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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 114
 
  Dictamen : 114 del 28/04/2003   
 
Resumen

C-114-2003


 


CONVENIO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.), CONCEPTO DE RESIDENCIA EN MATERIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES, VALOR NORMATIVO DE LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, DERECHO DE PERTENENCIA Y MUTABILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES.


    Por oficio número DNP-1458-2002, de fecha 13 de noviembre del 2002, se someten a nuestro conocimiento una serie de inquietudes concernientes a los alcances y aplicación del concepto de "residencia" contenido en el artículo 29.1 inciso a) del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social; más concretamente, se nos formulan las siguientes interrogantes:


"1.- ¿Qué interpretación debe darse al artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo relativo a la "residencia" dentro de un determinado régimen de pensiones y jubilaciones? Es decir, ¿qué se entiende por "residencia" en dicho numeral?


2.- ¿El solo cumplimiento de los VEINTE AÑOS de laborar o cotizar para determinado régimen (durante su vida o vigencia), por ejemplo Ley 2248 de 5 de setiembre de 1958, le permitiría a dicho funcionario jubilarse o pensionarse al amparo de la misma, independientemente de cuando cumpla los demás requisitos que establece la ley? Todo ello con fundamento en la resolución 6842-99 de la Sala Constitucional y su interpretación por el Tribunal de Trabajo.


3.- ¿En atención a la jurisprudencia de la Sala Segunda debe esta Dirección desaplicar las resoluciones de la Sala Constitucional sobre el tema y su subsiguiente interpretación por parte del Tribunal Superior de Trabajo de San José en su calidad de jerarca impropio de esta Dirección?


    El Máster Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador, mediante dictamen C-114-2003, luego estudiar el Convenio 102 de la OIT y de analizar los antecendentes jurisprudenciales tanto de la Sala Constitucional, como de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sobre la materia, y en estricto apego al principio de juridicidad administrativa, concluye:


"1.- De conformidad con el cambio operado en el criterio vertido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de la resolución Nº 2000-02091 de las 8:30 horas del 8 de marzo del 2000 –el cual ha sido sobradamente reconocido por la jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda-, el concepto de "residencia" contenido en el artículo 29.1 inciso a) del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) -aprobado por Ley de la República Nº 4636 de 29 de marzo de 1971- debe interpretarse bajo la acepción dada por el propio Convenio en su artículo 1.1 inciso; es decir, como un concepto con alcance estrictamente geográfico-territorial, cual es la residencia o domicilio habitual en el territorio del país miembro.


2.- Con el cambio operado en la jurisprudencia nacional, y especialmente por la enunciación expresa que hace el propio Convenio 102 de la O.I.T., en lo atinente a la definción del concepto de "residencia", no puede interpretarse que por el solo hecho de haber cotizado o laborado por más de 20 años al amparo de un determinado régimen de pensiones y jubilaciones, surja a favor de las personas un derecho a obtener la jubilación o la pensión acorde con los requisitos establecidos por la normativa originaria, sin que modificaciones o derogaciones posteriores puedan resultarle aplicables. Recuérdese que según ha referido la propia Sala Constitucional: "nadie tiene derecho a la inmutabilidad del ordenamiento, es decir, a que las reglas nunca cambien, por eso el principio de irretroactividad no impide que una vez nacida a la vida jurídica la regla que conecta el hecho con el efecto, no puede ser modificada, e incluso suprimida por una norma posterior". ( Resolución 6134-98 de 26 de agosto de 1998).


3.- La jurisprudencia, entendida como el conjunto de reglas generales que nacen de la reiteración de varias decisiones conformes de los más altos Tribunales Judiciales sobre una materia determinada, es un típico ejemplo de fuentes no escritas de nuestro ordenamiento jurídico (Artículo 7º de la Ley General de la Administración Pública), y como tal, en el ordenamiento costarricense no sólo se le reconoce expresamente la posibilidad de crear derecho, es decir, de elaborar normas de observancia obligatoria, sino que le confiere a esa fuente no escrita, el mismo rango de la norma que interpreta, integra o delimita.


Así las cosas, y partiendo del inexorable sometimiento que tiene la Administración Pública respecto de todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento (arts. 11, 13 y 158 de la Ley General citada), resulta imperativo que la Dirección Nacional de Pensiones, así como cualquier órgano u ente involucrado o encargado de resolver las gestiones relacionadas con el otorgamiento o modificación de los beneficios de distintos regímenes de pensiones o jubilaciones existentes, deba adaptar sus criterios a la jurisprudencia aludida en este dictamen, tanto de la Sala Constitucional, como de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que superaron sobradamente los criterios vertidos en la sentencia Nº 6842-99, y su voto aclaratorio número 2000-0673, sobre el concepto de "residencia"."