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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 030
 
  Dictamen : 030 del 26/01/2012   
 
Resumen

C-030-2012


CONSULTAS. FUNCIONES DE AUDITORÍA Y ATRIBUCIONES EN CUANTO ACCESO A DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ES MATERIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA


            El Auditor Interno del Ministerio de Cultura y Juventud nos plantea las siguientes interrogantes:


“1.       ¿Existe alguna restricción tipificada en nuestra normativa, que no permita la fiscalización de las Auditorías Internas en determinadas áreas o instancias administrativas?


2.         Conocedores de la potestad que ostentan las Auditorías, en cuanto al libre acceso en cualquier momento a la información, documentación y otras operaciones de las instituciones, ¿Puede el Área de Salud Laboral y la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, a cargo de una Psicóloga o un profesional en Administración, obstaculizar el trabajo de fiscalización  (no suministrar documentos para su verificación) que compete a la Auditoría Interna, y en consecuencia un menoscabo a la protección de los Recursos Públicos e infringir el marco legal que regla la actuación de ésta?


3.         ¿Puede un determinado Colegio Profesional, a través de la Fiscalía del mismo, intervenir en la aplicación y regulación de la normativa que rige en la Administración Pública, específicamente las Auditorías Internas?


4.         ¿Debe sujetarse la labor de fiscalización de la Auditoría Interna a la información que autorice un Colegio Profesional independientemente de la materia, para su análisis y verificación?


            Mediante nuestro dictamen N° C-030-2012 del 26 de enero del 2012, suscrito por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, señalamos que la Contraloría General es el órgano rector en materia de control de la Hacienda Pública, lo que incluye expresamente la fiscalización y coordinación con todas las auditorías internas, lo que a su vez comprende, como vimos, el ejercicio de la potestad consultiva.


            Teniendo en cuenta toda la normativa citada, y en concordancia con la línea de criterio que ha venido sosteniendo esta Procuraduría General, resulta de obligada conclusión que las inquietudes planteadas en su consulta, en relación con las potestades amplias de acceso a la información que garantizan y protegen la función de los auditores internos, así como las correlativas obligaciones que recaen sobre los funcionarios públicos en cuanto a brindar oportuno acceso a la documentación que manejan las diferentes oficinas, constituyen temas que pueden –y deben– ser dictaminados, en forma vinculante, por la Contraloría General de la República, y no por este Despacho.


            Valga agregar que si bien esta Procuraduría en otras ocasiones ha abordado el tema del acceso a los documentos públicos, lo ha hecho desde una perspectiva general, de acuerdo al régimen normativo de acceso a la información pública. Sin embargo, en este caso, dado el contexto y contenido de las preguntas planteadas, el análisis debe estar circunscrito necesariamente al régimen normativo que cubre a los auditores internos y las particularidades de sus labores, en función de las competencias que desarrollan en materia de control y fiscalización de la Hacienda Pública, de ahí que dichas interrogantes deban ser analizadas por la Contraloría General de la República, por las razones ya explicadas.