MONTO DE LAS PENSIONES CORRESPONDIENTES A LAS

GUERRAS DE 1948 Y 1955 NO PUEDE SER REBAJADO

C-020-81

San José, 30 de enero de 1981

Señor

Lic. Federico Gallegos Solís

Viceministro

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la

República, doy respuesta a su oficio VM-010-81 del 15 del mes que

cursa, en el que solicita el criterio de esta Procuraduría General

con relación a la decisión del Departamento Nacional de Pensiones

de ese Ministerio, de rebajar el monto de las pensiones pagadas a

las viudas, huérfanos, madres y demás damnificados de las guerras

de 1948 y 1955, según manifiesta en la nota mencionada, tal

disposición se basó en el hecho de que el artículo 11 de la Ley de

Pensiones y Jubilaciones de Guerra, número 1922 del 5 de agosto de

1955, sufrió dos reformas consecutivas, ambas provenientes de

normas introducidas en las leyes de presupuesto para los años de

1980 y 1981 respectivamente.

Efectivamente, el numeral undécimo, de la ley referida fue

modificado al promulgarse la Norma General Nonagesimotercera, en

la Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República

Fiscal y por Programas, para el ejercicio fiscal de 1980, en el

sentido de que las pensiones provenientes del régimen que

comentamos, deberían ser mejoradas, de oficio, en la suma de hasta

un mil quinientos colones. Esta reforma trajo como consecuencia,

que el Departamento Nacional de Pensiones elevara, de una sola vez,

los montos de las pensiones hasta esa suma, con lo que todas ellas

quedaron fijadas en un mil quinientos colones mensuales.

No obstante dicha reforma, la Asamblea Legislativa introdujo,

en el presupuesto para el año en curso, la Norma General Cuarenta

y Nueve, la cual contiene una nueva reforma al texto de mérito.

Sin embargo, esta reforma se limita, en lo que ahora interesa, a

fijar como norma de obligado acatamiento, que las pensiones que

reciben los damnificados de las guerras de 1948 y 1953 no pueden,

bajo ningún concepto, ser inferiores a un mil colones.

Visto lo anterior, cabe concluir manifestando que resulta

errónea e ilegal, la decisión del Departamento de Pensiones de ese

Ministerio, ordenando rebajar los montos de las pensiones a la suma

de mil colones.

Considera esta Dependencia que los textos relacionados son lo

suficientemente claros, por lo que no requieren de interpretación

alguna, proceso éste destinado únicamente cuando existen normas de

oscuro sentido o en aparente contradicción con otras.

En nuestro caso, sin embargo, no existen ninguna de esas

circunstancias, puesto que la primera reforma lo que hizo fue

permitir la elevación de los montos de las pensiones, y la segunda

persigue como objetivo, garantizar que ninguna pensión dentro del

régimen comentado, tendrá un monto inferior a mil colones, todo,

desde luego, sin perjuicio del derecho adquirido por los

beneficiarios con base en la norma anterior.

Finalmente, deseamos hacer de su conocimiento, que de acuerdo

con el inciso 3º del artículo 4º del Reglamento Interior de esta

Procuraduría General, nuestros dictámenes o informes deben rendirse

previa opinión de la Asesoría Legal del órgano o dependencia que

efectúa la consulta. En el presente caso hemos optado por no

solicitar el cumplimiento de ese requisito, sin embargo, para

ocasiones futuras, es conveniente que a la consulta se adjunte el

criterio legal respectivo.

Atentamente,

Lic. Adrián Vargas Benavides

Procurador Auxiliar

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