CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD E ILEGALIDAD DE LOS

CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO

C-182-80

San José, 6 de agosto de 1980

Señor

Prof. Miguel Angel Quesada Niño

Presidente Ejecutivo

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

Estimado señor:

Con la previa aprobación del señor Subprocurador General de

la República, doy respuesta a su oficio número PE: 773-80, fechado

el pasado día 11, en el cual expone las dudas que se han presentado

en el seno de la Junta Directiva de ese Instituto sobre la

constitucionalidad de los Concejos Municipales de Distrito,

solicitando un pronunciamiento sobre su legalidad o ilegalidad.

Al respecto, le informo lo siguiente:

Su consulta se puede dividir en dos partes (que serán

evacuadas por separado): una, relativa a la constitucionalidad de

los Concejos Municipales de Distrito y otra, referente a su

legalidad o ilegalidad.

Sobre la constitucionalidad de los citados Concejos, es

necesario hacer las siguientes consideraciones: La ley número 4892

de 9 de noviembre de 1971, autorizó y garantizó tanto la existencia

de los Concejos ya creados a la fecha de su promulgación como la

facultad del Poder Ejecutivo de crear otros nuevos y estableció

junto con su reglamento (que es el Reglamento Orgánico de los

Concejos Municipales de Distrito, Decreto Ejecutivo número 5595 de

12 de noviembre de 1975), normas que regulan lo esencial del

funcionamiento de esos Concejos. Así las cosas, la existencia de

los Concejos Municipales de Distrito está garantizada por una ley

de la República y por un decreto ejecutivo que fueron debidamente

promulgados y, en consecuencia, son obligatorios y deben ser

aplicados.

Ahora bien, por mandato expreso del artículo 10 de nuestra

Constitución Política, únicamente corresponde a la Corte Suprema

de Justicia pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las

disposiciones del Poder Legislativo y de los decretos del Poder

Ejecutivo, declarando su nulidad absoluta en caso de considerar que

en efecto existe antagonismo entre la norma constitucional y la ley

o el decreto objeto del respectivo Recurso de Inconstitucionalidad.

De esta manera, se comprende que no es la Procuraduría General de

la República a quien corresponde pronunciarse sobre la

constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de un

decreto, pues esa función le fue atribuida única y excluyente a la

Corte Suprema de Justicia, y mientras ésta no declare su

inconstitucionalidad, esas normas jurídicas deberán se respetadas

y aplicadas; en este sentido se ha pronunciado nuestra Sala de

Casación al decir: "A pesar del antagonismo que pueda existir entre

una ley y la Constitución, mientras la Corte Plena no lo declare,

la ley debe estimarse exenta de ese vicio".

Sobre la legalidad o ilegalidad de los Concejos Municipales

de Distrito, debe decirse que su funcionamiento es legal -es

decir, conforme a Derecho- pues existen normas jurídicas que

garantizan su existencia y que a la fecha no han sido declaradas

inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Es necesario

apuntar que su funcionamiento devendría en ilegal cuando por

acción, omisión o falta de aplicación violenten alguna de esas

normas, hipótesis para la cual existen correspondientes recursos

administrativos o jurisdicionales.

Me suscribo de usted, atentamente,

Lic. Edgar Cordero Martínez

Procurador Auxiliar de la República

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