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Resumen Opinión Jurídica 012
 
  Opinión Jurídica : 012 - J   del 23/02/2016   
 
Resumen

OJ-012-2016


 


COMPETENCIA. COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. UNIDAD DE APOYO TECNICO. DESCONCENTRACION. COMPETENCIA PARA DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA Y LESIVIDAD. REEESTRUCTURACION ORGANICA. LIMITES


           


Varios señores Diputados en oficio sin número de fecha 2 de diciembre de 2015, recibido el 8 del mismo mes, en el cual exponen su criterio en relación con la competencia de la Comisión para Promover la Competencia y la importancia de sus funciones en el país, así como la de su Unidad Técnica de Apoyo. Ante una solicitud de reestructuración que habría planteado el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a MIDEPLAN, así como el presupuesto asignado a la Comisión para el año 2016 y basándose en el criterio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre la conveniencia de reforzar Coprocom, consultan:


 


a)                 “En torno al tipo de independencia de la que goza Coprocom, nos es necesario se analice e indique:


 


“i) ¿Qué tipo de desconcentración es la que existe para la Coprocom, y qué características y alcances da ese grado de desconcentración?


 


ii. Por favor precisar si en el cumplimiento de sus deberes de Ley: ¿La Coprocom ejerce con autonomía e independencia sus deberes o existe algún tipo de acción de revisión, revocatoria o anulación de sus actos o resoluciones, en algún jerarca o estamento administrativo distinto a la Coprocom?


 


iii. O de ser el caso, por favor confirmar si las decisiones de Coprocom, cuando esta agote su discusión: ¿Solo puede ser revisada en sede judicial?


 


iv. Específicamente indicar: ¿Qué tipo de recursos caben contra las decisiones o votos de la Coprocom, y qué instancia u órgano es el responsable de resolver?


 


b)                  Vista la reestructuración hecha a la UTA:


 


i)                    ¿Es posible que el MEIC comunique a Mideplan una decisión en tal sentido sin que la Coprocom (que goza de desconcentración máxima) emita un parecer al respecto?


 


ii. ¿Qué implicaciones tendría que en la decisión comunicada al Mideplan se ha afirmado que la Coprocom estuvo de acuerdo, cuando no consta oficio o voto de esa Comisión en tal sentido?


 


iii.  ¿Mideplan puede aprobar una reestructuración como la presentada sin que consten estudios técnicos y legales sobre las implicaciones para con un órgano con desconcentración máxima?


 


iv. ¿Es posible que funcionarios del MEIC que no son parte de la UTA, realicen investigaciones (al amparo del artículo 27 de la Ley N. 7472) para que posteriormente la Coprocom las tome o las deba tomar como propias para realizar procedimientos administrativos sancionatorios?


 


v. En el mismo sentido, ¿pueden funcionarios MEIC, no funcionarios de la UTA, asumir el rol de órganos directores o asesores de estos en los procedimientos administrativos que instruye la Coprocom?


 


vi. Además, ¿puede el MEIC, y no la Coprocom, definir qué y cómo se comunican sus votos o decisiones a terceros, así como sus comunicados de prensa?


 


vii. ¿Es posible que funcionarios del MEIC, y no de la UTA o Comisionados, revisen correspondencia o documentos de casos en trámite de la Coprocom (teniendo presente que mucha de esta es confidencial)?


 


viii. ¿Es posible que personal ajeno a la UTA tenga acceso a expedientes o documentos de órganos directores, denuncias, etc. de la Coprocom?


 


c)       Analizando los recortes del MEIC al presupuesto 2016 de la Coprocom, y visto lo que comunicó la Coprocom al Ministro al respecto, y siendo preciso que de no corregirse lo dicho la Comisión será seriamente afectada al punto de no poder sesionar más a partir de marzo del próximo año pues se quedará sin el personal de apoyo de la UTA, preguntamos:


 


i)                    ¿Es posible que el MEIC haya aprobado un proyecto de presupuesto así, sin que considerara el criterio dela Coprocom?


 


ii) Qué responsabilidades cabría para comisionados y autoridades MEIC como del Poder Ejecutivo de o poder sesionar más la Comisión?”.


           


La Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, emite la Opinión Jurídica, N. OJ-012-2016 de 23 de febrero, 2016, en la cual concluye que:


           


1-. La Comisión para Promover la Competencia es un órgano desconcentrado en grado máximo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.


2-. Dada la desconcentración de las competencias dispuesta en los artículos 21 y 27 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N. 7472 de 20 de diciembre de 1994, la Comisión es titular de una potestad de decisión propia referida al conocimiento, instrucción y resolución de comportamientos susceptibles de dificultar u obstaculizar la efectiva y libre competencia en el mercado. En aras de esa libre competencia, sanciona prácticas monopolísticas y autoriza concentraciones, entre otras acciones.


3-. En el ámbito de la materia desconcentrada la titularidad de la competencia de decisión es propia de Coprocom y como tal debe ser ejercida a nombre propio, no del Ministerio al cual pertenece. Por el contrario, en los aspectos no desconcentrados, Coprocom permanece sometida a los poderes normales del jerarca, sea el Ministro de Economía, Industria y Comercio.


 


4-. La desconcentración de la competencia en favor de Coprocom abarca la posibilidad de agotar la vía administrativa. La Ley no autoriza un recurso jerárquico para ante el Ministro que le permita conocer, revisar o sustituir lo actuado por la Comisión.


 


5-.Por ende, la firmeza de lo decidido o actuado en las materias desconcentradas no deriva de una resolución del Ministro, sino de la propia decisión de Coprocom. No obstante, contra las decisiones de Coprocom cabe el recurso de reconsideración, que debe ser conocido y resuelto por dicho Órgano Colegiado.


 


6-. Como derivación de los principios de autotutela y de legalidad que obligan a la Administración Pública a anular los actos firmes absolutamente nulos, el Ministro –como jerarca administrativo- está facultado para declarar, de oficio, la nulidad absoluta de una resolución o cualquier otro acto de la Comisión.


 


7-. Dicha declaración encuentra fundamento en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para los actos firmes declaratorios de derechos. Una potestad estrictamente enmarcada, que en vía administrativa se sujeta al control que ejerce la Procuraduría General de la República o en caso de materia presupuestaria o de contratación, la Contraloría General de la República. La formalidad consultiva es obligatoria y el dictamen que se rinda debe ser favorable a la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Dicho dictamen produce efectos vinculantes.


 


8-. En tratándose de actos firmes que perjudiquen o graven la situación del administrado, la declaratoria de nulidad es autorizada por el artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública. Nulidad que también requiere del dictamen de la Procuraduría General de la República, obligatorio, vinculante y de contenido favorable a la declaratoria de nulidad, sea esta absoluta o relativa.


 


9-. Conforme lo dispuesto en los artículos 10 y 34 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, corresponde al Ministro de Economía, como jerarca superior supremo de Coprocom, declarar la lesividad de una resolución o acto emitido por la Comisión, como requisito para poder impugnarlo ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.


 


10-. La potestad del Ministro de declarar la nulidad absoluta de un acto es una potestad reglada y, en razón de sus fundamentos y del procedimiento dispuesto por el legislador, no puede verse como una limitación al poder de decidir de la Comisión.


 


11-. En efecto, los supuestos de nulidad de los artículos 173 y 183, en su caso 10 y 34 del Código Procesal de cita presuponen que la Comisión ha ejercido su competencia y, por ende, dictado un acto que incida, positiva o negativamente, en la esfera jurídica del particular y que este acto se encuentra firme pero que presenta un vicio de nulidad que lo hace disconforme con el ordenamiento jurídico.


 


12-. No forma parte de las competencias desconcentradas en favor de Coprocom la potestad de organización y reestructuración del órgano, así como tampoco la potestad reglamentaria. Potestades que son propias del jerarca, el que puede planificar y preparar una reorganización cumpliendo los requisitos que el ordenamiento establece.


 


13-. Corresponde, entonces, al Ministro someter a conocimiento y aprobación de MIDEPLAN las reestructuraciones o reorganizaciones que atañen la Comisión. Razones de conveniencia y razonabilidad en orden a los principios que rigen la reorganización pueden aconsejar que la propuesta le sea consultada.


 


14-. Dicha potestad tiene como límite la organización y, por ende, la definición de competencias presentes en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.


 


15-.De conformidad con la Ley 7472, la Comisión para Promover la competencia debe contar con una oficina técnica, la Unidad Técnica de Apoyo, UTA, cuyos integrantes deben tener formación en la materia objeto de competencia de la Comisión. Así, UTA es parte de la Comisión.


 


16-.      En relación con esa competencia y de acuerdo con la Ley, la UTA realiza funciones de investigación, inspección y de revisión de documentos, así como tramitación de procedimientos administrativos.


 


17-.Bajo solicitud de la Comisión, la Jurisdicción Contencioso-Administración puede autorizar a funcionarios de la UTA para recabar y revisar documentos, realizar inspecciones y visitas para ese fin, lo que les posibilita un acceso a documentos e información de carácter privado exclusivamente en relación con la competencia de la Comisión.


 


18-. No existe disposición legal que faculte a la Comisión a solicitar autorización para que terceros no pertenecientes a la UTA puedan revisar esa documentación e información privadas.


 


19-. La información y documentos privados que se suministren o recaben es confidencial, salvo norma legal en contrario. Por consiguiente, solo pueden ser utilizados para los fines señalados y no pueden ser dados a conocer a terceros. Ergo, solo los funcionarios de la Comisión y aquéllos de UTA que hayan sido autorizados pueden acceder a esa información y documentación confidencial.


 


20-. En orden a los expedientes en trámite, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 272 y 273 de la Ley General de la Administración Pública.


 


21-. El artículo 27, inciso k, faculta a la Comisión, para publicar por cualquier medio, tanto los estudios u opiniones que realice como las resoluciones que emita. El límite es la información confidencial de los agentes económicos.


 


22-. La difusión de la materia de competencia, la emisión de guías prácticas para difundir y orientar el comportamiento de los agentes económicos en el mercado es competencia de la Comisión, según el inciso l) del artículo 27 de la ley.


 


23-. La Dirección de Apoyo a la Competencia y sus órganos han sido creados por el Reglamento Orgánico del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Decreto N. 37457 de 2 noviembre de 2012, como órganos del Ministerio y no de la Comisión. Por consiguiente, el Reglamento no puede asignarle las funciones que la Ley atribuye a la Comisión o a UTA.