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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 027
 
  Opinión Jurídica : 027 - J   del 05/05/2011   
 
Resumen

OJ-027-2011


 


CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA NO REEMBOLSABLE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. FUNCIÓN CONSULTIVA. EJECUCIÓN DE CONVENIO.


 


Mediante oficio (sin número) de 17 de marzo del presente año, varios señores Diputados remiten a la Procuraduría información digital respecto de la cooperación financiera no reembolsable suministrada por el Banco Centroamericano de Integración Económica al Estado costarricense. En criterio de los señores Diputados de dicha documentación se evidencia que la contratación de consultores fue realizada por el Ministerio de la Presidencia y no por el BCIE como se expresaba en los convenios. Agregan que tanto la Contraloría como la Procuraduría sostuvieron que al contratar el BCIE no se estaba ante fondos públicos. Como los pagos fueron cancelados en fechas decididas por el entonces Ministro de la Presidencia y no de acuerdo con las disposiciones del convenio o los términos de referencia, consideran que los bienes y servicios ingresaron a la Hacienda Pública y les eran aplicables controles de eficiencia y racionalidad entre otros.


 


            La Procuraduría interpreta el reenvío de la documentación en cuestión tiene como objeto que se emita una nueva Opinión respecto del Convenio de Cooperación Financiera suscrita entre el BCIE y el Gobierno. Opinión que estaría fundada en la ejecución del convenio y los contratos que para esa ejecución se hubieren firmado. A partir de la función que le corresponde a la Procuraduría, la Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General y la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, concluyen en Opinión Jurídica N. OJ-027-2011 de 5 de mayo siguiente, que la Institución:


 


1-     Resulta incompetente para referirse a la legalidad de los contratos suscritos en ejecución del Convenio de Cooperación Financiera no Reembolsable entre el Gobierno de la República y el Banco Centroamericano de Integración Económica.


 


2-     De conformidad con lo allí convenido y el cruce de cartas entre el Poder Ejecutivo y el Banco, correspondía a este contratar los proveedores de bienes y servicios que serían donados al Gobierno de Costa Rica.


 


 


3-     Esto es seleccionar la otra parte contratante y negociar con ella los otros elementos esenciales del contrato, incluido el objeto y precio, así como las demás condiciones de la contratación.


 


4-     Ese objeto del contrato debía satisfacer los fines públicos que justificaban solicitar y aceptar la donación en los términos definidos por el Banco.