C-333-2004

15 de noviembre del 2004

 

 

MSc. Delia E. Villalobos Alvarez

Viceministra de Salud

Directora Nacional

ICODER

S.O.

 

Estimada señora:

        Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato referirme a su oficio No. DN357-04-04 de 26 de abril de este año, mediante el cual consulta a esta Procuraduría: "si una persona pensionada, quien fuera académico de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional, pueda (sic) formar parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, según lo que establece el Artículo No. 8 de la Ley 7800".

        Se adjunta a la consulta el criterio emitido por el Coordinador del Proceso de Asesoría Legal, con el número de oficio PAL 253-04-04 de 19 de abril del 2004, en el que se concluye que:

        Previo a ahondar en el análisis de la situación planteada, cabe indicar que el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación es el Organo Rector del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y, le corresponde por ley, entre otras muchas funciones, ejecutar las políticas, planes y programas del Instituto, así como orientar y evaluar el desarrollo global del deporte y la recreación de nuestro país.

        Además, dentro del engranaje organizativo del ICODER, el Consejo constituye su órgano superior, en virtud de las atribuciones que la Ley No. 7800 de 30 de abril de 1998 le ha conferido. (Dictamen No. C-095-2001 de 29 de marzo del 2001).

        El numeral 17 de su Reglamento (Decreto No.28922-C del 18 de agosto del 2000), así como el 11 de la Ley 7800 establecen las funciones del Consejo, y el artículo 8 ibídem dispone su integración, de la siguiente manera:

"Artículo 8.- El Instituto tendrá un Consejo Nacional del deporte y la recreación, en lo sucesivo el Consejo Nacional, integrado de la siguiente manera:

a) El Ministro o el Viceministro que tenga a su cargo la cartera del Deporte, quien lo presidirá y en caso de empate tendrá voto decisivo.

b) El Ministro o el Viceministro de Educación.

c) El Ministro o el Viceministro de Salud.

d) Un representante del Comité Olímpico Nacional.

e) Un representante de las federaciones o asociaciones deportivas de representación nacional participantes en el Congreso.

f) Un representante de las universidades que imparten la carrera de Ciencias del Deporte, escogido por el Consejo de Gobierno de la terna que, para el efecto, le remita el Consejo Nacional de Rectores.

g) Un representante de los comités cantonales de deportes participantes en el Congreso.

Los miembros del Consejo referidos en los incisos d), e) y g) del presente artículo, serán nombrados por el Consejo de Gobierno de las ternas presentadas por los grupos, asociaciones u organismos correspondientes.

La integración del Consejo Nacional deberá publicarse en La Gaceta.

Los miembros del Consejo durarán en sus cargos cuatro años y podrán ser reelegidos por un período consecutivo, salvo los Ministros o Viceministros, quienes permanecerán mientras mantengan la titularidad de sus cargos.

Los integrantes del Consejo Nacional devengarán dietas por un monto igual al que rige para los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. El Consejo podrá sesionar un máximo de cuatro sesiones ordinarias y cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias. En este último caso, sus miembros solamente tendrán derecho a que se les remunere un máximo de dos sesiones extraordinarias.

En la primera sesión anual, el Consejo Nacional designará a un Vicepresidente, un Secretario y un Prosecretario. En las ausencias del Presidente y el Secretario, serán sustituidos por el Vicepresidente y el Prosecretario, según el caso." ( La negrita no es del original).

        Por la integración de sus miembros, este órgano colegiado es de los denominados por la doctrina de "representación institucional o de intereses"; es decir, está conformado por representantes de diversos grupos o intereses con el fin de lograr su armonización y eficiencia en la gestión del cometido público que satisface. (Ver Ortiz Ortiz Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Stradtmann, Edición 2002, página 110).

        Valga acotar que en relación con lo expuesto, ese mismo autor sostiene que:

        Se colige con meridiana claridad de la cita doctrinal, que en órganos colegiados representativos de intereses, como el que ahora nos atañe, el representante es portador de la voluntad de la colectividad, grupo, o institución gubernamental que representa, por lo que su pertenencia a aquella permite una óptima identificación con sus intereses. De toda suerte que, en tratándose de instituciones públicas, aún cuando no se encuentre sujeto a órdenes y relaciones de jerarquía con el representado, sí lo está en cuanto a directrices y metas generales, en términos de que si las desobedece, reiteradamente, puede ser removido de su cargo por tal motivo.

        Debemos indicar que ya este Organo Consultivo, en anteriores oportunidades, ha emitido criterio jurídico respecto al necesario vínculo funcionarial que debe existir entre el representante y la institución a la que se encuentra representando en el órgano y, entre otras consideraciones, expuso que:

        Esta tesitura también la ha manteniendo esta Procuraduría en ulteriores dictámenes al argüir que:

        Valga acotar que, recientemente, este Organo Asesor emitió criterio vinculante en relación con el tema, mediante dictamen No. C- 253-2004 del 31 de agosto del 2004, en que se expuso:

        De los anteriores textos transcritos se aprecia la línea que ha mantenido esta Procuraduría en su jurisprudencia administrativa, en el sentido de que la idónea representación en órganos colegiados se logra mejor si quien se designa es titular o pertenece a la institución a la que se encuentra representando. Ello en razón de que el vínculo funcionarial permite garantizar una mejor coordinación institucional que la que existiría con un particular; amén de que es lógico pensar que el funcionario conoce mejor que el particular los intereses que debe defender. En consecuencia, la regla general que debe imperar es que el representante sea funcionario de la institución u ente representado, salvo que, por norma expresa, el ordenamiento jurídico autorice a otra cosa.

        El bastión de la autonomía universitaria se encuentra en el artículo 84 de la Carta Magna, cuando señala que:

        La norma constitucional instituye para las universidades públicas el máximo grado de autonomía de la función administrativa que otorga nuestro ordenamiento jurídico, dado que les confiere los tres grados de autonomía: de gobierno, de organización y de administración. Lo anterior implica que esos Centros de Educación Superior Estatales se encuentran facultados para dictar sus propios planes, programas, presupuestos, así como para definir la forma en que distribuyen sus competencias en el ámbito interno. Su autonomía comprende la facultad para definir, dentro del marco legal, sus propios objetivos y metas, dictar las políticas dirigidas a la persecución de éstas, así como dotarse de la organización que permita concretizarlas y autoadministrarse. Pero comprende también su facultad para regular lo académico y la adopción de los medios para normar los fines, de manera que su misión de cultura y educación superior se lleve a cabo con la mayor independencia.

        Respecto al poder normativo de las universidades estatales , el Dr. Hugo Alfonso Muñoz, señaló: "La jurisprudencia ha afirmado que la Universidad tiene un poder normativo amplio, pero esto debe entenderse en cuanto a lo académico y a las actividades jurídicas propias del servicio que presta. Como lo indica el Lic. Ortiz Ortiz: "No puede dejar de advertirse, para acabar la idea de la ordenación de fuentes por competencias materiales, que la autolegislación de que parece gozar la Universidad se refiere exclusivamente al fin propio de ésta y al régimen de sus medios para cumplirlos …". Es decir, el establecimiento de las normas jurídicas que se refieren a aspectos distintos de los académicos, administrativos y organizativos de la Universidad, no corresponde a ésta, sino a la Asamblea Legislativa. Tratándose de materias no universitarias el legislador puede intervenir." MUÑOZ, Hugo Alfonso, "La autonomía universitaria", en Derecho Constitucional Costarricense, Editorial Juricentro, 1983, páginas 324 y 325).

        De esta manera, las universidades se encuentran plenamente facultadas para regular, a lo interno, su funcionamiento académico y demás actividades conexas, así como establecer los parámetros para la selección y nombramiento de su personal docente y administrativo y, en general, todo lo relativo a la especialidad orgánica del ente universitario.

        Desde esa perspectiva jurídica, la facultad organizativa les permite implementar y regular, paralelamente al proceso normal de selección y administración de personal, mecanismos alternativos para la contratación de académicos jubilados, tanto a nivel de grado como de post- grado, cuando las necesidades institucionales así lo requieran, con el fin de aprovechar su valioso aporte en el proceso de la educación superior del país.

        De ello nos referiremos en el siguiente acápite.

        Su consulta en concreto versa sobre "si una persona pensionada, quien fuera académico de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional, pueda (sic) formar parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, según lo que establece el Artículo No. 8 de la Ley 7800"

        Dispone el inciso f) del artículo 8 de la Ley 7800 pluricitada lo siguiente:

"Artículo 8.- El Instituto tendrá un Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, en lo sucesivo el Consejo Nacional, integrado de la siguiente manera:

(…)

f) Un representante de las universidades que imparten la carrera de Ciencias del Deporte, escogido por el Consejo de Gobierno de la terna que, para el efecto, le remita el Consejo Nacional de Rectores. "

        Como puede verse en la norma parcialmente transcrita, la designación del representante de las universidades la efectúa el Consejo de Gobierno de la terna que, para tales efectos, le remite el Consejo Nacional de Rectores; naturalmente debe entenderse, con base en el listado de candidatos que le presentan las universidades que imparten la carrera de Ciencias del Deporte, según el mecanismo de elección interno de cada Centro de Enseñanza Superior, de conformidad con su ámbito de competencia.

        En ese orden de pensamiento, es menester indicar que, aún cuando la designación definitiva del representante la hace en última instancia el Consejo de Gobierno, la postulación de un pensionado por parte de una universidad estatal es posible, debido a la participación que en los distintos programas universitarios se le ha venido dando al personal jubilado. Ello, por supuesto, en aras de aprovechar su conocimiento y experiencia en la docencia.

        Concretamente, en la Universidad Nacional se cuenta con proyectos y programas de investigación y de pos- grado, así como comisiones institucionales de naturaleza técnica, en los que se han venido integrando a los jubilados; posibilidad que, a no dudarlo, encuentra sustento jurídico en el numeral 89 de su Estatuto Orgánico, al disponerse allí que:

        Esta iniciativa tiene también su base legal en el numeral 76 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, al disponerse que:

        Además, ese Centro Universitario cuenta con un reglamento denominado "Reglamento para la Contratación de Académicos Jubilados", en el que, a grosso modo, se establecen las condiciones, requisitos, formas y procedimientos de contratación de los pensionados.

        En ese sentido, dispone el citado Reglamento en sus numerales 3 , 5 y 8, por su orden:

        Todo lo anteriormente expuesto nos permite concluir que si en la hipótesis de consulta, el pensionado se encuentra en alguno de los presupuestos señalados, es decir, mantiene un vínculo funcionarial con el Centro Universitario, mediante alguna de las modalidades de contratación prescritas en ese cuerpo reglamentario, aún cuando jubilado, puede representar cabalmente los intereses de las universidades en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, en virtud de que continúa manteniendo el nexo como funcionario de la Universidad, con independencia de que lo haga ad - honorem, con retribución económica o por plazo determinado.

        A mayor abundamiento, el artículo 111, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública señala que:

        Empero, debemos advertir, que en circunstancias distintas a la expuesta, es decir, cuando el pensionado no tiene ese vinculo funcional, no se encuentra legalmente facultado para representar a la institución en el tan citado Consejo, porque ni el texto de la Ley 7800, ni sus antecedentes legislativos, ni su Reglamento, permiten dar una solución distinta.

        De conformidad con todo lo expuesto, este Despacho opina lo siguiente:

1.- La representación institucional en órganos colegiados requiere que exista una vinculación funcionarial o pertenencia previa del representante con la institución representada, salvo que por norma legal expresa se disponga lo contrario.

2.- En virtud de la facultad que ostentan las universidades estatales para organizar y regular su funcionamiento académico, se ha implementado, concomitantemente con los procesos de selección y nombramiento de su personal regular, mecanismos alternativos para contratar personal jubilado.

3.- Sólo en la medida en que exista un vínculo funcionarial del pensionado con la universidad, mediante las distintas modalidades de contratación de los jubilados, es posible a éste representar a las universidades en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.

        De usted con toda consideración,

Kvh