C-146-2002

IMPROCEDENCIA DE LA RECONSIDERACIÓN. VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

    La Licenciada Astrid Fischel Volio, Ministra de Educación Pública solicitó a la Procuraduría General de la República reconsideración del Dictamen 326- 2001, de modo que se emita pronunciamiento favorable para declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 18 de enero de 1999 otorgó el Grupo profesional PT-6 para puestos en primaria a la servidora XXX.

    Este Despacho, mediante C-146-2002, suscrito por la Licenciada María Gerarda Arias Méndez, Procuradora de Hacienda, determinó que:

    El procedimiento para declarar la nulidad absoluta de un acto que ha generado derechos subjetivos nunca puede soslayar los principios que constituyen la garantía del Debido Proceso.

    Que según el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública observancia del debido proceso substantivo es de cumplimiento estricto, todo de conformidad con los principios constitucionales, los cuales determinan, el carácter indudablemente excepcional del ejercicio de la potestad administrativa de revocar los propios actos.

    Conforme la substanciación del expediente administrativo remitido a este Despacho y de conformidad con el Ordenamiento Jurídico, especialmente los artículos 11, 33, 39, y 41 de la Constitución Política y 6º, 7º, 11, 13, 214, siguientes y concordantes y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, no procede reconsiderar el Dictamen NºC-326-2001, de 28 de noviembre del 2001.