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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 080
 
  Dictamen : 080 del 24/04/2000   
 
Resumen

C-080-2000


PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EN MATERIA PENAL, REVISIÓN POR INFRACCIÓN AL DEBIDO PROCESO, COMISO, NATURALEZA DEL COMISO, EFECTOS DEL COMISO, ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.   


    Por medio del oficio sin número de 03 de diciembre de 1999, suscrito por el Lic. Daniel Hidalgo Murillo, en la condición que ostentaba en dicho momento de Director Ejecutivo del Centro Nacional de prevención contra drogas, se relata la incómoda situación por la que atraviesa esa Institución, la que luego de donar a la Fundación de Ayuda al Niño Abandonado un lote de joyas caídas en comiso, decretado dos años antes de la donación, producto de la cosa juzgada de una sentencia condenatoria, ésta es parcialmente revocada por un Procedimiento de Revisión que ordena la devolución de las joyas a su legítimo propietario o en su defecto, el valor de las mismas.


    En concreto, se solicita tres actuaciones por parte de procuraduría: que intervenga en el proceso referido conforme la faculta su Ley Orgánica; que vierta criterio jurídico sobre lo resuelto por la sala Tercera de la corte Suprema de Justicia en torno al procedimiento de Revisión seguido en el caso concreto y finalmente, que esta representación estatal se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 418 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 34 constitucional .


    El Licenciado José Enrique Castro Marín, Procurador Asesor, y la Licenciada Tatiana Gutiérrez Delgado, Asistente, dan respuesta a dicha solicitud, en los siguientes términos:


    En relación al primer punto, luego del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que esta Procuraduría comparte tanto los razonamiento de la resolución de Sala Tercera, como los efectos que declara la sentencia.


    El pronunciamiento de constitucionalidad que se solicita no es posible que se brindado por este órgano consultivo debido a que no es de su competencia, sino exclusivamente de la Sala Constitucional.


    En cuanto a la intervención de la Procuraduría conforme al numeral 3) inciso j) de su Ley Orgánica, no sería procedente para el caso concreto, por no existir a nuestro criterio razones para cuestionar ante el Tribunal de Juicio que conoce el trámite de devolución de los bienes decomisados, la actuación de la Sala Tercera.