C-035-2011

NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA (ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA); DEBER DE INSTRUIR PREVIAMENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO; DEBIDA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO; CONDICIÓN DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO;LITIS CONSORCIO PASIVO INCOMPLETO.

            Por oficio Nº D.R.A.M-1184-2010, de fecha 03 de agosto de 2010 –recibido el día 19 del mismo mes y año-, la Secretaría del Concejo municipal de Liberia nos comunica formalmente el acuerdo adoptado por dicho órgano colegiado, artículo segundo, capítulo segundo de la sesión ordinaria Nº 31-2010, celebrada el 02 de agosto de 2010, sin que se indique el objeto de esa consulta.

            Coincidentemente, El día 20 de agosto de 2010, por oficio sin número y fecha, la Ing. Damaris Rodríguez Lara, en condición de Coordinadora de Órgano Director de Procedimiento, nos solicita emitir criterio sobre  nulidad absoluta, evidente y manifiesta que presuntamente contiene el acuerdo número 5 adoptado por el Concejo municipal de Liberia en la Sesión ordinaria número 15-2006 celebrada el 6 de abril de 2006, artículo primero: audiencias, capítulo primero, inciso 3, por presuntas irregularidades al otorgar  visado de Plano G-951339-2004 en finca presuntamente localizada dentro de zona marítimo terrestre, y nos remite aparentemente copia certificada del expediente administrativo número OD-001-2010 (Tomos I y II), junto con simple copia de su informe final al respecto.

            En el contexto aludido, a nuestro entender, suponemos que la gestión consultiva que se alude en su nota Nº D.R.A.M-1184-2010, tiene por objeto obtener el dictamen favorable de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), dentro del procedimiento administrativo ordinario tendente a determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo número 5, tomado y/o adoptado por ese mismo Concejo, mediante sesión ordinaria número 15-2006 celebrada el día 6 de abril del año 2006, artículo primero: audiencias, capítulo 1, inciso 3, por el que se otorga aprobación para el visado del plano número G-951339-2004, correspondiente a la finca matrícula folio real número 3282 del Partido de Guanacaste, donde figura como propietaria la empresa Inversiones Román y Ocampo S. A.; inmueble cuya aparente ubicación y realidad jurídico-registral se encuentra dentro de área pública denominada “zona marítimo terrestre.

            La Procuraduría General de la República, por su dictamen C-0035-2011, de 22 de febrero de 2011, suscrito por el MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador Adjunto, le indica a la Secretaría del Concejo Municipal que pues con vista tanto de los antecedes del citado expediente administrativo, como de las resoluciones Nºs 2010-01319 de las 15:19 horas del 26 de enero de 2010 y 018485-2010 de las 09:59 horas del 5 de noviembre de 2010 –notificada a esa Municipalidad en 10 de noviembre de 2010-, ambas de la Sala Constitucional, se logra colegir que su gestión, por razones sobrevinientes, resulta ostensiblemente prematura, ya que no se ha cumplido previamente con el debido procedimiento administrativo ordinario previsto por la ley al efecto (art. 173.3 LGAP), y pudiera no haberse dado  audiencia a todas  las partes involucradas que pudieran resultar afectadas de manera total o parcial por el acto final (art. 275 LGAP). Sin obviar que el expediente administrativo que nos fuera remitido, no está debidamente conformado. Y luego de puntualizar cada uno de los vicios graves comentados, se concluye que:

“De conformidad con lo expuesto, este Despacho se encuentra jurídicamente imposibilitado para rendir el dictamen favorable al que hace referencia del artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que la presente gestión, por hechos sobrevinientes, resulta prematura.

En razón de lo anterior, devolvemos el asunto junto con copia certificada del expediente administrativo número OD-001-2010 (Tomos I y II) que nos fuera remitido al efecto.”