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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 005
 
  Opinión Jurídica : 005 - J   del 18/01/2019   
 
Resumen

OJ-005-2019


PROYECTO DE LEY N° 19.571, DENOMINADO “LEY DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO”,AHORA CONOCIDO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE N° 20.868”


 


Mediante oficio N° CE-20868-098 del 08 de noviembre de 2018, la Lic. Flor Sánchez Rodríguez, Presidenta de la Comisión Especial encargada de dictaminar el expediente N° 19.571, denominado “Ley Especial de Extinción del Dominio”, ahora conocido bajo el número de expediente N° 20.868, requirió nuestro criterio jurídico sobre el texto que cuenta con dictamen afirmativo de mayoría por parte de la referida comisión.


El Lic. José Enrique Castro Marín, Procurador Coordinador del Área Penal de la Procuraduría General de la República, el Lic. Jorge Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto y el Lic. Andrés Alfaro Ramírez Procurador Penal, mediante Opinión Jurídica OJ-005-2019 del 18 de enero de 2019, dan respuesta a la solicitud remitida haciendo las siguientes observaciones y/o sugerencias:


1-Depurar la redacción de los numerales 1° y 2° para ajustarlos a las nociones contenidas en la norma que describe el capítulo de “Definiciones” (inciso 1 del artículo 3°), es decir, describiendo que las actividades delictivas deben estar asociadas a la delincuencia organizada.


2- Se recomienda que el listado de delitos y/o actividades delictivas asociadas con actividades ilícitas, incorpore conductas ligadas a la criminalidad organizada, tales como las acciones presuntas de delitos de corrupción o contra los deberes de la función pública contenidos en el Código Penal y en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el contrabando, los delitos tributarios, los delitos informáticos, entre otros.


3- Reformular el concepto “actividad ilícita”, establecido en el inciso 1) del artículo 3°, pues establece la definición de aquel concepto de una manera poco técnica.


4- Solventar la contradicción aparente entre el numeral 44 y el artículo 24 del mismo proyecto de ley, respecto a la buena fe exenta de culpa, específicamente en lo concerniente la carga probatoria para desvirtuar dicha presunción por parte del Misterio Público o el deber del afectado en acreditarla.


5-Clarificar la redacción del artículo 18 referente a la prescripción de 10 años, para que en los asuntos relacionados con el tercero carente de buena fe exenta de culpa, se disponga que dicho plazo empiece a correr a partir de una circunstancia objetiva y razonablemente comprobable, tal y como lo dispone el artículo 32 del CPP.


6- Se sugiere eliminar en el artículo 45 numeral 12, la mención o referencia a las intervenciones de las comunicaciones, que en su momento fueron recabadas “… en cualquier otro proceso judicial o administrativo…” y de los rastreos de llamadas como medios probatorios, para permitir su uso en las investigaciones correspondientes a extinción de dominio, ello a fin de evitar la posible declaratoria de inconstitucionalidad por violación del derecho a la intimidad desarrollado por el artículo 24 de la Constitución Política.


7-En cuanto a los tipos de medida de aseguramiento, artículos 58 al 61, se propone reconsiderar la posibilidad de exigir caución.


8-Se recomienda valorar la posibilidad de agregar los dos tipos penales que se pretenden añadir a través de los numerales 125 y 126 del proyecto, en el Código Penal, en el Título XIV Delitos contra la “Administración de Justicia”, Sección Tercera, ya sea añadiéndolo al final del último numeral, que está identificado con el artículo 332 bis, de manera tal que las nuevas figuras delictivas se identificarán con los artículos 332 ter y 332 quater, respectivamente o bien, si se considera más correcto, podría optarse por añadirlos a partir del artículo 333 y 334 para luego correr la numeración vigente.


9- En cuanto a la atribución de la competencia para conocer el Recurso de Casación a una de la Salas de la Corte Suprema de Justicia, sea la Sala Primera o la Sala Tercera, se sugiere incluir una nueva norma en el capítulo llamado “disposiciones finales”, a través de la cual se promueva una reforma legal a la Ley Orgánica del Poder Judicial ya sea al artículo 54 (funciones de la Sala Primera) o al artículo 56 (funciones de la Sala Tercera), a fin de evitar lagunas jurídicas o dificultades en la aplicación e implementación del presente proyecto, una vez que sea aprobado.


            Finalmente, se realizan algunos comentarios y reflexiones adicionales tendentes a mejorar la redacción de los artículos 1°, 3° 5°, 18, 19, 21, 30, 34, 67, 72, 73 y 87, así como de las disposiciones referentes al régimen impugnaticio previsto en los numerales 34, 82 y 84.