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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 082
 
  Opinión Jurídica : 082 - J   del 02/11/2010   
 
Resumen

OJ-82-2010


 


MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEPARACIÓN DEL CARGO. PERMISO CON GOCE DE SALARIO. ORGANIZACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL. SUPLENCIAS. LA SEPARACIÓN DE PODERES Y EL PRINCIPIO DE AUTOORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL.


 


La fracción del Partido Acción Ciudadana nos plantea las siguientes interrogantes:


 


1.                  ¿Qué normativa permite a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia separarse del cargo con licencia de goce salarial para dedicarse a atender asuntos ordinarios propios del cargo?


2.                  ¿Qué normativa permite la integración simultánea, paralela o consecutiva de la Sala Constitucional con magistrados suplentes en su totalidad y con magistrados propietarios también en su totalidad, resolviendo durante un mismo plazo determinado de tiempo?


3.                  ¿Existe norma habilitante que autorice alguna forma de duplicidad, no irregular, de la Sala Constitucional durante cualquier lapso o plazo espacio-temporal determinado, siendo que tanto las funciones como la estructura orgánica de dicho tribunal fueron creadas y diseñadas por el constituyente de 1989 a partir o desde el texto constitucional?


4.                  En el caso de los magistrados: ¿Qué implica la separación del cargo en cuanto a la potestad jurisdiccional? ¿Es jurídicamente válida una sentencia dictada por magistrados temporalmente suspendidos de su potestad jurisdiccional?


5.                  Al ser de sobra conocido por los magistrados propietarios y por el magistrado Sosto, lo de la separación del cargo ¿Debieron abstenerse de participar en votaciones?


6.                  A la luz del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ¿En qué casos puede o debe ser constituida la Sala Constitucional con mayoría de magistrados suplentes? ¿Reconoce dicho artículo una suerte de derecho de los ciudadanos a que por regla sus casos sean conocidos y resueltos por una mayoría de magistrados propietarios?


7.                  ¿Es dicho tribunal una sola e irrepetible instancia y órgano colegiado jurisdiccional especializado, de únicamente siete asientos disponibles y cada uno con cabida para un solo funcionario a la vez?


8.                  Partiendo del hecho de que la mora judicial es una constante en la historia de la Sala Constitucional desde su creación: ¿Es la mora judicial una razón suficiente para integrar la Sala Constitucional con la totalidad de magistrados suplentes, y además al mismo tiempo que los magistrados propietarios resuelvan otros casos por separado?


9.                  Si el magistrado Mora pidió permiso expreso para asistir a sesiones de Corte Plena y para votar en la Sala Constitucional ¿En cuál figura jurídica, penal o no, habrían incurrido los magistrados propietarios que no pidieron permiso para tales actos?


10.              En la semana del 24 al 28 de marzo del 2008 laboraron 13 magistrados constitucionales entre suplentes y propietarios recibiendo remuneración con cargo al erario público.  Todos por estar ejercitando funciones jurisdiccionales constitucionales ¿Es esto jurídicamente posible? ¿El hecho de que existan dos salas constitucionales funcionando al mismo tiempo equivale a un cambio orgánico o funcional de la Sala Constitucional? ¿Es jurídicamente válido que un cambio en ese sentido sea decidido por la Corte Plena, la Presidencia de la Sala Constitucional o la Presidencia del Poder Judicial (o todos o algunos de los anteriores órganos?


11.              La separación del cargo fue acordada por la Corte Plena ¿Es sólo ella quien puede revocar o modificar ese acuerdo?  ¿Cualquier cambio orgánico o funcional en la Sala Constitucional requiere de norma habilitante de rango constitucional al ser dicho tribunal un órgano de relevancia constitucional?


12.              Si en este caso los magistrados violaron alguna normativa del ordenamiento jurídico vigente: ¿Quién resuelve la nulidad de lo actuado? ¿Quién es el llamado a resolver la violación cometida? ¿cuál es la gestión procedente para provocar la resolución jurisdiccional que en derecho corresponda?


Mediante opinión jurídica OJ-82-2010 de fecha 2 de noviembre del 2010 suscrita por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, evacuamos los cuestionamientos planteados, arribando a las siguientes conclusiones:


1)                 La Constitución Política establece el principio de separación de poderes (artículo 9), y es dicha separación la que origina la independencia organizativa, en virtud de la cual cada uno de los poderes del Estado puede dictar las normas y adoptar las respectivas decisiones concernientes a su funcionamiento, su organización y al desarrollo de sus funciones sustantivas.


2)                 El Poder Judicial posee las atribuciones necesarias y la competencia exclusiva para definir su organización interna y la mejor prestación de los servicios de  administración de justicia, desde luego, dentro del marco establecido por la Constitución Política y la ley.


3)                 Las decisiones adoptadas por la Corte Plena en orden al otorgamiento de permisos o licencias, al nombramiento de magistrados suplentes o a la designación de magistrados titulares de una determinada Sala –en este caso, la Constitucional- para que se dediquen por determinado período al estudio exclusivo de algún asunto que se estime de suma complejidad –aspecto que, en todo caso, está así previsto por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- es un asunto de organización interna en el que no puede tener injerencia ningún otro órgano ni Poder del Estado.


4)                 Tales decisiones puntuales adoptadas por la Corte para la organización de la Sala Constitucional en determinado período, así como los criterios de oportunidad, conveniencia, necesidad u otros que hayan podido utilizarse para su adopción, constituyen aspectos propios de esa autoorganización en la cual los demás poderes no pueden intervenir, y que no podrían ser valorados ni juzgados por este Órgano Asesor en vía consultiva.


5)                 No existe ni cabe recurso alguno contra las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, de tal suerte que no existe ningún órgano o instancia ante la cual se pueda recurrir esos pronunciamientos, y por ende, ningún órgano que tenga competencia para revocar, modificar o anular sus resoluciones, salvo ella misma.


6)                 Si con las actuaciones que se describen en los antecedentes de la consulta se hubiera configurado la comisión de algún delito, su valoración compete exclusivamente a las autoridades del Ministerio Público y de la jurisdicción penal.


7)                 Únicamente la propia Corte Plena podría disponer investigar una falta disciplinaria cometida por algún magistrado en el ejercicio de sus funciones y determinar la sanción aplicable.