C-299-2014

22 de setiembre de 2014

 

Señora

Elizabeth Fonseca Corrales

Ministra

Ministerio de Cultura y Juventud

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la Sra. Procuradora General de la República, me refiero a su oficio número DM-1122-2014 de fecha 18 de agosto de 2014, recibido en esta Procuraduría el día 8 de setiembre siguiente.

 

 

I.                   OBJETO DE LA CONSULTA

 

Mediante el oficio arriba indicado, se solicita una ampliación al dictamen emitido por este Órgano Asesor, No. C-113-2012 de 14 de mayo de 2012. Señala el referido oficio lo siguiente:

 

“El objetivo de la presente es solicitar que la Procuraduría General de la República, realice una ampliación del Dictamen 113 del 14 de mayo de 2012. Puntualmente en lo que se refiere a segregación y parcelación de bienes declarados de patrimonio Histórico Arquitectónico y la necesidad o no de acudir a un proceso de una ley, para proceder en dichas situaciones, sea segregación y/o parcelación, conservando la afectación que contempla la ley 7555”

 

Se adjunta a la presente gestión, una serie de documentos relacionados con el trámite administrativo de la solicitud formulada por del Sr. Rodolfo Murillo Perez,  ante ese Ministerio, a efecto de segregar la finca No. 053339, propiedad de Corporación Moking Inc S.A., sujeta a patrimonio cultural por la declaratoria del inmueble conocido como “Tapia de Adobe” según resolución DM-199-2011.

 

Antes de analizar la consulta, debemos destacar, que si bien la presente gestión se plantea en forma genérica, dirigida a una solicitud de ampliación de un pronunciamiento emitido por este Órgano Asesor, del estudio de la documentación adjunta a esta solicitud, se denota que el trasfondo del asunto hace referencia a un caso concreto, esto es, el tramite que se sigue en ese Ministerio sobre una solicitud de segregación de un bien sometido a patrimonio cultural.

 

            Debemos ser enfáticos, que no puede trasladarse a este Órgano Asesor, asuntos que estén siendo discutidos en el seno de la Administración, pues ello conllevaría una indebida sustitución de competencias, ajena a la función consultiva que le ha sido encargada a esta Procuraduría General por el ordenamiento jurídico.

 

Conforme a lo antes dicho, pasamos a analizar la procedencia de la solicitud de ampliación requerida.

 

 

II.                SOBRE LO CONSULTADO

 

Tal y como se indicó supra, la presente gestión tiene como objeto se amplié el dictamen emitido por  este Órgano Asesor, No. C-113-2012 de 14 de mayo de 2012. Se indica, que tal ampliación a de versar sobre la “(…) segregación y parcelación de bienes declarados de patrimonio Histórico Arquitectónico y la necesidad o no de acudir a un proceso de una ley”.

 

La gestión que se plantea resulta poco precisa y clara, lo que impide el ejercicio efectivo de nuestra competencia asesora, toda vez que, aun y cuando se indica que punto se solicita ampliar, segregación y parcelación, no se menciona concretamente los aspectos relacionados con esos puntos, que requieren ser ampliados.

 

En efecto, revisado el dictamen C-113-2012, éste abordó los temas de segregación, parcelación y desafectación; más aún, el dictamen es contundente en señalar que, para efectos de desafectación de bienes sometidos a régimen de patrimonio cultural se requiere de ley expresa.

 

En tal sentido, señala el dictamen  de comentario, lo siguiente:

 

"(…) III. SOBRE LO CONSULTADO: DESAFECTACIÓN DE BIENES    INCORPORADOS A PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO

 

La consulta que se formula, gira en punto a la desafectación de inmuebles incorporados al Régimen de Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico de la Nación.

 

La inquietud planteada en la consulta se dirige a determinar si aquellas porciones del inmueble incorporado a patrimonio, que no posean edificaciones protegidas por ese régimen, y que se pretendan segregar, requieren o no una ley de desafectación.

 

         Sobre el particular, debemos iniciar indicando que el numeral 7, 8 y 12 del cuerpo legal que rige la materia, establece el procedimiento para la incorporación de un bien a patrimonio cultural, el contenido del decreto ejecutivo que incorpora el inmueble a patrimonio y comunicación que debe efectuarse al Registro Nacional sobre la inscripción y anotación de tal declaratoria. Disponen las normas dichas, lo siguiente:

 

“ARTICULO 7.- Procedimiento de incorporación

 La incorporación de un bien al patrimonio histórico-arquitectónico se efectuará mediante Decreto Ejecutivo, previa tramitación de un expediente que abrirá el Ministerio a instancia de la Comisión asesora prevista en el artículo 5 anterior, la cual procederá de oficio o por solicitud de un particular o un ente público.

    El propietario y los titulares de derechos reales sobre el inmueble serán notificados de la apertura del expediente para que se apersonen, expongan lo que les interese y ofrezcan la prueba del caso, dentro del plazo que se les fije. Igual notificación se hará a la municipalidad en cuya jurisdicción esté localizado el inmueble.

    La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble y la aplicación, inmediata y provisional, del régimen previsto para los bienes incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico, excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del artículo 9.

    La declaración no procederá si no consta en el expediente la opinión favorable de la Comisión, creada en el artículo 5, la cual se le solicitará una vez concluida la instrucción en que se declare abierto el expediente; salvo que este obedezca a una iniciativa de la Comisión. En todo caso, rendirá su informe en un plazo de quince días. El silencio de la Comisión se entenderá como asentimiento.

    El expediente deberá concluirse en un plazo máximo de dos meses que podrán prorrogarse hasta por dos meses más en casos calificados y previa resolución motivada suscrita por el Ministro. Transcurrido el plazo, si no hay resolución se producirá la caducidad del expediente y sólo se podrá iniciar otro sobre el mismo inmueble cuando hayan transcurrido tres años desde la caducidad, salvo que medie gestión escrita del propietario o titular del derecho sobre el inmueble.

    Si se trata de un centro, conjunto o sitio, una vez cumplidos los trámites anteriores, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes hará la declaratoria si lo considera oportuno y cuando proceda remitir el expediente a la Asamblea Legislativa para su ratificación.
*  (Por resolución de la Sala Constitucional N° 7158 de las 08:42 hrs del 08 de junio del año 2005, se anula del presente artículo todo el párrafo sétimo).

 

ARTICULO 8.- Decreto Ejecutivo

El Decreto Ejecutivo que incorpore al patrimonio histórico- arquitectónico un bien determinado, comprenderá los siguientes extremos:

a) Los datos de inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad y la descripción clara y precisa de las edificaciones que contiene, en particular las que hayan dado lugar a la declaratoria.

b) Un análisis detallado y fundamentado de las razones históricas o arquitectónicas que sustentan la declaratoria.

c) Recomendación para iniciar los trámites de expropiación de inmuebles conforme a la ley respectiva, cuando para la protección material o para el mejor aprovechamiento cultural o visual del bien se requiera la afectación de otros inmuebles colindantes o vecinos.

 

“ ARTICULO 12.- Registro especial:  Los bienes declarados de interés histórico- arquitectónico serán inscritos en un registro especial que se abrirá en el Ministerio, como parte del Centro del Patrimonio Cultural.

 En ese registro, se anotará la apertura del expediente y los actos jurídicos y técnicos que se juzguen necesarios. Su organización y funcionamiento los dispondrá el Poder Ejecutivo mediante decreto. El Ministro comunicará, al Registro de la Propiedad, las inscripciones y las anotaciones de este registro para su inscripción.”

 

         Complementa la regulación legal indicada antes, el reglamento a dicha ley, Decreto Ejecutivo No. 32749, que dispone una serie de definiciones y los criterios que se valoran para incorporar un bien  patrimonio histórico- arquitectónico, además de algunos aspectos del procedimiento de incorporación y lo relativo a la autorización de permisos. Por su interés para la atención de la presente consulta, pasamos a efectuar su transcripción:

 

“Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento entiéndase por:

 

 18) Edificación patrimonial: Todo bien inmueble que forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico nacional. Puede incluir una parte o la totalidad del terreno en donde se ubica cada uno.  (…)

 

Artículo 3º—Criterios. Para determinar el valor histórico arquitectónico de un inmueble, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

 

1) Antigüedad: Inmueble construido en tiempos pasados en el que se pueden identificar su sistema constructivo, su estructura espacial, los materiales empleados y su estilo o lenguaje.

 

2) Autenticidad: Cuando existe un alto grado de correspondencia entre la obra en su estado actual, su tejido histórico y su valor cultural. 

 

3) Representatividad: Cuando un inmueble refleja o corresponde con las características o valores de un período, movimiento o estilo arquitectónico.

 

4) Valor arquitectónico: Cuando un inmueble manifiesta claramente el carácter y la correspondencia entre forma y función con los que fue concebido, y teniendo en cuenta que el repertorio formal, espacial, material y técnico constructivo no haya sido alterado hasta el punto de desvirtuar su significado y lectura original.

 

5) Valor artístico: Es la calidad y características de ejecución con las que se ha edificado una obra de construcción. Se consideran aspectos de forma, espacio, escala, proporción, textura, color, integración al paisaje, vinculados al inmueble y su utilización.

 

6) Valor científico: Inmueble que constituye una fuente de información de importancia técnica, material, histórica o cultural.

 

7) Valor contextual: Valor que adquiere un inmueble en cuanto componente de un conjunto con características particulares. 

 

8) Valor cultural: Conjunto de cualidades estéticas, históricas, científicas o sociales atribuidas a un bien inmueble y por las cuales es merecedor de conservársele.

 

9) Valor documental o testimonial: Características de una edificación de mostrar, probar o evidenciar realidades sociales, culturales, económicas, tecnológicas, artísticas de monumentos históricos pasados.

 

10) Valor excepcional: Se refiere a los valores y características históricas, arquitectónicas, artísticas y/o científicas, que otorgan un carácter de unicidad y califican como exponente excepcionales a los inmuebles, sitios o conjuntos de edificaciones que los contienen.

 

 11) Valor histórico: Valor que adquiere un inmueble o conjunto constructivo por haber sido escenario o parte de acontecimientos o procesos históricos relevantes para la comunidad.

 

12) Valor significativo: Se refiere a las características particulares que desde el punto de vista estético, etnológico, antropológico, científico, artístico, ambiental, arquitectónico o histórico puede tener un inmueble o sitio.

 

13) Valor simbólico: Es la cualidad de un inmueble de representar conceptos, creencias y valores socialmente aceptados en una comunidad.

 

14) Valor urbanístico: Valor o contenido en el marco físico o trama urbana y sus componentes (amueblado urbano, arborización, calles, aceras, edificaciones entre otras).

 

Artículo 21.—Características. Podrán ser declarados patrimonio histórico-arquitectónico, aquellos bienes inmuebles que mediante los estudios técnicos preparados por el Centro y aprobados por la Comisión se considere reúnen características de naturaleza histórica y arquitectónica, siguiendo para ello los criterios establecidos en el artículo 3º de este Reglamento.

 

Artículo 22.—Categorías. Según lo establece el artículo 6º de la Ley, las categorías bajo las cuales pueden ser declarados como patrimonio histórico y arquitectónico, los inmuebles de propiedad pública o privada son las siguientes: edificación, monumento, sitio, conjunto y centro histórico.

 

         Sobre la apertura del procedimiento:

 

Artículo 26.—Apertura del procedimiento. Constituido el órgano director, éste emitirá una resolución de apertura del procedimiento que deberá ser notificada al propietario y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como a la Municipalidad en cuya competencia territorial se encuentra localizado el inmueble, con la finalidad de que si así lo desean se presenten a la comparecencia oral y privada que el mismo órgano director les fijará a efecto que manifiesten lo de su interés. En la misma resolución además, se les informará sobre el objeto del procedimiento y su fundamento técnico y de derecho, acompañando copia del informe técnico respectivo y el auto de nombramiento del órgano director.

En dicho acto se les indicará expresamente, que la apertura del procedimiento implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble, y la sujeción al régimen provisional de protección según lo preceptuado por el párrafo tercero del artículo 7º de la Ley, bajo pena de las sanciones que correspondan por su incumplimiento.

Así mismo, una vez notificada la Municipalidad, ésta deberá garantizar la efectiva protección del inmueble objeto del procedimiento, tomando las medidas pertinentes en caso de presentarse algún acto material que ponga en peligro su conservación.

Contra la resolución indicada, procederán los recursos de revocatoria y apelación dentro del término de tres días hábiles.

 

Artículo 30.—Resolución de recomendación. Otorgada por la Comisión la opinión sobre la declaratoria, el órgano director procederá a emitir la resolución de recomendación respectiva, en la que se pronunciará sobre cada uno de los aspectos relevantes aportados por las partes u originados con ocasión del procedimiento instruido, recomendando o no según corresponda, la incorporación del bien al patrimonio histórico arquitectónico. Si se recomendara la declaratoria deberá señalarse también las implicaciones de dicha declaratoria, para el caso particular.

 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 14° del decreto ejecutivo N° 33596 del 20 de febrero de 2007)

 Dicha resolución junto con el expediente respectivo, serán remitidos al Ministro, a efecto que proceda a la emisión del acto final.

 

Artículo 31.—Resolución de incorporación. Recibido por el Ministro el expediente administrativo respectivo y la resolución de recomendación del órgano director, éste dictará la resolución final, acogiendo o apartándose de la recomendación vertida por el órgano director sobre la declaratoria del bien.

En caso de considerarse procedente la declaratoria, la misma resolución declarará e incorporará el inmueble al patrimonio histórico arquitectónico de la Nación, señalando también las implicaciones de dicha declaratoria, para el caso particular.

Esta resolución será notificada a las partes, contra la que procederá el recurso de reposición dentro de los dos meses siguientes a su notificación.

(Así reformado por el artículo 15° del decreto ejecutivo N° 33596 del 20 de febrero de 2007)

 

Artículo 33.—Decreto Ejecutivo. Si la resolución del Ministro resuelve declarar e incorporar al patrimonio histórico-arquitectónico el inmueble, en el mismo acto se dispondrá la elaboración, suscripción y publicación del decreto ejecutivo correspondiente, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley.

 

De los permisos para ejecutar obras sobre bienes patrimoniales

 

Artículo 37.—Obligación de solicitar permiso. Todo interesado en efectuar sobre bienes declarados o en proceso de declaratoria, actos materiales de restauración, rehabilitación, reparación o construcción y en general, cualquier acto que pueda afectar su tejido histórico o valor cultural, deberá gestionar previo a la ejecución de las obras y ante la Dirección del Centro, el respectivo permiso para realizarlas.

 

Artículo 39.—Criterios. Para la aprobación o rechazo de solicitudes de autorización de trabajos en bienes patrimoniales, el Centro utilizará en la valoración de la información, los siguientes criterios:

 

a) Las obras que se solicita ejecutar deben conservar el tejido histórico que presenta el inmueble, excepto en aquellos casos en donde la adaptación del espacio sea un imperativo.

 

b) Los materiales predominantes en la edificación deben respetarse y, en la medida de lo posible, no cambiarse por materiales diferentes o que riñan con el sentido original con que fue planeado el edificio.

 

c) Las reconstrucciones no se consideraran prudentes salvo una justificación de necesidad demostrada a través del interés de la comunidad, que resulte en una demanda popular de carácter obligante para realizarla.

 

d) Los traslados de edificaciones, sólo se justificarán ante la existencia de un peligro inminente que atente contra la existencia del inmueble debido a amenazas naturales.

 

En todo caso, la originalidad del inmueble debe conservarse, respetando sus rasgos arquitectónicos y espaciales con la finalidad de mantener un apego a la versión original del edificio.

Sólo en casos excepcionales y siguiendo el criterio de adaptación, se podrían considerar modificaciones en una edificación patrimonial. 

Para ello, el interesado deberá aportar vía escrita en la misma solicitud, una amplia justificación de la necesidad de realizar dichas variaciones, así como desarrollar una propuesta arquitectónica donde se denote con claridad, que se está minimizando el impacto en la integridad de la edificación histórica y que se está considerando cuidadosamente no dañar el inmueble, tomando en cuenta los criterios señalados en el artículo 3º del presente Reglamento.

En estos casos, el Centro analizará la propuesta y emitirá sus criterios al respecto autorizando o no la intervención. No se aceptará ninguna solicitud que atente contra cualquiera de los criterios señalados en el artículo 3º de este Reglamento.

 

Artículo 42.—Permisos. No procederá el trámite de los permisos de parcelación, edificación o derribo, si la realización de las obras solicitadas perjudica el valor histórico o arquitectónico del bien, excepto que mediante informes de la Comisión y el Centro se acredite lo contrario, en cuyo caso, el Ministro así lo comunicará a la autoridad respectiva.

 

Artículo 48.—Inscripción en el Registro Nacional. Si el inmueble objeto del procedimiento, fue declarado e incorporado al patrimonio histórico-arquitectónico, el funcionario encargado del registro patrimonial diligenciará ante el Despacho del Ministro, la firma de la solicitud que debe dirigirse al Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, para que proceda a inscribir en el asiento registral del inmueble respectivo, la condición de bien declarado de interés histórico-arquitectónico. 

En dicha solicitud deberá indicarse el número y fecha de publicación del Decreto Ejecutivo respectivo, las citas de inscripción completas, la ubicación exacta del bien y su propietario, y que dicha petición se fundamenta en el artículo 12 de la Ley, además de acompañar la boleta de seguridad cuya emisión deberá gestionar el Centro ante el Departamento de Tesorería del Registro”. (Lo resaltado no es del original)

 

 

         De lo hasta aquí indicado, es claro que el inmueble incorporado al Patrimonio histórico arquitectónico, una vez seguido el procedimiento administrativo contemplado en el numeral 7 de la Ley, y emitido el Decreto Ejecutivo respectivo, deberá ser inscrito tanto en el registro patrimonial del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, y además, se dirigirá solicitud al Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, para que se proceda a la inscripción del asiento respectivo sobre el inmueble incorporado a patrimonio.

 

         En punto a la posibilidad de desafectación, o eliminación de la limitación de interés social que pesa sobre bien incorporado a patrimonio cultural, debemos indicar, que el numeral 7 de la ley contenía la posibilidad de realizar tal acción mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, tal disposición fue objeto de análisis constitucional, declarándose su nulidad.

 

         En efecto, mediante sentencia dictada por la Sala Constitucional numero 7158-2005, que retoma o dispuesto en la sentencia número 3656-2003, estableció lo siguiente:

 

“(…) V.—Desafectación de un inmueble. La presente acción no cuestiona la facultad de declarar un inmueble de interés histórico arquitectónico, sino, todo lo contrario, la facultad de dejar sin efecto esa declaración. En sentido opuesto a las acciones anteriores, la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos de Costa Rica) viene a la Sala a pedir que anule la potestad que el mismo artículo 7 citado concede al Poder Ejecutivo de desafectar un inmueble. Ahora bien, aunque en las acciones citadas no se impugnaba tal facultad, al analizar las particularidades de patrimonio histórico arquitectónico, la Sala se refirió, en sentencia Nº 2003-3656, del 7-5-03, al régimen de desafectación, como bien lo hace ver la Procuraduría General de la República en su informe. En lo que interesa dice esa sentencia:

«DEL RÉGIMEN DE DESAFECTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

Es de suma importancia aclarar que aún [sic] cuando la incorporación al patrimonio histórico-arquitectónico de la Nación, y por consiguiente, su afectación o dotación de una función pública, en este caso, su destino para la contemplación y enriquecimiento del patrimonio cultural de  la nación, se realiza -generalmente- mediante decreto ejecutivo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, por cuanto nada impide que se realice mediante Ley de la República; su desafectación, no puede provenir de una normativa de rango reglamentario; de modo que, como parte integrante del medio ambiente, según se explicó anteriormente, requiere hacerse mediante una ley al efecto, previo estudio técnico y objetivo al respecto, en el que se constate que la edificación en cuestión perdió el valor cultural que justificó su afectación, sea, el histórico, el artístico, el científico o el arqueológico, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. La anterior aclaración, se hace para que tomen nota de ello, en lo que corresponda, las autoridades y funcionarios del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes».

VI.—Conclusión. Es innecesario, habida cuenta de los precedentes citados, repasar prolijamente las características y condiciones del derecho a disfrutar de las obras arquitectónicas de valor histórico como parte del derecho al ambiente, protegido en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Habiéndose ya pronunciado la Sala sobre el régimen de desafectación, y sin que existan motivos para cambiar de criterio, las razones expuestas en la sentencia Nº 2003-3656 tienen plena validez y, con base en ellas, se debe acoger la acción planteada. Ahora bien, como en realidad todo el párrafo 7 del Decreto se refiere al supuesto de que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de desafectar un inmueble, se debe anular en su totalidad. En consecuencia, se anula el párrafo 7 del artículo 7 de la Ley Nº 7555 (Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa  Rica).” (Voto 7158-2005 de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del ocho de junio del dos mil cinco de la Sala Constitucional) [resaltado no es del original]

 

 

La sentencia antes citada, deja claro que la desafectación de un bien a patrimonio histórico- arquitectónico debe efectuarse mediante Ley dictada al efecto, previo estudio técnico y objetivo al respecto. El fundamento que se brinda para arribar a tal criterio, se basa en la protección del valor histórico arquitectónico que justificó la afectación del bien, consecuentemente, no hay duda alguna, que cuando la desafectación se refiera a la construcción y al entorno definido y delimitado en el Decreto Ejecutivo que incorpora el bien a patrimonio, indiscutiblemente deberá efectuarse mediante ley previo la emisión de los informes técnicos que respalden tal decisión.

 

Esa construcción y entorno puede corresponder a la totalidad de la cabida de la finca, o bien, a solo una parte de la totalidad del terreno que conforma el inmueble. En razón de ello, y en lo que es objeto de consulta, debe atenderse a lo dispuesto en el procedimiento de incorporación, y en el Decreto Ejecutivo dictado como resultado de ese procedimiento, para determinar cuál ha sido el objeto de protección definido y delimitado en esas diligencias.

 

Evidentemente cuando el objeto de protección ocupa la totalidad de la cabida del inmueble, es claro que para efectos de desafectación deberá dictarse una ley en tal sentido, en los términos expuestos por la Sala Constitucional en la sentencia número 7158-2005 citada antes.

 

Ahora bien, en punto a la inquietud que plantea el Ministerio de Cultura, debe analizarse en primer lugar, si es posible segregar o parcelar, bienes inmuebles sometidos al régimen de patrimonio histórico arquitectónico.

 

Como hemos venido indicando, la incorporación de un inmueble a patrimonio histórico arquitectónico supone la sumisión de este a un régimen especial de protección que garantice su conservación.

 

Bajo ese entendido, el numeral 42 del Reglamento a la Ley de Patrimonio, es claro al establecer que no se procederá al trámite de permisos si la realización de obras solicitadas perjudica el valor histórico arquitectónico del bien, incluyendo dentro de este tipo de permisos, los de parcelación, término análogo a segregación, en tanto refiere a la acción de “Medir, señalar las parcelas para el catastro, o, “Dividir una finca grande para venderla o arrendarla en porciones más pequeñas”[1]

 

Lo anterior supone, que el propietario de inmuebles incorporados a patrimonio, y en los cuales sea posible efectuar segregaciones, debe de previo, solicitar la autorización de las autoridades del Ministerio de Cultura, a efecto de proceder con la acción de parcelación.

 

         De ese modo, aun y cuando el inmueble incorporado a patrimonio solo contenga edificaciones protegidas en una parte de la totalidad del terreno, el interesado en segregar áreas de dicho inmueble, debe solicitar el permiso correspondiente de previo a ejecutar acciones de parcelación; y, por su parte, las autoridades administrativas correspondientes, al valorar tal  solicitud, debe analizar si con la segregación se perjudica el valor histórico arquitectónico del bien, sea en sus edificaciones o en su entorno, lo que de darse imposibilitaría el otorgamiento del permiso.

 

En tal sentido, es posible que las edificaciones con valor histórico arquitectónico protegidas, no abarquen la totalidad de la cabida del inmueble sometido al régimen de protección. No obstante, ese solo hecho no puede sustentar, por sí mismo, una decisión de desafectación de las áreas no ocupadas por tales edificaciones, toda vez que, es posible, que se estime la necesidad de proteger la totalidad del inmueble a efecto de preservar y conservar el entorno de las edificaciones que originaron la declaratoria de patrimonio.

 

Bajo ese entendido, resulta indispensable que al iniciar el procedimiento de declaratoria e incorporación a patrimonio, la administración determine con claridad el objeto de dicho procedimiento, determinando si, corresponde la protección de las edificaciones existentes y la totalidad del terreno en que éstas se encuentran, a efecto de proteger el valor histórico arquitectónico del sitio, o bien, si lo protegido corresponde únicamente a una fracción de la totalidad del terreno de la finca donde se asienta la edificación a declarar.

 

         Lo anterior, resulta de importancia, toda vez que le Reglamento, en su numeral 2 inciso 18) define la edificación patrimonial como todo bien inmueble que forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico nacional, que puede incluir una parte o la totalidad del terreno en donde se ubica.

 

         Lo antes dicho, también debe verse de cara al Decreto Ejecutivo que se emite al finalizar el procedimiento de incorporación, y en el cual debe delimitarse claramente el objeto declarado e incorporado a patrimonio, lo que también, tendrá incidencia en la inscripción que debe realizarse en los registros correspondientes.

 

         Precisamente, la correcta y debida delimitación del bien que se incorpora a patrimonio arquitectónico, garantiza  su debida protección.

 

         Así las cosas, estimamos que la solicitud para efectuar segregaciones en inmuebles que ostenten la calificación de patrimonio histórico arquitectónico, conlleva el análisis previo para determinar si resulta pertinente otorgar tal permiso.

 

Ahora bien, otorgado el permiso para segregar, y analizado técnicamente por la Administración, que las áreas a segregar no contienen edificaciones que proteger, ni la ejecución de la parcelación significa menoscabo a la zona protegida, sería posible entender que no existiría motivo para mantener la afectación sobre las áreas que se pretendan segregar y que, eventualmente, se constituirían en fincas independientes ante el Registro Nacional.

 

Bajo esas circunstancias, y en lo que es objeto de consulta, se estima que la desafectación a patrimonio, de áreas que no contengan, propiamente, edificaciones protegidas, debe realizarse también por ley, en los términos que estableció la sentencia dictada por la Sala Constitucional, número 7158-2005 –de carácter vinculante según el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-.

 

Lo anterior, en razón de que la Sala Constitucional es clara en su sentencia en la imposibilidad de desafectar bienes vía decreto ejecutivo; además realza el valor de dichos bienes como parte integrante del medio ambiente por lo que, a efecto de dictar la desafectación, requiere ley al efecto. Si  bien la Sala refiere principalmente a las edificaciones protegidas, es lo cierto que, el artículo 12 de la Ley 7555 en relación al artículo 48 del respectivo reglamento, refieren a que la inscripción ante el Registro Nacional se realizara sobre el asiento registral del inmueble respectivo, de suerte que, registralmente, el inmueble soportara una anotación que afecta al bien como unidad. 

 

Así, en caso de establecerse técnicamente la posibilidad de segregar parte del inmueble incorporado a patrimonio, sin que ello afecte la esencia del bien y el entorno que se ha pretendido proteger, deberá realizarse mediante ley, y es precisamente en el criterio técnico que debe emitirse al efecto, donde deberá consignarse las razones técnicas por las que la desafectación es viable, y logre sustentar el proyecto de ley correspondiente.” (Lo resaltado no es del original).

 

 

            Como se advierte de la lectura del anterior extracto, el dictamen número C-113-2012 se refirió a la posibilidad de desafectar bienes, en aquellas porciones que no contengan áreas protegidas por la declaratoria de patrimonio.

 

Tal y  como se señaló, las solicitudes de permiso para segregar o parcelar –términos análogos-, deben ser analizados para determinar si la realización de estas acciones perjudica el valor histórico arquitectónico del bien, sea en sus edificaciones o en su entorno. Si existe perjuicio no se procederá al trámite de permisos conforme al numeral 42 del Reglamento a la Ley de Patrimonio.

 

Lo anterior supone, que el propietario de inmuebles incorporados a patrimonio, y en los cuales sea posible efectuar segregaciones, debe, de previo, solicitar la autorización de las autoridades del Ministerio de Cultura, para realizar acciones sobre el inmueble protegido.

 

            Evidentemente, la Administración debe realizar un análisis de índole técnico, que permita establecer si la acción de segregación o parcelación perjudica el valor histórico arquitectónico del inmueble sometido a régimen de patrimonio, sus edificaciones o en su entorno. A partir de esa valoración, de carácter técnico, puede adoptar la decisión fundada, razonada y debidamente motivada, de conceder o no el permiso solicitado.

 

Ahora bien, en el supuesto de que dentro del inmueble declarado como patrimonio cultural, existan áreas que puedan ser segregadas, sin que ello perjudique el objeto protegido con la declaratoria de patrimonio, también requiere de ley para su desafección, en los términos que estableció la sentencia dictada por la Sala Constitucional, número 7158-2005 –de carácter vinculante según el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-.

 

Así las cosas, se reitera el contenido del dictamen C-113-2012. No se observan aspectos que deban ampliarse en relación a la consulta originalmente planteada y resuelta en el dictamen referido.

 

III.             CONCLUSIONES

 

De conformidad con lo expuesto, este Órgano Asesor arriba a las siguientes conclusiones:

 

1.                  El propietario de inmuebles incorporados a patrimonio, y en los cuales sea posible efectuar segregaciones o parcelaciones, debe de previo, solicitar la autorización de las autoridades del Ministerio de Cultura para el otorgamiento del permiso respectivo que le permita ejecutar tales acciones.

 

2.                    La Administración deberá efectuar estudio técnico que determine si la realización de las obras solicitadas perjudica el valor histórico arquitectónico del bien.

 

3.                  No se procederá al trámite de permisos de parcelación, si la realización de éstas perjudica el valor histórico arquitectónico del bien incorporado a patrimonio cultural, según lo dispuesto en el numeral 42 del Reglamento a la Ley de Patrimonio.

 

4.                  Para desafectar áreas de inmuebles sometidos a patrimonio cultural, que no contengan edificaciones que proteger, ni menoscaben la zona protegida, deberá realizarse mediante de ley, según lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia número 7158-2005.

 

Atentamente;

 

 

 

Sandra Sánchez

Procuradora

 

 

 

SSH