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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 134
 
  Opinión Jurídica : 134 - J   del 24/09/2001   
 
Resumen

OJ-134-2001


FUNDACIÓN, FUNDACIÓN CONSERVATORIO DE CASTELLA, CONSERVATORIO DE CASTELLA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ENSEÑANZA PRIVADA, LIBERTAD DE ENSEÑANZA, REGLAMENTOS, POTESTAD REGLAMENTARIA


    El Diputado Lic. Guido Alberto Monge Fernández, Jefe de Fracción Partido Liberación Nacional de la Asamblea Legislativa, mediante oficio No. GAMF-493-2001 de fecha 21 de junio del 2001, solicita el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República en relación con una serie de interrogantes y aspectos que involucran a la Fundación Conservatorio de Castella, así como la participación que sobre dicha Fundación ha tenido el Ministerio de Educación Pública.


    El Lic. Geovanni Bonilla Goldoni, Procurador Fiscal, mediante Opinión Jurídica No. OJ-134-2001 de 24 de setiembre del 2001, contesta la gestión de la siguiente forma:


    Se aclara que como es usual en este tipo de requerimientos del Parlamento, en particular de los señores Diputados y actuando éstos en el ejercicio de sus competencias y funciones constitucionales y de control político, no resulta procedente emitir pronunciamientos con los efectos vinculantes propios de los dictámenes, por tratarse en la especie de asuntos que involucran una materia que es ajena a la naturaleza jurídica y función legal de la Procuraduría General, sea, en su condición de órgano superior consultivo técnico-jurídico de la administración pública. Además, es evidente que el presente asunto, así como la forma en que se formulan las interrogantes, se refiere a un caso concreto y específico que versa sobre la Fundación Conservatorio de Castella y su relación con el Ministerio de Educación Pública, lo que necesariamente debe ser analizado y resuelto por la misma administración activa llamada a ello, y eventualmente hasta por los propios particulares afectados ante las instancias jurisdiccionales competentes.


    Todo lo cual obliga a que el presente documento deba ser emitido bajo la forma de opinión jurídica no vinculante, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3° inciso b) y 4° de nuestra Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, en los siguientes términos:


1. - Que el Conservatorio de Castella nació originalmente bajo la figura de una "asociación" de carácter privado, inscribiéndose como tal en 1947 al amparo de la Ley de Asociaciones, No. 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, en cumplimiento con una serie de requerimientos testamentarios o legados dispuestos por quien en vida fue don Carlos Millet de Castella. Tiempo después, en 1979, se dispuso, mediante el trámite de jurisdiccional voluntaria previsto al efecto, transformarla en una Fundación, regida por la Ley de Fundaciones, No. 5338 de 28 de agosto de 1973, inscribiéndose en el Registro de Personas al tomo 64, folio 399, asiento 1141.


2. - Que tal y como lo ha dispuesto la Dirección del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, en virtud de dicha transformación de asociación a fundación, no conlleva en modo alguno la disolución de la primera, ya que ésta conserva su personalidad jurídica y su patrimonio, por lo que estima la Procuraduría General de la República que la Fundación Conservatorio de Castella es una persona jurídica de carácter privado, no sólo por lo mencionado supra en cuanto a la naturaleza de la figura jurídica adoptada, sea la de Fundación, sino además porque fue creado inicialmente mediante otra figura jurídica asociativa igualmente de carácter privado, atendiendo a las exigencias y requerimientos testamentarios por vía de legado de una persona, también privada, como lo fue en vida el señor Carlos Millet de Castella.


3. - Que a la luz de lo analizado y desarrollado en la jurisprudencia constitucional de la Sala Constitucional y administrativa de la misma Procuraduría General, y tratándose de la libertad de enseñanza como derecho fundamental y de su pleno ejercicio como libertad que es, debe recordarse que el Estado se encuentra facultado en el campo de la enseñanza privada, únicamente a ejercer funciones de inspección y fiscalización, consecuencia del interés público que lógicamente la enseñanza representa; siendo que al no concebirse ésta como una concesión de un servicio público que hace el Poder Público a un particular, le está impedido al Estado toda intervención arbitraria en la esfera competencial de dichas instituciones, por cuanto ello significaría una limitación a la libertad de enseñanza.


4. - Que pese a que en el Decreto Ejecutivo No. No. 29324-MEP de 20 de febrero del 2001, se indique que dicha Fundación Conservatorio de Castella, de carácter eminentemente privado, haya recibido o reciba subvenciones, donaciones o ayuda de cualquier naturaleza por parte del Estado (sea por medio de subvenciones, donaciones, destacando funcionarios docentes o administrativos en dicho centro educativo y sufragándoles sus salarios conforme los Considerandos del 4° al 9° del referido Decreto Ejecutivo No. 29324-MEP); O bien, el que no se haya hecho mención de manera expresa en actos administrativos o documentos públicos anteriores, que dicha Fundación sea un "centro docente privado" (Considerandos 1°, 2°, 3°, y 4° del citado Decreto Ejecutivo No. 29324-MEP), no significa en modo alguno que por esas circunstancias se le deba dar la categoría de "institución oficial dependiente del Ministerio de Educación Pública".


5. - Partiendo de la misma jurisprudencia constitucional y administrativa emitida por la Procuraduría General, en la que se afirma que el Estado únicamente puede ejercer labores de tutela e inspección, respecto de la enseñanza privada o cuando se encuentra frente al ejercicio de la libertad de enseñanza como derecho fundamental, es dable advertir que ello no posibilita para que los centros educativos privados deban ser calificados o catalogados por autoridades públicas como públicos u oficiales, dependientes del Ministerio de Educación Pública.


6. - Para los propósitos de la presente opinión jurídica no vinculante, se hace notar que el presente caso debe ser necesariamente resuelto por la administración activa competente, sea el Ministerio de Educación Pública, tomando en cuenta los elementos de juicio y argumentos antes enunciados, la jurisprudencia constitucional y administrativa desarrolladas sobre el tema, los orígenes, antecedentes y situación actual de la Fundación Conservatorio de Castella, su misma naturaleza jurídica de persona jurídica privada, los límites y alcances constitucionales del ejercicio de la libertad de enseñanza privada, todo a la luz de la participación o tutela que sobre la misma debe tener el Estado, sea, de inspección o fiscalización. Y todo ello claro está, sin perjuicio de las acciones que considere pertinente realizar la Fundación Conservatorio de Castella, en relación con el contenido del Decreto Ejecutivo No. 29324-MEP de 20 de febrero del 2001 y las acciones administrativas derivadas de él por parte de la administración activa, actuando dicha Fundación en su condición de sujeto o persona jurídica privada afectada, ya sea a nivel administrativo o jurisdiccional.