Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 025 del 14/03/2002 >> Resumen
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Resumen Opinión Jurídica 025
 
  Opinión Jurídica : 025 - J   del 14/03/2002   
 
Resumen

OJ-025-2002


ACCIÓN CIVIL REIVINDICATORIA- VICIO EN EL CONSENTIMIENTO- HIPOTECA- ACCIÓN DE NULIDAD- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.


    Mediante oficio n.° PE-062-2002-C del 8 de febrero del año en curso, recibido en mi despacho el 4 de este mes, el Licenciado Andrés Montejo Morarles, presidente ejecutivo del INVU, solicita el criterio del órgano superior consultivo técnico-jurídico sobre los siguientes puntos:


"1). Si es factible proceder con el cobro judicial de las operaciones que han sido canceladas registralmente, a través de los procedimientos arriba citados, emitiendo para tal fin certificaciones de la Contabilidad, que sirvan de título ejecutivo, con lo cual se corre el riesgo de que nos planteen las excepciones de pago.


2). Plantear denuncias penales en contra de los apoderados y funcionarios públicos que firmaron documentos públicos datos falsos.


3). Si cabría alguna acción contra del mismo Estado, por el funcionamiento de un programa creado por decreto, del cual se ha derivado un perjuicio económico para el patrimonio de la Institución."


    Este despacho, en su opinión jurídica O.J.-025-2002 de 14 de marzo del 2002, suscrito por el Lic. Fernando Castillo Víquez, procurador constitucional, concluye lo siguiente:


1.- Las posibilidades de éxito son escasas, en el eventual caso de que el INVU adoptara la decisión de cobrar las deudas con base en las certificaciones de la Contabilidad, que sirven de título ejecutivo, ya que le opondría la excepción de pago.


2.- Si el INVU llega a la conclusión de que existen hechos que constituyen delito, deben sus autoridades ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, concretamente: comunicarlos a los fiscales que tiene a cargo la investigación del Programa de Compensación Social.


3.- La determinación de si existe o no responsabilidad del Estado frente al INVU por la creación y el funcionamiento del Programa de Compensación Social, es un asunto que debe ser determinado por los abogados de esa entidad.