción derivado ele las



recomendaciones de los informes de evaluación.




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Artículo 17 .- Los ministros rectores y ministerios concedentes de recursos y transferencias, deberán remitir la información y atender los requerimientos en relación con la medición de la vigilancia y seguimiento de los recursos que transfieren, conforme a lo que disponga la DGPN, en los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, el Decreto Ejecutivo N.º 37485-H, Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias y la Resolución R-DC-00122-2019 Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del sector público a sujetos privados y su refo1ma, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.




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Artículo 18.- La TN, solicitará a los entes concedentes de las transferencias presupuestarias, la programación de flujo de efectivo que presentan las entidades beneficiarias y asignará los recursos dos días hábiles antes de la asignación de cuota, conforme a la situación fiscal del país, al compo1iamiento real de los ingresos según fuente de financiamiento, la ejecución de los recursos de acuerdo con las liberaciones que establezca la DGPN, las disponibilidades de saldos en Caja Única, las declaraciones juradas de los compromisos contraídos, la no generación de superávit libre y el monto requerido para hacer frente al cierre del periodo, así como las proyecciones de ingresos y gastos; y los resultados de las evaluaciones de aquellas intervenciones en las que se hayan realizado.




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Artículo 19.- Los misterios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, que tienen capacidad legal para cobrar por los servicios que prestan, cuando el marco legal lo permita, deberán establecer precios y tarifas que contribuyan a su financiamiento, asimismo, deberán velar porque los mismos se mantengan actualizados.




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Artículo 20.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, de conformidad con la política de Gobierno, PNDIP y lo establecido por el MIDEPLAN, en los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto de inversión pública, así como el seguimiento físico y financiero, en las obras de infraestructura y servicios relacionados, deberán dar prioridad en su orden, a lo siguiente:



. El mantenimiento de la inversión existente.



. Las obras que se encuentran en ejecución.



. Los proyectos de obra nueva que cuenten con los estudios de preinversión completos según el tipo de proyecto.



. Estudios de preinversión y diseños finales de proyectos nuevos, así como los contemplados en el PNDIP.




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Artículo 21.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, en lo referente a los proyectos de inversión pública, incluyendo los proyectos de Alianzas Público Privada, en adelante APP, destinados a la creación, ampliación o conservación de los bienes ele capital del país, deberán inscribirlos y registrar su avance físico y financiero en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, en adelante BPIP, del MIDEPLAN y aportar la información de seguimiento requerida en las Normas Técnicas de Inversión Pública, publicados en la página electrónica de ese Ministerio y en la Directriz . N.º 084-MIDEPLAN publicada en el Alcance N.º 216 a La Gaceta N.º 169 del 06 de setiembre del 2017.




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Artículo 22.- Los ministros rectores serán responsables de garantizar que, en la formulación de los anteproyectos de los presupuestos de los órganos desconcentrados, se incluyan solo aquellos proyectos ele inversión pública que cuenten con el código asignado por el BPIP del MIDEPLAN, dispongan de los recursos financieros y técnicos necesarios para su ejecución y sean prioritarios según el PNDIP; además, deberán cumplir con los lineamientos y directrices establecidos por dicho Ministerio.



Las Unidades de Planificación Institucional y las Unidades Financieras serán las responsables a nivel institucional de verificar Ja consistencia entre los montos incluidos en el presupuesto, la etapa que se desarrollará con dichos recursos y el alcance de lo que se pretenda ejecutar, con la información registrada en el BPIP.




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Artículo 23.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, deberán implementar acciones para hacer más eficiente la ejecución, tanto física como financiera de los proyectos de inversión, tomando en consideración lo establecido en el marco de la planificación estratégica alineada con los objetivos establecidos.




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Artículo 24.- Los ministerios en los anteproyectos de presupuesto, deberán eliminar de su relación de puestos, aquellas plazas que no cuenten con la aprobación de la AP, aun cuando hayan tenido contenido presupuestario en el periodo inmediato anterior.



En su defecto, la DGPN deberá realizar la eliminación de las plazas en el proceso de formulación del Presupuesto de la República, con base en el acuerdo emitido por la AP.



Una vez publicada la Ley de Presupuesto de la República, la DGPN deberá remitir a más tardar el 15 de enero del año siguiente, un informé a la ST AP, donde se detalle el número y clasificación de los puestos eliminados.




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Artículo 25.- Las entidades públicas y sus órganos desconcentrados deberán incorporar en el presupuesto ordinario los recursos provenientes de superávit acumulado, asignándolos en los gastos donde la normativa lo permita, con el objetivo de lograr un uso eficiente de dichos recursos.




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CAPÍTULO III



Sobre inversiones financieras



Artículo 26.- Las entidades públicas bajo el ámbito de la AP mantendrán y/o trasladarán la totalidad de los recursos públicos a cuentas de la entidad dentro de la Caja Única del Estado el lunes hábil siguiente de la semana de recaudación, independientemente del instrumento financiero ( cuenta bancaria y/o inversiones) en que se encuentren esos recursos públicos, salvo que exista normativa superior en contrario.






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Artículo 27 - Las entidades públicas bajo el ámbito de la AP podrán adquirir o renovar activos financieros a plazo, en moneda nacional o extranjera, únicamente en títulos de deuda interna del Gobie1no, que ofrecerá por venta directa el MH, a través de la TN, solamente en los siguientes casos:



1. Cuando la entidad reciba resolución positiva por parte del despacho del MH y/o la TN, que la norma superior a las directrices les habilita a invertir sus recursos, previa demostración y justificación enviada por la entidad.



2. Que el despacho del MH y/o la TN se encuentren en proceso de revisión de la justificación de la norma superior habilitante aportado por la entidad.



3. Cuando la resolución del despacho del MH y/o la TN esté en un proceso recursivo.



En caso de que la programación financiera de la TN, indique que no se requiere la captación de recursos de las entidades públicas, por razón del plazo o monto de la inversión, ésta podrá autorizarlos temporalmente para que inviertan los recursos en los bancos del Estado.




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Artículo 28.- La TN, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 74 de la citada Ley N° 8131, siempre que exista contenido presupuestario, redimirá anticipadamente la totalidad de las inversiones en títulos valores con el MH, que mantengan las entidades públicas bajo el ámbito de la AP y acreditará los montos, en cuentas de cada entidad, dentro de la Caja Única del Estado. Lo anterior, salvo que exista normativa legal en contrario.




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Artículo 29.- Las entidades públicas bajo el ámbito de la AP, salvo disposición legal en contrario, no podrán invertir, ni mantener recursos en ningún tipo de fondo de inversión, cuentas corrientes y cuentas de ahorro que se manejen como inversiones a la vista, cuentas con saldos pactados o en cualquier otra figura de depósito.




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Artículo 30.- Las entidades públicas bajo el ámbito de la AP solo podrán tener cuentas en Caja Única del Estado, salvo autorización legal en contrario. La TN con previa solicitud y justificación de la respectiva entidad, autorizará el uso de cuentas corrientes en la banca estatal, únicamente para garantías, cajas chicas y recaudación, u otra previa justificación. Los recursos serán girados conforme a la programación financiera que presenten estas entidades ante la TN, conforme a las disposiciones que al efecto emita y comunique la TN.



Los intereses generados en esas cuentas bancarias deberán trasladarse al Fondo General de Gobierno de la República siguiendo los lineamientos establecidos al efecto.




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Artículo 31.- La TN será la encargada de dar seguimiento y verificará que todas las entidades públicas bajo el ámbito de la AP cumplan con lo ordenado en los artículos 26, 27 y 30 de este capítulo, asimismo en caso de incumplimiento, deberá informar al MH, a la ST AP, al Ministro Rector de la entidad y a la CGR.




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CAPÍTULO IV



Sobre endeudamiento público



Artículo 32.- El sector público no financiero, podrá mantener hasta un 35% del saldo total de su deuda interna en el Sistema Bancario Nacional.






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Artículo 33.- La Dirección de Crédito Público, en adelante DCP, deberá comunicar a la AP, si  la Política de Endeudamiento público requiere de ajustes o actualización. En caso de generarse un ajuste o actualización, se procederá de conformidad con el artículo 83 de la Ley N.0 8131.




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Artículo 34.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados deberán velar porque los proyectos de inversión pública a financiarse con endeudamiento público o por APP, estén contemplados en el PNDIP, elaborado por el MIDEPLAN, e inscritos en el BPIP con su respectivo código; y cuando se requiera financiar con crédito público la conclusión de la fase de preinversión y la etapa de ejecución de los proyectos, deberán al menos contar con el estudio de prefactibilidad, y si corresponde, con un plan de adquisiciones y/o expropiaciones de los terrenos, un plan de relocalización de servicios públicos y de los permisos requeridos. Si solo se financia la etapa de ejecución con endeudamiento público, los proyectos deberán tener la fase de preinversión concluida y contar con al menos un 60% de los terrenos.




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Artículo 35.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados deberán definir en la estructuración de los proyectos de inversión, con el apoyo del MH mediante el quehacer de la DCP, el esquema que mejor convenga para el financiamiento y gestión, explorando la posibilidad de aplicación de esquemas de asociación público privadas entre otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.




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Artículo 36.- Las entidades públicas y sus órganos desconcentrados que generen recursos provenientes de la venta de bienes y servicios- y/o cooperaciones no reembolsables, cubrirán con estos la fase de preinversión (perfiles, prefactibilidad, factibilidad), así como los gastos ele contrapartida local y los recursos adicionales que se requieran para la ejecución y culminación de los proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento, según el ordenamiento jurídico vigente.



De igual manera, los ministerios con la asignación presupuestaria que les corresponda y con cooperaciones no reembolsables cubrirán la fase de preinversión citada en el párrafo anterior; así como los gastos de contrapartida local que se requieran para la ejecución de los proyectos y los recursos adicionales al financiamiento necesario para su culminación.




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Artículo 37.- Todo incremento en el costo total de los proyectos de inversión pública deberá ser asumido por el ministerio o entidad pública que lo ejecuta, dentro de la asignación presupuestaria que le corresponda y cumpliendo con la regla fiscal.




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Artículo 38.- ·con la finalidad de resguardar el ordenamiento presupuestario y atenuar el riesgo fiscal, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados que generen recursos provenientes de la venta de bienes y servicios, que ejecuten proyectos financiados con endeudamiento en donde el Prestatario es el Gobierno de la República, deberán suscribir con el MH un Convenio Subsidiado, en el que éstas asuman el pago de intereses, comisiones y cualquier otro pago o gasto generado y dispuesto en el Contrato de Préstamo no relacionado a la amortización. Dicho convenio deberá estar suscrito previo a solicitarse el primer desembolso.




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Artículo 39.- Con la finalidad de resguardar el ordenamiento presupuestario y atenuar el riesgo fiscal, las entidades públicas y órganos desconcentrados que soliciten la garantía estatal para ejecutar proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento o APP, deberán suscribir un Convenio de Contragarantía con el MH, que permita cubrir los riesgos fiscales a los que se expone el Gobierno con el otorgamiento de la garantía y reestablezcan parte del ahorro logrado en la tasa de interés pactada.




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Artículo 40.- Desde la estructuración de los proyectos y en las negociaciones de créditos tanto por parte de los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, como la DCP, se deberá procurar que la conformación del esquema de ejecución de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión Pública sea eficiente, vinculado a parámetros de resultados y cumplimientos de metas.



Además, se debe procurar que las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión Pública se constituyan con el recurso humano existente y que sea atinente y con experiencia en la materia o que en su defecto se capacite; de no contarse con personal idóneo suficiente para gestionar los proyectos, podri1 complementarse con personal externo a la institución con la experticia requerida.



En lo posible se deberá evitar la creación de Unidades Ejecutoras ele Proyectos de Inversión con personalidad jurídica instrumental.




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Artículo 41.- Una vez que el endeudamiento público obtenga validez jurídica, el Órgano Ejecutor deberá iniciar en un plazo no mayor a un mes, la gestión correspondiente de incorporación de los recursos provenientes del endeudamiento al Presupuesto.



La incorporación de tales recursos se realizará en el momento en que se fon11ule y se apruebe un Presupuesto Extraordinario de la República. Salvo que la propia Ley del empréstito modifique la ley de presupuesto ordinario y extraordinario vigente, o disponga que la incorporación se realice vía decreto ejecutivo.




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Artículo 42.- Para los proyectos de inversión pública que desarrollen los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, a través de cualquier mecanismo de asociación público privada, ya sea auto sostenible o que requiera un aporte del Gobierno, deberá contar con el aval fiscal del MH a través de la DCP, de previo a generar cualquier compromiso formal en el marco de la normativa vigente.



Para dicho aval, una vez finalizada la etapa de factibilidad de la fase de preinversión y con la Declaratoria ,de Viabilidad del proyecto por parte de MIDEPLAN, cuando corresponda, la institución interesada deberá presentar estudios de factibilidad, preinversión, elementos relacionados a los aportes para el proyecto, expropiaciones, traslado de servicios públicos y supervisión de los contratos, riesgos o contingencias que puedan impactar las finanzas públicas según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.º 41042-H, Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones público privadas, publicado en el Alcance N.º 92 a La Gaceta N.º 79 del 7 de mayo del 2018.




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CAPÍTULO V



Sobre material salarial



Artículo 43.-La materia salarial, quedará sujeta a lo que se disponga en la citada Ley Marco de Empleo Público y su reglamento, una vez que ambos cuerpos normativos se encuentren vigentes e implementados.






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CAPÍTULO VI



Sobre empleo



Artículo 44.-La materia de empleo, estará sujeta a lo que se disponga en la citada Ley Marco de Empleo Público y su reglamento, una vez que ambos cuerpos normativos se encuentren vigentes e implementados.






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CAPÍTULO VII



Disposiciones finales



Artículo 45.-Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, no podrán incluir en los proyectos de reglamento autónomo y de servicio, aspectos relacionados con la materia salarial y de empleo, que contravengan la normativa vigente y las presentes Directrices.



Los proyectos de reglamentos autónomos de organización y -de servicio, así como sus modificaciones a los vigentes, deberán atender las disposiciones presupuestarias, financieras, de empleo, salarial, y otras de importancia, contenidas en las Directrices, lineamientos y demás normativa existente, que sea de competencia de la AP.



Para ello deberán presentarlos, previo a su publicación a la STAP, para verificar el cumplimiento de lo anterior.



En el caso. de los ministerios al estar cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, los presentarán a la DGSC para su aprobación en materia de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, previo a su envío a la ST AP.






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Artículo 46.- Toda estructura organizacional, así como sus modificaciones, deberá contar con la aprobación del MIDEPLAN, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N.º 26893-MTSS-PLAN, Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales del 06 de enero de 1998 y sus reformas, publicado en La Gaceta N.º 88 del 08 de mayo de 1998 y sus reformas. Además ele cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 41162-H, Limitación a las reestructuraciones, publicado en el Alcance N.º 115 ele La Gaceta N.º 100 del 06 de junio de 2018 y sus reformas.




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Artículo 47.- La fecha de rige de los acuerdos tomados por la AP, en ejercicio de sus· competencias, será el primer día del mes siguiente al de la aprobación del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente.




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Artículo 48.- En caso de que las fechas establecidas para la remisión de información no correspondan a días hábiles, será presentada el día hábil inmediato siguiente.




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Artículo 49.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, en aras de cumplir el principio de publicidad del presupuesto, deberán divulgar en sus páginas web los presupuestos, su programación de metas y resultados de cada periodo ante la sociedad civil. Asimismo, deberán crear los mecanismos que propicien la participación ciudadana.




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Artículo 50.- El incumplimiento de lo dispuesto en estas directrices podrá acarrear la aplicación del régimen de responsabilidad establecido en el Título X, artículos 107 y siguientes de la Ley N° 8131.




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Artículo 51.- La STAP, cuando corresponda, divulgará en la página electrónica del MH, los requisitos o trámites que deben cumplir los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, para que sus gestiones o solicitudes sean atendidas.




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Artículo 52.- Los ministerios, las entidades públicas y sus órganos desconcentrados, observarán el Decreto Ejecutivo N° 38916-H, Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, publicado en La Gaceta N.º 61 del 27 de marzo del 2015 y sus reformas.




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Artículo 53.- Para la formulación de los presupuestos rige a partir de su publicación y para su ejecución a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2024.



Dado en la Presidencia de la República, a los catorce días del mes de marzo del dos mil veintitrés




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Fecha de generación: 23/2/2024 09:29:14
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