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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 015
 
  Opinión Jurídica : 015 - J   del 20/01/2020   
 
Resumen

OJ-015-2020


 


FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LOS VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIO PROBIDAD. CONFLICTO DE INTERÉS. DELITOS. RECTORÍA CGR. POTESTAD DE REGLAMENTACIÓN AUTÓNOMA DE LA ADMINISTRACIÓN. INTERÉS PÚBLICO. CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.


 


La señora diputada Carmen Chan Mora, solicita que nos refiramos a las siguientes interrogantes que transcribimos textualmente:


“1- ¿Puede un Ministro del Gobierno, un Diputado o cualquier miembro de los supremos poderes –asistir ya sea en representación oficial del Gobierno o de la institución respectiva, a un evento internacional y que sus gastos sean financiados total o parcialmente con recursos privados? De igual manera, le ruego clarificar, si esto aplica para los demás funcionarios públicos que asisten en compañía del jerarca o jefe inmediato, pertenecientes a cualquier órgano, ente, o Poder de la República?


2-¿Me podría aclarar si estas actuaciones son conforme al Decreto Ejecutivo N°33146 sobre “Principios Éticos de los Funcionarios Públicos” y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422 y su reglamento?


3- ¿Ruego indicarme, si la información relativa al financiamiento de los gastos de algunos funcionarios públicos con recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales, entidades financieras o cooperantes internacionales, que asistieron a la COP 25, según indican algunos medios de comunicación nacional; puede calificarse como información de carácter Público?


4-Con base en los principios de transparencia y publicidad, así como el de rendición de cuentas, una vez concluido el evento de la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático (COP), que tipo de información debe de publicarse de oficio y cuál se podría calificar como confidencial.”


 


            Mediante opinión jurídica OJ-015-2019 del 20 de enero 2020, suscrita por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta, se llegó a las siguientes conclusiones no vinculantes:


 


A)   El legislador, mediante la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado, otorgó a la Contraloría General de la República la potestad de reglamentar todo lo relativo a los gastos y viáticos de los funcionarios públicos que deban viajar dentro o fuera del país. Ergo, dicha reglamentación debería contemplar el procedimiento de autorización y los presupuestos para permitir el financiamiento externo de un viaje realizado por un funcionario público;


B)    La potestad de la Administración de emitir reglamentación autónoma de organización y servicio en materia de viajes, debe ejercerse de conformidad con la normativa legal y los lineamientos que emita la Contraloría en esta materia;


C)    De la normativa vigente en esta materia, sea la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado y su Reglamento y las directrices emitidas por la Contraloría, no se deriva una prohibición absoluta para permitir el financiamiento externo de los viajes del funcionario público ante ciertas circunstancias e invitaciones que son parte de su función; 


D)   No obstante lo anterior, debe analizarse cada caso a la luz de las circunstancias concretas, para determinar si existe un beneficio propio y no de la Administración, si ese financiamiento externo ha sido debidamente autorizado mediante los procedimientos internos correspondientes, si la naturaleza u origen de los recursos y de la actividad colocan o no al funcionario ante un conflicto de interés o la comisión de un delito, si se violenta el principio de probidad o algún principio ético o de la función pública, entre otros;


E)     Por tanto, el financiamiento externo de un viaje a un funcionario público, nunca puede ser realizado a espaldas de la Administración y, además, ésta debe velar por la protección del interés público y nunca del interés particular del funcionario. Ergo, aun cuando una invitación es dirigida a un funcionario público específico, la Administración deberá revisar la idoneidad y la oportunidad y conveniencia de su viaje;


F)     El principio de publicidad y transparencia es la regla en materia de acceso a la información pública, aunque existen límites al ejercicio de este derecho en aquellos casos en que no exista un interés público, se trate de un secreto de Estado, o una afectación a la moral, el orden público o al derecho a la intimidad de terceros;


G)    La Administración no cuenta con discrecionalidad para determinar cuáles supuestos constituyen un límite válido al derecho a la información, pues debe existir una autorización constitucional o legal en esta materia;


H)    No existe una autorización constitucional o legal para negar el acceso a la información relativa al financiamiento de los viajes de los funcionarios públicos o sobre la rendición de cuentas de una Cumbre Internacional. Únicamente la información que pueda ser considerada como secreto de Estado por poner en peligro las relaciones internacionales o la seguridad del país, queda excluida del deber de publicidad, decisión que deberá ser motivada; 


I)       No obstante lo anterior, no corresponde a este órgano asesor revisar las actuaciones concretas realizadas por la Administración ante la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático COP 25.