20 de noviembre de 2023

PGR-C-221-2023

Señor

Alejandro Solano Ortiz

Ministro a.i.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio número DM-DJO-2703-2023 fechado 9 de octubre de 2023, y recibido en este Despacho el día 11 de octubre siguiente, mediante el cual nos plantea la siguiente pregunta:

“¿El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto puede ejecutar los dineros que reciben nuestras misiones diplomáticas en el exterior, producto de la facilitación de espacios para oficinas dentro de nuestras Embajadas para el funcionamiento de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), sin que de previo hayan sido presupuestados?”

Vistos los términos de su consulta, nos permitimos indicarle que, en múltiples ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.

          En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas, a saber: a) Que el objeto de la consulta sea planteado de forma clara y precisa y verse sobre temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es posible incluir cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que deban ser resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos o decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios legales, asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo conocimiento sea competencia de otro órgano ni asuntos de interés particular o personal del funcionario que plantea la consulta. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución correspondiente. (Al respecto véanse los pronunciamientos nos. C-158-2008 de 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4 de marzo de 2021, PGR-C-136-2023 de 11 de julio de 2023, entre muchos otros).

En cuanto al primer requisito de admisibilidad expuesto, hemos indicado que la Procuraduría no puede rendir su criterio sobre materias cuyo conocimiento y análisis corresponde a la Contraloría General de la República. Al respecto, hemos señalado:

“En relación con el asunto consultado, el Órgano Asesor es incompetente para emitir un dictamen, en vista de que estamos frente a un asunto en el cual la Contraloría General de la República ejerce una competencia prevalente, exclusiva y excluyente. Como es bien sabido, de conformidad con el artículo 184 constitucional y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es a este Órgano que le corresponde pronunciarse sobre aquellos asuntos donde está de por medio el uso correcto de los fondos públicos y la materia presupuestaria, así como sobre la materia de contratación administrativa. En este sentido, este Órgano Asesor, en varios dictámenes, ha seguido esta línea de pensamiento. En efecto,  en las opiniones jurídicas OJ-016-98 del 6 de marzo de 1998 y OJ-083-98 del 2 de octubre de ese mismo año, expresamos que la Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública y legislativamente, de conformidad con su Ley Orgánica, artículos  4 y 12,  por lo que los criterios que emite son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública, lo cual se ve claramente plasmado en el citado artículo 12 que establece:

La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplados en esta ley. Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquier otra disposición de los sujetos pasivos que se le opongan.” (Dictamen no. C-339-2005 de 30 de setiembre de 2005. La negrita no corresponde al original. En igual sentido dictámenes nos. C-071-2009 de 13 de marzo del 2009, C-219-2014 de 18 de julio de 2014, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016, C-045-2020 de 10 de febrero de 2020, entre muchos otros).

En esta ocasión, la pregunta planteada está destinada a determinar cuál es el manejo que pueden hacer las misiones diplomáticas en el exterior, de los fondos que se perciben a raíz de la facilitación de espacios para oficinas dentro de las embajadas, sin que previamente esos recursos hayan sido presupuestados. Como vemos, se trata de una interrogante relativa al manejo y disposición de fondos públicos, y concerniente a la materia presupuestaria. Ante consultas similares, hemos señalado lo siguiente:

“Debemos advertir que no corresponde a esta Procuraduría pronunciarse sobre la correcta ejecución de los recursos derivados de las Leyes 8114 y 9329, por cuanto tal materia resulta competencia exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República, por tratarse del adecuado manejo de los fondos públicos.

(…)

Por tanto, la Procuraduría no puede determinar de manera concreta cuál es el destino permitido de los recursos administrados por las municipalidades del impuesto de los combustibles…”  (Dictamen C-161-2018 de 11 de julio de 2018. En igual sentido, véanse los dictámenes PGR-C-224-2022 de 12 de octubre de 2022 y PGR-C-146-2023 de fecha 31 de julio de 2023).

De ahí que, en criterio de esta Procuraduría General, al estar de por medio el uso correcto de fondos públicos y el manejo presupuestario que debe hacerse de ellos, resulta de obligada conclusión que el objeto de la consulta se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Contraloría General de la República, por lo que sería ese órgano el llamado a rendir un dictamen vinculante sobre el tema de interés de ese ministerio.

En consecuencia, la consulta deviene inadmisible y lamentablemente nos encontramos legalmente imposibilitados para rendir el dictamen solicitado.

            De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

Andrea Calderón Gassmann

Procuradora

ACG/nmm

código 10262-2023