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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 106
 
  Opinión Jurídica : 106 - J   del 29/06/2021   
 
Resumen

OJ-106-2021.


 


REFORMA LEY FORESTAL. PLANTACIONES FORESTALES. INCENTIVOS PARA REFORESTACIÓN. USO SOSTENIBLE DE LA MADERA. DONACIÓN Y REMATE DE MADERA DECOMISADA. CORTA DE ÁRBOLES EN PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. PERMISO DE CORTA EN TERRENOS AGROPECUARIOS SIN BOSQUE. CONCEPTO DE BOSQUE. ÁREAS DE PROTECCIÓN. INVASIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN. INCENTIVOS FISCALES PARA REFORESTAR.


 


La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley 20516, denominado "Reforma de varios artículos de la Ley Forestal N° 7575 de 13 de febrero de 1996 y sus reformas.


 


La Procuraduría, en OJ-106-2021 de 29 de junio de 2021, señaló:


 


-La reforma que se propone del artículo 1°, y, en esa misma línea, del artículo 52, promovería el aumento en la producción y uso sostenible de madera, en sustitución de otros materiales que generan una mayor huella de carbono, lo cual resulta afín a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de cambio climático, y acorde a los fines perseguidos por el Poder Ejecutivo en el Plan de Descarbonización para Costa Rica 2018-2050.


 


-Con la adición del artículo 65 bis, el juez competente, después de transcurridos tres meses desde la interposición de la denuncia, si la madera o productos forestales no fueron rematados o adjudicados, de oficio los entregará a la Administración Forestal del Estado para que decida cómo dispondrá de ellos en el plazo de un mes, con el fin de evitar su deterioro. Actualmente esa entrega a la Administración Forestal se puede hacer una vez que exista sentencia condenatoria, pues, en caso de que el denunciado sea absuelto, los productos forestales o su equivalente en dinero le deben ser devueltos. En consecuencia, se sugiere valorar la pertinencia de esa modificación, o de incluir alguna disposición que establezca cómo se cubrirá el monto que debe ser reintegrado al denunciado en caso de que resulte absuelto.


 


-En la modificación del artículo 6° inciso q) se sugiere limitar la amplitud que posee la disposición proyectada y especificar a cuáles supuestos excepcionales se refiere. Para ello, debe valorarse si se trata supuestos que respondan a razones de seguridad, interés público, emergencia u otro tipo de motivos que puedan ser justificados técnicamente y que permitan la aplicación de medidas de control, mitigación y compensación, en estricto apego a los principios de objetivación de la tutela ambiental y razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, por ejemplo, tómese en cuenta que, conforme a los artículos 311 del Código Civil y 108 del Código Procesal Civil, puede resultar aplicable la figura de interdicto de derribo, cuando un juez, contando con un criterio técnico, constate que las condiciones de los árboles generan peligro a las personas, construcciones cercanas o bienes públicos. (Opinión Jurídica no. 011-2018 de 24 de enero de 2018).


-En cuanto a la reforma del artículo 27, el texto propuesto implicaría una autorización de corta mucho más amplia que la vigente, pues se elimina la restricción que actualmente dispone la norma, en cuanto a que no se puede superar la cantidad de tres árboles por hectárea por año, y elimina también esa restricción temporal. Con la redacción propuesta, no habría límite en cuanto a la cantidad de árboles ni de autorizaciones que podrían solicitarse en un año, con lo cual, esa decisión quedaría sujeta al criterio técnico de la Administración Forestal del Estado.


 


-Las limitaciones a la propiedad privada que establecen los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, no se limitan a la corta de árboles, pues, en aplicación del artículo 58 de esa misma ley, la pena de prisión de tres meses a tres años allí establecida para quien invada un área de protección, ha sido aplicada jurisprudencialmente a las construcciones y demás obras que la afecten. Tal y como está planteada la reforma, se dejaría sin sanción penal alguna las obras desarrolladas en las áreas de protección, que han sido incluidas, jurisprudencialmente, dentro del tipo penal descrito en el artículo 58 inciso a). Y, además, de aprobarse el proyecto, la prohibición de levantar construcciones en esas áreas podría no parecer clara, y, en consecuencia, inaplicable.


 


-En el artículo 30 es recomendable valorar la pertinencia de incluir alguna excepción, como la que contenía el artículo antes de ser derogado, en el sentido de que dicha exención no aplica cuando quien reforesta lo hace utilizando recursos públicos, es decir, cuando recibe algún subsidio o contraprestación económica para poder desarrollar la plantación forestal.