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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Opinión Jurídica 072
 
  Opinión Jurídica : 072 - J   del 14/06/1999   
 
Resumen

OJ-072-1999


 


HACIENDA PÚBLICA. FONDOS PÚBLICOS. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


 


   En oficio N. FRC-1906 de 3 de junio de 1999, el señor Diputado Lic. Justo Orozco Álvarez, solicita el criterio de la Procuraduría General en relación con una reforma de fondo o una nueva Ley para la Contraloría General de la República y sobre qué puntos sería más urgente una reforma.


 


    La Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora Asesora, emite Opinión Jurídica N. OJ-072-99 de 14 de junio siguiente, indicando que la Ley Orgánica de la Contraloría no constituye un texto de interpretación y aplicación normal por la Procuraduría. Además, existe una competencia prevalente de ese Órgano respecto de la función consultiva que concierna su competencia exclusiva. De allí que se carezca de un conocimiento certero sobre puntos que deban ser objeto de reforma total y en general, de problemas que dicha ley origine. Se recomienda dirigirse a la Contraloría. No obstante, se considera que podría discutirse con el Órgano de Control la conveniencia de reformar determinados conceptos, como son el de Hacienda Pública y el de fondos públicos. Ello por cuanto en la base de esas definiciones está presente un criterio orgánico, que impide considerar la Hacienda Pública a partir del criterio de la aplicación de criterios funcionales o de ordenamiento. Lo que no impide que diversas disposiciones legales partan en su regulación de un criterio funcional o de ordenamiento de la actividad financiera del Estado. Se hace ver que la definición de los componentes de Hacienda Pública excluye entes en los cuales la participación pública es minoritaria, por lo que el régimen de la Hacienda Pública no se les aplicaría, aplicación que sí se predica de sujetos privados que manejen fondos públicos.


 


   En relación con los fondos públicos, se menciona que la aplicación del concepto obligaría a considerar que los bienes y derechos de los entes públicos no estatales son fondos públicos, por lo que debe aplicarse el régimen correspondiente, con los problemas que eso podría atraer para los colegios profesionales. El criterio orgánico de la definición permitiría cuestionar el carácter de fondos públicos de entidades que no sean consideradas entes públicos. De allí que podría discutirse la conveniencia de incluir otros criterios distintos del orgánico en la definición del concepto.