FACULTADES DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA

EN CUANTO A PATENTES PARA VENTA DE LICORES

C-263-80

San José, 18 de noviembre de 1980

Señora

Licda. Giselle Sáenz Hidalgo

Departamento Legal

Ministerio de Gobernación

Presente.

Estimada señora:

Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador

General, me es grato referirme a su atento oficio Nº 001364 del 9

de noviembre en curso, mediante el cual solicita un pronunciamiento

de este Despacho en orden a las facultades de los señores

Gobernadores de Provincia, inicialmente establecidos en los

artículos 13, 17 y 18 de la Ley sobre Venta de Licores, y que

presumiblemente han sido modificadas con la vigencia del Código

Municipal. Lo anterior, a efecto de establecer si dichos

funcionarios están legalmente capacitados para "realizar un estudio

al lugar donde se explora una patente y dar o no el visto bueno,

previo a su funcionamiento, tomando en cuenta razones morales, de

seguridad, de higiene y opinión de los vecinos, entre otras cosas".

Sobre el particular, permítome manifestarle:

La Ley Sobre Venta de Licores (Nº 10 de 7 de octubre de 1936)

establece en sus artículos 13, 17 y 18:

"Artículo 13.-El remate general de puestos públicos se

hará como antes queda prescrito, cada dos años, en la segunda

quincena de diciembre. Dicho remate, así como cualquier otro

particular de los puestos públicos, se anunciará con ocho días

de anticipación, o más, en el periódico oficial. Será

presidido, en los cantones centrales de provincia por el

Gobernador, y en los cantones menores por el Jefe

Político...".

"Artículo 17.-El rematario de un puesto de licores puede

traspasarle a un tercero, siempre que éste sea persona hábil

para tenerlo, según la ley. De todo traspaso se dará aviso

inmediato al Gobernador o Jefe Político respectivo".

"Artículo 18.-El rematario de un puesto avisará al

Gobernador o Jefe Político el lugar donde abrirá su

establecimiento dando el nombre de la calle y el número de la

casa, si lo hubiere. Igualmente le avisará cualquier traslado

que se haga a otro punto. El puesto adquirido para un

distrito no puede utilizarse en otro".

Con la vigencia del Código Municipal (ley Nº 4574 de 4 de mayo

de 1970) se ha considerado por algunos -erróneamente a juicio de

esta Dependencia- que las atribuciones conferidas al Gobernador en

la Ley Sobre Venta de Licores, supraseñaladas han sido transferidas

al Ejecutivo Municipal. Sin embargo, no existe en nuestro

ordenamiento norma que expresamente sustituya al Gobernador por el

Ejecutivo Municipal en las funciones que a aquél competen,

requisito sine quanon para transferir la competencia del

funcionario, según la doctrina que informa el Decreto

Administrativo, y que ha sido reconocida por la Ley General de la

Administración Pública en sus artículos 59 y 70.

Antes bien, del estudio de la normativa aplicable podemos

colegir que el Gobernador de la Provincia conserva atribuciones en

punto a la materia de venta de licores. Veamos:

En primer término, conviene señalar que las funciones del

Ejecutivo Municipal (funcionario ejecutivo del Gobierno Municipal

que refiere el artículo 169 de la Constitución Política)

establecidas en el Código Municipal, lo conceptualizan como

administrador general y jefe de las dependencias municipales,

autorizándole a ejercer las funciones inherentes a dicha condición,

y en consecuencia a vigilar la organización, el funcionamiento y

la coordinación de dichas dependencias, al tiempo que le encarga

el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, y de las leyes

y reglamentos en general (artículo 57, inciso a)) del referido

Código).

De otra parte, y en orden a lo que interesa, tenemos que el

artículo 50 de las Ordenanzas Municipales (ley Nº 20 de 24 de julio

de 1867), que expresamente el artículo 185 del Código Municipal

dejó en vigencia en sus secciones sétima y octava, dispone:

"El Gobernador cuidará especialmente de la tranquilidad,

del buen orden y de la seguridad de las personas, bienes y

derechos de los ciudadanos y habitantes, del cumplimiento de

la Constitución y de las leyes, de los decretos, órdenes y

resoluciones del Poder Ejecutivo, de los mandamientos y

sentencias de los Tribunales y Juzgados, y de todo aquello que

pertenezca a la policía, seguridad y propiedad de la Provincia

de su mando".

Obsérvese al respecto, que no obstante que la norma citada

proviene del siglo pasado, no ha perdido con el devenir del tiempo

actualidad y vigencia, lo cual ha sido reconocido incluso por los

Tribunales de Justicia. Y es que en realidad el bien jurídico

protegido es de interés siempre actual; de ahí que dicho precepto

haya permanecido incólume a través de los años, sin variar su

contenido, ni transferir a otro funcionario la observación y

cumplimiento de lo dispuesto. En esta forma, el Gobernador de

Provincia, en uso de una facultad conferida por la ley y que

enmarca su competencia ha procedido de manera discrecional, y con

base en los hechos y circunstancias de que se trate, a presentar

su disconformidad ante el traslado de una patente de licores que

operará cerca de una escuela, o bien a denegar la solicitud de un

interesado en instalar un salón de baile en una zona residencial,

así como también ha ordenado el cierre de una sala de diversiones

para jóvenes por motivo de escándalo y ruidos altisonantes. Lo

anterior son simples ejemplos de la actividad desplegada sobre el

particular por dicho funcionario, a lo largo del tiempo, como bien

podrán ilustrar los archivos de ese Ministerio, y algunas

resoluciones del Poder Judicial. Y en punto a esto último, a

continuación por ser de interés se transcriben algunos conceptos

expresados por la Corte Plena en Resolución de las 16,30 horas del

29 de enero de 1973, al declarar sin lugar un Recurso de Amparo

interpuesto por un particular en contra del Ministro de

Gobernación.

"En resguardo de la moral, del sosiego y de la

tranquilidad pública, la Gobernación..., vistas las reiteradas

quejas, actuó válidamente dentro de la órbita de sus

atribuciones propias. El señor Gobernador se basó en el

artículo 50 de las Ordenanzas Municipales. Con la simple

lectura de dicho texto, puede observarse que ese alto

funcionario goza de plena facultad para cuidar especialmente

de la tranquilidad, del buen orden y de la seguridad de las

personas, así como del cumplimiento de todo aquello que

pertenezca a la policía, etc., y policía en el caso de tal

disposición es: Buen orden que se observa y guarda en las

ciudades, cumpliéndose las leyes y ordenanzas establecidas

para su mejor gobierno. A decir verdad, nada hay más ajustado

a ese buen orden y a las regulaciones de policía, que la

suspensión de escándalos y, como éstos han tenido realización

con motivo del negocio de los recurrentes, no puede aceptarse

que el Gobernador se haya arrogado facultades que la ley no

le concede, al actuar como lo hizo.

Esta Corte reiteradamente ha dicho que es improcedente

el amparo en situaciones similares al caso, en atención a que

las autoridades administrativas proceden en el ejercicio de

atribuciones propias, dispuestas por leyes de interés

público...

Como antes se dijo, el artículo 50 de las Ordenanzas

Municipales otorga pleno respaldo a la actuación del

Gobernador, pues entre las atribuciones que le confiere están

las de cuidar por la tranquilidad de las personas y todo

aquello que pertenezca a la policía en la provincia de su

mando, y no hay duda de que el cierre del establecimiento

constituye típicamente una medida de esa índole".

Queda pues establecido que el artículo 50 de las Ordenanzas

Municipales otorga de por sí facultades al Gobernador para realizar

un estudio sobre el lugar donde se pretende explotar una patente

de licores de previo a la apertura del negocio en cuestión. Pero

además, tenemos que si bien el artículo 13 de la Ley Sobre Venta

de Licores puede entenderse reformado implícitamente con la

vigencia del Código Municipal, en razón de que al formar parte del

ingreso a la Corporación Municipal el monto que se obtenga por

remate de licencias y pago de las mismas, dicho acto debe ser

presidido por el Ejecutivo Municipal y no por el Gobernador o

Delegado Cantonal de la Guardia de Asistencia Rural (antiguo Jefe

Político), no acontece igual en relación con los artículos 17 y 18

de la ley citada. El aviso del traspaso de un puesto de licores,

o del lugar en donde se establecerá, debe hacerse -como bien se

dispuso en Pronunciamiento de este Despacho del 9 de marzo de 1976,

suscrito por el Lic. Fernando Albertazzi H., Procurador Civil y

Contencioso-Administrativo- al Gobernador de la Provincia o a los

Delegados de la Guardia de Asistencia Rural, habida cuenta de que

dichos preceptos no han sido reformados expresamente, ni puede

entenderse tal reforma de modo implícito. En realidad, el

Ejecutivo Municipal y el Gobernador de la Provincia o, dicho de

otro modo, el administrador general y jefe de las dependencias

municipales, y la autoridad política y administrativa tienen

diferentes competencias y su ámbito de atribuciones propias. uno

se encargará de la organización, funcionamiento y coordinación de

las dependencias municipales, así como del fiel cumplimiento de los

acuerdos municipales, el otro cuidará especialmente por la

tranquilidad, el buen orden y la seguridad de los habitantes de

laprovincia, y de todo aquello que pertenezca a la policía, con

ocasión de sus atribuciones, uno será nombrado por el Concejo

Municipal; el otro es de nombramiento del Poder Ejecutivo. En

definitiva, son funcionarios diferentes, a los cuales el

ordenamiento jurídico otorga diversas competencias.

Así y de conformidad con el principio de legalidad que debe

informar la actividad de los entes públicos, tenemos que al

establecer el artículo 101 del Código Municipal que "ningún

traspaso de licencias municipales, incluso las de venta de licores

al menudeo, afectará los intereses municipales, hasta tanto no sea

aceptado por la municipalidad, aceptación que se dará si el

adquiriente es persona hábil para explotar el establecimiento y si

ambas partes están al día en el pago de tasas, contribuciones e

impuestos municipales", la facultad del ente municipal al respecto

queda limitada a estos extremos, habida cuenta que consideraciones

de otro tipo, léase, motivos de orden, de tranquilidad o de

seguridad, le son ajenas y competen a la autoridad administrativa.

Lo anterior de modo alguno quiere significar que como consecuencia

de esta separación de funciones, no puede existir coordinación

entre el órgano municipal y el funcionario administrativo. Antes

bien, dicha acción debe realizarse y así ha sido dispuesto por el

legislador al señalar expresamente en el artículo 4º, inciso 9) del

Código Municipal como atribución del Municipio.

"Velar por la seguridad de las personas y el orden

público, mediante una acción coordinada con las autoridades

y entidades nacionales".

De otra parte, de la lectura del texto legal supracitado se

desprende también que el legislador, si bien estableció la

coordinación con las autoridades administrativas, no por ello

trasladó dichas funciones (velar por la seguridad de las personas

y el orden público) a la Corporación Municipal, lo cual es

reafirmado por el artículo 5º del referido cuerpo normativo, que

establece:

"La competencia municipal definida en el artículo

anterior no afecta las atribuciones conferidas a otras

entidades de la Administración Central".

De lo expuesto se colige que el estudio previo por parte de

la Gobernación de la Provincia (quien puede solicitar la

colaboración al respecto de la Guardia de Asistencia Rural, a tenor

de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Orgánica de ese

Cuerpo) con ocasión del funcionamiento de una patente de licores,

puede continuarse realizando de conformidad con los artículos 17

y 18 de la Ley Sobre Venta de Licores, y 50 de las Ordenanzas

Municipales. Más aún, en vista de que señala que dicho control

cuenta con el beneplácito de la mayoría de las municipalidades,

convendría estudiar la posibilidad de coordinar con dichos entes

la labor a realizar sobre este particular.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme, atentamente,

Lic. Farid Beirute Brenes

Procurador II

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