"PRIMERA:

No cabe duda que el espíritu del legislador al crear el SINART S.A.; pretendía liberarlo de ciertos controles a los que se ha tenido que someter a lo largo del tiempo, pues así lo dejó claramente señalado en el artículo 22 de la Ley. Sin embargo, debió el legislador tomar en cuenta que la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, derogaba explícitamente esas leyes.

SEGUNDA:

Por ser el SINART S.A., una empresa pública del Estado, debe estar sujeta como lo está, a la Ley 8131, y es justamente la Ley 8131, quien indica que los órganos del estado deben cumplir con las directrices de la Autoridad Presupuestaria en cuanto a materia presupuestaria. Es por ello, que mi criterio es que el SINART S.A., se encuentra sujeto a la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y por ende a los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria, pues se encuentran inmersos en la misma Ley.

TERCERO:

Considero prudente, si la Administración así lo considera necesario, y siendo que el legislador pretendió liberar al SINART de los alcances de las leyes 6955 y 6821, que en el texto paralelo que se encuentra en la corriente legislativa se intente dejar al SINART S.A. fuera de la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos."

"(…)

"Si se trata de errores de concepto, de errores que modifican el sentido de la expresión contenida en el artículo que se trate, si son muchos y si no hay manera de deshacerlos recurriendo al contexto inmediato, entonces, sí, nosotros permitimos que mediante una simple fe de erratas puedan deshacerse los errores de contexto, establecemos una mecanismo simplificado de legislación extraordinaria, y retroactiva a la vez.

Si se trata de errores de concepto, pero son errores, por lo menos en su mayor parte que pueden deshacerse acudiendo al contexto y son errores ‘bona fides’ la técnica que se utiliza en el todo el mundo, es la de fe de erratas."

"Error de concepto es el que cambio el sentido y no es salvable con el contexto. ¿Claro, ulteriormente qué es el contexto? El principio es contexto inmediato y contexto de la propia ley. Se requiere algo parecido a una labor de interpretación jurídica, el error de concepto no es ya salvable automáticamente, es decir, por servicios funcionariales del diario oficial. Si requiere el equivalente a la actividad intelectual que lleva a cabo un juez cuando dicta una sentencia y entonces ya estamos en un mundo de errores de concepto que no se salvaron del contexto."

- por su artículo 6 aumenta reintegro a que se refiere el inc.6º;

- por su artículo 8º le adiciona un inciso 13); y

- por el 9º deroga el inciso 6º.

Sin embargo, lo anterior es IMPROCEDENTE por cuanto el artículo afectado (250) había sido reformado por Ley Nº 6955 de 24/2/1984, artículo 47, dejando un texto de un sólo párrafo que no contenía incisos. Posteriormente, este mismo artículo sufrió la DEROGACION EXPRESA Y TOTAL por la Ley Nº 6962 de 26/7/1984, artículo 14."

"Nos hemos enterado que la situación que se le presenta al órgano asesor tiene su origen en el hecho que a continuación se describe. Cuando entra en vigencia la ley n.° 7587, y se actúa con base en ella, el INVU procede a realizar los traspasos respectivos, con la particular que unos los hace a titulo gratuito (a las personas que se encuentran en el censo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos), y otros, a título oneroso (a las personas que no se encuentran en el citado censo). En este último caso, las personas se constituyeron deudores del INVU y le otorgan una garantía hipotecaria.

Resulta entonces que cuando entra en vigencia la reforma a la ley n.° 7587 el 2 de marzo del año en curso, los traspasos que se autorizan realizar al INVU ya se han hecho; unos, a título gratuito, y otros, a título oneroso. Dicho en pocas palabras, los negocios jurídicos ya se habían perfeccionado, por lo que, ciñéndonos al contenido de las normas, la ley n.° 7985 no tiene razón de ser, ya que está autorizando a realizar un acto el cual ya se había efectuado. Más aún, material y jurídicamente el INVU se encuentra imposibilitado de realizar un traspaso a título gratuito, por la sencilla razón de que el bien inmueble ya no le pertenece.

Evidentemente existe un uso inadecuado de la técnica legislativa. La forma en que fue redactada y aprobada la reforma no se ajusta al propósito o la intención del legislador. Lo más conveniente hubiera sido presentar un proyecto de ley que, en lugar de reformar el artículo 1 de la ley n.° 7587, hubiera adicionado un nuevo artículo, extendiendo los beneficios de la ley original a todas las familias que se encuentran en el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, concretamente: autorizando al INVU a condonar las deudas que habían contraído las personas que adquirieron los inmuebles a título oneroso.

A nuestro modo de ver, existen tres causas que impidieron detectar el error. La primera, la dispensa de todos los trámites, por lo que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa no emitió el informe reglamentario. Desgraciadamente, tampoco fue detectado el error en el informe que presentó el funcionario de ese órgano administrativo que asesora la Comisión Permanente con Potestad Legislativa Plena III. La segunda, la forma tan rápida en que fue aprobado el proyecto de ley (ingresó a la corriente legislativa el 4 de noviembre de 1999 y se aprobó, en segundo debate, el 20 de diciembre de ese año). La tercera, el oficio n.° PE-1468-99 del 13 de diciembre de 1999, suscrito por el entonces presidente ejecutivo del INVU, Ricardo León Sandí (1), en el que expresa al órgano parlamentario el apoyo del INVU a la iniciativa para hacer justicia a las familias que fueron excluidas del beneficio otorgada por la ley n.° 7587, lo cual deja entrever a los legisladores que la iniciativa resultaba ser el instrumento idóneo que necesitaba la institución para resolver el problema de las familias que adquiriendo los inmuebles a título oneroso. Este cúmulo de hechos, por no decir de errores, provocan que los legisladores miembros de la Comisión Permanente con Potestad Legislativa Plena III, así como otros Diputados no miembros, lleguen a creer que con la aprobación de la iniciativa se estaba solucionando el problema que les explicó el proponente del proyecto de ley y otros diputados de la provincia de Cartago.

A esta altura de la exposición nos salta la siguiente interrogante: ¿Debemos apegarnos al contenido de la norma o, por el contrario, debemos optar por una interpretación flexible que, a pesar de la deficiente técnica legislativa, conserve y haga eficaz la intención del legislador expresada en una ley de la República? La respuesta no es del todo segura.

Queda claro que la intención del legislador es dar un trato idéntico a todas las familias que se encuentran en el proyecto de vivienda Manuel de Jesús Jiménez. Lógicamente, la modificación del artículo primero de ella para que la frase: ‘El Instituto traspasará la propiedad a las familias que, según el censo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, se ubicarán en el proyecto de vivienda Jesús Jiménez, al cual se trasladarán los asentamientos del sector Norte de Los Diques de Cartago’, se lea en la siguiente forma: ‘El Instituto traspasará la propiedad a las familias que, en la actualidad, se ubican en el proyecto de vivienda Manuel de Jesús Jiménez.’, no constituía el camino más seguro para alcanzar el fin del legislador. Tal y como se indicó atrás, la forma correcta era incluir un nuevo artículo donde se autorizara al INVU a condonar las deudas contraídas u otra técnica legislativa similar.

La letra de la ley debe ser clara, precisa y debe existir una correspondencia entre la intención del legislador y el contenido de las normas. Un uso inadecuado de la técnica legislativa puede provocar que una determinada norma resulte inaplicable. Desde esta perspectiva, lo más recomendable y conveniente es usar una técnica legislativa depurada a la hora de elaborar la ley para lograr el objetivo que busca el legislador con ella. De no actuarse en este sentido, podría hacer infructuoso todo el trabajo parlamentario. En esta dirección, resulta pertinente transcribir los conceptos que se encuentran en el acuerdo emitido por el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por el que se aprueban las directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley.

‘La doctrina científica española así como la práctica legislativa de los países de nuestro entorno han advertido desde tiempos atrás las indudables ventajas que proporciona la mayor calidad técnica de las Leyes y que pueden sintetizarse en la realización del principio de seguridad jurídica, proclamado por nuestra Constitución. Claridad y precisión, rigor y exactitud, coherencia y armonía en la Leyes, tanto internamente como con el conjunto del ordenamiento no sólo redundan en pro de intérpretes y juristas en general, sino, fundamentalmente, en beneficio de los propios destinatarios de las normas, en la medida en que todo incremento en la seguridad jurídica ha de reducir considerablemente la litigiosidad y los conflictos. (2)’

Otro aspecto que no puede obviar el órgano asesor en este análisis, es que existe una relación indisoluble entre el uso adecuado de la técnica legislativa y el valor seguridad jurídica, el cual, si bien es cierto no tiene un reconocimiento expreso en nuestra Carta Fundamental, forma parte del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), ya que así lo ha indicado el Tribunal Constitucional en abundante jurisprudencia. Así las cosas, el valor seguridad jurídica compele u obliga al legislador a utilizar una técnica adecuada cuando ejerce la potestad de legislar. En el dictamen 123-2000 del 1 de junio del año en curso expresamos sobre este tema lo siguiente:

‘Si bien la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949 no reconoce el valor de la seguridad jurídica en forma expresa, como sí sucede con la Constitución Española del 27 de diciembre de 1978, la que en el artículo 9, inciso 3), garantiza ese valor, lo cierto del caso es que el Tribunal Constitucional, en abundante jurisprudencia, ha establecido que la seguridad jurídica es un valor fundamental del Estado social de Derecho costarricense (3). En esta misma dirección ha transitado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, reconociendo también la trascendencia que el valor de la seguridad jurídica tiene en el orden jurídico costarricense y, por ende, su importancia para garantizar la paz y la armonía social (4).

La seguridad jurídica, como valor fundamental del ordenamiento jurídico y del sistema social, irradia y penetra todas las relaciones jurídicas que los diversos sujetos entablan como consecuencia del ejercicio de sus derechos fundamentales (5). No debemos olvidar que la seguridad jurídica es una conditio sine qua non para el logro de los valores constitucionales. ‘En el Estado de Derecho la seguridad jurídica asume unos perfiles definidos como: presupuesto del Derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que dimana de los derechos fundamentes, es decir, los que fundamentan el entero orden constitucional; y, función del Derecho que ‘asegura’ la realización de las libertades. Con ello, la seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales. (6)’ Desde esta perspectiva, no existen compartimentos inmunes a este valor, sino que este se encuentra implícito en todas las relaciones jurídicas y sociales. Lógicamente, las relaciones jurídicas en las cuales una de las partes es una Administración Pública o ente público, el valor seguridad jurídica es un elemento que debe ser tomando en cuenta para interpretar correcta, y acorde con los parámetros de justicia, las consecuencias jurídicas que se derivan de esa relación.’

Por otra parte, con la creación de la Sala Constitucional se han creado mayores exigencias, las cuales deben ser observadas por el Parlamento a la hora de legislar. El principio constitucional de razonabilidad le impone a la Asamblea Legislativa una serie de requisitos cuando ejerce sus potestades constitucionales. En efecto,

‘… una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De manera que se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados de una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que los indispensables para que funcionen razonablemente en la vida en sociedad.(7)’ (Lo que está entre negritas no corresponde al original).

En esta línea de pensamiento, el Tribunal Constitucional, en el voto n.° 3929-95, también señaló lo siguiente:

‘No todo lo legal es constitucionalmente válido. De modo que, para determinar su justificación o validez constitucional, resulta imperioso ponderar si las circunstancias sociales que motivaron al legislador a sancionar una determinada ley, guardan proporción con los fines perseguidos por ésta, y los medios escogidos para alcanzarlos. Así, la Constitución provee al legislador de ciertos contenidos normativos enunciados por ella misma, contenido que le permiten a éste crear el resto de la norma legal para cada caso sobre una base técnica que debe ser racional. Es decir, con sustento en una base científica. A raíz de esta base científica es que debe elegir el contenido de la ley –medio- para lograr ciertos fines estimados socialmente como necesarios. Esa razonabilidad jurídica aparece cuando se bastantea el presupuesto fáctico de la norma con las consecuencias, prestaciones, deberes y facultades que ésta impone a sus destinatarios.’ (Lo que está entre negritas no corresponde al original).

Por último, en otra importante resolución, la n.° 3834-92, la Sala Constitucional expresó lo siguiente:

‘El principio de razonabilidad viene a exigir a las leyes un contenido razonable. Lo razonable se opone a lo arbitrario, y remite a una pauta de justicia, con lo que se completa el principio de legalidad –que es de forma- para componer uno solo. Cuyo enunciado sería el siguiente: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley razonable no manda, ni privado de lo que la ley razonable no prohíbe.’

Precisamente en el asunto que estamos analizando, se produce un divorcio, una fractura o un abismo entre la realidad fáctica (deudores del INVU a causa de la adquisición de sus respectivas viviendas), el fin de la ley (darle idéntico trato a todos pobladores del Proyecto Manuel de Jesús Jiménez) y el medio empleado (autorización al INVU a traspasar gratuitamente los lotes cuando ya se efectuó el traspaso). A todas luces, lo anterior vulnera el principio constitucional de razonabilidad. Para ajustarse a él, el contenido de la norma –medio- tenía necesariamente que autorizar al INVU a condonar las deudas que tienen los habitantes del Proyecto Manuel de Jesús Jiménez a causa de la adquisición de los inmuebles o algo similar. Parafraseando una sentencia de la Sala Constitucional, podemos afirmar que un ente público solo está autorizado actuar si existe una norma razonable que así lo autorice, situación que, obviamente, no se da en el presente caso."