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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 037
 
  Opinión Jurídica : 037 - J   del 21/05/2019   
 
Resumen

OJ-37-2019.


 


FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.


 


La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 20531, denominado “Ley de Creación del Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino y Costeros (FONASEMAR)”


 


Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica OJ-37-2019 de 21 de mayo de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que:


 


Además de que del texto del proyecto no queda clara la estructura, conformación y funcionamiento de los órganos que se crean y que ello podría generar futuros inconvenientes de aplicación y administración, llama la atención que se otorgue la administración del Fondo a una persona jurídica privada, cuando esa función podría recaer en otros organismos estatales con competencias afines a lo proyectado.


 


La Fundación Banco Ambiental fue constituida porque a ello se obligó el Estado al suscribir el Contrato de Préstamo y el Convenio de Donación citados, y que, esa Fundación tiene como objetivo administrar los fondos que fueron donados por la GEF para el desarrollo de un proyecto que pretende apoyar el programa de pago por servicios ambientales que lleva a cabo el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, de conformidad con las reglas específicas y procedimientos que el Estado está obligado a emitir para regular los desembolsos de los fondos del Fondo de Biodiversidad Sostenible. Es decir, su función es apoyar administrativa y financieramente las políticas gubernamentales en materia de conservación, pero no ejercer directamente funciones administrativas propias de otras entidades.


 


Por lo tanto, debe valorarse la conveniencia de otorgarle a esa entidad privada una función distinta de la plasmada en el Contrato suscrito. Conferirle a esa Fundación una nueva obligación, que no se enmarca dentro del objetivo general previsto, podría implicar un incumplimiento contractual por parte del Estado, ya que ello podría significar una modificación de la administración que debe ser aprobada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o podría considerarse que se trata de una acción que interfiere con el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al receptor.


 


En cuanto al fideicomiso que según el proyecto debe constituirse, hemos indicado en reiteradas ocasiones que conforme al artículo 14 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (No. N° 8131 del 18 de setiembre del 2001), para crear un fideicomiso, las instituciones públicas requieren de una norma expresa y especial que las autorice al efecto y que regule las condiciones generales que deben incluirse en el contrato. Si bien es cierto, el proyecto de ley constituiría la norma habilitante exigida, no parece establecer de manera suficiente las condiciones generales del contrato.                


 


A su vez, la estructura propuesta podría entorpecer las labores de fiscalización de los fondos públicos que administraría FUNBAM. No en vano la Contraloría General de la República, en el oficio No. DFOE-AE-0027 de 29 de enero de 2018, que consta en este expediente legislativo, indicó que “la participación de diversos actores en la administración y ejecución de recursos públicos y privados, sería una limitante que dificulta la fiscalización de la gestión del fondo y sus órganos.”


 


Adicionalmente, es recomendable analizar la normativa propuesta en cuanto a las transferencias presupuestarias al FONASEMAR, de cara a las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635 de 3 de diciembre de 2018) relativas a la responsabilidad fiscal (Título IV).


 


Debe analizarse la viabilidad de establecer una carga económica a las importaciones que ingresan al país por la vía marítima, pues ello puede constituir una barrera no arancelaria e implicar una infracción a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados de libre comercio suscritos.


 


En cuanto al impuesto a la capacidad contaminante de los envases, empaques o embalajes de cualquier material y del impuesto a las bolsas plásticas, con el fin de evitar duplicidad de regulaciones, considérese que en la corriente legislativa existen varios proyectos destinados a regular un impuesto similar al propuesto (Expedientes legislativos Nos. 21159, 20078).


 


Si bien la aprobación del proyecto de ley No. 20531 es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar la pertinencia de las observaciones expuestas.