OJ-124-03

Mediante oficio DM-595-03 de 16 de los corrientes, el Lic. Jorge Polinaris Vargas, Ministro a.i. de Planificación Nacional y Política Económica, solicita el criterio de la Procuraduría General de la República, sobre lo siguiente:

"1.- ¿Es el Convenio-Marco –con inclusión de sus instrumentos complementarios- un convenio internacional de los considerados por el artículo 7 de la Constitución Política? De no ser así, ¿cuál es su naturaleza jurídica?

2.- ¿Se superponen las regulaciones contenidas en el Convenio-Marco y sus instrumentos complementarios a las disposiciones que sobre la materia regule la legislación ordinaria, especialmente en lo relativo al manejo de recursos públicos (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos) y a los principios y procedimientos de contratación administrativa (Ley de Contratación Administrativa)?

3.- ¿Deben incorporarse y erogarse a través de la caja única del Estado, los recursos financieros sobrevenidos del Convenio-Marco?

4.- ¿Debe el Tesorero Nacional recibir directamente los recursos financieros sobrevenidos del Convenio-Marco?

5.- ¿Pueden las partes contratantes del Convenio-Marco introducir modificaciones a éste? De ser posible, ¿qué procedimiento debe seguirse para su vigencia?

6.- ¿Pueden las partes contratantes del Convenio-Marco introducir modificaciones a los instrumentos complementarios de éste? De ser posible, ¿qué procedimiento debe seguirse para su vigencia?

7.- ¿Puede contener los ‘Convenios Financieros’ específicos disposiciones de carácter operativo diversos a las contempladas en los instrumentos complementarios del Convenio Marco?

8.- ¿Están los ‘Convenios Financieros’ específicos que se establezcan al amparo del Convenio-Marco, sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República, según su competencia constitucional?

9.- De conformidad con los instrumentos del Convenio-Marco, ¿pueden designarse como ‘Unidades de Gestión’ instituciones públicas diversas a las instituciones públicas beneficiarias u organizaciones no gubernamentales?

10.- De conformidad con los instrumentos del Convenio-Marco, ¿pueden los ‘Beneficiarios’ transferir o delegar en las ‘Unidades de Gestión’ -cuando éstas sean otras instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, por consiguiente, con personería jurídica propia- la celebración de los actos de contratación administrativa y el manejo de los recursos financieros, con inclusión de las cuentas bancarias pertinentes?"

Este despacho, en la opinión jurídica O.J.-124-2003 de 30 de julio del 2003, suscrita por el Dr. Fernando Castillo Víquez, procurador constitucional, concluye lo siguiente:

 

1.- El Convenio-Marco –con inclusión de sus instrumentos complementarios-, es un convenio internacional.

 

2.- Ergo, sus normas se superponen sobre las disposiciones de la legislación ordinaria que regulan la misma materia.

 

3.- Los recursos provenientes del Convenio-Marco no deben incorporarse ni erogarse a través de la caja única del Estado.

 

4.- Tampoco la Tesorería Nacional debe recibir directamente los recursos provenientes del Convenio-Marco.

 

5.- Las partes contratantes pueden introducir modificaciones al Convenio-Marco, siguiendo los procedimientos constitucionales para tales efectos.

 

6.- También pueden introducirle modificaciones a los instrumentos complementarios, siguiendo el procedimiento de los protocolo de menor rango que prevé el Derecho de la Constitución, cuando no estamos en presencia de modificaciones sustanciales a lo convenido por las partes.

 

7.- Los Convenios Financieros específicos pueden contener disposiciones de carácter operativo diversas a las contempladas en los instrumentos complementarios del Convenio-Marco, siempre y cuando se hayan realizado los cambios respectivos a través de los protocolos de menor rango.

 

8.-Los Convenios Financieros específicos están sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República.

 

9.- No pueden designarse como "Unidades de Gestión" instituciones públicas diversas a las instituciones públicas beneficiarias y organizaciones no gubernamentales, ya que ello implicaría una violación al principio de legalidad.

 

10.- Tampoco puede transferirse o delegarse a otras instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, la celebración de los actos de contratación administrativa y el manejo de los recursos financieros, con inclusión de las cuentas bancarias.