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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 038
 
  Opinión Jurídica : 038 - J   del 17/02/2020   
 
Resumen

OJ-038-2020


 


LEY QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 381 BIS Y DEROGA EL ARTÍCULO 123 BIS DEL CÓDIGO PENAL LEY N° 4573, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1970, Y SUS REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ


 


Respuesta a La Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, criterio jurídico en relación con el proyecto de ley N° 21.410, denominado Ley que adiciona un artículo 381 bis y deroga el artículo 123 bis del Código Penal Ley N° 4573, de 15 de noviembre de 1970, y sus Reformas para el Fortalecimiento de la Protección de la Niñez.


  El proyecto legislativo, busca adicionar un artículo 381 bis al Código Penal, pues estiman que no es suficiente con lo dispuesto en los delitos contra la vida, específicamente en referencia a lesiones y lo pertinente en el caso de los homicidios, para sancionar la tortura en menores de edad.


  A criterio de esta Procuraduría la propuesta del proyecto de ley se derivan algunos eventos que revisten una trascendencia inobjetable y otros, por el contrario, relativos al soporte convencional que se procura cumplir, son conceptualmente erróneos, pero no empañan la viabilidad de aquel.


El artículo propuesto contiene una mejor descripción de diversas conductas y diversos actores y víctimas que lo hacen, además de más explícito y comprensible, abarcador de muchos eventos, tales como el menoscabo de la personalidad de la víctima como eje central, la producción de dolor o sufrimiento graves con el fin de investigar u obtener información de aquel que se tiene bajo su custodia o control, la agravación de la pena si la tortura la practica un funcionario público, si la conducta punible es en perjuicio de menores de edad, entre otros.


Con miras a satisfacer las diversas Convenciones internacionales referidas al tema de la tortura, ratificadas por Costa Rica, es verificable que nuestro País sí ha cumplido con los compromisos adquiridos, e incluso se puede sostener que con exceso en la regulación legislativa, ya que tanto el 123 bis como el propuesto 381 bis en algunos de sus párrafos se señala la conducta a castigar si el agente activo es un funcionario público (agravándose incluso en el 381 bis a una pena de 7 a 15 años de prisión); pero además, los citados numerales van más allá del cumplimiento de los compromisos por materializar legislación que castigase la tortura, y en un ejercicio soberano de la potestad constitucional de emisión de leyes, se regulan supuestos en los cuales el sujeto activo no es un funcionario estatal sino cualquier sujeto imputable en perjuicio de una víctima, cualquiera que sea su edad y cuya dosimetría de la pena se aumenta si es en perjuicio de menores de edad. 


Si bien es cierto, el propuesto artículo 381 bis satisface las obligaciones convencionales adquiridas por Costa Rica, al firmar Protocolos que castigan la Tortura e incluso con un exceso de regulación normativa en bonam partem, también lo es que resulta un error invocar el Estatuto de Roma como uno de los instrumentos internacionales a cumplir, dado que el concepto de tortura en su tenor es bastante lejano a las pretensiones del proyecto de ley que atrae nuestra atención.


En atención a lo expuesto, se sugiere respetuosamente que si se trata de explicitar en la exposición de motivos el más correcto derrotero convencional a seguir, indudablemente es menester que sea citada la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 19, dado a que esta disposición sí expresa de mejor manera el compromiso de materializar medidas legislativas que tiendan a una mejor protección a la niñez y la adolescencia, así como a sancionar los casos en los que se ven involucrados menores de edad en manos de sus padres o quienes los tengan bajo su cargo o cualquier otra persona que les provoquen lesiones, y que menoscabando su personalidad, les inflijan dolor o sufrimientos graves.


 


          De esta manera, dejamos rendido nuestro informe sobre el proyecto de ley N° 21.410.