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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 011
 
  Dictamen : 011 del 15/01/2020   
 
Resumen

C-011-2020.


 


INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO DE FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO.


 


La señora Marolin Azofeifa Trejos, Diputada de la República, Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con el régimen aplicable a los terrenos comprendidos en la finca de la provincia de Limón no. 96658, el procedimiento correcto para que JAPDEVA rectifique la medida de esa finca y libere los terrenos correspondientes a fincas inscritas a nombre de particulares, la legitimidad de las fincas inscritas de particulares ubicadas en esos terrenos y la posibilidad de que JAPDEVA venda o done porciones de esa finca a particulares.


 


Esta Procuraduría, en dictamen no. C-011-2020 de 15 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que:


 


La consulta resulta inadmisible.


 


La Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa. Pese a lo anterior, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. En ese entendido, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios a la Asamblea Legislativa y sus Diputados, no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas. Al respecto, las interrogantes deben ser planteadas de forma clara y precisa y versar sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite. Aunado a lo anterior, no es procedente responder aquellas consultas que, aunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal transmisor de una duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado, pues, de conformidad con nuestra Ley Orgánica, no somos competentes para atender las consultas de particulares. De tal forma, pese a que su consulta involucra temas relacionados con bienes de dominio público que podrían ser objeto del ejercicio de la función de control político, lo cierto es que ésta podría involucrar intereses particulares de quienes ocupan terrenos en la finca consultada o son propietarios de fincas inscritas ubicadas en esa misma área y requieren definir mecanismos para regularizar su situación y para mantener la legitimidad de sus títulos de propiedad. En consecuencia, el ligamen de lo consultado con el ejercicio de la función de control político no resulta completamente claro.