Artículo 1º.- Ratifícase en todas sus partes la Convención sobre la

Prevención y el Castigo de Delitos contra personas internacionalmente

protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, suscrita en Nueva York el

14 de diciembre de 1973 y cuyo texto es el siguiente:

CONVENCION SOBRE LA PREVENCION Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA

PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE

LOS AGENTES DIPLOMATICOS

Los Estados partes en la presente Convención,

Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las

Naciones Unidas relativas al mantenimiento de la paz internacional y al

fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados,

Considerando que los delitos contra los agentes diplomáticos y otras

personas internacionalmente protegidas al poner en peligro la seguridad de

esas personas crean una seria amenaza para el mantenimiento de relaciones

internacionales normales, que son necesarias para la cooperación entre los

Estados,

Estimando que la comisión de esos delitos es motivo de grave

preocupación para la comunidad internacional,

Convencidos de que existe una necesidad urgente de adoptar medidas

apropiadas y eficaces para la prevención y el castigo de esos delitos,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1

Para los efectos de la presente Convención:

1.- Se entiende por "personas internacionalmente protegidas":

a) Un Jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano

colegiado cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla

las funciones de jefe de Estado, un Jefe de gobierno o un ministro de

relaciones exteriores, siempre que tal persona se encuentre en un estado

extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañen;

b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de

un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de

una organización intergubernamental que, en el momento y en el lugar en

que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia

particular o sus medios de transporte, tenga derecho, conforme al derecho

internacional, a una protección especial contra todo atentado a su

persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que

formen parte de su casa;

2.- Se entiende por "presunto culpable" la persona respecto de quien

existan suficientes elementos de prueba para determinar prima facie que ha

cometido o participado en uno o más de los delitos previstos en el

artículo 2º.

ARTICULO 2

1.- Serán calificadas por cada Estado parte como delitos en su

legislación interna, cuando se realicen intencionalmente:

a) la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la

integridad física o la libertad de una persona internacionalmente

protegida;

b) la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales,

la residencia particular o los medios de transporte de una persona

internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad

física o su libertad;

c) la amenaza de cometer tal atentado;

d) la tentativa de cometer tal atentado; y

e) la complicidad en tal atentado.

2.-Cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas

adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.

3.-Los dos párrafos que anteceden no afectan en forma alguna las

obligaciones que tienen los Estados partes, en virtud del derecho

internacional, de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir otros

atentados contra la persona, libertad o dignidad de una persona

internacionalmente protegida.

ARTICULO 3

1.- Cada Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su

jurisdicción sobre los delitos previstos en el párrafo 1 del artículo 2º

en los siguientes casos:

a) cuando el delito se haya cometido en el territorio de ese Estado o

a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado;

c) cuando el delito se haya cometido contra una persona

internacionalmente protegida, según se define en el artículo 1º, que

disfrute de esa condición en virtud de las funciones que ejerza en nombre

de dicho Estado.

2.- Asimismo, cada Estado parte dispondrá lo que sea necesario para

instituir su jurisdicción sobre esos delitos en el caso de que el presunto

culpable se encuentre en su territorio y de que dicho Estado no conceda su

extradición conforme al artículo 8º a ninguno de los Estados mencionados

en el párrafo 1 del presente artículo.

3.- La presente Convención no excluirá ninguna jurisdicción penal

ejercida de conformidad con la legislación nacional.

ARTICULO 4

Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos

previstos en el artículo 2, en particular:

a) adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se

prepare en sus respectivos territorios la comisión de tales delitos tanto

dentro como fuera de su territorio;

b) intercambiando información y coordinando la adopción de medidas

administrativas y de otra índole, según convenga, para impedir que se

cometan esos delitos.

ARTICULO 5

1.- El Estado parte en el que haya tenido lugar la comisión de

cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2, cuando tenga razones

para creer que el presunto culpable ha huido de su territorio, deberá

comunicar a los demás Estados interesados, directamente o a través del

Secretario General de las Naciones Unidas, todos los hechos pertinentes

relativos al delito cometido y todos los datos de que disponga acerca de

la identidad del presunto culpable.

2.- Cuando se haya cometido contra una persona internacionalmente

protegida cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2, todo

Estado parte que disponga de información acerca de la víctima y las

circunstancias del delito se esforzará por proporcionarla en las

condiciones previstas por su legislación interna, en forma completa y

oportuna, al Estado parte en cuyo nombre esa persona ejercía sus

funciones.

ARTICULO 6

1.- Si considera que las circunstancias lo justifican, El Estado parte

en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas

adecuadas conforme a su legislación interna para asegurar su presencia a

los fines de su proceso o extradición. Tales medidas serán notificadas

sin demora, directamente o a través del Secretario General de las Naciones

Unidas:

a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o,

si éste es apátrida, al Estado en cuyo territorio resida permanentemente;

c) al Estado o los Estados de que sea nacional la persona

internacionalmente protegida de que se trate o en cuyo nombre ejercía sus

funciones;

d) a todos los demás Estados interesados; y

e) a la organización intergubernamental de la que sea funcionario,

personalidad oficial o agente, la persona internacionalmente protegida de

que se trate.

2.- Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas

en el párrafo 1 de este artículo tendrá derecho:

a) a ponerse sin demora en comunicación con el representante

competente más próximo del Estado del que sea nacional o al que competa

por otras razones la protección de sus derechos, o si se trata de una

persona apátrida, del Estado que la misma solicite y que esté dispuesto a

proteger sus derechos; y

b) A ser visitada por un representante de ese Estado.

ARTICULO 7

El Estado parte en cuyo territorio se encuentra el presunto culpable,

de no proceder a su extradición, someterá el asunto, sin ninguna excepción

ni demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio

de la acción penal, según el procedimiento previsto en la legislación de

ese Estado.

ARTICULO 8

1.- En la medida en que los delitos previstos en el artículo 2 no

estén enumerados entre los casos de extradición en tratados de extradición

vigentes entre los Estados partes, se considerarán incluidos como tales en

esos tratados. Los Estados partes se comprometen a incluir esos delitos

como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren

entre sí en lo sucesivo.

2.- Si un Estado parte que subordine la extradición a la existencia de

un tratado recibe una demanda de extradición de otro Estado parte con el

que no tiene tratado de extradición podrá, si decide concederla,

considerar la presente convención como la base jurídica necesaria para la

extradición en lo que respecta a esos delitos. La extradición estará

sujeta a las disposiciones de procedimientos y a las demás condiciones de

la legislación del Estado requerido.

3.- Los Estados partes que no subordinen la extradición a la

existencia de un tratado reconocerán esos delitos como casos de

extradición entre ellos con sujeción a las disposiciones de procedimiento

y a las demás condiciones de la legislación del Estado requerido.

4.- A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará

que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde

ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a

establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 3.

ARTICULO 9

Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en

relación con uno de los delitos previstos en el artículo 2º gozará de las

garantías de un trato equitativo en todas las fases del procedimiento.

ARTICULO 10

1.- Los Estados partes se prestarán la mayor ayuda posible en lo que

respecta a todo procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el

artículo 2 inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el

proceso que obren en su poder.

2.- Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán

a las obligaciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro

tratado.

ARTICULO 11

El Estado parte en el que se entable una acción penal contra el

presunto culpable del delito comunicará el resultado final de esa acción

al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la

información a los demás Estados partes.

ARTICULO 12

Las disposiciones de esta Convención no afectarán a la aplicación de

los Tratados sobre Asilo, vigentes en la fecha de la adopción de esta

Convención, en lo que concierne a los Estados que son partes de esos

Tratados; pero un Estado parte de esta Convención no podrá invocar esos

Tratados con respecto de otro Estado parte de esta Convención que no es

parte de esos tratados.

ARTICULO 13

1.- Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con

respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no

se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de

uno de ellos.

Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de

presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse

de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá

someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una

solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2.- Todo Estado parte, en el momento de la firma o ratificación de la

presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se

considera obligado por el párrafo anterior. Los demás Estados partes no

estarán obligados por el párrafo anterior ante ningún Estado parte que

haya formulado esa reserva.

3.- Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el

artículo anterior podrá retirarla en cualquier momento notificándole Al

Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 14

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados

hasta el 31 de diciembre de 1974, en la Sede de las Naciones Unidas en

Nueva York.

ARTICULO 15

La presente Convención estará sujeta a ratificación. Los

instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario

General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 16

La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier

Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del

Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 17

1.- La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir

de la fecha de depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o

adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2.- Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se

adhiera a ella después del depósito del vigésimo segundo instrumento de

ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a

partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de

ratificación o adhesión.

ARTICULO 18

1.- Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante

notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones

Unidas.

2.- La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que

el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

ARTICULO 19

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los

Estados entre otras cosas;

a) las firmas de la presente Convención y el depósito de instrumentos de

ratificación o adhesión de conformidad con los artículos 14, 15 y 16, y

las notificaciones hechas en virtud del artículo 18.

b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor de conformidad

con el artículo 17.

ARTICULO 20

El original de la presente Convención, cuyos textos chino, español,

francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder

del Secretario General de las Naciones Unidas, quien enviará copias

certificadas de él a todos los Estados.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para

ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención,

abierta a la firma en Nueva York el 14 de diciembre de 1973.