DIRECTRIZ

N° 082 -MP-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LA MINISTRA A.I. DE LA PRESIDENCIA

Y EL MINISTRO DE SALUD

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 11, 140, incisos 3), 8), 18) y 20), 146, de la Constitución Política; artículos 11, 25, 28 párrafo 2), inciso b), 99, 100, y 113, inciso 1) y 3) de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 1, 4, 6, 7, 160, 177, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973; los artículos 2 inciso b), c) y e) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412, del 08 de noviembre de 1973; el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; y,

CONSIDERANDO:

l. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les defiendan de toda amenaza o peligro.

II. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, y 2 inciso b) y c) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973, regulan la obligación de protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud pública por parte del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud.

III. Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, y que las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden público, por lo que en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal.

IV. Que la Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos, mediante resolución número 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas del 10 de abril de 2020 señaló que todas las políticas y medidas que se adopten para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida, deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados.

V. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia dada la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, lo cual exige la oportuna adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a estas circunstancias extraordinarias de crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para su vida y sus derechos.

VI. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación sanitaria provocada por la enfermedad causada por el COVID-19.

VII. Que ante la situación epidemiológica actual por COVID-19 en el territorio nacional y a nivel internacional, el Poder Ejecutivo está llamado a reforzar, con apego a la normativa vigente, las medidas de prevención por el riesgo en el avance de dicho brote que, por las características del virus resulta de fácil transmisión mayormente con síntomas, pero también en personas sin síntomas manifiestos, lo cual representa un factor de aumento en el avance del brote por COVID-19, provocando una eventual saturación de los servicios de salud y la imposibilidad de atender oportunamente a aquellas personas que enfermen gravemente.

VIII. Que en el contexto actual generado por el COVID-19, es primordial resguardar la salud de la población y evitar la saturación de los servicios de salud, en especial las unidades de cuidados intensivos a causa de esta enfermedad. Por ello, el Poder Ejecutivo debe tomar acciones específicas para disminuir el aumento en la propagación del COVID-19 y así, procurar el óptimo abordaje de la situación acarreada por el COVID-19.

IX. Que en razón de la evolución de casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica, es menester planificar y organizar medidas que aseguren la continuidad· de los centros de trabajo, actividades y servicios, con estrictos protocolos según las disposiciones del Ministerio de Salud y de conformidad con el comportamiento epidemiológico de dicha enfermedad en las próximas semanas.

X. Que resulta necesario, para la Administración Pública disponer de un proceso participativo con el sector privado, en aras de construir medidas conjuntas para todos los sectores nacionales, mediante una planificación efectiva que permita minimizar el impacto sobre la población trabajadora, sus clientes y sus familias, así como para garantizar la aplicación de un enfoque de derechos humanos en su implementación.

XI. Que en virtud de la naturaleza del COVID-19 como enfermedad, las medidas por aplicar pueden cambiar dependiendo de las características y niveles de transmisión, por lo que se deben poner en práctica de manera paulatina, según el nivel de impacto, así como de acuerdo con el análisis y actualización de las mismas en el tiempo.

XII. Que el Estado de Costa Rica ha logrado un adecuado control del COVID-19 en el territorio nacional, como resultado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto, por lo que la reactivación y continuidad de las actividades y servicios requiere igualmente del compromiso de todas las personas que habitan en el país.

Por tanto, emiten la siguiente directriz

DIRIGIDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y DESCENTRALIZADA

"SOBRE LOS PROTOCOLOS PARA LA REACTIVACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SECTORES

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19"

Artículo 1º.-Objetivo.Debido al estado de emergencia nacional por la situación sanitaria generada por el COVID-19 declarado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se instruye a las personas jerarcas de la Administración Pública Central y se insta a las personas jerarcas de la Administración Pública Descentralizada, a iniciar un proceso coordinado y participativo con el sector privado para la aplicación de medidas de prevención y mitigación del COVID-19, que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios, según el comportamiento epidemiológico de dicha enfermedad.