Buscar:
 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 109 del 08/09/1999 >> Resumen
Internet
Año:
Buscar en:




Opciones:
Guardar
Imprimir


Ficha del Pronunciamiento
ß&Ø¥ß%
Resumen Opinión Jurídica 109
 
  Opinión Jurídica : 109 - J   del 08/09/1999   
 
Resumen

O.J. 109-99


 


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. CONSEJO DIRECTIVO.SISTEMA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.


   Mediante oficio OG-252-99 del 17 de agosto de 1999, recibido en este despacho el 18 de ese mismo mes, el Diputado Otto Guevara Guth plantea varias dudas en relación con la opinión   jurídica 0J-92-99 del 10 de agosto del año en curso, en el sentido de: "¿ Pudo legalmente el Consejo Directivo del ICE modificar la Ley Nº 3625 y en vez del 5% de la Planilla originalmente establecido para el pago de prestaciones sociales, crear para ese mismo fin otro fondo constituido por el 2.5% en vez del originalmente previsto, y aumentar el 5% originalmente establecido por ley a 6%, pero redefinido así: ' y el 6% restante seguirá siendo parte del ahorro institucional, que será administrado tal y como lo establecen las normas que regulan el funcionamiento del FGA.ICE'? (SIC). Concretamente: ¿Puede el Consejo Directivo del ICE modificar la Ley N º 3625 promulgada por unanimidad en el Congreso en tercer debate el 22 de noviembre de 1965?


¿Pudo introducirse el sistema de pensiones complementarias de los empleados del ICE al amparo de la Ley Nº 3625 por medio del laudo Nº 1671-88 que expresa la voluntad de unos jueces, unos funcionarios administrativos y unos dirigentes sindicales y de esa manera modificar y sustituir la voluntad unánime de los diputados expresada en la Ley Nº 3625 de diciembre de 1965? ¿O tiene para ello que, según lo expresó esa Procuraduría en dictamen C-054-89, modificarse la Ley Nº 3625? Concretamente: ¿Pudo el Laudo Nº 1671-88 modificar la Ley Nº 3625?


¿Puede el sistema de pensión complementaria ser forzoso en cuanto al aporte de los empleados y ser circunstancial en cuanto al beneficio? ¿No dice la Ley Nº 7523 publicada en la Gaceta Nº 156 de 18 de agosto de 1965 que regula el mercado en el cual las partes (asegurado-asegurador) convergen libremente y además que el asegurado puede escoger el operador de pensiones a su criterio? Concretamente: ¿No es inconstitucional el sistema de pensiones complementarias del ICE que obliga a todos sus empleados a cotizar a un régimen cuyos beneficios se caracterizan por la incertidumbre de llegar a ser empleado del ICE hasta su vejez?


¿Debido a la existencia de opiniones antagónicas entre funcionarios públicos en la Contraloría, ¿la Procuraduría, los abogados del Instituto Costarricense de Electricidad y sus asesores externos, la autoridad presupuestaria, dirigentes sindicales etc., no debió prevalecer el criterio de la Procuradora Administrativa (C-054-89) en el cual se basó además la Directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República para sustentar su oposición (Oficio Nº 4684 antes citado)? Concretamente: ¿Cuál funcionario de la Contraloría tiene la última palabra en materia de aprobación de presupuestos?".


   Este despacho, en su opinión jurídica O.J.109-99 del 8 de setiembre de 1999, suscrito por el Lic. Fernando Castillo Víquez, Procurador Constitucional, concluye lo siguiente:


1.- Es evidente que, en un Estado social de Derecho, un órgano colegiado que pertenece a un ente descentralizado por servicio, que adoptó la figura de institución autónoma, no puede modificar una ley. Ahora bien, el hecho de que ese órgano este cotizando una suma mayor al fondo a la originalmente se establecía en la ley de su creación, no significa que la esté infringiendo, sino que está actuando conforme a ella.


2.- Tal y como lo hemos indicado, el Consejo Directivo del ICE está autorizado por la Ley Nº 3625, a cotizar una suma mayor al fondo, por lo que jurídicamente es procedente, que el órgano colegiado aporte una suma superior, cuando existe una sentencia firme de los tribunales de justicia o un convenio válido y eficaz entre las organizaciones de los trabajadores y la institución.


3.- Desde el punto de vista de la Procuraduría General de la República, un sistema de pensiones complementarias que obligue a un trabajador a pertenecer a él, es inconstitucional, debido a que violenta los artículos 25 y 45 de la Constitución Política. Empero, la anterior tesis no es compartida por la Sala Constitucional, quien, en diversos fallos, ha señalado que una norma que establece la afiliación obligatoria a un fondo de jubilaciones u otro tipo de fondos, no es contraria al artículo 25 de la Carta Fundamental; jurisprudencia que es vinculante según el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.


4.- Dada la naturaleza de la interrogante ¿Cuál es el funcionario de la Contraloría General que tiene la última palabra en materia de aprobación de presupuestos?; y por respeto a los jerarcas de ese órgano, así como de sus competencias constitucionales y legales, preferimos que este pregunta se contestada por el señor Contralor o Subcontralor General de la República quienes, de conformidad con el artículo 184 de la Constitución Política y el artículo 38 de la Ley Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994 (Ley Orgánica), son los superiores jerárquicos.