C-234-2016

07 de noviembre de 2016.

Señora

Ana Patricia Solís Rojas

Secretaria del Concejo Municipal

Municipalidad de San Carlos

Estimada señora:

 Con la aprobación del señor Procurador General de la República doy respuesta a su oficio SM-1100-2016 del 3 de junio de 2016, mediante el cual se nos remite el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2016, en el Artículo N° 5, Acta  N° 32, en el que acordó consultarnos lo siguiente:

“(…) sobre si la contratación de un profesional en derecho, delegada en el Señor Alcalde Alfredo Córdoba, para que ejerza como Órgano Director del proceso disciplinario sancionador para el actual Auditor Interno de la Municipalidad de San Carlos, está dentro de las potestades del Concejo Municipal (…)”

Al respecto debemos señalar que a efectos de cumplir con lo requerido por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, mediante el oficio ADPb-7434-2016 del 22 de julio de 2016, este órgano asesor solicitó el criterio legal de la Municipalidad de San Carlos en un plazo de tres días hábiles. Asimismo, fuera de ese plazo, la solicitud fue reiterada mediante múltiples correos electrónicos de diferentes fechas, sin que se haya cumplido con el requisito solicitado.

       I.            INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA POR FALTA DE CRITERIO LEGAL

Los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República N° 6815 del 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, establecen una serie de requisitos de admisibilidad para el ejercicio de nuestra competencia consultiva, que además han sido desarrollados en los diferentes criterios emitidos por este órgano asesor.

Artículos que señalan, en lo que interesa, lo siguiente:

“ARTÍCULO 3º.—ATRIBUCIONES:

Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

(…)

b) Dar los informes, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. La Procuraduría podrá, de oficio, reconsiderar sus dictámenes y pronunciamientos

(…)” 

“ARTÍCULO 4º.—CONSULTAS:

Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.“

(Así reformado por el inciso c) del artículo 45 de  la Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002, Ley de Control Interno)

“ARTÍCULO 5º.—CASOS DE EXCEPCIÓN:

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley.”

A partir de dichos artículos, la jurisprudencia administrativa emitida por esta Procuraduría, ha establecido una serie de requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes:

“Que la consulta la formule el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública.

Que se acompañe el criterio legal que sobre el tema en consulta tenga la respectiva asesoría jurídica del órgano u institución pública. Dicho dictamen debe ser un estudio específico sobre las variables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración.

Las consultas versan sobre "cuestiones jurídicas" en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya ha ser decidido por parte de la administración consultante. Esto por cuanto estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.”  (Dictamen C-151-2002 del 12 de junio del año 2002).

A partir de lo anterior, la consulta que se plantea por parte de la Municipalidad debe declararse inadmisible, por cuanto no viene acompañada del criterio de la Asesoría Legal de la Municipalidad consultante, lo cual constituye un requisito de admisibilidad, a la luz de lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Debemos señalar que este requisito, tiene por objetivo permitir a este órgano asesor visualizar la posición que mantiene la institución en orden a los puntos consultados, lo cual constituye  “un estudio específico de las diferentes variables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración (...) Lo anterior permite a este Órgano Asesor analizar la perspectiva que tiene ese departamento sobre el tema que interesa; brindando elementos de estudio que se relacionan directamente con la realidad del funcionamiento del órgano. De suerte tal que devenga en un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría General de la República está llamada a brindar a la Administración Pública costarricense." (Dictamen N° C-151-2002 del 12 de junio del año 2002)

Así las cosas, el criterio legal tiene la finalidad de acreditar que el jerarca ha tenido a la vista la opinión de su asesoría jurídica, y que aun así persiste alguna inquietud jurídica que amerita requerir de nuestro pronunciamiento, pues la Administración debe agotar la discusión de fondo a nivel interno, antes de requerir el criterio de este órgano asesor a fin de resolver en forma definitiva y vinculante alguna cuestión jurídica de fondo –puntualmente identificada– de interés para la respectiva institución (criterio reiterado, entre otros, mediante los dictámenes C-419-2008 del 24 de noviembre del 2008, C-279-2009 del 13 de octubre del 2009, C-163-2010 del 9 de agosto del 2010 y C-220-2010 del 5 de noviembre del 2010).

En consecuencia, en tanto la gestión no venía acompañada del respectivo criterio legal de la Municipalidad y no fue aportado pese a nuestras reiteradas solicitudes, nos vemos obligados a declarar inadmisible la presente consulta.

    II.            CONCLUSIÓN

 A partir de lo anterior, la presente consulta resulta inadmisible por no acompañarse del criterio legal respectivo.

 Atentamente,                                             

Silvia Patiño Cruz                                                               Yolanda Mora Madrigal

Procuradora Adjunta                                                         Abogada de la Procuraduría

SPC/YMM/vhv

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