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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 101
 
  Opinión Jurídica : 101 - J   del 01/08/2017   
 
Resumen

OJ-101-2017


ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N° 7594 Y SUS REFORMAS, PARA CONSAGRAR LA GARANTÍA PENAL DE DOBLE CONFORME” (EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 19.906) Y “REFORMA AL ARTÍCULO 466 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL” (PROPUESTA LEGISLATIVA N° 19.908).


 


Se solicita emitir criterio en relación con los proyectos de ley N° 19.906 y N° 19.908, denominados:


 


“Adición de un párrafo final al artículo 465 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594 y sus reformas, para consagrar la garantía penal de doble conforme” (expediente legislativo Nº 19.906) y “Reforma al artículo 466 bis del Código Procesal Penal” (propuesta legislativa N° 19.908).


 


            El Lic. José Enrique Castro Marín, Procurador Director del Área de Derecho Penal de la Procuraduría General de la República y el Lic. Daniel Calvo Castro, Abogado Asistente, mediante la Opinión Jurídica N° OJ-101-2017 de fecha 01 de agosto de 2017, dan respuesta a la solicitud remitida y concluyen que:


La finalidad de ambas propuestas legislativas va encaminada al desarrollo de la figura del doble conforme.


En la primera de ellas (N° 19.906), el propósito radica en adicionar un parágrafo final al numeral 465 del Código Procesal Penal, esto –según el criterio del legislador- a efecto de “consagrar la garantía penal de doble conforme” en estricto ligamen con el principio de “no reforma en perjuicio”, así como establecerlo[1] en la instancia de casación. 


Curiosamente, el párrafo que se desea agregar al ordinal 465 radica en una copia literal del acápite segundo del artículo 466 bis de ese mismo cuerpo normativo, más unas breves líneas que agrega el legislador.


El segundo proyecto de ley (N° 19.908), pretende una reforma en mayor grado al Código Procesal Penal, propiamente una modificación sustancial al numeral 466 bis, por considerar el legislador -al amparo de la jurisprudencia constitucional-, que el principio del “doble conforme” debe encontrarse plenamente normado dentro de nuestro ordenamiento punitivo, ya que es “una garantía de seguridad jurídica en el ejercicio del ius puniendi del Estado”, toda vez que “no es posible mantener una autorización ilimitada para que una causa penal, en la que se ha dictado un fallo absolutorio, sea impugnada sin ningún límite”.


Así, no solo procura la aplicación del doble conforme para el recurso de apelación de sentencia –al sustituir el término “casación” contenido en el citado numeral por “apelación de sentencia”-, sino que a su vez, pretende mantener con vida la regulación del “doble conforme” también en la esfera de la casación –tal cual la entendemos hoy en día-, añadiendo un párrafo con una redacción novedosa.


Además, el proyecto en análisis acuña la frase: “o en apelación de sentencia” en la parte final del párrafo segundo. Tal añadido, abre la posibilidad de que la segunda sentencia absolutoria –aquella nacida de un juicio de reenvío y que reitera la primera absolución del imputado-, pueda ser objeto de análisis por un Tribunal Superior (Apelación de sentencia), pero curiosa y únicamente solo para confirmarla, porque de lo contrario –en caso de que se dejara sin efecto-, caeríamos en lo que hoy por hoy tanto se reprocha, cual es una persecución “ad infinitum”.


Como aspectos concluyentes se lograron concretar los siguientes:


La garantía de la “doble conformidad”, no es doctrinal ni jurisprudencialmente un tema pacífico.


En palabras de la Sala Constitucional, el “doble conforme” constituye un control del poder punitivo estatal que tiene como fin, lograr un balance o igualdad de armas entre el imputado y el Estado (quien le persigue penalmente), y se erige como una barrera que imposibilita que una persona, que ha sido procesada en múltiples ocasiones con varias absolutorias, sea procesado indefinidamente hasta que dicha condición jurídica sea cambiada al escenario de una sentencia condenatoria.”[2]


El proyecto legislativo N° 19.906, no remedia el problema aquejado en cuanto a la aplicación del “doble conforme”, sino que procura ligar tal garantía del imputado con el principio de “no reforma en perjuicio”, contenido en el artículo 465 del Código Procesal Penal, propiciando así una duplicidad de textos con el 466 bis CPP actual sin disponer su derogatoria.


La propuesta de ley N° 19.908, ahonda en la correcta aplicación del “doble conforme”, reformando el vocablo “casación” por “apelación de sentencia”; no obstante, agrega erróneamente la frase: “o en apelación de sentencia”, la cual abre la posibilidad de que la segunda sentencia absolutoria –aquella nacida de un juicio de reenvío y que reitera la primera absolución del imputado-, pueda ser objeto de análisis por un Tribunal Superior (Apelación de sentencia), pero solo para confirmarla, porque de lo contrario –en caso de que se dejara sin efecto y se ordenara un nuevo juicio de reenvío-, caeríamos en una persecución “ad infinitum”.    


A su vez, tanto la propuesta N° 19.906 como la 19.908, promueven la “doble conformidad” en la esfera de la casación, lo que desnaturalizaría la figura en estudio y abonaría a la ya hoy por hoy complicada realidad procesal del “doble conforme”.


Por último, este Órgano Asesor -a sabiendas que nuestra colaboración es una simple opinión jurídica que carece de efectos vinculantes para la Comisión promovente-, de la manera más cordial y respetuosa posible considera que si el deseo del legislador es regular la figura del “doble conforme” de una manera eficaz y así, no solo limar las asperezas existentes en cuanto a su aplicación sino erradicar el surgimiento de futuras controversias, debería reformar el actual numeral 466 bis del CPP pero únicamente en el sentido de sustituir el vocablo “casación” por “apelación de sentencia”, sin pretender –a través de un añadido extra- avalar el uso de la “doble conformidad” en la esfera de la casación penal.


Además, visto que el texto actual del artículo 466 bis es motivo de múltiples interpretaciones, que tienden a desnaturalizar la inteligencia del instituto de la doble conformidad, sugerimos respetuosamente que se reforme la literatura del 466 bis, de forma tal que se entienda tal y como se ha expuesto a lo largo de esta Opinión Jurídica, reforzando el hecho que las sentencias absolutorias deben de emanar de juicios orales y públicos con las características que le son propias. 


De esta forma, dejamos planteado nuestro criterio respecto a las propuestas legislativas N° 19.906 y 19.908.


 


 


 




[1] Se sostiene que el propósito es “establecerlo”, porque nos ocupa una iniciativa legislativa que tiene como intención primaria materializarlo en la adición que se pretende, mas lo correcto sería afirmar que reitera o redunda su establecimiento en vista de que así es como hoy luce en el tenor del artículo 466 bis del CPP.


[2] Voto salvado de la Magistrada Hernández López, contenido en la resolución N° 1210-2016 de las 09:05 horas del 27 de enero del 2016, emitida por la Sala Constitucional.