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Ficha del Pronunciamiento
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Resumen Dictamen 130
 
  Dictamen : 130 del 06/08/1996   
 
Resumen

C-130-96


FUNCIÓN CONSULTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. IMPOSIBILIDAD DE PRONUNCIARSE SOBRE UN CASO CONCRETO. AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN PARA PLANTEAR CONSULTA ANTE LA PROCURADURÍA. INCOMPETENCIA SOBRE DISPOSICIÓN DE BIENES PÚBLICOS. ANULACIÓN DE ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS.


 


            La gerencia del SENARA solicita criterio sobre la validez y eficacia de los siguientes actos administrativos:


1) Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), mediante el que hace la "declaratoria de elegibilidad" del proyecto hidroeléctrico "Bagaces", presentado por la firma "Bel Ingeniería, S. A." (Artículo 7 de la sesión 4589, del 13 de setiembre de 1994).


2) Resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del¿ Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), que aprueba el correspondiente estudio de impacto ambiental ( 124-96 SETENA, de 14 hrs. del 25 de marzo de 1996).


            El Dr. Luis Antonio Sobrado González, a través de dictamen C-130-96, declara inadmisible la gestión planteada, por las siguientes razones.


1) Tratándose de una solicitud de pronunciamiento para un caso concreto, no puede ser admitida como consulta.


2) Si, por el contrario, lo que pretende es el dictamen a que hace referencia el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, carece de legitimación para tal efecto, en virtud de que los actos administrativos que se cuestionan emanaron del I.C.E. y del MINAE, y no del SENARA.


3) En todo caso, por tratarse de una denuncia relativa a la utilización y aprovechamiento de bienes que integran un patrimonio público, el asunto queda librado a la competencia propia de la Contraloría General de la República, como órgano superior de vigilancia de la Hacienda Pública. Es entonces la Contraloría, y no la Procuraduría General de la República, a quien compete atender dicha denuncia, en ejercicio de las potestades que le confiere la ley 7428.