RESARCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS

AL ESTADO CON EL INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DE

LA LEY DE LICENCIAS PARA

ADIESTRAMIENTO

C-133.80

San José, 13 de junio de 1980

Señor

David Rodríguez Matamoros

Director General de Servicio Civil

Estimado señor:

Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador General de

la República me refiero a su atento oficio Nº DG-242-80 de 26 de mayo de

1980, en el que expone usted la difícil situación que se presenta cuando se

quiere cobrar al servidor público el perjuicio ocasionado al Estado por el incumplimiento

de los contratos suscritos al amparo de la Ley de Licencias para

Adiestramiento. Desea saber si en aplicación de la Ley General de Administración

Pública, artículos 146, 147 aparte 1, inciso a) y b) del artículo 149

y oración final del aparte 2 de ese artículo puede llegarse a la ejecución administrativa

con el consiguiente resarcimiento por parte del Estado de los

perjuicios causados por el ex servidor. Pregunta si la redacción que propone

para la cláusula 5 de los contratos de licencia para estudios es correcta, y

solicita se le informe cuál sería el procedimiento correspondiente.

Es criterio de este despacho que efectivamente en los contratos de

adiestramiento puede incluirse una cláusula similar a la redacción que ustedes

ofrecen, pero deberá además incluirse en ella misma, o en cualquier otra cláusula

del contrato, las pautas a seguir para liquidar los daños y perjuicios que

pueda causar el servidor, generalmente se estiman en un monto que representa

los salarios correspondientes al tiempo que faltó para completar la

prestación de servicios ofrecidos a cambio de la licencia de adiestramiento,

o bien en un porcentaje de los mismos.

Las disposiciones aplicables serían el inciso c) del artículo 149 de la

Ley General de la Administración Pública, y por disponerlo así ese inciso, el

inciso a) anterior. El procedimiento a seguir es el estipulado en el Código de

Procedimientos Civiles para la ejecución, embargo y apremio, capítulo II, III

y IV del título VI.

En lo que no concordamos con el criterio por usted expuesto es en

el hecho de que la liquidación de adeudo debe hacerla el Ministerio de Hacienda,

ya que estimamos que debe ser mediante resolución dictada por el

jerarca de la institución afectada que se haga, siguiendo para ellos el procedimiento

sumario que prevén los artículos 321 a 326 de la Ley General

de la Administración Pública, y concordantes, especialmente el artículo 344

que prevé los recursos que caben en el procedimiento sumario. Debe tenerse

especial cuidado de concede la audiencia sobre conclusión de trámite para

decisión final que prevé el artículo 324 y de notificar debidamente al interesado

esa audiencia y la decisión final (artículo 322 de la ley citada).

Del señor Director muy atentamente,

Licda. Mercedes Solórzano Sáenz

Procuradora Administrativa