Artículo 2º.- Toda persona que tenga un bien, de los que esta ley define como patrimonio nacional arqueológico, será responsable de su conservación. En caso de deterioro, extravío o pérdida de éste, deberá comunicarse inmediatamente el caso al Museo Nacional, para que se tomen las medidas necesarias, relativas a su conservación, restauración o recuperación.

    Artículo 4º.- Créase la Comisión Arqueológica Nacional, formada por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Museo Nacional, Universidad de Costa Rica, Departamento de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y Ministro de Educación Pública, cuya función principal será velar por el cumplimiento de esta ley.

    Artículo 6º.- Se concede, a los coleccionistas y tenedores de objetos arqueológicos, un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, a fin de que presenten un inventario de sus colecciones al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, con el propósito exclusivo de su identificación. Este inventario se hará bajo la fe de juramento y de acuerdo con el artículo 17 de esta ley.

    Artículo 8º.- Se prohíbe el comercio y la exportación de objetos arqueológicos, por parte de particulares e instituciones privadas o estatales. La única entidad facultada para exportar objetos arqueológicos, con fines de intercambio o de investigación, será el Museo Nacional, previa autorización de la Comisión Arqueológica Nacional.

    Artículo 10.- El Museo Nacional podrá transferir la custodia de su bienes arqueológicos a otras instituciones del Estado, para la creación de museos regionales y municipales, siempre que estas instituciones garanticen la óptima conservación de los objetos. Si no se cumpliera este requisito o desmejoraran las condiciones de conservación, el Museo ordenará la devolución de los objetos arqueológicos transferidos.

    Artículo 11.- Cuando se descubran monumentos, ruinas, inscripciones o cualquier otro objeto de interés arqueológico, en terrenos públicos o particulares, deberá darse cuenta a las autoridades locales de manera inmediata, para que se tomen las medidas precautorias que se estimen convenientes. Estas autoridades deberán notificar el hecho, inmediatamente, a la Dirección del Museo Nacional.

    Artículo 12.- La Comisión Arqueológica Nacional podrá autorizar excavaciones con autorización del propietario del terreno, y con la obligación de supervisar la excavación en forma directa y adecuada, y de adoptar las medidas correspondientes para evitar daños a la propiedad de que se trate.

    Artículo 13.- Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo Nacional. El Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se organizarán las labores de rescate arqueológico.

    Artículo 14.- Los monumentos arqueológicos muebles podrán ser trasladados dentro del país, siempre que se notifique de previo al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, el que comunicará inmediatamente el caso a la Comisión Arqueológica Nacional.

    Artículo 15.- Toda clase de trabajos de excavación para descubrir o explorar patrimonio arqueológico, será realizada únicamente por científicos e instituciones de reconocida competencia en la materia, previa autorización de la Comisión Arqueológica Nacional, la cual señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.

    El Museo Nacional queda obligado a supervisar los trabajos de excavación a que se refiere este artículo. En aquellos sitios en que existan comunidades indígenas, las excavaciones arqueológicas sólo podrán realizarse con autorización de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y con el visto bueno de la Comisión Arqueológica Nacional.

 

    Artículo 16.- Créase el Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, dependiente del Museo Nacional y supervisado por la Comisión Arqueológica Nacional, el cual contará con el asesoramiento de cualquier otra institución pública que se considere del caso.

    Artículo 18.- El Poder Ejecutivo incluirá, todos los años, en el presupuesto ordinario, una partida que no será inferior a tres millones de colones, la cual girará al Museo Nacional, a efecto de que esta institución atienda las obligaciones registrales que se le asignan en la presente ley, y procure la conservación y recuperación del patrimonio nacional arqueológico.

DE LAS SANCIONES

    Artículo 19.- Quien omita la comunicación, a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, será sancionado con una multa de cinco mil a cuarenta mil colones.

    Artículo 20.- La persona o personas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley, no dieren cuenta de un hallazgo de bienes arqueológicos, o no pusieren éstos en poder del Museo Nacional, serán sancionados con prisión inconmutable de tres a cinco años.

    Artículo 21.- Quien omita el aviso a las autoridades, a que se refiere el artículo 11 de la presente ley, será penado con una multa de diez mil a veinte mil colones. Si fuere una autoridad la que no toma las medidas precautorias pertinentes, la misma será destituida de su cargo, sin responsabilidad patronal y sin perjuicio de las sanciones penales en que pueda incurrir.

    Artículo 22.- Si se realizara el traslado, a que se refiere el artículo 14 de la presente ley, sin la notificación respectiva, se impondrá prisión inconmutable de uno a tres años al responsable.

    Artículo 23.- Al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico se le impondrá prisión inconmutable de dos a cinco años.

    Artículo 24.- A quien realice trabajos materiales o de exploración arqueológica por excavación, remoción o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por la Comisión Arqueológica Nacional, se le impondrá prisión de uno a tres años y se le decomisarán los objetos hallados, que serán propiedad del Estado.

    Artículo 25.- Al que valiéndose de la autorización de la Comisión Arqueológica Nacional para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para si, o para otro, de objetos arqueológicos, se le impondrá prisión inconmutable de dos a tres años.

    Artículo 26.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un objeto arqueológico, no contemplando por esta ley, o al que comercie con objetos arqueológicos, se le impondrá prisión de uno a tres años y se le decomisarán los objetos, que pasarán a ser propiedad del Estado.

    Artículo 27.- Al que, por cualquier medio, saque del país, o pretenda sacar, objetos arqueológicos, se le impondrá prisión inconmutable de uno a cuatro años.

    Artículo 28.- Al que se apoderare de un objeto arqueológico, sin consentimiento de quien pueda tenerlo en depósito, de acuerdo con esta ley, se le impondrá prisión inconmutable de uno a seis años, sin perjuicio de las responsabilidades civiles.

    Artículo 29.- La gradación de las sanciones, a que se refiere esta ley, se hará teniendo en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

    Artículo 30.- Si los delitos previstos por esta ley fueran cometidos por funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones correspondientes les serán aplicadas, independientemente de las otras que les correspondan en su calidad de funcionarios del Estado.

DISPOSICIONES GENERALES

    Artículo 31.- Las autoridades aduanales, administrativas y de policía, quedan facultadas para revisar las pertenencias de nacionales y extranjeros que salen del país, con el objeto de comprobar e impedir la exportación o salida de objetos arqueológicos

    De comprobarse que se pretende sacar del país objetos arqueológicos, éstos serán decomisados a favor del Museo Nacional, y el autor o los autores del hecho serán sancionados con prisión inconmutable de uno a tres años.

 

    Artículo 32.- Los objetos arqueológicos que ingresen al país con permiso de importación, certificado de autenticidad y demás documentos en regla, no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.

    Artículo 33.- Las colecciones arqueológicas que ingresen al país, con carácter temporal, para fines de exhibición o de estudio, no se inscribirán en el citado Registro y estarán exentas de todo impuesto, siempre que así lo recomiende el Museo Nacional.

    Artículo 34.- Las personas físicas o jurídicas podrán deducir de sus impuestos sobre la renta, de conformidad con las disposiciones de las leyes tributarias, los montos de sus donaciones o inversiones, destinados a la protección del patrimonio nacional arqueológico, siempre que esas donaciones o inversiones cuenten con la aprobación del Museo Nacional.

    Artículo 35.- Todas las representaciones diplomáticas o consulares de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Turismo, deberán hacer del  conocimiento de los viajeros, las disposiciones de esta ley.

    Artículo 36.- Se declara de interés público la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico de Costa Rica.

    Artículo 37.- La recuperación del patrimonio nacional arqueológico que se encuentre fuera de Costa Rica, se llevará a cabo por los medios diplomáticos del caso.

    Artículo 38.- El Poder Ejecutivo, con la colaboración de representantes del Museo Nacional, el Departamento de Arqueología de la Universidad de Costa Rica y el Departamento de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la vigencia de las misma.

    Artículo 39.- Esta ley es de orden público, deroga todas las disposiciones que se le opongan y rige a partir de su publicación.