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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 011
 
  Dictamen : 011 del 19/01/2016   
 
Resumen

C-011-2016


 


PENSIÓN SOBREVIVENCIA (ORFANDAD) DEL PODER JUDICIAL; ANULACIÓN OFICIOSA; PRINCIPIOS DE INTANGIBILIDAD Y CERTEZA LEGÍTIMA.


 


Por oficio 88-03-UJ-2015, de fecha 29 de enero de 2015, el Auditor Judicial, con base en la facultad conferida a las auditorías internas institucionales con la reforma  introducida por el artículo 45 de la Ley General de Control Interno al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, requiere nuestro criterio técnico-jurídico acerca de las siguientes interrogantes referidas al caso hipotético de un ex funcionario judicial jubilado al amparo de la Ley No. 8 –vigente hasta el 31 de diciembre de 1993-, el cual falleció con posterioridad a la reforma introducida mediante Ley No. 7333; si la Administración acordó otorgar una pensión a una hija mayor de 25 años:


-      En virtud de los derechos adquiridos de buena fe por los administrados ¿Tiene la Administración que soportar para siempre ese perjuicio, en virtud de los principios de buena fe, confianza legítima y de no aplicación retroactiva del acto administrativo por un cambio de criterio?


-      ¿Puede la Administración transcurrido el tiempo cambiar de criterio y anular ese acto declarativo de derechos, alegando que se encuentra viciado de nulidad, por cuanto fue otorgado un beneficio fuera de los alcances de la ley vigente al momento del hecho generador?


            Por dictamen C-011-2016 de 19 de enero de 2016, con la aprobación de la Procuradora General, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye:


 


“Cuando un acto administrativo declarativo nace a la vida jurídica de forma irregular, por contener un vicio originario –o sobrevenido en otros casos- en uno o varios de sus elementos, en observancia estricta del principio de legalidad o juridicidad administrativa (arts. 11 constitucional y de la LGAP), que impide a la Administración mantener subsistente un acto gravemente viciado (nulidad absoluta- arts. 158, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173 y especialmente el 174.1 de la LGAP), deberá anularlo de oficio y dentro de las limitaciones de la Ley (arts. arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5) y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA- y/o 173 de la LGAP), a fin de restaurar la legalidad quebrantada, en prevalencia del interés general.


 


Será con base en los antecedentes del caso específico que la Administración deberá valorar previa y adecuadamente el tipo o grado de invalidez (disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico – artículo 158 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública) que vicia el acto administrativo en examen, y determinar conforme a ello, el procedimiento aplicable para su anulación, ya fuera en sede judicial o excepcionalmente en la administrativa, pues se trata de dos vías distintas, según lo dicho.


 


La proclama de estabilidad que implica la noción de “confianza legítima”(certeza de que los actos que le confieren derechos subjetivos, no van a ser modificados ni dejados sin efecto de forma intempestiva y arbitraria), emparentada de algún modo con la “teoría de los actos propios”, no significa petrificación o inmutabilidad aludida en la consulta, pues casualmente como límite y excepción al principio de intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas y de los derechos de los administrados anteriormente aludido, el ordenamiento expresamente autoriza a la Administración anular actos declarativos dentro de las limitaciones de la Ley (arts. arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5) y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA- y/o 173 de la LGAP).”