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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 152
 
  Opinión Jurídica : 152 - J   del 15/09/2021   
 
Resumen

PGR-OJ-152-2021


 


SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DECRETOS DE EMERGENCIA.


 


La Licenciada Daniela Agüero Bermúdez, Jefa Área de Comisiones Legislativas VII Asamblea Legislativa mediante el oficio número AL-CJ-21969-0331-2020 de fecha 17 de junio del 2020 nos solicita emitir criterio en relación con el proyecto legislativo 21.969, denominado “Adición de “incisos” (SIC) a los artículos 34 y 259 del Código Procesal Penal para suspender los plazos de Prisión Preventiva y de Prescripción de la Acción Penal en situaciones de Emergencia Nacional”


 


PROPOSITO DEL PROYECTO.


 


La crisis emanada a propósito de la pandemia ocasionada por la COVID-19, ha generado un trastorno en la normal prestación del servicio de administración de la justicia, entre otros cientos de esferas del acontecer nacional y mundial.


 


En atención a ello, el proyecto de ley sometido a consulta (y que tiene por objeto regular los plazos de prescripción de la acción penal y de la prisión preventiva), tiene tres propósitos: 1.- tutela de la vida, tratando de evitar que las personas se contagien por tener que asistir a los despachos judiciales, 2.- consistencia de las políticas de Estado, por un lado el Poder Ejecutivo le dice a los habitantes que se queden en sus casas y por otro, el Poder Judicial le dice a las personas que deben asistir a las audiencias (so pena de que sus causas prescriban), lo cual es contradictorio en tiempos de pandemia y 3.- evitar la impunidad: actualmente los plazos de prescripción de la acción penal y de la prisión preventiva no se detienen, lo cual podría generar impunidad.


 


CONCLUSIONES.


 


1.- La declaratoria de estado de emergencia nacional no impide –y así lo ha demostrado el Poder Judicial en el año 2020 y lo que llevamos del actual-, que los diferentes procesos penales puedan continuar su curso normalmente, ya sea en forma presencial guardando el respeto a los protocolos sanitarios o bien, a través de mecanismos virtuales.


2.- El servicio prestado por los órganos jurisdiccionales es un servicio esencial que debe velar por garantizarle a los usuarios una justicia pronta y cumplida. De ahí que suspender los plazos de la prescripción, así como la duración de la prisión preventiva, por el tiempo que dure la declaratoria de estado de emergencia sin tener certeza de cuánto durará ese estado, podría ser ilegal e incluso inconstitucional.


3.- El proyecto de ley según la exposición tiene tres objetivos: evitar la impunidad, lograr la consistencia de las políticas de Estado y tutelar la vida. Las actuaciones del Poder Judicial en cuanto al dictado de las directrices tendentes a garantizar la continuidad de la prestación del servicio, por parte de los diferentes despachos judiciales, han permitido que esos objetivos que tiene el proyecto de ley se hayan cumplido, sin necesidad de afectar los derechos de las personas privadas de libertad.


4.- Es menester dotar al Poder Judicial de mejores herramientas tecnológicas y asegurar que todos los despachos judiciales a lo largo del país cuenten con ellas, siendo la mejor opción para que el principio de justicia pronta y cumplida en tiempos de pandemia sea una realidad, garantizándole al usuario el acceso a la justicia de manera segura, sin alargar indebidamente la duración de los tiempos de la prisión preventiva ni creando causales de suspensión de la prescripción, que no guardan concordancia con la naturaleza de las otras causales.


5.- A esta altura de la pandemia –y aún antes-, ya se ha demostrado que las personas pueden salir del encierro al que fueron sometidas al inicio de la pandemia –precisamente por la morigeración de las restricciones dictadas por el propio Gobierno de la República-, pero siempre manteniendo las medidas de seguridad y de distanciamiento en cuanto sea posible.


6.- Probado está que debe optarse por la implementación de medidas menos gravosas contra la libertad de las personas, así como evitar la prolongación de las causas penales, motivo por el cual creemos que el proyecto de ley que nos ocupa carece de viabilidad jurídica.