Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 076 del 19/03/2001 >> Resumen
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Resumen Dictamen 076
 
  Dictamen : 076 del 19/03/2001   
 
Resumen

C-076-2001


DESCRIPTORES: LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. ANTECEDENTES POLICIALES Y JUDICIALES. DERECHOS FUNDAMENTALES. FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA


 


    El Licenciado José Antonio Rodríguez Corrales, Director General Servicio Nacional de Aduanas, solicita a la Procuraduría General del República emitir criterio sobre la viabilidad de autorizar como Auxiliares de la Función Pública Aduanera a personas que tienen juzgamientos ante el Registro de Delincuentes.


    Dado que la eventual negación de la autorización implica una restricción de derechos fundamentales, el requisito de la exigencia de la certificación no se puede interpretar en forma amplia.


    La aplicación de los antecedentes penales, como impedimento para el ejercicio de un derecho fundamental, se convierte en una consecuencia del delito que es ilegítima en el tanto en que no se encuentre establecida mediante ley o que, aun siéndolo, esta sea ofensiva de la Carta Magna. Por otro lado, la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes constituye una consecuencia que el Ordenamiento Jurídico atribuye a la comisión del delito y, como tal, sus efectos deben ser restringidos, dentro de los límites legales mediante el cual se regula esa actividad.  


CONCLUSIONES


  • Sólo mediante la ley y dentro de los mismos límites constitucionales se puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales
  • Lo anterior se concluye sin perjuicio de la imperatividad eventual de la puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.
  • En el Derecho Positivo Costarricense pueden considerarse como consecuencias del delito, únicamente, las que el mismo Ordenamiento Jurídico atribuye como tales a un hecho de esa naturaleza.
  • De conformidad con el Ordenamiento Jurídico, los antecedentes de carácter penal no impiden la autorización del ejercicio de la función aduanera, como órgano auxiliar. ejecución de una pena de inhabilitación, impuesta mediante sentencia firme.