C-146-2008   

INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  INALIENABILIDAD DE LA FRANJA FRONTERIZA. RÉGIMEN ESPECIAL DE LA FRANJA FRONTERIZA: FUNCIONES QUE CUMPLE LA FRONTERA. NORMATIVA PRECEDENTE.  NORMATIVA ACTUAL: LA FRANJA FRONTERIZA COMO PROPIEDAD PÚBLICA DEL ESTADO. PRINCIPIO DE INALIENABILIDAD.  IMPEDIMENTO DE LOS PARTICULARES DE EJERCER POSESIÓN CON ÁNIMO DE DUEÑOS SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.  IMPRESCRIPTIBILIDAD.  INDENUNCIABILIDAD DE TERRENOS DE LA FRANJA FRONTERIZA.  DENUNCIO DE BALDÍOS.  LA SALVEDAD DE LOS TERRENOS QUE ESTUVIEREN BAJO DOMINIO PRIVADO LEGÍTIMO.  VIRTUALES TÍTULOS DE PROPIEDAD PARTICULAR.  PREVALENCIA DE LA TITULARIDAD PÚBLICA Y EL EXCEPCIONAL RÉGIMEN PRIVADO.  PUBLICIDAD LEGAL DEL DEMANIO.  NULIDAD Y EFECTOS NO CONVALIDANTES DE LA INSCRIPCIÓN.  TITULACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FRANJA FRONTERIZA SUR. RESPUESTA A LA CONSULTA:  TITULACIÓN DE INMUEBLES. DISTINGO TITULACIÓN Y PARCELACIÓN.  INVALIDEZ DE LAS TITULACIONES. INHIBICIÓN ADMINISTRATIVA PARA DESAFECTAR.  FATA DE TEXTO LEGAL AUTORIZANTE DE LAS TITULACIONES ADMINISTRATIVAS. SUJECIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  VICIOS CAUSANTES DE NULIDAD ABSOLUTA: INCOMPETENCIA ABSOLUTA. CONTENIDO ILÍCITO E IMPOSIBLE.  FALTA DE MOTIVO.  CONSIDERACIONES FINALES.

            El Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, mediante Oficio PE-1218-2007, con base en el Acuerdo que tomó esa Junta Directiva de ese Instituto, en la sesión 012-2007, Artículo tres, inciso d), y las instrucciones que la Contraloría General de la República giró  a ésta en el Informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa N° DFOE-ED-7-2007, consulta nuestro criterio sobre “la validez jurídica de titular predios en asentamientos campesinos dentro de la franja fronteriza sur”.

            En dictamen C -146-2008, el Dr. José J. Barahona Vargas, Procurador Asesor, con examen de los temas que se indican en los descriptores, da respuesta a la consulta y concluye:

1) Tras las inconstitucionalidades declaradas por la SALA CONSTITUCIONAL (sentencias 2988-99, 8560-2001, 2007-02063 y 8457-07) del artículo 8 de la Ley 75599, la Ley 7599 en su totalidad, el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales y Decretos ejecutivos conexos que traspasaron al IDA áreas de las reservas nacionales con fines de titulación, no hay texto legal que habilite a ese Instituto a otorgar títulos supletorios de propiedad inmueble mediante titulaciones (en el sentido preciso que se da a este término; puntos III.1 y III.2) o informaciones posesorias administrativas, las cuales no le están permitidas.

2) Por lo anterior, contravenir los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad, que protegen el régimen de dominio público de la franja fronteriza, y mediar falta de competencia, contenido ilícito e imposible legalmente y falta de motivo, son absolutamente nulas las titulaciones –entendidas con el significado dicho- que realice el Instituto de Desarrollo Agrario sobre terrenos demaniales de la franja fronteriza sur, así como todo acto o contrato traslativo del dominio que los comprenda o incorpore inmuebles del patrimonio natural del Estado (áreas silvestres protegidas y bosques o terrenos forestales a que se refieren los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal.  Dictamen C-321-2003).

3) El acto administrativo nulo no se presume legítimo, ni se podrá ordenar su ejecución, convalidar o sanear. Ordenar su ejecución, origina responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor si la ejecución llegare a tener lugar. (Ley General de la Administración Pública, arts. 169, 170 y 172).

4) Si bien la Ley 2825, artículo 7°, inciso f), respeta los derechos de dominio privado, con título legítimo, de los terrenos incluidos dentro de la franja fronteriza, debe tenerse en cuenta que con antelación se emitieron varias normas, sin solución de continuidad, que la declararon inalienable e indenunciable (con ancho no menor a dos kilómetros), y excluyeron así la posibilidad de reducirla a propiedad privada, reservándose al dominio público del Estado: Decreto N° 3/1914, al que la Ley 2/1915 otorgó rango de ley, Ley 11/1926 (arts. 1° y 10), Ley 29/1934 (art 23), Ley 13/1939 (art.10) y Ley 1455/1952 (art. 1°).